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Etiqueta: democracia

Debate presidencial sobre migración y refugio convoca consulta ciudadana y publica sus documentos oficiales

Escrito en . Publicado en Elecciones, Portada.

En el marco del proceso electoral de 2026, la Mesa de Diálogo sobre Migración y Refugio impulsa un debate presidencial especializado en migración, centrado en los ejes de integración, derechos humanos y seguridad, con el objetivo de colocar estos temas en el centro del diálogo democrático nacional.

Como parte de este esfuerzo, el Comité Organizador abrió un proceso de consulta ciudadana, mediante el cual la población puede enviar preguntas que podrían ser seleccionadas para el bloque de participación del público durante el debate. Esta iniciativa busca fortalecer la centralidad ciudadana y garantizar que las preocupaciones sociales en torno a la migración y el refugio sean consideradas directamente por las candidaturas presidenciales.

El debate presidencial se realizará el 13 de enero de 2026, en San José, con una duración aproximada de tres horas y transmisión en vivo a través de plataformas digitales, permitiendo el acceso amplio y gratuito de la ciudadanía.

Documentos oficiales del debate

De manera complementaria, la Mesa de Diálogo sobre Migración y Refugio hizo públicos los documentos oficiales que regulan y fundamentan el debate, los cuales establecen sus principios, objetivos y reglas de funcionamiento. Entre estos documentos se encuentran:

  • El Reglamento oficial del debate presidencial sobre migración, que define su carácter vinculante, los principios rectores, las reglas de participación, los tiempos de intervención y las normas de conducta.
  • El Marco fundacional, que explica el sentido político y democrático del debate, así como su enfoque en derechos humanos, integración y seguridad desde una perspectiva regional y ciudadana.
  • El Formato oficial del debate, donde se detallan los bloques temáticos, la estructura de preguntas y el rol de la moderación.

Estos instrumentos buscan garantizar equidad, neutralidad, transparencia y respeto democrático, así como condiciones de accesibilidad, incluyendo interpretación en LESCO y transmisión gratuita.

Un espacio para el diálogo democrático

El debate presidencial sobre migración se concibe como un espacio de discusión sustantiva, orientado a contrastar propuestas y visiones de país en torno a uno de los temas más sensibles y complejos del contexto nacional y regional. La iniciativa subraya la importancia de abordar la migración no desde enfoques simplistas o punitivos, sino desde una mirada integral que reconozca la dignidad humana, la seguridad y la convivencia social.

La Mesa de Diálogo sobre Migración y Refugio reiteró que este proceso busca fortalecer la democracia, promover la participación informada y contribuir a un debate público más responsable en el actual proceso electoral.

Comité Organizador / Debate presidencial sobre Migración: Integración, Derechos Humanos y Seguridad:

Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU)
Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM)
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia (CICDE, UNED)
Centro de Acción para la Libertad (CAL)

Puede utilizar los códigos QR para la consulta ciudadana y para las descargas.

La crisis en Venezuela exige una salida democrática, civil y conforme al derecho internacional

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

IDDECO

Desde IDDECO Internacional y sus sedes regionales, observamos con profunda preocupación los acontecimientos recientes en Venezuela derivados del bombardeo de su territorio y la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas militares de los Estados Unidos. Este hecho, de carácter extraordinario, no solo impacta el escenario político venezolano, sino que plantea interrogantes de alto calado sobre el respeto a la soberanía de Estado, los límites del uso de la fuerza y la vigencia del orden jurídico internacional.

Si bien durante años se ha documentado el deterioro democrático, la ausencia de elecciones libres, la falta de respeto a los derechos humanos y la erosión institucional en Venezuela, reiteramos que la remoción de un gobierno por medios militares externos no constituye, por sí misma, una transición democrática ni garantiza la restitución del Estado de derecho. Por el contrario, configura un contexto de profunda inestabilidad política y de elevados riesgos para los derechos humanos, que debe ser abordado con responsabilidad, apego a la legalidad y una visión de largo plazo. Sienta un precedente que pone en peligro el sistema de relaciones internacionales instaurado por la Carta de Naciones Unidas, cada vez más cuestionada, y permite la justificación de acciones similares en otras partes del planeta.

Desde esta perspectiva, IDDECO Internacional considera indispensable reencauzar la discusión hacia una salida política, civil y constitucional, que permita evitar la normalización de la violencia como mecanismo de resolución de crisis. Entendemos que el sistema democrático es el más adecuado para el mejor funcionamiento de una sociedad. La separación de poderes, con un legislativo elegido en sufragio universal con control y garantía de la limpieza del proceso electoral, con un ejecutivo que actúa de acuerdo con el marco legal y un poder judicial independiente que supervisa la acción ejecutiva. Eso no ha sido posible en Venezuela y su recuperación debe depender únicamente de la voluntad del pueblo venezolano expresada libremente.

Paralelamente, advertimos que el uso de la fuerza militar extranjera en territorio venezolano tensiona principios esenciales del derecho internacional contemporáneo. La estabilidad regional y global no puede sostenerse sobre decisiones unilaterales que debilitan los marcos multilaterales construidos precisamente para contener el uso arbitrario de la fuerza.

La captura de un jefe de Estado, sin autorización del Consejo de Seguridad, no puede leerse como un hecho aislado. Introduce una lógica de excepcionalidad permanente que debilita las normas diseñadas precisamente para contener el uso arbitrario de la fuerza.

El respeto a la soberanía, a los tratados internacionales y a los mecanismos multilaterales no es un obstáculo para la defensa de la democracia y los derechos humanos; por el contrario, constituye su principal garantía de coherencia, legitimidad y sostenibilidad en el tiempo.

Cuando el derecho se subordina a la oportunidad política, lo que se resiente no es solo un país concreto, sino el sistema de garantías que protege a todos los Estados, especialmente a aquellos con menor capacidad de influencia.

Consideramos, que el impacto de esta operación debe analizarse en clave regional. América Latina, con una historia marcada por intervenciones externas, se enfrenta al riesgo de que se normalice el uso de la fuerza como instrumento de gestión de crisis políticas, con efectos previsibles sobre la confianza entre Estados, la estabilidad institucional y la calidad democrática. Por lo que hacemos un llamado a los Estados a que se exija el respeto a los Tratados, Acuerdos y marcos del Derecho Internacional que vigilan el cumplimiento de garantías y con ello el resguardo de la democracia de la Región.

Desde IDDECO subrayamos que la defensa de la democracia y de los derechos humanos no puede desligarse del respeto al derecho internacional, sin vaciar de contenido a ambos. La fortaleza de esos valores depende, en última instancia, de que se apliquen de forma coherente y no selectiva.

Concluimos señalando la necesidad de reafirmar el papel de las Naciones Unidas y del multilateralismo como espacios centrales para la gestión de conflictos y la rendición de cuentas, en un momento en el que el equilibrio entre poder y derecho vuelve a situarse en el centro del debate internacional.

IDDECO Internacional
Compromiso con la Integridad

Costa Rica: la democracia no se entrega, se defiende

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Yamileth González García
Ex – Rectora UCR

Costa Rica, desde los primeros años de vida independiente, buscó como forma de gobierno la de una república independiente, con principios ligados a la libertad, la soberanía y la democracia; el país nace con la convicción de que el poder sin control es siempre una amenaza y que la democracia no es un regalo perpetuo, sino una tarea de permanente construcción.

Hoy, ese pacto histórico está en riesgo. No por un golpe militar, sino por algo más sutil y, por eso mismo, más peligroso: la normalización del autoritarismo y el desprecio sistemático por los contrapesos institucionales. Todo envuelto en un discurso que se presenta como “anticorrupción” y que, en el fondo, desprecia la democracia cuando le estorba a sus propósitos.

Costa Rica no es una finca privada, es una república. Y una república vive de la división de poderes, del respeto a la ley y de la rendición de cuentas. Cuando un Ejecutivo intenta concentrar el poder, desacreditar instituciones y gobernar desde la confrontación permanente, no está “ordenando el país”: lo está debilitando.

A esto se suma algo aún más grave: las sombras. Las denuncias públicas, las acusaciones, las alianzas opacas, la falta de explicaciones claras. No hablamos de rumores. Hablamos de señalamientos que exigen investigación, transparencia y respuestas. Un gobierno verdaderamente limpio no huye de la luz; la busca.

Cuando en un país atravesado por el narcotráfico regional se minimizan alertas, se atacan fiscales, se desacredita a quienes investigan y se relativiza el crimen organizado, no estamos ante un error político: estamos ante una irresponsabilidad histórica. El narcotráfico no se combate con discursos altisonantes ni con poses autoritarias; se combate con instituciones fuertes, independencia judicial y cooperación democrática. Todo lo contrario de lo que estamos viendo.

Este no es un debate ideológico. No es izquierda contra derecha. Es democracia contra autoritarismo. Es la transparencia contra lo opaco. Es ciudadanía contra abuso de poder.

A las mayorías se les dice que exigir cuentas es “defender privilegios”. Eso no es cierto. La verdadera ciudadanía es la que pregunta, la que vigila, la que no se arrodilla ante ningún gobernante.

Costa Rica abolió el ejército porque entendió que la fuerza no podía ser el centro de la política. Hoy debemos abolir otra tentación: la del líder autoritario que todo lo decide, que no rinde cuentas. Esa figura siempre termina igual, aquí y en cualquier lugar: empobreciendo la democracia y fracturando a la sociedad, si no veamos el ejemplo de Venezuela.

No se trata de nostalgias. Se trata de memoria histórica. De recordar que los derechos que hoy parecen obvios fueron conquistados, no concedidos. Que la institucionalidad que hoy se desprecia fue construida para protegernos, no para incomodar a unos pocos.

Por eso hoy hacemos un llamado a quienes trabajan, estudian, producen y sueñan en este país. A quienes no quieren una Costa Rica gobernada por el insulto y la agresión permanente. A quienes saben que el autoritarismo siempre empieza prometiendo orden y termina dejando ruinas.

En democracias la oposición no es un obstáculo ni un capricho electoral. Es un deber cívico. Es decir “basta” cuando el poder se cree dueño del país. Es recordar que ningún presidente está más allá que la Constitución, que ninguna ambición personal vale más que la democracia.

Costa Rica merece un gobierno que explique, no que ataque; que escuche, no que imponga; que rinda cuentas, no que se esconda. Merece un estado que enfrente al crimen organizado con seriedad, no con discursos vacíos. Merece líderes que entiendan que gobernar no es mandar, sino servir.

Este es un momento decisivo. No mañana. Hoy. Porque cada silencio, cada justificación tibia, cada “no voy a votar” abre la puerta, con complicidad, a algo peor: el debilitamiento de la democracia.

La historia nos está mirando. Y algún día, nuestros hijos preguntarán qué hicimos cuando la democracia fue puesta a prueba. Que podamos responder con dignidad: no nos callamos, no nos rendimos, no entregamos Costa Rica.

Radiografía de una democracia en tensión

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Glenm Gómez Álvarez
Sacerdote y periodista

Advierto que lo que aquí se expone quizá no encuentre eco en todos los lectores. No pretende reafirmar trincheras ni favorecer a ningún actor. Busca, más bien, ofrecer una lectura crítica y serena del clima democrático que atravesamos… y ese propósito, en sí mismo, ya es un desafío.

En la antesala de las elecciones, la conversación pública suele girar en torno a encuestas y debates. Las cifras cumplen una función legítima: registran el pulso de un electorado volátil, de partidos frágiles y lealtades cambiantes. Son fotografías del instante: útiles, pero insuficientes. Más allá de los datos que recogen las encuestas, lo que se necesita es una radiografía: un examen profundo que ilumine los órganos, los silencios, las ausencias y los contrapesos que laten —o se debilitan— bajo la superficie de la democracia, antes de que se produzca el acto de votar.

Costa Rica no enfrenta hoy un quiebre democrático ni la anulación abierta de sus reglas. El Tribunal Supremo de Elecciones mantiene legitimidad, el Poder Judicial conserva autonomía, y la Asamblea Legislativa continúa siendo un espacio de control. La institucionalidad resiste, y ese sigue siendo nuestro activo más valioso.

Sin embargo, hay un fenómeno que las encuestas no registran: la erosión lenta pero persistente de este vínculo entre ciudadanía e instituciones. El riesgo real no es una ruptura abierta del orden constitucional, sino la debilitación de los equilibrios que sostienen la democracia. Cuando los contrapesos, los frenos institucionales y los mecanismos de control pierden su peso simbólico y moral, las instituciones pueden seguir funcionando, pero dejan de percibirse como garantías y pasan a verse como obstáculos, vaciadas de sentido.

Este deterioro no se explica únicamente por el discurso del poder; se ve también alimentado por la acumulación de desaciertos institucionales: la inacción ante problemas, la falta de explicación de decisiones y la ausencia de respuesta ante demandas ciudadanas. Con el tiempo, estos vacíos erosionan la confianza en las instituciones y debilitan el vínculo entre ciudadanía y democracia.

En este contexto, el Poder Ejecutivo influye en el clima democrático, no solo por sus decisiones, sino también por el estilo y la consistencia de su comunicación. El Poder Judicial, en ocasiones, ha confundido independencia con silencio: aunque sus decisiones sean acertadas, la falta de explicación reduce la confianza ciudadana. De manera semejante, la Asamblea Legislativa enfrenta el riesgo de ejercer control político sin un relato que conecte su trabajo con la ciudadanía.

La prensa sigue siendo un actor visible, pero su protagonismo también revela un problema: cuando la deliberación política ocurre casi exclusivamente en los medios, es porque otros espacios de diálogo se han retraído. Las redes sociales, además, premian la simplificación, la emoción y el enfrentamiento. En ese contexto, los silencios institucionales pesan el doble: cuando no hablan, otros interpretan su rol por ellos, y esas versiones se difunden como verdades emocionales. Al mismo tiempo, los medios, en general, enfrentan un desafío de credibilidad, lo que debilita los espacios de información confiable y reduce la posibilidad de un debate público serio.

La radiografía muestra, también, un repliegue de otros contrapesos sociales: universidades, colegios profesionales, cámaras y organizaciones civiles. Su ausencia reduce el espacio público a una relación directa entre poder y ciudadanía, sin mediaciones legítimas.

En ese marco más amplio debe leerse también la creciente desafección hacia la clase política y dirigente. El aumento del abstencionismo no es solo una decisión individual ni un gesto de apatía; es la expresión acumulada de la distancia entre representación y ciudadanía. Cuando amplios sectores dejan de sentirse interpelados por el sistema político, la abstención se convierte en una forma silenciosa de retirada. No impugna el proceso electoral, pero revela una erosión más profunda: la pérdida de sentido de pertenencia a un proyecto democrático compartido.

Las elecciones pueden ser formalmente correctas y, aun así, estar precedidas por un desgaste del tejido democrático. Las encuestas seguirán mostrando el movimiento del proceso; la radiografía, en cambio, revela lo que ocurre en el fondo. Ignorarla no es un simple descuido: es aceptar que el voto se convierta en un trámite vacío, despojado de densidad cívica.

La democracia no se fortalece el día de la elección; se sostiene mucho antes, en la participación cotidiana que cultivamos, especialmente en las nuevas generaciones, y en la confianza que logramos preservar.

Algunas claves para entender la democracia ante sus amenazas en las elecciones presidenciales de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

Costa Rica ha sido reconocido como un país, como una República, de una tradición democrática muy sólida y antigua. La más vieja y estable del continente americano. Dictaduras, tiranías, satrapías, despotismos gubernativos caben en una mano. Gobiernos militaristas, de excepción.

Hoy esta situación se siente amenazada. Hay las posibilidades de que se rompa esa tradición democrática costarricense en las elecciones presidenciales del primer domingo de febrero próximo.

De seguido algunas claves para entender mejor la situación que enfrenta Costa Rica ante las elecciones de febrero.

Especial relieve en la tradición democrática costarricense ha tenido el predominio de gobernantes, desde 1824, que han sido educadores, abogados, médicos, periodistas, civiles en general. Militares de hecho desde 1890 solo uno, por un breve período, mientras duró su dictadura, 1917-1919.

Sobresaliente reconocimiento ha tenido Costa Rica el que haya eliminado su Ejército, desde 1948, y se le reconozca como una Democracia Desarmada. Al decir Costa Rica se afirmaba que era un país con más maestros que soldados, frase que se usaba como dato distintivo aun cuando existía el Ejército, hasta 1948.

Ha sido un país con un Estado de Derecho muy sólido y estable, desde 1825 cuando se constituyeron sus Poderes Públicos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y desde 1949 el Electoral, cuando se le dio ese rango al Tribunal Supremo de Elecciones, TSE; el órgano o institución encargada de administrar todo proceso electoral nacional, provincial, cantonal o distrital del país, que tenga que ver con la representación política, para los diversos cargos de la Dirección política Estatal y Administrativa, del país, de sus 84 cantones y casi 500 distritos. Los resultados electorales en Costa Rica, declarados por el TSE tienen carácter inapelable. Hasta hoy nunca se han cuestionado los resultados ni las declaratorias de presidentes, diputados o representantes cantonales.

Este Estado de Derecho se ha caracterizado por el respeto absoluto que se ha tenido de las funciones de cada uno de los Poderes Públicos, en la especificidad, indelegabilidad e insubrogabilidad de sus funciones, las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y electorales, en el respeto que se han tenido entre sí, de sus propias áreas de trabajo.

Desde el punto de vista de procesos electorales, se han tenido para la escogencia de representantes populares, desde que se eligió al Diputado ante las Cortes de Cádiz, en 1812. Durante el proceso de la Independencia la escogencia de los delegados de los pueblos que fueron enviados a Cartago, la vieja capital colonial, para discutir y aprobar la Independencia de Costa Rica, el 29 de octubre de 1821.

De seguido a la Independencia con la constitución de los primeros gobiernos de carácter colegiado, las Juntas Gubernativas del período 1821-1824, y a partir de allí, cuando nos incorporamos a las Provincias Unidas de Centroamérica, luego llamada República Federal de Centroamérica, período en que Costa Rica se llamó Estado, y nombró sus jefes de Estado, siendo el primero de ellos Juan Mora Fernández, electo en tres ocasiones hasta 1833. Durante la República Federal elegimos las autoridades federales y las locales y elegimos diputados en el Congreso Federal.

A partir de 1838 Costa Rica se separó de la Federación de Centroamérica, el mismo año en que también se separaron Nicaragua y Honduras, permaneciendo bajo la figura de Estado hasta el 31 de agosto de 1848 cuando Costa Rica se proclamó República.

Bajo la República Federal de Centroamérica, en el Estado y en la República de Costa Rica funcionaron los tres poderes públicos clásicos. Durante la República Federal, los presidentes de la Federación lo fueron también de Costa Rica, en armonía con los jefes de Estado costarricenses.

La estabilidad política del país se caracterizó, entre otros factores, por el desarrollo constitucional que se fue impulsando, 11 constituciones entre 1821 y 1871 y tres constituciones desde 1871 hasta hoy, dos de ellas de largos períodos, (1871-1917 y 1919-1948), la de 1917-1919 que correspondió al periodo dictatorial de Federico Tinoco, y la actual desde 1949.

La estabilidad política se acompañó con el desarrollo de libertades individuales y de derechos ciudadanos, así como con la promulgación del Capítulo de las Garantías Sociales, que desde 1943 se incorporó a los cuerpos constitucionales de Costa Rica, la Constitución de 1871 y a la de 1949, derechos y libertades que se han ido ampliando y fortaleciendo al calor del desarrollo de los Derechos Humanos y sociales internacionales de nueva generación ratificados por Costa Rica, dando origen al Estado de Derecho Social y Democrático de Costa Rica.

Parte de este desarrollo democrático institucional se vio fortalecido por la periodicidad y regularidad de los cambios de gobierno, por la vía de las elecciones, que desde 1847 se mantienen en periodos gubernativos de cuatro años, con excepción de breves gobiernos que se establecieron por períodos de seis años, con el derecho de reelección presidencial y de diputados de forma consecutiva. Actualmente, desde 1949 la reelección consecutiva no se permite. La alternativa de presidente se permite dejando pasar ocho años entre una gestión y otra. En este sentido, solo dos presidentes han tenido la oportunidad de elegirse de esta manera constitucional, José Figueres Ferrer, en sus gobiernos de 1953-1958 y en 1970-1974, y Oscar Arias Sánchez, en los suyos, 1986-1990 y en el 2006-2010.

En el desarrollo democrático institucional de Costa Rica el derecho al sufragio evolucionó desde el siglo XIX al XXI fortaleciendo el sufragio y el régimen de partidos políticos.

Hasta 1889 el voto era indirecto. Había una ronda de electores que escogían entre ellos a otros electores que decidían la votación. Los electores debían ser hombres, mayores de edad, alfabetos, con capacidad económica comprobada. El voto era público hasta 1924, que se estableció secreto. Desde 1949 se estableció el voto universal, reconociéndose el voto de la mujer, que empezó a votar en 1951. Empezaron a ser electas diputadas desde 1953, y en el 2010 se eligió la primer mujer presidenta en Costa Rica.

Es posible, y hay gran probabilidad, que en las elecciones de febrero del 2026 alguna otra mujer pueda ser electa presidenta de la República, habida cuenta que en el proceso actual electoral destacan cinco candidatas mujeres que compiten por ese alto cargo público, Claudia Dobles, Ana Virginia Calzada, Laura Fernández, Natalia Díaz y Luz Mary Alpízar.

Desde 1890 se estableció que para aspirar a cargos de elección popular solamente se podía hacer por medio de partidos políticos. De esta forma, desde esa fecha se desarrolló la democracia política electoral de Costa Rica, que en términos generales ha sido bastante democrática, sin restricción de partidos políticos exceptuando las restricciones que se establecieron para la participación de los comunistas en 1929 que se prohibió que lo hicieran con ese nombre, por lo que el Partido Comunista de Costa Rica, fundado en 1931, cambió de nombre para efectos electorales, por el del Bloque de Obreros y Campesinos, nombre con el que participó en elecciones desde 1934 hasta 1942. En 1943 el Partido Comunista, resultado de una alianza con la Iglesia Católica y el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, para aprobar las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, cambió de nombre por Vanguardia Popular. Con este nombre participó en la coalición Bloque de la Victoria, en 1944 y lo intentó en las elecciones de 1948. El resultado de la guerra civil de marzo y abril de 1948 lo proscribió electoralmente desde 1948 hasta 1975.

En el siglo XX se desarrollaron las corrientes político-electorales de izquierda, socialistas, comunistas y las social cristianas y social demócratas, especialmente a partir de la década de 1940

Varios intentos de partidos de izquierda, para participar en elecciones entre 1948 y 1969 fueron sometidos a la proscripción que existía desde 1948. A los comunistas les prohibieron elegir por ellos mismos, pero a las personas comunistas no les impidieron votar por otros partidos, durante esos años. Este es el lunar que la democracia electoral de Costa Rica que ha tenido.

Desde 1970 hasta hoy ha habido representación electoral de izquierda en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, desde dos hasta nueve diputados, de 57 parlamentarios que integran el Poder Legislativo costarricense. Actualmente hay seis.

En la vida parlamentaria de Costa Rica, por la fuerza liberal de finales del siglo XIX se prohibió en 1898 que los católicos se organizaran en partido político, y se estableció que no se podía participar en elecciones aduciendo o agitando sentimientos religiosos.

A partir de 1970 empezaron a surgir partidos de orientación cristiana no católicos, que han venido participando en las elecciones, eligiendo diputados desde 1998. La restricción para los partidos católicos sigue vigente, no así para los partidos cristianos no católicos, que actualmente tienen seis diputados.

En el desarrollo político gubernativo de Costa Rica desde 1953 hasta hoy han habido 18 gobiernos estables de cuatro años cada uno. Nueve de ellos la socialdemocracia ha gobernado, seis lo ha hecho el socialcristianismo. Esto dio origen para que se estableciera el criterio del bipartidismo político, para destacar el control que, del gobierno, especialmente, ha tenido el Partido Liberación Nacional, social demócrata, y el partido Unidad Social Cristiana.

Este bipartidismo también se dio por el control que ambos partidos y tenían mayoritariamente de la Asamblea Legislativa, por la capacidad de pactos o acuerdos político-legislativos que podían establecer o imponer.

En 1998 este bipartidismo parlamentario se rompió, obligando a esos partidos a tomar en cuenta a los otros partidos, por pequeños que fueran para los acuerdos y pactos parlamentarios.

En el 2010 el bipartidismo gubernativo se rompió cuando surgió un nuevo partido político, en el 2002, Acción Ciudadana, que llegó a gobernar de manera seguida en los gobiernos del 2014-2018 y del 2018 al 2022. Este partido surgió con ex militantes de Liberación Nacional y de otras corrientes de izquierda. A partir de ese momento bien se podía hablar del tripartidismo gubernativo.

Pero, para las elecciones del 2022 surgió participando, por primera vez, el Partido Progreso Social Democrático, que eligió al actual presidente de la República, Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda del gobierno de Acción Ciudadana del 2018-2022, que funcionario internacional del Banco Mundial por 35 años, igualmente alejado de la vida política por esos mismos años, desconectado de la tradición política y democrática del país, modelado al estilo de los ejecutivos de estos organismos internacionales, acostumbrados a imponer a los países en que actúan sus políticas y decisiones, como verdaderos tiranos, y acostumbrados por la debilidad de los gobiernos tercermundistas donde actúan a ser acatadas aceptadas sus decisiones, bajo la amenaza de retirarles los apoyos financieros y de asesorías que les acompañan. Del Banco Mundial salió expulsado acusado de acoso sexual a funcionarias de esa institución, existiendo una disposición que le prohíbe entrar a las oficinas de dicho Banco.

En la campaña electoral Rodrigo Chaves logró capitalizar la simpatía electoral enfrentando al bipartidismo tradicional, habida cuenta de que los dos partidos que lo representan habían tenido escándalos políticos asociados a expresidentes, que habían sido acusados penalmente. Su discurso también se orientó hacia los sectores sociales y de las regiones marginales y periféricas que en las políticas y acciones públicas habían sido marginadas o excluidas, donde se concentraba la mayor pobreza del país.

En esas elecciones su partido Progreso Social Democrático apenas pudo elegir 10 diputados, situación que no ha podido manejar, por la no tradición y experiencia política de su ausencia del país, y por la improvisación que ha tenido que hacer de los funcionarios y equipos de gobierno que ha nombrado, que están sometidos al Estado de Derecho, a la Constitución Política, Leyes de la República e instancias controladoras públicas, como la Contraloría General de la República, encargada de la vigilancia y buena administración de la Hacienda Pública, que solo les permite actuar en el marco de las leyes, bajo controles, y no como quisiera el presidente, actuar sin controles y sin leyes.

Como presidente ha enfatizado en el discurso de “que no lo dejan gobernar”, que “los gobiernos anteriores, desde 1953, han sido de dictadores y tiranos, que solo han gobernado contra el pueblo favoreciendo a grupos económicos, financieros y empresariales asociados a los presidentes” de esos 17 gobiernos anteriores al suyo.

En su práctica política y gubernativa se ha enfrentado a los Poderes Públicos, a la Sala Constitucional del Poder Judicial, a la Contraloría General de la República, a los partidos políticos con representación parlamentaria, a los medios de prensa y de comunicación nacional, a sus periodistas y a gestores de opinión y comunicadores sociales. Su enfrentamiento es al cuerpo de los integrantes de estas instancias, con lenguaje soez, vulgar, provocador, amenazante, actuando desde a institucionalidad que el gobierna y maneja como un déspota o tirano, contra las personas que pueda afectar con las acciones de esas instancias gubernativas.

Ha dicho claramente que desearía gobernar con mayoría legislativa de por lo menos 40 diputados, con mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con la mayoría plena de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones y sin la institución Contraloría General de la República.

En su accionar y en sus ataques ha debilitado al Estado de Derecho y al Estado Social de Derecho. Ha impulsado nacionalmente una situación de tensión social aguda, de falta de respeto, de agresiones orales a las personas que se le oponen o critican, ha provocada que eso se extienda a la ciudadanía y a los grupos que moviliza cubriéndoles gastos de transporte, comida y un pago por participar en las movilizaciones o convocatorias que realiza. Ha convocado a grupos de ciudadanos para ir a pedir la destitución y agredir verbalmente a los miembros de la Corte Suprema de la Corte, de su Sala Constitucional, de la Contralora General de la República y también contra el Tribunal Supremo de Elecciones. A este último lo acusa de intentar un golpe de Estado en su contra.

Constantemente habla de ese peligro que él corre, provocando con la violencia ciudadana que se vive, estimulada por el mismo gobierno, un estado de inseguridad, con el ánimo de poder establecer, de ser posible antes de las elecciones de febrero o de abril, si hubiera una segunda ronda, un Estado de Excepción, que le permita gobernar sin leyes, y en condiciones de un Estado de Sitio, como en las dictaduras.

Ha mostrado su interés de continuar gobernando a partir de mayo próximo cuando se le acaba su período presidencial, lo que no puede hacer porque no tiene opción de reelección continua. Tiene que esperarse ocho años. Esto lo tiene desesperado.

Pero existiendo elecciones, ha logrado inscribir varios partidos políticos con el ánimo de lograr esa mayoría parlamentaria, con la cual acabaría con el Estado de Derecho.

De los partidos que inscribió, que se identifican con él, el que recibe todo su apoyo principal es el que propone la candidatura presidencial de su ex ministra de Planificación y ex ministra de la Presidencia, Laura Fernández, que repite el mismo discurso del presidente. Ella ha sido clara: quiere 40 diputados. Ha dicho contundentemente que quiere gobernar sin controles de ningún tipo para poder gobernar. Claramente ha manifestado que el problema principal del gobernante es que está sometido a leyes y a controles de administración.

Este es el peligro fundamental que tiene hoy la democracia costarricense: que se acabe con su Estado de Derecho, con su Estado Social de Derecho, con sus libertades y derechos ciudadanos, que por la vía electoral se mantenga un gobierno interesado en desarrollarse con formas tiránicas, dictatoriales, despóticas, autoritarias, que por la fuerza y sin controles, legales ni político administrativos, puedan impedirles actuar.

Continuar con el gobierno, con su partido Pueblo Soberano, con su candidata Laura Fernández, es avanzar hacia la bukelización de la sociedad costarricense. Es colocar al país en la balanza de los mandatarios de la ultraderecha latinoamericana, como Javier Milei, en Argentina; José Antonio Kast, en Chile; Nayib Bukele, en El Salvador; Rodrigo Paz en Bolivia; Daniel Novoa, en Ecuador; Nasry Asfura, en Honduras, en caso de que se imponga como ganador, junto a los presidentes de Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, y como faldero sumiso de Donald Trump.

Artículo publicado en MEER.com.es y compartido con SURCOS por el autor.

La democracia en las bombas del invasor

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Gilberto Lopes

Hace unos meses, en medio del debate sobre las pasadas elecciones venezolanas, discutía con un amigo, analista internacional de una revista chilena. Él, demócrata cabal, era implacable con la dictadura venezolana. Le pregunté entonces si le parecían posibles unas “elecciones libres” en un país sometido a dos décadas de drásticas sanciones comerciales, como ha estado Venezuela desde 2005.

No me respondió. En vez de responder, me preguntó por qué entonces hacían elecciones. No respondió porque no podía responder. Para un demócrata cabal decir que “sí” resultaba demasiado cínico. ¡Imposible! Decir que “no” quitaba sustento a toda su implacable argumentación democrática contra el gobierno venezolano. Por eso no respondió.

Me parece evidente que no puede haber elecciones libres en un país latinoamericano sometido por Washington, durante décadas, a drásticas sanciones comerciales. Esos demócratas no se sienten obligados a exigir el levantamiento de las sanciones para que –una vez libres– los ciudadanos puedan elegir libremente a sus representantes.

Pero esa es una pregunta que debe responder todo demócrata. Aquí, los candidatos presidenciales que se refirieron a los ataques estadounidenses contra Venezuela lo hicieron entusiasmados, aunque con diversos grados de sensiblería. Salvo el Frente Amplio, que condenó el ataque y el secuestro del presidente.

Alaban las perspectivas democráticas, como si la democracia pudiera ser instalada por las bombas de un invasor.

La verdad es que puede, pero solo porque la palabra “democracia”, vaciada de mayor contenido, refleja solo una vaga idea general a la que cada uno le da el contenido que le acomoda. En realidad, la mayor parte de esos “demócratas”, más que demócratas son unos conservadores que –como sabemos– no se sienten del todo incómodos con unas dictaduras sustentadas por las más liberales teorías económicas.

Es tan evidente la contradicción, en este caso, que el hacedor de democracia no es otro que el apoyador del que –aquí– todos acusan de ser una amenaza para para democracia. Naturalmente, estoy hablando de Trump y de Chaves (el Chaves nuestro, no el venezolano). Me parece triste, penoso, mediocre.

Partido Vanguardia Popular a la opinión internacional y nacional

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

El Partido Vanguardia Popular ante la injerencia militar del gobierno norteamericano contra el gobierno democrático de la República Bolivariana de Venezuela

Condenamos la violenta incursión militar contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela.

Exigimos a la ONU y a la OEA, que interpongan y exijan el retiro inmediato de las fuerzas militares y el aparato del ejército intervencionista de los Estados Unidos.

Nicolás Maduro pertenece al pueblo de Venezuela y América Latina en una sola voz reclama su presencia inmediata y el incondicional respeto a su envergadura de presidente democráticamente electo.

Condenados el golpe militar y asesino del gobierno de Donald Trump contra la voluntad política y democrática.

Condenados esa vulgar, nefasta y asesina forma de usurpación de un proceso democrático legítimo en América Latina.

Hacemos un llamado al ejército venezolano que mantenga la resistencia revolucionaria y la lealtad que corresponde en este momento aciago y brinde toda la solidaridad al pueblo de Bolívar al presidente Nicolás Maduro.

Fuera manos del imperio gringo de nuestra soberanía.

Bolívar vive, y la democracia popular triunfará. Arde la resistencia popular en favor de la soberanía de la PATRIA GRANDE.

Sumemos nuestras fuerzas patrióticas contra el imperialismo.

Todas y todos hoy frente a la Embajada de los Estados Unidos: 2 pm.

Que la tea de Santamaría, el espíritu de Juanito Mora, Morazán, Martí y H.R. Chávez sean nuestras consignas de dignidad.

Declaración de la Alianza Progresista sobre los acontecimientos en Venezuela

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

La democracia no puede ser secuestrada ni impuesta por la fuerza – debe ser construida por los propios pueblos

La Alianza Progresista condena inequívocamente el ataque militar llevado a cabo por Estados Unidos contra el estado soberano de Venezuela. La violencia y la coerción no resuelven la crisis política de Venezuela, ni avanzan las aspiraciones legítimas de su pueblo a la democracia, la justicia y la dignidad.

La transformación democrática no se puede imponer externamente. La reconciliación dentro de la sociedad venezolana sólo puede lograrse a través de la voluntad libremente expresada del pueblo, el respeto a la soberanía nacional y el pleno ejercicio de las libertades fundamentales. La Alianza Progresista rechaza firmemente cualquier declaración o intento del presidente de los Estados Unidos Donald Trump de administrar o gobernar Venezuela. Cualquier transición política debe ser determinada por los propios venezolanos.

Al mismo tiempo, la Alianza Progresista deja claro en su valoración que Venezuela ha sido gobernada bajo un sistema autoritario marcado por la erosión de las instituciones democráticas y graves violaciones de los derechos humanos. La represión de la oposición política, las restricciones al espacio cívico y la negación de las libertades fundamentales han causado profundos sufrimientos y han contribuido al desplazamiento de millones de venezolanos. Sin embargo, estas realidades nunca pueden usarse para justificar la intervención militar extranjera o las violaciones del derecho internacional.

Los atentados unilaterales perpetrados en ciudades venezolanas y la expulsión forzosa de Nicolás Maduro y su cónyuge del país son injustificables. Estas acciones violan el derecho internacional, socavan la diplomacia y sientan un peligroso precedente. No fortalecen la democracia ni los derechos humanos en Venezuela, ni en América Latina ni en cualquier otro lugar.

La intimidación, la presión militar y la intervención coercitiva alimentan la inestabilidad y profundizan el sufrimiento humano, ya que la gente común soporta las consecuencias de las luchas de poder geopolítico.

La Alianza Progresista rechaza el autoritarismo y la dominación en todas sus formas, ya sean ejercidos por autoridades nacionales o impuestas desde el extranjero. Nos solidarizamos con el pueblo venezolano en su búsqueda de la libertad, la democracia, la soberanía y la dignidad humana, y apoyamos una transición pacífica y democrática determinada por los propios venezolanos y basada en el respeto al derecho internacional.

No podemos equivocarnos… esta vez

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

En la campaña política del 2022 Rodrigo Chaves ocupó el segundo lugar en la primera votación del 6 de febrero con un pírrico 16.8% de los votantes lo que equivale a un 9.92% del Padrón Nacional, y en la segunda votación o balotaje lo favoreció solo el 28.7% del total de ese Padrón. Es decir, hubo 667.000 votos de ciudadanos que no votaron por él la primera vez, y se negaron a darle su voto a José Ma. Figueres en la segunda votación y, de acuerdo con los análisis hechos entonces, la mayoría de ellos salieron de las filas de los partidos Liberal Progresista, Nueva República, PUSC y Frente Amplio. Evidentemente una minoría obnubilada por el mensaje de odio y vanas promesas que hicieron Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros, nos llevaron a la tragedia nacional que hoy vivimos, y que nos tiene al borde del abismo autoritario y, más grave, fascista.

Pero el próximo 1 de febrero los costarricenses no pueden equivocarse otra vez, no queda espacio para ello, estas elecciones no son las más importantes en la Historia de Costa Rica, son las definitivas, lo he dicho muchas veces. O salvamos la democracia liberal o la hundimos y perdemos para siempre en manos de una horda de advenedizos, nacionales y extranjeros, que quieren tomar la Patria por asalto para saciar sus ansias de riqueza, a través de ejercer el poder con una amplia base de evidente narco corrupción. Como dice Giuliano Da Empoli en su libro “La Hora de los Depredadores”, para ellos nada del pasado tierne importancia, ni la división de poderes, el respeto a las instituciones, a las minorías y los derechos humanos, nada de eso tiene el menor valor, pues la “hora de los depredadores” se anuncia con bombos y platillos, voces altisonantes, lenguajes grotescos y corrupción galopante.

Para entender por qué son los “jaguares depredadores” es importante recordar algunas palabras de Rodrigo Chaves y de su acolita candidata Laura Fernández: “somos un tsunami que vamos a destruir todo” dijo en campaña, luego el 24 de julio del 2024 en Peñas Blancas sentencio que “queremos destruir ese sistema” pues según su insano criterio, quienes quieren darle un imaginario golpe de estado “se han atrincherado en lo que llaman la institucionalidad”. Además, su dócil delfina y candidata Laura Fernández, cuando era ministra de Planificación dijo, a raíz de la obsesión por hacer la Ciudad Gobierno saltando por encima de la Constitución y las leyes, que “el problema es el Estado de Derecho que nos obliga a las instituciones públicas a hacer lo que la ley dice”; entones ¿pretende que no haya leyes, ni controles, y que puedan hacer lo que les dé la gana? Obviamente NO, por eso, entre muchas otras cosas, este régimen autócrata, populista y con ínfulas de fascismo no puede continuar.

Para convencer al costarricense del mensaje mesiánico del culto chavista y de su sumo sacerdote, crearon lo que acertadamente Ignacio Ramonet llama en su libro “La Era del Conspiracionismo” el culto de la mentira, con el cual se logra provocar una triple crisis que él considera es la principal desazón contemporánea: crisis de la verdad, de la información y de la democracia. Para lograr este objetivo integraron en primera línea, a la par de Chaves, a la más importante sacerdotisa del culto a la mentira Pilar Cisneros y ambos, con una envidiable habilidad histriónica y circense, propalaron por todo el país el odio y la mentira. Cisneros, según su propio dicho, se dedicó a ser, no la docente sino la indecente, de la mentira, dedicada a entrenar a ministros y altos funcionarios a mentir, pues según ella, los “ticos básicos” todo se lo creen, y es fácil engañarlos.

De esa manera el culto chavista logró algo fundamental en todos los regímenes de orientación autocrática y fascista: que sus actos y acusaciones de odio, se convirtieran en actos de fe, que como en cualquier religión, son incuestionables y aceptados sin el menor análisis crítico. Igualmente, a Chaves y Cisneros, el sumo sacerdote y su sacerdotisa, les dieron casi el don de infalibilidad, así todo el odio y rencor que expelen se convirtió en verdad absoluta. Veamos un ejemplo: la corrupción.

En campaña Chaves ofreció luchar contra la corrupción, que metería a la cárcel a los que se habían apropiado del país, en su plan de gobierno ofreció nombrar a funcionarios eficientes y probos, pero, que pasó en la realidad. Tenemos el gobierno más corrupto de la Historia: nunca fue acusado ni encarcelado un solo funcionario de administraciones pasados, tenemos al narcotráfico corriendo campante por el país, favoreció a sus amigos arroceros con 60.000 millones de colones y no bajó el precio del arroz; cambió la forma de declarar el precio de vehículos nuevos para que pagaran menos impuestos y derechos de circulación y favoreció a sus amigos importadores de vehículos de alta gama con 32.000 mil millones de colones. Sus funcionarios han sido tan ineficientes y corruptos que tiene casi cien remociones en su gabinete, presidentes ejecutivos y directores de instituciones, de los cuales muchos están acusados penalmente ante el ministerio público en más de 50 causas, algunos de ellos como Nogui Acosta, Marta Esquivel, Stephan Brunner, José Miguel Villalobos, Katharina Müller y la propia candidata presidencial Laura Fernández, gracias a la red de cuido chavista, están en las papeletas para presidente y diputados, buscando el refugio de una inmunidad que se vuelve inmundicia, como en el caso del propio Chaves y más de cien acusaciones penales y administrativas, que lo esperan para ser enjuiciado después del 8 de mayo.

Pero si se le pregunta a un chavista, dice que le Rodrigo Chaves y Pilar le abrieron los ojos y que luchan contra la corrupción; porque si le abrieron los ojos es para que vea para otro lado, se tape la nariz, y acepte el desmadre como acto de fe… ¡por ser un básico! Diría con sarcasmo Pilar Cisneros.

Por todo esto y para evitar que caigamos más abajo en el despeñadero al que nos tiró Rodrigo Chaves, Pilar Cisneros, la candidata Laura Fernández…muy básica precisamente, y todos sus secuaces desde altos funcionarios hasta el último creador de contenidos basura y troles, debemos decir con determinación fuera Chaves y su pandilla, porque esta vez, definitivamente no cabe quedarse en casa, hay que ir a votar por cualquiera que no sea un chavista evidente o solapado, pero debemos salvar el país del caos fascista que ya se nos metió en la casa, y como con las cucarachas…barrer ¡pa´juera!

Costa Rica: el Fitness Center de la Democracia

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Por: Msc. Esteban Guisseppe Cavallini Espinoza
Comunicador

Este comentario parte de lo que debería ser el ideal de un Estado: un «Fitness Center» democrático que opere bajo el concepto de libertad ética racional. Es decir, una nación donde las decisiones se toman con base en principios de autonomía individual y colectiva, pero siempre guiadas por la razón, el derecho y la ética, priorizando el bienestar común y la soberanía.

Ejemplos de esta búsqueda de equilibrio se observan en naciones como Noruega, Singapur o Suiza, por citar algunas, donde la planificación estratégica, la democracia directa y el compromiso con objetivos nacionales claros definen un camino de progreso sostenido. Sin embargo, en Costa Rica, la realidad de nuestro «gimnasio» dista mucho de este ideal.

Los atletas en la pista de entrenamiento

En el área de las máquinas de pesas, encontramos a los actores que representan el estancamiento y el sabotaje. Hacienda se mantiene como el «gordo» del gimnasio, un personaje que ocupa demasiado espacio y consume recursos sin traducirlos en progreso. Junto a él, aparece la figura de un oficialismo obeso, malcriado, prepotente, mal educado y gritón. Este actor, en lugar de entrenar o facilitar el espacio, se dedica acaparar las máquinas, insultar, descalificar a los otros usuarios y generar un ruido ensordecedor que impide la concentración y el trabajo serio.

Sus víctimas principales, los contrapesos, es decir, los pilares mismos del establecimiento: la Constitución Política, la Democracia y la Sala Cuarta yacen como atletas lesionados en la banca. No fue la falta de voluntad lo que las retiró de la pista, sino las zancadillas y la actitud prepotente de este oficialismo (y gobiernos anteriores) que les lanzaron peso muerto para frenar su carrera, dejándolas debilitadas para arbitrar el juego limpio que la soberanía exige.

El Poder Judicial intenta mantenerse «fit», pero sigue consumiendo únicamente leyes desactualizadas que lo mantienen en un estado de desnutrición funcional. Mientras tanto, los «Musculosos» del sistema están bajo condiciones de exhibición críticas. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) resiste el embate de un contrapeso peligroso: el oficialismo gritón y los anteriores se niegan sistemáticamente a pagarle la cuota de mantenimiento (la deuda estatal), asfixiando a la atleta más fuerte para forzar su caída.

Al mismo tiempo, el Banco de Costa Rica-BCR, el Instituto Nacional de Seguros-INS, el Instituto Costarricense de Electricidad-ICE y el Agro son exhibidos en vitrinas para acreedores extranjeros, impidiéndoles renovarse para justificar su eventual liquidación.

El cuerpo técnico y la métrica manipulada

Los entrenadores secundarios son los tres poderes de la República: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Entre ellos, la división es ética: están los que velan por el músculo de la inversión social y los opuestos que recetan una dieta basada únicamente en impuestos y «deuda nueva».

Es en este escenario, los medios de comunicación, quienes deberían ser la báscula y la cinta métrica imparcial, pues han sido intervenidos por filtros trucados que favorecen exclusivamente a los acreedores alineados bursátiles, ignorando la voluntad del pueblo.

Por encima de todos, se encuentra el entrenador principal y dueño del gimnasio, me refiero al Pueblo, quien cuenta con el TSE (Tribunal Supremo de Elecciones) como el gran espejo de la realidad para que su voz sea escuchada.

Cierre: el último set hacia las elecciones racionales

De cara a las próximas elecciones, es imperativo que el buen juicio y la razón nacional tomen el control de la rutina. No podemos permitir que la apatía de los jóvenes en las gradas, distraídos por sus pantallas, sea el silencio que acompañe la caída del edificio. Se requiere una actitud crítica y feroz para silenciar los gritos del oficialismo malcriado y evitar que el gimnasio colapse en el cierre del periodo.

El objetivo es claro: evitar que terminemos con deportistas «musculosos» muertos por negligencia o sabotaje, y que los esfuerzos de quienes sí quieren trabajar terminen en una frustración irreversible. La soberanía nacional se defiende levantando el peso de la responsabilidad en las urnas; solo una elección racional podrá sanar a los lesionados, pagar las deudas del entrenamiento y garantizar que este Fitness Center de la Democracia vuelva a ser un lugar de salud, disciplina y progreso real, donde la educación del soberano se imponga sobre la prepotencia de los gritones y confrontativos quienes se creen ser dueños de la verdad y del mundo.