En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Observatorio de Violencia Política contra las Mujeres (OVPcM) de la Universidad de Costa Rica (UCR) invita al conversatorio “Democracia sin miedo: Voces de mujeres”, un espacio de diálogo sobre participación política, liderazgo y democracia desde la experiencia de mujeres en distintos ámbitos de la vida pública.
La actividad se realizará el jueves 12 de marzo de 2026 a las 5:00 p.m. en la Sala de Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
El conversatorio reunirá a mujeres que han desempeñado roles relevantes en la política, la academia, la institucionalidad pública, el movimiento estudiantil y el liderazgo social, con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en la vida democrática.
Participantes del conversatorio
Entre las participantes confirmadas se encuentran:
Daniela Chacón Mendoza, presidenta de ACCESA, politóloga e investigadora de la UCR.
Macarena Barahona Riera, socióloga, politóloga, escritora y pionera del pensamiento feminista en Costa Rica.
Victoria Gamboa Ross, lideresa deportiva y política.
Allison Cordero Espinoza, lideresa estudiantil de la Universidad de Costa Rica.
M. de los Ángeles Quesada Chaves, letrada del Tribunal Supremo de Elecciones.
Maritza Hernández Castañeda, presidenta de la UCCAEP.
Vanessa Castro Mora, diputada de la República.
La actividad busca propiciar un intercambio de perspectivas sobre democracia, participación política, liderazgo femenino y los desafíos que enfrentan las mujeres en el ejercicio del poder público.
Presentación del podcast “Democracia sin miedo”
Durante el evento también se realizará la presentación del podcast “Democracia sin miedo: voces de mujeres”, una iniciativa que busca visibilizar experiencias, reflexiones y análisis sobre la participación política de las mujeres y las dinámicas de la democracia contemporánea.
Este podcast forma parte de los esfuerzos académicos y de investigación orientados a analizar y visibilizar la violencia política contra las mujeres y promover una participación democrática libre de discriminación y miedo.
Espacio para el diálogo democrático
El conversatorio es organizado con la participación de la Escuela de Ciencias Políticas (ECP), el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), el Observatorio de Violencia Política contra las Mujeres, Radios UCR y la Embajada de Francia en Costa Rica.
La actividad busca generar un espacio de encuentro entre la academia, la institucionalidad pública y la sociedad civil para reflexionar sobre los retos que enfrenta la democracia y el papel fundamental de las mujeres en su fortalecimiento.
Las personas interesadas pueden confirmar su asistencia al conversatorio mediante el siguiente enlace: https://ucr.cr/r/7hS2e
Hay que ser un ingenuo, un lacayo o un ignorante para creer que la alianza militar de Trump está dirigida contra el narcotráfico.
El reciente ejemplo de Venezuela y el conocido caso Irán-Contras cuando la CIA y la DEA intercambiaron cocaína por armas para la contrarrevolución nica, prueban que los principales promotores del negocio de las drogas son los gobiernos de EEUU. La guerra contra las drogas ha sido una mampara para buscar propósitos tan distintos como financiar a la contrarrevolución nicaragüense o apoderarse del petróleo venezolano. Está más que demostrado en múltiples documentos y una extensa bibliografía que esa llamada guerra contra las drogas de EEUU, desde Nixon que la inició hasta Trump, nunca ha tenido mayor interés en combatir el narcotráfico.
Trump acusa que los carteles mexicanos son más fuertes que el ejército de México, aunque los propios informes norteamericanos manifiestan que el 80% de las armas que los narcos poseen provienen de EEUU, incluso armamento propio de ejército estadounidense. ¿Qué hace USA para detener ese tráfico de armas? Prácticamente nada. Y las armas con las cuales los narcos ticos se matan y nos matan de dónde vienen, ¿de China o de Rusia?
Además, ¿qué hace EEUU para detener el consumo de drogas en su país (si no hay demanda, no hay oferta), o perseguir a los carteles de distribución y de lavado de dinero sucio? Prácticamente nada. ¿Entonces, a qué se debe esa exigencia con los países latinoamericanos cuando ellos no contribuyen en nada para controlar los otros componentes del narcotráfico?
Los objetivos de la Alianza Militar de Trump, a la cual se ha adherido entusiastamente el presidente Chaves y la nueva presidenta, son básicamente los siguientes: controlar con la amenaza militar a los gobiernos latinoamericanos, apoderarse de las riquezas naturales e impedir que otras potencias, especialmente China, haga negocios e inversiones en América Latina.
Sin ningún tapujo, Trump, Rubio y sus monaguillos, proclaman a los cuatro vientos que América (el continente) es para los americanos (EEUU) y solo para ellos. Y 12 presidentes, siervos del imperio, asienten obedientemente, compitiendo entre ellos a cuál más de lacayo.
Esta Alianza Militar de Trump a la cual se ha sumado este Gobierno es un ataque no al narcotráfico sino a nuestra democracia, a nuestra Constitución, al ser costarricense.
Este sábado Chaves y su sucesora tiraron al cajón de la basura la lucha en 1856 contra los filibusteros, nuestra tradición civilista, nuestro prestigio internacional de Nación pacífica y la dignidad soberana del país.
Lo que quedó en evidencia este fin de semana es que estos gobernantes están muy lejos de nuestra idiosincrasia y de nuestros más profundos valores patrióticos.
Pese a que abundan los diagnósticos de la enfermedad que se manifestó en las elecciones cabe agregar algo. Visiono un gran domo sobre la parte central del país, donde conviven con los miserables “urbano marginales” (les dicen), los privilegiados, que gozan de facilidades que los identifican como clase. Entre ellos, el acceso a la educación, a trabajos de corte intelectual, a vivienda segura, a transporte privado, a supermercados, a compras por Internet, a televisión por cable, al cambiante mundo virtual que los conecta. Domo en el cual, como se hacía hace unos años en el Club Unión, mientras los «de arriba» esquivan a los que sufren el día a día, se reúnen a dialogar, igual de política como de fútbol, para luego irse a dormir tranquilos mientras sus casas son cuidadas por guardas nicas.
Y como no están (o más preciso, no estamos) solos, los demás, los silenciosos, los hambrientos, los poco abrigados, los sin estudio que «camaronean» el día a día en lo que denominan “trabajos informales”, solo acatan a mirar mientras guardan tímido (aunque sostenido) silencio, ajenos a lo que planean en sus “tablets” los que sí son parte de un tejido social organizado que maneja su propio idioma. Son los que no son imprescindibles para los que les llaman para un sin fin de tareas, quienes pese a ser multitud, son casi intencionalmente invisibles pues estorban a algunos… aunque están allí.
Es pues un domo en que abundan desigualdades y las injusticias como patrón.
Por otro lado, fuera de ese domo con aire acondicionado, tenemos la otra Costa Rica. La de las amplias comunidades costeras acechadas por la miseria, desconocedoras de la «virtualidad» que no les interesa pues no les da de comer, y que se pasan las horas del día y la noche rumiando sus penas. Si algunos tienen teléfonos celulares prepago, solo son usados para breves mensajes de texto. Son mujeres y hombres sin esperanza, olvidados, que se sienten desechables, despreciados por los que se creen nobles de un reino tropical, cuyos hijos, cuando van a la derruida escuela, lo hacen solo para comerse un gallito antes del mediodía. Obreros y campesinos desempleados, de carne y hueso, que nos recuerdan las tragedias de Mamita Yunai, Murámonos Federico, El Árbol Enfermo…, obras que por supuesto, jamás han leído. Analfabetos por desuso, que, en el fondo de sus pensamientos, desean mejores días para ellos y sus hijos. Mujeres y hombres que en su mayoría se han dado por vencidos, pero que aún guardan un poquitito de esperanza, como lógica aspiración humana.
Pues amigos, esos miserables, dentro y fuera del domo, son los que han estado recibiendo por más de tres años, visitas bien programadas que han requerido un poquito de organización local, para recibir a quien dice ser igual que ellos, su redentor pagano. El que está allí para enfrentar a los corruptos que por tantos años les han negado la justicia que merecen. Perverso presidente que les dice «soy uno de ustedes, por lo cual hemos de luchar hombro a hombro para acabar con los corruptos, y así traerles el bienestar que los ladrones políticos que ustedes conocen les niegan a ustedes». Reuniones “de campaña electoral” financiadas con bienes del Estado, que cubrían, gracias a transportes contratados, áreas más grandes que las que se presentaban como el lugar del discurso, para que el impacto, luego multiplicado por televisoras locales, tuvieran el efecto esperado.
«Visitas» que no eran más que una bien diseñada campaña política permanente, intensa, a nivel de comunidades, con recursos financieros ilimitados, que fueron seguidas sin pensar en lo que se estaba construyendo alrededor de un personaje hábil y mentiroso.
Estrategia desarrollada a nivel de poblaciones, demagógica, populista, pero caída en terreno fértil, sin oposición alguna. Y sucedió así mientras los llamados quizá a enfrentarla con mensajes y organizaciones en las mismas comunidades, estaban muy ocupados escribiéndose en chats de WhatsApp, votando incisos en la Asamblea Legislativa, y multiplicando mensajes cargados de información valiosa que, dentro del domo solo tenían como receptores a los que hasta niegan que hay cientos de miles de costarricenses que no tienen más que una comida diaria. Habitantes de tugurios que, cual si vieren un avión volar hacia destinos desconocidos, así escuchaban tal vez algo de lo que la “clase política” muy formalmente debatía, sin que les provocara reflexionar acerca de lo que no les interesaba, pues de Montesquieu creen que es quizá un futbolista francés.
Erradamente se creyó que la «virtualidad» ingresaba a las chozas y tugurios, mientras el trabajo organizativo, en las comunidades, en las bases, pretendió sustituirse por mensajes por Internet que no les llegaban. Se creyó que el líder comunal que se quería ubicar, según sus características y su capacidad, podría ser el regidor dueño de un celular prepago, y no el compañero que (con la excepción de alguna organización sindical como la ANEP), sí se le involucró genuinamente en la defensa de sus derechos y la organización de lucha. Las enseñanzas de la batalla contra el TLC, con sus comités patrióticos y el trabajo voluntario por todo el país, lamentablemente se desdeñó, pues se creyó más en la comunicación digital que solo opera al interior del domo (parcialmente) y es extraña fuera de él.
Así, Chaves disfrutó ese vacío dejado por los políticos, estrategas y otros, y entendió muy bien, que, apoyado en su red de comunidades en todo el país, que lo que con sus groserías incomodaba a muchos del domo, era, por otro lado, motivo de algarabía fuera del mismo, así como entre los hambrientos que conviven con la opulencia que se exhibe en ciertos lugares dentro del mismo.
Claro que sería injusto no reconocer que nuestros intercambios, escritos, entrevistas radiales y videos, entre otros, tuvieron el importante efecto de evitar que el chavismo fascista no alcanzara al menos 38 diputaciones. La selección de un compatriota ejemplar como el candidato presidencial de un PLN renovado, fue vital para que muchos de los reunidos en la parte central del país, acudieran a votar informados, contribuyendo así para que no se diera un resultado electoral que, por poquito, nos habría conducido casi inevitablemente hacia un régimen dictatorial que hoy nos tendría mucho más preocupados.
Pero más allá de ese trascendental logro, en las provincias costeras, regiones indígenas y habitantes de la marginalidad tanto urbana como rural, esos mensajes no germinaron; eran cual semillas infértiles que se llevaba el viento.
Antes que criticarlos, en esas poblaciones se está pagando el alto precio del abandono casi eterno, mutado hacia el resentimiento justificado contra los que les han maltratado por años, y que Chaves, cínicamente, les usó para sus egoístas intereses.
En fin, pensando a futuro, si esa visión valle centrista no se sustituye por un esfuerzo solidario hacia los costarricenses de segunda y tercera clase, más antes de lo que pensamos, se podría estar ante la situación que la Providencia contribuyó a sortear. Las estrategias (que son varias) habrá de redefinirlas según sean las características de las comunidades que, ha de valorarse así, son fundamentales para el fortalecimiento de nuestra democracia.
Cuando el demagogo-autoritario tomó control de los gobiernos en aquella república tropical, el senador en retiro supo que todo estaba consumado. Sin embargo, sabía también que el principio del fin de la democracia había comenzado mucho tiempo antes. Desde décadas atrás había síntomas propicios para la debacle. El viejo exsenador reparaba, sobre todo, en un hecho de particular valor simbólico: los retratos al óleo de los políticos corruptos con gestos de inmortal señorío, a pesar de los escándalos, los juicios, las condenas y los autoexilios, nunca fueron removidos de las paredes: paredes de las galerías de honor en los colegios donde estudiaron; paredes de salones de ex presidentes; paredes de los gremios profesionales de pertenencia…
El demagogo autoritario, tanto o más corrupto que aquellos figurones fijados en los fríos murales del tiempo, tomó control de los gobiernos con su manido discurso contra la corrupción y la impunidad, mientras aquellos figurones le daban la razón al seguir pisando alfombras rojas, sentándose en primera fila en aniversarios y fiestas patrias, lanzándose de nuevo como candidatos o dando sonoras adhesiones en justas electorales… como si nada hubiera pasado.
A un mes de que el ruido de las caravanas se apagara, el silencio de la post-elección en Costa Rica resulta atronador. No es el silencio de la paz social, sino el de una tensa espera. Lo que hoy vemos es la cristalización de una paradoja: un oficialismo que celebra, pero que se sabe vigilado, y una oposición que, tras rozar el abismo, intenta articular un propósito que debió encontrar hace años.
La sombra de Zapote y la presidenta-asistente
La imagen de la presidenta Electa, Laura Fernández, inclinándose ante la figura de Rodrigo Chaves, no es una anécdota de etiqueta. Es un símbolo político cargado de presagios. Para quienes esperábamos que la legitimidad del voto le otorgara a la señora Fernández la autonomía de mando, el gesto ha sido un balde de agua fría: parece más el “besamanos” al verdadero poder en el chavismo que el inicio de una era propia.
Esa señal de subordinación se confirma con una retórica que no ha bajado el tono. Al contrario, una vez electa, vuelve la carga contra la institucionalidad: reelección inmediata (con el fantasma de la indefinida), la entelequia de una “Tercera República”, el asalto conceptual al Poder Judicial y la urgencia de una Constituyente. El guion es claro: continuismo sin matices.
El mandato del oficialismo: se acabaron las excusas
El oficialismo ganó, sí, pero no obtuvo el cheque en blanco de los 38 diputados que pretendía para desmantelar el Estado Social de Derecho. Sin embargo, su bancada es robusta. Esto les quita, de una vez por todas, la muleta de la “obstrucción legislativa”.
Ya no hay espacio para la queja. Tienen los votos para ejecutar sus promesas de campaña. El país observará si esa “eficiencia” de la que alardean es real o si el conflicto era, en realidad, su única propuesta de gobierno. Ahora les toca gobernar, ya no solo confrontar.
La oposición: una vigilancia con dos caras
Los cientos de miles de votos que recibió la oposición para la Asamblea Legislativa no fueron un reconocimiento a sus figuras; fueron un voto de contención. Los nuevos diputados deben entender que no están ahí por su carisma, sino como un dique frente a la deriva totalitaria. Su labor debe ser una oposición responsable, que no bloquee por bloquear, pero ferozmente dura en la defensa de la Institucionalidad Democrática.
El PLN: el último tren
Para el partido más longevo, el PLN, este cuatrienio es su última y definitiva oportunidad. El electorado les ha dado un respiradero, no un perdón. Deben empezar reconociendo que su salvación vino de un liderazgo unipersonal —don Álvaro Ramos— fresco y distante de los que se han enquistado y traicionado a los fundadores. Su confrontación con “los mismos de siempre” y su discurso empático, le ganó respeto de buena parte del electorado más allá del liberacionismo.
Si no son capaces de realizar una autocrítica profunda, de sacudirse las estructuras clientelares y de volver a ser una alternativa programática real, su destino es la irrelevancia histórica. Su papel en la Asamblea será el examen final para determinar si aún tienen alma o si son solo un cascarón vacío.
El Frente Amplio: más allá del dogma
Por otro lado, el Frente Amplio se enfrenta a su propio espejo. No basta con ser la “conciencia moral” o el bloque de protesta. Si aspiran a ser una opción de gobierno creíble, deben superar el sectarismo y el puritanismo ideológico. El país requiere de ellos alianzas inteligentes y pragmáticas que les permitan ganar la confianza de sectores mayores, demostrando que pueden proponer un modelo de Estado sin los dogmas trasnochados que asustan a la clase media y a los sectores productivos.
Ciudadanía: la democracia no termina en el voto
Finalmente, la lección más dura es para nosotros, los ciudadanos. La reacción espontánea —y tardía— de los candidatos de oposición ante la amenaza del continuismo demostró que no podemos delegar el cuidado de la República solo en los políticos.
La democracia costarricense ha entrado en una fase de cuidados intensivos que exige una ciudadanía vigilante, crítica y activa. No basta con haber evitado la mayoría calificada; hay que fiscalizar cada decreto, cada nombramiento y cada intento de erosionar nuestra convivencia.
El oficialismo sabe por qué ganó, pero también sabe por qué no ganó todo. En esa grieta, en ese espacio de resistencia institucional, es donde Costa Rica se jugará su futuro en los próximos cuatro años.
El movimiento socioambiental atraviesa un momento de inflexión histórica. El contexto político, social y territorial del país no solo nos interpela: nos obliga a revisar críticamente nuestras formas de organización, articulación e incidencia. No estamos ante una coyuntura más, sino ante una reconfiguración profunda del modelo de poder y de desarrollo. El desafío no es únicamente resistir retrocesos, sino comprender la magnitud del cambio en curso y redefinir estratégicamente nuestro papel en él.
Contexto
Durante décadas, Costa Rica cultivó un imaginario de excepcionalismo verde y respeto a los derechos humanos. Ese relato, aunque siempre estuvo atravesado por tensiones estructurales, funcionó como horizonte simbólico. Hoy ese imaginario se encuentra erosionado. Ya no ocupa el centro del discurso político ni del debate electoral. En su lugar emergen conflictos territoriales permanentes: disputas por el agua, turistificación desregulada, expansión de agroquímicos, privatización de bienes comunes y ausencia de planificación participativa. El conflicto dejó de ser excepcional; se volvió estructural y cotidiano.
Lo que enfrentamos no son hechos aislados, sino la expresión de un modelo de desarrollo consolidado en las últimas décadas, que privilegia la rentabilidad inmediata por encima de la sostenibilidad ecológica, la justicia ambiental y la autodeterminación comunitaria. Lo que está en juego no es únicamente la gestión técnica de los recursos naturales, sino la posibilidad misma de subsistir y permanecer dignamente en los territorios.
En este escenario se ha intensificado la criminalización de personas defensoras del ambiente. Los conflictos se desarrollan con mayor rapidez y con ciclos de violencia más cortos. El deterioro institucional ha estado acompañado de resistencia social, pero también de judicialización, persecución administrativa y campañas de desprestigio orientadas a debilitar liderazgos comunitarios. Defender el territorio implica hoy mayores riesgos.
A ello se suma un proceso de re-abandono territorial. En múltiples comunidades, el trabajo político de base fue debilitándose, dejando vacíos que han sido ocupados por narrativas autoritarias y soluciones simplificadas. Este abandono no es solo organizativo; es también simbólico. Donde el movimiento social se retiró, otros actores construyeron sentido común.
La regresión socioambiental, además, no ha operado principalmente mediante grandes reformas legislativas, sino a través de decretos, directrices y un progresivo debilitamiento técnico e institucional. Se reducen presupuestos, se desregulan controles, se erosionan capacidades estatales y se limita la autonomía de órganos técnicos creados precisamente para evitar interferencias políticas en decisiones ambientales. El resultado es una creciente concentración de poder que debilita el control democrático y compromete el derecho constitucional a un ambiente sano.
Los retrocesos son concretos: debilitamiento de áreas protegidas sin recursos suficientes, flexibilización de controles sobre agroquímicos, retrocesos en transporte público y transición energética, erosión del liderazgo ambiental internacional. Se consolida así una tendencia que redefine silenciosamente las reglas del juego.
Acciones estratégicas
Frente a este panorama, el movimiento socioambiental necesita una agenda amplia y transformadora. El recambio generacional es impostergable. Es necesario crear condiciones reales para la participación de juventudes, mujeres, pueblos indígenas, comunidades costeras y rurales, actores fuera de la Gran Área Metropolitana y colectivos emergentes con nuevas formas de organización. Muchas de estas experiencias no se estructuran bajo lógicas tradicionales; son más horizontales, autogestionadas e híbridas en sus formas de movilización. El desafío no es subordinarlas, sino dialogar y construir alianzas respetuosas que amplíen el sujeto político socioambiental.
También es imprescindible reconfigurar la articulación territorial. La agenda no puede definirse exclusivamente desde el centro. Debe construirse de afuera hacia adentro, desde las costas, las zonas rurales y los territorios indígenas hacia el debate nacional. En las periferias se están disputando los principales modelos de desarrollo del país; reconocer su centralidad estratégica es fundamental.
La protección de personas defensoras debe ocupar un lugar prioritario. En varios territorios se están enfrentando intereses extractivos, economías ilegales y dinámicas de violencia que no pueden ser asumidas en soledad. Se requiere avanzar hacia mecanismos efectivos de protección, incluso si en el corto plazo deben tener un carácter sui generis o de impulso civil, ante la insuficiencia de respuestas estatales. Al mismo tiempo, es indispensable fortalecer la vigilancia democrática sobre el uso de herramientas de seguridad e inteligencia frente a la ciudadanía organizada.
En el plano institucional, el movimiento debe sostener una incidencia permanente sobre la Asamblea Legislativa y otros espacios de decisión. No basta con reaccionar ante proyectos regresivos; es necesario anticiparse, formular propuestas, construir alianzas y mantener presencia constante en la discusión pública. La rendición de cuentas ciudadana debe convertirse en práctica sostenida y no episódica.
La disputa también es comunicacional. Es urgente fortalecer una narrativa capaz de conectar con preocupaciones cotidianas como el agua, la tierra y el acceso a bienes naturales. Sin abandonar el rigor técnico, el movimiento debe hablar en un lenguaje comprensible y movilizador, disputar el sentido común y ofrecer horizontes de futuro. La denuncia es necesaria, pero no suficiente; se requiere construir esperanza política con propuestas viables.
Finalmente, es clave aprender del contexto regional e internacional. Comprender cómo operan los autoritarismos contemporáneos, qué los fortalece y qué los debilita, permitirá anticipar escenarios y evitar errores. Existen ejemplos de concentración de poder en la región, pero también experiencias de transición democrática que ofrecen lecciones valiosas.
El desafío central no es únicamente resistir el avance extractivista o el debilitamiento institucional. Es reconstruir tejido social, reactivar presencia territorial y proponer un proyecto país basado en la justicia socioambiental. En esa tarea se juega no solo la defensa del ambiente, sino la calidad misma de nuestra democracia.
* Texto presentado en el Foro: “Desafíos de los movimientos sociales ante el rumbo del país”, organizado por la Alianza por una Vida Digna y el medio digital SURCOS, el martes 03 de marzo.
El orgullo costarricense por la democracia nacional permitió la conquista de nuevos derechos y la conservación de los derechos adquiridos, que construyeron una sociedad pacífica, sin necesidad de recurrir a posiciones y acciones políticas radicales. La desaparición del ejercito fue una consecuencia de una sociedad donde la violencia fue el recurso extremo y en un momento en su pasado, pero lo fue contra un invasor que atentaba contra la libertad y la soberanía nacional y la consolidación de la nación costarricense y también la centroamericana. Un pasado que está cotidianamente presente y en disputa permanente en la política, la economía y en la concepción del poder en la sociedad.
El dinamismo histórico de Costa Rica, como en todas las sociedades del mundo, ha modificado sus relaciones sociales que han incidido en su devenir. Son muchos los intentos económicos y políticos por radicalizar las prácticas liberales conservadoras, como intentos de convertirnos en objeto del poder colonial del imperio. Sin embargo, la capacidad negociadora y el respeto de nuestra soberanía conformaron un definido Estado Nación en sus relaciones internas como en sus vínculos y negociaciones con otros países y entes internacionales, cualidades que constituyeron barreras que limitaron intencionalidades ajenas, como también lo fueron la cultura y la inteligencia nacional. No obstante, a partir de la década del ochenta del siglo pasado, las tendencias liberales externas y de potencias económicas internacionales, coludidas con los partidos políticos tradicionales, en ese entonces mayoritarios, fueron los pioneros en la privatización de la función pública, así como apoyaron las imposiciones colonialistas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que propiciaron la liquidación de la democracia y del Estado Social en Costa Rica.
Han pasado décadas del conservadurismo liberal, que no concluye, por el contrario, se profundiza y contamina el espíritu y práctica política, economía y la conciencia social costarricense. Hoy, a diferencia del pasado, se ha elegido a una candidata que se declara continuadora de un gobierno que denigra la institucionalidad pública, que desprecia nuestra educación y se burla y antagoniza contra la democracia nacional, así como se ha impuesto con grotescos gritos, insultos y difamaciones contra todos sus críticos y que internacionalmente apoya el genocidio de pueblos y el dominio imperial, que provocan e incentivan una tercera conflagración mundial, de trágicas e imprevisibles consecuencias contra la humanidad. La paz y neutralidad que aspirábamos en el pasado, no muy lejano, se ha transformado en la actualidad en un gobierno que promueve la belicosidad y el enfrentamiento social, así como la parcialidad y la unilateralidad imperialista.
El reciente resultado electoral ha revelado que el actual gobierno no está terminando, dado que ha sido elegida su continuadora que, sin rubor ni moralidad, manifiesta ser seguidora de la política y orientaciones del actual presidente, su próximo ministro de la Presidencia. Una reelección de facto. que relativiza una expresa prohibición constitucional.
El triunfo electoral de un partido que tiene como dueño al actual mandatario, no es una organización democrática, es autoritaria, no existe una pluralidad de ideas y posiciones que orienten decisiones y actuaciones de partido, pues esta conducido por un vulgar autócrata.
Las personas en igualdad real de derechos, la ciudadanía, es el medio formal establecido nacional e internacionalmente ante la desigualdad existente en la sociedad mundial, siendo la democracia la expresión libre e igualitaria en la pluralidad societal. En democracia se construye lo común a todos, lo público, en una sociedad interdependiente socialmente.
La democracia regularmente es interpretada como una relación pacifica entre los actores sociales, no obstante, no se suprimen las contradicciones imperantes de desigualdad, inequidad ni los antagonismos de clase, por el contrario, la democracia lucha, se opone y actúa permanentemente contra todas las formas que violentan y transgreden los derechos en la explotación del trabajo, en la facultad ciudadana de decidir y actuar por la libertad y defender sus derechos y la igualdad social. Asimismo, la democracia es una creación y construcción colectiva que reproduce la propia sociedad, así como el progreso y una vida digna para todos.
Creer que la designación electoral del poder político es el otorgamiento de una facultad absoluta de actuación clasista, parcial y parcializada, en la heterogeneidad social, es una falsedad, ningún proceso electoral en la historia nacional ha sido una imposición tiránica, ni ha sustituido las facultades ciudadanas. En democracia los poseedores del capital y riquezas no son quienes determinan el destino de la nación, tampoco quienes poseen transitoria y electoralmente el poder político. La violación de la institucionalidad pública y la imposición de leyes indignas que transgreden las conquistas históricas, son acciones de tiranos, nunca de procesos democráticos.
La afirmación de la presidenta electa de suprimir las garantías individuales, plasmadas en la Constitución de la República, es una amenaza nacional, efectuada sin haber asumido el poder, así como es su anuencia a permitir la instalación de bases militares de EE. UU. Estas intencionalidades son tempranas evidencias que son antagónicas a nuestro pasado y presente. Es democrático protestar, cuestionar y actuar contra las transgresiones a los derechos e intereses ciudadanos. Amenazar sin motivo e imponer criterios unilaterales es un explicito anuncio de un gobierno que atenta contra nuestro pasado y presente, como también lo expresa su lamento de no haber obtenido la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, para despreciar y desoír las necesidades sociales de la mayoría nacional, negando de este modo, el dialogo, el debate o la concertación en una sociedad democrática.
Asimismo, es contrario al espíritu nacional costarricense el manifestar su compromiso político e ideológico con un personaje que incendia el planeta en su crítico afán hegemónico mundial, así como expresa su compromiso con proyectos genocidas en el espacio internacional.
Costa Rica nunca ha requerido la supresión de nuestras constitucionales garantías ciudadanas por protestar y demandar atención a las necesidades sociales, las cuales son manifestaciones que crearon instituciones públicas y políticas en favor de la calidad de vida y bienestar social. Tampoco ha requerido el uso de la fuerza bruta, porque respetamos el orden legitimo constituido ni somos agresores con naciones hermanas ni hemos requerido de la violencia para dirimir nuestras discrepancias y menos aún hemos comprometido nuestra soberanía con el establecimiento de bases militares imperiales.
Según la Real Academia, la palabra canalla se refiere a una persona despreciable y de malos procederes. En consecuencia, la “prensa canalla”, según algunos voceros del oficialismo en Costa Rica, la componen aquellos medios que son “despreciables” porque no privilegian la información “positiva” proveniente del seno del gobierno y, más bien, subrayan los aspectos negativos de la administración.
Las contradicciones entre la prensa costarricense y los gobiernos de turno constituyen una de las manifestaciones consustanciales al proceso histórico experimentado por la democracia de nuestro país. Si revisamos, por ejemplo, la prensa nacional que circuló a partir de 1943, cuando se aprobó la reforma social que incorporó el capítulo de las Garantías Sociales a la constitución de 1871, tendríamos tan solo un ejemplo claro de cómo los medios de comunicación, por lo general, han sido la voz de los distintos intereses económicos, políticos e ideológicos en los distintos momentos de la vida nacional. Por esa razón, la pluralidad de voces periodísticas es consustancial a la madurez democrática.
Cuando leemos y constatamos que la periodista y diputada saliente, doña Pilar Cisneros se refiere, con gran propiedad, a ciertos medios de comunicación del país calificándolos como “prensa canalla” con el argumento de que no informan cotidianamente sobre la agenda presidencial, pero sí sobre otros liderazgos políticos, nos queda un gran sinsabor. A menudo habíamos escuchado esa expresión en voces anónimas que por alguna razón disentían con unos u otros medios. Bueno, eso es parte del lenguaje popular que podríamos interpretar como expresión del resentimiento que un gran sector de la ciudadanía ha cultivado desde hace varias décadas con la clase política y los sectores hegemónicos por el abandono de sus necesidades y aspiraciones.
Sin embargo, el uso por parte de personajes políticos tan relevantes -como la citada periodista y diputada- de expresiones tan poco edificantes, no hacen más que mostrar el poco respeto que el chavismo tiene por nuestro país y lo bajo que ha caído un sector de la política costarricense.
No me deja de sorprender el silencio del Colegio de Periodistas en estos tiempos tan convulsos que ponen en entredicho su prestigio como institución. ¿Qué pensarán al respecto? Aún no he leído ni escuchado -me corrigen si estoy equivocada- una manifestación de desagravio para con sus colegiados. La ofensa que implica la expresión prensa canalla para el ejercicio del periodismo costarricense lo lesiona seriamente, al igual que a toda la ciudadanía costarricense.
En fin, son muchas las dudas que deja ese gran desprecio de parte de doña Pilar, especialmente hacia dos de los medios que menciona en su entrevista, el diario La Nación y el Canal Siete, justamente, los dos espacios en los que ella cultivó la imagen nacional que el chavismo ha explotado tan exitosamente, para llevar a la silla presidencial a Rodrigo Chaves y a Laura Fernández.
81.5% considera que sí se garantizó igualdad de condiciones a todos los partidos. Un 78.2% valora positivamente la gestión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)
UNA Comunica. Condiciones de igualdad para los partidos políticos participantes y una adecuada gestión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de los medios de comunicación en la cobertura periodística, reflejan un apoyo mayoritario de parte de la ciudadanía hacia el recién concluido proceso electoral.
Así lo determina la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), contenida en el informe Percepción ciudadana costarricense respecto al proceso electoral, dado a conocer esta mañana.
Como parte del ejercicio de análisis, luego de las elecciones, los investigadores del Idespo-UNA consultaron a los encuestados su valoración con respecto a seis enunciados sobre las elecciones. En todos ellos se registró una opinión mayoritaria favorable.
Sobre si “se garantizó la igualdad de condiciones para que todos los partidos políticos pudieran exponer sus ideas a la ciudadanía” un 81.5% dijo estar de acuerdo con esa afirmación, frente a un 15.7% que manifestó su desacuerdo.
Un 78.2% también respaldó el enunciado “la actuación del Tribunal Supremo de Elecciones fue adecuada para gestionar la campaña electoral”. Un 15.4% opinó lo contrario.
La labor informativa de los medios de comunicación también recibió el espaldarazo de tres de cada 10 encuestados. Ellos se pronunciaron ante la frase “la cobertura que los medios dieron a todo el proceso electoral fue adecuada”.
Por debajo del 70%, pero siempre con predominancia positiva, destacaron las afirmaciones “la ciudadanía acudió a emitir su voto de manera informada”, si “considera que el actuar de los partidos políticos durante el proceso electoral contribuyó a fortalecer la democracia del país” y si “la campaña electoral se basó en la discusión de ideas y propuestas”. Indicaron estar de acuerdo, en un 67.1%, un 63.7% y un 59.1%, respectivamente.
En otro apartado de la encuesta, el Idespo-UNA indagó cuáles factores políticos y sociales pudieron influir en la decisión final de voto. A pesar de que la seguridad ciudadana ha sido señalada en diversos análisis como la principal preocupación de los costarricenses, esta razón se ubicó en segundo lugar con una media de 3,82, donde 5 es el valor mayor y 1 el menor.
La primera razón fue “la situación económica por la que atraviesa el país” con una media de 3,94. Después de estas dos primeras posiciones destacan “la atención en salud que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social” (3,79), “la situación actual del sistema educativo en Costa Rica (3,78) y “las noticias que informaron sobre la campaña electoral” (3,46).
Aunque predominó en el debate público el tema de la influencia religiosa sobre las elecciones, este ítem fue el que recibió la mención media más baja entre 14 enunciados. El resultado fue de 1,74.
Otros determinantes con baja mención fueron “las opiniones dadas por los superiores de su lugar de trabajo” (2,15), “los comentarios en redes sociales sobre la campaña electoral” (2,79) y “las conversaciones que tuvo con compañeros de trabajo” (2,87).
Otras consideraciones
Asimismo, el Idespo-UNA detalló si en el entorno cercano de los votantes hubo otras personas que los motivaron a emitir el sufragio. El grupo más numeroso fue el de quienes afirmó “sí, hay una persona en mi grupo cercano”, conformado por un 30,9%. Sin embargo, un 26,3% dijo que “otras personas y yo”, un 16% afirmó categóricamente “no” y un 12,8% indicó “sí, soy yo”.
Sigue pesando, con mayor predominancia, el porcentaje de ciudadanos que dice “nunca o casi nunca” se habla de política con personas cercanas: así lo determina la mitad de la muestra (49,8%). Los que afirman “siempre o casi siempre” son el 40% y “algunas veces” el 10.2%.
El acto de haber acudido a las urnas el 1º de febrero representa, para la mayoría, un ejercicio colectivo. Un 57.8% indicó que asistió acompañado, frente a un 42.2% que lo hizo de manera individual.
En esta encuesta post electoral, se quiso profundizar en las razones para no haber ido a votar. La respuesta más señalada, por parte de un 26.3% de la muestra fue “no hice el cambio de domicilio electoral y me quedaba lejos el lugar de votación”. Le siguieron “por motivos laborales no pude ir” (22.4%), “por condiciones de salud” (17.9) y más abajo, “no me interesa la política” (6.1%).
Un 87% dijo que acudió a votar, frente a un 13% que indicó lo contrario. Este resultado dista del porcentaje de abstencionismo en esta elección (del 31%), ante lo cual, el Idespo-UNA señala que “la diferencia podría corresponder a que las personas abstencionistas suelen rechazar contestar (sic) encuestas de carácter político-electoral, por lo que existe la posibilidad de que queden subrepresentadas”, explicaron en el informe los investigadores.
Al final de cuentas, casi la mitad de la población (48.7%), ya había decidido desde meses antes su voto, mientras que un 22.9% lo hizo semanas antes. Un 28.3% tomó partido en la misma semana o el propio día de las votaciones.
La red social Facebook, con un 66.6% de menciones, seguida de la televisión con 65%, fueron los dos medios donde la población se informó sobre la campaña electoral, principalmente. En posiciones intermedias se ubicaron TikTok (38%), Instagram (28.2%) y YouTube (26.9%). Llama la atención que un 13.3% mencionó a la inteligencia artificial (IA), aunque es un mecanismo menos empleado que los periódicos impresos o digitales, los sitios en Internet de los partidos políticos, la radio o la mensajería instantánea (WhatsApp).
La encuesta se realizó del 3 al 10 de febrero. Se realizaron 1.291 entrevistas completas, con un margen de error de 2,7 puntos porcentuales (hacia arriba o abajo) y un nivel de confianza del 95%.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
La Universidad Nacional (UNA) será sede de la presentación y entrega del libro Pensamiento crítico, totalitarismo del mercado y extrema derecha, obra dedicada in memoriam al filósofo y economista Franz J. Hinkelammert, una de las figuras más influyentes del pensamiento crítico en América Latina.
La actividad se realizará el 5 de marzo a las 2:00 p.m. en el Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNA, y contará también con transmisión por YouTube Live, lo que permitirá la participación virtual de personas interesadas en el debate contemporáneo sobre democracia, mercado y extrema derecha.
Durante el acto se entregará un ejemplar del libro a las personas asistentes, en el marco de esta presentación pública.
El libro recoge materiales del VIII Encuentro Internacional de Pensamiento Crítico y constituye un aporte al análisis de las transformaciones políticas y económicas contemporáneas, particularmente en torno al papel del mercado, los riesgos del autoritarismo y los desafíos democráticos actuales.
La presentación estará a cargo de Norman Solórzano y Henry Mora, quienes abordarán la relevancia de la obra y el legado intelectual de Hinkelammert, cuya producción académica marcó profundamente la reflexión latinoamericana sobre economía, ética y emancipación.
La actividad es organizada con el respaldo de diversas instancias académicas y sociales, entre ellas el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO), la Vicerrectoría de Investigación de la UNA, la Cátedra de Pensamiento Crítico Franz J. Hinkelammert, el Grupo de Pensamiento Crítico (GPC), Voces Nuestras y la Rosa Luxemburg Stiftung, entre otras entidades vinculadas al análisis crítico de la realidad social.
Este espacio académico busca fortalecer el debate público desde una perspectiva reflexiva y rigurosa, promoviendo el pensamiento crítico como herramienta para comprender las dinámicas contemporáneas del poder económico y político.
