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Etiqueta: democracia

Cuando la ética pública deja de importar: señales preocupantes para la democracia costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

Rodrigo Campos Hernández

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

Costa Rica atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida democrática reciente. La creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones, el desgaste de los partidos tradicionales, la inseguridad, el deterioro económico y el cansancio social han creado un clima político marcado por el desencanto y la polarización. En ese contexto, las recientes decisiones tomadas en torno al caso del exdiputado Fabricio Alvarado no deberían analizarse únicamente desde una perspectiva jurídica o partidaria. Lo ocurrido revela algo más profundo y quizá más preocupante: una transformación cultural en la manera en que la sociedad costarricense comprende la ética pública, la responsabilidad política y la propia democracia.

El archivo de la eventual sanción ética contra el exdiputado ha sido defendido por algunos sectores bajo argumentos procedimentales: que la Asamblea Legislativa perdió competencia al dejar el denunciado su condición de diputado, o que corresponde exclusivamente a los tribunales conocer el caso. Sin embargo, reducir el debate únicamente a la dimensión penal o procesal resulta insuficiente. Las democracias no funcionan solo mediante sanciones judiciales. También descansan sobre responsabilidades éticas, mensajes simbólicos y estándares mínimos de conducta pública.

Precisamente por ello, el problema no radica únicamente en si existía o no competencia jurídica para continuar el procedimiento legislativo. El verdadero problema es el mensaje político y cultural que se transmite a una sociedad profundamente afectada por la violencia y el hostigamiento contra las mujeres. Costa Rica no discute este tema en abstracto: lo hace en medio de una realidad donde miles de mujeres enfrentan acoso, violencia psicológica, agresiones sexuales y múltiples formas de silenciamiento cotidiano.

La contradicción se vuelve aún más significativa cuando se recuerda que la propia presidenta de la República manifestó públicamente haber sido víctima de conductas de hostigamiento por parte del mismo actor político involucrado en este caso. Más allá de simpatías o diferencias ideológicas, resulta legítimo preguntarse qué tipo de señal institucional se transmite cuando un gobierno que afirma representar una ruptura ética con “la vieja política” termina impulsando —o al menos permitiendo— decisiones percibidas por amplios sectores como mecanismos de protección o impunidad.

No se trata aquí de afirmar culpabilidades penales anticipadas ni de desconocer el principio de inocencia, indispensable en cualquier Estado democrático de derecho. Se trata de reconocer que las instituciones también educan simbólicamente. Sus acciones, silencios y omisiones construyen mensajes sociales. Y cuando una denuncia de esta naturaleza termina subordinada a cálculos políticos, pactos coyunturales o disputas partidarias, el efecto pedagógico puede ser profundamente dañino.

Más preocupante aún es la reacción de una parte importante de la ciudadanía frente a estos hechos. Muchos comentarios públicos no negaron necesariamente la gravedad del hostigamiento sexual; simplemente lo relativizaron frente a otras prioridades: “hay cosas más importantes”, “eso le corresponde a los tribunales”, “la Asamblea no debe perder tiempo en eso”. Esa respuesta revela una transformación cultural inquietante: la progresiva pérdida de relevancia de la ética pública dentro de la vida democrática.

La situación adquiere todavía mayor complejidad si se observa que el actual oficialismo ha construido buena parte de su legitimidad sobre una narrativa de pureza moral y regeneración ética del país. El discurso contra “la corrupción”, “los chorizos” y “la casta política” ha sido central en su identidad pública. Sin embargo, las contradicciones acumuladas entre discurso y práctica comienzan a generar una peligrosa erosión de credibilidad. Y esto no afecta únicamente a un gobierno o a un partido: afecta la confianza misma en la posibilidad de una política democrática coherente.

El problema de fondo quizás no sea solamente que existan contradicciones —las ha habido históricamente en múltiples fuerzas políticas—, sino que una parte creciente de la sociedad parece haber comenzado a normalizarlas. Ese fenómeno merece una reflexión seria. Porque cuando las democracias entran en escenarios de fatiga institucional, precariedad económica y polarización permanente, la ciudadanía puede empezar a tolerar prácticas que anteriormente habrían generado mayores costos políticos o éticos.

En ese contexto, la política deja de evaluarse por su coherencia moral y comienza a valorarse principalmente por su capacidad de confrontación, eficacia inmediata o identificación emocional. El riesgo es evidente: el deterioro gradual de la cultura democrática y la consolidación de un clima social donde todo parece justificable si favorece al propio grupo político.

Por eso este debate trasciende a una figura específica o a una coyuntura legislativa. Lo que está en juego es el tipo de sociedad que Costa Rica desea construir. Una democracia saludable no se sostiene únicamente con elecciones periódicas ni con crecimiento económico. Requiere ciudadanía crítica, instituciones confiables, educación humanística, deliberación pública y una ética mínima compartida capaz de reconocer que ciertos temas —como la violencia contra las mujeres— no pueden relativizarse según conveniencias políticas.

Aun así, no todo está perdido. El hecho mismo de que estas discusiones sigan generando indignación, debate público y reflexión crítica demuestra que la sociedad costarricense todavía conserva reservas democráticas importantes. Quizá el desafío más urgente no sea únicamente cambiar gobiernos o partidos, sino reconstruir una cultura política capaz de reconciliar democracia, ética pública y ciudadanía crítica en tiempos de desencanto.

Porque el mayor peligro para una democracia no es únicamente la corrupción o la contradicción política. El verdadero peligro aparece cuando la sociedad deja de percibirlas como problemáticas.

Cajas chinas, élites y el manual para nuestra defensa ciudadana

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

A mis 58 años, en esta etapa de madurez que la vida me ha regalado, el anhelo de heredar un país y un mundo mejor a mis hijos, Catalina y Christian, y a mis nietos, me ha impulsado a asumir con profunda responsabilidad este rol de analista político y generador de contenido. Mi objetivo central es uno: combatir la posverdad, desenmascarar la manipulación en redes sociales y devolverles el valor a los hechos. Este compromiso me ha obligado a volver a los libros, a actualizarme y a reaprender como investigador social; profundizando de forma autodidacta aquellos conocimientos que, en mi época universitaria, apenas eran el cimiento. Hoy, con la mirada más clara, quiero compartirles cómo nos están jugando la vuelta frente a nuestros propios ojos.

La “Caja China” y el arte de distraer al tico

Imaginen que hay un incendio en la cocina de su casa, pero alguien entra gritando que hay un perro rabioso en el patio. Todos corren al patio, se olvidan del fuego, y la casa se quema. Eso es, en un lenguaje sencillo y directo, la “Caja China” o la Estrategia de la Distracción.

Académicamente se le conoce bajo otros nombres: la teoría del Agenda-Setting (los que tienen el poder deciden de qué tema vamos a hablar hoy) o la táctica del “Gato Muerto” (tirar un escándalo morboso en la mesa para que dejemos de hablar del problema real).

¿Por qué nos debe interesar esto a los ticos? Porque nuestro activo más valioso en una democracia es nuestra atención, y nos la están robando. Mientras discutimos acaloradamente en redes sociales sobre el último exabrupto, el chisme político de turno o la polémica de la semana, se están tomando decisiones estructurales sobre nuestro costo de vida, nuestra seguridad y nuestras instituciones. Nos ponen a pelear entre nosotros en la gradería, para que no miremos lo que está pasando en la cancha.

Cuatro décadas de humo y la élite detrás del poder actual

Esta manipulación de nuestra atención no es un invento reciente. Durante las últimas cuatro décadas, las élites de poder tradicional en Costa Rica han utilizado estas tácticas de forma muy refinada. Nos han vendido crisis a la medida y han ocultado debates urgentes sobre la desigualdad o la ineficiencia estatal detrás de cortinas de humo muy bien diseñadas.

Sin embargo, hay que decirlo con claridad y, sobre todo, con profundo respeto y empatía hacia quienes, impulsados por una genuina esperanza de cambio, apoyan a la actual administración: la élite de poder que opera detrás del gobierno actual ha perfeccionado esta táctica y la está utilizando sin ningún tipo de escrúpulos.

Ya no usan guantes de seda. Cada vez que surge un cuestionamiento serio, un fracaso en la gestión o una crisis de seguridad, surge de inmediato un escándalo mediático, un ataque directo a un adversario o una polémica prefabricada. Esto no ocurre por torpeza ni por casualidad; es un diseño estratégico fríamente calculado. El objetivo es mantenernos polarizados, divididos y emocionalmente agotados. Tanto a los que critican como a los que aplauden, los estrategas detrás del telón los están utilizando como peones en un tablero de ajedrez.

Las Leyes del Poder: Cómo prevalecer como pueblo

Aquí es donde la obra Las 48 leyes del poder de Robert Greene deja de ser un libro sobre manipuladores y se convierte en nuestro manual de defensa ciudadana. Greene nos enseña una verdad inquebrantable: el poder del manipulador se alimenta de tu reacción emocional. Si te enojas, si te indignas y caes en la provocación, le estás entregando el control.

¿Qué nos enseña esta obra para combatir estas estrategias y prevalecer?

Exigir acciones, ignorar los pleitos (Ley 9): Greene dice que se debe ganar a través de las acciones, no de los argumentos. Como ciudadanos, debemos dejar de morder el anzuelo de los debates estériles. Si el gobierno o la oposición lanzan un ataque verbal, nuestra respuesta debe ser: “Muy bien el discurso, pero ¿dónde están los resultados en seguridad, en las listas de espera, en el empleo?”. Desarmemos el circo exigiendo gestión.

El poder de ignorar el escándalo (Ley 36): La mejor venganza contra quien busca distraerte es menospreciar su carnada. Si ignoramos el ruido mediático prefabricado y nos negamos a replicarlo en nuestros chats y redes sociales, la Caja China pierde todo su efecto.

Los costarricenses tenemos ventajas históricas inmensas: nuestra vocación civilista, nuestra historia de paz y nuestra capacidad innata para el diálogo. Si logramos apagar el ruido emocional de las redes, si dejamos de vernos como enemigos por pensar distinto y nos unimos para observar el juego con mente fría, ninguna estrategia de distracción podrá ocultarnos la verdad. El verdadero poder, al final del día, es negarse a ser manipulado.

¿Qué significa realmente una “Tercera República”?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Rodrigo Campos Hernández

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

En tiempos de cansancio institucional, inseguridad ciudadana y frustración democrática, las propuestas de transformación profunda encuentran terreno fértil. Costa Rica no escapa a esa realidad. El deterioro de servicios públicos, la lentitud administrativa, la crisis de confianza en la política y la percepción de agotamiento del aparato estatal han abierto paso a discursos que prometen eficiencia, orden, autoridad y refundación.

En ese contexto comienza a instalarse con fuerza una idea particularmente poderosa: la necesidad de una “Tercera República”.

La expresión posee enorme potencia simbólica. Sugiere ruptura histórica, renovación nacional y superación de un modelo aparentemente agotado. Sin embargo, precisamente por la magnitud de lo que implica, conviene detenerse antes de asumirla como una verdad evidente o un destino inevitable.

Porque una república no es únicamente un aparato administrativo susceptible de rediseñarse según criterios de eficiencia. También es un pacto histórico, social y constitucional construido alrededor de ciertos principios fundamentales.

La Segunda República costarricense no surgió solamente de una reorganización institucional posterior a 1948. Surgió también de una concepción específica de ciudadanía, de Estado y de democracia. De ella nacieron —con todas sus contradicciones y limitaciones— las garantías sociales, la expansión educativa, la consolidación de la seguridad social, el fortalecimiento institucional y una determinada idea de movilidad social y bienestar colectivo.

Eso no significa afirmar que dicho modelo permanezca intacto ni que esté exento de crisis profundas. Sería absurdo negarlo. Costa Rica enfrenta problemas reales de burocratización, desigualdad, mora institucional, inseguridad, deterioro educativo y desconfianza ciudadana. Muchas instituciones requieren revisión, modernización y reforma. La discusión no puede reducirse a una defensa nostálgica del pasado.

Pero justamente por eso resulta necesario formular algunas preguntas incómodas.

¿Existe realmente un consenso nacional sobre la necesidad de inaugurar una “Tercera República”? ¿Conocemos con claridad cuáles serían sus principios fundacionales? ¿Qué elementos del pacto social construido durante décadas se consideran agotados y cuáles deberían preservarse? ¿Qué papel ocuparían los derechos sociales, la seguridad social, la educación pública y los límites al poder dentro de ese nuevo proyecto republicano?

Porque toda refundación implica siempre una selección política e ideológica. Toda transformación profunda redefine ganadores, perdedores, prioridades y formas de ciudadanía.

Y aquí surge un aspecto particularmente delicado. Buena parte de los discursos contemporáneos de reforma estatal se presentan bajo conceptos aparentemente neutros: eficiencia, modernización, gobernanza, productividad, resultados o competitividad. Sin embargo, detrás de esos términos también pueden esconderse procesos de concentración de poder, debilitamiento de controles institucionales, reducción progresiva de capacidades públicas y sustitución de la ciudadanía social por una lógica puramente administrativa o mercantil.

La pregunta de fondo no es si Costa Rica necesita cambios. Probablemente sí los necesita. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿qué tipo de país se está construyendo a través de esos cambios?

En una época marcada por el avance global de liderazgos fuertes, el desgaste de las democracias liberales, la expansión de discursos anti institucionales y el crecimiento de nuevas derechas políticas y culturales, conviene actuar con cautela histórica. Las repúblicas no solo se deterioran por inmovilismo; también pueden erosionarse cuando la promesa de eficacia convierte los límites democráticos en obstáculos y la complejidad institucional en enemiga de la voluntad popular.

Quizá la discusión nacional no debería centrarse únicamente en si queremos o no una “Tercera República”. Tal vez la verdadera discusión consista en preguntarnos qué entendemos por democracia, qué queremos conservar de nuestra tradición republicana y cuáles principios no estamos dispuestos a sacrificar en nombre de la eficiencia o la velocidad política.

Porque reformar una república es relativamente sencillo. Lo difícil es evitar perder, en el proceso, aquello que la hacía digna de ser preservada.

Sin embargo, toda transformación republicana también termina expresándose en el terreno educativo. Toda república forma un determinado tipo de ciudadanía. Ningún modelo de Estado puede sostenerse sin una concepción implícita de ser humano, de libertad y de sociedad. Por eso las discusiones educativas nunca son técnicamente neutrales. Detrás de cada reforma curricular existe siempre una pregunta política más profunda: ¿qué tipo de sujeto necesita el país que se intenta construir?

En los últimos años empieza a consolidarse un discurso que concibe la educación principalmente como herramienta de productividad, capacitación tecnológica y adaptación al mercado laboral. El énfasis en habilidades técnicas, innovación y formación para el trabajo responde, sin duda, a desafíos reales de un mundo atravesado por transformaciones tecnológicas aceleradas. Negar esa necesidad sería irresponsable.

El problema aparece cuando esa visión desplaza progresivamente otras dimensiones fundamentales de la educación democrática. Una sociedad no educa solamente para producir. También educa para comprender críticamente el mundo, deliberar públicamente, convivir con la diferencia, interpretar la realidad histórica y ejercer ciudadanía más allá del consumo o la productividad.

Por eso resulta preocupante el creciente desprecio hacia las humanidades, la teoría educativa, la reflexión pedagógica y la formación crítica, frecuentemente caricaturizadas como “mamotretos teóricos” alejados de la realidad. Reducir la educación a entrenamiento técnico implica empobrecer el horizonte mismo de la democracia.

Las democracias constitucionales no sobreviven únicamente con trabajadores eficientes. Necesitan ciudadanos capaces de pensar, cuestionar, interpretar información, reconocer discursos de poder y participar críticamente en la vida pública.

La pregunta entonces vuelve a aparecer con fuerza: ¿la eventual “Tercera República” busca modernizar el país preservando una ciudadanía democrática integral o está impulsando, consciente o inconscientemente, una transición hacia un modelo de sociedad donde la eficiencia productiva termine desplazando progresivamente la formación humanística y el pensamiento crítico?

Porque toda transformación institucional profunda termina reflejándose también en las aulas. Y quizá sea allí —más que en los discursos políticos— donde realmente se define el tipo de país que una generación heredará a la siguiente.

El nuevo Canciller y la prueba de la libertad religiosa

Escrito en . Publicado en Análisis.

Glenm Gómez Álvarez. Pbro.

El nombramiento de don Manuel Tovar Rivera como ministro de Relaciones Exteriores y Culto arrastra consigo un antecedente reciente que, por su naturaleza, vuelve inevitable la pregunta sobre el estilo con el que se ejercerá una de las funciones más delicadas del Estado: la relación con las confesiones religiosas y, particularmente, con la Iglesia Católica.

Conviene recordar con precisión el episodio del 1° de mayo, Día Internacional del Trabajador y fiesta litúrgica de San José Obrero, cuando el Señor Tovar, como ministro de Comercio Exterior, reaccionó con dureza frente a la homilía pronunciada por el arzobispo de San José, monseñor José Rafael Quirós. Aquella intervención no fue un discurso improvisado ni una toma de posición aislada del arzobispo: fue, de hecho, la aplicación pastoral de la Carta Pastoral “La Paz esté con ustedes” emitida recientemente por el Episcopado costarricense.

Ese documento —la carta pastoral de los obispos— no es un panfleto coyuntural ni una opinión individual. Es un texto colegiado que recoge la doctrina social de la Iglesia aplicada a la realidad concreta del país: el valor del trabajo, la centralidad de la persona humana frente a la lógica puramente mercantil, y las tensiones éticas que surgen cuando las decisiones de apertura económica impactan directamente en la vida de los trabajadores.

Es en ese contexto que el arzobispo retoma el texto y lo predica en clave litúrgica y pastoral, precisamente en el día en que la Iglesia contempla a San José como trabajador. No hay aquí una arenga política, sino continuidad doctrinal.

La reacción del ministro Tovar, sin embargo, fue leída por amplios sectores como una respuesta que desbordó el plano de la discusión técnica. No se trató solo de un desacuerdo con un análisis eclesial sobre el modelo económico, sino de una forma de interpelación que puso en cuestión —explícita o implícitamente— la legitimidad de la Iglesia para pronunciarse sobre asuntos sociales en el espacio público.

Ese antecedente importa hoy por una razón: el mismo actor político pasa ahora a ocupar la Cancillería de la República, institución que no solo representa al Estado ante el mundo, sino que en su estructura incluye el área de Culto, es decir, el canal institucional mediante el cual el Estado garantiza la libertad religiosa y regula su relación con las confesiones.

Y aquí está el punto neurálgico: el “Culto” no es un título simbólico ni una herencia histórica sin consecuencias. Implica responsabilidades concretas: Garantizar la libertad de expresión religiosa, incluso cuando esta es crítica del poder político, asegurar la autonomía de la Iglesia católica y de las demás confesiones frente a injerencias estatales; y preservar un principio básico de toda democracia madura: que la voz religiosa no está subordinada al criterio del gobernante de turno.

El problema no es la existencia de desacuerdos entre Iglesia y Estado —eso es estructural en sociedades plurales—. El problema aparece cuando la frontera entre desacuerdo y deslegitimación se vuelve difusa; cuando la crítica moral o pastoral es recibida no como parte del debate público, sino como una intromisión indebida.

El antecedente del 1° de mayo puede bien ser una señal de estilo político frente a la Iglesia Católica: si se la escucha como interlocutora legítima o si se la percibe como actor que debe ser neutralizado cuando incomoda.

Y ese estilo importa, porque ahora el interlocutor institucional no será ocasional, sino permanente. La Iglesia católica —por historia, peso social y presencia nacional— es uno de los actores con los que el Canciller deberá dialogar de forma constante. No en un plano de subordinación, sino de reconocimiento mutuo de competencias: el Estado no define la doctrina, y la Iglesia no legisla, pero ambos inciden en el debate público sobre el bien común.

De ahí que la pregunta de fondo no sea personal, sino institucional: ¿cómo se ejerce una cartera que exige garantizar la libertad religiosa cuando existen antecedentes recientes de tensión con esa misma voz religiosa?

Y aquí se abre otro frente: si la preocupación se centra en la legitimidad de la Iglesia católica para intervenir, desde su doctrina social, en el debate público, habría que preguntarse cuál es el criterio que se aplicará frente a otras expresiones religiosas que, sin el mismo nivel de escrutinio del Estado, también influyen en la opinión colectiva y ejercen una capacidad real de incidencia política. En una sociedad plural, el problema no es quién puede hablar, sino si se aplica la misma vara para valorar la palabra moral cuando proviene de actores distintos.

En una democracia, el estándar no es la ausencia de conflicto, sino la calidad con la que se lo administra. Y en materia de Culto, esa calidad se mide con un criterio muy concreto: si la libertad religiosa se protege incluso cuando resulta incómoda, o si se tolera solo mientras no incomode.

Ese será, en última instancia, el verdadero termómetro del nuevo periodo.

Conversatorio analizará el papel de la justicia y los controles institucionales en la democracia

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

El próximo miércoles 6 de mayo a las 7:00 p.m. se realizará el conversatorio “Contra la justicia: ¿ni jueces, ni contraloras, ni tribunales?”, un espacio de reflexión crítica sobre el rol de las instituciones encargadas de la justicia y el control en el contexto actual. La actividad contará con la participación de Agustín Gutiérrez, José Manuel Arroyo e Ilka Treminio, y se enmarca en iniciativas de mediación cultural que buscan promover el análisis público de temas clave para la democracia.

El evento es organizado en conjunto con el Centro Cultural de España y cuenta con la participación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Embajada de España en Costa Rica, la Editorial de la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Filosofía de la UCR. Además, se retransmitirá en vivo a través del Facebook del Centro Cultural de España, ampliando el acceso al diálogo más allá del espacio presencial.

Este conversatorio propone abrir preguntas fundamentales sobre la independencia judicial, el papel de las contralorías y la vigencia de los mecanismos institucionales en la garantía del Estado de derecho.

Voces diversas marcharon con sus mensajes este 1º de Mayo

Escrito en . Publicado en Lucha Cultural, Portada.

Este viernes 1º de Mayo cerca de 7 mil personas llenaron de vida, música, baile, arte y resistencia la Avenida Segunda de San José para conmemorar el Día Internacional de la Persona Trabajadora. Mujeres, juventudes, personas trabajadoras, estudiantes, sindicatos, universidades públicas, organizaciones sociales, ambientales, defensoras de derechos humanos, colectivos en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social, AyA, ICE, Banco de Costa Rica, etc. y partidos políticos caminaron juntas para decir con fuerza que en Costa Rica no aceptamos retrocesos en derechos, democracia ni soberanía.

El Primero de Mayo nace de las luchas históricas de las personas trabajadoras que dieron su vida por jornadas dignas, salarios justos y condiciones humanas. Gracias a esas luchas, hoy muchos derechos laborales son también derechos humanos fundamentales. Esta fecha también reconoce el trabajo de las mujeres, muchas veces invisibilizado, y la resistencia colectiva de quienes históricamente han sostenido la vida y las comunidades.

Esta colección de fotografías registra la memoria viva de una jornada amorosa, diversa y profundamente democrática. Un pueblo que marchó con alegría y esperanza para defender las instituciones públicas con sentido social que han hecho hermosa a Costa Rica, y para recordar que la dignidad, la justicia y los derechos se conquistan y se defienden en colectivo.

Este es un fotoregistro de Nayla Carvajal Sancho de Hablemos de Derechos Humanos para SURCOS Digital.

Comunismo y democracia (1)

Escrito en . Publicado en Análisis.

Manuel Delgado

Justo días antes de asumir su curul parlamentaria, el diputado y líder del Frente Amplio José María Villalta ha querido dejar bien claro que él no es comunista. Le hace bien a él, a su partido y al país tanta franqueza.

Yo siempre he sostenido que un partido de centro-izquierda (para usar esa terminología tan ambigua pero tan de moda) es un buen actor en esta sociedad. Es más, he dicho que un partido de centro-izquierda fuerte es una muy buena noticia.

El Frente Amplio nació de la unión de un grupo de figuras provenientes que antes habían militado (incluso sido dirigentes) del Partido Vanguardia Popular, el partido comunista, y del posterior partido de Manuel Mora, Partido del Pueblo. Durante años tuvo como líder, recuérdese, a un dirigente de la vieja guardia comunista, el querido y recordado José Merino del Río. Muerto este, las nuevas generaciones fueron describiendo un lento pero seguro desplazamiento hacia el centro hasta convertirse en lo que es hoy, un partido de centro-izquierda.

Vale resaltar que por todas partes este partido mantiene en sus filas a muchos viejos comunistas y, sobre todo, a un pujante contingente de jóvenes que se dicen marxistas, incluso comunistas. En los primeros que pienso es en ellos, y siento esas declaraciones como un gran irrespeto a los que ellos, que de manera tan honesta valiente defienden muy parecidas a los de miles y miles de comunistas en el mundo, esas ideas que son también las mías. ¿Se siguen sintiendo estos representados por alguien que se desmarca de esa manera? No lo sé y creo, además, que ese es un asunto interno de su partido.

Lo importante por ahora es que esa negación del comunismo no tiene nada de repudiable. Más bien es muy útil y aleccionador, sobre todo para ese contingente de izquierda que, repito, mantienen dentro de sus filas.

El problema consiste en que esa autodeterminación se haga, como se hace, desde recurriendo a las manidas prácticas de un viejo anticomunismo que tiene muy poco de saludable. Él no es comunista, dice, sino democrático y humanista.

Lo de humanista se cae por su peso y deberíamos dejarlo pasar. Baste preguntarle: ¿Acaso no eran humanistas Manuel Mora, Carmen Lyra, Carlos Luis Fallas, Jorge Debravo y tantos otros? ¿No fue humanista el fundador de su partido, el siempre recordado José Merino del Río? Esa referencia el diputado solo tiene un objetivo: señalar al comunismo y los comunistas como contrarios al humanismo, al menos, no humanistas. Pero basta, quiero centrarme en lo de demócrata.

El nervio de esa declaración de anticomunismo se basa en la contraposición Comunismo vs Democracia. En esta materia el diputado recurre al lenguaje común, casi que podríamos calificarlo de vulgar, pues esa es el más vulgar de los argumentos del anticomunismo. Según la ideología oficial, la que nos repiten todos los partidos, medios de comunicación, escuelas, etc., es esa: o se es comunista o se es demócrata, nunca las dos a la vez.

Agrega Villalta que ellos siempre se han opuesto a los gobiernos “no democráticos” de izquierda y de derecha. Y eso está claro: él y otros dirigentes (no todos) han apoyado mociones de la Asamblea Legislativa condenando a Cuba, Venezuela y otros, porque ellos, que osan en erigirse en jueces no solo sobre asuntos del país sino del mundo entero, no los consideran democráticos. Pocos días antes de las pasadas elecciones, el candidato presidencial de su partido Ariel Robles decía que si él fuera venezolano sería de oposición y estaría o en la cárcel o en exilio. No tuvo la honestidad, por cierto, de aclarar que hay una oposición constitucional en ese país, la cual participa en elecciones y tiene representantes en los órganos del Estado. Pero sería pedirle demasiado al Frente Amplio.

Pero, seguimos. Si fueran venezolanos estarían en la oposición y en exilio, ¿dónde y con quién? ¿En Miami con Guaidó? No sabemos. ¿Con María Corina Machado, la misma que ha pedido la invasión extranjera a su país, la que apoya abiertamente el genocidio sionista en Palestina, la que puso el malhadado premio Nobel en manos de Trump, la que acaba de andar revolcándose en España con el derechista Partido Popular y, aún peor, con los fascistas del Partido Vox? ¿A esa oposición pertenecerían? Sería bueno que lo aclararan. Volveremos sobre las revoluciones latinoamericanas. Lo que aquí queda claro es que la “democracia” que se propone no puede ser abstracta, tiene que inscribirse en un contexto histórico.

Vamos ahora a lo de comunista. Por comunismo se entienden dos cosas. Una se refiere a un movimiento político o a una ideología y programa políticos. El otro se refiere a una forma de sociedad y, más exactamente, a su estructura u organización económica y social. Desde este último de vista, comunismo es lo antitético no de la democracia sino del capitalismo, es su fase posterior en la historia.

Democracia por el contrario tiene una significación más unitaria. Se refiere al ámbito político, es un fenómeno que ocurre en el ámbito político y se identifica con una forma de gobierno. Contraponer una categoría económica otra política es ya una trasgresión lógica, es hacer confusión para crear más confusión y eso no es, o al menos no debería ser, la forma de actuar de un político serio.

De allí se desprende que la oposición no es comunismo o democracia, sino comunismo o capitalismo. Oponer comunismo con democracia es una forma sutil de enmascarar una opción del capitalismo frente al socialismo.

Dice el diputado que su partido promueve la justicia social dentro del marco de la democracia y que él, en definitiva, es socialista. Y aquí, una vez más, hay que aclarar los términos. ¿Qué entiende él por socialismo? Yo por socialismo entiendo lo que se vive en Cuba o en China, o lo que se vivió en la Unión Soviética. Socialismo es una forma de organización económica y social que antecede al comunismo, que prepara las condiciones para el comunismo. Se le denomina a menudo como “primera etapa del comunismo”. Es una etapa en que los medios de producción ya no están, al menos en su mayoría, en manos privadas, sino que se hallan colectivizadas o estatizadas, pero donde todavía perviven diferencias sociales derivadas de la forma como se distribuye el producto. Para decirlo con una frase clásica, en el socialismo cada uno recibe de acuerdo con su trabajo, mientras en el comunismo cada uno recibirá de acuerdo con sus necesidades. No podemos detenernos en este asunto tan interesante y sugerente, pero sí determinar que entre socialismo y comunismo existe solo una diferencia de madurez, de riqueza social, de capacidad productiva de la sociedad.

Pero, volviendo a nuestra cuestión, ojalá fuera a eso a lo que se refiere el diputado cuando se llama a sí mismo socialista. Pero desdichadamente no lo es.

Socialismo es, por otra parte, un movimiento político nacido como degeneración del movimiento comunista. Por razones históricas, ese fue el nombre original del movimiento político comunista. También por razones históricas muy particulares, en Costa Rica el partido comunista se vio obligada a adoptar y mantener el nombre de Partido Vanguardia Popular. Asimismo, los partidos comunistas europeos asumieron, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, el nombre de socialistas o Socialdemócratas. Cuando el partido de Lenin tomó el poder en su país en 1917, se llamaba así, Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. No fue sino hasta 1918, después de tomar el poder en su inmenso país, que cambió ese nombre y pasó a llamarse Partido Comunista de Rusia.

La razón: que una parte del movimiento comunista mundial había abandonado sus posturas revolucionarias y había lanzado a un ataque sistemático contra la revolución rusa. De esa división nace movimiento socialdemócrata europeo actual y sus partidos, conocidos como movimiento socialista y partidos socialistas.

El argumento principal de esos “socialistas” era que la naciente revolución había renunciado a la democracia y que ellos preferían llevar a cabo la liberación de la clase obrera europea no por la vía bolchevique sino por un “camino democrático”. Entendían por tal camino uno que aprovechara métodos políticos de la burguesía de sus países, principalmente las elecciones parlamentarias, y que al mismo tiempo avanzara en los cambios por la vía de las reformas parciales. Por cierto, llevan más de cien años en eso de hacer reformas, más de cien años en lo que han ejercido el gobierno en gran cantidad de países europeos, y la clase obrera sigue sufriendo la misma explotación que sufrían al comienzo del siglo XX. La socialdemocracia abandonó el principio de oposición al capitalismo, el camino de la superación del capitalismo y, por contrario, se convirtió en un movimiento que se nutría de los embellecimientos del régimen capitalista. A ese movimiento internacional se afilió y sigue perteneciendo aún el Partido Liberación Nacional.

La “democracia”, pues, era la piedra de toque de la discusión y de la división. ¿Son esos los prototipos del señor Villalta? ¿El Partido Socialdemócrata Alemán? ¿O al gobernante Partido Socialista Obrero Español? ¿En ese “socialismo” se inscribe?

Volveremos sobre este punto.

Cuatro fracciones legislativas suscriben acuerdo para una agenda común en defensa del Estado Social de Derecho

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Comunicado

Soluciones legislativas conjuntas en favor de Costa Rica

Las fracciones legislativas del Partido Liberación Nacional, del Partido Frente Amplio, de la Coalición Agenda Ciudadana y del Partido Unidad Social Cristiana, comprometidas con la defensa del Estado Social de Derecho, la estabilidad democrática y el bienestar de la ciudadanía costarricense, suscriben el presente Acuerdo Político con el propósito de construir una agenda parlamentaria responsable desde la Asamblea Legislativa.

Este acuerdo surge en un contexto nacional que exige altura política, diálogo y capacidad de convergencia. Las fuerzas políticas que firman reconocen la diversidad de sus visiones ideológicas, pero también la urgencia de establecer coincidencias mínimas que permitan garantizar la institucionalidad democrática, el respeto a la Constitución Política y la atención de los principales desafíos del país.

El acuerdo político se enmarca en el resultado electoral reciente, en el cual la voluntad popular se expresó de manera clara pero dividida. Aproximadamente la mitad de las personas que ejercieron su voto respaldaron propuestas políticas alternativas, distribuidas entre las diversas fuerzas que hoy convergen en este esfuerzo común.

Este mandato ciudadano exige responsabilidad, dialogo y capacidad de articulación. Este acuerdo precisamente responde a ese mandato: el de transformar una alternativa política diversa en una fuerza capaz de coordinar, proponer y garantizar gobernabilidad democrática. Con respeto de las diversas identidades ideológicas y partidarias hemos asumido la responsabilidad de trabajar de manera conjunta en favor de Costa Rica, sin demeritar la independencia de cada fracción para impulsar sus propios acuerdos y propuestas. Esta autonomía convive con un compromiso firme entre las partes de respetar lo suscrito, de modo que las diferencias que puedan surgir en iniciativas específicas dada la ideología de cada partido, no significarán la ruptura ni el incumplimiento de esta agenda.

Principios y compromisos fundamentales

Las fracciones firmantes reafirman su compromiso con la defensa irrestricta de la Constitución Política, la separación e independencia de los poderes de la República y la vigencia plena de los derechos fundamentales.

Agenda común para la gobernabilidad en siete ejes estratégicos

Las fracciones acuerdan impulsar una agenda legislativa estructurada en 5 ejes prioritarios:

a. Democracia

▪ Apoyaremos proyectos que fortalezcan y profundicen las garantías individuales fundamentales.
▪ Defendemos la alternancia en el poder.
▪ Respetamos y defendemos la independencia de Poderes. Reformas al Poder Judicial deben garantizar la plena independencia de la judicatura.
▪ Creemos que es urgente aprobar los nombramientos correspondientes en las Salas de la Corte, especialmente en la Sala Constitucional, para garantizar su funcionamiento ininterrumpido y la tutela permanente de los derechos de los costarricenses.
▪ Creemos en la libertad de prensa, el derecho a la información, el derecho a la libre reunión, a la manifestación pacífica y a la participación ciudadana como columnas de la democracia.
▪ Apoyaremos e impulsaremos proyectos que fortalezcan la agenda de derechos humanos, muy especialmente los derechos de las mujeres, así como la lucha contra la violencia de género.

b. Seguridad y justicia

▪ Combate frontal contra el crimen organizado.
▪ Capitales emergentes: inmovilizar capitales de crimen organizado. Extinción de dominio.
▪ Organizaciones criminales: establecer mecanismos para sancionar organizaciones criminales y agilizar el levantamiento del secreto bancario.
▪ Mayor presupuesto para OIJ, Seguridad, Ministerio Público y Fuerza Pública.
▪ Aumento de penas por portación ilegal de armas.
▪ Ley de ejecución de la pena y modernización del sistema penitenciario.
▪ Procesos penales más ágiles y sin impunidad.
▪ Reforma de la DIS hacia inteligencia estratégica civil con controles democráticos.
▪ Cooperación internacional en el marco constitucional.
▪ Prevención mediante cultura, deporte y fortalecimiento comunitario.
▪ Reformas para una justicia pronta y transparente.

c. Desarrollo social

Educación, cultura y deporte

▪ Mejoramiento de la calidad educativa.
▪ Plan de inversión hacia el 8% del PIB.
▪ Recuperación de aprendizajes, reducción de brechas y fortalecimiento docente.
▪ Garantía del FEES con crecimiento real.
▪ Fortalecimiento del acceso equitativo a la educación.

Salud

▪ Defensa y fortalecimiento de la CCSS.
▪ Pago de la deuda del Estado con la CCSS.
▪ Reducción de listas de espera.
▪ Atención a escasez de especialistas.
▪ Fortalecimiento del modelo tripartito.
▪ Medicamentos a precios accesibles.
▪ Atención integral de la salud mental.

Inversión social

▪ Revisión de la regla fiscal para proteger inversión social.
▪ Incremento de FODESAF.

Alivio económico

▪ Inclusión financiera y revisión de la ley de usura.

Medio ambiente

▪ Fortalecimiento del SINAC.
▪ Protección ambiental y defensa del territorio.
▪ Prohibición de minería a cielo abierto.
▪ Protección de defensores ambientales.
▪ Derecho humano al agua y fortalecimiento de ASADAS.
▪ Gestión sostenible de residuos.

d. Derechos humanos

▪ Combate a la violencia contra mujeres.
▪ Sistema Nacional de Cuidados.
▪ Protección de poblaciones vulnerables.
▪ Derechos de comunidad LGBTIQ+.
▪ Reconocimiento de pueblos originarios y afrodescendientes.
▪ Derechos de personas migrantes.
▪ Protección laboral y reducción de brechas.

e. Desarrollo económico y competitividad

▪ Apoyo al sector productivo.
▪ Reforma al BCCR para priorizar empleo.
▪ Modelo energético sostenible.
▪ Prohibición de exploración petrolera.
▪ Impulso a infraestructura estratégica.
▪ Movilidad multimodal y electrificación.
▪ Fortalecimiento del sector agropecuario.

f. Transparencia, probidad y anticorrupción

▪ Sanción a faltas al deber de probidad.
▪ Regulación del lobby.
▪ Lucha contra corrupción y evasión fiscal.
▪ Transparencia y acceso a información pública.

g. Funcionamiento de la Asamblea Legislativa

▪ Ejercicio responsable del control político.
▪ Uso adecuado de recursos.
▪ Nombramientos por idoneidad.
▪ Mejora de procesos legislativos.

III. Límites para la acción política

Las fracciones acuerdan no respaldar reformas que debiliten derechos fundamentales, garantías sociales o la independencia de poderes. Se rechaza cualquier intento de concentración de poder en el Ejecutivo o debilitamiento de órganos de control.

III. Conformación del Directorio Legislativo

Se acuerda proponer la siguiente integración:

  • Presidencia: Diana Murillo Murillo, Liberación Nacional
  • Vicepresidencia: Abril Gordienko López, Unidad Social Cristiana
  • Primera Secretaría: María Eugenia Román Mora, Frente Amplio
  • Segunda Secretaría: Claudia Dobles Camargo, Coalición Agenda Ciudadana
  • Primera Prosecretaría: Víctor Manuel Hidalgo Solís, Liberación Nacional
  • Segunda Prosecretaría: Joselyne Sánchez Núñez, Frente Amplio

San José, 01 de mayo de 2026.

Cuatro años de odio y de revancha

Escrito en . Publicado en Análisis.

German Masís

La Administración Chaves está a punto de concluir y, para quien ha seguido de cerca su gobierno, resulta evidente que han sido cuatro años de odio y de revancha contra algunos sectores, grupos, personas y territorios, mientras ha gobernado para unos pocos sectores, quienes lo llevaron al poder y los que han sido sus aliados.

Pero tratemos de escudriñar las razones de su odio y su revancha hacia Liberación Nacional, hacia las universidades públicas, el CONARE, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría, la Caja del Seguro Social, el ICE, el INS, los bancos estatales y los ministerios de Educación, Salud y Obras Públicas; los empleados públicos, los sindicatos, los pensionados, los agricultores, los ambientalistas, las feministas y otras minorías; los medios de comunicación La Nación, CR Hoy y Canal 7, y a nivel territorial, la provincia de Cartago y la Gran Área Metropolitana.

En algunos casos parece claro el origen de su rechazo o resentimiento, como con el partido Liberación Nacional, que gobernó muchos años y en cuyos gobiernos su padre trabajó como empleado, teniendo que servir a personajes como los Arias Sánchez, los Figueres y otros; hacia las universidades y, en especial, con la Universidad de Costa Rica, por su paso efímero por ella y su frustración de no haber podido graduarse ahí, y el haber tenido que salir a estudiar afuera, parece haberlo marcado.

Por su parte, la Asamblea Legislativa, la Contraloría y algunas instituciones como la Caja, el ICE, el INS, Recope, la banca estatal y el mismo Poder Judicial, que fueron creadas y han sido controladas —a su entender— por el PLN, deben ser “arrebatadas” a la antigua clase política y transformadas.

En este ámbito se ubica la posición confrontativa contra Cartago, baluarte político de Liberación Nacional y de la revolución del 48, y la única provincia en la que perdió las elecciones anteriores y las recientes.

En lo que se refiere al Gobierno central, existen algunos ministerios claves que se afirma han sido manejados por los gobiernos liberacionistas, como el MEP, el MAG, el MINAE y el MOPT, y que también deben ser “rescatados”. Mientras que a los medios de comunicación que lo criticaron en su campaña, como La Nación, Canal 7 y CR Hoy, los convirtió en sus enemigos acérrimos.

En tanto, los empleados públicos y los sindicatos defensores de las personas trabajadoras son, por razones ideológicas, quienes representan la oposición al capital, a los empresarios y a la clase patronal, con la que él se identifica y a la que defiende.

En el caso de los agricultores, la divergencia ha sido con los sectores de pequeña producción y sus organizaciones, ligadas a la producción de granos y hortalizas y concentradas en Guanacaste, la zona norte de Cartago, San Ramón y Zarcero, lugares también asociados a la influencia liberacionista en el pasado.

Otro sector fuertemente asediado ha sido el ambiental y sus organizaciones, asociadas en mucho a los sectores de izquierda y progresistas del FA y el PAC.

Con respecto a los pensionados del magisterio y del sector público, su rechazo parece haber sido promovido por sus cercanos colaboradores, como la diputada Cisneros, que convirtió, desde su pasado periodístico, las pensiones de lujo en una obsesión y en el estigma permanente.

Llama poderosamente la atención la posición con respecto a los bancos estatales, creados también por el PLN y que deben ser “rescatados” por la nueva clase política mediante el control de sus juntas directivas y sus decisiones financieras. Asimismo, el movimiento cooperativo, impulsado por el PLN, ha sido tomado por el gobierno como un sector estratégico.

Un tema particular ha sido el de la Defensoría de los Habitantes y el Estado de la Nación, enemigos encontrados en el camino según el presidente.

Porque esa ha sido la constante de este gobierno: la confrontación con sus enemigos. Han sido cuatro años de un ambiente de odio, revancha y resentimiento que ha afectado nuestra paz social, pero así será recordado este gobierno.

Imagen: https://www.milenio.com/opinion/enrique-toussaint/columna-enrique-toussaint/la-revancha-del-odio

Comiendo del mismo plato

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Erika Henchoz Castro

Primer día de mayo: jornada de felices coincidencias —o sospechosamente felices—, tanto políticas como verbales.

Nada más cercano a Un mundo feliz que ese coro de alusiones expresadas libremente o escritas, proclamadas, casi coreografiadas por el nuevo equipo de congresistas en el recinto parlamentario.

Unos sí, otros también: todos coinciden. Coinciden en la pobreza, en el hambre, en la naturaleza herida, en la delincuencia y en la urgencia de velar y atender la educación con mayúscula y bien tildada. Coinciden, sobre todo, en una agenda que dicen será por y para la Patria.

¡Ese será el norte a seguir! Dicen.

Algunos con buen verbo, otros con buen galillo, y unos pocos —los menos porque siempre sucede— con argumentos sólidos. Todos lanzan sus dardos al tablero de la democracia. Hay quien apunta mejor. Hay quien tiembla menos.

Algunos tendrán mejor pulso, mejor visión de las cosas o mayor pasión y conocimiento de la nuestra historia.

Pero, aun así, ¡cómo se parecen!

Mismo traje. Mismo color. Mismo gesto ensayado en sus teléfonos inteligentes.

Tal vez sea el único día del cuatrienio en que visten idénticos: blanco, azul y rojo, como si la patria pudiera coserse en la tela.

Mucho protocolo.

Y en esas cincuenta y siete curules —incómodas, dicen, pero codiciadas— todos caben en la misma forma, en la misma pose, en la misma promesa.

Yo pienso —y por eso escribo— que algunos miran con más limpieza que otros. Que hay rostros nuevos y otros demasiado conocidos. Que no todos cargan el mismo peso de ideas.

Pero queda la pregunta, terca:

¿a cuántos les incomoda, de verdad, la voz de un campesino?
¿a cuántos les duele el silencio largo de un pueblo indígena que lleva décadas esperando ser visto?

La respuesta no está hoy.

Llegará cuando las fracciones hablen. O callen. Cuando voten. Cuando se levanten. Cuando coincidan… o dejen de coincidir.

Porque al final, todo —todo— se decide en el plenario.

Y ahí, ya no basta con parecer iguales.