Ir al contenido principal

Etiqueta: democracia

La Abolición del Ejército de Costa Rica nos sirve de exaltación política, para mostrar el desarrollo de una Democracia sólida y civilista

(Intervención de Vladimir de la Cruz, en el acto oficial del Banco Central de Costa Rica, conmemorativo del 75 aniversario de la Abolición del Ejército, y de la presentación de la moneda coleccionable de ¢500, que destaca este hecho histórico, realizado el auditorio del edificio de los Órganos de Desconcentración Máxima, del BCCR, el jueves 30 de noviembre del 2023)

Ciudadanos presentes

En nuestra Historia Nacional tuvimos cuerpos militares desde la época colonial, que actuaron en el Virreinato de Nueva España, en la Capitanía General de Guatemala, administración territorial a la que pertenecimos, y en la propia Provincia de Costa Rica.

Al declarar la Independencia Nacional no tuvimos que desarrollar un contingente militar, un ejército revolucionario libertador, porque no hubo necesidad de derrotar un ejército militar colonial, como sucedió en otras partes del continente, y en el propio Virreinato de Nueva España, donde hubo enfrentamientos militares de este tipo, por mantener la dominación colonial y por liberarse de ella.

La lucha por la Independencia concentró, en los centros virreinales, las tropas y milicias coloniales. España había reforzado sus contingentes militares desde 1762, por la necesidad de mejorar las defensas de sus territorios de los piratas, corsarios y bucaneros, de los reinos europeos, que se volcaban sobre el continente, y, para enfrentar las contradicciones que se producían entre criollos y peninsulares, entre productores y autoridades coloniales y las insurrecciones indígenas.

Milicias coloniales las tuvimos en Matina, San José, Cartago, Heredia y Alajuela.

En la noche del 28 al 29 de octubre de 1821, cuando se encontraban en Cartago los delegados que discutirían y aprobarían la Declaración de Independencia de Costa Rica, en Cartago, la capital colonial de entonces, el firmante del Acta de Independencia, José Santos Lombardo, desarmó a la Autoridad colonial, al coronel, gobernador Juan Manuel de Cañas. Con aquel acto impidió que el gobernador, pudiera actuar contra la decisión que se tomaría ese glorioso 29 de octubre, a la vez que tomaba las armas para defender, si así hubiera sido necesario la Independencia que se declaró ese día.

Constituido el primer gobierno provisorio y durante el período de las Juntas de gobierno, de 1821 a 1823, se atendieron aspectos relacionados con la materia militar.

Durante el Estado de Costa Rica, 1824-1848, se desarrollaron cuerpos milicianos y militares, se reglamentó su organización militar, y se estableció, en el gobierno de Juan Mora Fernández, nuestro primer Jefe de Estado, una limitación a los militares cuando se les eliminó el Fuero Militar para los que cometieran delitos comunes, y se les subordinó a los alcaldes, imponiéndoseles una autoridad superior civil.

La incorporación a la República Federal de Centroamérica nos impuso participar de los gastos del Ejército Federal y de aportar soldados, una carga pesada para las finanzas nacionales, y una situación que demostró, cuando se produjo la usurpación colombiana de los territorios de Bocas del Toro, que perdimos, la innecesaria presencia en la República Federal, de la que nos retiramos en 1838.

En 1834 se prohibió que los militares pudieran participar en puestos de elección públicos en el Poder Estatal central y en el Poder Municipal.

Con Braulio Carrillo el Ejército se reorganiza, al tiempo que abole las Ordenanzas militares que todavía estaban vigentes de la época de Carlos III. Con Carrillo se crearon las rondas policiales, las Juntas de Orden Público, batallones integrados por compañías, se estimuló a los militares con mejoras salariales y nuevas armas, desarrollando un nuevo concepto de Ejército.

Con la llegada de Francisco Morazán, 1842, las estructuras militares se fortalecieron. Hacia 1846 se desarrollaron las guarniciones militares de San José, Cartago, Alajuela, Heredia, y batallones en las ciudades.

A partir de la Constitución de 1844 apareció el concepto de Ministerio de Guerra y de Guerra y Marina, combinado con el ejercicio de otras carteras.

En época del Gran Presidente Juan Rafael Mora Porras se fortalece, nuevamente, el control civil sobre lo militar. A las Fuerzas Armadas se les somete a obediencia y a no deliberar. El Ejército pasó a legitimar el Estado, a brindarle lealtad al Poder Central. El Poder Ejecutivo tenía la facultad de otorgar los ascensos militares. El ejército no desarrolló caudillos militares.

Los nuevos cuarteles, el de la Artillería en San José, los contingentes militares en Alajuela y Heredia sirvieron para reorganizar el Ejército, para lo que se había traído al militar polaco Fernando von Salisch, para servir de instructor de alta preparación de las fuerzas militares para lo cual se creó una Academia Militar.

La preparación nacional para un eventual conflicto con Nicaragua, que disputaba los territorios del Partido de Nicoya, y para enfrentar a los filibusteros que se habían establecido en Nicaragua, amenazando la libertad, la independencia y la soberanía de los pueblos centroamericanos, llevó a Juan Rafael Mora a liderar la guerra contra esa presencia extranjera, durante la Guerra Nacional Centroamericana de 1856 y 1857.

De esta guerra salió fortalecido el Ejército, que por su masividad popular le imprimió un carácter nacional y libertador, con un alto grado moral. De ella surgieron, en la conciencia popular y nacional, héroes de batallas, héroes nacionales, mártires, y sus gestas y batallas se inmortalizaron.

Las contradicciones políticas al terminar la guerra contra los filibusteros se agudizaron provocando el golpe de Estado contra Juan Rafael Mora en 1859, obligándolo a salir hacia El Salvador. De allí regresó en 1860 intentando recuperar el poder. En Puntarenas, derrotado, se entregó sacrificando su vida para salvar la de sus acompañantes. Fue fusilado el 30 de setiembre, y el 2 de octubre, igualmente, lo fue el General José María Cañas, cometiéndose un crimen, un asesinato de Estado, que no ha sido reparado con el Funeral de Estado que se les debe a estos héroes nacionales.

La década de 1859-1868 fue oscura, y de fortalecimiento del Ejército, con un papel importante tras el poder político, de los militares Lorenzo Salazar y Máximo Blanco.

El 10 de diciembre de 1868, el Dr. Eusebio Figueroa, Ministro de Guerra, destituyó a esos militares, reorganizó las comandancias y restableció el poder civil sobre lo militar.

Con la llegada del General Tomás Guardia y su Código Militar de 1871 se fortaleció esta dependencia de lo político sobre lo militar, aspecto que se llevó a la Constitución Política de 1871, que llegó hasta 1948.

En 1878, ante una eventual guerra con Guatemala fortalecimos el Ejército, adquiriendo barcos de guerra y creando el Almirantazgo de Marina.

Las décadas liberales desde 1870 hasta 1890 fortalecieron lo civil sobre lo militar y el aparato educativo. En 1869 el presidente Jesús Jiménez Zamora estableció la educación primaria gratuita, obligatoria y costeada por el Estado. Con las reformas educativas, de Mauro Fernández, en la década de 1880 se fortaleció la educación pública secundaria, se reguló el régimen de pensiones de los militares sometido al Ministerio de Hacienda, y en 1889 se contrató al general Aristides Romain, de origen belga, especialista en artillería, para la asesoría militar, iniciándose la preparación de oficiales nacionales en el extranjero.

Ante un levantamiento militar, en 1902, se dispuso, en el gobierno de Ascensión Esquivel, eliminar del Escudo Nacional los dos cañones, como símbolo militar, que tenía en su base.

Durante la administración de Alfredo González Flores, se impulsó por parte de los Estados Unidos, en América Latina una modernización de los viejos ejércitos del siglo XIX, impulsando la creación de las llamadas guardias nacionales y guardias civiles en sustitución de estos ejércitos. Alfredo González se opuso a la creación de una guardia civil, alternativa a la institucionalidad militar existente.

Con el golpe de estado de Federico Tinoco, 1917, el Ejército se fortaleció. A su caída, igualmente cayó la institución militar, también desprestigiada, que en adelante hasta 1948 se fue desgastando de manera que en la década de 1940-1948 el Ejército era una institución muy debilitada. No jugó ningún papel relevante en los sucesos armados de marzo y abril de 1948.

De la guerra con Panamá, en 1921, se le cambió de nombre al Ministerio de Guerra y Marina, en 1923, por el de Seguridad Pública.

En las décadas de 1920, 1930 y 1940 se fortaleció más el gasto público en educación que del Ejército y de Seguridad.

La década de 1940-1948 fue tensa en muchos sentidos. La II Guerra Mundial, su impacto en la economía nacional, las medidas que hubo que tomar, de la declaratoria de guerra al eje nazi fascista, del surgimiento de nuevas fuerzas políticas, socialdemócratas; por las alianzas políticas que se realizaron, alrededor de las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, hicieron que en 1947 los diputados Fernando Volio Sancho y Fernando Lara Bustamante propusieran eliminar el Ejército suspendiendo partidas de armas del presupuesto nacional.

Los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia y Teodoro Picado, de 1944 y 1948 impugnados por fraude electoral, y la nulidad de la presidencia de Otilio Ulate en las elecciones de 1948, produjeron el alzamiento militar de José Figueres para hacer respetar ese resultado.

Del 12 de marzo al 17 de abril se llevaron a cabo enfrentamientos militares en todo el país. Figueres tenía contralada la situación y el territorio. En las conversaciones de Ochomogo y en el Pacto de la Embajada de México se le puso fin al conflicto y se preparó la entrega del gobierno a Otilio Ulate.

El 1 de mayo de 1948 José Figueres se impuso a Ulate con el Pacto Ulate Figueres asumiendo el gobierno por 18 meses a partir del 8 de mayo.

Al asumir Figueres el gobierno, y constituir la Junta Fundadora de la Segunda República, el 8 de mayo, suspendió la Constitución Política de 1871, y con ella le quitó el sustento legal y constitucional a la existencia del Ejército Nacional. Figueres tenía su Ejército, con el que había realizado la guerra civil, apoyado por un pequeño contingente militar extranjero, la Legión Caribe.

En el seno de la Junta de Gobierno su Ministro de Seguridad, Edgar Cardona había propuesto la eliminación del Ejército constitucional.

La Junta Fundadora de la Segunda República, dispuso, el 11 de octubre de 1948 en la resolución N° 749 «suprimir el ejército como institución permanente, confiándose la defensa del orden y la seguridad interna a las fuerzas regulares de la Policía Nacional, hoy denominada Guardia Civil», después de considerar el estado desastroso en que se encontraba y en virtud de tener su propia fuerza militar.

El 25 de noviembre de 1948 Junta Fundadora de la Segunda República había aceptado la idea de abolir el Ejército.

El 27 de noviembre inició la desmovilización de la Legión Caribe.

El 1 de diciembre de 1948 la Junta Fundadora de la Segunda República tomó la decisión de entregar el Cuartel Bella Vista a la Universidad de Costa Rica para impulsar el Museo Nacional.

En ese acto se señaló la importancia de fortalecer la educación, y se asoció esa fecha, con la ceremonia oficial que se hizo, como la de disolución del Ejército, o la de su abolición.

En este acto hablaron José Figueres, Uladislao Gámez, Ministro de Educación y Edgar Cardona, Ministro de Seguridad, quien en el seno de la Junta Fundadora de la Segunda República, había hecho la propuesta de su abolición, y así se le reconoció ese día.

El 1 de diciembre en el acto de la entrega del Cuartel a la Universidad se afirmó: “La época de los cuarteles había quedado para la Historia. Inicia la época de las escuelas, colegios, universidades y museos”

Cuando se integra la Asamblea Nacional Constituyente, el 3 de febrero de 1949, se hace el anuncio de querer abolir el ejército, y así se propone en el Proyecto de Constitución Política que la Junta entrega a la Asamblea Nacional Constituyente.

Así se había sembrado la semilla de la abolición en los diputados constituyentes.

El 4 de julio de 1949 los diputados constituyentes Ricardo Esquivel Fernández, Juan Trejos Quirós y Enrique Montiel propusieron suprimir el Ejército, tema que se volvió a discutir el 18 de octubre y finalmente el 31 de octubre de 1949, cuando la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el artículo constitucional que establecía la disolución o Abolición del Ejército como institución permanente, confiando la defensa a la Policía Nacional o Guardia Civil.

Finalmente, el 7 de noviembre de 1949 se aprobó íntegramente la Constitución Política que estableció esta abolición.

En el gobierno de Luis Alberto Monge, 1982-1986, se estableció la Neutralidad Perpetua, Activa y no Armada de Costa Rica, como política de Estado, considerada como la culminación del proceso de desarme unilateral y voluntario iniciado por Costa Rica en 1949, con la proscripción del Ejército.

En el gobierno de Oscar Arias Sánchez, 1986-1990, se declaró el 1 de diciembre como Día de la Abolición del Ejército, y en este Gobierno, bajo su impulso y el de su Ministro de Gobernación, Rolando Ramírez Paniagua, se le eliminó a la Fuerza Pública el uso de rangos militares de Ejército, en su estructura administrativa, en su escalafón y en sus uniformes, y símbolos de distinción.

De nuevo se restablecieron en el Gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier, 1990-1994 y nuevamente fueron suprimidos en el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, 1998-2002.

Sumemos, a todo esto, el hecho de que los Jefes de Estado y Presidentes de la República han sido principalmente educadores, abogados, economistas y civiles, excepcionalmente algunos militares; de que prácticamente desde 1849 hasta hoy han habido gobiernos alternos cada 4 años, con un Estado de Derecho constituido desde 1824, cuando se crearon los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que le dieron al país y al pueblo costarricense las bases de una cultura civilista, no militarista, e impusieron una conducta gubernativa de respetar la independencia, autonomía y exclusividad de las funciones de los poderes públicos, y de sometimiento de los gobernantes a los mandatos legales y constitucionales de su ejercicio presidencial.

Recientemente, han surgido voces que proponen restablecer el ejército bajo el pretexto de la lucha contra las drogas y la narco-mafia entronizada en las estructuras institucionales. Esto hay que combatirlo, condenarlo y evitarlo.

En ninguna parte del mundo, ni de América Latina, los ejércitos tienen esa función. Al contrario, cuando han justificado su participación en esa lucha se han convertido en las fuerzas armadas de esas organizaciones delictivas, han constituido sus propios carteles militares vinculados al negocio y comercialización de las drogas, y a la entronización de la narco-mafia militar en las estructuras de la organización política del Estado y de la institucionalidad pública, provocando mayor temor e inseguridad ciudadana.

Que el acto que nos reúne, de la Presentación de la moneda conmemorativa del 75 aniversario de la Abolición del Ejército de Costa Rica, nos sirva como exaltación política, para mostrar el desarrollo de una Democracia sólida, civilista, ejemplo de mundo, que nos legó el General José Figueres Ferrer, que tuvo la capacidad y la visión de disolver el Ejército Nacional, de sacar del país, la Legión Caribe, los militares extranjeros que le ayudaron en la Guerra Civil, y de disolver su propio Ejército de Liberación Nacional.

Han sido 75 años en que ninguna familia ha sufrido el temor y la angustia de tener un hijo enlistado en el Ejército; 75 años en que ninguna familia ha sufrido la pérdida de un hijo por participar en guerras, muchas artificialmente hechas, que nos son ajenas.

Milei: el dogmatismo y la borrachera ideológica

Luis Paulino Vargas Solís

El neoliberalismo es una ideología dogmática y, por lo tanto, invulnerable frente a los datos de la realidad. La evidencia se amontona para mostrar que su proyecto es fallido, pero esa evidencia invariablemente quedará invalidada por una respuesta-machote, repetida al infinito: “faltó más”. O sea: faltó liberalizar más, desregular más, que los megaricos sean aún más ricos, que el gobierno sea más pequeño, etc. etc.

Es una ideología que se proyecta al infinito, en el sentido de que su programa político jamás termina de completarse: siempre tiene algo pendiente por ser realizado, y eso permite echarles las culpas a otros: a la socialdemocracia, al socialismo, a las izquierdas, al Estado, a las burocracias públicas, a los sindicatos. Es un blindaje irrompible, que les permite afirmar que la equivocada es siempre la realidad, nunca su teoría.

Creo que esto ayuda a entender que, después de 40 años de hegemonía neoliberal, esta ideología vire hacia la peor versión de sí misma: radicalizada, recalcitrante, profundamente reaccionaria e intransigente. Matriculada con las más alucinadas tesis conspiranoicas, renuncia al legado de la Ilustración, y se declara enemiga de la ciencia y de la racionalidad, enemistada a muerte con el pluralismo de las ideas, los derechos humanos y la democracia.

Es la respuesta a su propia crisis, al fallo de su modelo. Y es, asimismo, una respuesta coherente con su posicionamiento dogmático: puesto que siempre falta algo, lo que sigue pasa por desechar a sus antecesores -no suficientemente furibundos y radicalizados- para forzar a que -ahora sí- su proyecto avance hacia donde esos antecesores no pudieron, o no se atrevieron, a llegar, moviéndose, pues, a lo largo de una asíntota que se aproxima al infinito, pero que jamás lo alcanza.

De ahí los Trump, los Bolsonaro… los Milei. Del neoliberalismo posmoderno al neoliberalismo de las cavernas: barbárico y estridente. Los trajes de diseñador y los modales refinados del primero, ceden su lugar al garrote y la mueca de furia del segundo.

Hoy, en una bacanal orgiástica, las derechas del mundo celebran el gane de Milei. Como si un redentor hubiese bajado del cielo para salvar su fracasado proyecto político-ideológico y levantarlo de las cenizas.

Es una apuesta arriesgadísima: si Milei efectivamente hace lo que dijo que haría, Argentina será empujada al abismo.

Pero, para el neoliberalismo, nada de eso importará: volverá sobre su dogma para repetir la cancioncita: “Milei no hizo todo lo que debía hacerse, todavía falta algo”.

(Publicado originalmente en la página de Facebook del autor: https://www.facebook.com/6defebrero58).

Guatemala: Caso “Toma de la USAC” profundiza judicialización del proceso electoral y la criminalización contra personas opositoras

Las Américas, 17 de noviembre de 2023. Organizaciones internacionales expresamos nuestro profundo rechazo a las recientes acciones de criminalización del Ministerio Público de Guatemala contra la oposición política, académicos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en el llamado caso “Toma de la USAC: botín político”.

Este nuevo abuso de poder por parte del Ministerio Público se da en un contexto de persistente judicialización del proceso electoral, cuyo objetivo final es impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera, y diputados electos tomen efectiva posesión de sus cargos el 14 de enero de 2024. La interferencia del Ministerio Público atenta una vez más contra el Estado de derecho y la democracia en Guatemala, aplicando indebidamente el derecho penal a acciones legítimas de defensa de la autonomía universitaria.

El 16 de noviembre se registraron allanamientos y órdenes de captura contra 27 personas vinculadas a los movimientos sociales, estudiantiles, la sociedad civil y al partido político Movimiento Semilla en un caso relacionado con la resistencia pacífica en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), ante las anomalías que se dieron en el año 2022 en el proceso de elección de las autoridades universitarias. Todas estas personas hoy están siendo criminalizadas por su rol de denuncia de la corrupción en dicho proceso de elección y por ejercer pacíficamente la defensa de sus derechos de expresión, asociación y manifestación.

Entre las personas con órdenes de captura se encuentran el ex procurador de los derechos humanos Jordán Rodas Andrade, defensores de derechos humanos como Ramón Cadena y Helmer Velásquez, académicos de la USAC como Hada Alvarado y Eduardo Velásquez, líderes estudiantiles y periodistas. Al momento han sido aprehendidas 5 personas: la excandidata a diputada por Semilla Marcela Blanco, Rodolfo Chang Shuma, Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Javier De León y Alfredo Enrique Beber.

El Ministerio Público informó que en las próximas horas presentarán solicitudes de antejuicio contra el binomio electo de Arévalo y Herrera, contra los diputados electos por el partido Movimiento Semilla Samuel Pérez, Román Castellanos, Raúl Barrera y contra los diputados Aldo Dávila, Adán Pérez y Carlos Taracena; lo anterior por haber estado en las instalaciones de la USAC haciendo manifestaciones en conferencia de prensa.

El Ministerio Público profundiza así su estrategia de criminalización enfocada hace años contra operadores de justicia, periodistas, y otras personas defensoras de derechos humanos. La actuación abusiva del Ministerio Público ha sido reconocida a nivel internacional en más de cinco ocasiones por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). El Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución el 15 de noviembre de 2023 expresando su grave preocupación respecto a la excesiva judicialización del proceso electoral e intimidación contra miembros del partido Movimiento Semilla y sus familias y resolvió “denunciar los intentos del Ministerio Público de desacreditar e impedir una transición pacífica del poder, que atentan contra el proceso democrático y los compromisos de Guatemala en virtud de la Carta Democrática Interamericana”.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho llamados al Estado de Guatemala “a respetar el resultado de las elecciones generales y a cesar las acciones del Ministerio Público (MP) que ponen en riesgo el orden constitucional y la independencia de los poderes públicos”. En este sentido, hacemos un llamado a la CIDH a valorar de forma urgente las medidas cautelares solicitadas en el marco del proceso pacífico de defensa de la autonomía de la USAC (MC-638-23) para evitar daños irreparables a estas personas.

Guatemala vive momentos críticos donde se requiere de mayor veeduría internacional y pronunciamientos expresos hacia las autoridades de que Guatemala no será aceptada dentro del concierto de naciones si continúa en una lógica autoritaria manipulando las leyes para burlar los resultados de las elecciones.

FIRMAN
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
American Jewish World Service (AJWS)
BeJust
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Guatemala Human Rights Commission (GHRC)
Article 19 Oficina para México y Centroamérica
Abogados sin fronteras Canadá (ASFC)
RFK Human Rights
American Friends Service Committee (AFSC)
Luis von Ahn Foundation
International Service for Human Rights (ISHR)
Comisión Internacional de Juristas
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
Latin American Working Group (LAWG)
Protection International (PI)

Una patria que reclama

Por José Luis Callaci

“Hay un tiempo para cada cosa y un momento para hacerla bajo el cielo”
Eclesiastés. Capítulo 3. versículo 1.”

También la Democracia tiene su tiempo. Tiempo para conocer y debatir las distintas ideas. Tiempo para reflexionar. Tiempo para decidir… lo que más le conviene a Argentina.

Es lo que los argentinos tendremos que hacer, bajo nuestro cielo y en nuestra Democracia. Lo que nos permitirá vivir más unidos y en paz. Es tiempo de cerrar puertas para que nunca más penetren en nuestras vidas los monstruos oportunistas y vanidosos con propuestas locas, inconsistentes y apresuradas, aprovechándose de justificados malestares y justos reclamos a los gobernantes. Más cuando vienen con claros propósitos de favorecer intereses extranjeros y las mezquinas ambiciones de unos pocos.

Tendremos los argentinos que abocarnos a una profunda reflexión para tratar de dilucidar qué nos pasa. Es inconcebible que un significativo número del electorado esté apoyando, sin inmutarse, a alguien que piensa destruirlo todo: la moneda y el ente regulador, las instituciones públicas que protegen a los ciudadanos, y lo que no es menos peor, alinear al gobierno a los intereses de otro país en una especie de vasallaje.

Apoyar a un desquiciado que reniega de la historia y que sin sonrojos actúa como un vulgar comediante es algo inaudito. La Democracia es de todos y nadie tiene que arrogarse el derecho a violentarla llevándonos a los argentinos a un pasado al que nadie quiere regresar.

Todo tiene su tiempo. Si la excesiva confianza y la insensatez lleva al poder a ese enajenado diletante se corre el riesgo de una total debacle. Algo que tendría graves consecuencias no solo para el pueblo argentino sino para todos los pueblos hermanos de la región.

¿Apoyo a ese Milei? ¿Así como se presenta? ¡¡¡NO, un rotundo NO!!!

Una muestra clara

Martín Rodríguez Espinoza

Una muestra clara de la «junta directiva» ESPÚRIA que había montado Rodrigo Chaves y Marta Esquivel en la CCSS.

Jorge Porras, disque «representante» del sector solidarista en la ILEGÍTIMA junta directiva de la CCSS montada por Rodrigo Chaves y Marta Esquivel, VIOLANDO la Constitución Política y las Leyes, violando la democracia y la legitima representación de los sectores sociales, ahora es nombrado nuevamente.

Jorge Porras, al igual que María Isabel Camareno, como TODOS LOS DEMÁS de la ilegal y espuria junta directiva de Rodrigo Chaves, era en realidad un representante más del gobierno. Hoy queda demostrado.

Por eso el ataque, la persecución y el «JUICIO POLITICO» contra la representante del Sector Sindical en la Junta Directiva de la CCSS, Martha Elena Rodríguez González, que, junto a otros 3 miembros (Cooperativo, Solidarista y de Gobierno) que la Sala Constitucional OBLIGÓ al gobierno a reinstalar.

Hoy, la persecución se centra contra Martha Rodríguez, por su férrea defensa de la CCSS y los derechos legítimos de la clase trabajadora y el pueblo a servicios públicos de salud, eficientes y de alta calidad.

Sí, el gobierno de Chaves, con la complicidad de Marta Esquivel, lo que busca es tener en la junta directiva de la CCSS a «amigos» que NO se opongan a los intereses para quebrarla, privatizarla, entregarla a manos privadas de los que financiaron la campaña electoral y los intereses financieros internacionales.

UCR: La democracia se ve amenazada por el populismo y las autocracias

¿Qué aspectos de la democracia hace falta que se trabajen y se construyan para tener una una sociedad más igualitaria que responda a intereses de todas las personas que vivimos en ella? En dos publicaciones, personas investigadoras de la Facultad de Ciencias Sociales ofrecen respuestas. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Facultad de Ciencias Sociales

Problemas como la pobreza, la inseguridad, la desigualdad y la falta de creación de empleos debilita la democracia en Costa Rica, una de las más antiguas en América Latina.

La Escuela de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de Costa Rica (UCR) contribuye a generar cambios en la discusión sobre la democracia, viéndola más allá del ejercicio del sufragio y de elecciones cada cierto tiempo, para integrar en el tema la perspectiva feminista.

Esto se logra por medio de la incorporación y visibilización de las voces de las mujeres como parte de la perspectiva teórica y su inclusión en los cursos, así como con el desarrollo de publicaciones que permiten visiones políticas más globales e igualitarias.

María José Cascante Matamoros, Vicerrectora de Vida Estudiantil y profesora de la Escuela de Ciencias Políticas, es una de las académicas que se ha enfocado en analizar la democracia desde esta nueva perspectiva en áreas como: partidos políticos, estado de derecho, género y la participación política de las mujeres.

Cascante ha participado en dos libros que contribuyen al nuevo conocimiento: Los límites de la democracia costarricense: perspectivas feministas de la Elección 2018; a esto se suma recientemente, un capítulo del libro El Populismo en América Central publicado en conjunto con el investigador Juan Manuel Muñoz.

María José Cascante Matamoros,Vicerrectora de Vida Estudiantil y profesora e investigadora de la Escuela de Ciencias Políticas de la FCS de la UCR. Foto: Marilín Agüero Vargas / Libro: El Populismo en América Central

Populismo en América Central

El libro Populismo en América Central consta de capítulos por país para describir este fenómeno en la región, y cómo ha tenido relevancia en la actualidad, tanto en la academia como en los medios de comunicación. Maria José Cascante y Juan Manuel Muñoz, son los autores del capítulo que reflexiona sobre el populismo en Costa Rica y su posible presencia a través de la historia.

Juan Manuel Muñoz Portillo, docente e investigador de la Escuela de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, comenta que esta obra se hace las siguientes preguntas: “¿En Centroamérica tenemos fenómenos parecidos a este populismo que estamos viendo en países como Estados Unidos o Europa o el que se veía en América Latina anteriormente? ¿Vemos eso en América Central o estamos viendo un fenómeno distinto?”

Por su parte, Cascante Matamoros explica que este análisis es la pieza que faltaba para entender esta problemática en la actualidad; porque al observar la construcción de los discursos populistas y cómo se plantean desde una perspectiva actual, se empieza a descubrir cómo algunas élites políticas plantean o condicionan el tipo de vínculos que deben darse con grupos como los feministas y la población LGBT.

Para profundizar un poco en los hallazgos, la investigadora indicó que en el caso costarricense hay un semillero fuerte para la construcción de los discursos populistas ya que se ha dado un desarrollo desigualitario entre el Valle Central y las regiones periféricas (costas y las fronteras).

“Esta desigualdad en lugar de asegurarse en buscar derechos y mayores posibilidades para todas las personas, ha construido polarizaciones que nos hacen atacarnos entre nosotros y vernos como enemigos; así florecen los discursos populistas”, señaló la investigadora.

El interés por contribuir con el fortalecimiento de los propios procesos democráticos del país motiva al cuerpo docente a investigar estos temas. Desde la investigación, se dan pasos para entender y reflexionar sobre la propia realidad y la de nuestra región; como una forma de continuar fortaleciéndonos como una sociedad soberana y una de las democracias más estables del continente.

Juan Manuel Muñoz Portillo, docente e investigador de la Escuela de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR. Foto: Karol Ríos Cortés

¿Qué es la democracia?

La palabra democracia proviene etimológicamente del griego “demos” que significa pueblo y “kratos” que se refiere al poder del pueblo. Si se toma en cuenta esta definición básica podemos concluir que democracia significa “participación en los asuntos públicos”.

“Tenemos una visión pluralista de la democracia que usualmente se relaciona con democracia liberal pero es más que eso, y a veces debemos cuestionarnos y reflexionar sobre este concepto”, explicó Juan Manuel Muñoz Portillo, docente e investigador de la Escuela de Ciencias Políticas.

La democracia no se reduce al modelo liberal, sino que algunos autores se refieren a que esta implica conflicto, contrastar diferentes ideas, el diálogo y la deliberación para resolver asuntos públicos. Además de participación, Muñoz define la democracia como control y rendición de cuentas de los procesos de toma de decisión y de las esas personas que toman decisiones.

¿Cuál es el reto de la democracia en la actualidad?

Para Muñoz, uno de los retos de la democracia en la actualidad tiene que ver con el surgimiento de opciones autocráticas (lo contrario a la democracia). Al respecto explica que las autocracias pueden ser dictaduras militares o familias que concentran el poder y de manera dinástica se lo heredan a otras personas, careciendo de control y rendición de cuentas sobre estas personas y los asuntos públicos.

“Uno de los mayores retos que tienen las democracias viene a partir de que estas alternativas se presentan como opciones viables para tomar decisiones importantes que competen a las sociedad y que las democracias se han visto desafiadas e imposibilitadas para tomar decisiones definitivas y efectivas para resolver problemas a la ciudadanía, como pobreza, desigualdad e inseguridad ciudadana”, Juan Manuel Muñoz Portillo, docente e investigador de la Escuela de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR.

Por lo tanto, ante estos problemas surgen liderazgos autoritarios que amenazan la institucionalidad democrática de fondo, hay abusos de poder y corrupción, llevando así a que se debilite el aparato institucional.

Katzy O`neal Coto
Comunicadoras de la Facultad de Ciencias Sociales, UCR

¡Cuidado con la democracia nacional!

Vladimir de la Cruz

Ayer 7 de noviembre celebramos el 74 aniversario de la promulgación de la actual Constitución Política. La anterior Constitución fue la de 1917 que llegó hasta 1919, durante el periodo de la dictadura tinoquista, 1917-1919.

Federico Tinoco con su golpe de Estado suspendió la Constitución de 1871 que era la vigente, con 46 años, hasta ese momento. Con la caída de la dictadura sucedió igual. Cayó su Constitución y se restableció la Constitución de 1871 que llegó hasta 1948, cuando José Figueres y su Junta de Gobierno la suspendieron, gobernando sin Constitución y legislando mediante la fórmula de los Decretos leyes. Así la constitución de 1871 estuvo vigente durante 75 años.

La Constitución de 1871 se le califica de presidencialista, por el importante papel que tiene el Poder Ejecutivo en ella. Además, era una Constitución flexible, fácil de ser reformada, lo que garantizó su longevidad. A la flexibilidad de la Constitución se sumó el desarrollo del régimen municipal, desde la época del General Tomás Guardia.

Ambos elementos, su flexibilidad y el régimen municipal, fueron claves para resolver problemas y contradicciones políticas, por la vía de la reforma constitucional, y los gobiernos municipales para distribuir poder y restar presión en la lucha por el Poder Ejecutivo.

La estabilidad política en materia de gobiernos y su alternabilidad ya se había logrado de hecho desde 1849, cuando se normalizaron los traspasos de gobierno cada cuatro años. Aún bajo la presión de la presencia filibustera en Centroamérica desde 1855, cuando Walker llegó a Nicaragua, hasta 1857, cuando terminó la Guerra Nacional y Centroamericana, con su rendición y salida de la región, y la crisis momentánea del golpe de Estado contra Juan Rafael Mora en 1859 y su fusilamiento, y crimen de Estado en 1860, año en que también se fusiló en Honduras a Walker cuando se proponía de nuevo apropiarse de las cinco repúblicas centroamericanas.

Así, desde 1871 hasta hoy, 2023, en 152 años, hemos tenido tres constituciones, una de ellas por dos años. En el período anterior, desde 1821, con la primera Constitución costarricense, la del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, hasta la de 1869, tuvimos con sus respectivas reformas que se consideraron nuevas constituciones, prácticamente once constituciones, que se acompañaron de una profunda crisis política constitucional y militar, que el historiador Rafael Obregón Loría, recoge en poco más o menos 60 conflictos político-militares, de distinta naturaleza; en nueve gobiernos durante el período de las Juntas de Gobierno, 1821-1823; en diecisiete Jefes de Estado desde 1823 hasta 1847 y en 12 Presidentes de la República entre 1847 y 1870. Algunos de ellos repitieron el cargo. No tomo en cuenta el período que fuimos parte de la República Federal de Centroamérica que tuvo siete presidentes, que también fueron nuestros presidentes, junto a los Jefes de Estado de ese período, 1825-1838. Francisco Morazán tres veces lo fue.

La Constitución Política que ayer cumplió 74 años fue una reacción contra el presidencialismo de la Constitución de 1871. En su lugar se fortaleció el Poder Legislativo y los órganos de control político institucional y ciudadano.

Este período, 1949-2023 ha sido de gran estabilidad política, gobiernos alternos cada cuatro años, cambiando de presidentes cada cuatro años, aunque en ocasiones sus partidos políticos se reelijan, por una sola vez consecutiva.

La Constitución hasta 1997 había sufrido 44 reformas parciales. Desde ese año ha sufrido una veintena de reformas adicionales, y hoy en trámite legislativo hay casi 60 propuestas de proyectos de reformas constitucionales.

¿Con tal cantidad de reformas, y propuestas de reformas, no será mejor convocar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente? ¿Por qué tenerle miedo?

Estoy convencido que la actual Constitución es buena. Todavía cumple un papel democrático liberal y progresista en muchos aspectos. Pero, la vida política nacional ha evolucionado rápida y bruscamente, y pareciera que la sociedad ya demanda un nuevo texto constitucional, más adaptado a las necesidades políticas de la época que vivimos.

Hace algunos años por el ambiente político conservador existente no creía que fuera necesario convocar a este expediente de nueva Constitución, por el peligro de que se impusiera una Constitución más conservadora y retrógrada. Luego, la situación del país cambió y abrió horizontes más populares, democráticos y progresistas, y se perdió, en ese ambiente la posibilidad de una convocatoria constituyente. Se había perdido el interés tanto por los sectores conservadores que originalmente la proponían, y dejaron de plantear su necesidad, como por los progresistas, abatidos y descabezados, por los tiempos de aires nuevos que suponían los gobiernos del Partido Acción Ciudadana, 2014-2022.

Reformismo y conservadurismo alrededor de la convocatoria de una Asamblea Constituyente se mueven con temor, avanzan y se repliegan como corrientes subterráneas de la gran laguna política nacional. Como corrientes de agua se mueven, no se agitan en su superficie; tampoco se expresan en remolinos, por lo menos hasta ahora. Hasta el presidente Rodrigo Chaves lo pensó hace unos meses atrás. Convocó a ciudadanos para oír sus opiniones. Pero, no se atrevió. En mi opinión, perdió una oportunidad muy valiosa para haber puesto a la sociedad costarricense en un diapasón que le hubiera permitido afinar mejor la música nacional, y, en su caso, la suya propia.

Sin embargo, no han dejado de plantearse importantes propuestas de reformas constitucionales que hay que impulsar.

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente puede realizarse en cualquier momento. La convocatoria misma, resultante de una iniciativa para integrar un grupo coordinador nacional, que provoque la discusión suficiente para la misma, y elabore un primer borrador de un nuevo Proyecto constitucional, no está sujeta a ningún trámite constitucional y legal, que dependa de la aprobación de alguno de los poderes de Estado, de la misma Sala Constitucional o del Tribunal Supremo de Elecciones. Es tan solo la creación de ese grupo que propicie de la manera más democrática esa discusión.

Frente a lo que se ha caminado en esta dirección hay dos proyectos de Nueva Constitución, una del exdiputado y exsecretario general del Partido Liberación Nacional, y excandidato presidencial, Walter Coto Molina, y por iniciativa del grupo de ciudadanos que con este fin se agruparon alrededor del profesor de la Escuela de Derecho, de la Universidad de Costa Rica, Dr. Alex Solís Fallas. Lamentablemente, pareciera que ambos personajes políticos han arreado, han bajado sus banderas constitucionales y de lucha por una nueva Carta Magna, por un nuevo Pacto Social.

Frente al populismo galopante, que recorre el continente, frente a la crisis política partidaria que vive el país; frente al resurgimiento de gobiernos autoritarios en América y su posibilidad en la región centroamericana, creo que es urgente abrir debates como éste, sin temor alguno. Es más importante que esto ocurra en ambientes democráticos como los que hoy hay en el país, a que surjan del resultado electoral de un gobierno autoritario, populista, militarista, reaccionario en todo sentido. O se fortalecen los cauces democráticos o los conservadores se impondrán…Podemos enfrentar esta situación. ¡Cuidado con la democracia nacional!

Compartido con SURCOS por el autor.

La democracia solo se puede fortalecer con más participación ciudadana

José Luis Pacheco Murillo

Este 7 de noviembre celebramos el Día Nacional de la Democracia Costarricense para honrar a los costarricenses que salieron con armas a defender el proceso electoral de 1889. Cada 7 de noviembre se festeja este día por decreto número 18, desde 1942.

Además, el motivo de esta fecha es impulsar la celebración permanente de este día según el propósito del Instituto de Formación y Educación en Democracia (IFED), que es el instituto encargado de la promoción de la democracia.

La democracia es un sistema de gobierno donde la soberanía o la autoridad de poder están en el pueblo, por eso, cuando hablamos sobre democracia pensamos en el régimen político o en una forma de gobierno, pero sobre todo debemos saber que la democracia es un proyecto de vida que hemos construido en sociedad, y que debemos fortalecer continuamente, ya que los cambios que se producen en la sociedad hacen que ese proyecto requiera trabajo constante.

Hay quienes se han aprovechado de la democracia para engañar y defraudar, para servirse y no servir, para por un lado hablar de un proceso democrático y por otro irrumpen contra la voluntad popular e imponen a dedo y a fuerza a quien no representa a los electores.

Esos son los que van debilitando la democracia y poniéndola en peligro por intereses personalistas y mezquinos.

Dios quiera que el pueblo entienda la importancia de fortalecer la democracia y que ese fortalecimiento solo se puede lograr a través de la participación y más participación ciudadana. No hay otra forma más que la ciudadanía ejerza su rol y salga a votar y legitimar una elección. De otra forma el peligro de que el sistema democrático sufra menoscabo está latente y que podamos llegar a lo que otros países han llegado es posible si la indiferencia y la irresponsabilidad siguen presentes.

¡¡¡Viva la democracia, fortalezcámosla con nuestra participación!!!

Juicios por política o lo que significa mancillar la libertad

Mario Rodríguez Bonilla
Central General de Trabajadores, Costa Rica

La población de nuestro país puede tener niveles importantes de desconfianza del Poder Judicial, por razones como la lentitud de los procesos, la influencia de los poderosos en el resultado, poca objetividad de los jueces y fiscales, pero poco o nada saben sobre qué es un juicio político o “lawfare”.

También es conocida como “guerra jurídica”, la combinación de ‘law’ y ‘warfare’ hace referencia al uso de procesos legales como arma política, lo vimos en caso en América del Sur contra figuras políticas como los expresidentes Lugo en Paraguay, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Dilma y Lula da Silva en Brasil, en España contra Pablo Iglesias, en nuestro país tenemos uno que está empezando.

La activista pro Palestina Tatiana Gamboa está enfrentándose no solo al poder judicial, sino a las presiones de la embajada de Israel por el desarrollo de su actividad en el marco de la protesta social y la libertad, que se supone garantiza la constitución política a todos sus habitantes, aunque en esta situación parece que “aplican restricciones”.

Tatiana fue detenida por las autoridades policiales en medio de una protesta enfrente a la embajada israelí, pues se atrevió a quemar una bandera de ese país, comete un extraño delito de “irrespetar los símbolos nacionales de Estados extranjeros”, un tema que da para una discusión sobre la libertad de protesta cercenada por las leyes.

En otra protesta en la embajada (afueras del edificio Colon) mancha con pintura de agua roja la pared de Edificio Colón, como simbolismo de la sangre de la masacre en Palestina, la detiene la policía y al ser una contravención la dejaron libre.

Nuevamente protestan los activista en frente a la embajada y manchan otra vez de pintura de agua con rojo la pared y esta vez la policía detiene a Tatiana la “pasea” de manera sospechosa en la “perrera” más tiempo de lo razonable, sin que se conociera su destino por mucho tiempo, la llevan frente a otro fiscal que considera un delito lo realizado en la embajada, sacándose, cuál mago de la manga, que “se dañó la propiedad y que esto siendo un segundo delito (aunque el primer juicio está por empezar de nuevo, con lo que no hay ninguna condena) en opinión del fiscal ameritaba la cárcel preventiva.

Mientras Tatiana está detenida escucha a los policías conversar entre ellos sobre la “majadera vieja de la embajada de Israel que quiere que la encarcelen a como dé lugar”, los agentes planteaban que eso no era ningún delito, pero el fiscal en su vergonzoso papel que parece ser una extraña cruzada no opinó lo mismo.

El fiscal consideró a Tatiana una “peligrosa criminal” que no podía vivir en sociedad, dentro de un pensamiento cavernario despojado de criterios de objetividad de los hechos, imponiendo una restricción de que no podía acercarse a la embajada de Israel, nos da pena el papel sesgado y de defensor del sionismo que pareceré estar jugando.

El jueves antepasado fue el inicio del juicio contra Tatiana procesada por su forma de pensar y de protestar, por ejercer su derecho a la libertad de pensamiento e incomodar con sus acciones, no solo al Poder Judicial sino también al Estado costarricense por su papel de cómplice en la masacre contra civiles palestinos al bombardear escuelas, iglesias hospitales y edificios con habitantes no armados, solo por el crimen de nacer en una tierra ocupada y arrebatada.

Notamos que este proceso montado con una intencionalidad más allá de lo racional parece estar pasando desapercibido por los grandes medios nacionales y gran parte del movimiento popular, que no comprende que si Tatiana es condenada será el inicio de la jurisprudencia para condenar la protesta ante las injusticias.

¡Exigimos el retiro de los cargos de inmediato y respeto a la libertad y a la protesta en lo que debe ser un país en democracia!