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Etiqueta: democracia

Carta política enviada por la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo al presidente de la República

Escrito en . Publicado en Derechos.

Miércoles 25 de octubre de 2023
San José, Costa Rica

Sr. Rodrigo Chaves Robles
Presidente de la República de Costa Rica

Señor presidente:

De parte de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo reciba un saludo respetuoso, pero a la vez cargado de una profunda preocupación por la destrucción sistemática de las conquistas, como nuestro sistema democrático, en el que se fundamenta nuestro Estado Social de Derecho y que, por ende, afectan la supervivencia de diversos sectores sociales de nuestra amada Patria.

Desde las organizaciones sociales y productivas que agrupamos, así como desde el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y cada suscribiente, hacemos de su conocimiento nuestras posiciones con respecto a distintos ámbitos de la vida nacional.

Nuestra Constitución Política, artículo 50, señala que el Estado costarricense debe procurar el mayor bienestar para todos sus habitantes, para lo cual debe organizar y estimular la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, la Carta Magna reconoce el legítimo derecho de las personas para denunciar los actos que lesionen esos mandatos constitucionales.

En ese entendido, nos dirigimos a usted, ante la observancia de que tanto su Gobierno como sus alianzas en la Asamblea Legislativa, insisten en renunciar a esas responsabilidades constitucionales, sociales y democráticas, con la consecuencia inevitable de un creciente malestar social que se manifiesta de distintas formas a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto ha suscitado diversas manifestaciones de protesta, entre las que se destacan: Marcha en defensa de la Educación Pública, Marcha en defensa del Sector Agro Alimentario, Marcha en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, protestas por el acceso a vivienda, desempleo, inseguridad ciudadana, recortes al presupuesto para Arte y Cultura, demandas ambientales y derechos humanos de las mujeres, así como otras acciones colectivas desarrolladas por distintos sectores sociales y documentadas en los medios de comunicación. Estas manifestaciones evidencian los intentos legítimos de una sociedad movilizada en búsqueda de soluciones a estas problemáticas.

Pero los medios de comunicación, tanto nacionales como regionales, no son los únicos en documentar el malestar y la descomposición social palpable. Estudios serios como el Estado de la Nación, el Estado de la Educación y el Estado de la Justicia del Programa Estado de la Nación, así como observatorios de la realidad nacional, foros de análisis y organismos internacionales especializados, también registran retrocesos que amenazan la democracia costarricense.

A manera de temas prioritarios, que requieren políticas de Estado precisas, señalamos doce grandes ámbitos de incumplimiento sobre los cuales la ciudadanía, aquí representada, espera soluciones:

  • Democracia y autonomías institucionales: La “institucionalidad” no es un invento producto del imaginario costarricense, como tampoco la Constitución Política es un librillo sujeto a todo tipo de sátiras, cuestionamientos e incumplimientos, estableciendo por el contrario las bases para la convivencia democrática, entre ellas la división de poderes. Es necesario que su gobierno y sus alianzas respeten la división de poderes, dejen de violentar las autonomías institucionales y abandonen los intentos de vender activos del Estado que generan bienestar a la población. Mostramos nuestro total desacuerdo con la tercerización de servicios públicos básicos para hacer de ellos un negocio privado de unos pocos, por demás funesto para las finanzas públicas y privativos para las grandes mayorías. Exigimos además el cumplimiento por parte del Gobierno con la asignación del presupuesto del 2% del impuesto sobre la renta para las Asociaciones de Desarrollo Comunal. Demandamos una fuerte televisión pública por lo cual somos del criterio de que el SINART debe ser fortalecido, limpiándole de la intromisión politiquera cuatrienal, entre otras demandas; promover convivencia democrática y la libertad de expresión, y un alto a la violación de las autonomías institucionales, no más tercerización de servicios públicos básicos.
  • Derechos humanos: Exigimos un Gobierno comprometido con los derechos humanos, independientemente de las creencias y valores de quienes gobiernen. El Gobierno no solo está obligado a tolerar el disenso, sino a emitir información veraz y garantizar el acceso a todo tipo de información de interés público. Urge fortalecer la protección y el respecto de las libertades de expresión, tránsito y asociación, derechos de las mujeres, personas jóvenes y con discapacidad; defensa de territorios indígenas y comunidades tribales, garantías sociales e individuales, así como lo relacionado al ámbito sexual y reproductivo, derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de acceso al agua potable; al trabajo digno, decente, al ocio y el descanso, así como a un salario justo, educación de calidad y salud preventiva y curativa universales. Además, es fundamental la ejecución de los mecanismos que habilitan el derecho a la libertad de prensa, asociación y organización para el adecuado desarrollo democrático e institucional. Así como garantizar el derecho a la alimentación para todas las
  • Soberanía y seguridad alimentaria: Urge que Costa Rica oriente su modelo productivo hacia la soberanía alimentaria, a saber, el derecho a definir y controlar su sistema alimentario y de producción de alimentos, tanto a nivel local, en internacional de forma equitativa, soberana y respetuosa con el medio ambiente y con el modelo alimentario de los pueblos indígenas. De esta manera, las instituciones públicas deben garantizar que los instrumentos con que cuentan apoyan una política agraria integral de Estado, entre otros, en: una tenencia de la tierra justa y equitativa para los pequeños y medianos productores y el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos ancestrales; una revisión de la desarancelización del sector agropecuario (abandonando de inmediato la llamada ruta del arroz y revisando de manera exhaustiva decretos que generan desigualdades competitivas con la producción nacional, como lo son, el sector papero, cebollero, aguacatero y frijolero, entre otros); el desarrollo de infraestructura hídrica para riego y drenaje; registro de nuevas moléculas para el sector agroalimentario; fortalecimiento de agro mercados justos; fomento de prácticas agroecológicas; rescate de semilla criolla y acceso a crédito rural; uso generalizado de seguros agropecuarios; etc. La institucionalidad pública del sector agropecuario debe respetarse. Asimismo, se debe descartar de forma definitiva la incorporación del sector agropecuario costarricense al Bloque Alianza del Pacífico. De manera contundente dejamos establecida nuestra firme posición de que la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) debe seguir siendo de propiedad pública. Reiteramos además las consignas de: SÍ a la Comisión Especial Mixta para el sector Agroalimentario, en la Asamblea Legislativa; NO a la Eliminación Selectiva de Aranceles del Agro; SÍ a la Defensa de la Institucionalidad del Sector Agropecuario; NO a la Canasta Básica Importada; Si a la Defensa del PAl, un Mercado Seguro para la Producción Nacional; NO a la monopolización de los mercados agroalimentarios y pesqueros; NO al contrabando de productos agropecuarios Si a la Soberanía y Seguridad Alimentaria.
  • Empleo, creación de oportunidades y reactivación económica: Según la Encuesta Continua de Empleo (junio-agosto 2023) del INEC, 204 mil personas se encuentran desempleadas y 816 mil tienen un empleo informal, con una alta presencia de la población juvenil. Estos datos alarmantes reflejan que los componentes esenciales para el bienestar económico de un país no se concretan con la llegada de unas cuantas empresas transnacionales a suelo costarricense. Tampoco solo quienes cuentan con formación en altas tecnologías y dominan varios idiomas tienen derecho al trabajo. Se requieren estrategias de reactivación económica en los territorios, con perspectivas diferenciadas y en concordancia con las capacidades y oportunidades de las diversas poblaciones, y que se construyan en colectivo, con especial preponderancia de MIPYMES, organizaciones de la economía social solidaria y la llegada de recursos desde Banca para el Desarrollo a todos los territorios del país con facilidades técnicas para la población. La falta de esas estrategias hace que el Producto Interno Bruto (PIB) se concentre en el centro del país. El 77% del PIB se produce en la región Central del territorio nacional, quedando las zonas periféricas sin suficientes oportunidades productivas, a pesar de tener casi el 40% de la población. Además, debe detenerse el congelamiento salarial de los trabajadores públicos. Adicionalmente, deben fomentarse leyes y políticas que fortalezcan la dignificación laboral y garanticen condiciones dignas del trabajo para todas las personas.
  • Justicia económica: Exigimos un alto a la desigualdad, no existe justicia social que se traduzca en dignidad de la persona, solidaridad y valor del trabajo, sin justicia económica. La pobreza en Costa Rica aqueja al 21,8% de los hogares este 2023, y la pobreza extrema, a 6,3%, según la medición por insuficiencia de ingreso o línea de pobreza, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) por medio de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Además, la desagregación de ese promedio revela la situación desigual de la pobreza en las diversas regiones del país. Mientras la pobreza es el 18,1% en la región Central del país, en la región Brunca es el 34% y en la región Huetar Caribe es 33%, por ejemplo, se propone garantizar el fortalecimiento de los programas sociales que asignan recursos a grupos vulnerables, salario digno, reconocimiento social y remuneración del trabajo doméstico y de cuidados, así como el replanteamiento de una estructura tributaria que sea Se impone la necesidad de un nuevo cálculo del salario mínimo en Costa Rica, habida cuenta del alto costo de la vida en nuestro país; amén de decretar el retorno del reajuste salarial del mismo por costo de vida de manera semestral. Es urgente revisar las causas por las cuales viene ocurriendo una brutal concentración del ingreso y la riqueza en Costa Rica, así como las causas del alto costo de la vida que enfrentan las familias costarricenses, producto muchas veces del funcionamiento altamente concentrado de los mercados y del sobreendeudamiento de estas familias a tasas de usura y a menudo en condiciones de extorsión (préstamos “gota a gota”). El ROP exige transformaciones jurídicas urgentes para el acceso total a sus fondos por parte de las personas trabajadoras. Adicionalmente, es menester establecer un ingreso mínimo vital que permita sacar de la pobreza extrema a miles de personas que sufren de esta situación y que podrían tener una vida digna con una adecuada canalización de la inversión social.
  • Justicia tributaria: Mientras algunas grandes empresas siguen gozando de exoneraciones fiscales y otras se amparan en tecnicismos legales para no pagar impuestos, el país no tiene una ruta clara para combatir la evasión y la elusión tributaria, esto sucede al tiempo que los servicios públicos se deterioran y la persona ciudadana común, afronta hoy un salario precarizado, congelado en el tiempo, golpeado por políticas como la Ley de Empleo Público; mientras algunas familias ni siquiera tienen acceso a un ingreso estable. El sistema tributario costarricense debe garantizar que quien gana más,
  • Ambiente y energía: Proyectos extractivistas, como la exploración y explotación petrolera o de gas natural, monocultivos en territorios de vida silvestre, así como la reactivación de pesca de arrastre, entre otros; nos alejan del liderazgo mundial en temas de conservación y medio ambiente frente a la crisis climática mundial. Costa Rica debe propender a la soberanía y seguridad energética, producir en armonía con el ambiente, de manera sostenible, fomentando programas de capacitación y emprendimientos colectivos sobre economía verde, economía circular y bioeconomía. Además, deben fortalecerse las instituciones rectoras en materia administración energética y de transición, los compromisos de Costa Rica en materia de adaptación y mitigación a cambio climático. Deshacer el rechazo al Acuerdo de Escazú, e incorporar con vehemencia los esfuerzos en la materia de organizaciones de pueblos ancestrales y tribales, mujeres rurales, activistas ambientales y expertos en la Alertamos sobre el sistemático debilitamiento del papel de la política pública en el adecuado y necesario papel protector de los parques nacionales y áreas de conservación, pues los intentos por privatizarlos ya se están manifestando. Por lo que solicitamos se genere un estado de emergencia para generar la infraestructura de distribución y almacenamiento de agua para comunidades y un proceso de fortalecimiento de ASADAS en todo el país. Así como oposición a planes reguladores en zonas costeras que afecten la flora y fauna de las comunidades y sus actividades productivas.
  • Arte y cultura: La libre expresión de los pueblos es imperativa para garantizar bienestar y mitigar los malestares sociales. La inversión en cultura debe fortalecerse, realizando intervenciones artísticas en los territorios mediante, entre otras, las organizaciones sociales, culturales, artísticas y comunitarias de cada zona, rescatando espacios para estos fines en los centros educativos, en ambientes limpios y seguros para la libre expresión cultural comunitaria. Además, es menester el fortalecimiento del presupuesto institucional en la materia, pues su gobierno ha continuado con acciones recortistas que impiden fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, así como facilitar la participación de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural y artístico, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica.
  • Educación pública: Es clara la evidencia cualitativa y cuantitativa suministrada por distintos análisis, además del malestar ciudadano y gremial, en cuanto a que la educación pública sigue carente de rumbo estratégico y persiste el desfinanciamiento del sector, con lo cual se termina imponiendo una ruta de precarización del derecho humano a la educación, agudizando la discriminación y violencia diferenciada hacia la más de un millón de personas estudiantes, como recortes en becas, infraestructura deficitaria y cuestionados sistemas nacionales de evaluación. A partir del IX Informe del Estado de la Educación, se puede afirmar la continuada ausencia de voluntad política para avanzar hacia el 8% del PIB constitucional. Consideramos de extrema urgencia el establecimiento del Pacto Nacional por la Educación Pública, propuesto a su gobierno y a la Asamblea Legislativa meses atrás. Además, reiteramos las consignas de: No más recortes presupuestarios a la educación pública; Declarar en estado de emergencia a la educación pública; mejorar las condiciones labores de la clase trabajadora del sector educación; Salario Digno para las trabajadoras y trabajadores del Ministerio Educación Pública; reducción de cargas laborales para los docentes del MEP; Fortalecer y robustecer el régimen de pensiones de los trabajadores de la educación pública; construir una educación pública de calidad para toda la comunidad estudiantil; respeto y fortalecimiento de las convenciones colectivas del trabajo del MEP; fortalecer los programas de educación inclusiva de la enseñanza general básica.
  • Salud pública y seguridad social: Eventos como la pandemia por Covid-19 demostraron la eficacia de la integración de toda la sociedad en estrategias nacionales de salud pública y por supuesto, la importancia vital de contar con una CCSS fortalecida y solidaria. Distintos expertos, actores sociales y organizaciones productivas sostienen con evidencia que la CCSS no está quebrada y que la administración actual refleja impericia y oculta información. El Ministerio de Hacienda sigue adeudando billones de colones a la CCSS. Entonces, una vez más, la ruta definida por su Gobierno es la precarización del servicio. Persisten el ataque a la autonomía institucional, grandes e inhumanas listas de espera, deuda del Estado con la CCSS, faltante y fuga de especialistas, déficit de infraestructura, falta de condiciones laborales y tercerización de los servicios, ofrecida esta última como un paliativo ante la falta de soluciones estructurales reales y efectivas. Esta priorización deriva de un encuentro participativo, en el marco de la “Gran Protesta Nacional contra las políticas que destruyen el Estado Social y Democrático de Derecho”, donde diversas organizaciones suscribientes analizamos la realidad nacional, sus problemáticas y sus posibles soluciones. Al respecto, adjuntamos una serie documentos a modo de anexos que profundizan diversos aspectos de los ejes arriba mencionados.

Uno de los objetivos más importantes que tiene este movimiento ciudadano, pacífico pero enérgico, es hacer un llamado vehemente a todos los actores políticos del país, y en especial al Gobierno de la República, reconociendo la importancia del diálogo social para enfrentar los flagelos que nos aquejan como sociedad y que afectan particularmente a los sectores sociales y productivos menos favorecidos.

Pero lastimosamente, y pese a que diversos sectores se han manifestado de múltiples maneras y han comunicado a las instituciones gubernamentales sus demandas, es claro que su gobierno no atiende estas iniciativas legítimas, por lo que proponemos crear mecanismos conjuntos para encontrar soluciones.

Por tanto, solicitamos del Poder Ejecutivo la convocatoria inmediata a un encuentro de alto nivel entre las autoridades del Estado y los sectores suscribientes, así como la sociedad civil organizada que decida sumarse, para hacer real ese diálogo social para la concreción de las soluciones que Costa Rica amerita y el cumplimiento pleno del artículo 50 constitucional:

“El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.”

Esperamos su disposición y voluntad para con los liderazgos y las organizaciones, quienes han demostrado una importante participación ciudadana a nivel nacional. Además, este movimiento nacional entiende la importancia de que en este espacio de diálogo de alto nivel participen los otros Poderes de la República (Judicial y Legislativo).

Por lo tanto, una vez constituido este espacio entre el Ejecutivo y las organizaciones, proponemos invitar especialmente a la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, así como la Defensoría de los Habitantes como garante. Lo anterior, puesto que la solución integral de los desafíos del país es resorte de todos los Poderes de la República, sin olvidar que la misma Carta Magna, artículo 9, establece que el gobierno también lo ejerce el PUEBLO.

Quedamos a la espera de su respuesta para las organizaciones abajo firmantes.

Con copia:

Asamblea Legislativa Corte Suprema de Justicia Defensoría de los Habitantes REPÚBLICA DE COSTA RICA

Pronunciamiento continental de organizaciones de mujeres y lideresas por Guatemala

Escrito en . Publicado en Derechos.

Nosotras, representantes de organizaciones y lideresas de Abya Yala, en esta fecha reivindicamos la Resistencia de los Pueblos Originarios, alzamos nuestras voces y expresamos nuestra preocupación por la situación crítica en Guatemala. Observamos con profunda preocupación el cierre de espacios democráticos y represalias sistemáticas contra las mujeres defensoras de derechos y sociedad civil provocadas por el gobierno del presidente Giamattei.

Estas represalias pretenden criminalizar a defensoras que demandan respeto a la voluntad del sesenta por ciento del electorado guatemalteco, expresada durante la segunda huelga del proceso electoral celebrado el día 20 de agosto del corriente y certificada por el Tribunal Supremo Electoral, TSE. Por mencionar algunas: (1) Violación a la autonomía del Tribunal Supremo Electoral (TSE), poniendo en tela de juicio los resultados emitidos por dicha instancia. (2) Persecución al Partido Semilla e intento de eliminar su personería jurídica para evitar que ejerza el mandato del pueblo en su función presidencial. (3) El secuestro de las actas 4 y 8 y la manipulación de los votos, símbolo de la soberanía popular expresada en las urnas, mediante un quinto allanamiento realizado en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral. (4) La constante violación de los derechos de las defensoras, muchas criminalizadas y otras que lograron escapar a través de asilo político en países extranjeros.

Ante estas acciones que han puesto en riesgo el estado de derecho democrático, las organizaciones de mujeres y ciudadanía organizada han recurrido a diferentes recursos legales y amparos ante las Cortes, sin obtener una respuesta apegada a derecho, las autoridades indígenas de los 48 Cantones del pueblo de Totonicapán exigen la renuncia de la fiscal general, del Fiscal a cargo de la FECI, y del juez que ordenó la legalidad a las acciones que violentan el proceso democrático.

Las organizaciones de mujeres, autoridades indígenas, madres y niñas, organizaciones sociales, estudiantes universitarios, entidades religiosas, mercados populares, y miles de habitantes del campo y la ciudad continúan aumentado su presencia en las calles y carreteras, en las plazas, llegando a 180 puntos estratégicos, para demandar la renuncia de estos funcionarios y respeto a la decisión del pueblo durante el comicio electoral y a la democracia.

Hasta el momento, los mensajes emitidos tanto por el presidente de la República, la Fiscal General del Ministerio Público y el Ministro de Gobernación, en lugar de apelar al diálogo social, amenazan con medidas represivas para detener las manifestaciones pacíficas como un derecho garantizado por la Constitución, que incluyen, provocaciones por grupos de choques infiltrados, la presencia de fuerzas especiales antimotines, el ejército y el sobrevuelo de helicópteros con armas en los territorios indígenas.

  • Ante el incremento de la violación de derechos humanos y políticos, las Mujeres del Continente comprometidas con los derechos y bienestar de las mujeres, niñas, sociedad guatemalteca y ciudadanía en general demandamos al presidente Alejandro Giamattei a:
  • Que actúe conforme a los principios democráticos, orden constitucional y verdadero agente conciliador de la República.
  • Solicite la renuncia a la fiscal general Consuelo Porras, de los fiscales Rafael Curucchiche, Cynthia Monterroso y del Juez Fredy Orellana; quienes, con actos contra la ley, han querido deslegitimar el proceso electoral.
  • Respetar la decisión de la ciudadanía a ejercer su derecho democrático a la protesta y movilización política.
  • Cese inmediato de la violencia contra las mujeres y personas que en su justo derecho disienten de las medidas antidemocráticas y represivas de su gobierno.
  • Suspender las prácticas que violentan los derechos humanos de las mujeres y personas que manifiestan y expresan respaldo a las legítimas protestas.
  • La liberación inmediata de las presas políticas, así como retorno y reparaciones para las guatemaltecas asiladas en el exterior.

Exhortamos a la comunidad internacional y gobernantes del Continente a continuar pronunciándose en favor de los valores y principios democráticos, de la restitución del orden constitucional y la garantía de los derechos cívico-políticos de la ciudadanía, y particularmente de las mujeres y niñas en Guatemala.

Octubre 12, 2023

www.latinasenpoder.org

El discurso que no pudo ser

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

Había pensado comenzar mi conferencia el 16 de octubre en la UNA, con una frase que descubrí en el discurso de toma de posesión de Nelson Mandela, como primer hombre negro que llegó a la Presidencia de la República de Sudáfrica, el 10 de mayo de 1994. La frase que escogí de manera muy sopesada dice así: “El ser humano no tiene miedo a la oscuridad, tiene miedo a la luz”.

Se iba a efectuar mi conferencia, como se produjo la de los demás rectores que comparecieron, en el marco de la celebración del cincuenta aniversario de fundación de la UNA. Me esmeré por lo tanto en presentar un documento que fuera no solo veraz, sino que ahondara en lo que juzgo debe ser la universidad pública en este siglo XXI. Personalmente me encargué de la invitación de personas queridas, desde líderes políticos, familiares míos, personas académicas, estudiantes y administrativos no solo de la UNA sino de varias universidades.

No obstante, como ya adelanté, se encontró en las redes no oficiales de la universidad, una convocatoria por parte de un grupo pequeño pero influyente de estudiantes, llamando a sus pares a que se presentaran a mi conferencia, pero con propósitos inamistosos y hasta hostiles.

Ante esta situación, no dudé en comunicar que no comparecería a la invitación que respetuosamente se me hizo, porque por los antecedentes que se produjeron cuando fui rector, temí que mis invitados pudieran verse de pronto envueltos en una agitación bochornosa. También entonces, me encargué personalmente de desconvocar a todas aquellas personas que con tanto respeto había invitado.

Mi ponencia de principio a fin posee un tono respetuoso, analítico y propositivo. A pesar de que confío en la fuerza de las palabras que iba a pronunciar, porque soy amante del debate respetuoso y el diálogo constructivo, juzgué que existía una probabilidad muy alta de que mi intervención se viera interrumpida abruptamente. Me preocupó, sobre todo, el irrespeto que de hecho se podía producir contra las personas que iban a estar presentes. Sentí que no tenía derecho a titubear en mi resolución de suspender mi participación, ante la mera posibilidad de que se produjera un bochorno, del que eximo completamente al rector de la Universidad Nacional y a sus autoridades.

Aunque, considero y he reflexionado que, como académicos, como autoridades (de las que obviamente he formado parte), tenemos innegable responsabilidad de no haber sido capaces de formar a la totalidad de nuestras personas estudiantes, en una educación con valores bien acendrados de amor por la auténtica democracia, por la paz y la civilidad, por el diálogo respetuoso, el debate constructivo y al mismo tiempo crítico, pero sereno. Esta reflexión atañe también al cuerpo de académicos y personas del sector administrativo. En la UNA afirmamos que en el proceso de enseñanza aprendizaje, todos somos aprendientes. Porque, cuando hay acoso laboral contra personas de la población ocupada en la UNA y acoso sexual, algunas veces hasta con violencia, contra mujeres tanto del sector estudiantil, del mismo personal administrativo, como del académico, aunque sea propiciado por una minoría, se ha convertido en un problema indeseable que enferma el ambiente universitario y hace que, algunos sectores de la prensa con el ánimo de desprestigiar a la universidad magnifiquen sus efectos.

La universidad en su conjunto debe abocarse a analizar a fondo estas situaciones que he descrito, porque es parte consustancial de la vida universitaria y, por lo consiguiente debemos aprestarnos a asumirla en su integralidad para cimentar más a fondo los valores humanistas que le dieron luz a la Universidad Nacional.

Buscaré la forma de que las autoridades correspondientes, y aquellos académicos, estudiantes y administrativos que me lo soliciten tengan acceso a la ponencia que preparé para esta ocasión. Me siento con el mismo derecho que tuvieron las otras personas que han sido rectores de la UNA, a que mi experiencia como rector sea conocida y debatida entre la población universitaria que esté interesada. Puedo adelantar que el rector González se comprometió conmigo a buscar una oportunidad para que yo pueda expresar mi pensamiento de manera virtual, para subsanar el vacío que se ocasionó con mi renuncia a presentarme a la conferencia como originalmente lo había aceptado y lo tenía dispuesto. No me arrepiento, para proteger a mis invitados, como me lo ha dicho tanta gente, creo haber hecho lo correcto.

Aprecio enormemente las muestras de afecto recibidas, tanto por parte de quienes habían confirmado su asistencia, como de quienes no podían estar, todo lo cual por sí solo me llena de agradecimiento y cariño hacia todas estas personas que me escribieron o se comunicaron conmigo ofreciéndome observaciones muy importantes. Reitero que creo en la importancia de hacer escuchar nuestra voz y defender ese derecho; pero sobre todo creo en la paz, máxime en momentos de un mundo tan convulso y violento como el que estamos viviendo. Tengo la esperanza de que la vida me ofrezca otra oportunidad para departir con la población universitaria y también la de fuera de nuestra “Alma Mater”, me dirijo en particular a las personas que fueron invitadas, en un marco de cariño, respeto y seguridad.

Enviado a SURCOS por el autor.

Comunicado de la Embajada de China en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Embajada de la República Popular China en la República de Costa Rica ha tomado nota de los comentarios sobre China de la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones Paula Bogantes, y del viceministro de Telecomunicaciones Hubert Vargas, durante su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa el 11 de octubre de 2023.

Como altos funcionarios del Gobierno de Costa Rica, la Sra. Paula Bogantes y el Sr. Hubert Vargas, haciendo caso omiso de los hechos básicos, lanzaron comentarios inadecuados sobre el sistema político de China y llamaron al país “un país con mayor riesgo en materia de ciberseguridad”. Estos comentarios afectan gravemente la confianza y las expectativas de las empresas chinas para realizar actividades económico-comerciales en Costa Rica y socavan el buen ímpetu de desarrollo de las relaciones bilaterales. Lamentamos mucho por sus comentarios y expresamos nuestra energética y vehemente oposición a sus acusaciones irresponsables e infundadas. Por medio del presente, aclaramos lo siguiente:

  1. La democracia es un valor común de toda la humanidad y un concepto importante en que el Gobierno y el pueblo chinos siempre hemos perseverado. China viene impulsando la construcción de la democracia de acuerdo con nuestras propias condiciones nacionales. Persistimos y promovemos la democracia popular en todo el proceso, en la que el pueblo ejerce efectivamente el poder del estado a través de las asambleas populares de diferentes niveles, evitando eficazmente el fenómeno de hacer numerosas promesas durante la campaña electoral y echarlas al suelo una vez se concluya el proceso electoral. En este sistema, 1400 millones de chinos han salido de la pobreza y el rezago, y gozan de amplios derechos y libertades, con lo que se ha explorado una nueva ruta para el desarrollo de la causa de la democracia de la humanidad.
  2. Siendo China otra víctima azotada de los ciberataques, las escuchas telefónicas y la vigilancia, rechazamos categóricamente y combatimos según la ley toda forma de ciberdelincuencia, y salvaguardamos firmemente la ciberseguridad. En 2020, China lanzó la Iniciativa Global para la Seguridad de Datos, con la que aboga por que las empresas cumplan estrictamente las leyes de los países donde operen, y se opone al uso indebido de la tecnología informática para realizar vigilancias a gran escala y la recopilación ilegal de información personal de ciudadanos de otros países. En contraste, ciertos países, abusando de su hegemonía tecnológica, realizan ciberataques, vigilancia y escuchas telefónicas sin distinción, e incluso a sus “aliados”.
  3. China apoya los esfuerzos de Costa Rica para salvaguardar la ciberseguridad. Sin embargo, el Convenio de Budapest es un convenio sobre la cooperación judicial en materia penal, cuyo objetivo es establecer un mecanismo de cooperación internacional para combatir la delincuencia. No aborda la cuestión de ciberseguridad, ni establece las presuntas normas de ciberseguridad. Cuesta entender que Costa Rica haya alegado este Convenio para regular el origen de los proveedores de 5G. En realidad, la mayoría de los países firmantes del Convenio de Budapest permiten y dan la bienvenida a la participación de empresas de telecomunicaciones chinas en la construcción de 5G en sus países.
  4. Las empresas de telecomunicaciones de China llevan años operando en América Latina y el Caribe, incluyendo Costa Rica. No solo que nunca han puesto en peligro la ciberseguridad local, sino que además han promovido notablemente el desarrollo de las telecomunicaciones en la región, dando facilitaciones al pueblo en general y creando considerables beneficios socioeconómicos. La presunta acusación de que China es “un país con mayor riesgo en materia de ciberseguridad” es totalmente absurda e infundada.
  5. Costa Rica es el único socio estratégico de China en Centroamérica. Durante los 16 años desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas, las relaciones China-Costa Rica han logrado fructíferos resultados gracias a los esfuerzos de ambas partes, traducidos en beneficios para ambos pueblos. China es el segundo socio comercial de Costa Rica. Los productos que exporta Costa Rica a China se han aumentado de unas 10 variedades al inicio de las relaciones diplomáticas a más de 200 en la actualidad. Los proyectos con cooperación china como el Estadio Nacional, la Escuela Nacional de Policía y la Planta Potabilizadora Cañas-Bebedero se han convertido en proyectos emblemáticos de la amistad entre ambos países, y se están impulsando y abordando muchos otros proyectos de cooperación. Son amplias las perspectivas de cooperación.

Apreciamos altamente que las diputadas y los diputados de distintos partidos políticos integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa han persistido en una posición objetiva y justa y han hecho evaluaciones objetivas y positivas sobre las relaciones sino-costarricenses.

Estamos a la expectativa de que los distintos sectores de la sociedad costarricense no se dejen engañar por las maniobras políticas de unas pocas personas, y continúen haciendo esfuerzos conjuntos con la parte china para salvaguardar las relaciones bilaterales entre China y Costa Rica.

Fuente: http://cr.china-embassy.gov.cn/esp/ndle/202310/t20231013_11160320.htm

Compartido con SURCOS por Claudio Monge Pereira.

En los 50 años del golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular: parecía que había una derecha democrática…

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gilberto Lopes

Septiembre del 2023, en Santiago

Parecía que la había: una derecha democrática. “Pero era porque tenían el control, el poder de veto”. “Cuando vieron que la democracia podría permitir a otros tomar el control, entonces estuvieron contra la democracia”, dijo Fernando Atria.

Estoy otra vez sentado con Atria, abogado constitucionalista, exconstituyente, en su casa, en Santiago, en una conversación que se prolonga ya por seis años. El mismo hilo conductor de siempre.

La forma política chilena caducó el 18 de octubre del 2019, cuando estallaron las enormes protestas por un aumento del transporte público, que luego se transformaron en un verdadero estallido social, me dijo en mayo del 21, cuando integraba la Asamblea Constituyente.

Tres años antes, cuando aspiró, sin éxito, a una curul en la Cámara de Diputados –y Sebastián Piñera lograba su segundo mandato presidencial– me habló de un cambio de época en la política chilena, desde las protestas del 2011. Percibía el país sometido a una forma de gobierno incapaz de producir las transformaciones significativas que le hacían falta.

Una crisis sin solución

–Hace seis años, en 2017, me dijo Ud. que había un “cambio de época” en la política chilena. Pero que las demandas de impugnación del modelo neoliberal no podían ser satisfechas sin una nueva constitución. Se avanzó en esa dirección, pero creo que poca gente se imaginó que llegaríamos al punto actual, con el proceso constituyente en manos del pinochetismo. ¿Qué sigue?, le pregunté, en vísperas de las conmemoraciones de los 50 años del golpe contra la Unidad Popular, cuando la elaboración de una nueva propuesta de constitución entraba en su fase final.

“Sigo creyendo que Chile necesita una transformación y que la constitución lo impide”, dijo Atria. “Esta situación, lo que produjo fue una progresiva deslegitimación, hasta que estalló el proceso. Solo entonces se abrió la posibilidad de una transformación de verdad. Esa posibilidad fracasó y no se va a realizar ahora. Una de las razones es porque llegó demasiado tarde. La crisis va a quedar sin solución”.

En un Consejo Constitucional de 50 miembros, la derecha tiene una amplia mayoría. Solo los republicanos, de José Antonio Kast, tienen 22 representantes, a los que se suman los seis de la UDI y cinco de Renovación Nacional-Evopoli. A partir del 16 de septiembre han venido votando (y aprobando) prácticamente todas las reformas que el grupo ha hecho al texto más consensuado que un Comité de Expertos había preparado.

“Quienes controlan la mayoría en ese proceso están convirtiendo su proyecto de Constitución en una fuente de odio sectario y mezquindad”, dijo el 21 de septiembre pasado el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. “Lo que se ve en el Consejo es un pantano en el que se revuelcan personajes mediocres”.

Al final, el 17 de diciembre, los chilenos deberán acudir de nuevo a las urnas para aprobar o rechazar el texto que les presenten, cuya radicalidad ha empezado a crear incomodidad en sectores de la misma derecha.

A 50 años del golpe

–Visto a 50 años de distancia del golpe, pareciera que Chile necesita retomar el rumbo de reformas interrumpido por la dictadura. La hija de Allende, la senadora Isabel Allende, reivindicó la obra de su padre y el programa de la Unidad Popular en su discurso del 11 de septiembre. La derecha respondió a ese programa con un golpe, que lo ha puesto entre paréntesis durante estos 50 años. ¿No le parece que hace falta retomar ese hilo político?, le pregunté a Atria al iniciar nuestra conversa.

“Sí, desde luego. Hay que retomar el hilo. Continuar la construcción de ese Estado social es lo que Chile necesita”, me dijo. Pero no es el 12 de septiembre del 73, agregó. El programa de Allende, la experiencia de la UP, hay que verlos en el contexto del desarrollo chileno en el siglo XX. En la década de los 60, en el gobierno de Frei (64-70), hubo un intento por redefinir el rol de la propiedad, la presencia del Estado de la economía. Eso tiene que ver con la propiedad como una forma de redistribuir el poder y fue explícito en el caso de la reforma agraria”.

La senadora Isabel Allende, hija de Salvador Alende, recordó ese proceso histórico al hablar en La Moneda, el 11 de septiembre.

“Mi padre transitó todo Chile, recorrió en más de la mitad de su vida el país, desde la cordillera y los valles al mar, desde el desierto hasta los hielos patagónicos. Representó en el Congreso al norte, centro y sur como diputado y senador; y en sus cuatro campañas presidenciales escuchó las voces de miles de personas e instó a la construcción de movimientos sociales amplios, diversos, plurales”.

“En esos años, el 60% de las familias percibía el 17% de los ingresos del país, mientras que 2% de las familias controlaba el 46% del ingreso nacional. La mortalidad infantil superaba los 200 fallecidos antes de un año por cada mil nacidos vivos, la pobreza era brutal y, por supuesto, multidimensional”.

El gobierno de la Unidad Popular recogió su pensamiento, recordó. “Más allá de sus dificultades y errores, redistribuyó la renta, aumentó significativamente el sueldo mínimo, las pensiones, democratizó el crédito, nacionalizó las principales riquezas naturales del país, profundizó la reforma agraria, combatió la desnutrición, abrió espacios de participación para la toma de decisiones, duplicó el descanso postnatal, estableció igual salario para hombres y mujeres que trabajaran en el Estado, incrementó las becas y programas especiales para trabajadores y para mujeres en las universidades, promovió la cultura, la lectura, desarrolló la medicina social, le dio un par de zapatos a todos los niños que no los tuvieran, entre muchos otros logros”.

Lo que sucedió en Chile en aquellos años, dijo Isabel Alende, “pasó a ser parte de la historia de vida de millones de ciudadanos que se sintieron interpelados y se movilizaron de muchas formas, inspirados por Allende”.

Hoy esa derecha busca tergiversar los hechos para culpar a la UP y al Presidente Allende del golpe de Estado. Pero los verdaderos responsables –agregó– “fueron quienes quebraron la institucionalidad, bombardearon este palacio, persiguieron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de chilenos. Y, sin duda, quienes los ampararon políticamente y guardaron silencio cómplice ante las atrocidades que el país vivía”.

Democracia y derechos humanos

La historia nos muestra que estos 50 años de la historia de Chile han sido 50 años de lucha por retomar un hilo que el golpe de Estado cortó. Una lucha que no se interrumpió nunca, ni siquiera cuando las condiciones eran las más dramáticas y todo parecía imposible.

Lo había dicho Allende: “No se detienen los procesos sociales ni con la represión, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos”. A ese camino me parece que hacían referencia Atria e Isabel Allende.

Boric prefirió hablar de democracia y derechos humanos. No es que a Atria y a la senadora Allende el tema no les importara. Pero el abordaje es distinto.

Le pregunté a Atria si la reivindicación del presidente de promover los derechos humanos “sin anteponer ideología alguna” no lo termina alineando con una política conservadora que ha sido el fundamento de la violación de esos derechos, en Chile y en América Latina. Aliado, además, a lo más conservador en la región. ¿Es ese el camino para la defensa de los derechos humanos?, pregunté.

Se toma un tiempo …piensa… y me dice: Sí y no… “No creo que una política internacional pueda definirse por el tema de la incondicionalidad de los derechos humanos. Pero, con independencia de al lado de quien termine Boric, hay un valor en la idea de la incondicionalidad de los derechos humanos”.

Se toma un tiempo nuevamente… “Latinoamérica necesita tener una izquierda cuyo compromiso democrático sea fundacional. Que permita compensar el daño que a la izquierda latinoamericana ha causado la situación de Venezuela y Nicaragua”.

Y agrega: “Pero en política no es indiferente el lado donde uno termina.

En su política orientada a constituir una izquierda latinoamericana, el gobierno no ha tenido el empuje que yo esperaba”.

Hay que leer los discursos de Boric: el del 11 de septiembre, el de Naciones Unidas, y el de la OEA, al inaugurar la puerta Salvador Allende. “La democracia es el único camino para avanzar hacia una sociedad más justa y humana y es, por lo tanto, un fin en sí mismo”, dice Boric. Se trata de “una construcción continua, es una historia de nunca acabar”.

Es difícil encontrar asidero en la historia para afirmaciones como esas. La misma indefinición del concepto de “democracia” permite sus más variados usos. En una reciente reunión de la derecha más rancia, latinoamericana y española, celebrada en Argentina, se decía que la “democracia” es el único sistema “capaz de garantizar la libertad, el progreso, la justicia y la sustentabilidad”.

Casi al mismo tiempo se reunían en Roma, el pasado 20 de septiembre, más de 140 académicos de 15 países en un seminario chino-europeo sobre derechos humanos con el título de “Modernización y Diversidad de los Derechos Humanos entre civilizaciones”.

Boric habla “a las nuevas generaciones, a las que crecieron o nacieron en democracia y que, por lo tanto, la dan por hecho”. ¿Qué les dice? Dice que los problemas de la democracia siempre deben resolverse con más democracia y nunca con menos. Que “los derechos humanos son una base ética e irrenunciable elección política”, que no tienen color político, que deben ser promovidos y defendidos en todo tiempo y en todo lugar, que su condena debe ser clara, “sin importar cuál sea el color del gobierno que los vulnere”. Asegura que no pretende “entregar recetas ni dar lecciones nadie”.

Naturalmente, nada de eso es posible. ¿Qué va a hacer si Estados Unidos no hace ningún caso a sus exigencias de que ponga fin a las ilegales sanciones a países como Venezuela y Cuba (a la que tiene sometida a drásticas medidas hace más de 60 años, condenadas prácticamente por la unanimidad de la Asamblea General de Naciones Unidas)? ¿Puede hacer algo? ¿Irá por el mundo repitiendo su condena? Apunta particularmente al gobierno de Nicaragua. Antes lo había hecho con el de Venezuela. ¿Tratará por igual las violaciones a los derechos humanos de los Estados Unidos (que ni siquiera es miembro de los organismos interamericanos de derechos humanos, como la Convención o la Corte) y las que denuncia en otros países?

Nada de eso tiene sentido. No es posible tratar el tema de los derechos humanos (si se pretende avanzar en algún sentido) sin considerar circunstancias políticas, el escenario histórico. O sea, transformar los principios en políticas activas e inteligentes para avanzar en la solución de los problemas. Esa capacidad de aplicar los conceptos generales a las situaciones concretas es una cualidad escasa, indispensable para cualquier político.

Al final, Boric termina entregando recetas y dando lecciones. Termina alineado con lo más conservador de Latinoamérica, sin poder resolver un desafío al que se enfrenta cualquiera que pretenda hacer política: transformar los principios generales (en los que están de acuerdo un vasto espectro, de derecha y de izquierda), en aplicación práctica de esos conceptos. Ha renunciado a esa tarea. Le basta con un concepto general, una idea que nos hace recordar la introducción de Atria: Parecía que había una derecha democrática. Pero era porque tenían el control, el poder de veto.

Rechazo de la derecha

Consecuente con esa visión, Boric persigue un alineamiento político que se ha revelado imposible en Chile. A sus intentos unitarios, la derecha replicó leyendo nuevamente en el congreso la polémica resolución del 22 de agosto de 1973, en la que sentaron las bases para el golpe de septiembre, desatando una respuesta airada de los parlamentarios que representan, de algún modo, lo que puede considerarse como fuerzas cercanas al proyecto de Allende. En su texto, la derecha responsabiliza a Allende de la ruptura institucional, como justificativa para el golpe.

Hace tan solo un mes, en agosto pasado, el general Ricardo Martínez, excomandante del ejército, publicó un texto modesto y polémico, de 140 páginas, titulado “Un ejército de todos”, de notable importancia política. Ahí redefine el papel del ejército en escenarios políticos turbulentos, entre ellos el del período de la Unidad Popular. En los últimos 50 años, afirmó, “una sucesión de hechos relevantes involucró al Ejército”. Pero ninguno tuvo más importancia para la vida de la nación y para sus ciudadanos que “el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, en el que asumió el comandante en Jefe del Ejército como presidente de la junta de gobierno”.

El general Martínez reivindica el papel de dos de sus antecesores en el mando del Ejército, los dos asesinados por conspiraciones civiles y militares de la derecha: el general René Schneider (en cuyo asesinato –asegura– participaron civiles y militares en servicio activo, con el apoyo de la CIA), y el del general Carlos Prats, antecesor de Pinochet en el mando del Ejército. Asesinato de Prats y su esposa, en septiembre de 1974, en Buenos Aires, donde había buscado refugio después del golpe. Un crimen “cobarde, cruel y repudiable”, dice el general Martínez, “una vergüenza institucional”.

No es posible extenderme aquí en las reflexiones de un libro lleno de lecciones, que me parce mucho más útil para aplicar una política de derechos humanos al caso de Chile que la reiterada reivindicación de una idea, sin asidero en el análisis de lo concreto. Pienso, por ejemplo, que, si Boric hubiese invitado al general Martínez a acompañarlo en La Moneda, en el acto del cincuentenario del golpe, habría enviado un mensaje de unidad mucho más lúcido y potente a los ciudadanos que su discurso reiterado de consignas.

“Se ha intentado invertir las responsabilidades sobre la tragedia que vivimos todos durante los largos 17 años más oscuros de nuestra historia”, denunció en su discurso la senadora Allende. “Los verdaderos responsables fueron quienes quebraron la institucionalidad, bombardearon este palacio, persiguieron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de chilenos”, afirmó.

Ese escenario político dejó claro que la consigna del “nunca más” –repetida hasta el cansancio– no es más que un deseo, pero que no le da a los chilenos orientación alguna para conseguirlo. Para lograrlo solo hay dos caminos: o se renuncia a todo cambio significativo en el país, para que esa derecha no se sienta amenazada; o se crea la fuerza política necesaria para promover esos cambios, sin que otro golpe pueda evitarlo. Pero la consigna, vacía de contenido político, contribuye poco –o nada– al logro de lo que aspira. Lo mismo que una concepción vaga de la democracia no deja orientación alguna para una población ávida por conquistarla.

Quizás todo esto tenga mucho que ver con las dificultades para celebrar los 50 años del golpe de Estado, sin que ningún objetivo político –sustituidos por los buenos deseos del presidente– haya convocado a la población a retomar el sendereo perdido.

Una puerta errada

La celebración del cincuentenario coincidió con la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, hacia donde el presidente chileno viajó una semana después.

Ahí reiteró su discurso:

los problemas de la democracia se resuelven con más democracia; los derechos humanos no tienen color político… Criticó las sanciones que Washington impone a Cuba y Venezuela. No habló de las aplicadas contra Nicaragua.

Pero el acto final del cincuentenario estaba aún pendiente. Se celebró en la sede de la OEA, en Washington.

Boric destacó, en su página de “X”, que la OEA había nombrado su puerta principal en homenaje al expresidente Salvador Allende, junto a 32 países que se adhirieron a esta decisión”. Y posó, dándole la mano, al secretario general de la OEA, bajo un hermoso tapiz con la imagen del presidente Allende.

50 años después, la idea de transformar la imagen de Allende en una puerta en la OEA me parece infeliz… Es inevitable comparar con otra puerta –tan recordada en estos días–, la de Morandé 80, por donde fue sacado el cuerpo del presidente Salvador Allende.

La imagen de esa puerta (que Pinochet mandó clausurar), llenó de recuerdos –y de lecciones­– a los chilenos.

¿Qué lección nos deja la puerta Salvador Allende de la OEA, inaugurada por un secretario general comprometido con el golpe de Estado en Bolivia, en una institución cuyo desprestigio no puede ser mayor en América Latina?

La OEA no merece esa puerta, ni Allende ese escarnio.

La crisis de Guatemala requiere mayor acción internacional

Escrito en . Publicado en Derechos.

Las Américas, 18 de septiembre de 2023. Las organizaciones internacionales firmantes nuevamente rechazamos las actuaciones del Ministerio Público de Guatemala que buscan obstruir el proceso electoral que dio como ganadores a Bernardo Arévalo y Karin Herrera como presidente y vicepresidenta electos.

El 12 de septiembre, por cuarta ocasión, el Ministerio Público realizó allanamientos en instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) allanó y registró el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) y abrió cajas donde se encontraban boletas electorales, con lo cual violentó la cadena de custodia de los votos que había garantizado el TSE. Los magistrados y magistradas del TSE plantearon un amaro para tratar de frenar las diligencias del MP porque violan la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Constitución.

A pesar de las reiteradas muestras de preocupación expresadas por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, diversos Estados y las manifestaciones ciudadanas, la fiscal general Consuelo Porras continúa abusando de su poder y extralimitándose en sus funciones, y sigue criminalizando y acosando al TSE y al partido Movimiento Semilla.

Por ello consideramos que, en la sesión del Consejo Permanente de la OEA, programada para hoy, se debe aplicar la Carta Democrática que, en su artículo 20, faculta a los países del hemisferio a realizar una apreciación de la situación y promover la normalización de la institucionalidad democrática. Es importante recordar que, en la pasada sesión del Consejo Permanente del 1 de septiembre, el propio Estado de Guatemala reconoció que el Ministerio Público ha intimidado al TSE y al partido Movimiento Semilla, y no se han tomado acciones para detener esto.

La fiscal general Consuelo Porras sigue utilizando el Ministerio Público con fines políticos y está generando una crisis innecesaria en el país. De acuerdo con el artículo 251 de la Constitución Política de Guatemala, el Ministerio Público debe “velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país”, sin embargo, la fiscal general está violando las normas nacionales e internaciones. Además, ha sido sancionada por el gobierno de Estados Unidos y su reelección en 2022 fue seriamente cuestionada por presionar a miembros de la comisión de postulación para que la incluyeran en el listado del cual la nombró el presidente Alejandro Giammattei.

Las organizaciones internacionales nos unimos a las voces de la población guatemalteca que exigen la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y la destitución inmediata de los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso porque están abusando de su poder, violentando la Constitución y poniendo en riesgo la estabilidad democrática del país. Es importante que se garanticen las condiciones jurídicas y políticas adecuadas para que pueda continuar el proceso de transición y las autoridades electas tomen posesión el próximo 14 de enero de 2024.

Organizaciones firmantes

WOLA

Protección Internacional Mesoamérica

CEJIL

AJWS

Be Just

LAWG

FJEDD

Rober F. Kennedy Human Rights

Plataforma Internacional contra la Impunidad

GHRC

Impunity Watch

Chaves es sólo un títere irresponsable, efímero y fugaz

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Guido Mora

Tengo la impresión y lo expongo a modo de hipótesis, de que el análisis que algunos hemos venido realizando sobre el triunfo de Rodrigo Chaves y su administración, ha partido de una perspectiva equivocada y, si un razonamiento parte de premisas falsas, es muy probable que la conclusión también sea falsa.

Hay que tener claridad meridiana de que, contrario a lo que muchos piensan, Rodrigo Chaves no es el detonante directo, ni el responsable del deterioro de nuestra institucionalidad, ni de la pérdida de credibilidad y de confianza en el sistema democrático. Rodrigo Chaves es sólo el instrumento, al servicio de algunos grupos políticos y económicos, que vieron la posibilidad de utilizar en su beneficio, la incertidumbre y la pérdida de legitimidad que enfrenta nuestro sistema político.

Estos grupos de poder emergentes se articularon al lado de “sicarios digitales”, especialistas en manejar las volubles voluntades y aprovecharse de las necesidades de las masas de votantes, -actuando como quien vende un producto comercial-; sin que en ellos exista un interés particular en impulsar una u otra concepción política: su lucha no es ideológica. Específicamente buscan satisfacer egos personales y de paso llenar sus bolsillos, para “venderse” después como “genios de las redes sociales”. En sus acciones no valoran ni ponderan, el daño político, social y económico causado a la sociedad y a la política, frente las expectativas generadas ante la opinión pública y la incapacidad real de satisfacerlas. Este no es un tema que les importe en particular.

Entre los políticos, esta misma intencionalidad tampoco genera sentimientos de culpa: su único objetivo consiste en ganar una elección, aunque en definitiva no tengan la menor idea para que utilizar el poder, por lo que terminan transformándose en vanidosos títeres de grupos de interés político y económico, que sólo procuran preservar el statu quo.

Rodrigo Chaves, en esta óptica, es un burócrata internacional ajeno por años a las realidades costarricenses que, ante la presencia de los candidatos tradicionales de siempre, carentes de confianza y credibilidad, logra sacar ventaja electoral y, tal como lo expone Anne Applebaum en su libro intitulado “El ocaso de la democracia”, hace uso de una buena e irresponsable estrategia de comunicación, ofreciendo a los votantes ávidos de promesas, soluciones fáciles a problemas complejos, espejismos en vez de realidades, en definitiva, populismo puro y duro.

Estos grupos políticos emergentes se aprovechan del hartazgo que enfrenta la sociedad costarricense, cansada del saqueo protagonizado por los representantes de los sectores económicos más favorecidos quienes, instrumentalizando a los partidos y a los políticos tradicionales, han logrado consolidar los procesos de concentración de la riqueza, y con ello profundizar la desigualdad e inequidad, en una Costa Rica que solía ser mucho más solidaria.

Desde esta perspectiva, Chaves constituye una “pequeña pesadilla”, resultado de esta triste realidad socioeconómica que vivimos como sociedad, alimentada por la incapacidad y entropía que sufre el Estado, que le impide atender apropiadamente la problemática socioeconómica y estructural que enfrentamos como país.

Constituye eso sí un error señalar a Rodrigo Chaves como el responsable de esta crisis de legitimidad.

No se trata de librar de responsabilidad al actual ocupante de la Casa Presidencial: Chaves es responsable directo de su prepotencia, de su intolerancia, de su autoritarismo, de la falta de estabilidad de su equipo de gobierno, de su desconocimiento de la realidad política costarricense, de sus improvisaciones y las de sus colaboradores.

En mi perspectiva particular, los responsables directos de esta crisis de legitimidad son los representantes de la clase política tradicional, los candidatos sempiternos, que pretenden seguir en el poder y qué, si no lo logran personalmente, procuran prolongar a sus familias y amigos en puestos políticos, para continuar usufructuando personal o familiarmente de la política y de los recursos públicos.

Estas acciones orientadas a perpetuar la presencia y la acción política de actores con poca o nula credibilidad, se han visto acompañadas por un deterioro acelerado y profundo de los valores éticos, tanto en el ámbito nacional, como local.

La combinación de acciones delictivas de funcionarios públicos, miembros de la clase política y de representantes del sector empresarial en actos de corrupción, en detrimento de la ética y del uso correcto de los recursos públicos, que, a los ojos de la sociedad, no han sido procesados con prontitud y eficiencia, han generado un profundo sentimiento de frustración e impunidad en detrimento del sistema político. Casos como la “Operación Diamante”, el “Caso Cochinilla”, el “Caso Pancho Villa” y el “Caso Azteca”, para mencionar los más recientes, han deteriorado aún más la imagen del Estado; de la política y de lo político, a los ojos de miles de costarricenses.

Otra manifestación de esta crisis la encontramos en la penetración de la delincuencia internacional; la multiplicación de los asesinatos en manos de sicarios vinculados a los cárteles de la droga y la penetración del narcodinero en la economía.

Paulatinamente los recursos económicos filtrados por los delincuentes internacionales se han transformado en un instrumento destinado a financiar dirigencias y liderazgos políticos locales y volcar, -por temor o en búsqueda de beneficios-, a algunos sectores sociales que, ante la incapacidad de satisfacer sus necesidades particulares, tienden a proteger con el silencio y la complicidad a sus eventuales benefactores o posibles agresores.

Como daño colateral, se multiplica el reclutamiento de jóvenes de edades tempranas, que en no pocos casos son asesinados por sicarios, convirtiéndolos en carne de cañón y llenando de luto a muchas familias a lo largo y ancho del territorio nacional.

La mala imagen de la política y lo político -que finalmente no resuelve los problemas que enfrentamos como sociedad-; su anclaje a las formas tradicionales de acción y de expresión; y su incapacidad de superación de esta realidad, constituyen uno de los elementos centrales que inhiben e incapacitan a la “clase política tradicional”, para desarrollar un proceso de generación de alternativas y acciones ante el populismo de Chaves y sus acólitos, y la cruda coyuntura sociopolítica que enfrentamos.

En el entretanto, los representantes de la casta política tradicional continúan sin comprender la urgente necesidad de evolucionar. Siguen sin entender que los ciudadanos están hartos de su incapacidad para resolver los problemas económicos, políticos y sociales. Se cierran a la realidad y pretenden obviar su complicidad en la construcción de esta problemática, fraguada en la concreción de muchas de sus acciones impulsando y aprobando leyes, que han transformado al Estado en un promotor y defensor de la inequidad y la desigualdad social.

Siguen los partidos y los políticos tradicionales sin plantearse o responder preguntas básicas para la convivencia política en la Costa Rica contemporánea. Seguimos sin respuestas a algunas preguntas que nos permitan definir un norte como sociedad:

  1. ¿Cómo debe de concebirse la democracia costarricense en la segunda mitad del Siglo XXI?;
  2. ¿Cómo se concreta esta concepción democrática en actividades medulares para nuestra sociedad: en el campo de la salud, la infraestructura, la economía o la seguridad ciudadana, entre otras?
  3. ¿Cómo debe de expresarse y consolidarse esta concepción política desde la educación, en donde muchos padres ni estimulan, ni comprometen a sus hijos a asistir a los centros educativos y, dónde los muchachos han perdido la esperanza, la ilusión y el interés por educarse, pues les genera mayor expectativa y capacidad de materializar ser un “influencer” o vincularse a un grupo delictivo?
  4. ¿Cómo hacer sentir a los educadores responsables y protagonistas del proceso educativo, de manera que podamos mejorar la calidad de la educación costarricense?
  5. La pregunta anterior también válida para ser aplicada en la salud pública y comunitaria, transformando a los médicos en protagonistas del proceso de optimización del funcionamiento de los EBAIS y de la CCSS.
  6. ¿Cuál debe de ser el papel del Estado en la construcción de esta opción política?
  7. ¿Cuál el papel de los gobiernos locales?
  8. ¿Qué transformaciones deben de promoverse en las y desde las instituciones públicas, para lograr el fortalecimiento de la democracia política, económica y social?
  9. ¿Cuál debe ser el papel de la sociedad civil en esta dinámica sociopolítica?

Bien lo planteaba Séneca hace miles de años: ningún viento es favorable para quien no sabe dónde va.

Estoy convencido de que los partidos políticos tradicionales, o los grupos opositores de Chaves, no tienen claridad de la agenda que debe de construirse, no sólo para vencer el incipiente populismo del presidente, sino para cumplir el objetivo que debería de orientar el quehacer de quienes deseen gobernar este país en la segunda mitad del Siglo XXI: cuyo eje central debería de ser la renovación y reformulación del modelo democrático en lo político, lo económico y lo social.

Debemos comprender que la democracia no es una obra terminada, sino un edificio en constante construcción; que se deben de fortalecer las ideas democráticas, extendiendo su alcance más allá del ejercicio del derecho del sufragio.

Estamos en la obligación de ofrecer a los costarricenses del futuro, la seguridad de contar con un estado democrático no sólo en lo político, sino también en lo económico y lo social.

Es urgente tomar las decisiones y realizar las acciones que nos permitan frenar los arrestos populistas, pero también, que nos permitan superar el estado catatónico en que hemos caído. De lo contrario, cualquiera otro loquito, de esos que se ponen a gritar o a barrer en las redes sociales podría darnos la sorpresa de ganar las próximas elecciones y entonces, sin duda alguna, se concretarán acciones más enérgicas orientadas a debilitar el sistema democrático costarricense.

Organizaciones de mujeres envían carta al secretario general de la OEA en relación con comicios en Guatemala

Escrito en . Publicado en Derechos.

Guatemala, 13 de septiembre del 2023

Señor Luis Almagro Lemes
Secretario General
Organización de Estados Americanos-OEA
Washington, D.C.

Excelentísimo Dr. Almagro:

La Misión Observatorio Transnacional de Mujeres y las organizaciones firmantes, realizamos un ejercicio de Observación electoral, avalada por el Tribunal Supremo Electoral de la República Guatemala (#DCOOP-O-807-08-2023), los comicios realizados el 20 de agosto del 2023. Mismo que se ha extendido debido a las condiciones políticas que están amenazando la garantía de los derechos de la ciudadanía que se expresó en las urnas, dando como resultado un 60 por ciento de votos a favor del partido Movimiento Semilla.

Expresamos nuestra profunda preocupación y consternación por las acciones realizadas por el Ministerio Público, reconocidas como indebidas incluso en la Resolución del cuerpo rector Interamericano que usted dirige, la Organización de Estados Americanos, OEA, emitida el 1 de septiembre 2023, Referencia: E-038/23. Lamentablemente, el pasado 12 de septiembre, las acciones de judicialización han escalado a una violación flagrante de los derechos cívico-políticos de la población guatemalteca. Estas acciones contravienen la Ley Electoral y de Partidos Políticos que tiene rango constitucional. En ningún artículo faculta a otra autoridad a revisar las cajas que contienen el material utilizado en las votaciones —votos emitidos, votos en blanco, padrón con las firmas de las y los ciudadanos que emitieron su sufragio y actas originales firmadas por las Juntas receptoras de votos.

Con base a estas consideraciones, solicitamos de manera urgente convocar al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para emitir una resolución que aborde las acciones que obstaculizan el proceso de transición democrática. Que, además, irrespetan la soberanía popular, vulneran la institucionalidad y colocan en grave riesgo la paz social en Guatemala y la Región.

La consolidación de la democracia es una responsabilidad colectiva. Agradecemos su gestión frente al máximo organismo multilateral Interamericano que usted dirige para tomar acción inmediata.

De tener alguna pregunta, favor comunicarse a las siguientes direcciones electrónicas: nsegui@latinasenpoder.org y/o dmariposas@gmail.com; cdnmoloj@gmail.com

Atentamente,

Nosotras, Representantes de las Organizaciones abajo suscritas:

Latinas en Poder (Red Transnacional). AfroAmérica XX1. Asociación Civil Colectivo para la Participación de la Infancia y Juventud. Asociación de Mujeres Alas de Mariposas. Asociación\Ixoqib’ MIRIAM. Asociación Política de Mujeres Mayas. Asociación Pop Noj´. Escuela de Formación Política para Mujeres Afrodescendientes y Garifuna. Fundación Tierra Nuestra. Livingston Emprende. Red de Mujeres Landivarianas. Voces de Mujeres. Alianza por la Madre Tierra. Asociación de Mujeres de El Salvador, CONAMUS. Asociación de Mujeres Rurales. Católicas por el Derecho a Decidir. RACDES, Red Ambientalista de El Salvador. Semillas de Libertad. Asociación de Mujeres Afrodescendientes. Madre Tierra. Asociación de Apoyo Mutuo entre Mujeres. Asociación de Mujeres Afrodescendientes (EUA). Asociación de Mujeres Garífunas y Mixtas. Panes de Coco. Red de Mujeres MIMNPAW. Cafami. Caminantas. Circulo Feminista Jurídico. Las Vanders. Red de Mujeres Zoques. Red Nacional de la Defensa de la Milpa y Biodiversidad. Red SurAmericana para las Migraciones Ambientales. Con las Amigas y en la Casa Observadoras de la Ley de Aborto. Mujeres Migrantes. Voz Alternativa.

 

Compartido con SURCOS por Nitza Segui.

Acto de  develación de placa en homenaje a Salvador Allende y  en conmemoración de los 50 años del golpe militar en Chile

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El pasado 11 de septiembre del 2023, se realizó la develación de la placa en homenaje a Salvador Allende, ese día se cumplieron 50 años del golpe cívico militar de Chile. Con la colocación de esta placa se busca rendir homenaje al entonces presidente Salvador Allende Gossens, a su legado político y social en favor de la democracia, la justicia y los Derechos Humanos.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid023VGMuYhRUYkryw4SGJZzbLZKsixUsc2D2nSsdtmqsN2ukA3xcJjTBk7bsUk4ndvXl&id=100064694198618&mibextid=Nif5oz

UCR: Los premios UCREA 2023 recaen en los proyectos que tratan sobre serios problemas sociales

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Los equipos ganadores de la ediciòn 2023 del Espacio Universitario de Estudios Avanzados (UCREA) deben estar en interacción permanente con académicos y académicas de todo el mundo, con un ámbito temático igualmente abierto a las artes, las ciencias naturales, las humanidades y las ciencias sociales.

Los trabajos premiados se caracterizan por ser innovadores y pluridisciplinarios

El Espacio Universitario de Estudios Avanzados (UCREA) de la Universidad de Costa Rica es un semillero que promueve y posibilita respuestas a problemas complejos «pensar cosas que no han sido previamente pensadas».

El espacio de UCREA, creado en el 2014, es un marco multi y transdisciplinario, innovador e internacional, de investigación de alto nivel, que permite el encuentro y la discusión entre el personal académico de la UCR con la comunidad académica del mundo, en un amplio espectro temático, abierto a las artes, las ciencias naturales, las humanidades y las ciencias sociales.

Los proyectos presentados ante UCREA deben caracterizarse por la originalidad de las ideas, la novedad de las propuestas y la relevancia respecto de la sociedad en su conjunto. Es así como los proyectos responden a preguntas urgentes y complejas de la sociedad y en concordancia con los principios que rigen a la Universidad de Costa Rica.

Para este 2023 UCREA estableció tres ejes prioritarios:

  1. “Pandemia Covid 19”: las consecuencias de esta pandemia no terminan manifestarse. Es por lo tanto, de sumo interés invitar propuestas que reflexionen sobre las profundas transformaciones e impactos que dicho fenómeno continúa produciendo en diversos ámbitos.
  2. “Crisis Climática”: la crisis climática no posee fronteras y tiene múltiples dimensiones. Es un desafío que atraviesa disciplinas y prácticas. UCREA invita a presentar propuestas que aborden esta temática, de manera original e innovadora.
  3. “Democracia”: el ejercicio democrático del poder es objeto de ataques constantes y nunca se puede dar por sentado. Por esta razón, UCREA acoge propuestas que reflexionen sobre los desafíos, problemas y manifestaciones que afectan actualmente el ejercicio, la conceptualización y la práctica de la democracia.

Cuatro proyectos se hicieron acreedores a los premios de este 2023, los cuales reúnen todas las condiciones para obtener el apoyo económico necesario para hacer realidad las ideas planteadas. Cada proyecto recibe entre ¢30 y ¢50 millones de colones. Las distinciones fueron entregadas por parte de la Vicerrectoría de Investigación, en un acto especial el pasado 5 de setiembre, tras un proceso que implicó, según detalla la vicerectora María Laura Arias Echandi, la revisión de cerca de 70 proyectos con características de investigación de muy alto nivel, que concursaron para optar por uno de los premios UCREA.

«En momentos en que la UCR está siendo fuertemente atacada por muy variados actores sociales y políticos, por la formación profesional en Ciencias Sociales, humanidades, arte y cultura, me satisface mucho que dos de los cuatro proyectos ganadores en este 2023 tengan la particularidad de no remitirse al campo de las tan mencionadas carreras de ciencia y tecnología (STEAM) y nos presentan un componente social bastante fuerte. Y digo que me satisface porque el ser humano debe recibir una formación integral en la cual confluyan las ciencias, pero también el arte, la cultura, la ciencia social. Los proyectos premiados cada año por UCREA son la joya de exhibición para la institución, el país, la región, y el mundo» concluyò la vicerectora.

Conozca cada uno de los proyectos ganadores 2023

  1. “Potencial aumento del riesgo en Costa Rica y Nicaragua por causa de ciclones tropicales en el Caribe”

Desde el 2016 la región de Costa Rica y Nicaragua se ha visto afectada con al menos 5 ciclones tropicales del Caribe que han producido considerables daños materiales y de vidas humanas. Uno de los objetivos de este proyecto es determinar una respuesta a la pregunta: “¿existe una huella humana en el clima lo suficientemente discernible sobre los efectos naturales que hace que en los últimos años los ciclones tropicales del Caribe están impactando (o que impactarán en el futuro) con más frecuencia regiones vulnerables de Costa Rica y Nicaragua?”.

Se dará un intercambio de conocimiento entre la sociedad civil e instituciones vinculadas a la gestión del riesgo, así como la socialización del conocimiento científico generado en investigaciones del consorcio y los resultados de este proyecto.

Se enlazará con las instituciones de educación, atención, planificación y preparación de emergencias, así como con las comunidades directamente (en Costa Rica). La propuesta comprende investigadores especialistas en meteorología, ciencias de la atmósfera, hidroclimatología, geografía (física y social), matemática, geociencias, estadística y gestión de recursos del agua.

Integrantes del equipo: Hugo G. Hidalgo, Ph.D. Eric J. Alfaro, Ph.D. Luis A. Barboza, Ph.D. Shu Wei Chou-Chen, Ph.D. Henry Díaz, Ph.D. Lic. Mario Gómez Dr. Daniel Hernández Deckers Tito Maldonado, Ph.D. M.Sc. Paula Marcela Pérez-Briceño Dr. Adolfo Quesada Román Erick R. Rivera, Ph.D. M.Sc. Fernán Sáenz Katherine Vammen, Ph.D.

  1. “El costo de una vida digna en Costa Rica. Ingreso vital y la construcción de metodologías para el cálculo de variaciones territoriales”

Una vida digna es aquella que permite a una persona o familia tener satisfechas sus necesidades básicas (y sus derechos humanos), a la vez que goza de una autonomía para lograr su autorrealización. Esta propuesta de investigación consiste en la construcción y aplicación de diversas metodologías para calcular las variaciones territoriales-regionales del ingreso vital, es decir un ingreso que puede costear una vida digna, en diferentes territorios de Costa Rica.

La investigación se enfoca en analizar cómo las variaciones territoriales del lugar de residencia se han constituido como un clivaje en la producción y reproducción de las desigualdades en Costa Rica. Esta propuesta representa un esfuerzo de trabajo interdisciplinario para perseguir el objetivo de tener información desagregada para la estimación del ingreso vital requerido para acceder a una vida digna en diferentes partes del país, impulsado por el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), el Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA) y el Anker Research Institute (ARI).

En un contexto nacional de altos costos de la canasta básica, en el que los precios más elevados corresponden a los dos gastos más importantes de los hogares (alimentación – 23,8%; transporte – 15,5%) resulta importante cuestionar las medidas de pobreza existentes. Esto permitiría profundizar la comprensión de las diferencias socioeconómicas en el país a nivel territorial y daría relevantes insumos para futuras investigaciones y políticas públicas en torno a la desigualdad social y la pobreza en Costa Rica.

Integrantes del equipo: Koen Voorend, PhD Fabio Sanchez, PhD Luis A. Barboza, PhD Richard Anker, PhD Marcelo Dejara, PhD Yury García Puerta, PhD Alejandra Arias Sánchez, PhD Shu-Wei Chou-Chen, PhD M.A. Martha Anker M.Sc. Rebeca Sura Fonseca Lic. Daniel Alvarado Abarca B.S. María José Hidalgo Gutiérrez

  1. Influence of coffee management practices on the accumulation pattern of bioactive compounds in fruits and leaves of coffee (Coffea arabica L.): an innovative mathematical model based on soil properties, microbial community composition, and plant physiology” (Influencia de las prácticas de manejo del café en el patrón de acumulación de compuestos bioactivos en frutos y hojas de café (Coffea arabica L.): un modelo matemático innovador basado en las propiedades del suelo, la composición de la comunidad microbiana y la fisiología de las plantas”)

La calidad de la bebida de café, definida en términos de la acumulación de compuestos bioactivos, está influenciada por las reacciones químicas que ocurren en las hojas y los frutos. La genética, la fisiología vegetal y el medio ambiente juegan un papel en la determinación del potencial genético y productivo del cultivo.

Esta investigación tiene como objetivo utilizar un enfoque transdisciplinario para comprender cómo las diferentes prácticas de manejo del café influyen en las comunidades microbianas del suelo y su efecto en la acumulación de compuestos bioactivos en hojas y frutos, para guiar futuras investigaciones en el desarrollo de mejores y más sostenibles estrategias de manejo, cosecha y procesamiento.

Proporcionará información valiosa y conducirá a prácticas de producción de café más efectivas y sostenibles que, en última instancia, beneficiarán tanto al medio ambiente como a las personas involucradas en la producción y el consumo de café. La calidad de la taza de café es sensible a las prácticas agrícolas de manejo, el cultivo, el ambiente y el procesamiento y también puede servir como un factor de diferenciación en el mercado.

La combinación de impacto científico y práctico hace que este proyecto de investigación sea muy relevante y valioso tanto para la comunidad académica como para el sector cafetalero. Al adoptar prácticas de gestión sostenible, sería posible establecer poblaciones microbianas favorables a largo plazo, lo que conduciría a un uso reducido de agroquímicos, una mejor conservación del suelo y el agua y una producción más sostenible.

Integrantes del equipo : Dr. Andrés Gatica Arias (coordinador) Dr. Dirk Berkelmann Junior Pastor Peréz Molina, Ph.D. MSc. Laura Brenes Guillén Dr. Víctor Jiménez García Máster Víctor Manuel Vásquez Chaves Maikol Solís Chacón, Ph.D. Roger Fallas, Ph.D. Fabián Echeverría Beirute, Ph.D. José Pablo Jiménez, Ph.D. Valeria Faggioli, Ph.D. Dra. Karolina Villagra Mendoza Elias de Melo Virginio Filho, Ph.D.

  1. «Developing a Latin America and the Caribbean Regional Energy Systems Model to Support Climate Related Decision Making» («Desarrollo de un modelo de sistemas energéticos regionales en América Latina y el Caribe para apoyar la toma de decisiones relacionadas con el clima»)

Los efectos del cambio climático ya son evidentes en América Latina y el Caribe. Los impactos van desde el aumento de las sequías y las inundaciones hasta la modificación de los patrones de los huracanes. El cambio climático ha afectado a la salud de los ecosistemas de la región y a los medios de subsistencia de millones de personas. La mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) es un componente crítico para combatir tales efectos.

El sector energético -incluyendo electricidad, industria y transporte- representa alrededor del 44% de las emisiones de GEI en la región. Una transformación hacia tecnologías con cero o bajas emisiones de carbono en estos sectores es crucial para permitir la descarbonización. Los datos necesarios para estudiar las transformaciones suelen ser escasos y con frecuencia se hacen suposiciones para desarrollar estas estrategias de descarbonización, también conocidas como estrategias a largo plazo.

Este proyecto abordará varios retos regionales clave para la transición energética. Desarrollará un modelo de datos abiertos y código abierto del sector energético de América Latina y el Caribe para evaluar las vías de descarbonización sectorial que ayuden a alcanzar los objetivos regionales y nacionales de emisiones netas de dióxido de carbono (CO2) cero para el año 2050.

La contribución va más allá de un modelo. Se producirán flujos de trabajo para ayudar a los equipos a nivel de país a evaluar las estrategias de descarbonización que luego pueden utilizarse para apoyar a los gobiernos nacionales en el diseño de políticas relacionadas con el clima y la energía.

También se investigará la cadena de valor completa de la producción de hidrógeno verde -una pieza actualmente ausente en la región y se incorporará al modelo para estudiar su papel en la transición energética. También se tiene previsto estudiar las medidas políticas encaminadas a una transición justa en el sector energético analizando los retos previstos para la región.

Integrantes del equipo: Dr. Jairo Quirós Tortos Dra. Jessica Roccard Eng. Mariana Rodríguez-Arce MSc. Luis Victor-Gallardo Dr. Taco Niet Dr. Andréanne Doyon Eng. Mina Mirhosseini MSc. Trevor Barnes MSc. Kamaria Kuling MSc. Yalda Saedi

 

María Encarnación Peña Bonilla

Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR