Las Américas, 18 de septiembre de 2023. Las organizaciones internacionales firmantes nuevamente rechazamos las actuaciones del Ministerio Público de Guatemala que buscan obstruir el proceso electoral que dio como ganadores a Bernardo Arévalo y Karin Herrera como presidente y vicepresidenta electos.

El 12 de septiembre, por cuarta ocasión, el Ministerio Público realizó allanamientos en instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) allanó y registró el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) y abrió cajas donde se encontraban boletas electorales, con lo cual violentó la cadena de custodia de los votos que había garantizado el TSE. Los magistrados y magistradas del TSE plantearon un amaro para tratar de frenar las diligencias del MP porque violan la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Constitución.

A pesar de las reiteradas muestras de preocupación expresadas por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, diversos Estados y las manifestaciones ciudadanas, la fiscal general Consuelo Porras continúa abusando de su poder y extralimitándose en sus funciones, y sigue criminalizando y acosando al TSE y al partido Movimiento Semilla.

Por ello consideramos que, en la sesión del Consejo Permanente de la OEA, programada para hoy, se debe aplicar la Carta Democrática que, en su artículo 20, faculta a los países del hemisferio a realizar una apreciación de la situación y promover la normalización de la institucionalidad democrática. Es importante recordar que, en la pasada sesión del Consejo Permanente del 1 de septiembre, el propio Estado de Guatemala reconoció que el Ministerio Público ha intimidado al TSE y al partido Movimiento Semilla, y no se han tomado acciones para detener esto.

La fiscal general Consuelo Porras sigue utilizando el Ministerio Público con fines políticos y está generando una crisis innecesaria en el país. De acuerdo con el artículo 251 de la Constitución Política de Guatemala, el Ministerio Público debe “velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país”, sin embargo, la fiscal general está violando las normas nacionales e internaciones. Además, ha sido sancionada por el gobierno de Estados Unidos y su reelección en 2022 fue seriamente cuestionada por presionar a miembros de la comisión de postulación para que la incluyeran en el listado del cual la nombró el presidente Alejandro Giammattei.

Las organizaciones internacionales nos unimos a las voces de la población guatemalteca que exigen la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y la destitución inmediata de los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso porque están abusando de su poder, violentando la Constitución y poniendo en riesgo la estabilidad democrática del país. Es importante que se garanticen las condiciones jurídicas y políticas adecuadas para que pueda continuar el proceso de transición y las autoridades electas tomen posesión el próximo 14 de enero de 2024.

Organizaciones firmantes

WOLA

Protección Internacional Mesoamérica

CEJIL

AJWS

Be Just

LAWG

FJEDD

Rober F. Kennedy Human Rights

Plataforma Internacional contra la Impunidad

GHRC

Impunity Watch