Luis Bernardo Villalobos Solano Médico, ex Decano de la Facultad de Medicina UCR
Aclaro que no soy filósofo, pero me gusta leer libros relativos a la Filosofía. Hace poco me reencontré con una palabra que podría ayudarnos a perfilar, y por qué no, a darnos algunas pistas para poder comprender de una manera sencilla -y un tanto ingenua dirían algunos- la tormenta que nos agobia en el país.
La palabra en mención es solipsismo. Según el Diccionario de la RAE es una forma radical de subjetivismo según la cual solo existe aquello de lo que es consciente el propio yo. Desde esa óptica, las personas que siguen esta forma de pensar creen que la realidad que se mira y que se vive es la que ellas perciben desde su propia existencia. Algunos autores como F. Castro Guerra han planteado que para el solipsismo, la realidad externa es inaccesible o inexistente, y todo lo que percibimos o imaginamos es una creación de nuestra propia mente. El solipsismo niega la posibilidad de conocer la realidad objetiva, si es que esta existe, de manera consistente. CF: https://es.linkedin.com/pulse/el-solipsismo-una-teor%C3%ADa-radical-sobre-la-mente-y-castro-guerra
Es preocupante que tanto el Presidente Chaves, como algunos de sus cercanos colaboradores estén justificando con argumentos muchas veces vacíos (algunos ilustrados con figuras felinas), lejanos de la evidencia científica e histórica o promesas falaces como ha quedado evidenciado en varias ocasiones, que solo es posible avanzar social, ambiental y económicamente con la visión que ellos pregonan, sin pensar que en Costa Rica el diálogo y la negociación son parte de la esencia democrática nacional.
Desde esta óptica precedente, creo que en el presente periodo gubernamental hemos caído en una especie de solipsitis crónica, que espero termine el 8 de mayo del 2026. Mientras tanto, lo que nos queda es que le saquemos un espejo democrático por todos los medios posibles, para que al menos disminuyan los síntomas y que los daños en el pueblo costarricense sean mínimos.
Estoy seguro que ese espejo democrático seguirá siendo la denuncia oportuna y bien fundamentada, la manifestación consciente y respetuosa de la convivencia pacífica, los diálogos inteligentes, participativos y concientizadores y los foros con base comunitaria, así como cualquier otro mecanismo que permita que toda la ciudadanía, pero sobre todo el 50 % que dice apoyar la gestión gubernamental, tome conciencia del grave problema en que está metido el país en áreas críticas como la salud pública, la educación, el medio ambiente y la seguridad ciudadana, entre otras.
La población que recibe agua de la ASADA de Cipreses de Oreamuno ha denunciado múltiples veces la mala administración que tiene el AyA en la misma, debido a que sólo los ingenieros del AyA a cargo de la visita evidencian lo que se denuncia, como la falta de mantenimiento y planes operativos en esta ASADA a los tanques de agua «potable», amparados por el ente rector.
Estos han tomado una nueva denuncia en contra de la administración del AyA elevando y dirigiendo la denuncia al Ministerio de Salud, ya que la población al abrir la llave para adquirir agua potable directamente de los tanques de la ASADA sale el agua con líquenes o musgo. Prueba clara que nadie los lava.
En tal caso hay una sistemática violación del decreto n• 38942-S por parte de los funcionarios de esta ASADA, la cual la comunidad no ha pasado desapercibida, donde estos exigen que se haga una aplicación del mismo, ya que estos se encuentran con gran molestia el estar cancelando cada mes un recibo por servicio de agua el cual no es potable, pagando casi el mismo monto cuando son más de 8 horas diarias de desabastecimiento.
Carta presentada para la denuncia:
Estimados señores, con gran molestia me dirijo nuevamente a ustedes para denunciar lo que debería de ser una vergüenza para ambas instituciones a cargo de salud pública y del agua potable para la población más vulnerable (zonas rurales).
Está semana leí dos informes elaborados por ambos despachos, sobre las visitas o atención de denuncias a la ASADA de Cipreses de Oreamuno dónde se contradicen, sólo los Ing del AyA cargo de la visita evidencian lo que a continuación denuncio, la falta de mantenimiento y planes operativos en esta ASADA a los tanques de agua «potable», amparados por el ente rector.
El pasado 08 de junio del presente me dirijo con otra persona al tanque ubicado al costado del edificio de la ASADA para recoger agua en cubetas previamente lavadas, y no puedo decir que pra mi sorpresa, porque cuando se trata del agua por años ya hemos visto de todo, al abrir la llave sale el agua con líquenes o musgo. Prueba clara que nadie los lava.
Señores es como para sentir vergüenza de sus labores, es con la salud de más de 3.000 personas con las que JUEGAN, por favor cuanto se van a tomar sus labores con seriedad y responsabilidad? ¿Qué esperan una epidemia? O algo peor? Cuánto tiempo tenemos que esperar a ver que YA tomen cartas en este asunto y cumplir primero desde adentro el reglamento para la calidad del agua potable??
La sistemática violación del decreto n• 38942-S por parte de los Funcionarios de esta ASADA no ha pasado desapercibida pro que los mismos despachos encargados de salvaguardar y aplicarlo se hagan de la vista gorda es inaudito por favor tomen un poquito de conciencia, espero poder ver un cambio de actitud de parte de ustedes y se tomen cartas en el asunto, pro más aún ACCIONES y prontas!!
Me parece sumamente vulgar y descarado cancelar cada mes un recibo por «servicio» de agua que NO es potable, pagando casi el mismo monto cuando son más de 8 horas diarias de desabastecimiento y ahora sumando la desconfianza que ustedes nos generan en cuanto al manejo y abordaje de este tema y otros relativos a esta ASADA.
La nota fue enviada a SURCOS por Ricardo Rivera Rojas.
El FRENASS denuncia nuevamente la deuda de 3,7 billones de colones, que tiene el Estado con la CCSS.
Exigen como asegurados que la Presidencia Ejecutiva le cobre al Estado la deuda y que el gobierno asuma su responsabilidad con el pueblo costarricense.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto : nboeglin@gmail.com.
Foto del principal sospechoso (al centro) de colocar la bomba, extraída de nota de la BBC, » Peter Torbiornsson: My guilt over La Penca bombing». Foto del atentado extraída de artículo publicado en el Tico Times en el 2013. Orden de captura publicada en Costa Rica, foto extraída de reportaje del Tico Times (Costa Rica).
El pasado jueves 30 de mayo se conmemoró en Costa Rica (y en Nicaragua) el 40 aniversario del atentado de La Penca, en el cual encontraron la muerte 4 periodistas costarricenses y extranjeros y 22 resultaron heridos: el atentado se produjo el 30 de mayo de 1984 durante una conferencia de prensa realizada a orillas del río San Juan por el entonces comandante de la ARDE (Alianza Revolucionaria Democrática), Eden Pastora, en la localidad nicaragüense de La Penca (véase nota publicada para el 29 aniversario de CRHoy). Tratándose de un dirigente de la denominada «contra» nicaragüense, su eliminación física, en aquel momento, pudo ser el objetivo tanto de las autoridades gubernamentales en Nicaragua de la época, como del de las de Estados Unidos.
En este video, titulado «La Penca: narración de un sobreviviente«, uno de los periodistas costarricenses sobrevivientes que asistió a la conferencia de prensa de Edén Pastora en la que estalló un artefacto explosivo, relata lo acontecido. La nota publicada el 1ero de junio de 1984 por The Washington Post amerita también una relectura detallada, en la medida en que, como ha sucedido en la historia de manera reiterada de Estados Unidos, un grupo rebelde que inicialmente es apoyado en armas y municiones por parte de Estados Unidos, … es luego objeto de acciones para eliminar a sus dirigentes.
Si bien los hechos ocurrieron en Nicaragua en el período de guerra civil de inicios de los años 80, las víctimas costarricenses sobrevivientes y los familiares de las víctimas mortales han solicitado que se ordene investigar lo ocurrido, sin tener mayor respuesta a sus diversos requerimientos.
El gremio de los profesionales de la información de igual manera ha respaldado sus reclamos sin mayor éxito. Esta situación ha llevado a las víctimas a acudir al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, el cual, 40 años después de sucedidos los hechos, no ha logrado aún elevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.¿Como así? Como se lee.
En 1990, Costa Rica solicitó formalmente a Estados Unidos extraditar a un nacional norteamericano (véase nota del New York Times), sin lograr su extradición por parte de Estados Unidos. Se lee en este documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos titulado «G. DEA’s Investigation of Information It Received About Contras or Contra Sympathizers» que Costa Rica renovó dicha solicitud en 1993 contra esta persona por el atentado de La Penca:
«In March 1993, Costa Rica submitted a renewed request for Hull’s extradition which contained documents indicating that the Superior court in Costa Rica had dismissed the drug trafficking charge against Hull for lack of evidence and that his extradition was no longer sought for that offense. This left the «Hostile Acts» and murder charges against Hull. However, on reviewing the documentation supporting the murder charge, based on Hull’s alleged involvement in the La Penca bombing, the OIA found no evidence of Hull’s involvement in this crime, indeed no evidence that he even knew about the bombing before it occurred«.
En unas líneas siguientes, el precitado documento señala que, según cables de diplomáticos de Estados Unidos acreditados en Costa Rica:
«A «comment» by the cable’s author interprets Calderon’s statement as meaning that «On Hull, Calderon is putting us on notice that there’s no way he can turn a request off but is clearly hoping that Hull will not be extradited.«
Cronología de una larga batalla legal
En el mes de setiembre del año 2005, los sobrevivientes costarricenses y los familiares de las víctimas presentaron una demanda contra Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no investigar debidamente este atentado (véase nota de La Nación): lo hubieran perfectamente podido hacer 20 años antes (1985), pero algo pasó para que … no lo hicieran.
En este enlacede Primera Plana (Colegio de Periodistas de Costa Rica), se puede revisar el detalle de la acción interpuesta al año 2010.
En marzo del 2012, la demanda se amplío para extenderla también a los órganos de investigación del Estado en Nicaragua.
En junio del 2013, se solicitó a la Comisión incluir algunos testimonios encontrados en documentales recientes producidos sobre este caso, en particular las entrevistas de un cineasta sueco a funcionarios de Nicaragua (véase documental«Good Bye Nicaragua«).
Cabe señalar que a finales del año 2013, la Fiscalía de Costa Rica cerró una de las líneas de investigación, al confirmarse en Buenos Aires la muerte de uno de los nacionales de Argentina considerado como una de las posibles pistas y principal sospechoso de colocar la bomba que estalló aquel 30 de mayo de 1984 (véase artículo de La Nación del 3/12/2013). Se lee (ver nota de Teletica Canal 7) que:
«Jorge Chavarría, Fiscalía General de la República, “Se había reactivado la orden de captura en el 2008 a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), porque no sabía si había fallecido o no. Ahora ya lo tenemos claro y con eso cerramos esta línea de investigación, vamos a ordenar la cancelación del asiento de la captura internacional que se había dado a Roberto Vital”.
En un artículo de la Prensa Libre (Costa Rica) del mismo día se leía que:
«Con base en restos óseos que fueron recolectados luego del asalto al cuartel la Tablada en Argentina, en 1989, que estaban conservados por las autoridades de ese país, se realizaron análisis de ADN. De acuerdo con las conclusiones a las que llegan los médicos forenses de la Corte Suprema de la Nación de Argentina, se establece con un 99,99% de certeza que un grupo de los restos óseos pertenecen a Roberto Vital Gaguine”, afirmó el fiscal general Chavarría.»
Mientras que en el 2013 las autoridades costarricenses anuncian el cierre de una línea de investigación, resulta que ya en un artículo del 1ero de agosto de 1993 de The Independent (Reino Unido) se hacia referencia a la muerte de este sospechoso en el año de 1989 cuando se precisa que:
«Gauguine’s family knew nothing of his involvement with La Penca, but others have furnished details of his life: he came from a middle-class family and his ERP nom de guerre was Martin el Ingles. He arrived in Britain in 1978, where he later applied for asylum. By 1980 his whereabouts were again unknown. He will never be brought to justice:in 1989, he died, with 18 others, in a guerrilla attack on an army barracks on the outskirts of Buenos Aires«.
Los 10 años que separan el artículo de The Independent y las declaraciones del fiscal a cargo de la investigación en Costa Rica plantean interrogantes muy válidas.
En el 2018, se indicó en la prensa costarricense que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos «acogió» la denuncia, pero sin que se haga público algún documento oficial de la misma (véase nota del Semanario Universidad).
Los 40 años de La Penca: víctimas, prensa y ciudadanía costarricense en espera de justicia
Para los 30 años del atentado de La Penca, el 29 de mayo del 2014, algunos diputados de la Asamblea Legislativa declararon ante cámaras apoyar las gestiones del Colegio de Periodistas de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ver video).
El mismo 30 de mayo del 2014, emisiones radiales matutinas muy oídas fueron dedicadas al tema como Hablando Clarode Vilma Ibarra y Boris Ramírez y Nuestra Vozde Amelia Rueda, con un amplio material multimedia puesto a disposición del público costarricense en aquel momento.
Como parte de las conmemoraciones de los 30 años, el Canal 15 de la UCR de la Universidad de Costa Rica (UCR) presentó el documental: “Goodbye Nicaragua” (Nota 1) del director sueco Peter Torbiörnsson. La película, que incluye entrevistas del cineasta en Bolivia, Costa Rica, Cuba, Francia y Nicaragua, causó cierto impacto y reacciones en Nicaragua cuando fue presentada en el 2011 (véase notadel Semanario Universidad de Costa Rica).
Nos permitimos, en una nota publicada en un portal jurídico costarricense, reunir estas y otras informaciones, pocos días después de conmemorarse los 30 años del atentado de La Penca (Nota 2).
También el viernes 30 de mayo del 2014 se transmitió el documental “La Penca: Onda Expansiva”, (véase enlace) una producción conjunta del Colegio de Periodistas (COLPER) y del Canal 15 de la UCR, que incluye entrevistas a personeros del sistema judicial costarricense a cargo de la investigación realizada (documental producido en el año 2004 para conmemorar el 20 aniversario).
En estas entrevistas, se indica que las gestiones oficiales realizadas ante Estados Unidos para extraditar a dos personas no concluyeron debido a errores del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en su tramitación (véase video, a mn 32:27). En esa misma entrevista se indica además que documentos enviados desde los Estados Unidos a las autoridades judiciales de Costa Rica llegaron …tachados, imposibilitando la lectura de nombres, lugares y fechas.
Nótese no obstante la existencia – en línea – de esta publicación colgada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos (véase enlace) , titulado «La Penca, Pastora, the press and the CIA» en el que una multitud de datos reunidos ofrecen algunas pistas sin del todo poder corroborarlas. Al tratarse de una agencia de inteligencia cuyas autoridades tenían interés, en 1984, en eliminar físicamente a Eden Pastora, todo lo que aparezca en su sitio merece cautela. Cabe precisar que en la parte final del documento se lee: «Approved for release 2010/09/15«. Lo cual evidencia que durante largos años desde 1984, este documento se mantuvo sin estar colgado por parte de dicha entidad, por razones que se desconocen y sería de enorme interés conocer. ¿Qué habrá sido lo que ocurrió en el 2010 que no ocurrió antes, imposibilitando la puesta en línea de esta publicación por parte de los servicios de inteligencia norteamericanos?
En un artículo del New York Times de 1993 se lee que:
«A Costa Rican prosecutor, Jorge Chaverria, said that he had no plans to withdraw the charges against the two men. His investigation in the late 1980’s found no evidence to point to the Sandinistas, and he said he was not convinced that the Sandinistas alone were behind the bombing«.
Por su parte, el cineasta sueco con su documental «Goodbye Nicaragua» presentado en el año 2011 sugiere descartar definitivamente la pista de que se trate de una acción comanditada por los servicios de inteligencia norteamericana y señala claramente la responsabilidad directa de miembros del aparato de inteligencia de Nicaragua en este doloroso episodio ocurrido en 1984, y el brazo ejecutor a cargo de llevarlo a cabo. Para las víctimas y sus familiares, se trata de un documental que aporta algunas luces sobre posibles responsables intelectuales de este atentado.
Un artículo publicado en el 2014 sobre el atentado de La Penca refiere a otras muertes de periodistas acaecidas en Costa Rica después de 1984, y se titula «El país de las impunidades a 30 años de La Penca: Costa Rica«.
No está demás indicar lo que escribe una de las autoras de un libro que le significó a ella y su esposo una acción en difamación ante los tribunales por parte un ciudadano norteamericano que Estados Unidos luego se negó a extraditar hacia Costa Rica (véase artículo de 1991 del Washington Post titulado «The man Washington doesn’t want to extradite«), cuando señala en este artículo publicado en el Tico Times en el 2013, que:
«And, during Arias’ tenure, Costa Rica’s Legislative Assembly carried out investigations that implicated North, Hull, the U.S. ambassador and CIA station chief, and others in Contra-related drug trafficking and other “hostile acts” against Costa Rica. Judicial authorities reopened the stalled La Penca investigation, ultimately bringing murder charges against both Hull and CIA operative Felipe Vidal. Both fled the country.
However, unanswered questions about the La Penca bombing have continued to haunt us«.
Como indicado, la autora escribió un libro que fue publicado e inmediatamente objeto de una demanda por difamación que finalmente no prosperó. El texto integral está disponible en este enlace.
A modo de conclusión
A la fecha del 30 de mayo del 2024, las investigaciones realizadas por otras entidades distintas a los órganos de investigación de Costa Rica y de Nicaragua no han logrado identificar a los autores intelectuales de este atendado: conjeturas de todo tipo siguen sin lograr verse validadas por un expediente de algun tribunal.
Ante las maniobras de todo tipo para frenar o complicar las investigaciones llevadas a cabo desde el Poder Judicial costarricense, y los errores de tramitación dentro del mismo aparato estatal costarricense, investigaciones externas por parte de periodistas no han permitido tampoco llegar a conclusiones validadas por los hechos.
Desde el 30 de mayo del 2104, así como desde el 30 de mayo del 2014, es muy poco en lo que se ha avanzado. Este 31 de mayo del 2024, el Relator sobre Libertad de Prensa en el sistema interamericano prometió reactivar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, poniendo en evidencia que este órgano no ha sido de mayor eficacia a la hora de tramitar esta denuncia que le fue presentada inicialmente en el 2005 (véase nota del Semanario Universidad): salvo error de nuestra parte, no se tiene registro de una denuncia planteada ante el sistema interamericano de derechos humanos y que, en 19 años, no haya dado lugar a un informe sobre su admisibilidad por parte de la Comisión.
Con relación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pareciera, por razones dificiles de explicar, que sus integrantes no saben a cuáles aparatos estatales solicitar información sobre este caso: desde el 2005, salvo error de nuestra parte, no se le conoce decisión hecha pública con respecto a este preciso caso. Si la denuncia inicialmente se hizo contra Costa Rica, y luego se extendió a Nicaragua, no se conoce a la fecha de un informe del órgano interamericano sobre las gestiones realizadas a ambos Estados de su parte. Y muchos menos de un informe de admisibilidad de la denuncia (si existe, por alguna razón no está disponible en el sitio de este órgano del sistema interamericano de derechos humanos).
En el programa Hablando Claro de Vilma Ibarra y de Boris Ramirez realizado este 31 de mayo, se pudo escuchar una muy extensa entrevista a uno de los sobrevivientes del atentado de La Penca (véase enlace a esta emisión radial).
Ante el sufrimiento que ha causado en las víctimas y familiares de las víctimas, estos 40 años que han transcurrido bien podrían ser la ocasión para que algunas conciencias liberen algunos secretos que mantienen muy bien guardados, y para que algunos documentos clasificados archivados en algunas embajadas en Centroamérica sean finalmente desclasificados: se trata de una solicitud que tuvimos la oportunidad de expresar también con ocasión de la fecha en la que se conmemoraron los 40 años de la muerte de la jóven estudiante Viviana Gallardo, en julio del 2021 (Nota 3).
Si estos documentos ya no están en estas embajadas, puede solicitarse a algunas capitales ordenar su desclasificación, dado el extenso plazo de tiempo que ha corrido desde aquel fatídico 30 de mayo de 1984: se trata de gestiones diplomáticas que cualquier Estado puede realizar ante otro Estado en el que se sospecha que hay información que permita esclarecer algún asunto de interés público. En este sentido, el esclarecer las sombras y las dudas que persisten en Costa Rica sobre el atentado de La Penca es un asunto de interés público.
A menos que la impunidad campante con la cual algunos parecieran, tanto en Costa Rica como fuera de ella, mantener este trágico episodio, se termine por imponer con el transcurrir del tiempo.
– -Notas – –
Nota 1: El trailer del documental “Goodbye Nicaragua” está disponible aquí. La última parte del documental (parte 3), subtitulada en español, está de igual forma disponible en Youtube y disponible aquí.
Nota 2 : Véase BOEGLIN N., «El Atentado de la Penca 30 años después: conmemoración y preguntas sin responder«, DerechoalDía, edición del 5 de junio del 2014. Texto disponible aquí.
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Al cumplirse los 40 años desde el asesinato de Viviana Gallardo en Costa Rica: breves apuntes«, 1ero de julio del 2021. Texto disponible aquí.
Las organizaciones de la Unión Sindical CCSS y del Frente Nacional de Lucha (FNL) señalaron este lunes 27 de mayo en conferencia de prensa, que denunciaron ante la Auditoría Interna y la Contraloría General de la República a la Sra. Marta Esquivel Rodríguez en su condición de Presidenta Ejecutiva de la CCSS.
La denuncia se refiere a medidas adoptadas de manera ilegítima por un grupo de directivos, nombrados de forma irregular, en una sesión también no legítima. Estas medidas incluyen la apertura a alianzas públicas-privadas y el modelo de atención co-pago, con un presupuesto de 200 mil millones de colones. Solicitan investigaciones y la destitución de la Sra. Marta Esquivel.
La comunidad Universitaria tanto estudiantes como docentes realizan una carta abierta al rector Gustavo Gutiérrez Espeleta y al Consejo Universitario, en donde se expresa una preocupación por la decisión tomada de la Oficina de Transportes de no asignar choferes para las giras de investigación y acción social con menos de 7 personas. Se argumenta que esta medida presenta inconvenientes para quienes participan en proyectos de investigación y acción social. Los motivos incluyen la carga adicional para la persona responsable de proyectos, la dificultad de estacionamiento bajo vigilancia en comunidades específicas, la conveniencia de grupos pequeños en ciertos contextos, la falta de licencia de conducir de algunos responsables de proyectos y la limitación de recursos en algunas Unidades Académicas.
Se solicita una reunión urgente para encontrar una solución a este problema.
El 28 de abril del presente año José Francisco Alfaro Carvajal a nombre del colectivo ciudadano de San Rafael de Heredia CONCEVERDE, le escribe mediante un correo electrónico tanto a Franz Tattenbach Capra Ministro de Ambiente y Energía como a David José Chavarría Morales Director Ejecutivo del SINAC, esto para denunciar la violación de la zona inalienable de la Ley 65 del 30 de julio de 1888, esto ya que se han realizado construcciones o habilitaciones de camino en esta zona; se destaca que es un sector de alta vulnerabilidad e imporante recarga acuífera.
Dicha denuncia se tramitaría y posteriormente, el lunes 13 de mayo, el despacho del ministro de ambiente y energía y la dirección ejecutiva SINAC envían un informe acerca de la denuncia. Ante la información presentada, el Licenciado José Francisco Alfaro Carvajal denota inconsistencias y falencias en el informe por lo que procede a redactar una réplica en la cual señala dichas inconsistencias y falencias. Compartimos el documento.
Consejo de gobierno se niega a realizar procedimiento a Ejecutiva de la Caja.
El Consejo de Gobierno se niega a abrir procedimiento administrativo contra Marta Esquivel, comunicado por la secretaria del Consejo de Gobierno en OFICIO PR-SCG-0F-00057-2024, en respuesta al fundamentado reclamo de UNDECA.
El Consejo de Gobierno se ampara, en que no cuenta con elementos de juicio para la apertura de un procedimiento disciplinario, debido a que no obtuvo información de la Contraloría General de la República (CGR) y del Ministerio Público (MP), a pesar de tener conocimiento que tanto la CGR como la Procuraduría de la Ética Pública, han presentado denuncias penales contra la jerarca de la CCSS.
“La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (8422) y su Reglamento, exige al órgano que ostenta la potestad disciplinaria – en este caso Consejo de Gobierno- tramitar el procedimiento administrativo disciplinario contra la jerarca de la CCSS, sobre la cual pesan denuncias penales, por supuestos tráfico de influencias, nombramiento ilegal y maquillaje de informes actuariales de la CCSS, entre otros”, detalló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
La omisión de deberes legales que se deduce del oficio remitido a UNDECA, podría otorgar ventajas y favorecimientos indebidos, ilícitos y odiosos a la jerarca de la CCSS, ya que cualquier otro servidor público sería sometido a un procedimiento disciplinario.
Estamos hablando del mismo Consejo de Gobierno, que, con sólo una denuncia verbal de esta misma jerarca, sustentada en informes actuariales que fueron denunciados por la Contraloría General de la República en la vía penal, apertura un procedimiento contra 5 directivos de la CCSS.
“Ese Consejo de Gobierno tampoco ejerció potestad disciplinaria, cuando la presidenta ejecutiva invadió con una cámara, un quirófano del Hospital Calderón Guardia, en el momento en que se procedía con un delicado trasplante a un paciente, poniendo en riesgo al paciente y ante la sorpresa atónita de toda la población, en un alarde de poder, desbordado e ilegítimo, que la caracteriza”, agregó Luis Chavarría.
Nuestro ordenamiento jurídico establece el delito de incumplimiento de deberes en el artículo 339 del Código Penal y en el Reglamento a la Ley Contra la Corrupción, se refiere al “… uso indebido del poder y de los recursos públicos para el beneficio personal, el beneficio político o el de tercero …”.
UNDECA, ante la presunción, razonable, de que se le han otorgado privilegios, ventajas y fueros a la señora Marta Esquivel Rodríguez, prohibidos en nuestro Estado de Derecho, procedió a denunciar ante las autoridades penales competentes, los presuntos actos de corrupción, incumplimiento de deberes, falta de transparencia y probidad, encubrimiento, favorecimiento personal por parte del Consejo de Gobierno.
UNDECA respetuoso de los principios éticos, morales y democráticos, considera inaceptable que este tipo de actos se presenten en una institución como la Caja -que le pertenece a los costarricenses- y hace un llamado al pueblo a defender esta emblemática institución.
Denunciamos el acuerdo de una asamblea del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica- SINDEU.
El viernes 12 de abril 2024, una Asamblea integrada por 90 personas, votaron la moción de eliminar la seccional de jubilados del SINDEU.
Los argumentos fueron muy pobres y los términos contra esta seccional, atentan contra la dignidad y la voluntad de lucha de las personas Adultas Mayores, quienes históricamente han demostrado su integridad y nivel político por las luchas de la clase trabajadora, dentro y fuera de la Universidad de Costa Rica.
Se olvidó en esta Asamblea que, la generación de los y las Personas Adultas Mayores, trabajaron y aún, en nuestra condición de jubilados, seguimos trabajando duramente a favor de la Convención Colectiva y las justas reivindicaciones de las y los trabajadores de la UCR, y que, por dicha, estos sindicalistas con inspiración y con su trabajo, constituyeron y seguimos siendo parte inquebrantable de una generación importante en un sindicato que se define como sindicato de clase.
Preocupados por esta posición, que los jubilados y jubiladas desaprobamos, nos permitimos denunciar la orientación equivocada de la actual dirigencia del SINDEU, quienes se vanaglorian por decisiones que afectan la democracia del SINDEU, Sindicato que, en otrora, se destacó por una orientación y excelentes acciones a favor de la luchas de la clases en nuestro país y la defensa de la Universidad Pública.
La decisión, que la impugnamos todas las personas de la Seccional de jubilados, por razones políticas y discriminatorias, y con mucha preocupación por el retroceso del SINDEU, excluyendo y anulando la seccional como estructura de los Jubilados, es rechazada apelando a criterios jurídicos y políticos.
Es importante señalar, que algunos de los y las presentes, indicaron que ese no era el texto que se votó en el Congreso.
En conclusión, esa decisión afecta Derechos de los Jubilados, la dignidad de las personas que integran la seccional y de manera irracional, afecta la democracia del Sindicato histórico, de nuestra Alma Mater. Pero, además, contraviene los Derechos Humanos, contemplados en los Convenios Internacionales, ratificados por el Estado de Costa Rica.
Ana Cecilia Jiménez Arce. Ciudadana Costarricense, jubilada de la UCR. San José, 18 abril. 2024.
Denuncia pública a la opinión nacional e internacional
El Partido Vanguardia Popular DENUNCIA ante la opinión pública nacional e internacional, sobre los actos de represión contra las y los ciudadanos de Hatillo que reclaman por el justo derecho de que el gobierno de turno y Acueductos y Alcantarillados atienda la emergencia de la ausencia de agua en dicha comunidad.
Sin embargo, ahora resulta que la defensa por el agua en Hatillo, se convierte en un espacio para legitimar la criminalización de la protesta social.
Al estilo de los gobiernos fascistas, de derecha y prepotentes que conculcan los derechos fundamentales, aquí, en nuestro país Costa Rica, garante de todos los pactos internacionales en materia de Derechos Humanos, desconoce los más elementales derechos del y las ciudadanas.
Pero esta escalada de represión entra en franca contradicción con lo que vive el país actualmente en materia de seguridad pública. En el Diario Extra, página 11, de fecha miércoles 13 de marzo de 2024, bajo el título: “Hatillo son territorio en disputa por banda criminal”. Se aclara a la opinión pública que están claramente identificadas dos bandas criminales, Los Lara y la banda de Gery. Pero el silencio que guarda la Fuerza Pública es parecido a la estupidez, o contrario sensus, guardan toda su brutalidad para emplearla contra el pueblo honesto de Hatillo, cuya demanda, por lo demás totalmente válida, reclaman por el suministro del agua en sus comunidades. Entonces, por qué no actúan con la misma fuerza contra esas bandas delictivas, como lo hicieron hoy contra los vecinos de Hatillo.
Una página negra más para el gobierno actual de Rodrigo Chaves Robles.
Queremos llamar, sin embargo la atención. Curiosamente y de forma unánime las y los diputados de la actual Asamblea Legislativa aprobaron en primer debate: “ampliar la prisión preventiva en caso de flagrancia”. Eh aquí que la receta ya la pusieron en práctica, pues hoy, bajo la detención arbitraria e irrespetando el primer derecho humano a que tiene toda sociedad: el derecho a la protesta social, es pisoteado por la Fuerza Pública y 9 personas son detenidas arbitrariamente. Tres de ellas ya fueron pasadas a los tribunales de flagrancia y desconocemos, hasta el momento, cuál es el curso que se sigue contra los otros seis.
Nosotros, como PARTIDO VANGUARDIA POPULAR, históricamente hemos estado a la par de las luchas populares y condenamos abiertamente la criminalización de la protesta social. La represión estructural ha sido constante desde el año 2000, fecha en la cual el pueblo de Costa Rica amplió la democracia de la calle exigiendo el retiro del Combo Eléctrico que atentaba contra la histórica y meritoria institución del ICE.
Exigimos la pronta libertad de los nueve compañeros(as) detenidos arbitrariamente. Recordamos a los cuerpos represivos que el agua es un derecho humano fundamental y que la protesta social es, por excelencia, el primer derecho al cual puede aspirar el pueblo en su demanda popular.
¡LIBERTAD PARA LAS Y LOS DETENIDOS YA, Y SIN NINGÚN CARGO!
