Skip to main content

Etiqueta: deportación de migrantes

EEUU, persecución por nacionalidad

Mg. José A. Amesty Rivera

Ya señalábamos en un artículo anterior, que los migrantes deportados por EEUU parecían ser objeto de una persecución por nacionalidad; en el caso de los venezolanos/as, persecución por su venezolanidad.

En el caso cubano, igualmente una persecución por su cubanía. Aunque Cuba lleva más de 60 años de persecución política. Hemos visto noticias al respecto, por ejemplo, en Change.org, ha salido una denuncia de un grupo de mujeres cubanas que han sido detenidas injustamente en EEUU por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE, que es una agencia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, cuya misión es fortalecer la seguridad fronteriza y prevenir el movimiento ilegal de personas, bienes y fondos hacia, dentro de y fuera de Estados Unidos.

En la denuncia de Chang.org, se expresa la exigencia de la liberación inmediata y el respeto a las garantías procesales de las mujeres cubanas que hoy están arrestadas y enfrentando un futuro incierto, mientras los congresistas que nos prometieron defendernos como comunidad cubanoamericana guardan silencio.

Los y las congresistas referidos son: María Elvira Salazar, Carlos Giménez, Mario Diaz-Balart, Marco Rubio. Estas mujeres cubanas exigen:

– Libertad inmediata y acceso a procesos migratorios justos y transparentes.

– Soluciones urgentes (no más pronunciamientos) de nuestros congresistas para presionar al gobierno federal ante esta situación.

– Investigación independiente y transparente sobre las condiciones de detención y trato del ICE.

Por otro lado, hemos sido informados de medidas contra la comunidad cubana por parte de Trump, quienes hicieron campaña electoral a favor de él. Específicamente, el mandatario norteamericano detiene la Ley de Ajuste Cubano hasta nuevo aviso para quienes entraron con Parole, CBP One y otros programas de Biden, lo cual significa que paraliza sus procesos de residencia y ayudas desde el gobierno. Hay cientos de miles de cubanos y familias afectadas con esta medida, sin saber cómo se resolverá su situación actual.

La comunidad cubana en Miami es la que más campaña hizo por Trump, y hoy algunos siguen aplaudiendo, aunque los afectados son sus amigos, familiares, vecinos o compañeros de trabajo.

A su vez, María Elvira Salazar y compañía, los «representantes» de la comunidad cubana, reintroducen la Ley de Ajuste Venezolana.

También, el 21 de marzo pasado, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense confirmó que revocará el «parole humanitario», un permiso migratorio que permite residir y trabajar temporalmente en EEUU, a cerca de 530.000 personas migrantes provenientes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Washington advirtió que el beneficio expirará el 24 de abril.

Así mismo, los cubanos/as con el documento-formulario I-220A, que otorga libertad condicional bajo palabra a migrantes, permitiéndoles permanecer en EEUU mientras se decide su situación migratoria. Los abogados de inmigración recomiendan que los cubanos con I-220A soliciten ver a un juez para luchar contra una posible deportación. Además, es crucial que presenten un caso de asilo fuerte y se mantengan informados sobre sus derechos y las vías legales disponibles para regularizar su estatus migratorio en EEUU.

Pero esto es casi imposible en el contexto del endurecimiento de Trump ante las políticas migratorias, lo que ha aumentado el temor y la incertidumbre entre los migrantes cubanos.

Otra noticia del 31 de marzo pasado señala que Estados Unidos entierra por primera vez el sueño de una Green Card para 550.000 migrantes cubanos. Los cubanos, un grupo históricamente beneficiado por las leyes migratorias, podrían comenzar a verse en dificultades para encontrar trabajo, legalizarse o viajar, como el resto de la comunidad latina.

El medio Cubainformacion.tv nos reseña varios casos, veamos:

José Francisco García Rodríguez, un cubano de 73 años con más de cuatro décadas viviendo en Estados Unidos, fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Lafayette, Luisiana, mientras se dirigía a su trabajo. García Rodríguez llegó a EEUU como «refugiado», enfrentando obstáculos como el idioma y la falta de educación formal. Durante años, trabajó honradamente, pagó impuestos y formó una familia. Sin embargo, antiguos problemas legales —comunes en cualquier proceso migratorio— le impidieron obtener la ciudadanía, pese a sus múltiples intentos durante una década.

Una familia destrozada por la política antiinmigrante.

Su hijastra, Christian Cooper Riggs, denunció el caso en redes sociales, revelando que su padrastro ya había expresado temor ante la creciente persecución del ICE. “Nos dijeron que lo mejor era mantener un perfil bajo y seguir trabajando”, declaró. Pero ni siquiera eso bastó para evitar su detención. Lo más grave es que su esposa padece demencia y depende completamente de él. “Entiendo la seguridad fronteriza, pero arrestar a un abuelo enfermo que ha contribuido por más de 40 años no resuelve nada”, afirmó Riggs.

Vecinos de Lafayette han reportado un incremento de redadas del ICE en barrios hispanos, generando terror en una comunidad que, pese a su integración social, sigue siendo tratada como criminal.

Otro caso indignante: deportación en Florida.

En paralelo, otro cubano, residente por cinco años en Florida, fue deportado abruptamente, dejando atrás a su esposa e hijos. El escritor Enrique Enrisco denunció el hecho, destacando que el afectado era un hombre trabajador y de conducta intachable. “Hoy me entero de que han deportado a un vecino. «Es de Placetas, un tipo serio y dedicado a su familia”, escribió.

EEUU persigue a migrantes mientras financia medios para justificar su bloqueo a Cuba.

Estos casos ocurren en un contexto donde más de 539.400 cubanos están bajo supervisión del ICE, y 258.000 tienen procesos migratorios abiertos. Cuba es el sexto país con más migrantes en esta situación, detrás de naciones como México y Venezuela. Mientras el gobierno estadounidense gasta millones en medios «de temática cubana» —que distorsionan la realidad de la Isla y apoyan el bloqueo—, persigue y deporta a cubanos y cubanas que llevan décadas contribuyendo a su sociedad. La hipocresía es evidente: ¿Dónde están los “derechos humanos” cuando se separa a familias y se deporta a ancianos? La comunidad cubana en EEUU exige justicia y humanidad, mientras Washington sigue aplicando una política migratoria cruel y selectiva, en línea con su histórica hostilidad contra Cuba.

Se agrega que el escritor y profesor universitario, José Luis Méndez Méndez, indica: «La llegada en segunda temporada del republicano Donald J. Trump, hijo de inmigrantes, a la Casa Blanca y su desmedida política antiinmigrante ha arrastrado también a los hasta ahora aliados y mimados cubanos, ha destapado y exacerbado el odio de cientos de arribados isleños, que claman con pasión visceral y odio endémico las peores medidas para sus hermanos, tanto en Estados Unidos como en Cuba«.

«Desfiles de odiadores seriales, que viven del rencor de manera habitual, vociferan “asfixia total”, “no remesas”, “ni visas”, “deportación ahora, ya”, “no sellos de alimentos”, “cierre de todos los vuelos a Cuba”, “retirar la residencia a quienes remesen o viajen a ver a sus familiares a Cuba” y hasta han pensado en cambiarse la sangre de nacimiento, para quedar arios de todo recuerdo pasado«.

En fin, hay múltiples denuncias de casos de persecución y deportaciones de cubanos/as, que se incrementarán a medida que se haga más recia la política migratoria estadounidense.

Por otro lado, el 3 de abril pasado quedamos perplejos al oír las declaraciones del psicópata Mauricio Claver Carone, enviado especial de EEUU para América Latina, cuando admitía el daño provocado a todos los cubanos aquí y allá y pide más apoyo para infligir aún más dolor. Se trata de un nuevo nivel de crueldad y cinismo, un acto de soberbia, cobardía y desprecio total por los cubanos/as. Esto incrementa la persecución a cubanos/as, aun si tienen sus documentos migratorios legales.

Hasta ahora, la persecución por nacionalidad es hacia la venezolanidad y la cubanía., quizás haya otras que no nos hemos percatado.

Migrantes venezolanos, como preámbulo a una persecución

Mg. José A. Amesty Rivera

En el marco del envío de migrantes a El Salvador y a otros países (que todavía no se han publicado abiertamente quiénes son), por parte de EEUU, es preocupante una serie de discursos y acciones que rayan y podrían terminar en persecuciones, inicialmente, a los venezolanos/as.

Veamos algunas declaraciones preocupantes:

1. El grupo de investigación y análisis Misión Verdad, (@misionverdad) indica que «hay un creciente peligro de que cualquier venezolano en territorio estadounidense sea objeto de discriminación y pueda ser falsamente acusado de pertenecer a bandas criminales, como parte de una narrativa construida para justificar medidas hostiles y reforzar sanciones utilizando a los migrantes como instrumento político-económico». Aunque todavía son aproximaciones, todo apunta a que cualquier ataque futuro se lanzará desde ese frente: la criminalización de los migrantes y el uso de países satélites que sirvan de enclave para cualquier embate contra Venezuela«. Los subrayados son nuestros.

2. El analista y filósofo venezolano Miguel Ángel Pérez Pirela, desde su programa Desde Donde Sea, por La Iguana.Tv, alerta sobre una guerra total hacia Venezuela, que tiene tres componentes: a) una campaña sistemática de xenofobia contra los venezolanos migrantes, afirmando que se ha tejido una «matriz de opinión nauseabunda» que estigmatiza a los venezolanos como delincuentes. b) El control del petróleo, y c) una guerra multidimensional contra el país. Nos interesa subrayar del primer ataque los subrayados, y además afirmaciones como: «una ‘cacería de brujas‘ impulsada por el Gobierno de EEUU, con el apoyo de la ultraderecha venezolana, que ha lanzado a los jóvenes venezolanos a ese ‘campo de concentración‘ que es la cárcel para terroristas de El Salvador'».

Reiterándose: «Lo advertimos una y mil veces, nos cansamos de advertirlo, estaba propiciándose una cacería de brujas contra los venezolanos que salieron; se estaba tejiendo en Venezuela y fuera de nuestras fronteras una matriz de opinión nauseabunda, desgraciada, sin nombre contra todo lo que fuera venezolano«. «La guerra contra Venezuela es total: se ataca al pueblo migrante, que es secuestrado, vejado, enviado a campos de concentración.

3. Igualmente, en el programa La Iguana.Tv, el viceministro para América Latina y El Caribe, Rander Peña, consideró que «el secuestro de 238 migrantes venezolanos por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no es más que una ‘persecución étnica‘, que conmocionó nacional e internacionalmente, al evidenciar el trato de inocentes como integrantes del Tren de Aragua, únicamente por llevar tatuajes«. «Revela un acoso por motivos étnicos«. Finalmente, señaló: la actuación del mandatario norteamericano, Donald Trump, y de Bukele representa “un golpe en contra del género y la especie humana, que practicamos el bien sobre todos los seres humanos” y se preguntó: “¿En qué momento un migrante trabajador se convirtió en un enemigo extranjero?».

4. Deseamos enfatizar unas palabras de Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia de Venezuela, al recibir en Venezuela a cientos de migrantes venezolanos: «El gobierno norteamericano divide a las familias, mutila a las familias, ya que no nos envían a las familias completas; con saña, con maldad, con odio, los tratan con racismo y no los ven como seres humanos«.

5. Finalmente, deseamos enfatizar que el escritor argentino Guillermo Cieza acaba de publicar un artículo titulado «Cacería contra venezolanos en EEUU«, donde él enfatiza que a los migrantes en EEUU «los cazan como animales salvajes y los deportan a su país de origen y, en algunos casos, a Guantánamo o las cárceles de El Salvador«. Indicando además que «los relatos de los migrantes venezolanos expulsados de suelo estadounidense son escalofriantes». “Me entraron a coñazos y me quitaron mis pertenencias. Me quitaron mi dinero, mi cédula y mi teléfono”. “Me trataron a patadas”. “Nos han tratado demasiado mal. Nos han dejado como esclavos y queremos justicia”. “Los detenidos no tenemos delitos, no tenemos ni una multa, nos quieren tratar como delincuentes simplemente porque tenemos un tatuaje, un tatuaje con el nombre de mi hijo”. “Me agarraron hace 10 meses, 10 meses detenido, 8 meses deportado. El trato de migración ha sido demasiado brutal. Gracias a Dios hoy estamos cerquita de llegar a nuestro país, que es lo que queremos”.

A su vez, Cieza resalta las reacciones al respecto de algunas personas dentro y fuera de EEUU:

-La jueza federal de la Corte de Apelaciones de los EEUU para el circuito del Distrito de Columbia, Patricia Ann Millett, declaró contra la deportación de venezolanos a las cárceles de El Salvador: «Había aviones llenos de gente. No había procedimientos establecidos para notificar a la gente. Los nazis recibieron un mejor trato bajo la Ley de Enemigos Extranjeros«.

-Elías Jaua, uno de los dirigentes más cercanos a Chávez, en su momento declaró, refiriéndose a los migrantes: «que lo más grave que está haciendo EEUU en la actualidad contra Venezuela, más allá de las sanciones en materia petrolera, es la criminalización de nuestra nacionalidad, de nuestra identidad”.

Todas estas afirmaciones y acciones de EEUU evidencian, al parecer, ir hacia un proceso de persecución (cacería de brujas y étnica), discriminación, criminación, xenofobia, estigmatización, el extranjero como enemigo, racismo, odio, maldad, inicialmente contra los migrantes venezolanos, luego, por ende, hacia todo el pueblo venezolano, culminando en todos los migrantes del orbe.

Ya el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros ponía el ejemplo de estos maltratos, refiriéndose a los judíos al inicio con los alemanes y otras naciones. Luego, rememoramos lo mismo con los propios judíos contra los y las palestinos. Que es una especie de segregación hacia los migrantes venezolanos.

Hagamos algunas precisiones sobre algunas nociones:

Limpieza étnica: La limpieza étnica es la expulsión forzosa o exterminio sistemático de grupos étnicos, raciales o religiosos de una zona determinada, con la intención de hacer una región étnicamente homogénea. Junto con la expulsión directa, el exterminio, la deportación o la transferencia de población, también incluye métodos indirectos dirigidos a forzar la migración, coaccionando al grupo víctima para que huya e impidiendo su regreso, como el asesinato, la violación y la destrucción de propiedades. En general, se entiende como limpieza étnica la expulsión de un territorio de una población indeseable.

Genocidio: Aunque el genocidio parecería una palabra extravagante en este caso, el término fue acuñado por primera vez por Raphael Lemkin (un profesor polaco de origen judío que abandonó su país huyendo del Holocausto), y se refiere a cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.

Veamos que dentro de los actos que se consideran como genocidio se encuentra la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Esta conducta incluye tortura, actos considerados inhumanos o degradantes, violaciones, violencia sexual y demás actos que acaben causando una lesión grave a la integridad de las víctimas.

Al igual que los crímenes contra la humanidad y de guerra, el genocidio no prescribe, por lo que no existe un límite de tiempo para su investigación y enjuiciamiento. Así figura en la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de 1968.

Mencionemos algunos casos de genocidio: El Holocausto nazi, El genocidio de Ruanda: la barbarie de 1994, El genocidio camboyano: Pol Pot y los Jemeres Rojos, el genocidio bosnio: La masacre de Srebrenica, entre muchos otros, que tienen una fuerte carga de limpieza étnica.

En los siglos 20 y 21, podemos mencionar algunos casos:

* El caso más destacado, que dio origen al concepto de genocidio, fue la persecución y muerte de los armenios del Imperio Otomano, en plena Primera Guerra Mundial. Al final de esa guerra, el intercambio de poblaciones turcas y griegas tuvo propósitos de eliminar aquellas minorías que pudieran generar problemas entre ambos países.

* Más tarde, la Unión Soviética padeció el destierro de poblaciones como chechenos y crimeos- tártaros, acusados de colaborar con el Tercer Reich, o la expulsión de alemanes étnicos de varios países de Europa por su identificación con tal régimen tras la Segunda Guerra Mundial.

*También, el conflicto árabe-israelí motivó el desplazamiento forzado de diversas poblaciones, como los árabes de Palestina o los judíos de varios países árabes o musulmanes. También puede citarse la huida o expulsión de los antiguos colonos franceses de Argelia, tras la Guerra de Independencia de ese país, o los desplazamientos masivos de poblaciones hindúes y musulmanas entre India y Pakistán tras la partición del Indostán.

*En los últimos años, destacaron la persecución de la población albano-kosovar en la Serbia gobernada por Milosevic o el desplazamiento de los rohinyás musulmanes de la Birmania budista. Tras la victoria azerí en los enfrentamientos entre Azerbaiyán y Artsaj de 2023, más de 100.000 habitantes de Artsaj huyeron a Armenia ante el miedo a represalias.

*En la Guerra Israel-Gaza (2023), un documento interno del Ministerio de Inteligencia israelí recomendaba, como mejor opción al conflicto, la expulsión de los 2,3 millones de Gazatíes a Egipto, y tanto numerosos ministros israelíes como el presidente estadounidense, Donald Trump, ha propuesto la limpieza étnica como una solución para el conflicto.

Para ir concluyendo, deseamos mencionar algunas normas del Derecho Internacional que prohíben y sancionan tales prácticas mencionadas:

A) El tratado internacional que define qué es y cómo debe prevenirse y sancionarse el genocidio es la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (crímenes de guerra, contra la humanidad y de agresión, entre otros) de 1948, de las Naciones Unidas. Dando cumplimiento a esta Convención, España introdujo en el año 1971 el delito de genocidio en su Código Penal.

B) La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, que comenzó a funcionar el 1 de julio de 2002. Este tribunal, que es permanente, independiente y no forma parte de la estructura de la ONU, ejerce su jurisdicción sobre los crímenes más graves de forma complementaria a las jurisdicciones internas de cada Estado.

C) La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Entrada en vigor: 26 de junio de 1987. Específicamente, el artículo 3 dice: 1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. 2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos.

Finalmente, lamentamos que esta posible conflagración contra el pueblo venezolano migrante y no migrante, la inicio y la mantiene la oposición cruel y despiadada de Venezuela, figurada en las personas de María C. Machado, Julio Borges, Leopoldo López y todos sus sequitos, quienes al final quedara en sus conciencias y se lamentaran de haberse prestado, a algo tan infame contra sus propios hermanos/as y compatriotas.

Ultima hora: en un artículo de Daniel Kersffeld, politólogo y sociólogo mexicano, titulado: Mercenarios en América latina: el regreso de Blackwater, enfatiza que, Trump ha posibilitado el retorno de uno de los personajes más temibles y oscuros de la política estadounidense; se trata de «El ex oficial de la Marina Erik Prince, quien fundó Blackwater en 1997 la que, en pocos años, se convertiría en la empresa de seguridad privada, más grande a nivel mundial, principalmente, gracias a sus lazos con el Pentágono y con el establishment militar de los EEUU». Este personaje siniestro se encargaría de, «el control migratorio, a través de un plan para llevar a cabo deportaciones masivas según métodos y estructuras establecidas en el negocio de la seguridad privada«. «El proyecto enviado a la Casa Blanca plantea el objetivo de deportar a 12 millones de personas antes de las elecciones de medio término de 2026. Para ello, propone el establecimiento de una red de «campos de procesamiento» dentro de las bases militares, y la disponibilidad de una flota privada de un centenar de aviones únicamente dedicada a efectuar traslados internacionales. Asimismo, establece un «programa de recompensas» que ofrecería pagos a aquellos ciudadanos que colaboren en la denuncia y captura de migrantes indocumentados«. Por el momento sus aliados en A.L., son Nayib Bukele y Daniel Noboa. «Sin embargo, todo indica que la apuesta de Prince es todavía más alta y que no se conformaría solamente con su intervención en El Salvador y en Ecuador«.

Primeros paisanos expulsados de EU llegaron a México esposados

El titular del Instituto Nacional de Migración de México (INM), Francisco Garduño, reveló que los connacionales repatriados desde Estados Unidos tras el inicio del gobierno de Donald Trump han llegado esposados a territorio mexicano, al menos durante los primeros vuelos que aterrizaron en el país.

Puede leer la nota en LaJornada:

https://www.jornada.com.mx/2025/03/19/politica/004n3pol

Defensoría observa condiciones de migrantes en centro de atención fronterizo

En un informe reciente, la Defensoría de los Habitantes reveló las condiciones y preocupaciones de migrantes, principalmente venezolanos, alojados en el Centro de Atención para Personas Migrantes (CATEM-Sur) en la frontera sur de Costa Rica.

El documento detalla la situación de aproximadamente 200 personas deportadas desde Estados Unidos y migrantes en tránsito que buscan retornar a sus países de origen, principalmente Venezuela, Colombia y Perú.

Condiciones de alojamiento

La Defensoría identificó varios aspectos críticos en la infraestructura del centro. Los migrantes reportaron:

Traslado de espacios individuales a áreas comunes con catres sin colchonetas

Problemas de calor extremo que provocan incomodidad y afecciones en la piel

Agua con fuerte sabor a cloro que genera problemas estomacales

Preocupaciones principales

Entre las principales inquietudes de las personas migrantes se encuentran:

Limitaciones económicas para continuar su viaje hacia Panamá

Necesidad de pagar $60 por un boleto de autobús

Incertidumbre sobre el procedimiento migratorio

Recomendaciones de la Defensoría

La institución destacó varios puntos para mejorar la atención:

Garantizar espacios de información claros para las personas migrantes

Asegurar la presencia permanente de instituciones como CONAPAM y PANI

Verificar que ninguna personas migrante sea sometida a tratos crueles al retornar

Situación específica

El informe incluye casos particulares, como familias de Afganistán e Irán que, al momento del reporte, no habían sido entrevistadas debido a la falta de traductores.

A pesar de los desafíos, los migrantes manifestaron sentirse seguros y recibir un trato respetuoso por parte de las autoridades migratorias, reconociendo condiciones de higiene óptimas en el centro.

La Defensoría continúa monitoreando la situación para garantizar el respeto a los derechos de las personas migrantes en tránsito.

Imagen: Semanario Universidad.

Pronunciamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura: caso deportaciones EUA

Privación de libertad de facto, refugio y afectación a los DDHH. Consideraciones preliminares sobre la situación de las personas deportadas desde EEUU y alojadas en el CATEM

Durante las dos semanas previas, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) hizo una inspección al Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM-sur) y monitoreó la llegada al Aeropuerto Juan Santamaría, de los dos vuelos que transportaban las 200 personas deportadas desde Estados Unidos, quienes fueron oficialmente recibidos por el gobierno costarricense.

Buenas prácticas encontradas

En estas inspecciones se constató que el CATEM realiza prácticas valiosas de resguardo de Derechos Humanos (DDHH), al tener mesas de articulación entre instituciones gubernamentales y organismos como OIM, ACNUR, HIAS, PANI, CADENA, entre otros. Esto promueve el acceso al derecho a la solicitud de refugio, el derecho a la salud (con profesionales en medicina y psicología), mecanismos de protección a las poblaciones con requerimientos especiales (menores de edad, adultas mayores, mujeres embarazadas y lactantes, personas con discapacidad, etc.), derecho a la información (con presencia de intérpretes), derecho a condiciones dignas (trato, higiene, agua potable, alimentación nutritiva, alojamiento).

Si bien, las estructuras previas de funcionamiento del CATEM posibilitan orientar estos posibles accesos a derechos, es muy relevante continuar la práctica democrática de monitoreo periódico con entes externos que verifiquen su efectividad. Asimismo, a pesar de estas buenas prácticas, para el MNPT hay al menos cuatro aspectos que son de crucial preocupación.

La privación de libertad de facto en el CATEM

En el derecho internacional se considera privación de libertad de facto si a las personas migrantes se les restringe su libertad de circulación afuera del lugar de ubicación, sin una base legal con causal legítima (por ejemplo, sin haber cometido un delito penalizado por el ordenamiento jurídico, o sin medida cautelar de aprehensión, como es el caso de estas personas); si no hay acceso a revisión judicial efectiva; si las condiciones son similares a una detención formal y no pueden salir por su propia voluntad y consentimiento (hay vigilancia, prohibición de salida, coerción); si no se usan alternativas menos restrictivas. Es una privación de libertad a pesar de que se usen nombres como “retención temporal”, “atención transitoria”, “alojamiento humanitario”. Hay que recordar que estas personas son deportadas forzadamente desde EEUU, sin su voluntad.

Costa Rica es firmante de convenios internacionales que protegen de este tipo de actos de riesgo para los DDHH, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que protege contra las detenciones arbitrarias; la Convención sobre los Derechos del Niño contra la detención arbitraria, su uso como último recurso y por el menor tiempo posible; los Principios y Directrices de la ONU sobre los Derechos Humanos en la Frontera Internacional y la Opinión Consultiva OC-21/14 de la CIDH sobre la excepcionalidad y proporcionalidad de la detención, así como que no sea sistemática; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares con respecto a la libertad, seguridad personal, detención con debido proceso; las Directrices de la ONU sobre Detención de Migrantes y Alternativas a la Detención sobre la priorización de alternativas a la privación de libertad para evitar su criminalización.

Inquietud por el acceso efectivo a la solicitud de refugio

La situación administrativa de estas personas no ha tenido mucha claridad oficial. Por un lado, las autoridades han reiterado el compromiso oficial de trasladar a un tercer país a la totalidad de las 200 personas en un lapso corto de tiempo, pero, por otro lado, también Costa Rica debe recibir los casos de solicitud de refugio. Así, es sumamente relevante la garantía de aplicación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el resguardo de su principio de no devolución cuando las personas reporten el riesgo a su integridad personal en el posible país de destino, por lo podrían quedar en Costa Rica con incertidumbre.

Tratos diferenciados con otros tipos de flujos de movilidad mixta

Al crearse una categoría distinta a otros perfiles de personas de movilidad mixta presentes en el CATEM (en su mayoría personas venezolanas en la coyuntura de flujo de vuelta al sur), se corre riesgo de dar un trato diferenciado que se perciba como una mejor atención a las 200 personas deportadas con respecto a los cientos de personas en otras condiciones de movilidad, en aspectos como más posibilidad de días de estancia, mejores condiciones de alojamiento, de calidad de la alimentación, de acceso a salud u otros.

Sobre indicios de posibles tratos inadecuados recibidos en la deportación previa

En las entrevistas con varias personas deportadas, expresaron que, en la detención, la retención y el traslado previo a Costa Rica, aparentemente recibieron en EEUU tratos como el uso de grilletes en manos, caderas y pies; la desinformación sobre las razones de la detención y el traslado; desinformación sobre el país de tránsito (Costa Rica) y el posible país destino final; desinformación sobre la temporalidad de las detenciones; inadecuada alimentación y condiciones de alojamiento; trato grosero; detención por periodos de varios días; retención de documentos de identidad y pertenencias, entre otros reportes.

Como efectos psicosociales de estos tratos, expresaron la incertidumbre de la desinformación; la ansiedad particular presentada en la gran cantidad de personas menores de edad pertenecientes al grupo; la sensación de ser tratadas como “criminales” que han cometido delitos; el desánimo y la desesperación sobre el futuro; así como se constató lesiones en muñecas y tobillos por el uso prolongado de grilletes.

Estos indicios preliminares requieren profundizar la posibilidad de que se hayan realizado previamente tratos inadecuados para los estándares del derecho internacional migratorio, vigilados por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como orientados en su indagación por el Protocolo de Estambul.

Estas consideraciones son muy relevantes para el MNPT como parte del seguimiento del legado de la lucha por sostener un Estado de Derecho con soberanía, democracia y respetuoso de los Derechos Humanos, ya que si esto no se cumple se corre el riesgo de ser un país que forma parte de las fallas en la garantía de derechos que se realizan en otros países.

Imagen: Semanario Universidad.

Defensoría pide al PANI reporte de intervención a favor de niños y niñas deportadas

Desde la llegada del primer grupo de personas migrantes deportadas desde Estados Unidos a Costa Rica el pasado 20 de febrero de 2025, la Defensoría de los Habitantes ha estado presente como observadora activa, reafirmando su compromiso con la protección de los derechos humanos, especialmente de las niñas, niños y adolescentes que forman parte de este proceso.

Para esta Defensoría es necesario recalcar que, más allá de los procedimientos administrativos, detrás de cada persona migrante hay una historia de vida y en el caso de las personas menores de edad, requieren atención y cuidados especiales. Por ello, se le solicitó información detallada al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) sobre la salud física y mental de los niños y niñas que fueron deportados desde los Estados Unidos hacia nuestro país, la alimentación e incluso la educación, mientras permanezcan en territorio nacional.

La Defensoría consultó al PANI si hay personas menores de edad no acompañadas por sus progenitores o encargados legales, cuál es su situación socio-psico-legal y el rango etario. Además, si estas personas se encuentran identificadas debidamente con un pasaporte o algún documento de identidad que indique país de procedencia, nombre de sus progenitores, fecha de nacimiento.

También es necesario que el PANI informe si cuenta con servicio de traductor o traductora oficial aportados por el Gobierno de Costa Rica, en los idiomas de su procedencia. En ese sentido, se conoce que la OIM contrató un grupo de personas traductoras con el único fin de valorar el retorno voluntario.

También indicar si existen personas menores de edad con discapacidad, y en tal caso, informar sobre las coordinaciones con CONAPDIS. Además, detallar si requieren apoyos especiales y si llegaron personas menores de edad con alguna enfermedad (física o mental), y en tal caso, realizar las coordinaciones respectivas con el Hospital Nacional de Niños y el Hospital Nacional de Salud Mental o algún otro centro de salud.

Al desconocer el tiempo de permanencia en el país, el PANI debe informar a las acciones se implementarán para garantizar el derecho a la educación de las personas menores de edad, además si cuentan con ropa adecuada al clima de la Zona Sur, y los implementos de higiene y limpieza que requieren.

Otro aspecto importante es saber si el CATEM cuenta con una persona profesional en nutrición, la alimentación que se les brindará, en general, y en particular a las personas menores de edad, dado la diversidad de los países de procedencia.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Deportados y dignidad nacional

Freddy Pacheco León, PhD

Mucha pena nos produce la infeliz resolución de la Dirección Jurídica de la Dirección General de Migración, publicada por su director general, don Omer Badilla Toledo, con la cual se trata de justificar, la actitud cómplice del presidente Chaves, con Donald Trump, vinculada a la repudiada deportación de migrantes desde suelo estadounidense.

Se trata de un texto, lleno de roces con la Ley General de Migración y Extranjería (N° 8764) que, aunque se sabe, ha de respetarse en su totalidad, no lo ha sido. Leemos en dicha resolución, que la misma se emite «en razón de la política migratoria adoptada por el gobierno de los EUA», y porque, «conforme a negociaciones realizadas entre los dos Gobiernos, Costa Rica aceptó recibir personas extranjeras que serán deportadas de los EUA, con el fin de que se materialice su retorno a los respectivos países de origen o destino final». Ya desde allí, se percibe cierta desagradable sumisión.

Aparte de que no se ha informado acerca de lo negociado o convenido, a cambio del almacenaje en Costa Rica (así lo percibimos), de esos «delincuentes«, según Trump, se infiere de la lectura de esa ilegal, vergonzosa e indigna resolución del Poder Ejecutivo, que los inmigrantes forzados, indebidamente tratados, parecieren estar jugando el papel, de «monedas de cambio«. Trabajadores miserables, que fueron sacados a la fuerza de sus viviendas y trabajos, sin importar sus relaciones afectivas y familiares, sus llantos, sus ruegos, para concentrarlos en, muy oportunas cárceles privadas, sin trámites legales y sin consideración alguna a sus muy posibles padecimientos médicos, crónicos, o provocados, como consecuencia al trato inhumano que recibieron, para luego, en su paradójico “Día D”, obligados a montarse en aviones militares, sin conocer lo que les esperaba al final de ese tétrico viaje. Y ello, como castigo, a haberse atrevido un día, a huir del hambre, la miseria, la violencia, vivida en países con antidemocráticos regímenes, principalmente, asiáticos. Así, dejaron atrás a sus familias, sus amigos, sus barrios, en un esfuerzo desesperado por sobrevivir, trabajando, así lo esperaban, en el país que por muchos años se ha nutrido de inmigrantes; algunos recibidos simbólicamente, por la formidable estatua de La Libertad, a su llegada a la ciudad de Nueva York.

Ante esa triste realidad, que ha provocado el rechazo, entre otros, de la gran mayoría de las denominaciones religiosas del planeta, que, como la iglesia católica, han suplicado misericordia por esos hermanos, no deja de conmovernos, el solo pensar, cómo se sentirán de impotentes, esas personas, tan lejos de sus padres, hermanos, e hijos, sufriendo de soledad, quizá solo esperando morir, a manos de esos soldados que les mueven de un lado para otro, cual si fueren parte de una manada de animales.

Costa Rica, todavía valorado en el mundo, como un país amante de la paz, del respeto a los sagrados Derechos Humanos, caracterizado por una democracia estable, preocupado por la justicia social, solidario, asiento de un pueblo noble, tiene mucho que perder con este oculto convenio, acordado por los dos gobiernos involucrados. De un día para otro, nuestra nación ha sido involucrada, en una acción repugnante que ejecuta su «principal socio comercial», según los nuevos tiempos mercantilistas. ¡Ya no son Thomas Jefferson y Abraham Lincoln, los modelos a seguir!; ahora el surafricano Elon Musk y el cubano- americano Marco Rubio, son los que importan.

El papa Francisco sintetizó así, la situación creada: «El acto de deportar personas que en muchos casos han dejado su propia tierra por motivos de pobreza extrema, de inseguridad, de explotación, de persecución o por el grave deterioro del medio ambiente, lastima la dignidad de muchos hombres y mujeres, de familias enteras, y los coloca en un estado de especial vulnerabilidad e indefensión».

Por otro lado, más allá de la dimensión humana de los acontecimientos, analicemos parte de la situación en el ámbito formal, legal, institucional.

Si los representantes consulares de Costa Rica tienen la delicada y exclusiva potestad, de actuar como agentes de migración en el exterior, incluyendo por supuesto, en los Estados Unidos de América, ¿quiénes dispusieron apartarlos de sus responsabilidades? ¿Ante cuál autoridad, a las personas deportadas, les presentaron, en Costa Rica o en los EUA, las correspondientes solicitudes de ingreso a nuestro país? Si no portan pasaportes o salvoconductos, como mínimo, ¿no es eso, causa de impedimento para ingresar, e este caso particular, por el aeropuerto internacional Juan Santamaría? Si las supuestas visas para ingresar al país, los extranjeros deben solicitarlas cuando la persona está en el exterior, ¿bastaría con levantar, en la oficina de Migración del aeropuerto, una lista informal, con las supuestas identidades de las personas transportadas en unos aviones militares?

¿Cumplen esos 200 seres humanos deportados, con los requisitos de seguridad y salubridad, que manda la legislación costarricense?

Por otro lado, si no se trata de residentes temporales, asilados o refugiados, ¿en cuál de los 268 artículos de la Ley N°8764, aprobada durante la administración Arias Sánchez, se establece una innovadora categoría, que podríamos llamar, «deportados de desconocida nacionalidad, traídos al país en aviones militares«?

Si la ley dice que «Todas las personas que lleguen al país serán sometidas al correspondiente control migratorio, con el fin de determinar si están en condiciones de ser o no admitidas, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes», ¿se cumplió tal mandato, o simplemente, dieron por un hecho que se estaba ante una evidente ilegalidad, que había que disimular?

Pero aún hay más. ¡Veamos!

Se trata de extranjeros, que, por la fuerza, ingresaron a Costa Rica, en ejecución de un supuesto convenio o acuerdo internacional, suscrito por el presidente de la República, no aprobado por quien le corresponde, o sea, por la Asamblea Legislativa. ¿Será que estamos frente a ¡otra violación al principio del respeto a la separación de poderes!, de parte del Poder Ejecutivo?

Pero, bueno, como sea, lo cierto es que ingresaron y los tienen «almacenados», por tiempo indefinido, en un lugar cercano al paso fronterizo con Panamá, donde, gracias a Dios, se han hecho presentes organizaciones que velan porque se les respete, al menos, sus Derechos Humanos, y convenios internacionales que procuran velar por los migrantes.

En cuanto al tiempo en que permanecerán en suelo costarricense, surge otra interrogante. Y es que, nadie, ni el presidente Chaves, responsable de lo convenido, podría garantizar, su eventual salida del territorio tico, hacia Panamá en 30, 90 o 100 días, o en meses o años, pues, los supuestos 30 días de permanencia, dice el director general de Migración, en su resolución, son prorrogables «mientras desaparecen los motivos que le impiden a la persona, continuar con su viaje». O sea, si los panameños no pueden, o no quieren recibirlos, los maltratados deberían seguir hacinados por tiempo indefinido, algo así, como en un campo de concentración, un albergue, o una cárcel, según lo perciba cada persona. “Pero no hay que preocuparse”, más o menos dice nuestro presidente, “el gobierno de Washington, paga por el pan que se coman…”

Como parte de este embrollo, pese a la colección de ilegalidades, que este biólogo amigo de ustedes, parece percibir, creemos que al buscar una solución al grave problema creado por el Poder Ejecutivo, se habrá de tomar en cuenta, la Ley General de Migración y Extranjería, que en algún momento debió de respetarse. En ella, por ejemplo, leemos que «Las personas extranjeras gozarán de los derechos y las garantías individuales y sociales reconocidos para las personas costarricenses en la Constitución Política, salvo las limitaciones que esta establezca. Las normas relativas a los derechos fundamentales de las personas extranjeras se interpretarán conforme a los convenios en materia de derechos humanos y a los tratados y acuerdos internacionales ratificados que se encuentren vigentes y, específicamente, por lo siguiente:

1)Toda persona extranjera tendrá derecho de acceso a la justicia, al respeto de las garantías del debido proceso, al derecho de defensa y al derecho de petición y respuesta. 2) Las personas extranjeras que cuenten con autorización para permanecer en el país podrán circular libremente por el territorio nacional, por el tiempo que defina la autorización. 3) Las personas extranjeras estarán sujetas a los requisitos fijados en esta Ley, su Reglamento y en otras normas jurídicas aplicables, para ingresar al país, permanecer en él o egresar de él«.

Párrafos que resumen muy bien, el civilizado pensamiento costarricense sobre tan sensible materia, y que, de paso, evidencian el chicharrón en que nos han metido, con ese apresurado convenio y atropellada resolución.

Pero, hay todavía más. Resulta que la tal «resolución», suscrita por el señor Omer Badilla Toledo, viceministro de Gobernación y Policía, en ciertos párrafos, se refiere, en forma descuidada, a refugiados” (¡que no lo son!) o «a la persona extranjera beneficiada con este permiso», cual si se hubiera tramitado y concedido permiso de residencia alguno. Y agrega el viceministro citado, que si «la persona extranjera beneficiada con esta resolución», comete algún delito, «se le revocará de inmediato el permiso otorgado«, y se le aplicará la legislación pertinente. Preguntamos, ¿Lo deportarían? ¿Verdad que parece un chiste de mal gusto?

Párrafo que parece ser un vergonzoso «copy paste» de un caso totalmente diferente, seguro usado, para darle bulto a la tal resolución de la asesoría jurídica de Migración, ante lo inédito de un misterioso convenio, que, por complacer al secretario de Estado Marco Rubio, en representación de Donald Trump, fuere convenido, sin que les importara el debido sustento legal.

Para terminar, ¡he aquí otra perla!: «Las personas migrantes beneficiarias de la presente resolución, no podrán permanecer en el territorio nacional en forma irregular«, dice la resolución publicada en La Gaceta del 18 de febrero recién pasado.

Si se les está forzando a permanecer en suelo tico, en forma irregular, obviamente, en contra de su voluntad, ¿cabe esa condición?, además del cinismo de llamarlas “migrantes beneficiarias”.

En fin, es otra muestra más de lo que, por medio de una “resolución”, emitida por una dirección de un ministerio, se le quiere dar carácter formal a un acto ¡jamás antes sucedido en Costa Rica!, que obliga a ser valorado por quienes corresponda, desde el punto de vista jurídico y, por supuesto, político. Si se le deja pasar, cual, si se tratara de algo intrascendente, no sería extraño que se siguiere repitiendo, una y otra vez, con las consecuencias que ello tendría para el prestigio de esta maltratada Patria. No merece Costa Rica tal atropello.

20.2.25