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Etiqueta: derecho a la educación

Volver a la escuela con apoyo: investigación de la UCR propone una estrategia para niñas y niños con cáncer

Escrito en . Publicado en Salud.

Mag Olga Marta Ramírez Hernández
Comunicadora
Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) 

Investigación de Posgrados UCR desarrolla una metodología para promover entornos escolares seguros y acompañar el regreso a clases de niñas y niños con cáncer.

El regreso a la escuela de niñas y niños diagnosticados con cáncer requiere condiciones que contemplen no solo su estado de salud, sino también su bienestar emocional, social y educativo. Con ese objetivo, una investigación desarrollada en la Maestría Profesional en Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia del Posgrado de Trabajo Social, del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), propone una estrategia teórica-metodológica para promover entornos escolares seguros e inclusivos.

El estudio, titulado De vuelta a la escuela: estrategia teórica-metodológica para promover entornos escolares seguros para las niñas y niños diagnosticados con cáncer, fue realizado por Karla Cristina Sequeira Vargas como parte de su trabajo final de graduación.

La investigación se desarrolló mediante una metodología participativa que incorporó las experiencias y percepciones de niñas y niños con cáncer, personas responsables parentales, personal docente, expacientes, así como funcionarios de la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil (ALCCI) y del equipo del Departamento de Hemato-Oncología del Hospital Nacional de Niños.

“El punto de partida fue escuchar a las personas protagonistas del proceso. Las niñas y los niños expresan la importancia de volver a la escuela, pero también los temores y necesidades que surgen en ese momento”, explicó Sequeira

Uno de los aportes centrales del estudio es la conceptualización de los entornos escolares seguros, entendidos como espacios que integran condiciones físicas adecuadas, acompañamiento emocional, atención a la salud y dinámicas sociales basadas en la empatía y la solidaridad. Esto incluye acciones como adaptaciones en la infraestructura, prevención del bullying, acompañamiento docente y fortalecimiento de redes de apoyo dentro del centro educativo.

La estrategia propuesta se organiza en cuatro líneas de acción. La primera se orienta a la detección temprana del cáncer infantil mediante procesos de sensibilización y educación. La segunda, que constituye el eje central del estudio, se enfoca en la promoción y fortalecimiento de entornos escolares seguros. La tercera aborda la incidencia política y las alianzas estratégicas entre los sectores de salud, educación y sociedad civil. La cuarta plantea la sensibilización y capacitación del talento humano, tanto de ALCCI como del equipo de salud del Departamento de Hemato-Oncología del Hospital Nacional de Niños, con un enfoque basado en los derechos humanos de la niñez y la adolescencia.

El estudio también resalta la importancia del derecho a la participación, al reconocer que las niñas y los niños pueden expresar sus opiniones sobre cómo desean ser acompañados en su regreso al aula y qué condiciones consideran necesarias para sentirse seguros.

“Posgrados UCR se consolida como un semillero de investigación que impulsa la generación de propuestas desde distintas áreas del conocimiento. Este proyecto es un ejemplo del trabajo que desarrollan nuestras y nuestros estudiantes y de cómo la investigación aplicada puede tener un impacto social concreto.”, señaló el Dr. Eldon Cadwell Marín, decano del SEP de la UCR.

La investigación destaca además por su potencial de aplicación en centros educativos públicos y privados, en contextos urbanos y rurales, y por su posibilidad de adaptación a otros escenarios donde se requiera acompañar procesos educativos vinculados a condiciones de salud complejas.

Con esta propuesta, el estudio busca contribuir a que el regreso a la escuela de niñas y niños con cáncer se realice en condiciones de equidad, respeto y acompañamiento, fortaleciendo el derecho a la educación como parte de su bienestar integral.

Algunos de los consejos prácticos que se le pueden brindar a las personas docentes son:

  • Sentir temor o angustia ante la presencia de un diagnóstico de cáncer pediátrico en el grupo de estudiantes es normal.

  • Entender que el cáncer infantil es muy diferente al cáncer en las personas adultas es fundamental.

  • Escuchar las necesidades tanto de la persona menor de edad con cáncer como de las personas responsables y tratar en la medida de las posibilidades de colaborarles. Al igual que las personas docentes, las personas responsables de la persona menor pueden sentir temor de volver al centro educativo.

  • Validar los sentimientos tanto de la niña o el niño con cáncer como de las personas responsables parentales.

  • Establecer un canal de comunicación y coordinación con las personas responsables parentales, el Departamento de Hemato-Oncología y el Centro de Apoyo en Pedagogía Hospitalaria (CeAPH) para recibir información certera de la condición del paciente y los pasos a seguir en su proceso.

A la hora de trabajar con las personas estudiantes tomar en cuenta:

  • Partir desde lo que las personas estudiantes han escuchado sobre la palabra cáncer y/o las experiencias que han vivido en torno a la enfermedad.

  • Explicar la enfermedad considerando la edad de las personas estudiantes, utilizando un lenguaje sencillo y no brindar detalles que no se consideren necesarios.

  • Responder las inquietudes que tengan las personas menores de edad.

  • Validar sus sentimientos.

  • Organizar una bienvenida a la persona menor de edad con cáncer considerando las opiniones de sus compañeras y compañeros.

  • Acompañar tanto a la persona menor de edad con cáncer así como a sus compañeras y compañeros.

  • Mantener una línea de comunicación con las personas responsables parentales, equipo de salud y el CeAHP para aclarar cualquier duda que se pueda presentar a lo largo del proceso de tratamiento de la persona menor de edad con cáncer.

Enlace a la investigación: https://ucr.cr/r/Mq9G5

Defensoría: Hay un clamor por un giro de 180 grados en el sistema educativo

Escrito en . Publicado en Educación.

La más reciente investigación de la Defensoría de los Habitantes sobre la situación del sistema educativo costarricense recoge la voz de más de 200 personas representantes de comunidades educativas, direcciones regionales y Juntas de Educación y Administrativas; quienes describen un panorama de desigualdad estructural y desarticulación institucional que obstaculiza el pleno ejercicio del derecho a la educación en diversas zonas del país. Los hallazgos cualitativos confirman que los recortes presupuestarios y la falta de acompañamiento técnico han debilitado la gestión local y profundizado las brechas entre centros urbanos y rurales.

Entre los principales desafíos identificados destacan la insuficiencia de recursos para infraestructura y mantenimiento, la falta de personal administrativo capacitado, y la excesiva burocracia en los procedimientos de ejecución presupuestaria. Estas limitaciones afectan especialmente a las regiones Huetar Norte, Brunca y Chorotega, donde los representantes educativos reportan retrasos de hasta un año en la aprobación de obras y en la transferencia de fondos. La consecuencia más grave de esta situación es la vulneración sostenida del derecho a la educación en condiciones de igualdad, particularmente para niñas, niños y adolescentes en contextos rurales y costeros.

El enfoque interseccional del informe permite identificar cómo estas brechas impactan de forma diferenciada a mujeres líderes de Juntas, docentes y madres cuidadoras, quienes asumen múltiples responsabilidades ante la ausencia de apoyo institucional. Asimismo, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad enfrentan barreras adicionales vinculadas a la falta de infraestructura accesible, materiales inclusivos y acompañamiento técnico especializado. Estas realidades reflejan que la desigualdad educativa no es solo económica, sino también social, cultural y de género.

Las voces recogidas por la Defensoría resaltan una percepción generalizada de debilitamiento de la gobernanza educativa. Las Juntas, concebidas como espacios

de participación comunitaria, operan en muchos casos sin lineamientos claros, sin rendición de cuentas efectiva y con una dependencia excesiva de las Direcciones Regionales, que a su vez carecen de recursos y personal suficiente. Esta fragmentación institucional produce un círculo vicioso: comunidades sobrecargadas, autoridades educativas con escasa capacidad operativa y un sistema nacional que pierde cohesión y eficacia.

El informe también documenta una creciente fatiga institucional y social. Las personas entrevistadas expresaron que la carga de responsabilidades administrativas —sin acompañamiento ni formación— desincentiva la participación ciudadana y debilita el tejido comunitario que históricamente ha sostenido a la educación pública costarricense. Este desgaste compromete el sentido de corresponsabilidad y participación democrática en la gestión educativa, valores esenciales para la construcción de una sociedad inclusiva y solidaria.

Ante este panorama, la Defensoría de los Habitantes exhorta al Estado costarricense a reconfigurar la gobernanza educativa desde una perspectiva de derechos humanos, con mecanismos reales de participación, descentralización efectiva y fortalecimiento institucional. Ello implica garantizar recursos suficientes, asistencia técnica permanente y marcos de transparencia que devuelvan confianza a las comunidades. Escuchar las voces regionales no debe ser un ejercicio simbólico, sino el punto de partida para construir políticas públicas que respondan a la diversidad territorial, cultural y social del país.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Foto Anel Kenjekeeva

Defensoría: Fragilidad financiera en Juntas Administrativas amenaza equidad en la educación

Escrito en . Publicado en Educación.

La Defensoría de los Habitantes afirma que el financiamiento de las Juntas de Educación y Administrativas —pilares de la gestión operativa del sistema educativo— presenta una marcada inestabilidad y un debilitamiento progresivo. Entre 2019 y 2024, el presupuesto asignado a estas instancias apenas creció un 6% nominal, lo que resulta insuficiente frente a la inflación acumulada y al aumento en la matrícula escolar. Esta realidad ha generado un deterioro sostenido en la capacidad de los centros educativos para cubrir servicios básicos como electricidad, limpieza, materiales didácticos y mantenimiento.

El análisis de la Defensoría muestra que en 2024 un 11% de las Juntas operaron con menos de ₡5,5 millones anuales, mientras que un 18% manejó más de ₡88 millones, lo que evidencia una brecha estructural en la distribución de recursos. Estas desigualdades territoriales implican que mientras algunos centros educativos pueden financiar adecuadamente la alimentación, infraestructura y programas extracurriculares; otros apenas logran sostener servicios mínimos. Esta polarización presupuestaria se traduce en oportunidades desiguales para niñas, niños y adolescentes según su lugar de origen, condición socioeconómica o pertenencia cultural.

Uno de los hallazgos más preocupantes es la contracción del Fondo de la Ley N.º 6746, principal fuente de financiamiento de las Juntas. En el período 2019–2024, dicho fondo pasó de ₡94.303 millones a ₡40.617 millones, una reducción del 56,9%, lo que ha limitado severamente la capacidad de las instituciones para garantizar servicios básicos. El monto promedio por estudiante disminuyó de ₡93.906 en 2019 a apenas ₡41.321 en 2024, evidenciando un retroceso en la progresividad del financiamiento educativo y una clara vulneración al principio de igualdad de condiciones.

La Defensoría también advierte que la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PANEA), uno de los principales mecanismos para garantizar el derecho a la

alimentación y la permanencia en el sistema educativo, presenta una brecha estructural: solo cubre el 63% del costo estimado para su universalización. Esto significa que cuatro de cada diez estudiantes no reciben una alimentación adecuada en los centros educativos, afectando especialmente a la niñez en condición de pobreza, a las comunidades rurales e indígenas, y a la educación especial. En términos de derechos humanos, esta situación representa una violación directa del derecho a la alimentación adecuada y a la igualdad de oportunidades educativas.

Asimismo, la Defensoría señala una insuficiencia crítica en infraestructura educativa, pues entre 2019 y 2022 los recursos destinados a este rubro se redujeron más de un 50%, y aunque en 2024 se registró un repunte, persisten riesgos de ejecución y desigualdades en la capacidad técnica de las Juntas para gestionar obras. A esta fragilidad se suman los recortes en arte, cultura y deporte, los cuales reflejan un retroceso en la educación integral y en la protección de los derechos culturales de la niñez y la adolescencia.

El estudio evidencia que la inestabilidad presupuestaria y la desigual capacidad de gestión local han trasladado a las comunidades educativas una carga desproporcionada. En 2024, los fondos propios generados por actividades comunales y aportes del personal docente alcanzaron casi ₡6.000 millones, una cifra que refleja el esfuerzo extraordinario de las comunidades por sostener el sistema educativo ante los recortes estatales. Este escenario, sin embargo, vulnera el carácter gratuito y universal de la educación pública consagrado en la Constitución Política.

La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado urgente a reformar el modelo de financiamiento educativo bajo criterios de equidad territorial, progresividad y transparencia, fortaleciendo la rectoría del MEP y el acompañamiento técnico a las Juntas. La educación no puede depender del voluntarismo comunitario, sino de un compromiso sostenido del Estado para garantizar condiciones dignas y equitativas para todas las personas estudiantes, sin discriminación.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría alerta: Desigualdades se profundizan en la educación pública

Escrito en . Publicado en Educación, Portada.

Modelo de financiamiento afecta más a centros educativos rurales, costeros e indígenas, así como a estudiantes en condición de pobreza.

La Defensoría de los Habitantes advirtió hoy que el país enfrenta una crisis de equidad educativa provocada por la reducción sostenida del presupuesto destinado al Ministerio de Educación Pública (MEP) y la débil capacidad de gestión en los niveles locales. Esta combinación de factores ha generado un deterioro progresivo del derecho a la educación, evidenciado en brechas crecientes entre centros educativos según su ubicación territorial, recursos económicos disponibles y dirección regional.

La investigación reveló que los recortes acumulados en inversión educativa han afectado directamente la infraestructura, la alimentación escolar y la contratación de personal de apoyo, comprometiendo la calidad del aprendizaje y las condiciones de permanencia en las aulas. Las escuelas unidocentes, rurales e indígenas son las más afectadas: en varias regiones del país, las Juntas de Educación operan con presupuestos hasta cinco veces menores a los de instituciones ubicadas en zonas urbanas, lo que restringe su capacidad para garantizar condiciones dignas y seguras para la población estudiantil.

Desde un enfoque de derechos humanos, la Defensoría alerta que la falta de equidad presupuestaria constituye una forma de discriminación estructural, al reproducir desigualdades históricas que afectan a la niñez y adolescencia en situaciones de pobreza y a las personas estudiantes con discapacidad que enfrentan mayores barreras de acceso. Estas desigualdades violan los principios de progresividad, igualdad y no regresividad que rigen las obligaciones del Estado en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

Para la Defensoría el modelo actual de gestión educativa no garantiza la transparencia ni la rendición de cuentas adecuadas. La complejidad administrativa, la limitada capacidad técnica en las Juntas y la ausencia de acompañamiento institucional dificultan la ejecución oportuna de los recursos, generando atrasos significativos en el mantenimiento, adquisición de materiales y ejecución de programas sociales. Esta situación debilita la confianza pública y aumenta la

desigualdad entre centros que logran gestionar recursos propios y aquellos que dependen exclusivamente de transferencias estatales.

La Defensoría recomendó reformar de manera estructural el modelo de financiamiento educativo, asegurando un presupuesto estable, equitativo y progresivo que priorice a los centros con mayores desventajas sociales y territoriales. Propone, además, fortalecer la rectoría del MEP en la supervisión de las Juntas de Educación y Administrativas, implementando mecanismos de asistencia técnica permanente y auditorías preventivas con enfoque territorial y de derechos humanos.

Para la Defensoría es crucial garantizar la educación como un derecho humano y ello exige una política fiscal comprometida con la justicia social, donde los recursos se asignen de acuerdo con las necesidades reales de las comunidades y no únicamente por criterios administrativos. Esto implica recuperar el mandato constitucional del 8% del PIB para educación, invertir en infraestructura resiliente, ampliar los programas de alimentación y transporte escolar, y promover una gestión educativa inclusiva que incorpore la voz de las comunidades.

La Defensoría de los Habitantes reafirma su llamado al Estado para que coloque la educación pública en el centro de la agenda nacional, como condición indispensable para la igualdad, la cohesión social y la democracia. Superar la desigualdad educativa requiere un compromiso político sostenido que reconozca que cada recorte presupuestario implica un retroceso en la vida y el futuro de miles de niñas, niños y personas adolescentes en todo el país.

Comunicación Defensoría de los Habitantes

Defensoría: Reducción del financiamiento pone en riesgo el derecho a la educación

Escrito en . Publicado en Educación.

Una reciente investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes vuelve a apuntar sobre el riesgo que significa para la sostenibilidad del sistema educativo seguir por el camino de la reducción en el financiamiento.

El gasto público destinado a educación ha disminuido del 7,8% del PIB en 2019 al 5,5% en 2025, incumpliendo el mandato constitucional que establece un mínimo del 8%. Esta reducción refleja una pérdida sostenida de prioridad política y fiscal hacia uno de los pilares fundamentales del desarrollo humano y social costarricense.

El más reciente informe de la Defensoría insiste que esta contracción presupuestaria no solo debilita la capacidad institucional del Ministerio de Educación Pública (MEP), para ejecutar programas estratégicos, sino que además impacta directamente en la calidad de los aprendizajes, la infraestructura educativa y la equidad territorial. Entre 2015 y 2025, el país ha experimentado una caída sostenida en los resultados de las pruebas internacionales PISA, con pérdidas acumuladas de hasta 24 puntos en matemáticas y 28 en lectura, lo que evidencia el vínculo entre la reducción de recursos y el deterioro de los aprendizajes básicos.

Desde un enfoque de derechos humanos, la Defensoría subraya que el principio de progresividad exige al Estado avanzar de forma constante en la garantía del derecho a la educación de calidad (inclusiva, equitativa y pertinente), evitando retrocesos injustificados. Sin embargo, los recortes presupuestarios en programas esenciales —como alimentación escolar, infraestructura y formación docente— constituyen una forma de regresividad que afecta desproporcionadamente a las comunidades rurales, costeras, indígenas y a las personas estudiantes con discapacidad. En estas poblaciones, la falta de recursos compromete la permanencia escolar y amplía las brechas estructurales de desigualdad.

Asimismo, la Defensoría señala que la erosión progresiva del presupuesto educativo ha limitado el alcance de políticas de inclusión y equidad, debilitando programas como el de becas y transporte estudiantil. De esta forma, la educación pública, históricamente reconocida como motor de movilidad social, enfrenta hoy una precarización institucional que amenaza su papel como herramienta de justicia social. La Defensoría destaca que esta tendencia contradice los compromisos internacionales asumidos por el Estado costarricense ante la UNESCO y el Comité de los Derechos del Niño.

Por otro lado, la investigación identifica una creciente inestabilidad presupuestaria en el MEP, con variaciones interanuales negativas desde 2019 y una dependencia de decisiones coyunturales. Ello ha generado un efecto dominó en las Juntas de Educación y Administrativas, que hoy deben asumir con recursos limitados la continuidad de servicios básicos en las escuelas y colegios. Esta situación expone a las comunidades educativas a vulneraciones indirectas del derecho a la educación y profundiza la desigualdad entre territorios con distinta capacidad de gestión local.

La Defensoría de los Habitantes hace un llamado urgente a revertir la tendencia de desinversión educativa, priorizando la educación como inversión estratégica para el desarrollo nacional. Fortalecer la gobernanza, garantizar estabilidad financiera y asegurar la equidad en la asignación de recursos son condiciones esenciales para que la educación continúe siendo un instrumento de justicia social, cohesión y democracia.

Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Consejo de la UNA llama a fortalecer la prevención de la violencia en centros educativos

Escrito en . Publicado en Seguridad.

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) emitió un pronunciamiento en el que rechaza las amenazas armadas que recientemente han afectado a universidades públicas y centros educativos del país, y hace un llamado a fortalecer las políticas públicas de prevención de la violencia en todos los niveles del sistema educativo.

El acuerdo, tomado en sesión ordinaria 43-2025, subraya que la seguridad de la juventud costarricense es una responsabilidad compartida y un valor democrático que requiere acciones articuladas entre el Ministerio de Educación Pública, el CONARE, las universidades públicas, las comunidades educativas y las organizaciones estudiantiles.

El documento contextualiza la situación en un escenario nacional caracterizado por el incremento de la violencia, la desintegración social y el deterioro de las condiciones educativas, lo cual afecta directamente el derecho a estudiar en espacios seguros. Señala además que la normalización de amenazas, evacuaciones y discursos violentos debilita la confianza en las instituciones y obliga a invertir recursos que deberían destinarse exclusivamente a la formación académica.

El pronunciamiento destaca que la crisis de seguridad también se agrava por la proliferación de discursos de odio, misoginia y descalificación, incluidos aquellos dirigidos hacia las universidades públicas, reconocidas por su aporte al pensamiento crítico y a la vida democrática. En este sentido, la UNA reafirma su compromiso histórico con la educación pública y expresa solidaridad con la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y centros educativos que han enfrentado situaciones similares.

Entre las acciones que propone el Consejo Universitario se encuentran:

  • Impulsar protocolos de seguridad integral, comunicación, atención psicosocial y cultura de paz.

  • Fortalecer el trabajo coordinado entre CONARE y MEP para una agenda común de prevención de la violencia.

  • Reconocer a las federaciones estudiantiles como actores clave en la defensa de espacios educativos seguros.

  • Promover actividades formativas sobre convivencia, valores democráticos y prevención de riesgos.

El acuerdo recuerda que diversos instrumentos internacionales —como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración sobre Escuelas Seguras— establecen la obligación de garantizar entornos de aprendizaje seguros, protectores y libres de violencia.

La Universidad Nacional concluye que la defensa de la educación pública requiere acciones firmes y coordinadas que permitan enfrentar la normalización de la violencia, proteger la integridad de las comunidades educativas y asegurar el ejercicio pleno del derecho a la educación en ambientes que fomenten la convivencia y la paz.

APSE Sindicato logra fallo histórico que reafirma el 8% del PIB para educación pública

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El APSE Sindicato celebró un triunfo histórico en la defensa de la educación pública, luego de que la Sala Constitucional declarara inconstitucional por omisión el presupuesto nacional del 2023 por no cumplir con el mandato del artículo 78 de la Constitución Política que ordena asignar un mínimo del 8% del PIB a este sector.

En el voto N.° 2025018758, emitido a las 13:10 horas del 18 de junio de 2025, el alto tribunal reafirmó que este porcentaje es un fondo atado por designio constitucional, lo que significa que no puede ser reducido, condicionado ni afectado por leyes ordinarias, incluyendo la regla fiscal. La Sala recordó que incumplir este mandato viola no solo la Constitución, sino también el derecho a la educación pública y el principio de progresividad de los derechos humanos.

El fallo enfatiza que la educación pública no es un gasto recortable, sino una inversión protegida por la Constitución, y que la regla fiscal no puede utilizarse como excusa para limitar este derecho fundamental.

El sindicato exigió al presidente de la República, al ministro de Hacienda y a los legisladores presupuestarios cumplir de forma inmediata con este mandato en todos los presupuestos futuros. Recordó que el próximo 31 de agosto vence el plazo para que el Ministerio de Hacienda envíe a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de presupuesto ordinario de la República para el ejercicio 2026.

APSE subrayó que defiende todos los niveles de la educación pública, desde preescolar hasta la educación superior, para garantizar oportunidades de calidad a niños y jóvenes, así como condiciones dignas para la clase trabajadora de la educación.

Vea el video con el pronunciamiento completo aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=1F9RQZHthhk

Defensoría interviene por derecho a la educación de niñez en el CATEM

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

La Defensoría de los Habitantes, en el marco de su labor de vigilancia y defensa de los derechos fundamentales de la población, solicitó al Ministerio de Educación Pública (MEP) un reporte sobre las acciones adoptadas para garantizar el derecho a la educación a las personas menores de edad ubicadas en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) Sur, quienes se encuentran en el grupo de personas deportadas desde Estados Unidos.

La petición se realiza luego que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) informara a esta Defensoría que “ha mantenido acercamientos con el MEP a fin de trasladar el tema”.

La Defensoría planteó dicha gestión ante el MEP para que informe la articulación entre ambas instituciones en este caso y rendir cuentas de la colaboración o procesos de coordinación que se mantengan con las autoridades migratorias, las organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones, con el fin de garantizar el derecho a la educación de la población menor de edad ubicada en el CATEM Sur. Para la Defensoría es importante dar seguimiento al tipo de intervención del MEP para abordar el tema educativo de los niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta sus particularidades, como son el idioma, costumbres, nivel de conocimientos y grado de escolaridad.

También, deberá detallar qué información ha facilitado a las familias sobre los servicios educativos disponibles y si están impartiendo lecciones, en qué consisten las mismas, quién las imparte; qué otras actividades se ofrecen a este grupo de niños/as en cuanto a programas de tutorías, refuerzos escolares, apoyos lingüísticos, programas que promuevan el respeto a la diversidad cultural, entre otros. Asimismo, deberá informar si el MEP cuenta con algún protocolo o programa específico al respecto.

Esta labor forma parte de todo un proceso de observación, inspección y seguimiento a la situación de deportación de estas personas, quienes ingresaron al país a partir del 20 de febrero anterior. En el último reporte entregado por la Defensoría la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, el pasado 09 de mayo 2025, se reporta que, de la última visita al CATEM, estaban presentes un total 26 personas menores de edad.

La Dirección Regional de Educación Coto, del Ministerio de Educación Pública (MEP), en Ciudad Neily, solicito a esta Defensoría ampliar el plazo para poder ofrecer la respuesta solicitada debido a que están en un proceso de visitas colegiadas a los centros educativos de la región y otras actividades relacionadas al Consejo de Participación Comunal.

Comuicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría interpone acción judicial ante agresión sufrida por niño con discapacidad

Escrito en . Publicado en Derechos.

Solicita medida cautelar a Juzgado de Familia, quien ordena varias acciones

La Defensoría de los Habitantes planteó ante el Juzgado de Familia una solicitud de medida de protección cautelar a favor de una persona menor de edad con discapacidad, que sufrió agresión física en una escuela pública.

El proceso de protección cautelar es un juicio recientemente creado por el Código Procesal de Familia, que tiene el fin de proteger los derechos de las personas en estado de vulnerabilidad (personas menores de edad, personas con discapacidad y adultas mayores, indígenas, entre otras). De conformidad con el artículo 34 de ese Código la Defensoría de los Habitantes cuenta con la legitimidad -facultad- para interponer este tipo proceso.

Pese a que la madre de la persona menor de edad recurrió a diferentes instancias del Ministerio de Educación Pública, no recibió respuesta satisfactoria. La madre solicitó la intervención de la Defensoría de los Habitantes y se realizó una investigación en la cual se emitió un informe final que constató una serie de yerros en el procedimiento administrativo y emitió recomendaciones.

En atención a dicha legitimidad y a que la situación denunciada persistía, la Defensoría decidió interponer el proceso cautelar de protección para resguardar la integridad física de la persona menor de edad, debido a que el docente seguía impartiendo lecciones en dicha escuela. Esta Defensoría solicitó al Juzgado adoptar urgentes medidas provisionales que aseguren el derecho a la integridad física, psicológica y emocional de la persona menor de edad, así como el derecho a una educación inclusiva en un espacio seguro.

El Juzgado acogió varias medidas cautelares, entre ellas, ordenar a la directora del centro educativo asignar a otra persona docente a efecto de que no se vean suspendidos los apoyos educativos que él requiera en ejercicio de su derecho a la educación durante todo el curso lectivo 2025.

Adicionalmente que la persona docente no pueda acercarse ni perturbar al niño en el lugar de estudio durante todo el curso lectivo.

También se ordenó a la directora del centro educativo, que sea a través de funcionario competente de la Institución o hacer las coordinaciones necesarias ante el Ministerio de Educación Pública para ofrecer a la mayor brevedad posible un acompañamiento profesional a la persona menor de edad.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Conversatorio: Estado de cumplimiento del derecho a la educación en niñas, niños y adolescentes en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

El próximo lunes 9 de diciembre de 2024, se llevará a cabo el conversatorio titulado «Estado de cumplimiento del derecho a la educación en niñas, niños y adolescentes en Costa Rica». Este evento es organizado por el Programa Observatorio de la Educación, la Cátedra de Educación para la Paz y los Derechos Humanos, y la Red de Educación en Derechos Humanos de la Defensoría de los Habitantes.

El panel contará con la participación de reconocidos expertos en educación y derechos humanos:

-M.S.c. Luis Muñoz Varela , Instituto de Investigación en Educación (INIE-UCR).
-M.L. Estefanía Calderón Sánchez , Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica.
-M.S.c. Ricardo Martínez Brenes , Oficial Nacional de Educación, Oficina Regional de la UNESCO para América Central, México y Colombia.

Moderación
La moderadora será la Dra. Susanne Müller-Using , investigadora del INIE.

Detalles del evento
-Fecha : Lunes 9 de diciembre de 2024
–Hora : 10:00 am
–Modalidad : Virtual a través de la plataforma Zoom
ID de reunión : 881 7876 1730
Código de acceso : 836263

Más información
Correo: inie@ucr.ac.cr  
Teléfono: 2511-1412Este conversatorio es una oportunidad única para conocer el estado actual del derecho a la educación en Costa Rica, con un análisis profundo desde distintas perspectivas académicas y prácticas.