Un abordaje de las diversas informaciones que pululan en la red, medios de información, organizaciones financieras, organizaciones internacionales, etc., abren un claro panorama de la situación actual y futura del sistema económico planetario existente y de la diversidad de formas en que política y económicamente se particulariza en cada nación, dado la diversidad de procesos históricos y proyectos de vida construidos.
El panorama no es muy positivo, se avecina una recesión de carácter global, que incidirá en cada país de manera diferente, dependiendo de sus características, de los procesos y contextos históricos particulares, de la aglutinación de fuerzas a lo interno, de la inserción al mercado global, ya sea de su total o parcial dependencia, del nivel de deterioro o destrucción del mercado y producción nacionales, causada por el modelo de desarrollo neoliberal, y por supuesto, del desarrollo de la institucionalidad propia, de cada país, es decir, el nivel de privatización, parcial o total logrado por los poderes fácticos nacionales.
Como mencioné, la incidencia de dicha recesión en cada sociedad en particular dependerá de una diversidad de factores, sin embargo, es previsible que economías que otrora fueran referentes de la ficción del “libre mercado”, de las famosas CONSTRUCCIONES elaboradas desde institutos como CATO para demostrar los logros de las “economías libres”, vayan cayendo como castillo de naipes.
Hace ya varios años, me avoqué a estudiar la realidad de Singapur, una economía netamente importadora de lo que consume y, cuestionaba en ese entonces, cómo sobreviviría Singapur en un contexto como el que se avecina, bueno, el momento llegó, esperamos, por el bien de todo un pueblo, que puedan sortear la crisis, sin llegar a, como lo vaticinaba en ese entonces, convertirse en un país fantasma.
El caso de Chile es interesante y preocupante, una economía totalmente privatizada, y peor, una institucionalidad totalmente desmantelada, con pocas capacidades de maniobra, y que ya se encontraba ante una situación de movilizaciones y protesta social, así como de represión sistemática.
En el caso particular de nuestro país, la situación, en principio, no es tan grave, partiendo de que los intereses y procesos privatizadores, no han logrado plasmar todo ese ideario en su totalidad, aún y a pesar de haber logrado, adelantándose a los acontecimientos, blindar las posibilidades en la toma de decisiones, que como ciudadanos tenemos con el instrumento del referéndum y la CRIMINALIZACIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL.
Repito, toda sociedad, depende en la coyuntura actual de sus propias capacidades y características internas, de las condiciones materiales, infraestructura, recurso humano, institucional, relativa capacidad auto alimentaria, etc., y Costa Rica reúne, considero, todas esas características, exceptuando, la social, esa base social con capacidad de EXIGIR cambios estructurales, esa aglutinación de fuerzas capaces de dirigir el barco hacia un puerto donde podamos embarcarnos todos y todas sin exclusión, y eso requiere un gran esfuerzo de construcción, dejando de lado posiciones extremas, parcelitas e intereses.
Hoy por hoy, la batuta la tienen los grandes intereses corporativos, los poderes fácticos, los que han construido la crisis, fueron llamados para arreglar lo que destruyeron, ahondando aún más el modelo, cargando sobre las espaldas del sector trabajador, público y privado, sobre los micro, pequeños y medianos empresarios, el peso de la crisis.
“Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”.
El Colectivo Derecho a la Protesta Social pedimos su
solidaridad y hacemos un llamado urgente a la acción, ante la situación que
enfrentan 4 personas estudiantes en el Juzgado Penal de Flagrancia acusadas y
acusados por la Fiscalía por el delito de Obstrucción a la Vía Pública.
Consideramos que se trata de un juicio político porque estas
personas no cometieron delito alguno, los-as 4 estudiantes fueron detenidos en
la manifestación del pasado 21 de noviembre de 2019 en el cruce de Santiaguito
de San Ramón en Occidente, donde protestaban en el marco de la aprobación del
presupuesto nacional por parte del Gobierno, que incluye afectaciones al
presupuesto de las universidades públicas y de servicios sociales.
Se manifestaban en defensa de la autonomía universitaria y
del presupuesto de la educación superior para los sectores populares.
Fueron detenidos y luego demandados por la Fuerza Pública y
puestos en un procedimiento judicial expedito. El viernes 13 de diciembre
tuvieron su primera audiencia, cerca de las 11 de la noche y a pesar de los
esfuerzos de su Defensa, la jueza resolvió continuar el proceso judicial por
vía rápida.
Las personas estudiantes han insistido en que no incurrieron
en ningún delito, en ningún momento; únicamente ejercieron su derecho a la
libertad de expresión y a la libertad de reunión y realizaron una acción que
fue totalmente pacífica, no violenta y que no representó en ningún momento
perjuicio ni daño a ninguna persona, ni perjudicó a los vehículos que
transitaban en esa zona porque siempre se mantuvo un paso regulado.
La Fuerza Pública actuó en contra los-as estudiantes de
forma injustificada y desmedida, utilizando gases lacrimógenos y dando
persecución, cuando la manifestación estaba retirándose de forma pacífica.
Consideramos que estos abusos de poder por parte de los
cuerpos policiales representan una amenaza a la democracia, la libertad de
expresión, libertad de reunión y al derecho a la protesta y a la comunicación.
En este momento, diversas organizaciones sociales,
denunciamos que estamos frente a un juicio político que claramente busca
criminalizar el legítimo derecho a la protesta de estas personas al acusarlas
penalmente. Este juicio es un acto de violencia que presenta ante la opinión
pública a estas personas como si fuesen delincuentes para que sirva de ejemplo
hacia la población procurando que no se manifieste ni proteste por temor a las
represalias.
Por tanto exigimos a la Fiscalía General de la República
revise la acusación contra las 4 personas acusadas por la misma pues no se
verificó que las personas manifestantes acusados estuvieron cometiendo ningún
acto violento contra la Policía.
Por esto un grupo de personas nos trasladaremos desde San
José a San Ramón para realizar un Pasacalles por la ciudad de San Ramón,
saliendo de la Sede de Occidente de la UCR a las 6 p.m., para luego unirnos al
plantón frente a los Tribunales de Justicia de San Ramón a las 7 p.m. convocado
por la Asociación de Estudiantes de la Sede de Occidente de la UCR y la Asamblea
General Autónoma de la Sede de Occidente.
Al mismo tiempo hacemos un llamado urgente a la opinión
pública nacional e internacional para que se pronuncie sobre este y otros casos
que en este momento existen de criminalización de la protesta social en Costa
Rica enviando cartas y pronunciamientos a:
Lic. Emilia Navas Aparicio, jefa del Ministerio Público.
Fiscal General de la República.
Correo electrónico: fgeneral@poder-judicial.go.cr
Fax: 2256-3503.
Con copia a:
Presidente Carlos Alvarado Quesada, Presidencia de la
República.
El Colectivo Derecho a la Protesta Social comparte el
siguiente comunicado estudiantil:
Asociación de Estudiantes de la Sede de Occidente de la
UCR y
Asamblea General Autónoma de la Sede de Occidente
COMUNICADO DE PRENSA
Estudiantes criminalizados
por manifestarse tendrán que ir a juicio el 30 de diciembre de 2019.
San Ramón, Alajuela (viernes 20 de diciembre, 2019). – Los 4
estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) criminalizados por el sistema
por manifestarse en defensa de la autonomía universitaria y del presupuesto de
la educación superior para los sectores populares tendrán que presentarse a
juicio el lunes 30 de diciembre a las 7 de la noche en los Tribunales de San
Ramón.
El pasado jueves 19 de diciembre en la noche, los
estudiantes tuvieron la audiencia preliminar oral y pública en los Tribunales
de San Ramón.
La Fiscalía presentó su acusación y los estudiantes
presentaron su defensa. Después de escuchar a ambas partes, el juez resolvió
que los estudiantes deben ir a juicio por cargos de obstrucción de la vía
pública y ese día presentarán sus testigos, declaraciones y argumentos de
defensa.
Los estudiantes y el movimiento estudiantil esperan todo el
apoyo del movimiento social porque este juicio es un precedente para que no se
siga criminalizando la protesta social en el país.
Asimismo, en el marco de esta acción de defensa, el
miércoles 18 de diciembre los 4 estudiantes interpusieron una acción de
inconstitucionalidad que impugna el artículo 256 bis del Código Penal, que
califica como delito “impedir, obstaculizar o dificultar” el tránsito en vías
públicas. Esperamos que siente un precedente importante en cuanto al derecho a
manifestarse y el derecho a la libertad de expresión para todas las personas de
este país.
Los 4 estudiantes fueron detenidos en la manifestación del
pasado 21 de noviembre en el cruce de Santiaguito de San Ramón, donde
protestaban por la aprobación de un presupuesto nacional por parte del
Gobierno, que incluye afectaciones al presupuesto de las universidades públicas
y de servicios sociales.
Fueron demandados por la Fuerza Pública y puestos en un
procedimiento judicial expedito. El viernes 13 de diciembre tuvieron su primera
audiencia, cerca de las 11 de la noche y a pesar de sus esfuerzos, la jueza
resolvió continuar el proceso judicial por vía rápida.
Los estudiantes han insistido en que incurrieron en ningún
delito en ningún momento; únicamente ejercieron su derecho a la libertad de
expresión y a la libertad de reunión y realizaron una acción que fue totalmente
pacífica, no violenta y que no representó en ningún momento perjuicio ni daño a
ninguna persona, ni perjudicó a los vehículos que transitaban en esa zona
porque siempre se mantuvo un paso regulado.
Ese mismo 21 de noviembre fueron detenidos 7 estudiantes
frente a la Facultad de Derecho de la UCR en San José por manifestarse con las
mismas causas.
Desde el movimiento estudiantil de Occidente, denunciamos el
accionar de la Policía de Tránsito y la Fuerza Pública durante los hechos de represión
y detención arbitraria de las y los estudiantes.
Hacemos de conocimiento público que la Fuerza Pública actuó
en contra los estudiantes de forma injustificada y desmedida, utilizando gases
lacrimógenos y dando persecución cuando la manifestación estaba retirándose de
forma pacífica. Consideramos que estos abusos de poder por parte de los cuerpos
policiales, representan una amenaza a la democracia, la libertad de expresión,
libertad de reunión y al derecho a la protesta y a la comunicación.
Exigimos al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, los medios
de comunicación y a la sociedad civil de este país, que se detenga la
criminalización de la protesta social y que no se dejen manipular. Nuestra
causa es por la defensa de los derechos humanos, la autonomía universitaria y
el presupuesto de la educación superior para los sectores populares, que somos
los que hemos terminado pisoteados y amedrentados por estas políticas que se
nos imponen.
Más información:
Lic. Edgardo Araya Sibaja
(+506) 87049502
Información enviada a SURCOS por Colectivo Derecho a la Protesta Social.
