Ir al contenido principal

Etiqueta: derecho a la protesta

El macartismo saca la cabeza

Escrito en . Publicado en Análisis.

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

Una comisión especial legislativa, paradójicamente, la de Derechos Humanos, acordó solo con los votos del partido de gobierno, abrir una investigación contra el dirigente del Frente Amplio Ariel Robles por declaraciones llamando a manifestarse contra los recortes al presupuesto universitario.

De acuerdo con la Constitución Política, las comisiones legislativas pueden investigar a servidores públicos sobre actos relacionados con el ejercicio de su cargo, pero respecto de las personas privadas no tienen absolutamente ninguna competencia para investigarlas por sus actos u opiniones políticas. Existe sobre eso un límite infranqueable.

Cuando el poder adquiere o se otorga para sí la facultad o capacidad de investigar a las personas por la expresión de sus opiniones, estamos ante un régimen autoritario que limita las libertades de opinión y de expresión. Estaríamos entrando en un régimen totalitario al mejor estilo de las dictaduras.

En la década de los cincuenta, en plena Guerra Fría, surgió el macartismo, así llamado porque fue encabezado por el senador Joseph McCarthy, caracterizado por una práctica pública de acusaciones a muy distintas personas de ser simpatizantes del comunismo, agentes subversivos o traidores a la patria, realizadas sin ningún fundamento o pruebas y sin debido proceso.

Este es el método que el chavismo pretende introducir desde la Asamblea Legislativa: la vendetta o venganza pública sin mayores derechos contra un ciudadano que es una persona privada, por la expresión de sus ideas o pensamiento.

La expresión de las ideas conlleva la responsabilidad por las consecuencias que de ellas se puedan derivar. Y para eso están los tribunales. Si alguien considera que esas manifestaciones atentan contra los bienes jurídicos protegidos por el Código Penal, pueden acudir a los tribunales. Es el mecanismo en un Estado de derecho.

Pero de ahí a llevar a un ciudadano, que en su carácter particular ha expresado sus opiniones, ante una comisión legislativa, para, sin mayores garantías, ser sometido a una investigación, es la más clara y brutal violación a los principios y derechos constitucionales: esa sigue siendo la ruta del chavismo, la ruta del fascismo.

Red de Organización Popular de Cartago convoca a una faroleada por la paz, la democracia y la libertad el 29 de octubre

Escrito en . Publicado en Comunidad.

La actividad será en la plaza Mayor de Cartago, como acto de desagravio por los hechos del 14 de setiembre y en conmemoración de la independencia de Costa Rica.

La Red de Organización Popular de Cartago invita a las organizaciones sociales de Cartago y del resto del país a la Faroleada por la Paz, la Democracia y la Libertad. Se realizará el jueves 29 de octubre de 2026, a las 5:30 p. m., en la plaza Mayor de Cartago.

La organización expresa su repudio a “los lamentables hechos ocurridos el pasado 14 de setiembre en la plaza Mayor de Cartago”. Plantea la faroleada como una forma de reivindicar los valores cívicos y de reafirmar el compromiso con la independencia, la libertad, la paz y la democracia.

La fecha coincide con la conmemoración del 29 de octubre de 1821, “el glorioso día que en cabildo abierto y delegados de los principales cabildos de Costa Rica se realiza la independencia de Costa Rica”, según recuerda la convocatoria.

“Esta actividad constituye un acto de desagravio y una manifestación pacífica de los cartagineses que amamos la democracia, defendemos nuestros valores y rechazamos toda forma de represión del actual gobierno”, señala la invitación. Añade que será “una oportunidad para demostrar, con respeto y unidad, que somos una comunidad de paz, comprometida con la convivencia democrática y la defensa de nuestras libertades”.

  • Lugar: plaza Mayor de Cartago.

  • Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.

  • Hora: 5:30 p. m.

  • Se recomienda llevar su propio farol.

La organización aclara que no se solicitará la presentación de la cédula de identidad para participar. Agradece la participación y pide asistir “con espíritu cívico, respeto y compromiso”.

Francia: lo que se oculta detrás de las protestas

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Carlos Cruz Barrientos, para SURCOS

Reducir las movilizaciones francesas a incendios, saqueos y enfrentamientos con la policía oculta sus causas sociales. En Costa Rica, esa imagen parcial está siendo utilizada para desacreditar la protesta y presentarla como una amenaza al orden público. Las protestas que sacuden Francia llegaron de pronto al debate político costarricense, no para intentar comprenderlas, sino para convertirlas en advertencia.

La diputada oficialista Kattia Calvo acusó a Ariel Robles, exdiputado del Frente Amplio, de promover la “sedición” por llamar al estudiantado costarricense a seguir el ejemplo de las movilizaciones en Francia y España. Calvo recordó los saqueos, incendios y actos de violencia ocurridos en Francia y responsabilizó anticipadamente a Robles por eventuales hechos vandálicos que pudieran producirse en una manifestación estudiantil en nuestro país.

Es cierto que en las movilizaciones francesas se han producido hechos de violencia. Negarlo no ayudaría a comprender lo que está ocurriendo. Pero tampoco se comprende una protesta social seleccionando las imágenes más espectaculares y suprimiendo todo lo que ocurrió antes de ellas.

¿Por qué protesta el estudiantado francés?

Un seguimiento más o menos regular de la prensa crítica europea permite reconstruir un panorama más completo de lo que está ocurriendo. Las movilizaciones comenzaron a finales de septiembre en institutos franceses y rápidamente se extendieron. Las y los estudiantes denunciaban falta de docentes y personal sustituto, aulas saturadas, deterioro de los edificios, carencia de personal de apoyo y reducción de recursos, problemas particularmente graves en centros situados en los barrios populares.

Algunos testimonios hablan de goteras, servicios sanitarios en malas condiciones y hasta presencia de ratas, ausencia de ventilación en el verano y de calefacción en el invierno. Es decir, los estudiantes no salieron inicialmente a las calles para enfrentarse con la policía. Salieron a reclamar mejores condiciones para estudiar. Pero el problema no termina en las aulas.

El economista y profesor Sebastián Irigoyen, en un análisis publicado por Diario Red, vincula el deterioro de la educación pública con una discusión mucho mayor: las políticas de austeridad y la manera en que se distribuye el costo del ajuste fiscal.

Mientras el Gobierno francés invoca el endeudamiento público para justificar restricciones presupuestarias, crece el cuestionamiento a las políticas fiscales que durante años han favorecido a los sectores de mayores ingresos. De manera que detrás de la protesta estudiantil está la pregunta: ¿quién termina pagando el ajuste?

Cuando el malestar se extiende

Las protestas estudiantiles comenzaron a encontrarse con otras demandas por parte de trabajadores, sindicatos, agricultores, activistas y otros sectores que se movilizaron contra el aumento del costo de la vida, por mejores salarios y en defensa de los servicios públicos y lo que inicialmente parecía un conflicto educativo empezó a mostrar un malestar social mucho más amplio.

A ello se sumó la actuación policial. Las intervenciones contra bloqueos y manifestaciones, las detenciones y las denuncias de agresiones contra menores introdujeron otro elemento en el conflicto. Amnistía Internacional expresó preocupación por la seguridad de los jóvenes participantes y reclamó a las autoridades francesas que garantizaran el derecho a manifestarse.

Y entre medio se han sucedido actos de violencia que si bien son condenables, para nada pueden usarse para restarle legitimidad a las causas que han llevado a la movilización.

Una imagen útil para el poder

Si de todo lo ocurrido en Francia se seleccionan únicamente automóviles incendiados, enfrentamientos y escaparates destruidos, se obtiene una imagen muy eficaz: la protesta aparece asociada al caos. Aquí es donde el episodio francés adquiere interés para Costa Rica.

Y si esa imagen se traslada al debate costarricense, el siguiente paso resulta sencillo. Quien convoca a protestar estaría convocando al desorden; quien llama a los estudiantes a movilizarse podría estar promoviendo la violencia. Así llegamos a una palabra mucho más grave: sedición.

La operación política consiste en desplazar la discusión. Ya no hablamos de las razones por las cuales determinados sectores podrían querer manifestarse. Hablamos del peligro que representarían quienes los convocan. La secuencia es conocida: protesta, desorden, violencia, amenaza al país y en algún momento de ese recorrido desaparece el derecho a protestar.

La democracia también ocurre en la calle

Conviene recordar algo elemental. En una democracia el conflicto social no constituye una anomalía. Las elecciones son fundamentales, pero la democracia no termina cuando se cierran las urnas. Sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes, universidades, asociaciones comunales y ciudadanos tienen derecho a organizarse, reclamar y manifestarse contra decisiones que consideran injustas. Eso también es democracia.

Por eso resulta preocupante que desde el Partido Pueblo Soberano y su enjambre de medios afines, troles e influencers, se instale una narrativa en la que cuestionar al Gobierno se aproxima cada vez más al desorden, convocar a una manifestación puede convertirse en instigación y llamar a protestar termina asociado con la sedición.

Francia merece ser observada con mayor cuidado.

Sus protestas no demuestran que toda movilización social conduce al vandalismo. Muestran algo bastante distinto: los conflictos que no encuentran respuesta política no desaparecen por decreto. Se acumulan.

Primero faltan profesores. Después se deterioran los centros educativos. Se encarece la vida, aumenta la precariedad y se debilitan los servicios públicos. Hasta que personas que parecían vivir problemas separados descubren que existe algo común entre ellos. Entonces la juventud estudiantil de toda Francia sale a la calle.

Y una democracia debería preocuparse no solamente por el desorden que eventualmente ocurre durante una protesta, sino por los problemas estructurales que padece la sociedad francesa desde hace varios años y que han dado lugar a grandes protestas sociales, por ejemplo: la Ley del Trabajo (2016); el movimiento de los Chalecos Amarillos (2018-2019), así como las revueltas de las periferias (2023).

Entre todas ellas hay un hilo conductor: la resistencia a las consecuencias sociales de las políticas de austeridad y liberalización, la defensa de los servicios públicos y del Estado social, la percepción de desigualdad y abandono de determinados territorios y sectores sociales y, progresivamente, el cuestionamiento de un sistema presidencial considerado excesivamente vertical.

De manera que Francia no estaría simplemente atravesando una nueva protesta estudiantil; estaría entrando en una nueva fase de un ciclo de conflictividad social iniciado hace aproximadamente una década. Lo novedoso de 2026 es que una generación que era niña cuando surgieron los Chalecos Amarillos está entrando directamente en escena política. Además, la crisis fiscal actual —con una deuda cercana al 119 % del PIB y un proyecto presupuestario que contempla fuertes ajustes— reduce considerablemente el margen del Estado para responder mediante mayor gasto, como ocurrió ante crisis sociales anteriores.

Fuentes consultadas

Diario Red:

  • Sebastián Irigoyen, “La disputa educativa en Francia: ultra ricos blindados, estudiantes precarizados”, 8 de octubre de 2026.

  • “Los jóvenes del mundo se levantan”, 9 de octubre de 2026.

  • Chloe Arús, “Manifestaciones en Francia: Amnistía Internacional denuncia la inseguridad de los menores frente a la violencia policial”, 9 de octubre de 2026.

  • Benjamín Gutiérrez, “Obreros y estudiantes unidos, ¡adelante!”, 4 de octubre de 2026.

  • “Más de 500.000 personas se manifiestan en toda Francia contra el Gobierno, las subidas de los precios y el deterioro de los servicios públicos”, 19 de octubre de 2026.

El Mundo CR, “Kattia Calvo acusa a Ariel Robles de sedición por llamar a seguir el ejemplo de las protestas en España y Francia”, octubre de 2026.

Imagen: Manifestación de estudiantes en Toulouse, 14-10-2026 (foto de Mathieu Pinard Baillet / Le Pictor / DPA).

Por qué manifestarse en favor de la universidad pública costarricense

Escrito en . Publicado en Educación.

Alejandro Guevara Arroyo

1. La convocatoria: la defensa de la universidad pública costarricense

El día 20 de octubre de 2026 se ha convocado a la comunidad universitaria y a la ciudadanía costarricense en general para manifestarse públicamente en favor de la universidad pública costarricense.

Dicha manifestación se da con motivo de los considerables recortes planteados por el movimiento que actualmente ocupa el Poder Ejecutivo nacional y una mayoría de la Asamblea Legislativa, en el segundo presupuesto extraordinario de 2026 y en el Presupuesto Nacional de 2027, particularmente en lo relativo al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Según se ha informado, dichos recortes implicarían un perjuicio importante para las instituciones universitarias públicas, al comprometer los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y acción social, así como para la continuidad y el desarrollo de diversos programas y servicios dirigidos a la comunidad nacional.

2. El problema: la legitimidad del fin y la adecuación del medio

Ante dicha convocatoria, la pregunta propia de cualquier persona políticamente responsable, que se entiende integrante de una comunidad política, es si existe un deber que le sea pertinente para asistir a dicho evento. Entiendo que dicha cuestión puede ordenarse en dos niveles:

  • Si es legítimo o correcto el fin o principio normativo de aquello que se pretende lograr con la acción.

  • Si el medio seleccionado es adecuado para alcanzar dicho fin.

Consideremos primero el segundo de estos asuntos.

3. La protesta social: un derecho fundamental para el autogobierno democrático

Sabemos, por supuesto, que en el orden constitucional costarricense el derecho a la protesta social es un derecho político fundamental constitucionalmente protegido. Es, además, un genuino derecho humano, en tanto forma parte de los derechos políticos a la participación democrática. Se trata de lo que muchos pensadores llaman «derechos de los derechos»: derechos que garantizan acciones que sirven para exigir y definir el alcance de otros derechos fundamentales.

Su sentido democrático es centralmente expresivo. Por un lado, comunica a la comunidad política en general, y a los representantes en especial, posiciones y demandas políticas que por cualquier razón pueden estar opacadas en la agenda pública regular. Por otro lado, advierte a las élites políticas que existe una cantidad significativa de ciudadanos con capacidad de acción colectiva, lo que por cierto puede tener consecuencias electorales posteriores.

En ambos sentidos, la protesta constituye una forma de ejercicio del autogobierno democrático, mediante la cual la ciudadanía interviene en la formación y el control de las decisiones públicas, más allá de los procesos electorales. La importancia democrática de dicho derecho se subraya en órdenes socio-políticos profundamente elitistas como el que efectivamente existe en un país como Costa Rica.

Por lo dicho, la efectividad de la protesta social depende, en especial en la coyuntura socio-política actual, de su visibilidad política. A su vez, ello depende, entre otros factores, de su magnitud. Ello nos devuelve a la cuestión inicial de si la persona ciudadana, en tanto individuo, debería contribuir a conformar dicha magnitud, a riesgo de no lograrlo (i.e. de perder el tiempo).

4. La universidad pública como bien común y su defensa como deber de justicia

La respuesta a este asunto se encuentra en determinar el deber cívico de participar dada la justicia o valor intrínseco de los reclamos que se intentan visibilizar con la manifestación. En otras palabras, aunque la contribución individual no garantice el éxito de la acción colectiva, su justificación puede descansar en el deber de contribuir, aun así, a la protección de un bien común. Se trataría, entonces, de un deber de justicia: contribuir, en la medida de las propias posibilidades, a sostener las instituciones que hacen posible una comunidad política de personas libres e iguales.

Determinar esta cuestión normativa consiste en establecer si el bien dañado por la política que promueve el gobierno es de tal índole que todas y todos tengamos el deber cívico de protegerlo. Entiendo que la respuesta es afirmativa: la universidad pública, humanista y nacional es un bien que debe ser defendido por toda la comunidad política costarricense.

a. Que la universidad sea pública quiere decir, primero, que los bienes que genera o hace posible son distribuidos por criterios independientes de los del mercado. Así, dado que la educación superior es un derecho social, las personas han de poder disfrutar de él independientemente de su capacidad económica (en el sentido desarrollado por el jurista y filósofo del derecho chileno Fernando Atria, para quien los derechos sociales requieren instituciones organizadas bajo un régimen de lo público, en el que el acceso a ciertos bienes se funda en la condición de ciudadanía y no en la capacidad de pago).

b. Que sea humanista quiere decir que propicia, tanto en la educación que brinda como en otros bienes que ofrece a la sociedad, el florecimiento humano en toda su integridad. El sentido de la actividad universitaria, entonces, no es contribuir a la sociedad de consumo, sino generar las condiciones para que las personas humanas que integran su comunidad y la comunidad nacional puedan desarrollar plenamente sus capacidades intelectuales, morales, creativas y políticas, como dimensiones de la realización humana plena.

c. Que sea nacional quiere decir que los bienes que genera y ofrece son centralmente para la comunidad nacional, la patria, sin que ello excluya su contribución al conocimiento y al bienestar de la humanidad en general.

5. La justicia de la universidad pública: igualdad de oportunidades y progreso de la comunidad política

Entiendo que dos son las principales razones que fundamentan la justicia de una institución de esta índole:

  1. El ascenso social:

Consiste en la posibilidad efectiva de que las personas mejoren su posición socioeconómica respecto de aquella de su familia de origen, mediante el acceso a oportunidades educativas y profesionales que no dependan decisivamente de su condición social inicial.

Se trata de un objetivo dependiente de un principio social de justicia redistributiva que fácilmente podría emparentarse con el principio rawlsiano de justa igualdad de oportunidades y, complementariamente, con el principio de diferencia, según el cual las desigualdades sociales y económicas solo se justifican si redundan en el mayor beneficio de las personas menos aventajadas de la sociedad. Notablemente, es un principio dirigido a la mejora del bienestar social de las personas, especialmente de las menos aventajadas, mejorando las oportunidades para el progreso económico de los individuos que integran la sociedad.

b. Progreso de la comunidad costarricense en general, al menos de dos maneras:

Primero. Tal y como fue diseñada la universidad pública de las repúblicas modernas, en especial bajo la tradición republicana francesa (en la que destaca Louis Liard, 1846-1917, filósofo y reformador de la enseñanza superior francesa, quien concibió la universidad como una institución fundamental para el desarrollo científico, intelectual y moral de la nación y la consolidación de la República): la institución universitaria tiene como función esencial formar a profesionales que contribuyan directamente a la construcción de la nación, que es la República misma. Ello por el nivel tanto humanístico como especializado que caracterizaría a dicha educación, y por los lugares que irían a ocupar sus profesionales en dicha sociedad, destacando su presencia en las altas jerarquías estatales, pero también privadas.

Segundo. En el caso de Costa Rica, porque una parte sustancial de la producción de conocimiento científico y técnico del país depende directamente del entramado institucional universitario público. Según datos del Programa Estado de la Nación, las universidades públicas generaron el 78 % de la investigación científica publicada en el país entre 2000 y 2021, lo que le brinda a la comunidad nacional el bien público central del conocimiento necesario para ejercer la soberanía y otros bienes complementarios, dependientes de ámbitos particulares de acción públicamente relevante (salud, administración, agro, etc.). En este sentido, la producción pública de conocimiento contribuye a que la comunidad política disponga de capacidades propias para decidir sobre sus asuntos comunes, sin depender enteramente de poderes e intereses particulares.

6. La defensa de la universidad pública es un deber cívico general, no un interés corporativo

Es así que la protección de la universidad pública costarricense no es una cuestión de interés de una facción o corporación social particular, sino que es un deber cívico general de toda la comunidad política. No se trata, por tanto, de defender los privilegios de quienes integran la institución, sino las condiciones institucionales que permiten realizar bienes públicos y derechos comunes. Dicho deber resulta más demandante, si cabe, para las personas que ocupan puestos de docencia, investigación o dirección en dicho entramado, en tanto son los vehículos institucionales esenciales para la realización de los altos fines públicos que hacen inteligible la institución.

7. En conclusión

Dadas dichas consideraciones, pareciera claro que sí existe un deber cívico de asistir a la manifestación convocada para el día de mañana 20 de octubre y ejercer el derecho constitucional a la protesta social, pero también de convocar, por las razones señaladas u otras relevantes, a que asista toda la comunidad universitaria y la ciudadanía general.

Nota del autor: Este documento recibió una revisión ortográfica mediante el instrumento ChatGPT. El autor constató el producto de manera íntegra.

Francia: estudiantes y sindicatos tomarán la Bastilla

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Instituto Sindical de Formación Democrática

Hoy resuena La Marsellesa en las calles de París, no como ritual oficial, sino como grito revolucionario que de nuevo reclama la República. La melodía, que es himno oficial, hoy se convierte en canto de insurrección. Y junto a ella, la bandera francesa ondea en las marchas: no como adorno protocolario, sino como río de telas rojas, blancas y azules que se mezclan con pancartas estudiantiles y estandartes sindicales. La República, arrebatada por las políticas antisociales de austeridad y la represión, vuelve a ser reclamada por su propio pueblo.

Desde mediados de septiembre de 2026, Francia vive una nueva insurrección de la dignidad. Lo que empezó como bloqueos en los liceos de Créteil y Bretaña —por aulas saturadas, techos que se caen y profesores ausentes— se ha convertido en un movimiento nacional que sacude universidades, sindicatos y plazas públicas. Entre el 15 y el 17 de septiembre, los estudiantes encendieron la chispa: exigieron más docentes, menos hacinamiento y edificios dignos. Los sindicatos de educación respondieron con huelgas el 21 de septiembre, y pronto se sumaron los del sector público. La protesta dejó de ser solo educativa: se convirtió en una denuncia contra la austeridad y el abandono social. Como una represa que intenta contener el cauce de un río desbordado, el poder levantó muros de silencio y represión; pero cada obstáculo anuncia la inundación.

Entre el 28 y el 30 de septiembre, la tensión escaló. Hubo enfrentamientos, incendios y más de 600 detenidos. El 1 de octubre, las universidades —Sorbonne, Lyon, Rennes— se unieron al paro, y la policía respondió con más de 1.900 arrestos en un solo día. Para el 10 de octubre, el balance era brutal: más de 5.000 detenidos, cientos de heridos, y un gobierno que promete “medidas rápidas” mientras la represión se intensifica. El Estado, que debería tender la mano como un puente de justicia, prefirió el garrote: disparó perdigones contra estudiantes, arrastró jóvenes por el suelo y golpeó profesores en las marchas. Pero cada golpe, cada arresto, cada perdigón, lejos de apagar la protesta, la convierte en río desbordado que anuncia nuevas inundaciones de dignidad.

El martes 13 de octubre, la Bastilla vuelve a ser símbolo. Estudiantes y sindicatos marchan hacia esa plaza histórica, no como gesto nostálgico, sino como reedición de la memoria revolucionaria. La Bastilla de hoy no son muros de piedra, sino las estructuras de un sistema que pretende domesticar la dignidad. Y como en 1789, la multitud se levanta para recordar que la libertad no se concede: se conquista en la calle, al ritmo de un himno que ya no pertenece al Estado, sino al pueblo que lo canta bajo una bandera que ha dejado de ser oficial para convertirse en estandarte de insurrección.

Convocan a acompañar procesos judiciales vinculados a la defensa de Palestina y al derecho a la protesta

Escrito en . Publicado en Portada, Solidaridad internacional.

La Red de Solidaridad con Palestina – Costa Rica hizo un llamado a organizaciones sociales, colectivos, estudiantes, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general para acompañar y observar diversos procesos judiciales relacionados con personas que enfrentan causas derivadas de manifestaciones en solidaridad con Palestina y de protestas contra el abuso policial.

La convocatoria enfatiza que la protesta social no constituye un delito y plantea la importancia de la presencia ciudadana en las audiencias como una forma de respaldar la libertad de expresión, el derecho a la protesta, los derechos humanos y las garantías democráticas.

Según la información divulgada, las actividades de acompañamiento se realizarán en el Circuito II de Tribunales de Justicia de Goicoechea, frente al Parque de Goicoechea, donde se desarrollarán varias audiencias y juicios durante junio.

La primera actividad corresponde a la audiencia de personas arrestadas durante el traspaso de poderes realizado en el Estadio Nacional, luego de mostrar la bandera palestina. La convocatoria señala que este proceso se relaciona con acciones de solidaridad con el pueblo palestino.

Asimismo, para el martes 9 de junio está prevista la continuación del juicio de una persona detenida durante el mismo contexto, por manifestarse en favor de Palestina en las afueras del estadio.

Posteriormente, los días 24 y 25 de junio se realizará el juicio de personas detenidas durante una manifestación contra el abuso policial ocurrida en 2023.

La Red de Solidaridad con Palestina sostiene que el acompañamiento ciudadano y la observación pública constituyen herramientas importantes para la defensa de los derechos fundamentales y para garantizar que los procesos judiciales se desarrollen con respeto a los principios democráticos y los derechos humanos.

Las personas organizadoras invitan a participar de manera pacífica y solidaria en las distintas jornadas programadas.

Cronograma de actividades

El sábado 30 de mayo se realizó la audiencia de personas arrestadas durante el traspaso de poderes dentro del Estadio Nacional por mostrar la bandera de Palestina.

Martes 9 de junio – 7:30 p.m.
Continuación del juicio de una persona detenida durante el traspaso de poderes por manifestarse en favor de Palestina fuera del estadio.

24 y 25 de junio
Juicio de personas detenidas en la manifestación contra el abuso policial de 2023.

Lugar: Circuito II de Tribunales de Justicia de Goicoechea (frente al Parque de Goicoechea).

UNA condena la violencia policial contra estudiantes

Escrito en . Publicado en Derechos.

Institución exige garantías plenas para el ejercicio del derecho a la protesta

La Universidad Nacional (UNA), expresa su más enérgica condena ante la actuación de la Fuerza Pública contra estudiantes universitarios que la noche de este martes 26 de mayo, concluían su participación en una manifestación pacífica en las afueras de la Asamblea Legislativa. Distintos reportes periodísticos y registros audiovisuales difundidos públicamente documentan una intervención policial desproporcionada, así como la detención de una persona manifestante en un contexto que ha generado serias dudas sobre la legalidad, necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza.

De manera particular, la Universidad Nacional manifiesta su profunda preocupación por la detención del estudiante Elián Xavier Jiménez Campos, así como por las denuncias de agresión física previas a su aprehensión, en medio de señalamientos que, según se ha reportado, surgieron a partir de acusaciones formuladas en el propio entorno legislativo. La gravedad del caso aumenta frente a los registros que, de acuerdo con la denuncia pública, muestran empujones, agresiones físicas y verbales contra otras personas estudiantes que también participaban de la manifestación.

La Universidad considera especialmente alarmante que, en el marco de estos hechos, también se haya reportado la agresión contra la diputada Vianey Mora, quien, según la denuncia pública, habría sido embestida por una patrulla policial mientras exigía explicaciones sobre la detención del estudiante. Si estos hechos se confirman, se estaría frente a una actuación incompatible con los principios democráticos, con el deber de contención de la fuerza pública y con el respeto debido a quienes ejercen funciones de representación popular.

El derecho a la protesta pacífica constituye una garantía democrática fundamental y no puede ser tratado como una amenaza al orden público por el simple hecho de interpelar decisiones de poder. Toda intervención policial en contextos de manifestación debe regirse por criterios estrictos de legalidad, racionalidad, necesidad y proporcionalidad; cualquier exceso o abuso de autoridad erosiona la confianza pública y debilita el Estado de derecho.

La Universidad Nacional advierte, además, con enorme preocupación, una secuencia reciente de actuaciones policiales que han recaído sobre personas manifestantes en contextos cívicos y simbólicos. Medios nacionales reportaron que estudiantes detenidas durante el traspaso de poderes por portar una bandera de Palestina fueron puestas en libertad, luego de que no se sostuvieran elementos para mantener su detención, lo que refuerza la necesidad de revisar con seriedad la actuación policial en este tipo de escenarios.

Frente a esta escalada, la UNA hace un llamado firme al Poder Ejecutivo, en su condición de responsable político de la conducción de los cuerpos policiales, para que garantice el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, cese toda práctica de hostigamiento o represión contra la protesta social y asegure investigaciones prontas, independientes y transparentes sobre estos hechos. Ninguna democracia se fortalece reprimiendo a su ciudadanía; por el contrario, se degrada cuando se normaliza la violencia estatal contra quienes ejercen derechos constitucionales.

La Universidad Nacional rechaza toda forma de retención indebida, privación arbitraria de libertad, criminalización de la protesta y uso de la fuerza como mecanismo de intimidación política. También reitera que la presunción de inocencia no puede ser sustituida por señalamientos apresurados ni por operativos montados sobre acusaciones no verificadas. Defender este principio no significa avalar conductas ilícitas; significa exigir que, aun ante cualquier sospecha, el Estado actúe dentro de los límites de la ley y del respeto a la dignidad humana.

Este episodio no solo interpela a las autoridades de seguridad, interpela al país entero. Lo que está en juego es la garantía de que estudiantes, agricultores, trabajadores y ciudadanía en general puedan manifestarse sin temor a ser agredidos, detenidos arbitrariamente o convertidos en blanco de operaciones desproporcionadas. La Universidad Nacional afirma con claridad que ni la intimidación ni la violencia van a detener a una ciudadanía consciente de sus derechos y decidida a defenderlos por las vías democráticas.

La defensa de la educación pública, de la libertad de expresión y del derecho a la protesta pacífica seguirá siendo una causa legítima. La Universidad Nacional acompañará toda exigencia de esclarecimiento, justicia y no repetición, en resguardo de la dignidad del movimiento estudiantil y de los valores democráticos que deben prevalecer en la vida pública costarricense.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Más que la noticia, lo verdaderamente inquietante fueron las reacciones

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

En las últimas horas circuló ampliamente una noticia sobre una manifestación convocada contra la visita oficial del presidente de Israel durante el acto de traspaso de poderes en Costa Rica. Más allá de las posiciones que cada persona pueda tener sobre el conflicto en Gaza, sobre Israel, Palestina o sobre el Frente Amplio, hubo algo que me dejó profundamente preocupado: la enorme cantidad de comentarios que pedían abiertamente represión, violencia, encarcelamientos y agresiones contra quienes participarían en una protesta pública.

Pero incluso antes de leer los comentarios, hay algo más que merece atención: la forma en que la noticia fue presentada. El lenguaje utilizado por algunas páginas y medios no fue neutral. Expresiones como “sombra al acto oficial”, “operativo de seguridad bajo alerta máxima”, “empañar la fiesta patria” o “la izquierda busca hacer retumbar su voz” no solamente describen un hecho: construyen una narrativa donde la protesta aparece asociada al desorden, al peligro o a una amenaza contra la estabilidad nacional.

Y eso importa muchísimo, porque las palabras nunca son inocentes. Antes de que miles de personas comentaran la publicación, ya existía un encuadre emocional previo que presentaba la manifestación no como un ejercicio democrático protegido constitucionalmente, sino como un posible foco de caos o provocación. Cuando la protesta comienza a representarse mediáticamente como amenaza, resulta mucho más fácil que parte de la ciudadanía termine justificando respuestas autoritarias o violentas contra quienes participan en ella.

No se trató únicamente de desacuerdos políticos. Lo que apareció fue algo más profundo y más grave: una parte importante de la ciudadanía comenzó a hablar del adversario político como si no fuera un ciudadano con derechos, sino una amenaza que debe ser eliminada, golpeada, “limpiada”, silenciada o encerrada.

Los comentarios hablaban de “gas”, “garrote”, “agua”, “cárcel”, “basura”, “peste”, “cucarachas”, “escorias” y “lacras”. Muchos incluso celebraban anticipadamente la posibilidad de que hubiese violencia policial contra personas manifestándose. Lo más preocupante no es que existan comentarios extremos —eso siempre ha existido—, sino la naturalidad con la que hoy se expresan.

Y aquí aparece una contradicción enorme: muchas de esas mismas personas aseguraban estar “defendiendo la democracia”.

Pero una democracia no es solamente votar cada cuatro años, celebrar actos patrios o asistir a un traspaso de poderes. Eso es apenas su dimensión ceremonial. Una democracia constitucional también implica tolerar el disenso, aceptar la crítica, proteger las minorías y reconocer el derecho a la protesta pacífica, incluso cuando incomoda o cuando no coincide con nuestras ideas.

Precisamente por eso existen las constituciones políticas y los derechos fundamentales.

En Costa Rica, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la posibilidad de manifestarse pacíficamente forman parte del núcleo básico del Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 28 de la Constitución Política establece que “nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones”, mientras que el artículo 26 reconoce el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea en espacios privados o públicos. Del mismo modo, el artículo 29 protege la libre comunicación del pensamiento por palabra o por escrito.

Esto significa algo muy importante: la protesta pacífica no es una concesión del gobierno de turno ni un privilegio ideológico. Es un derecho constitucional.

Incluso el Código Civil costarricense, en su artículo 18, recuerda que la existencia de la ley obliga independientemente de que las personas la conozcan o no. Sin embargo, el problema actual pareciera ser todavía más profundo: no solamente existe desconocimiento de las normas jurídicas, sino también un debilitamiento progresivo de la cultura democrática que les da sentido.

Y ahí es donde veo uno de los problemas más serios de nuestro tiempo: mucha gente ya no comprende qué significa vivir en una democracia constitucional. Se piensa que si una mayoría ganó elecciones, entonces cualquier crítica posterior es una amenaza al país. Se confunde democracia con unanimidad. Se interpreta la protesta como traición. Se cree que disentir es “odiar Costa Rica”.

Pero una sociedad democrática madura no elimina el conflicto político: aprende a convivir con él sin destruir al otro.

Lo que revelan estos comentarios no es solamente polarización política. Revelan una profunda crisis de cultura democrática.

Y esa crisis no nació de la nada.

Durante décadas, la educación pública fue reduciendo progresivamente los espacios dedicados a la educación cívica, la filosofía, la historia política y el pensamiento crítico. Poco a poco dejamos de formar ciudadanía y comenzamos a formar únicamente individuos funcionales al mercado. Hoy muchas personas desconocen por completo qué dice la Constitución Política, cuáles son sus derechos o por qué existen límites al poder estatal.

El resultado es una ciudadanía que muchas veces reacciona desde el miedo, el enojo o la identidad tribal, pero no desde la reflexión democrática.

Y eso abre una situación peligrosa: cuando la población comienza a percibir los derechos fundamentales como obstáculos y no como garantías civilizatorias, el autoritarismo deja de venir únicamente desde arriba y empieza a surgir desde abajo, desde la propia ciudadanía.

Ese quizá sea el aspecto más inquietante de todo esto.

La crisis democrática no comienza solamente cuando un gobierno restringe derechos. También comienza cuando las personas empiezan a pedir voluntariamente que esos derechos desaparezcan para quienes piensan distinto.

Y eso debería preocuparnos muchísimo más que cualquier manifestación.

Ante la «Tercera República»: ciudadanía, movimiento social y el desafío para las mujeres universitarias

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Nancy Piedra Guillén

La conferencia de prensa de la presidenta electa confirmó con total claridad el rumbo que tomará el país. Su anuncio de continuar la agenda del gobierno saliente y de impulsar la llamada «Tercera República» no deja espacio para dudas: se trata de un proyecto político que combina un fuerte énfasis neoliberal en lo económico con un conservadurismo moral que pretende redefinir las instituciones y los equilibrios democráticos. Más allá de la retórica conciliadora o del gesto populista de “unidad nacional”, el camino está trazado.

Sus primeras declaraciones fueron reveladoras: pidió la salida inmediata de autoridades de control, anunció la firma de proyectos archivados que buscan transformar la estructura del Estado y expresó que no habrá “curva de aprendizaje”. El mensaje es inequívoco: ejercerá el poder con firmeza y buscará reconfigurar el entramado institucional desde el primer día.

Este contexto obliga a mirar hacia atrás para comprender mejor el presente. La huelga sindical del 10 de septiembre al 11 de diciembre de 2018, impulsada por numerosos gremios del sector público, especialmente el magisterio, fue uno de los movimientos sociales más largos de la historia reciente. Ese conflicto abrió paso, en enero de 2020, a la aprobación de la Ley 9808 sobre huelgas, un marco normativo que restringe significativamente el ejercicio del derecho a la protesta. Si bien se presentó como una medida de equilibrio, en la práctica debilitó la capacidad de acción colectiva y limitó el margen de maniobra de la ciudadanía frente a decisiones públicas regresivas.

A la luz de este escenario, una frase que se escuchó recientemente en las movilizaciones educativas resuena con fuerza: “las universidades nos dejaron solos como movimiento”. Más allá de su literalidad, esa afirmación revela una fractura entre actores que deberían estar articulados en la defensa de lo público. La distancia entre la universidad y otros sectores sociales —especialmente en los territorios más vulnerabilizados— se ha profundizado en los últimos años.

Pero el país no solo enfrenta un problema de articulación social. También requiere reconocer que sí necesita cambios. La corrupción que ha impedido avanzar en áreas estratégicas; la evasión y la elusión fiscal que privan al Estado de recursos indispensables; el enriquecimiento privado a partir del uso de bienes y fondos públicos; y el debilitamiento sistemático de instituciones esenciales —cuya erosión prepara el terreno para la privatización de servicios como la educación y la salud— no se resuelven siguiendo una receta neoliberal que ya mostró sus límites en múltiples países. Hoy, la crisis del capitalismo es evidente, al igual que las sostenidas acciones de Estados Unidos por mantener su hegemonía militar, económica y geopolítica.

Los partidos ubicados entre la derecha conservadora y el liberalismo económico suelen ocultar los intereses que representan: grupos minoritarios que aspiran a concentrar riqueza y poder, sin reparar en las consecuencias de escasez y empobrecimiento que recaen sobre las mayorías. El discurso populista, empático y supuestamente humanista que utilizan para encubrirse resulta eficaz porque apela a necesidades inmediatas y a la esperanza de que, esta vez sí, las cosas serán mejores. Aunque el resultado no llegue, la expectativa de un cambio posible sostiene el apoyo de sectores históricamente excluidos.

Bajo esa lógica, “los nadie” —como los llamó el presidente Chaves y retoma la presidenta electa— apostaron por la candidatura oficialista, que no es otra cosa que la continuidad del proyecto político vigente. La narrativa directa, la emocionalidad disciplinada del discurso y una conexión simbólica con el resentimiento social han calado profundamente. No debe olvidarse que, desde las zonas costeras, se combinó un apoyo significativo con niveles altos de abstencionismo. Ambos fenómenos revelan rostros distintos de una misma problemática: quienes votaron lo hicieron esperando una respuesta concreta a sus necesidades; quienes se abstuvieron, probablemente concluyeron que en sus vidas nada cambió en los últimos cuatro años, y que nada cambiará en los próximos.

Frente a este panorama, la pregunta no es qué deberían hacer los partidos, sino qué debemos asumir como ciudadanía y como movimientos sociales. No podemos permitirnos la indiferencia ni la desconexión territorial. Las universidades públicas deben reconstruir su vínculo con las regiones, fortalecer sus sedes, acompañar procesos comunitarios y comprender las urgencias de quienes se sienten al margen del Estado. Los movimientos sociales, por su parte, deben repensar estrategias en un contexto donde la normativa limita la protesta y donde la narrativa oficialista ha logrado configurar sentidos comunes.

Lo que está por venir exigirá una ciudadanía alerta, movimientos sociales capaces de reorganizarse y una universidad pública que asuma su responsabilidad histórica. Enfrentaremos iniciativas de privatización, presiones sobre servicios esenciales, venta de instituciones estratégicas y reformas que buscarán reconfigurar el equilibrio democrático. Ningún sector podrá responder solo.

Y aquí es indispensable dirigir una reflexión a las mujeres.

Históricamente, hemos sido las primeras afectadas por los recortes al Estado social, por la privatización de servicios básicos y por la precarización laboral. Cuando la salud y la educación se debilitan, cuando los cuidados se descargan nuevamente en los hogares, somos las mujeres —en todos los territorios, pero especialmente en los más empobrecidos— quienes asumimos la carga. Este nuevo panorama exige que estemos alertas, organizadas y conscientes de que los avances logrados en derechos, autonomía y participación política no están garantizados.

La defensa de la democracia, de lo público y de los derechos no puede hacerse sin nosotras ni a costa nuestra. Las mujeres hemos sido el corazón de los movimientos sociales en Costa Rica: maestras, trabajadoras comunitarias, lideresas locales, académicas, sindicalistas. Nuestro lugar es estratégico y nuestra voz, imprescindible. Lo que se defina en los próximos años tocará de manera directa nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestras posibilidades de autonomía. Por eso, este es un momento para fortalecer alianzas, tejer redes y sostener con firmeza el derecho a vivir en un país más justo, más igualitario y verdaderamente democrático.

Noviembre sacudió la jaula del jaguar

Escrito en . Publicado en Análisis.

Partido Vanguardia Popular – PVP
Fundado 16 de junio de 1931

Recientemente publicamos un artículo sobre las diferentes formas que asume la protesta social. Concluimos en esa oportunidad que protestar es un derecho y que criminalizar la protesta es un delito.

Arribamos, de igual forma, a otra conclusión general, son múltiples los diferentes tipos de protesta social y que, dependiendo de los objetivos, el grado de conciencia de clase y el carácter de la lucha, así será la radiografía de dicho movimiento.

La diversidad y tipos nos asombra cuando tiramos un ojito a la protesta social a nivel mundial y las particulares formas que asumen los diferentes movimientos: Pacíficas, performance, acción de masas, legales, marchas, “mecateos”, sentadas, bloqueos, tortuguismo, limpia de la bandera. Por eso se nos hace muy difícil poder consignar un número y tipo exacto de las formas que asume la protesta social. expresar demandas. El reclamo para mejoras y cambios profundo forman parte de la demanda general de la protesta.

Una acción radical en la protesta social, pueda que no se haya planificado, solo existe y se da en tanto la represión acelera sus mecanismos represivos.

Todo el preámbulo anterior nos sirve para indicar tal y como lo consignamos en el título que noviembre sacudió la jaula del jaguar. No es para menos.

Enquistado en su guarida, tiembla el Jaguaro en su resaca de angustias. Posiblemente la consigna que sacudía el ambiente, no le agradaba para nada: “Chaves es frágil”.

8 de noviembre, conocido ya en la narrativa como el 8 N, rememora la lucha popular en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social que terminó con una reprimen da salvaje de los cuerpos represivos, judicialización y criminalización de muchos ciudadanos que habían marchado pacíficamente, reivindicando el papel de esta histórica y emblemática institución que es la Caja.

11 de noviembre, “el chop suey”, por todo los ingredientes que le agregaron los marchistas, se le hizo indigerible al Jaguar. Su decolorado ministro de la represión, en un nuevo acto de matonismo-fascista, mandó a reprimir a las y los campesinos que apoteósicamente habían llenado la Avenida Central y marchaban hacia la casa Presidencial. Más de 57 organizaciones sociales al grito de la soberanía alimentaria y la exigencia de que se respete al sector productivo, dio un giro muy hermoso al carácter de las últimas jornadas de la protesta social.

25 de noviembre, la rebelión de las mariposas sacuden de nuevo la calma del Jaguar, y el recuerdo de las hermanas Mirabal nos viene en forma de fantasma contestatario. Un gobierno que ha llamado al odio, la confrontación, que desde su chou (shou) mediático y sus poses de misoginia, no le terminan por caer bien estas multitudinarias marchas. Como tampoco caen bien los datos de los femicidios y el círculo de violencia que abraza a nuestro país.

26 de noviembre, bandas juveniles, mascaradas, comparsas, bailes folclóricos, varias consignas que rasgaban el aire, tales como: “Por un salario justo y digno”, “incremento salarial ya” y un sin número de organizaciones sindicales y magisteriales, sacudieron la apacible Avenida Central, sus ecos resonaron en el ministerio de Hacienda y el pliego de peticiones se hizo grande en la estrecha mente del mandatario.

SIPREESCO, ANDE, APSE, ADEP, COLYPRO, SEC, UNDECA, UMN, ANEP, CMTC, SINAPRO Y Afines, JUPEMA, ANPE, SINPAE, PRT, FA, SIPROCIMECA, MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, OCCIDENTE EN ACCIÓN SINFUMEP, UCEPA, SINTAF, ASOCIACIÓN DE CONTRIBUYENTE JUBILADOS, FEDERACIÓN DE TRABAJADORES COSTARRICENSE DEE LA SEGURIDAD SOCIAL, SINDICATO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE COSTA RICA, COLECTIVOS FEMINISTAS Y LGTBIQ+, y decenas de organizaciones más, que nos fue imposible registrar por lo apoteósico de la marcha, son parte del testimonio vivo de que, el mes de noviembre alumbra una posible navidad combativa. “nos tienen miedo, porque perdimos el miedo”.

El pueblo está cansado de amenazas, el pueblo no quiere el autocratismo ni el matonismo de Zapote. A la clase obrera se respeta y en especial a las mujeres.

Los viejos machos como prototipos de los western de Hollywood, señor presidente, son solo referentes de los viejos celuloides. Por favor toque la realidad y deje de crear división y odio en un pueblo que ama sus instituciones y la democracia.