Defensoría dará seguimiento a acciones de la Municipalidad sobre acueducto
Debido a que la comunidad de Aserrí ha enfrentado por años una situación crítica en relación con el suministro de agua potable, tal como se refleja en las denuncias presentadas, la Defensoría de los Habitantes considera que la Municipalidad local debe tomar todas las medidas e implementar las acciones que se requieran para una planificación integral de las necesidades de inversión y mejora de la prestación de ese servicio público.
Para la Defensoría, el gobierno municipal debe realizar las obras de infraestructura necesarias para satisfacer la demanda actual y futura, en aras de garantizar efectivamente el derecho humano al acceso al agua potable, por lo que se le solicitó remitir el cronograma de acción, con responsables y plazos de la ejecución de todos sus proyectos.
Además, deberá presentar una estrategia de control interno, con análisis de riesgos y definir quienes tendrán la responsabilidad de hacerla cumplir en el menor tiempo posible y dar a conocer, tanto a la comunidad de Aserrí como a esta Defensoría, el Plan de Contingencia y Protocolo de Comunicación con el que cuenta esa municipalidad.
De acuerdo con las denuncias presentadas en el mes de mayo del 2024, la Municipalidad de Aserrí incumple con el suministro de agua, así como con los horarios de racionamiento propuestos, lo que genera una condición de desigualdad con un recurso tan importante como es el agua, además que el líquido presenta la turbidez.
Según esta Municipalidad, la topografía bastante irregular contribuye a aumentar la problemática, ya que el agua llega primero a las partes bajas, donde el líquido se consume de manera desproporcionada, y deja a las partes altas, con cierto grado de desabastecimiento. Además, este año los caudales de las fuentes superficiales que abastecen la planta de tratamiento han disminuido hasta niveles de 30 litros por segundo, teniendo con ello un déficit actual de 80 litros por segundo.
Además, indicaron a esta Defensoría que la situación climática no es ajena a la municipalidad y ha obligado a tener que establecer sectorialmente horarios de racionamiento, en donde se regulan válvulas durante 16 horas continuas para garantizar que tanto las partes bajas como las partes altas puedan tener suministro de agua lo más equitativamente posible.
Según indicó la alcaldesa de Aserrí, Patricia Mayela Porras Segura, la Municipalidad tiene proyectado para el año 2024, perforar un pozo en el sector de Lourdes u otro sector afín. Para el año 2025 pretenden adquirir propiedades para perforar dos pozos más y un camión cisterna para el acueducto municipal. Para el 2026 proyectan aumentar la capacidad de almacenamiento en un millón de litros más en la planta de tratamiento municipal y para el 2027 tener por lo menos perforados tres pozos que ayuden a mejorar el suministro del agua a la población de los distritos del centro de Aserrí y salitrillos y con ello reducir el tema del racionamiento y construir una planta de tratamiento potabilizadora en el sector de Salitrillos.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
El pasado lunes 3 de junio, el Concejo Municipal de Montes Oca aprobó en forma unánime una moción presentada por el regidor Jorge Mora Portuguez y apoyada por otras regidurías, para solicitar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) el fin de los racionamientos de agua y el respeto al derecho humano de acceso a esta reconocido en nuestra Constitución Política. A continuación, se transcribe el acuerdo suscrito:
Considerando:
Primero.Que el acceso al agua potable en calidad y cantidad aceptables son un derecho humano fundamental reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidades desde el año 2010; y así establecido en el artículo 50 de nuestra Constitución Política:
Artículo 50. “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones”.
Segundo.De conformidad con la Sala Constitucional y con la Procuraduría General de la República: “El denominado servicio público universal de suministro de agua potable se relaciona de forma inherente con la garantía del derecho fundamental al agua potable. En este sentido, el suministro de agua potable constituye un servicio público esencial y oneroso. La jurisprudencia de la Sala, en materia de suministro de agua potable, se ha dirigido fundamentalmente a la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas físicas. Esos derechos implican la posibilidad de exigir ciertas prestaciones del Estado, ámbito en el cual el Estado se ve obligado a proporcionar algunos servicios públicos, sobre todo los que resultan esenciales para mantener condiciones sanitarias favorables a la preservación de la vida y la salud de las personas. De este modo, garantizar la pureza del líquido para consumo humano, así como la continuidad en el suministro de éste, forman parte de un debido y eficiente servicio al abonado, y a su vez garantiza sus derechos fundamentales más elementales. Por consiguiente, se puede asegurar que el abastecimiento de agua potable constituye un servicio público esencial, al que le son aplicables también los principios generales de los servicios públicos establecidos por el artículo 4° de la Ley General de la Administración Pública y lo dispuesto por la Sala Constitucional sobre el derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos (sentencia número 2386-2006 de las 10 horas 57 minutos de 24 de febrero de 2006. Voto no. 17397-2019 de las de las 12 horas 54 minutos de 11 de setiembre de 2019 y dictamen de la PGR PGR-C-067-2022.
Tercero.Que a pesar de lo anterior el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados viene aplicando desde el 22 de marzo de este año, racionamientos de agua en el cantón de Montes de Oca, y otros cantones del país; que ocasionan graves perjuicios a la población en materia de salud, higiene, alimentación. Pero que también afecta a los niños y niñas en edad escolar, atenta contra el derecho a la educación y genera graves impactos en comercios, especialmente de venta de comidas.
Cuarto.Que estos racionamientos no solo son producto de la escasez de lluvias que se preveía que habría este año; del cambio climático global, y de fenómenos como la Niña; sino que se deben sobre todo a la mala planificación, a la falta de previsión y a los recortes presupuestarios que ha sufrido el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Proyectos como Orosi 2 y otros similares que fueron paralizados por la actual administración son fundamentales para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable a nuestra población.
Por lo tanto, este Concejo Municipal acuerda:
Primero.Solicitar al AyA suspender de forma inmediata los racionamientos de agua en el cantón de Montes de Oca y en los demás cantones donde estén dando.
Segundo.Solicitar al AyA la puesta en marcha de todas las acciones necesarias, las medidas de contingencia que correspondan y el desarrollo de la infraestructura, entre esta del proyecto Orosi II, dirigidas a garantizar el suministro de agua potable en forma continua tal como es el deber de esta institución.
Tercero.Solicitar a la Administración en la persona del señor Alcalde que se realicen los estudios y cálculos financieros para determinar los costos de la eventual colocación de tanques para agua potable en las escuelas y colegios públicos del cantón, CEN-CINAI, CECUDI, centros de atención de adulto mayor, para garantizarles un suministro constante de agua potable.
Cuarto.Enviar este acuerdo a todos los demás gobiernos locales del país para que se pronuncien en la misma forma, así como a la Defensoría de los Habitantes, la Junta Directiva del AyA y a Casa Presidencial.
El pasado 4 de mayo de 2024 se le envió al presidente de la república Rodrigo Chaves y al presidente ejecutivo del AyA un correo electrónico junto con una recolecta de firmas, esto para solicitar la declaratoria de emergencia de la situación del agua y el ambiente, considerando, en el caso general de la situación del acceso del agua en calidad, cantidad, etc., como lo indica el artículo 50 de nuestra Constitución y convenios internacionales ratificados por Costa Rica, es indispensable una buena administración y planificación por parte del AyA para las comunidades que les hace falta este vital líquido: el agua, expresado en el presente texto.
San José, Costa Rica
Sábado 4 de mayo del 2024
Al señor Presidente de la República
Sr. Rodrigo Chaves Robles
Estimado Señor,
La crisis de acceso al agua potable en Costa Rica es indiscutible. Las familias costarricenses sufren desabastecimiento y contaminación en las zonas de captación. Lo que limita su derecho humano al recurso hídrico. Ante esta situación y considerando:
Que el pasado 23 de abril el señor Juan Manuel Quesada Espinoza, como Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, declara desafortunadamente e incompetentemente que no puede ejercer su labor de dar agua a las comunidades.
Que el Informe del Estado de la Nación 2023 indica que “las razones que explican los problemas de disponibilidad de agua varían según el sistema y la zona geográfica. Sin embargo, en términos generales, varios factores los originan, tales como la variabilidad y el cambio climáticos, el estado de la infraestructura hídrica, la contaminación antropogénica y natural, la poca planificación urbana, el crecimiento de la población, así como la baja inversión que realizan algunos acueductos —principalmente comunales en temas de protección de fuentes y control de fugas” (PEN 2023, Pág. 39). Este informe también señala que, en 2022, del total de agua extraída por el AyA, “el 57% se perdió por fugas, rebalses de tanques, errores de micromedición, entre otros.” (PEN: 2023, Pág.27)
Que la Contraloría General de la República indica que “la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA, no ha sido eficaz en incidir en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, ya que únicamente el 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país, según el Índice de Desarrollo Social de 2023, tienen inversiones programadas en saneamiento y solo el 16,7% en agua potable; asimismo, solo el 41,6% de los distritos identificados como más vulnerables según el Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable del AyA de 2021, tienen inversión programada.” (Informe DFOE-SOS-IAD-00003-2024, Pág.32
Que las condiciones climáticas son cada vez peores y que el Secretario General de la ONU ha indicado que “la era del calentamiento global se ha terminado; ha llegado la era de la ebullición global”, (…) tras alertar a la comunidad científica de que julio de 2023 ha sido el mes más caluroso de los últimos 120.000 años.” (ONU: 2023). En particular, “las temperaturas promedio anuales en Costa Rica aumentaron de 27,9°C en 1990, a 28,4°C en 2022 (IMN, 2023)” (PEN: 2023, Pág. 46), lo que pone en riesgo la disponibilidad del agua potable en el transcurso de la variabilidad climática anual.
Que, mediante resolución de la Sala Constitucional, profesionales del SENARA, acompañados por técnicos del Minae, Salud, MAG, INVU y AyA, elaboraron un procedimiento (matriz) que permite proteger las aguas de fuentes subterráneas. Dicha matriz, eventualmente reafirmada por el Tribunal Contencioso Administrativo, según la vulnerabilidad de los acuíferos, considera aspectos, como, la localización de los mismos, el espesor de las capas geológicas, la profundidad del agua, las actividades a desarrollar en la superficie, los materiales contaminantes que pudieren usarse, según sean las características del suelo y las particularidades de los proyectos a desarrollar. En conjunto, permite clasificar cuán vulnerable es o no un acuífero.
Clasificación que va de NULA a EXTREMA, con calificaciones intermedias de baja, mediana y alta. Así, según sea la ubicación, así también serán las medidas que habrán de cumplirse para garantizar que tan fundamentales fuentes de agua potable (¡más del 70% del abastecimiento proviene de acuíferos subterráneos!) pueda mantenerse en el tiempo, por lo que es imprescindible aplicar la Matriz para proteger las aguas subterráneas.
Que el crecimiento territorial desordenado y la gentrificación de algunos territorios pone en riesgo la protección de las zonas de recarga acuífera y la distribución equitativa y sostenible del recurso hídrico. Al respecto, el Informe del Estado de la Nación 2023 detalla que “se debe reiterar la ausencia de regulación local en gran parte del país (Sánchez, 2021; Pérez et al., 2022; PEN, 2022) (…) En la actualidad, once cantones de la GAM carecen de PRC [Plan Regulador Cantonal]. (…) La mayoría de los cantones de Heredia y el cantón de Poás, carentes de PRC, incluyen las zonas de recarga de los acuíferos más importantes del país. (…) De forma adicional, los instrumentos de ordenamiento territorial existente muestran problemas de actualización: de veinte cantones con PRC vigentes, solo seis los han actualizado (o implementado por primera vez) durante la última década (Pérez, 2023).” (PEN 2023, Págs. 212-213).
Que la gran cantidad de vecinos de diversos sectores del país, cantones como Alajuela, San Vito de Coto Brus, Alajuelita, Desamparados, Goicoechea, Moravia, Coronado y Cantón Central de San José (incluido Hatillo, San Sebastián, Pavas y La Carpio) han realizado manifestaciones públicas solicitando soluciones prontas y cumplidas que en pocas ocasiones se han materializado. A la fecha de emisión de este documento, muchas de estas comunidades siguen reportando disminución o ausencia total del servicio de agua potable lo que afecta la salud de las familias, dificulta el cuido de adultos mayores, niños y personas enfermas, ralentiza el comercio e impide inclusive la asistencia a centros educativos, vulnerando así no solo el derecho humano al agua potable sino al trabajo y a la educación.
Que el Artículo 50 de nuestra Constitución Política establece que “toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la Iey que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.” El acceso al agua potable es, por tanto, un servicio necesario para la vida y la salud de la población. En donde, el derecho a la vida y a la salud de las personas es un derecho fundamental, los cuales se tornan en bienes jurídicos de interés público y ante ello, el Estado tiene la obligación inexorable de velar por su tutela.
Que el Artículo 140 de nuestra Constitución política faculta al Poder Ejecutivo a adoptar y generar medidas de salvaguarda inmediatas cuando tales bienes jurídicos, como la vida y la salud, están en amenaza o peligro. Y que de ahí se deriva la facultad contenida en el Artículo 29 de la Ley N°8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.
Por lo tanto, solicitamos respetuosamente que el Poder Ejecutivo Se declare Estado de emergencia hídrica para las comunidades del Valle Central ( Zapote, Desamparados, Goicoechea, Coronado, Carpio, Hatillo, Paso Ancho, San Sebastián, San Pedro Montes de Oca, Alajuelita, Moravia, Pavas y en las Provincias cantón de San Vito de Coto Brus, cantón de San Ramón, cantón Central de Alajuela, la Guácima, debido a la situación de emergencia del recurso hídrico, el desabastecimiento de agua potable y contaminación de zonas de captación de la Zona Norte, Faldas Volcán lrazú, Cantones de Siquirres, Guápiles, Cariari, de esta manera se priorice de forma inmediata la inversión en infraestructura y mantenimiento para garantizar que las comunidades actualmente vulneradas cuenten con el servicio pleno, según el artículo 50 de la Constitución Política.
Entre febrero y mayo del presente año, la Defensoría de los Habitantes ha registrado un total de 80 denuncias de residentes de Hatillo, quienes aseguran que su derecho al acceso al agua potable se ve afectado y vulnerado, pues requieren del preciado líquido para satisfacer las necesidades básicas de consumo e higiene.
Producto de un recurso de amparo presentado por habitantes en marzo anterior contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por la falta de acceso a este servicio público y a solicitud de la Sala Constitucional, la Defensoría remitió un informe técnico sobre las afectaciones de los y las vecinas de esa comunidad del sur de la capital.
Si bien se encuentra en un proceso de aprobación del informe final con recomendaciones del caso Los Hatillos, en términos generales la Defensoría expuso al Tribunal Constitucional que ha constatado que las acciones realizadas por el AyA no han sido suficientes ni oportunas para dotar del servicio en cuanto a cantidad, calidad y, especialmente continuidad para la población.
La Defensoría comparte el criterio de las personas recurrentes de responsabilizar al AyA para que se planifique, desarrolle y construya las soluciones que Los Hatillos y las demás comunidades afectadas por desabastecimiento requieren a corto, mediano y largo plazo, en aras de cubrir la demanda del servicio de acueducto, de modo que todas las personas puedan tener acceso al agua potable y satisfacer sus necesidades básicas.
Para esta Defensoría, Hatillo está enfrentando una situación crítica debido a los racionamientos programados y no programados, al incumplimiento de los horarios de abastecimiento comunicados, los extensos períodos de desabastecimiento, las dificultades que enfrenta la población para acceder al reparto de agua en camiones cisternas. Todo esto con la consecuente afectación del derecho al acceso al agua potable, el derecho a la salud y demás derechos vinculados a disponer de agua potable en cantidades suficientes para atender las necesidades básicas de la población, especialmente de aquellas personas en condición de vulnerabilidad, tales como niños, niñas, personas enfermas y adultas mayores.
De acuerdo con la información facilitada por el AyA a la Defensoría, el desabastecimiento y racionamiento que enfrenta Hatillo y muchas otras comunidades, dentro y fuera del Gran Área Metropolitana, se debe a causas multifactoriales, tales como el Fenómeno El Niño, el aumento en la demanda y consumo de la población en época seca, la reducción en las fuentes de producción durante la época seca, y la modificación en el comportamiento de las lluvias, así como factores asociados a una desordenada planificación territorial y a la falta de protección de las zonas de recarga acuífera.
No obstante, la Defensoría considera que uno de los factores de la crisis de abastecimiento de agua que enfrenta tantas comunidades, se debe a la inadecuada planificación y falta de ejecución de proyectos por parte del AyA, algunos se encuentran en desarrollo o incluso en una etapa incipiente, pese a ser una problemática de larga data que se extiende a la actualidad en perjuicio de las personas usuarias, deviniendo en una eventual responsabilidad administrativa de esa institución.
La Defensoría considera necesario que el AyA tome las medidas que se requieran con el fin de implementar las acciones útiles y conducentes para una planificación integral de las necesidades de inversión y mejora de la prestación del servicio, así como una ejecución eficiente de los proyectos y obras de infraestructura requeridas para satisfacer la demanda actual y futura del servicio en el sector de los Hatillos, contando con períodos razonables de ejecución y con rigurosidad y seriedad en el cumplimiento de los plazos de los procesos, en aras de que se garantice efectivamente el derecho humano al acceso al agua potable.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
Compartimos este 24 de abril del 2024 en la Avenida Segunda de San José, Costa Rica, en la marcha por la defensa de la política social, el agua y muchas reivindicaciones democráticas que vienen siendo erosionadas por los modelos de mercantilización intensiva que se han venido promocionando en nuestras sociedades.
Este sábado 20 de abril de 2024, a las 12 medio día ya sin agua, a medio concluir las tareas domésticas, sin haber preparado el almuerzo y ya se fue el poquito chorro de agua, dirán muchas que pasan la misma realidad: “madrugue”, pero es que en la madrugada no hay agua, dirán, colectar es bueno, se tiene lo necesario para el baño, el aseo personal, y algo para consumo, los trastes que esperen.
En fin se puede prevenir, con una instalación de un buen tanque de almacenamiento en el cielo raso o el ático, oh en cualquier lugar que permita abastecer las necesidades del día, en fin se puede paliar, a menos que tengamos tantos recursos que hagamos un pozo y almacenemos lo necesario, pero el ciudadano promedio, a pesar de estas soluciones no puede hacerlo porque a veces ni para la comida alcanza y después sacar un dinerito con los cuenta gotas, para hacer lo necesario, luego les roban la paz, y preferimos quizás armarnos de ollas y garrafones para paliar el día a día.
Se lava la ropa y cobijas cuando se pueda, pero aquí quizás estamos con un conflicto serio o algún ardid comercial, no lo puedo identificar aun, solo emito diversidad de conjeturas, para motivar a la reflexión , ciertamente el cambio climático nos está cobrando la cuota, solo es percibir las olas de calor, luego la deforestación, y quienes recibimos los efectos de la angostura, ese canal de cañones, que bienes desde limón por la cordillera volcánica central, que pasa por el Zurquí y concluye en la GAM, pues ese fresco ya se nos está marchando desde hace mucho tiempo atrás, y es producto en mucho por la tala indiscriminada de árboles centenarios para convertirlos en muebles que van a adornar las salas de mucho trabajador solvente, o altos ejecutivos para más claridad.
El tema del agua involucra a todo el mundo, aquí nadie se salva, pobre o rico, y ya le explico porque, resulta que el pobre que tiene una paja para obtener agua potable por cada metro cúbico como sigue: tomado de ARESEP https://aresep.go.cr/agua-potable/tarifas/
Tomado de la RES-014-IA-2023
Pero consultando hay pagos de hasta 12 mil colones por mes fijo, es decir lo mínimo es 12.000 colones por mes, sin importar lleguen al mínimo, pudiendo quizás consumir menos, pero en muchos sigue siendo barato, para tener el preciado líquido al abrir la llave de chorro en zona residencial clase media promedio, clase a la cual le corresponde pagar si o si, porque la clase baja o en extrema pobreza ellos obtienen quizás subsidio del estado hasta para alimentos.
Pero bueno; volviendo a lo importante 12 mil colones representan en promedio de conformidad con la tarifa.
Tomado de la RES-014-IA-2023
Conclusiones:
Uno-El porcentaje de agua no facturada, lo cual es parte de los problemas de operación, planificación y gestión que presenta el AyA en esta materia, ya que un registro mayor de perdidas tiene impactos negativos para los usuarios, el prestador, así como para la sostenibilidad del recurso hídrico en el tiempo…. Mucho entonces estriba en la administración deficiente del recurso hídrico, según señala la resolución RE-0014-IA-2023 del 15 de agosto de 2023 de la ARESEP publicado en su página.
Dos—Somete al prestador del servicio en una incapacidad de afrontar sus obligaciones con los usuarios en el futuro cercano (nuevas inversiones)
Tres: el AyA debe modificar su gestión en proyectos de tal manera que el permita disponer de la información,
garantizar la trazabilidad desde la aprobación interna hasta la ejecución, corregir los plazos de atención de necesidades de los usuarios,
Cuatro: plan de inversiones de la ARESEP y le garantice a los usuarios que cada colón incorporado en tarifas relacionado con inversiones responde a una gestión transparente, confiable, oportuna, eficiente y eficaz.
Cinco:El costo de deuda asociado a proyectos de largo plazo por encima del nivel de rédito, aunado a los plazos para materializar una solución real a los problemas de abastecimiento o disponibilidad del servicio han provocado que el usuario asuma un alto costo social
Seis: lo que respecta al 1,28% de servicios fijos (servicios sin medición), lo cual contraviene con el resguardo del recurso hídrico y con la debida prestación óptima. Así mismo, es obligación del prestador gestionar con base en la técnica, la ciencia y las mejores prácticas internacionales el realizar la medición correcta de esos consumos y el debido registro del tipo de usuario, tanto en precarios, unidades habitacionales, comerciales e institucionales.
En fin si se siguen numerando conclusiones, parece ser que las autoridades de AYA, pasan sin mayor protagonismo, y los costarricenses, continuamos esperando mejoras, pero las mismas, no se dan, es decir, ciertamente sabemos que el agua, es el líquido más preciado, se estima, ira a ser el oro del futuro, pero en el presente poco se hace, pareciera estamos en la escuela, donde estudiábamos los recursos renovables y no renovables, donde el agua estaba en los renovables, si o solo si, la cuidamos, le damos sombra, calidez al tocar las raíces de los árboles, al no utilizarla como transporte de basura o relleno sanitario… en fin, si no descargamos en ella la expulsión hasta de los sólidos corporales, tal cual se discutía, hace algunos años atrás cuando el entonces Diputado MARIO QUIROZ; le solicitaba a Ricardo Sancho, siendo Presidente Ejecutivo de AYA, que le explicará que iban a hacer para el tratamiento de las aguas, negras, ente la defensa técnica del proyecto CR JAPON. Para la red de aguas negras…
Debo aclarar, que entonces mi conclusión anterior del cambio climático y la deforestación, si bien siguen siendo parte del problema creado por el ser humano, aquí en Costa Rica seguimos también pecando de ingenuos en la administración del recurso hídrico, y pareciera ese es el pecado más grande, según interpreto de la información consignada en la Resolución de previa CITA.
Camarón que se duerme:
Pues para los dormidos, la escasez, para los vivillos, los pozos o tanques de abasto, porque los vecinos de hatillo y Moravia, si la han visto peliaguda, por tener varios días sin agua, cuando si la hay, pero no la tienen, pareciera por la deficiente administración del mismo, la falta de planificación, y en otro orden, darle sentido a las denuncias valientes de Mario en SITRAA, por la cantidad de vehículos malos, la cantidad de tubería dañada, que serviría para trasladar por kilómetros el preciado líquido, mismo, que toleraría en mucho , los huecos o baches que se dejan en las carreteras nuevas, cuando AYA, llega a cambiar tuberías, después de hecha la obra, y no durante o antes.
AL tenor de la muletilla, Camarón que se duerme…. Es que los vivos ponen sus tanques o pozos y se aseguran el preciado líquido a bajo costo, mientras los más, vecinos de barrios o alamedas, con la casita de media categoría, nos armamos de ollas y galones plásticos, para paliar el tiempo sin el suministro del preciado líquido.
NEGOCIO: ¿QUIZÁS?
Respecto; de si la falta de líquido es negocio, pues a quien planifica, simple llena sus utensilios plásticos, pero en una familia de 3 o 4 personas, no bastan estañones de recolección, a medio día ya se gastó, y esperar otro medio día talvez a ver si llega, para llenar los estañones.
Y es aquí donde puede estar el negocio, siempre estaremos dispuestos a almacenar agua, ante el temor de que no llegue más, y para el consumo humano, hasta dispuestos a comprar por 2500 un bidón de 5 galones, es decir 20 litros por 3500 colones, a razón de casi 200 colones por litro al por mayor, si compramos una botella de galón para beber, está en promedio en 2500 a precio de mercado en nuestras tiendas de supermercados; según consulta de compra en línea, colones más o menos, para una razón de 400 colones en promedio por litro, y si a cada metro cúbico le extraemos según la conversión serían en promedio mil litros y si seiscientos mililitros que no es el litro, vale 600, estarían obteniendo las franquicias de aguas, no menos de 600 mil colones por cada metro cúbico vendido en botellas de 600 mililitros, , en total a mil litros vendiéndolos en 600 colones cada uno, pero recuérdese el precio en ese supermercado vale la botella de 1200 mililitros mil doscientos, es decir casi cien por cada 100 mililitros, el litro valdría mil, y mil por mil es un millón, por cada metro cúbico de agua, y si es cerveza, eso se convierte de 600 mililitros en 1666 botellas de una presentación de 600 mililitros a la venta, que es el tamaño promedio de consumo de un comprador, de agua, si es cerveza, algunos toman hasta 20 en una sola sentada, y esa cerveza vale hasta dos mil dependiendo el lugar, claro está al consumidor final, y por ser la materia de estudio, no contemplamos el gasto de mediación, agua, luz, refrigeración, impuestos y otros, y lo vemos a nivel de fábrica, para saber o estimar, que una cerveza, cuesta en el super como 1200 colones por 600 mililitros, es decir, sin impuestos como unos 700 u 800 colones y por 1600 botellas en un metro cubico nos da un ingreso promedio sin gastos de ( 800 x 1666) de un promedio de 1.300.000 ( millón trescientos) por metro cúbico y les cuesta si tiene pozo o fuera casa residencial según la tabla 475 colones por metro Cúbico, nada mal.
QUIEN GANA O QUIEN PIERDE CON LOS CORTES DE AGUA…
Después de toda esta retahíla, quién pierde y quién gana con los cortes de agua, de ahí el interés, saber su criterio, y con ello poner las barbas en remojo, en especial con agua limpia y cristalina, QUIEN GANA O QUIEN PIERDE CON LOS CORTES DE AGUA…
Última conclusión personal:
Pues no dudamos que el gran perdedor puede ser el pueblo mismo, a pesar de las múltiples ganancias de los proveedores de agua embotellada, y los impuestos que ingresan, pero, si se va a legislar con un decreto, debe sancionarse y regularizarse, hasta limitar la explotación misma del recurso hídrico por pozos, aunque sean privados, y ya hay una legislación al respecto, pero poco o nada se cumple.
Obligar a sembrar un árbol a los escolares, concientizar más en materia de contaminación ambiental, es decir que MINAE debe tomar con seriedad la rectoría en materia de conservación y aguas.
*Una colaboración de Miguel Ureña. Presidente seccional CUT-MH, aspirante a periodista.
El 18 de abril a las 2 p.m. se reunieron algunos representantes de distintas comunidades afectadas por problemáticas con el agua. David Contreras de Hatillo, Álvaro Espinoza de Tibás y Doña Laura de la comunidad de Goicochea se hicieron presentes ante la convocatoria de la Coordinadora Intercantonal por el Agua.
En esta reunión se trataron temas importantes con respecto a las problemáticas de estas comunidades y las acciones a tomar en relación con los desabastecimientos de agua potable.
El Frente Gremial conformado por: APROFUNED, la Asociación de Profesionales UNED (UNED PRO), AFAUNED y SIUNED, convocan a la marcha del 24 de abril a todos sus agremiados.
Llaman a marchar el 24 de abril por la defensa de la institucionalidad pública, la defensa de las garantías sociales, agua para las comunidades y el debido servicio de la CCSS. Saldrán desde el Parque de la Merced a las 9 am.
El mismo grupo convoca a una marcha para el 1ero de Mayo para movilizarse por la lucha de sus derechos. Para esta marcha saldrán del Parque Central a las 8 a.m.
El Frente Nacional de Lucha (FNL) llama a movilización nacional para el 24 de abril a las 9:00 horas, en el marco de la conmemoración del 54 aniversario del triunfo popular contra el contrato con ALCOA.
El llamado es por la defensa del Estado Social de Derecho y de las instituciones democráticas; por la NO venta del Banco de Costa Rica (BCR) y NO más desmantelamiento institucional; por la necesidad de garantizar de manera absoluta el derecho constitucional al acceso al agua potable; por la defensa de la salud pública y el pago de la deuda BILLONARIA que el Estado sostiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); y por el rechazo a los recortes de la educación, al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), a la vivienda, a la cultura y a los demás programas de bien social.
La movilización además busca exigir soberanía alimentaria y tierra para quien la trabaja; también el respeto a la defensa de los derechos y las conquistas de las mujeres trabajadoras.
La Federación Costarricense para la Conservación y el Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica se unen a esta gran convocatoria, por la defensa de las conquistas sociales y contra la profundización del modelo neoliberal del actual gobierno.
El país actualmente enfrenta una situación crítica en relación con el suministro de agua potable, tal como se refleja en los extensos racionamientos programados y no programados en comunidades como Hatillo, Mata Redonda, Coronado, Desamparados, Alajuelita, entre otros. Esta situación se debe a causas multifactoriales que incluyen desorden territorial, falta de protección en las zonas de recarga acuífera, inadecuada planificación, falta de ejecución de proyectos y descoordinación a lo interno del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Estos factores, aunados al cambio climático y las modificaciones en el comportamiento de las lluvias, han contribuido a crear la severa problemática de abastecimiento que actualmente impide satisfacer la demanda de este servicio a nivel nacional.
El AyA ha informado de las acciones implementadas para abordar los problemas relacionados con el suministro de agua, particularmente en el Gran Área Metropolitana, entre las que se incluyen horarios de racionamiento, suministro con camiones cisterna, la incorporación de nuevos pozos al sistema del acueducto metropolitano, la instalación de tanques en las zonas de alta vulnerabilidad para acceso de los vecinos y otras medidas paliativas para atender la situación en el corto plazo.
No obstante, la Defensoría considera que los esfuerzos realizados no han sido suficientes y que una adecuada o más eficiente planificación y ejecución de proyectos de infraestructura a mediano y largo plazo para el mejoramiento de la capacidad hídrica e hidráulica de los sistemas de acueductos habrían podido contribuir a satisfacer la demanda del servicio de agua potable, aún en la época seca.
Al respecto, la Intendencia de Agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Público (ARESEP) elaboró en 2022 un diagnóstico de estudio tarifario del AyA, en el cual se concluyó: que la institución presenta un 57% de pérdidas de agua potable, que la ejecución de proyectos u obras de inversión no es completa y toma de 10 a 15 años, y que el 80% de los medidores presenta un subregistro del consumo. Además, advirtió sobre la ausencia de registros de grandes consumidores y de niveles de consumo, así como de planificación institucional orientada a la sustitución de activos, junto con el rechazo en las disponibilidades de servicios, y que un 70% de los sistemas de acueductos presentan estrés hídrico. También se concluyó que hay incumplimientos en la verificación de la calidad del agua en todos los prestadores de servicio del país, y la ausencia de una estrategia para mantener actualizada de forma anual la información de calidad del agua, por parte del Laboratorio Nacional de Aguas. Finalmente, el diagnóstico resalta la necesidad de un refinanciamiento de las obligaciones crediticias asociadas a proyectos u obras de inversión.
De hecho, desde años anteriores, la Defensoría ha llamado la atención del AyA por la falta de previsión e implementación de medidas para la satisfacción de las necesidades de abastecimiento de la población, de modo que se garantice el suministro de agua a las comunidades que, año tras año, sufren de racionamientos por períodos extensos y otras afectaciones del servicio, con el consecuente impacto negativo que esto implica para el pleno disfrute del derecho humano al acceso al agua potable, al derecho a la salud y a la educación y al desarrollo, entre otros.
Aunado a lo anterior, los habitantes han denunciado reiteradamente el incumplimiento de los horarios de abastecimiento y la falta de comunicación clara y asertiva de parte del AyA, en detrimento del derecho a la información de todas las personas que habitan en las comunidades afectadas, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, tales como niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, enfermos encamados y otras.
La Defensoría sigue con su labor de exigir cuentas, y elaborará un informe específico sobre cada una de las comunidades que han denunciado la afectación del suministro de agua potable, con el fin de que el AyA tome las medidas e implemente las acciones requeridas para realizar una planificación integral de las necesidades de inversión y mejora de la prestación del servicio y una ejecución eficiente de los proyectos y obras de infraestructura necesarias para satisfacer la demanda actual y futura del servicio a nivel nacional, en aras de que se garantice efectivamente el derecho humano al acceso al agua potable.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes