A todas y todos los afiliados, al pueblo limonense y costarricense en general y a todas y a todos los amigos en el mundo entero:
Nuestro agradecimiento primero a Dios y en especial a nuestros afiliados y afiliadas, que laboran en nuestros puertos, en Desarrollo y en las empresas afines, porque juntos hemos contribuido para finalizar un año más, llenos de esperanza en el futuro.
El año que termina ha sido muy difícil, pero logramos superar varios obstáculos. Lo que viene, será también difícil, como evitar a toda costa que se materialice el otorgamiento de ventajas a APM Terminals perjudicando a JAPDEVA, impulsar la modernización de nuestros puertos invirtiendo en la compra de equipo y la construcción de nuevos puestos de atraque, defender a JAPDEVA y nuestra estabilidad laboral. Pero ya demostramos que con dignidad, principios y una gran capacidad de resistencia podemos lograr alcanzar estos nuevos propósitos. Si tenemos un empleo digno tenemos paz mental, estabilidad emocional y económica.
Esperamos que la paz de Dios y las enseñanzas de nuestro maestro el señor Jesucristo colmen nuestros corazones y hogares, que nos den la fuerza para seguir luchando por nuestros ideales, unidos como una sola familia laboral. Recordemos que la familia siempre será lo más importante que tenemos y todos los esfuerzos deben estar orientados hacia la obtención del bienestar de cada uno de sus miembros.
SINTRAJAP les desea un fin de año 2018 lleno de felicidad y solidaridad con los que menos tienen y que la llegada del niño Dios inunde nuestros hogares de dicha y fe.
FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2019
Lic. Antonio Wells Medina, Secretario General; Liroy Pérez Pérez, Secretario de Prensa
Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP), afiliado a: ITF, FETRAL, CTRN
La Asamblea General de la ONU adopta la Declaración sobre los Derechos Campesinos
Ahora el foco está en su implementación
Hoy, 17 de diciembre de 2018, la Sesión 73 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGONU 73) en Nueva York adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. Ahora que la declaración es un instrumento legal internacional, La Vía Campesina (LVC) y sus aliados se movilizarán para apoyar a las organizaciones regionales y nacionales en sus procesos de implementación.
El voto final de hoy representa la culminación de un proceso histórico para las comunidades rurales. Con 121 votos a favor, 8 votos en contra, y 52 abstenciones. El foro de la AGONU, que representa a 193 Estados miembros, dio paso a un nuevo capítulo prometedor en la lucha por los derechos de los campesinos y otras comunidades rurales alrededor del mundo. El proceso de 17 años, iniciado por el movimiento campesino internacional La Vía Campesina, apoyado por numerosos movimientos sociales y organizaciones aliadas, como FIAN y CETIM, ha sido una gran fuente de inspiración y fortalecimiento de las comunidades campesinas en todas las regiones del mundo.
2018 fue decisivo para el proceso de la Declaración
Ginebra: En abril, después de 6 años de negociaciones, El 5º Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta del Consejo de Derechos Humanos (CDH) concluyó los debates sobre el contenido y finalizo el texto. En septiembre, el CDH (39 Sesión) adoptó la Declaración por mayoría de votos.
Roma: En octubre, durante el 45 Foro del Comité Global para la Seguridad Alimentaria, La Vía Campesina junto con el Mecanismo de la Sociedad Civil y con el apoyo de varios países e instituciones de la ONU, organizó un evento político promoviendo la Declaración en el marco del Decenio de la Agricultura Familiar.
Nueva York: En noviembre la declaración llego al proceso de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGONU). El 19 de noviembre, se votó sobre la declaración y fue aprobada con gran mayoría por la tercera comisión de la AGONU responsable de asuntos sociales, humanitarios y culturales. Finalmente, con el voto plenario de la AGONU a partir de hoy se concluyó el proceso de adopción. Una nueva etapa seguirá ahora, una etapa de implementación; transformando las aspiraciones de La Vía Campesina en soluciones para las luchas diarias de la sociedad rural.
“Esta declaración es una herramienta importante que debe garantizar y ayudar a realizar los derechos de los campesinos y otros trabajadores en las zonas rurales. Instamos a todos los estados a implementar la declaración con escrupulosidad y transparencia, garantizando a los campesinos y comunidades rurales el acceso y control sobre la tierra, semillas campesinas, el agua y otros recursos naturales. Como campesinos necesitamos la protección y el respeto por nuestros valores y nuestro papel en la sociedad para lograr la soberanía alimentaria “, dijo Elizabeth Mpofu, de Zimbabue y l Coordinadora General de La Vía Campesina.
Como campesinos de todo el mundo, vamos a movilizar y nos uniremos en nuestros respectivos países para cabildear con la meta de establecer políticas y estrategias que contribuyan al reconocimiento y la aplicación de los derechos campesinos con una rendición de cuentas. Las violaciones de nuestros derechos a través del acaparamiento de tierras, los desalojos forzosos, la discriminación de género, la falta de protección social, las políticas de desarrollo rural deficientes, y la criminalización pueden, ahora, con el reconocimiento internacional oficial de esta Declaración, ser confrontados con mayor peso legal y político.
¡Los derechos de los campesinos, son derechos humanos!
¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la esperanza!
Nunca como ahora han estado tan amenazadas las universidades públicas. Los medios más importantes de comunicación escritos y de la televisión se han ensañado, para desprestigiar a la educación superior pública, bastión importantísimo para el desarrollo y la democracia de nuestro país.
Lea en la siguiente imagen el comunicado de forma completa:
Enviado por Enviado por Rafael López, presidente de UNED PRO.
SURCOS presenta a continuación el enlace al informe «El territorio de salitre: derechos, memoria y violencia, 2010 – 2017″ desarrollado por un equipo de investigación del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED.
Censuradas se presentará del 27 de setiembre al 21 de octubre en el Teatro Universitario (foto Nikol Román).
Las últimas elecciones presidenciales dejaron en evidencia discursos de odio en contra de la población sexualmente diversa y es a partir de este contexto que surge la obra Censuradas, una puesta en escena que recurre a un mundo metafórico para hablar sobre los derechos de las personas LGBTIQ+.
El texto no realista, escrito y dirigido por Andrea Miranda González, fue la propuesta ganadora del concurso de producción del Teatro del Sol, agrupación estudiantil de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica.
Miranda indicó que basada en distintas formas de negación a la multisexualidad se crea un mundo ficticiolleno de simbolismos, en el que Uno, Dos y Tres son seres condenados a una existencia monótona en un no-lugar, encerrados contra su voluntad. Un día aparece Cuatro u Hombre vestido de mujer y cambia la rutina de quienes se encuentran en este espacio y aporta novedades sobre el exterior, creando así una conexión entre los cuatro personajes y relatando quiénes eran antes, por qué están ahí y el rol de sus captores.
La obra aborda temas sobre los derechos de las personas LGBTIQ+ (foto Nikol Román).
La directora resaltó que la obra toca temas relevantes y frescos, además que rescata la dramaturgia estudiantily la necesidad de crear nuevos textos y críticas desde la visión de los nuevos profesionales.
“Es una obra sexualmente diversa desde un lugar que nunca se ha visto, al ser no realista. Es un golpe al corazón para cuestionarse mucho las actitudes que se presentan en una sociedad como lo es Costa Rica”, señaló Miranda.
El jurado del concurso informó que Censuradas resalta de las otras propuestas presentadas por abordar el tema de la diversidad sexual desde de las relaciones de poder que se tejen cuando las mayorías con poder económico y político oprimen a las y los individuos de cualquier orientación sexual con el fin de desmoralizarlos y deshumanizarlos; en un proceso más retorcido incluso que el lavado cerebral que Orwell describía en 1984, dentro de la temida “Habitación 101”.
Además, explicaron que el tema resulta relevante para nuestra sociedad actual y de ahí, la pertinencia del texto. Así mismo, la idea conceptual del montaje resulta atractiva para el Teatro Universitario puesto que busca universalizar el problema utilizando la metáfora de “ver como las vidas de los personajes se marchitan en el subterráneo de un jardín, en donde aquellos que controlan y representan el status quo, deciden el destino de los que son diferentes”.
Censuradas se presentará del 27 de setiembre al 21 de octubre en el Teatro Universitario, de jueves a sábado a las 8 p.m. y domingos a las 6 p.m. Las entradas tienen un costo de 6000 colones para público general y 4000 colones para estudiantes con carné y ciudadanos de oro. Se pueden hacer reservaciones al teléfono 2511-6722.
Juguetes. Regalos. Dulces y queque. Fiestas. Esas son las esperanzas de todos los niños y las niñas para la felicidad. El día del niño y la niña es un día del año en el cual intentamos dar a los y las pequeños un tiempo para gozar, para jugar y ser felices.
Aunque juguetes, bolas, juegos y fiestas son una parte linda de la niñez, ¿que son las cosas que los niños y las niñas realmente quieren? Son cosas que tal vez los pequeños no pueden expresar, pero que ellos y ellas mismos saben son mas importante en sus vidas: la protección fisica y emocional.
Quieren un lugar sano, libre de violencia, y libre de terror. El terror de conflicto que vemos en muchos paises donde los niños y niñas carecen de todo; hogar, comida, cariño, seguridad. En Costa Rica, afortunadamente, los niños y las niñas nunca han vivido en tal tipo de guerra.
Pero existe para muchos el terror de la violencia, en su propia casa y en la calle. Los niños y las niñas quieren vivir libres del terror de abusos, de golpes y gritos o castigos los cuales dan dolor o vergüenza.
Ellos y ellas quieren ser libres del terror de ser abandonados.
Quieren ser libres del terror de la inestabílidad económica, como cuando no saben si hay comida para la mañana, o si pueden ir a la escuela, o si pueden pasar un tiempo con sus compañeros. O si la situación económinca en casa causa cambios en la familia.
Ellos y ellas queren ser escuchados. Los niños y las niñas tienen mucho que decir. Necesitan hablar y expresarse. Sus ideas, sentimientos y temores son importantes también.
Ellos y ellas quieren ser libres del bullying, no volverse víctimas de los insultos, chantajes y bromas mal hechos, por parte de compañeros de escuela o del barrio.
Ellos y ellas necesitan tiempo para jugar y goza la niñez. Lo cual es parte importante de su desarrollo.
Los niños y las niñas se quieren desarrollar sin miedos, en un ambiente de seguridad, amor y comprensión. Quieren soñar con una vida felíz y un futuro. La Declaración de los Derechos del Niño, proclamado por las Naciones Unidas en 1959 ponen 10 puntos para la protección y bienestar de los niños y las niñas, que no son explotados, ni abandonados, y que gozan la protección del hogar y el estado.
Derechos de los Niños, las Niñasy Adolescentes
Derechos a la vida, a la supervivencia
Derecho de prioridad
Derecho a la identidad
Derecho a vivir en familia
Derecho a la igualdad sustantiva
Derecho a no ser dicriminado(a)
Liga Internacional de Mujeres pro Paz y Libertad
Sección Costa Rica
limpalcr@yahoo.es peacewomen@gmail.com
San Jose-Heredia-San Ramon-Limon
Imagen con fines ilustrativos tomada de tiempodeleste.com
“Entonces se ordena la reinstalación del actor en su trabajo, con el pleno goce de sus derechos, en las mismas condiciones que se encontraba antes de ser despedido; y se le advierte a la demandada de abstenerse de incurrir en conductas similares en lo sucesivo. Donde deberá velar que las jefaturas, no hostiguen, ni acosen a los trabajadores que se afilian a los SINDICATOS. Como esta sentencia ordena reinstalación, la parte demandada tendrá obligación de ejecutar la sentencia en cuanto ordena la reinstalación, de forma inmediata, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva, readmitiéndolo y restituyéndolo en todos los derechos adquiridos y demás extremos que resulten de la sentencia”. Así resolvió la jueza Susana Porras Cascante la demanda interpuesta por el sindicalista Enrique Eduardo García Ibarra contra la empresa bananera Chiquita, la cual, deberá cancelar los salarios caídos y reinstalar al trabajador en su puesto.
El histórico documento completo enviado a SURCOS por Ramón Barrantes, de COSIBACR, puede leerse siguiendo este enlace:
El pasado 29 de junio se le hizo llegar una denuncia al Defensor Adjunto de los Habitantes, Lic. Juan Manuel Cordero González, haciendo de su conocimiento “la violación al derecho humano de obtener información sobre la composición y naturaleza de los alimentos de consumo humano y animal que contienen ingredientes genéticamente modificados (transgénicos)”.
Con la presentación de esta denuncia se pretende:
“Por lo expuesto, y ante la inactividad del Poder Ejecutivo del Estado, que repercute en la violación de la normativa precitada, dejo presentada esta denuncia, solicitando que se admita para trámite, para cesar la actividad precitada, haciendo valer el Derecho Humano de los consumidores, de obtener información sobre la composición y naturaleza de los alimentos que contienen ingredientes genéticamente modificados (transgénicos)”.
Para leer la denuncia ingrese en el siguiente enlace:
El Gobierno echó a andar el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, aunque en algunos territorios se mantienen vivos los cuestionamientos al proceso.
Fabiola Pomareda García
Reunión de la Coordinadora de Lucha Sur Sur en Salitre. Foto: Ditso.
El Gobierno firmó un decreto en marzo pasado, que echó a andar un mecanismo de consulta a pueblos indígenas, para que se consulte a las personas que habitan en alguno de los 24 territorios indígenas, antes de realizar proyectos que afecten sus derechos colectivos.
Sin embargo, organizaciones y habitantes de tres territorios se abstuvieron de participar porque cuestionan cómo está formulado y aseguran que violenta sus derechos como territorios de pueblos originarios, y que violenta convenios internacionales y legislación nacional.
También manifestaron su recelo por la participación de personas no indígenas en la construcción del mecanismo (la llamada pre-consulta), por quiénes integrarán las instancias territoriales y por qué pasaría si en las consultas participan personas no indígenas que viven en los territorios, como parte de la problemática de usurpación de tierras.
El Gobierno respondió a Voces Nuestras varias de estas consultas, a través de la oficina de prensa de Casa Presidencial.
Gobierno firma decreto después de un largo y cuestionado proceso
El 6 de marzo de este año el Gobierno firmó el decreto 40.932, que dejó en firme el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas. Esto se hizo por presión y recomendaciones de la Relatoría Especial sobre Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Después de dos años de reuniones y talleres (pre-consulta), el Gobierno logró que personas de territorios indígenas suscribieran una guía con ocho pasos para realizar una consulta. Estos son:
Solicitud de la consulta; admisibilidad de la solicitud de la consulta; acuerdos preparatorios; intercambio de información; evaluación interna del pueblo indígena; diálogo, negociación y acuerdos; finalización del proceso; y cumplimiento y monitoreo de acuerdos.
Reynaldo Morales Mayorga, indígena bribri del territorio indígena Iriria Bribri Sä Kä (conocido como Cabagra), piensa que la consulta empezó mal porque cuestionan la representatividad de quienes terminaron aprobando el mecanismo en la pre-consulta.
“La informacion a los pueblos originarios debe enfocarse en las organizaciones que existen dentro del territorio. Por ejemplo, nosotros como organización analizamos un punto del convenio 169, artículo 6 , que habla de la consulta, y se refiere a la consulta con sus instituciones, con ‘sus’, no con ‘su’”, explicó Morales, quien pertenece al Consejo de Mayores Originarios Iriria Bribri Sä Kä.
Agregó que “es un impacto negativo hacia la comunidad indígena en el sentido de que en los territorios indígenas, en el caso el de nosotros, hay muchos usurpadores que son no indígenas”.
Y afirmó que es un proceso negativo “porque para hablar de una consulta, se tiene que tener previo la información, el consentimiento de la comunidad y la libre determinación de la comunidad, que no se ponga obstáculos, que no se hagan obras de las que se están haciendo con la Asociación de Desarrollo. Eso viene a minimizar a la comunidad originaria. Tiene que haber una información en el idioma, tiene que haber una información en español, tiene que haber varias sesiones de trabajo”.
Mariana Delgado Morales, indígena bribri de Río Azul, comunidad en el territorio indígena de Salitre, opinó:
“En cuanto a la consulta, de mi parte yo tengo muchas dudas y yo siento que es una manipulación más del Gobierno porque nosotros, el pueblo bribri de Salitre, le hemos pedido al Gobierno que primeramente haya un saneamiento territorial, que se hagan los desalojos que ya están por ser ejecutados. No hemos recibido respuesta y entonces más bien creemos que la consulta nos va a perjudicar; no es nada favorable para nosotros”, informó,
“Vea, yo me enteré que vinieron y estuvieron reunidos con un pequeño grupo; pero creo que eso no es una pre-consulta. Yo entiendo por consulta que es todo el territorio indígena. Si lo quieren hacer así, es un juego más, una burla más para los bribris porque diay, no sirve así que ellos se reúnan nada más con un sector, con un grupo. Si lo van a hacer que sea con toda la población indígena bribri de Salitre”, sentenció.
Don Felipe Figueroa Morales, indígena bribri, de Salitre, manifestó: “El proceso de consulta indígena es negativo porque el Estado costarricense está bajo las medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que solicitó al Estado costarricense que hiciera el saneamiento territorial del territorio bribri de Salitre, para que pudiera hacer la consulta. Esto no se cumplió”.
Figueroa Morales señaló que “en la consulta participaron personas no indígenas, un grupo muy reducido dentro del territorio y en la comisión están representando personas no bribris dentro del territorio”.
“Como al Gobierno le interesan algunos proyectos como el Diquís y otros proyectos que él tiene en camino, quiere quitarnos a nosotros, eludir responsabilidades o quitar derechos a nuestros pueblos. En este caso al Gobierno le importó sólo que la consulta vaya, ¿verdad? Pero en realidad no ha sido beneficioso. Ha creado incertidumbres. Ha creado problemas para nuestros territorios. Lo que hizo es una exclusión, definitivamente, de derechos”, dijo Figueroa Morales, integrante del Consejo Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa (Consejo Cuidadores de la Tierra).
La conformación de las Instancias Territoriales
El mecanismo crea la Unidad Técnica de Consulta Indígena, que estará en el Ministerio de Justicia y Paz, responsable de liderar todas las consultas desde el Gobierno. En cada territorio habrá una Instancia Territorial, designada por la comunidad y encargada de la logística de las consultas.
Pero surgen preguntas sobre quiénes y cuántas personas la forman, cómo se escogen estas personas y si tendrán más peso las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígenas (ADIIs), en lugares donde se cuestiona su representatividad y se discrimina a las organizaciones ancestrales.
Según don Felipe Figueroa, “ahorita el Gobierno tiene miradas maliciosas porque siento que sólo va a consultar a las Asociaciones de Desarrollo o ADIIs, que es un grupo muy reducido”. “Si fuera el caso, nosotros en el territorio no aceptaríamos ninguna consulta porque el Gobierno no hizo ninguna pre-consulta en nuestros territorios”.
De acuerdo con la respuesta enviada por Casa Presidencial, las instancias de territoriales de consulta “se elegirán respetando la autonomía de cada territorio”.
“El decreto sólo establece que cada territorio podrá escogerla según sus costumbres, criterios internos y particularidades culturales. No se establece un número de personas, precisamente para respetar la particularidad cultural, estructural, geográfica y demográfica de cada territorio. Los mismos miembros de la comunidad o sus instituciones podrán promover este proceso. Las ADIIs son una más de las instituciones de representación. Según el Decreto, deberán ser tomadas en cuenta; pero no tendrán, necesariamente un rol protagónico, a menos que el mismo territorio lo decida así”.
La participación de personas no indígenas que viven dentro de territorios
Otra duda es cómo se confirmará que las personas que voten en una consulta son indígenas y de esta forma, que quienes votan sobre un proyecto o no, son verdaderos integrantes de ese pueblo originario.
“Es que esa es la gran razon”, declaró don Felipe Figueroa, de Salitre. “Por eso nosotros nunca hemos estado en favor de la consulta, porque habíamos dicho que una vez retirados los no indígenas dentro del territorio, ya el pueblo podía sentarse con el Gobierno a hacer la consulta; pero más antes no, porque va a haber esa situación. Por lo tanto, nuestra lucha va a seguir constantemente contra este proceso”, aseveró.
De acuerdo con el Gobierno, las consultas indígenas son procesos participativos de diálogo cuyo fin es lograr el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos o alcanzar acuerdos con respecto a una medida propuesta. “Las consultas no son procesos electorales, sino procesos en donde la comunidad busca un acuerdo con el Estado, sobre la base de información clara y adecuada a las particularidades de cada pueblo. Las decisiones que se tomen en cada pueblo tomarán en cuenta sus tradicionales formas de toma de decisión. Cada pueblo determinará sus propias formas para determinar quiénes son indígenas y por lo tanto quienes participan en los procesos de consulta”.
Asimismo, se le consultó al Gobierno qué pasará con los territorios de Alto Chirripó, Salitre y Cabagra, que decidieron no participar en el mecanismo y qué pasa si hay que consultar proyectos que les afectarían.
Según la respuesta de Casa Presidencial, solamente Alto Chirripó no participó en el proceso. “El proceso se implementó en Salitre y Cabagra y se tienen registros de su participación. Posiblemente haya sectores de esos territorios que decidieron no participar, lo cual es totalmente respetable”.
¿Qué pasó en Alto Chirripó? Las y los habitantes de este territorio indígena, ubicado en Turrialba interpusieron un recurso de amparo contra el proceso. El 8 de setiembre los magistrados ordenaron al Gobierno repetir tres reuniones en esa comunidad, para informar y pedir opinión a sus habitantes.
Sin embargo, en la comunicación de Casa Presidencial se informó que esperan una solicitud de aclaración a la Sala Cuarta, para determinar los alcances de ese fallo. “El Gobierno mantiene los canales abiertos para acatar el fallo y continuar con las vías del diálogo para que todos los territorios participen en el disfrute de este derecho”, se lee.
De acuerdo con el Gobierno, ahora trabaja en terminar de conformar la Unidad Técnica de Consulta Indígena en el Ministerio de Justicia y Paz; apoyar la conformación de la Instancias Territoriales; apoyar la formulación de los reglamentos internos de consulta indígenas en los territorios que lo requieran; procesos de capacitación a las instituciones públicas; y capacitación a las organizaciones de los territorios indígenas.
Pero la percepción de Reynaldo Mayorga, de Cabagra, es otra. “El Consejo de Mayores Originarios Iriria Jtecho Wakpa (de Cabagra) mandó una nota a la Oficina del proceso de consulta, diciendo que se abstiene de participar en el proceso de consulta, porque está mal formulado, porque está violentando los derechos como territorio, se están violentando los convenios, se está violentando la legislación nacional sobre pueblos indígenas, se está violentando la Declaración Universal de las Naciones Unidas para los Pueblos Originarios. Por eso es que la organización, junto con parte de la población, tomó la decisión de no ser parte de ese proceso de consulta”.
“Pero no sabemos nada porque nunca respondieron. La técnica de los representantes del estado, gobierno, instituciones estatales, es no responder, guardar el silencio. Eso es todo, como quien dice, nosotros hacemos y ustedes aceptan o aceptan”, denunció Morales Mayorga.
Apertura de oficinas de atención directiva y programas fue rechazado
Carlos J. Cabezas Mora (*)
Luego de que la administración del Patronato Nacional de la Infancia justificara el cambio en la estructura organizativa creando nuevos departamentos, reubicando otros, la Autoridad Presupuestaria por una decisión de carácter político rechazó la creación de las plazas, según supimos de manera informal.
El Código de la Niñez establece que tratándose del cumplimiento de los derechos de la infancia y juventud el Estado no puede argumentar falta de recursos presupuestarios, una institución como la nuestra que ha sido asediada por medios de comunicación y criticada por la ciudadanía por no dar abasto con la demanda social, producto sin duda de una cultura de violencia existente en el país, requiere de fortalecimiento, sin embargo todo esto poco o nada importó a la hora de rechazar esta nueva expansión de coberturas en el resto del territorio nacional.
La niñez tiene derecho al juego, pero que jueguen con su presente y futuro es simplemente inadmisible, sabemos que la situación fiscal del gobierno no es la mejor, pero también sabemos que otras instituciones con facilidad se han convertido en la prioridad nacional, como el caso de seguridad pública, pues el sentimiento de inseguridad vigente sí es tema de campaña electoral, pero evitar que nuevas generaciones ingrese a las filas delictivas parece que continuará siendo la gran omisión de las políticas fiscales de todos los gobiernos.
La niñez y la adolescencia son el presente y futuro de una nación y con la política economicista neoliberal dictada por los organismos financieros internacionales acreedores, comprometen con cifras engañosas y argumentos de la clase empresarial y política dominante, la inversión social para la niñez de nuestro país, lesionando su desarrollo integral y postergando la construcción de una ciudadanía activa y consciente de su entorno en una coyuntura de un capitalismo deshumanizante.
Con el proyecto de ley y su regla fiscal creemos que las instituciones que no generan ingresos sino solo inversión social, como es el caso del PANI posible que sean las primeras víctimas del economicismo que tiende a atender lo urgente no lo estratégico para nuestro país, nos extrañó muchísimos no conocer una posición de la actual administración sobre la amenaza de que el artículo de la ley orgánica que garantiza la obligación de girar el 7% del impuesto sobre la renta fuera derogada, cuando era un deber como institución en su misión de defender los derechos de la niñez.
Tendremos más herramientas para el llamado a nuestros compañeros y compañeras para sumarse a la protesta nacional contra el gobierno entrante, ahora en defensa de los servicios públicos también.
(*) Secretario General, SEPI. CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES
