¿Por qué persiste la violencia contra la niñez, pese al marco jurídico de avanzada existente en Costa Rica? Investigadores del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA) de la UNA responden esta pregunta en el marco del Día del Niño
El pasado martes 6 de setiembre el investigador Pablo Chaverri, del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional (INEINA-UNA), ofreció la conferencia “¿Por qué persiste la violencia contra la niñez, pese al marco jurídico existente?”, ante funcionarios de la Defensoría de los Habitantes, en las instalaciones de esa entidad.
Para Chaverri, el país cuenta con un marco jurídico reconocidamente avanzado en materia de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia; sin embargo, en la realidad estos derechos son irrespetados. Incluso, está prohibido en Costa Rica el castigo físico en la crianza de los menores; no obstante, este sigue ocurriendo.
Entre los factores que fundamentan la persistencia de la violencia está lo cultural-histórico, el concepto “pater familias”, que tiene que ver con el padre todopoderoso que puede hacer con sus hijos y su familia lo que le plazca, porque son de su propiedad, tal como se concibió en el derecho romano. “Aunque esa legislación no está vigente, en la mente de muchos pareciera que sí lo está”.
Otro elemento es la influencia del entorno. Las personas que habitualmente observan violencia a su alrededor, tienen mayor probabilidad de reproducir este tipo de conducta. Hay múltiples ejemplos de cómo nuestra cultura está llena de violencia, destacó el especialista en ciencia cognitiva.
Por su parte, el abogado Rodolfo Vicente ofreció una conferencia sobre “Enfoque de derechos en niñez y adolescencia”, el pasado jueves 8 de setiembre, en la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica (UCR), en San Ramón.
Explicó el investigador del INEINA, que el enfoque de derechos representa el paso de las necesidades a los derechos; es decir, cuando el mundo adulto no es el que decide qué derechos se les da a los niños, sino que como seres humanos, ellos pueden exigirlo, como se establece a través de la legislación de avanzada con la que cuenta el país.
En cuanto a la violencia contra la niñez, Vicente sostiene que “el tema es que hay una legislación muy buena, pero se sigue considerando que los niños son objeto de los adultos”.
Explicó que los adultos se niegan entender que los niños son personas, iguales a ellos. “Es el mismo paso de cuando se eliminó la esclavitud; cómo nos costó eliminar la institución de la esclavitud porque considerábamos que los esclavos estaban bien, porque no eran gente… Eso está pasando con los niños”, enfatizó.
***Mayores detalles con los investigadores Pablo Chaverri 8842-4749 y Rodolfo Vicente 8399-1227 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.
Imagen con fines ilustrativos tomada de www.sinmordaza.com
Enviado SURCOS Digital por Oficina de Comunicación UNA.
La Rectoría, la Sede Regional Brunca, campus Pérez Zeledón y Coto de la Universidad Nacional (UNA), con el respaldo de la Red Académica Diálogos en Mercosur y la Red Académica Internacional del conocimiento tienen el gusto de invitar a la prensa al I Congreso Internacional: “La defensa de la Madre Tierra en América Latina: Las luchas por conocimiento y poder en el siglo XXI, diálogos desde Costa Rica”.
El acto de inauguración será realizado el miércoles, 17 de agosto del 2016, a las 9:00 a.m. en el Auditorio, Campus Pérez Zeledón-UNA
Dicho congreso, que se realizará del 17 al 19 de agosto del 2016, en las instalaciones del campus Pérez Zeledón de la UNA, tiene como propósito analizar los límites y posibilidades para la construcción de un sistema de gobernanza ambiental regional, de alcance latinoamericano y caribeño y, por tanto, capaz de ofrecer alternativas para las decisiones efectivas en el orden ambiental, más allá del pensamiento profundo y de la dependencia con los países del norte social.
Entre los desafíos del siglo XXI para América Latina se insertan temáticas como derechos de los pueblos, ecología política y justicia ambiental, derecho al medio ambiente ecológicamente equilibrado, desarrollo sustentable, desarrollo como productor de independencia y libertad, redes académicas de colaboración, pensamiento latinoamericano y centroamericano, pueblos tradicionales, derechos humanos, entre otras.
Líneas temáticas
Arte de la tierra, ciencia de la vida y memoria social.
Ecología política y justicia ambiental.
Derechos humanos y desarrollo sustentable.
Pensamiento centroamericano y medio ambiente.
Ordenamiento territorial, espacios públicos y desarrollo urbano sostenible.
La formación de redes académicas en la América Latina y Caribe.
**Mayor información con: José Luis Díaz, decano de la Sede Brunca (2562-4427-8845-8761) o con la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, (2277-3464).
Enviado a SURCOS Digital por Oficina de Comunicación UNA.
La Red de Mujeres Rurales, organización de mujeres indígenas y campesinas, desde donde defendemos nuestros derechos, queremos manifestar nuestro descontento y pasamos a decir las razones:
El 17 de octubre de 2015, un numeroso grupo de nosotras nos dirigimos al INAMU, con dos intenciones: una, decir a ustedes, las autoridades, que los derechos de nosotras como mujeres campesinas e indígenas, no están siendo defendidos por la institución, como si las mujeres del campo no fuéramos mujeres, y dos, que las políticas de gobierno de las otras instituciones también violentan nuestros derechos, que no se resuelven por la vía de la competitividad y los megaproyectos.
Ahí expusimos un gran número de situaciones que vivimos las mujeres del campo donde se violan nuestros derechos, desde el acceso a la tierra que es negado, el derecho negado a tener agua limpia y suficiente, la persecución de nuestras formas de producción para favorecer la producción industrial y contaminante en las zonas rurales, las acciones de las grandes empresas que quieren apropiarse de todas las semillas y todos los alimentos, el incumplimiento del gobierno de las resoluciones nacionales e internacionales para devolver la tierra y los territorios a las comunidades indígenas y más bien participando en agresiones a las mujeres indígenas. En fin expusimos que todas esas situaciones son violencia contra nosotras y que la institución que ha sido creada para velar por los derechos de las mujeres nos ve con indiferencia.
Además dejamos un documento con muchos de estos casos. Este documento fue elaborado en nuestra organización con la participación de muchas de nosotras.
Ese día, el 17 de octubre, usted propuso realizar una Mesa de Diálogo, donde se pudiera ir tratando estos temas con los funcionarios de alto rango de cada una de las instituciones involucradas.
Desde su despacho, nos propusieron una primera fecha días después, que solicitamos se pospusiera para definir la delegación de la Red que participaría, ya que como somos mujeres de distintas partes del país, no es tan fácil comunicarnos y tomar acuerdos. Propusimos que podríamos reunirnos desde finales de noviembre, en diciembre o enero.
Pasaron estos meses, suponemos que por las fiestas de fin de año y vacaciones de verano de muchos funcionarios y que nuestros problemas no son prioridad para el gobierno, por eso seguimos esperando. En marzo volvimos a comunicarnos y desde su despacho nos convocaron a un almuerzo ejecutivo. Rechazamos el almuerzo, porque consideramos que en un almuerzo no es mucho lo que podemos decir, ni es mucho lo que nos pueden contestar, y que más bien podría confundir y servir para mostrar hacia afuera que se reunían con nosotras aunque no se resolviera nada.
Les comunicamos que queremos una reunión que sea solo de trabajo.
De esta comunicación nuestra de marzo nos responden en junio, para plantearnos la reunión con ustedes y otros jerarcas el 20 de julio de este año. Unos pocos días antes de la reunión nos escriben diciendo que cancelan la reunión porque van para Guanacaste y ni siquiera plantean otra fecha.
Nosotras nos hemos reunido para analizar esta poca importancia que tiene para ustedes nuestras demandas, si pensamos en cuánta agua contaminada hemos tomado en 10 meses, o cuántos baldes de agua hemos tenido que jalar en nuestros hombros y cabezas, estemos enfermas o no, o cuántas de nuestras gallinas o cerdos han sido perseguidos, matados o llevados por la policía del SENASA, o cuántas agresiones hemos vivido de finqueros no indígenas en nuestros propios territorios indígenas y el INAMU se ha tomado ya 10 meses y no ha podido dar una sola respuesta a nuestras demandas.
Acordamos decirles además que siempre estamos dispuestas a reunirnos para profundizar y recordarles nuestras denuncias y demandas, pero que no esperamos Ia reunión con los brazos cruzados, que seguimos en nuestras luchas, seguimos defendiendo nuestros derechos como mujeres del campo a defender nuestros bienes, a nuestro derecho a seguir siendo indígenas y campesinas y a defender el derecho a estar organizadas en nuestra propia organización.
Red de Mujeres Rurales
10 de agosto del 2016
Sala de Estudios Generales, Universidad de Costa Rica
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado a SURCOS Digital por Red de Mujeres Rurales de Costa Rica.
Hoy 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, nos solidarizarnos con sus luchas por la autonomía y autodeterminación territorial y por la defensa de sus derechos y sus bosques.
Llamamos la atención sobre el acontecimiento histórico en el ejercicio de la autodeterminación del pueblo Bribri de Talamanca al realizar la “Declaratoria del Territorio Bribri Libre de REDD”. La declaración es una respuesta a 8 años de avance, sin trasparencia ni consulta, de la “estrategia indígena a nivel nacional REDD+”, por parte de diferentes gobiernos centrales, haciendo caso omiso a las innumerables denuncias y rechazos del pueblo bribri que consideran esta iniciática una amenaza de mercantilización de su territorio bajo el discurso de la mitigación del cambio climático.
La declaratoria que rechaza REDD+ por parte de los pueblos indígenas bribris fue elaborada entre marzo y junio de 2016 en más de 15 comunidades del territorio, en espacios autorganizados bajo su propio idioma y firmada por más de 300 personas. La declaratoria es contundente: “Haciendo uso a nuestro derecho de la propia consulta decidimos rechazar el proyecto REDD+, su protocolo de consulta, como cualquier modificación del nombre del proyecto y declaramos el territorio Bribri de Talamanca libre de REDD+, de la presente fecha en adelante.”
Para los firmantes: “El cuido de los bosques es un derecho y deber de toda persona e institucionalidad, para el pueblo Bribri el uso de recursos naturales en medicina, vivienda, educación, espiritualidad y en la vida en toda su complejidad, son concepciones culturales y tradicionales”.
Parte del rechazo a este mecanismo tiene su origen en la experiencia con el pago de servicios ambientales pues según ellos “ha generado conflictos internos, corrupción, divisionismo y pérdida de credibilidad hacia asociaciones e instituciones estatales”.
Representantes del pueblo Bribri en sus procesos de reflexión política han destacado la necesidad de alejarse de esta concepción de “desarrollo” representada en REDD+. Más que variar la utilización de la palabra «desarrollo», se trata de concebir una lógica distinta, basada en el bien común, el respeto a la tierra, sus recursos naturales, el rescate de la visión bribri del mundo que incluye y destacan como medulares aspectos como salud y educación, donde existen grandes diferencias culturales, en contraposición a la explotación de recursos naturales y la imposición de una determinada visión de sociedad sobre los pueblos de la zona (Salgado, Amaya, Monge y Rodríguez, 2009).
Lo que en el sur de América o Abya Yala, se le llama Sumak Kawsay, traducido como “Buen Vivir” el pueblo Bribri lo define como el “tsène buaë” o “estar bien” que refleja una forma de vida basada en los bienes comunes, la propiedad colectiva con expresiones del uso de la tierra como el cultivo rotativo, orgánico y el intercambio de productos sin utilizar dinero. El “tsène buaë” está caracterizado ciertos principios como: respeto a todas las formas de vida, involucramiento de personas jóvenes en espacios de decisión, construcción participativa, desde abajo y reconocimiento de la autonomía de la agrupación (Salgado, Amaya, Monge y Rodríguez, 2009).
Para el pueblo Bribri como no se piensa en dinero no se vive ni se trabaja a partir del consumo, se vive con otro ritmo y se trabaja mucho pero no a partir de destruir la naturaleza si no siguiendo sus señales, haciéndola descansar y ayudándola con los ciclos de la luna y las lluvias (Méndez, 2014).
Prueba de lo anterior es la existencia de bosques, ríos y biodiversidad en las zonas indígenas de nuestro país. Los Bribris han vivido y convivido por cientos de años sin destruirlos, a diferencia de los territorios no indígenas, donde escasean todos estos elementos indispensables para la vida.
Para las comunidades Bribris ejercer su autonomía para su propia sobrevivencia y cuido de la Naturaleza es prioritario construir un gobierno autónomo, que no dependa del sistema político-económico actual. Esto requiere transformar, modificar y sostener sus formas de educación, cuido de la salud, la producción y la cultura.
Nos toca escuchar lo que tienen que decir las comunidades y la sabiduría que les permite tener un territorio sano ambientalmente y una cultura viva y más vigente que nunca. Dejemos de imponer megaproyectos y otras formas de dominación para que florezcan esos buenos vivires que la humanidad tanto necesita.
Dra. Rosa Kornfeld-Matte habló sobre los derechos de las personas adultas mayores
Tatiana Carmona Rizo,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
Dra. Rosa Kornel-Matte es Experta Independiente de la Organización de las Naciones Unidas en el tema de Derechos Humanos para las Personas Adultas Mayores, como parte de su trabajo examina la situación de los países en esta materia y brinda recomendaciones para avanzar desde la perspectiva de los Derechos Humanos (foto: Anel Kejenkeeva).
El avance de las políticas públicas, la lucha contra la discriminación, y la búsqueda de mecanismos para garantizar y visibilizar la protección de los derechos de las personas adultas mayores fueron parte de los temas desarrollados por la Dra. Rosa Kornel-Matte, durante la conferencia que dictó este martes 10 de mayo en la Universidad de Costa Rica.
En su intervención, la experta independiente de la Organización de las Naciones Unidas se refirió a los avances y desafíos que existen a nivel mundial y regional en materia de protección de los derechos de las personas adultas mayores.
Dentro de los avances, la especialista destacó el hecho de que la normativa internacional ha dejado atrás el enfoque existencial para dar un cambio hacia a un enfoque de derechos humanos, en el cual se enmarca a la persona adulta mayor como ciudadano activo en la sociedad y como acreedor de derechos.
“En el siglo XIX y XX era asistencial la atención a las personas mayores hoy día esto es un derecho y esto es un cambio importante en la situación, se dio un cambio de enfoque biomédico que estaba centrado en las enfermedades a un enfoque de derechos porque ya ahora no es un paciente que está enfermo, es un adulto mayor que tiene sus derechos y tiene la obligación de ejercerlos” dijo la experta.
La Dra. Kornfeld-Matte también comentó que actualmente la mayoría de políticas públicas tienen un enfoque centrado en las personas, en las cuales los ciudadanos y ciudadanas tienen un papel activo y se convierten en el eje fundamental de dichas políticas.
Desde su perspectiva, las tendencias mundiales en materia de envejecimiento siguen avanzando hacia un enfoque de protección social, de lucha contra la pobreza y de construcción hacia sociedades igualitarias y ciudades inclusivas.
La actividad contó con la participación activa de los miembros del Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM) de la UCR (foto: Anel Kejenkeeva).
Entre los retos mundiales, la experta mencionó que los estados deben reforzar la normativa y adecuar los mecanismos gubernamentales para tratar de subsanar los vacíos legales en materia de abuso y abandono; derecho a la salud y los cuidados; y discriminación por edad y discriminación múltiple “las personas adultas son discriminados por ser mayores, por ser mujer, por discapacidad y a veces por pobreza”.
Por otra parte, la especialista mencionó como un acierto el hecho de que nuestra región se encuentre trabajando en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, en donde se plantean temas como la igualdad y no discriminación por razones de edad; el derecho a la salud física y mental; el derecho a recibir servicios de cuidado a largo plazo, el derecho a la seguridad social, entre otros.
Acciones a seguir
Como parte de las acciones que deben emprender las naciones en materia de envejecimiento de la población, la experta recomienda que se deben difundir más los derechos de las personas adultas mayores en diversas instancias: entre ellas organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, academia, entre otras.
Asimismo mencionó que se debe educar a la sociedad sobre el proceso de envejecimiento para desmitificar los estereotipos negativos que afectan la autonomía y el empoderamiento de las personas adultas mayores así como promover la dignidad de esta población en materia de asistencia social y de salud.
Por último, la Dra. Kornfeld-Matte dijo que es necesario avanzar en la implementación de los instrumentos existentes relativos a los derechos humanos de las Adultas Mayores, entre ellas: la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, el Protocolo a la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los pueblos, la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, entre otros.
La conferencia “Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores” se llevó a cabo el martes 10 de mayo, en el marco de la celebración del 30º Aniversario del Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM) de la UCR.
La Red de Gestores Locales Indígenas del Pacífico Sur (RIGELOPS) y la Red de Gestores Locales Acosta-Aserrí, con mucha consternación hemos tenido conocimiento de la violencia sistemática del que son víctimas familias bribris de los territorios de Cabagra y Salitre durante las últimas semanas de los meses de marzo y abril del presente año, por el sagrado derecho de luchar por la tierra que legítimamente les pertenece según lo estipula la legislación nacional e internacional vigente en Costa Rica como es la Ley Indígena (1977), el Convenio N°169 de la OIT sobre derechos de los Pueblos Indígenas (1993), la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas (2007), entre otros.
Resulta del todo contraproducente que siendo que el Estado costarricense desde el año 1945 previó vía decreto resguardar las tierras indígenas del cantón de Buenos Aires, y que mediante el decreto N°34 de 1956 se creara las “reservas” de Cabagra, Salitre y Ujarrás como tierras exclusivas para la población indígena, y que estas fueran elevadas a rango de ley mediante la ley N°6172 del 1977; han pasado 60 años y el Estado no ha resuelto la problemática de la tierra, muy al contrario, se ha agudizado al nivel de la salvaje violencia organizada y sistemática de los usurpadores contra la población indígena de estos territorios como los ocurridos el 7 de abril del 2016 en la comunidad de Nima Dikol (Palmira) en el territorio de Cabagra.
En estas décadas, gobierno tras gobierno han elaborado un discurso indigenista carente de toda credibilidad por su ineficacia. Se instalaron comisiones y mesas de diálogo, visitas de autoridades, se pelotean el tema indígena entre los ministerios, diseñan desde arriba programas y proyectos de etnodesarrollo sin incidir en la situación de fondo, la tenencia de la tierra dentro de los territorios indígenas, donde entre el 50 y 60% de las tierras están en manos de terratenientes no indígenas que son poseedores de mala fe y que ilusionan con la apetecible indemnización por parte del Estado.
La estrategia propuesta por el gobierno de turno para solucionar la situación de la tierra en el territorio de Salitre no ha traído ninguna solución, y no puede ser recetada como solución al resto del país mediante un Programa Nacional de Recuperación de Tierras sin la participación de los actores directos, es decir, las comunidades de recuperantes, y no centrarlas en las cuestionadas Asociaciones de Desarrollo.
Por lo expuesto, las y los estudiantes del Técnico en Gestión Local (TGL) de Acosta – Aserrí y de Pueblos Originarios, juntamos nuestro pensamiento y nuestra palabra. El desarrollo de nuestros pueblos y comunidades, debe ir de la mano con nuestra cultura, con nuestra sociedad, con nuestra economía y con nuestro medio ambiente. Por eso el interés que tenemos por la tierra y la naturaleza como fuente de vida y cultura nos une e identifica.
Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de la violencia física en los territorios de Salitre y Cabagra, particularmente a las comunidades de recuperantes en Nima Dikol (Palmira) y Brazo de Oro. Que haga justicia pronta y cumplida para las víctimas indígenas.
Expresamos nuestra solidaridad con el Consejo de Mayores Originarios Iriria Jtechö Wakpa de Cabagra, entidad propia de organización clánica bribri, por el incendio de que fue objeto el sagrado U-Sure, Casa cósmica bribri, efectuado por manos criminales el 23 de febrero. Lamentamos que hasta la fecha las autoridades competentes no hayan esclarecido este lamentable hecho que constituye un atentado contra la espiritualidad y cultura bribri.
Por lo tanto apoyamos las recuperaciones de tierras por parte de las organizaciones tradicionales como Bekg-tlra ñlre, Iriria Jtechö Wakpa y otras, ya que es su derecho ancestral.
Demandamos que el Gobierno de la República declare emergencia nacional la situación de las tierras y territorios indígenas en Costa Rica, y en consecuencia se diseñen y ejecuten políticas reales, profundas y de amplia participación indígena para que, definitivamente, solucione la deuda histórica con los pueblos indígenas en materia territorial y de un buen vivir a la altura de su dignidad.
San Ignacio de Acosta / Buenos Aires de Puntarenas, 29 de abril del 2016.
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado a SURCOS Digital por Rafael López Alfaro, Programa de Gestión Local, Dirección de Extensión Universitaria, UNED.
Defender la Tierra, la vida y el alimento sano. 20 años de memoria y resistencia
20 años después de la masacre de El Dorado dos Carajás, la sangre de las campesinas y campesinos sigue derramándose. Pero nuestra resistencia ahora es más fuerte que nunca.
El vigésimo aniversario de la Jornada Internacional de las Luchas Campesinas [1] se perfila en un contexto alarmante para los derechos de los campesinos y campesinas.
Recientemente tuvimos más ejemplos de la represión que las y los campesinos enfrentan en sus luchas por los derechos. A principios de marzo Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de las Organizaciones Populares y Autóctonas de Honduras (COPINH) fue asesinada en su hogar. Una semana más tarde en Colombia, un agricultor de la asociación campesina de Arauca fue asesinado y otros miembros de la FENSUAGRO fueron encarcelados. Estos cuatro campesinos se acaban de unir a la larga lista de personas, defensores de los derechos humanos, miembros de organizaciones campesinas e indígenas que han sido asesinados, amenazados o encarcelados desde principios del 2016 en ese país. Estos hechos solo reflejan la injusta realidad cotidiana de muchos campesinos y campesinas, defensores de la agricultura campesina en todo el planeta.
El modo capitalista de dominar la naturaleza y producir en la agricultura está en crisis. Hay un enfrentamiento entre dos proyectos de producción, de la sociedad y de la forma de convivir con la naturaleza. Dos proyectos para el futuro. De un lado, el modelo del agronegocio del capital, que subordina todo a su insaciable generación de lucro, que para esto impone el monocultivo, destruye la biodiversidad, intensifica el uso de agrotóxicos, expulsa a los campesinos de sus territorios y domina a gobiernos y estados.
Y por otro lado, tenemos el proyecto de La Vía Campesina basado en la Soberanía Alimentaria, donde la agricultura busca producir alimentos sanos para todo el pueblo, en equilibrio con la naturaleza, generando mejores condiciones de vida para la población del campo.
La violencia, la represión de los latifundistas, la inercia de los gobiernos son parte de esta lucha permanente y cotidiana, entre las dos formas de ver a la naturaleza, la agricultura, la vida y los alimentos. Además, el acaparamiento de tierras, que se multiplicará en África y Asia, con la excusa de compensar la gran cantidad de emisiones de CO2 emitidas por los países más industrializados, amenaza con aumentar aún más la violencia ejercida contra las familias campesinas.
Es por eso que esta Jornada de Movilización Global, son fechas simbólicas para nuestra lucha, que han marcado nuestra vida para seguir articulando acciones de denuncia y resistencia. Que nos permiten dialogar con la sociedad, para la construcción colectiva de nuestro modelo de agricultura.
En ese contexto, La Vía Campesina hace un llamamiento a todas sus organizaciones miembros, amigos, aliados, a todos aquellos y aquellas que creen en la agricultura campesina y luchan por la soberanía alimentaria para que se movilicen este 17 de abril de 2016; para luchar por el acceso a la tierra de aquellos y aquellas que la cultivan con respeto, y contra los asesinatos de los líderes del movimiento campesino, crímenes contra la humanidad.
En particular en Brasil, por cumplirse 20 años de la Masacre Del Dorado Dos Carajás que aun continua en la impunidad, La Vía Campesina Brasil e Internacional realizará un campamento de la juventud campesina, además, una Conferencia sobre Reforma Agraria (13 al 17 de Abril) donde se profundizará el debate sobre los estos dos modelos de agricultura, cerrando esta jornada con un acto político de denuncia y de clamor por transformaciones sociales, en Pará, en el lugar mismo donde se ocurrió esta masacre.
Hagamos juntas y juntos de este vigésimo aniversario un himno a la vida organizando manifestaciones, debates públicos, proyecciones de películas, mercados con productos campesinos, fiestas o acciones de solidaridad. ¡Todas las iniciativas son bienvenidas! Escríbenos alvcweb@viacampesina.org para que podamos difundir estas acciones con antelación. El 17 de abril envíanos fotos y vídeos para que podamos difundirlas y animar esta jornada de acción global. Adjuntamos 2 afiches que usaremos en esta jornada de movilización global.
A través de la firma de la Directriz N° 042-MP, “Construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas”, dirigida al sector público, el Gobierno de Costa Rica asume su responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos indígenas, una acción coordinada y sistemática para proteger sus derechos y a garantizar el respeto a su integridad.
La ruta de dicho proceso es:
El Gobierno emite una directriz que ordena la acción de las instituciones públicas, alrededor del objetivo de construir un mecanismo de consulta a los pueblos indígenas.
El Gobierno y los pueblos indígenas construyen el Mecanismo de Consulta. El Gobierno visita a los 24 territorios.
El Estado costarricense cuenta con un instrumento de consulta a los pueblos indígenas, que guiará los procesos de consulta de las medidas que les afecte.
Para leer la Directiz “Construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas”, ingrese en el siguiente enlace:
El Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica reconoce nuestro compromiso por proteger y asegurar los derechos de los pueblos indígenas. ¡Falta mucho por hacer y vamos con todo!
Naciones Unidas resalta la importancia de llevar a cabo un proceso participativo e inclusivo
San José, 16 de marzo de 2016. El Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica (SNU ) ha reconocido el compromiso del Estado costarricense para proteger y asegurar los derechos de los pueblos indígenas manifestado a través de la firma de la “Directriz para la construcción de un mecanismo nacional de consulta a los pueblos indígenas”. La Directriz contribuye a la articulación del gobierno para llevar a cabo la construcción de un mecanismo nacional de consulta, lo que representa un paso firme hacia el reconocimiento efectivo de los pueblos indígenas interesados a participar en las decisiones administrativas que puedan afectarles.
El Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica ha expresado su compromiso para apoyar el proceso en el marco de los estándares internacionales de Derechos Humanos. Asimismo, la ONU destaca el reconocimiento de parte del Gobierno de la necesidad de garantizar una amplia, activa e inclusiva participación de los pueblos indígenas en el proceso a través del cual se construirá el mecanismo, incluyendo la participación de mujeres, jóvenes y ancianos.
Alice Shackelford, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica, indicó que Naciones Unidas reconoce como positiva la decisión del Gobierno de realizar un proceso inclusivo para la definición de un mecanismo de consulta a los pueblos indígenas, y subrayó la importancia de que éste cumpla con la normativa internacional de derechos humanos.
“Como Naciones Unidas consideramos crucial que este proceso que inicia parta de un diálogo abierto con los pueblos indígenas y de la creación de una relación de confianza entre todos los actores participantes, garantizando también el apoyo a los pueblos indígenas para que cuenten con la capacidad necesaria que les permita participar en condiciones equitativas en el proceso, ya que éste tendrá un efecto directo en sus vidas y en las condiciones de sus pueblos”, expresó Shackelford.
El deber de los Estados de consultar a los pueblos indígenas interesados está contenido en los instrumentos internacionales de derechos de los pueblos indígenas: la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígena y el Convenio nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes. El derecho a la participación está también contenido en los otros instrumentos internacionales de derechos humanos tales como, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Internacional en Contra de Todas las Formas de Discriminación Racial.
La Coordinadora Residente explicó que los Estados deben garantizar que los pueblos indígenas sean consultados sobre los temas que puedan afectarles directamente, que sean acciones legislativas o administrativas, con el fin de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. Para Naciones Unidas este proceso cobra vital importancia en la ejecución de proyectos de desarrollo e infraestructura en territorios ancestrales de los pueblos indígenas, puesto que tales acciones pueden afectar sus medios de vida y sus derechos fundamentales, así como el derecho a sus tierras, la salud, alimentación y espiritualidad, entre otros.
El Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica ha contribuido y lo seguirá haciendo con apoyo técnico y financiero, tanto al Estado costarricense como a los pueblos indígenas y otros entes interesados sobre estos procesos, por medio de sus agencias y organismos: El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, bajo el liderazgo de la Oficina de Coordinación de Naciones Unidas.
A pesar de la creación de instituciones y leyes para la protección de la niñez y la adolescencia, persiste un problema estructural, puesto que la distribución y gestión de los recursos no ha permitido optimizar el desempeño del Sistema Nacional de Protección Integral. Las desigualdades afectan con mayor fuerza a las niños, niños y adolescentes que viven en zonas rurales, costeras y fronterizas.
Se cumplen 25 años de que Costa Rica ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, y sin embargo persisten importantes desigualdades en las áreas de educación, salud, protección y acceso a la recreación, que afectan especialmente a las niñas, niños y adolescentes de poblaciones indígenas, migrantes y afro descendientes; así como a aquellos con discapacidad. Esta es la conclusión contundente que se desprende del VIII Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (EDNA).
El VIII Informe del Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (conocido como el Informe EDNA) ofrece un balance sobre la situación de las personas menores de edad en nuestro país y se elabora en el marco de cooperación entre la UCR y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
El VIII Informe EDNA fue presentado este viernes 11 de diciembre, en el auditorio de la Escuela de Estudios Generales de la UCR. Consiste en un trabajo analítico sobre la situación de diferentes factores normativos, políticos, programáticos y socioculturales que inciden en el desarrollo integral de la niñez y adolescencia costarricense. Las fuentes utilizadas en el Informe corresponden a fuentes oficiales de información primarias y segundarias provenientes tanto de registros administrativos (registros de estadísticas vitales, educativos, de salud, judiciales, etc.) como de Encuestas Nacionales (Encuestas Nacionales de Hogares y/o personas) y Censos (Censo Nacional de Población y Vivienda 1989, 2000 y 2011). El EDNA también genera datos relevantes convirtiéndose en fuente primaria.
¿Tras el rastro del avance o el retroceso?
Patricia Fumero ha destacado en diferentes foros en torno a los resultados del octavo informe EDNA que el acceso a la cultura y espacios culturales públicos para niñas, niños y adolescentes requiere de mayor inversión y una mejora en la colaboración interinstitucional que conjugue políticas culturales, y no solo acciones puntuales (foto Laura Rodríguez).
Para la Dra. Patricia Fumero Vargas, de la UCR y coordinadora académica de este informe, es necesario superar el predominio de la visión adulto-céntrica basada en el concepto de posesión y control social sobre las niñas, niños y adolescentes para brindar a esta población el acceso a sus derechos. “Necesitamos empezar a pensar en las poblaciones vulnerables a partir de la economía del hambre la cual ayuda a comprender la deserción escolar, el embarazo temprano y el impacto de las débiles políticas de salud”.
Las poblaciones con menor acceso a la educación la integran niños, niñas y adolescentes indígenas, afro-descendientes, migrantes, personas con discapacidad y adolescentes madres o en unión de hecho o matrimonio (antes de los 18 años). A menudo, este segmento de población es excluido de los procesos educativos formales, ya sea por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran, o bien, porque las opciones educativas no están a su alcance, más aun cuando se trata de condiciones especiales.
Las condiciones de vulnerabilidad se remarcan en contrastes tales como que, según el censo del 2011, en relación con la no asistencia a clases, se detectó un 23,5% de menores migrantes frente a un 11,8% de no migrantes; así como un 20,2% de menores indígenas frente a un 12,2% de no indígenas. El reto está en que el presupuesto para la educación pública se extienda a la diversidad de poblaciones, así como en la variedad de apoyos a la educación (uniformes, materiales de trabajo, viáticos).
Gordon Jonathan Lewis, Representante de UNICEF: Para enfrentar estas situaciones, motivamos a Costa Rica a asumir con mayor fuerza el enfoque de equidad en las políticas públicas y a implementar las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño para lograr una mayor inclusión social de la niñez. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción alguna, tienen derecho a recibir todas las oportunidades para el disfrute pleno de sus derechos. El Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda de Niñez y Adolescencia de Costa Rica marcan la ruta para lograrlo (foto Laura Rodríguez).
No obstante, la dificultad estriba en el financiamiento a la educación; lo que, a pesar de las mejoras que se han hecho, no logra suplir adecuadamente todas las necesidades. Hace falta una política de inclusión que, además, capacite a los docentes y a las comunidades para la atención de esta problemática.
Los niños y las niñas se ven más afectados por la pobreza. Entre las razones, se encuentra el hecho de que las familias pobres son las más numerosas. De acuerdo con un estudio reciente del PNUD, los niños y las niñas representan el 46,3% del total de miembros de los hogares que están en pobreza extrema, el 39,3% de los que están en pobreza no extrema y el 21,7% de los países no pobres, pero que son vulnerables. A ello se suma, que hay mayor proporción de mujeres jefas de hogar, la cual aumenta conforme se incrementa la pobreza, con efectos negativos en el cuido de los niños y las niñas, sobre todo de los más pequeños, y en el ejercicio del derecho a la educación.
Durante su intervención en el acto, el señor Gordon Jonathan Lewis representante de UNICEF-Costa Rica, reconoció que al suscribir Costa Rica la Convención sobre los Derechos del Niño inició un cambio de paradigma que conllevó el imperativo moral que significa trabajar en pro de los derechos de esta población, “y hoy en día la pregunta que todos debemos hacernos es ¿es Costa Rica un mejor país para sus niños? Para Lewis si bien los avances y logros han sido importantes, estos no han llegado a toda esta población de la misma manera, lo cual no posibilita que todos aborden el tren del desarrollo”.
Al referirse a este octavo informe de la UCR, la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, Ana Teresa León, enfatizó que el país tiene un desafío enorme: el abordaje de una atención integral de la niñez y la adolescencia; además de hacer investigación que nos diga con precisión los alcances de la problemática y cuáles son las estrategias innovadoras que se requieren para abordar la negligencia, la explotación sexual, el trabajo infantil, entre otros. “Necesitamos otras respuestas para no seguir haciendo más de lo mismo, y este octavo informe nos muestra una muy clara radiografía pero ahora qué vamos a hacer; y es entonces cuando el tema de la investigación que pueda hacerse de los espacios universitarios, para aunar esfuerzos con otras instancias en la búsqueda de respuestas, cobra gran importancia”.
Ana Teresa León: necesitamos respuestas innovadoras para no seguir haciendo lo mismo que décadas atrás, y es una tarea no solo del PANI sino de diferentes entes que debemos trabajar en conjunto y de una sociedad que debe asimilar el concepto de derechos humanos cuando hablamos de los derechos de la niñez y adolescencia (foto Laura Rodríguez).
Entre los datos innovadores de este informe se encuentran los referentes al tema de la cultura. Se requiere mayor inversión para generar espacios culturales públicos de calidad para el esparcimiento y se debe realizar un adecuado monitoreo de las políticas sociales y la inversión social en niñez.
Para Roberto Salom Echeverría, vicerrector de Acción Social de la Universidad de Costa Rica “este octavo informe es el resultado de un gran esfuerzo académico e investigativo que contribuye a la reflexión y análisis crítico de la situación, como de los problemas de esta población con respecto al ejercicio y defensa de sus derechos. La UCR realiza este tipo de investigaciones desde el año 2000 con el objetivo de favorecer la adopción y reorientación de políticas públicas en esta materia; así como la acción desde la esfera de la sociedad civil, siempre desde los principios fundamentales de la UCR como institución de educación superior pública; para posibilitar una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, más incluyente; que no piense sólo de forma adulto céntrica”.
El vicerrector enfatizó que este informe sienta las bases para la revisión de los planteamientos de los siete informes anteriores, como capital generado que permite afirmar que “contamos ya con una abundante información sobre numerosos temas ligados a los derechos de la niñez y la adolescencia y con este informe se pretende difundir y discutir esos alcances, actividad que es estratégica para impulsar los cambios».
Algunos desafíos y recomendaciones en el octavo informe EDNA
Desde la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, la niñez en Costa Rica ha experimentado una realidad de contrastes y paradojas, que comienza con el hecho de experimentar una crisis y un ajuste de expectativas y de recursos en el momento en que este tratado internacional se asume en el país como el enfoque que orienta el marco legal e institucional.
Es también interesan te el reconocimiento de los derechos sociales e individuales de la niñez en un momento de ajuste y reformas en el Estado Social, en el que esta institucionalidad estaba en duda. Después de 25 años, no hubo un desmantelamiento del Estado Social, más bien se dio una recuperación de la inversión social, dentro de la cual la niñez se ha visto favorecida gracias a que ha recibido relativamente más recursos que otros sectores de población, a pesar de que su peso en la pirámide poblacional ha tendido a ser menor.
Esto ha permitido mejorar algunos indicadores sociales, como, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil y recuperar otros que habían caído dramáticamente, como los indicadores en el campo educativo. Al mismo tiempo que se presenta esta realidad, las condiciones de vulnerabilidad de la niñez más bien ha crecido, sobre todo porque el entorno económico y social ha cambiado, generando una gran desigualdad social y profundizando brechas sociales entre los niños y las niñas, sobre todo entre las zonas rurales más pobres y las áreas urbanas más privilegiadas.
Otro contraste interesante es la presencia de una extensa red de protección social y de políticas universales, que no solo se mantuvieron a pesar de las presiones para privatizar el Estado Social, sino que consolidaron un enfoque de servicios de atención pública al que accede la mayoría de la población, sobre todo en los servicios de atención de la salud y la educación, y una red de protección social hacia los grupos que están en condiciones de vulnerabilidad.
Esta institucionalidad, no obstante, vive una profunda crisis de gestión, tanto porque no está organizada como se debe, ni conceptualmente ha sido eficiente para adoptar el enfoque de los derechos humanos, ya que operativamente encuentra una serie de ineficiencias, que impiden que la inversión social llegue con mayor impacto a quienes la necesitan. Resulta evidente que se requiere de una reforma político-administrativa que subsane semejantes carencias, pero esta urgencia contrasta con un hecho verificable: a partir de la crisis, las instituciones están experimentando procesos de reforma, al punto de que hoy tenemos varias generaciones de cambios sustanciales, aunque incrementales.
Pareciera que la violencia y el maltrato hacia la niñez son más explícitos hoy, aunque ello puede obedecer a que se han visibilizado problemáticas como la violencia y el maltrato hacia la niñez.
Vista la realidad de la niñez desde esta perspectiva, está muy claro que no hay cabida para interpretaciones fáciles, sino que, nunca como hoy, se requiere trazar un panorama de innovaciones que permita aprovechar la institucionalidad, la legalidad y la sensibilidad existente para configurar políticas que trasciendan los períodos cortos de gobierno y formulen una política de largo plazo. Existen los instrumentos de política y el nivel de compromiso, pero al mismo tiempo, hay factores de riesgo que amenazan con retroceder y relativizar los logros alcanzados hasta hoy.
