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Etiqueta: derechos

Multitudinaria movilización pacífica por un “Pacto Nacional por la Educación Pública”

  • Bajo el lema “Educación hoy, paz mañana”, miles de personas marcharon hacia la Plaza de la Democracia para exigir un Pacto Nacional que resuelva la peor crisis educativa de los últimos 40 años

  • Este movimiento nacional lo integran más de 70 organizaciones sociales y productivas en defensa del presupuesto para la educación en todos sus niveles, una transformación tributaria justa y la agenda social para el bienestar en Costa Rica.

  • El jueves 29 de agosto continúa la movilización con más acciones pacíficas en todas las regiones del país.

Como una manera proactiva de enfrentar la grave crisis educativa y la ausencia de liderazgo del MEP, miles de personas de todo el país marcharon hacia la Plaza de la Democracia, en San José, para demandar un “Pacto Nacional por la Educación Pública”; el cual fue propuesto en junio del 2023, desde las organizaciones agrupadas en la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo y otros sectores.

Estudiantes de primaria, secundaria y universidad entregaron al presidente de la Asamblea Legislativa y diputaciones presentes, un documento con las principales demandas y propuestas para reactivar el proceso de diálogo y concertación que permita alcanzar un “Pacto Nacional por la Educación Pública”.

La intención es que este pacto una al gobierno, sector privado, sindicatos, municipalidades, movimientos sociales, cooperación internacional, instituciones públicas, partidos políticos, familias, comunidades y la sociedad en su conjunto, para progresivamente resolver la actual crisis educativa.

De lo contrario, no sería posible evitar la exclusión de miles de personas del sistema educativo, como ya sucedió en la década de 1980. Urgen soluciones ante las distintas causas y manifestaciones de la actual crisis educativa, como se explica con claridad en el documento dirigido al presidente de la República, la Asamblea Legislativa y la defensoría de los habitantes.

La inversión en educación se redujo en el 2023 a un 5,2% del PIB, a pesar del mandato constitucional de destinar un 8% a la educación en todos sus niveles, lo cual significa un retroceso de casi 20 años. Si no se cambia el actual rumbo se continuará profundizando el deterioro no solo en todos los niveles del sistema educativo, sino también disminuirá la productividad, la calidad en el talento humano y el bienestar de la sociedad en general, empeorando así la desigualdad, la exclusión social, la violencia y el autoritarismo.

Por lo tanto, se propone un mecanismo de enlace ciudadano que acompañe la discusión del presupuesto en la Asamblea Legislativa, en donde se definirá la inversión en educación. Además, en los próximos días se lanzará una consulta ciudadana mediante un formulario en línea, abierto a las personas y organizaciones de todo el país, para enviar ideas y propuestas que fortalezcan el sistema educativo. Estas y otras propuestas serán la base de discusión durante un congreso, a realizarse en noviembre del presente año, que culminará con la aprobación del Pacto Nacional por la Educación Pública.

Este movimiento nacional continúa el día de mañana con acciones regionales pacíficas, culturales y propositivas en Limón, Río Frío, Liberia, Nicoya, Pérez Zeledón, El Palmar, Ciudad Neily, San Vito, San Carlos, Upala, Puntarenas, Quepos y San José.

La intención de este movimiento es convertir la actual crisis en una oportunidad para mejorar el sistema educativo en todos sus niveles, reducir las desigualdades y una transformación tributaria justa que fortalezca el sistema de bienestar en Costa Rica. Educación hoy, paz mañana.

SURCOS comparte la lista de movilizaciones regionales que fueron organizadas para el 29 de agosto.

Defensoría interviene de oficio ante proyecto de carpas en centros penales

A propósito de la información divulgada en medios de comunicación sobre la posibilidad de que el Estado proceda con la construcción de cárceles a través de la utilización de carpas, la Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Justicia y Paz informar sobre varias inquietudes.

Entre ellas, si el Ministro de Justicia y Paz, el Director General de Adaptación Social u otras instancias administrativas de dicho ministerio, se han asesorado en otras latitudes para obtener información acerca de cómo se han construido y operan cárceles en las que se han utilizado carpas para albergar a la población privada de libertad. En caso de ser así, indicar cuáles países fueron los abordados para recopilar experiencia al respecto, si han sido visitadas cárceles, detallar cuáles y los resultados de las mismas, así como señalar las buenas prácticas de protección de los derechos de las personas privadas de libertad que el Ministerio ha observado luego de tener contacto con este tipo de construcciones o proyectos, más allá del tema estrictamente presupuestario.

Además, especificar si el Ministerio de Justicia y Paz tiene contemplado dentro de su portafolio institucional de proyectos de construcción, la construcción de cárceles utilizando carpas. En caso de ser así, efectuar una descripción del proyecto, en qué lugar se construiría, el presupuesto a utilizar, cómo se incluirían las obras complementarias que se requieren para la operatividad de un centro penitenciario, así como para garantizar plenamente la prestación de servicios técnicos y de seguridad de un establecimiento de este tipo.

En respuesta a la Defensoría, el Ministro de Justicia y Paz aclaró que el nombre correcto es “construcciones livianas” en los centros penitenciarios del país e indicó que este proyecto se encontraba en una etapa de estudio, análisis y búsqueda de opciones, con el fin de tomar la decisión que convenga a los intereses del Sistema Penitenciario del país y bajo el respeto de los Derechos Humanos. Agregó que cuando esa cartera ministerial concrete y defina la viabilidad del proyecto, y con mayores especificaciones, lo podrán en conocimiento de la Defensoría de los Habitantes y dará respuesta a las inquietudes que existan.

Asimismo, el Ministro de Justicia y Paz indicó que, actualmente, se estaba en la fase previa del proyecto, considerando aspectos asociados como estudio de mercado y factibilidades, y que, como parte de las etapas que se debían desarrollar para su ejecución, estaba la inclusión del perfil del proyecto ante MIDEPLAN, para lo cual se hacía necesario finalizar la etapa previa del mismo que les permitiría definir el alcance del proyecto, y su estudio económico, entre otros aspectos, los que serían incluidos dentro de la inscripción del proyecto.

Considerando la anterior información y de conformidad con los procedimientos institucionales, la Defensoría procedió a la apertura de una Intervención de Oficio, tratándose de una situación que reviste especial interés, en procura de garantizar el efectivo y pleno disfrute de los Derechos Fundamentales de la población privada de libertad, y, sobre todo, considerando que existen estándares internacionales de construcción de centros penitenciarios que deben ser cumplidos por la Administración Penitenciaria.

La realidad de las cárceles muestra una cantidad ilimitada de elementos que inciden de manera negativa en la prestación de los servicios para dicha población. La privación de libertad es una condición derivada de un proceso jurisdiccional, mediante el cual se genera una consecuencia jurídica, cuya implicación es la pérdida de la libertad para una persona, durante un lapso de tiempo determinado. Esta condición no implica la suspensión de garantías o demás derechos de las personas que se encuentran en dicha circunstancia.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Costa Rica excluyó a niñez indígena de Política Nacional

Defensoría acudió a Sala IV para que se garantice la protección de sus derechos

Costa Rica excluyó de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036, vigente en la actualidad, a la población menor de edad indígena, lo que representa una flagrante violación al interés superior del niño y de la niña indígena, sus derechos a la igualdad y no discriminación, sus derechos de participación, supervivencia y desarrollo, entre otros.

A pesar de que la Defensoría de los Habitantes alertó a las autoridades competentes de esta grave decisión, no se echó marcha atrás, situación que provocó que elevara el caso ante el Tribunal Constitucional a través de un recurso de amparo, el cual ha sido admitido para estudio.

La decisión del Gobierno fue que la consulta sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes se hiciera en el marco de la Política Pública de Pueblos Indígenas y no en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia. “La desidia y la falta de seriedad con la cual el Estado costarricense ha abordado el tema, y particularmente la violación de derechos que las acciones del Estado generan, al haber dispuesto que la consulta de la política de niñez de la población menor de edad indígena se anexará a la consulta general de pueblos indígenas -lo que supone un periodo mínimo de dos años o inclusive superior- atentan contra el principio de interés superior del niño y la niña, pero además una decisión que se tomó sin criterios razonables ni objetivos”, afirmó la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

Para esta Defensoría, dicha exclusión constituye una discriminación que invisibiliza a las personas menores de edad que viven en territorios indígenas, sus inquietudes y sus aspiraciones, violentando sus derechos e incumpliendo con la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La Defensoría solicitó a la Sala Constitucional declarar violatorios los acuerdos del Consejo de la Niñez y la Adolescencia, y ordenar la inmediata realización del proceso de consulta a las niñas, niños y adolescentes de los 24 territorios indígenas, garantizándose con ello, la incorporación de sus necesidades y aspiraciones en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y en sus planes de acción.

“No hay política pública sin derechos humanos, ni se puede hablar de una garantía de los derechos humanos sin una debida política pública, su relación es innegable e indisoluble, pues la política pública viene a instrumentalizar el medio a través del cual, el Estado garantiza los derechos, medio que debe tener, además, un contenido presupuestario que torne realista y realizable su ejecución”, agregó la Defensora de los Habitantes.

La discriminación denunciada se observa claramente en cuatro momentos distintos.:

  • A raíz de la exclusión de las personas menores de edad indígenas de los extensos procesos de consulta realizados por la Secretaría Técnica de Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia durante la formulación de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036.
  • En la sesión ordinaria CNNA 03-2023 del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, celebrada el 24 de octubre de 2023, en la que se acuerda atender la consulta y los asuntos relativos a la niñez y adolescentes indígenas en el marco de elaboración de la Política Pública para Pueblos Indígenas (Acuerdo artículo 07) aparte 04), sin fundamentar tal decisión.
  • En la sesión extraordinaria CNNA 02-2024 del 18 de abril de 2024 del Consejo Nacional Niñez y la Adolescencia, con la adopción de los Acuerdos artículo 05) aparte 01) y 02), con los cuales se pretende conferirle un fuero de legitimidad a un proceso lesivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas y queda aprobada la Política Nacional de Niñez y Adolescencia.
  • Por último, se concreta y consolida con el lanzamiento y la entrada en vigencia de dicho instrumento programático-estratégico, en tanto, a partir de ese momento se perpetua la discriminación histórica en contra de la población menor de edad indígena debido a la ausencia de acciones afirmativas y medidas especiales concretas a favor de esa población, que les permita acceder desde un plano de igualdad al disfrute de todos los derechos reconocidos a la población menor de edad, en general.

Como Defensoría hemos venido exigiendo un compromiso real del Estado en materia de protección de derechos de la niñez plasmados en casos concretos como el de la niña desaparecida en Cartago, una adecuada prevención y atención a los casos por acoso escolar, la reducción en la inversión a la educación, entre otros.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Foro: “Retos de Costa Rica como país de acogida del exilio nicaragüense”

El martes 2 de julio al ser las 6:00 p.m. se llevará a cabo el foro “Retos de Costa Rica como país de acogida del exilio nicaragüense”, mismo que contará con la participación en la mesa principal las organizaciones: Red de Mujeres Pinoleras, Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Servicio Jesuita para Migrantes “Costa Rica” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL.

Esta actividad se desarrollará en Paraninfo UNED, ubicada en Sabanilla. Y contará con transmisión por Onda UNED.

El cupo es limitado, necesita confirmar la asistencia en el formulario en línea.

https://forms.gle/kZHUFZW5wAU6UHG6A

Los actuales políticos ticos: «descubrieron el agua tibia»

Por Bernardo Archer Moore

Las comunidades tribales costarricenses existen mucho antes de que los políticos actuales las reconocieran.

Su existencia se remonta al siglo XVII (1650) con la formación de «(*) La Puebla de los Pardos o Puebla de los Ángeles situado en Cartago y compuesto por:

Mestizos, Mulatos y Zambos; el resultado del mestizaje de blanco con indio, blanco con negro y negro con indio respectivamente». Uno de los principales legados de ese primer poblado tribal fue LA VIRGEN DE LOS ÁNGELES.

*/ (Los Pardos de la Colonia – Álvaro Cuberos).

Desde entonces, los derechos de las comunidades tribales son fundamentales para su subsistencia y bienestar, y requieren la protección especial del Estado, así como de Convenios Internacionales que surgieron debido a su vulneración por parte de los gobiernos nacionales, ahora tutelados por organismos internacionales como la CIDH.

Estas comunidades a menudo viven en áreas aisladas de las grandes ciudades y del gobierno central, lo que las hace más vulnerables a la violación de sus derechos, especialmente en relación con la tierra que habitan.

La tierra es un recurso vital para las comunidades tribales, ya que les proporciona sustento, medios de vida y es parte integral de su identidad cultural y espiritual. La violación de sus derechos sobre la tierra las priva de su forma de vida tradicional y las condena a la pobreza y el sufrimiento.

La falta de acceso y control sobre la tierra puede llevar a la pérdida de recursos naturales, la degradación del medio ambiente y la imposición de proyectos de desarrollo que no consideran las necesidades y aspiraciones de las comunidades tribales.

Esto puede resultar en la destrucción de su entorno natural, la pérdida de sus fuentes de subsistencia y la interrupción de su vida comunitaria y cultural.

Es crucial garantizar y proteger los derechos de las comunidades tribales sobre la tierra que habitan, reconociendo y respetando su derecho a la propiedad y control de sus tierras ancestrales, así como su participación en la toma de decisiones que afectan a sus territorios.

Es importante promover el desarrollo sostenible y la diversificación económica en áreas tribales como Cahuita, Puerto Viejo, Manzanillo, Ciudad de Limón, Barra del Colorado, Tortuguero, Siquirres y Matina, para que puedan mejorar sus condiciones de vida sin comprometer su cultura y medio ambiente.

Esto incluye el apoyo a iniciativas de desarrollo local, una mejor calidad de educación, acceso a servicios básicos como caminos de acceso público, servicio eléctrico, agua potable, internet de banda ancha, plantas de tratamiento de aguas residuales y hospitales, así como la valoración y preservación de los conocimientos tradicionales y prácticas sostenibles de las comunidades tribales.

En resumen, la vulneración de los derechos de las comunidades tribales sobre la tierra las condena a la pobreza y el sufrimiento. Por ello, es fundamental garantizar y proteger sus derechos sobre la tierra, promover el desarrollo sostenible y respetar su cultura y medio ambiente, permitiendo que la comunidad tribal de Cahuita prospere y mantenga su forma de vida tradicional.

Finalmente, los proyectos de ley patrocinados por las congresistas Katherine Moreira y Rosalía Brown sobre el supuesto “reconocimiento de los pueblos tribales” no abordan los problemas fundamentales de estas comunidades, prefiriendo evitar conflictos con políticas gubernamentales para aumentar sus posibilidades de aprobación. Esto deja a los pueblos tribales costeros a merced del ICT y el Estado costarricense.

Imagen ilustrativa.

Defensoría pide a Presidencia de la República ampliar información sobre atención de derechos de comunidad afrodescendiente

El pasado viernes 7 de junio de 2024 la defensora de los habitantes, Angie Cruickshank Lambert envió al señor Gabriel Aguilar Vargas, director del Despacho Presidencial Ministerio de la Presidencia de la República, con copia al señor Marco Vinicio Levy Virgo, una solicitud de ampliación de información relativa a las acciones del gobierno en protección de los derechos de las personas afrodescendientes.

De esta forma, la Defensoría de los Habitantes atendió la petición planteada por Marco Levy Virgo, quien ha pedido la atención debida para esa comunidad de parte del Estado y de la Municipalidad del cantón de Talamanca. La argumentación de Levy expone discriminación estructural, violación de derechos humanos de propiedad ancestral, irrespeto a la consulta previa y a la autodeterminación de la comunidad tribal afrodescendiente.

En la carta de la defensora al director del Despacho Presidencial se solicita:

1- Detallar cuál es la instancia o instancias gubernamentales encargadas de generar las propuestas legales mencionadas en su oficio a efecto de que sean presentadas en las vías correspondientes.

2- Remitir una copia del plan de trabajo elaborado por dicha instancia(s) gubernamental a efecto de atender la presente situación, remitiendo responsables, plazos de ejecución y entregables esperados.

3- Detallar las instancias de la sociedad con las cuales se ha coordinado o se va a coordinar incluyendo sus integrantes y medios para poder contactarlos.

4- Remitir las minutas generadas a la fecha de las reuniones efectuadas para la atención de esta temática.

5- Señalar si se cuenta con contenido presupuestario para este proceso.

La vivienda en Costa Rica a dos años de la administración Chaves Robles

En el auditorio del Edificio Cooperativo en San Pedro de Montes de Oca, se realizó un encuentro de dirigentes del Bloque Nacional de Vivienda, el Foro Nacional de Vivienda y la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo, con el fin de analizar la situación de la vivienda social, a dos años de la Administración Chaves Robles.

En la actividad participaron de diversas partes de la Gran Área Metropolitana, Upala, Esparza, Liberia, Garabito, entre otros lugares. Se contó con la participación del Programa Estado de la Nación, la Asociación Centroamericana de Vivienda y un representante de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda, quienes dieron una visión de lo acontecido en vivienda social en la presente administración. Representantes de las organizaciones dieron su visión de la situación del movimiento pro vivienda y señalaron las rutas de trabajo necesario. Esto creó un marco para un debate entre los participantes. El acuerdo más importante fue la necesidad de nuevas reuniones regionalizadas para sumar más dirigencias.

Este informe se elabora a petición de los líderes de las tres organizaciones. No pretende ser exhaustivo ni en términos de las actividades ni de los presentes. Fue elaborado por José Gabriel Román Madrigal, con fotos de su autoría y de los grupos de las cuales se da cuenta de su fuente.

Para observar en informe, ingresar al siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/111KQChyCLGJ8lZfW_uBWBiojLCPqgukl/view?usp=drive_link

FENOSGUA, repudia el lamentable acto en contra del abogado Domingo Montejo y exigimos justicia – Guatemala

Comunicado

Los miembros de la Federación Nacional de Organizaciones Sindicales de Guatemala -FENOSGUA- a sus integrantes y público en general manifiesta:

Nuestra indignación, consternación y repudio ante los actos llevados a cabo en contra del abogado Domingo Montejo, quien fue asesinado el día de ayer mientras realizaba una visita de campo en el departamento de Escuintla, como parte de su trabajo dentro del Comité de Unidad Campesina CUC, en el cual buscan hacer valer los derechos humanos en defensa de campesinos, organizaciones sociales y sindicales.

Su cruel y cobarde asesinato fue llevado a cabo mientras eran realizados desalojos violentos e ilegales en la comunidad de San José el Tesoro en Cobán Alta Verapaz, una comunidad que era acompañada por CUC y a la cual fueron violentados sus derechos. 

Exigimos al Ministerio de Gobernación, Ministerio Público y Procurador de los Derechos Humanos la investigación de este violento y despiadado asesinato, exigimos justicia para el abogado Montejo y así como también para Marcelo Yaxón Pablo y Gustavo Yaxón, quienes trabajaban y acompañaban a Montejo y resultaron gravemente heridos.

Guatemala 07 de junio de 2024

Compartido con SURCOS por Oscar Vargas

Denuncian ante el AyA a la ASADA de Cipreses de Oreamuno por su mala administración

La población que recibe agua de la ASADA de Cipreses de Oreamuno ha denunciado múltiples veces la mala administración que tiene el AyA en la misma, debido a que sólo los ingenieros del AyA a cargo de la visita evidencian lo que se denuncia, como la falta de mantenimiento y planes operativos en esta ASADA a los tanques de agua «potable», amparados por el ente rector.

Estos han tomado una nueva denuncia en contra de la administración del AyA elevando y dirigiendo la denuncia al Ministerio de Salud, ya que la población al abrir la llave para adquirir agua potable directamente de los tanques de la ASADA sale el agua con líquenes o musgo. Prueba clara que nadie los lava.

En tal caso hay una sistemática violación del decreto n• 38942-S por parte de los funcionarios de esta ASADA, la cual la comunidad no ha pasado desapercibida, donde estos exigen que se haga una aplicación del mismo, ya que estos se encuentran con gran molestia el estar cancelando cada mes un recibo por servicio de agua el cual no es potable, pagando casi el mismo monto cuando son más de 8 horas diarias de desabastecimiento. 


Carta presentada para la denuncia:

Estimados señores, con gran molestia me dirijo nuevamente a ustedes para denunciar lo que debería de ser una vergüenza para ambas instituciones a cargo de salud  pública y del agua potable para la población más vulnerable (zonas rurales).

Está semana leí dos informes elaborados por ambos despachos, sobre las visitas o atención de denuncias a la ASADA de Cipreses de Oreamuno dónde se contradicen, sólo los Ing del AyA cargo de la visita evidencian lo que a continuación denuncio, la falta de mantenimiento y planes operativos en esta ASADA a los tanques de agua «potable», amparados por el ente rector.

El pasado 08 de junio del presente me dirijo con otra persona al tanque ubicado al costado del edificio de la ASADA para recoger agua en cubetas previamente lavadas, y no puedo decir que pra mi sorpresa, porque cuando se trata del agua por años ya hemos visto de todo, al abrir la llave sale el agua con líquenes o musgo. Prueba clara que nadie los lava.

 Señores es como para sentir vergüenza de sus labores, es con la salud de más de 3.000 personas con las que JUEGAN, por favor cuanto se van a tomar sus labores con seriedad y responsabilidad? ¿Qué esperan una epidemia? O algo peor? Cuánto tiempo tenemos que esperar a ver que YA tomen cartas en este asunto y cumplir primero desde adentro el reglamento para la calidad del agua potable??

La sistemática violación del decreto n• 38942-S por parte de los Funcionarios de esta ASADA no ha pasado desapercibida pro que los mismos despachos encargados de salvaguardar y aplicarlo se hagan de la vista gorda es inaudito por favor tomen un poquito de conciencia, espero poder ver un cambio de actitud de parte de ustedes y se tomen  cartas en el asunto, pro más aún ACCIONES y prontas!!

Me parece sumamente vulgar y descarado cancelar cada mes un recibo por «servicio» de agua que NO es potable, pagando casi el mismo monto cuando son más de 8 horas diarias de desabastecimiento y ahora sumando la  desconfianza que ustedes nos generan en cuanto al manejo y abordaje de este tema y otros relativos a esta ASADA.

La nota fue enviada a SURCOS por Ricardo Rivera Rojas.

Por una Costa Rica sin discriminación

El pasado 23 de mayo de 2024 la Defensoría de los Habitantes recibe un recurso de amparo en contra del Estado y la Municipalidad del cantón de Talamanca, esto por discriminación estructural, violación de derechos humanos de propiedad ancestral, consulta previa y autodeterminación de la comunidad tribal afrodescendiente. En este documento se expresa que la población afrodescendiente del país ha sido invisibilizada por todo el Estado y entes que lo conforman y en especial por el alcalde del Concejo Municipal de Talamanca, esto referente al convenio 106 y 169 de la organización interamericana en contra del racismo.

Imagen ilustrativa, UCR.