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Etiqueta: derechos

Por la igualdad, los derechos y la comprensión a personas con discapacidad

El 29 de mayo la Universidad Nacional (UNA) conmemora el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, una fecha destinada a fomentar el respeto, la igualdad, los derechos y la comprensión hacia las personas con discapacidad. La UNA reafirma su compromiso con esta población a través de la Comisión Institucional de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD) y el Programa de Inclusión y Apoyo Estudiantil.

El CIAD, instancia adscrita a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, se encarga de supervisar el cumplimiento de las leyes y normativas relacionadas con la accesibilidad. Esta comisión incluye representantes de diversas instancias universitarias, como los departamentos de Recursos Humanos, de Orientación y Psicología, y el Programa de Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Institucional (Prodemi), entre otros.

Desde su creación, en 2005, el Programa de Inclusión y Apoyo Estudiantil de la UNA brinda atención a más de mil estudiantes en los últimos cuatro años. En 2020 fueron 194 nuevos estudiantes y seguimiento a 153; en 2021, 168 nuevos y 116 en seguimiento; en 2022, 173 nuevos y 141 en seguimiento y en 2023, 248 nuevos y 175 en seguimiento. En total se atendieron 1368 estudiantes.

El programa se actualiza continuamente para adaptarse a los avances en la sociedad y en el ámbito científico y médico. De esta manera promueve una imagen más inclusiva y distribuye la responsabilidad de la atención a las personas con discapacidad entre todas las instancias universitarias. Se han implementado medidas para aumentar los apoyos a la población estudiantil con discapacidad, y se ha capacitado al personal docente sobre las diversas condiciones y necesidades de estos estudiantes. Estas medidas garantizan el desarrollo y rendimiento académico de los estudiantes con discapacidad.

Además de la atención académica, la UNA se enfoca en la vida universitaria integral, para lo cual ofrece apoyos en áreas como tutorías, actividades artísticas y deportivas. Estas iniciativas involucran a los estudiantes con discapacidad en todas las facetas de la vida universitaria, facilitan la formación de amistades y hace que la experiencia universitaria sea completa.

El programa ha observado un aumento en la atención a casos de discapacidad psicosocial, que incluye condiciones como ansiedad, depresión, trastorno del espectro autista y esquizofrenia. Estas condiciones, menos visibles que otras discapacidades, requieren una atención especial y han sido integradas en los servicios que ofrece la UNA. El año anterior se  atendieron 31 estudiantes en el primer ciclo y 34 en el segundo ciclo lectivo.

La atención a esta diversidad de condiciones ha visibilizado más estas necesidades, lo que se traduce en un apoyo adecuado a esta población.

Quienes requieran de estos apoyos pueden solicitarlos de tres maneras: durante el periodo de admisión, para lo cual deben adjuntar un dictamen médico certificado; mediante solicitud personal con un documento que evidencie la dificultad; o por referencia de cualquier instancia universitaria.

Lizeth Martínez Corrales, psicopedagoga del Departamento de Orientación y Psicología, enfatiza la importancia de esta conmemoración: “Es vital que toda la comunidad universitaria y el país tomen conciencia del respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Conmemorar este día nos brinda la oportunidad de reflexionar y mejorar las acciones en favor de esta población, siempre considerando su voz.”

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

“Siempre seréis vistos como hijos de vuestros ancestros”

Bernardo Archer Moore

Por Bernardo Archer Moore
Cahuita

Hermano y hermana, jóvenes negros adultos, es muy probable que desconozcas que gran parte de la población nativa se refería a tus antepasados con el adjetivo “negro chumico”, aun vestido de caballero, siempre fue visto como el “negro chumico” (“cultura tica”).

Entonces, para quienes hemos vivido esa experiencia, al ver un comentario del presidente de la república sobre la tala de los bosques del Caribe Sur, decir en resumen que «no quedará para los grandes hoteles de 5 estrellas, ni para los monitos». Lo cual, en un doble sentido, bien podría inferir la citada calificación atribuida a la población negra en el pasado, es nuestro deber NO dejarlo pasar desapercibido.

Tampoco debemos descartarlo como un «desliz freudiano» de una persona tan educada, él sabe muy bien lo que dijo y ciertamente lo decía en serio.

A estos niveles y en un tema tan serio el chiste no existe, es sólo una forma más pálida de decir algo grosero, y callarse para no poner en peligro un posible favor político es dejar las puertas abiertas a cosas peores en el futuro.

Ahora, para aquellos afrocostarricenses mayores que están en los albores de la vejez y desesperadamente entusiasmados con la unidad de los negros en torno a sus objetivos de preponderancia, que no es común a todos nosotros.

En cambio, los invito respetuosamente a levantar la bandera del respeto por los costarricenses negros y nuestras comunidades en todo el sentido de la palabra.

En particular, nuestro derecho a la posesión de tierras ancestrales, los mismos que otorgan las leyes compensatorias por abuso y discriminación racial, así como posesiones centenarias, que son anteriores a la propia constitución política actual.

Directorio de Asamblea del Banco Popular solicita al presidente legislativo atender necesidades sociales y productivas

Lenin Hernández Navas, presidente del directorio de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, le entrega al Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, una nota que representa los intereses de la clase trabajadora de los diferentes sectores sociales y productivos del país.

Esta nota se entrega con la finalidad de que la Asamblea Legislativa otorgue respuestas ante las políticas públicas que permitan el desarrollo económico del país a través del equilibrio, ya que se afirma que el sector agroindustrial no soporta más las políticas públicas ya ejecutadas puesto que cada vez están generando más problemáticas para la población, inclusive la falta de alimentos básicos como el arroz y los frijoles.

El señor Lenin, además, afirma que los costarricenses necesitan del arroz y los frijoles para comer todos los días, por lo que solicita respetuosamente que se defiendan los derechos de las personas trabajadoras que necesitan dichos alimentos para sobrevivir.

Teatro de Bolsillo, espacio para las artes presenta “Campaña teatral por los derechos de las personas con discapacidad ANTOÑO”

La campaña teatral por los derechos de las personas con discapacidad ANTOÑO es una adaptación de la obra “Los frutos de la vida” de Víctor Valdelomar. La actuación estará a cargo de Marco Kiko Palma Leiva y la dirección por el mismo Víctor Valdelomar, lo que quiere decir que es un teatro unipersonal.

Las obras se realizarán 100 metros este de la Iglesia Católica en San Pedro, la primera función será el viernes 31 de mayo a las 7:00 p.m, seguida por una serie de funciones en el mes de junio. El sábado 1 de junio será a las 7:00 p.m, el domingo 2 de junio a las 6:00 p.m, el viernes 7 de junio a las 7:00 p.m, el sábado 8 de junio a las 7:00 p.m y el domingo será la última función a las 6:00 p.m.

Haga sus reservas al número 8714-6784, el precio general de la entrada es de 8000 colones. Teatro de Bolsillo le invita a asistir, disfrutar y colaborar. Para más información observe el afiche adjunto. 

Derecho de propiedad ancestral afrodescendiente

El documento compartido con SURCOS es una notificación dirigida al Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, enviada por la Licda. Angie Cruickshank Lambert, Defensora de los Habitantes, junto con una copia al señor Marco Vinicio Levy Virgo.

La notificación es una solicitud presentada por Levy, quien solicita la intervención de la Defensoría de los Habitantes en temas relacionados con el derecho de propiedad ancestral afrodescendiente.

De tal manera, la Defensoría de los Habitantes admite la solicitud de intervención para su trámite, notificando al solicitante sobre la admisión de los puntos 1, 2 y 3 de su petición.

Se enfatiza que la admisión no implica la aceptación de los hechos enunciados en la solicitud. Dentro de la solicitud, se le pide al Gobierno un informe detallado de las acciones realizadas para definir el término «propiedad ancestral afrodescendiente» en relación con el decreto ejecutivo N° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP y el proyecto de ley 23903. Además, se requiere información sobre posibles coordinaciones interinstitucionales y acciones a emprender para abordar el tema.

Por último, la Defensoría de los Habitantes solicita al Gobierno que remita el informe dentro de un plazo de cinco días hábiles, conforme al artículo 20 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes. También se solicita comunicar cualquier información adicional relacionada con el asunto. Se recuerda a los órganos públicos su obligación de colaborar con la Defensoría de los Habitantes y brindar facilidades para sus investigaciones.

24 de abril: Collage de voces en protesta

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Compartimos este 24 de abril del 2024 en la Avenida Segunda de San José, Costa Rica, en la marcha por la defensa de la política social, el agua y muchas reivindicaciones democráticas que vienen siendo erosionadas por los modelos de mercantilización intensiva que se han venido promocionando en nuestras sociedades.

Para escuchar el audio, ingrese en este enlace.

Solicitud al ICT sobre derechos de las personas afrodescendientes

El señor Marco Levy Virgo, residente de Limón, específicamente de Barrio Roosevelt, presenta una queja a la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo sobre la violación de los derechos de la población afrodescendiente en relación con el Plan de Gestión de Destino para el Caribe. Argumenta que el plan regulador costero propuesto por la Municipalidad de Talamanca contradice los convenios 107 de 1957 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales protegen los territorios ancestrales afrodescendientes.

Afirma que mediante el plan de Gestión de Destinos Turísticos el ICT pretende fortalecer el proceso de gestión del turismo, el cual brinda acompañamiento a las organizaciones locales para que se tomen en cuenta la inclusión y la sostenibilidad como elementos claves del desarrollo que se pretende realizar en la zona, volviéndola más competitiva. Además, hace mención que el Estado costarricense reconoce que la población afrodescendiente se encuentra asentada en el Caribe y que tienen tradiciones sociales, culturales y económicas diferentes de otras secciones de la comunidad nacional, y que debido a esto dicha comunidad se identifica con su territorio ancestral, además que mediante el Decreto Ejecutivo N° 43191-MP-MCJ del 31 de agosto del 2021, se declaró de interés público a la población afro costarricense, su identidad cultural, idioma y demás.

Debido a dicho incumplimiento, en su calidad de ciudadano afrodescendiente, solicita al Instituto acciones concretas para proteger los derechos de su comunidad, incluyendo la exclusión de sus tierras ancestrales del plan regulador, la creación de una ley especial que garantice sus derechos, medidas contra la gentrificación y el apoyo al desarrollo turístico respetuoso con sus territorios y cultura.

Compartimos el documento.

Imagen ilustrativa, UCR.

Defensoría investigará al CONAVI por el estado de los puentes

Tanto pasos peatonales como vehiculares

La red vial nacional de un país es uno de sus activos más importantes, ya que tanto su desarrollo, como un eventual colapso, tiene efectos directos sobre los bienes y servicios públicos disponibles, oportunidades de un bienestar económico y especialmente, sobre la seguridad y la vida de sus habitantes.

Es desde esta perspectiva que la infraestructura es considerada un derecho humano progresivo, con un impacto transversal en el desarrollo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientes, correspondiendo al Estado la obligación, tanto del desarrollo de nueva infraestructura vial, como el adoptar las medidas de inversión en su mantenimiento, conservación y buen estado de la ya existente.

Es en este sentido, que la Defensoría de los Habitantes, haciendo eco del llamado del LANAMME, en el que se viene advirtiendo, no ya de la necesidad del desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura vial, sino del progresivo deterioro de la infraestructura existente, ha procedido a la apertura de una investigación en la que, desde la perspectiva de Derechos Humanos, realizará un análisis del sistema de gestión de Puentes del CONAVI, para lo que ha solicitado el inventario completo y la base de datos actualizada sobre la condición y/o estado de todos los puentes vehiculares y los puentes peatonales de la Red Vial Nacional.

Asimismo es de interés abordar durante la investigación, los criterios de priorización en la formulación presupuestaria para la planificación y programación de conservación, rehabilitación y sustitución de puentes de la Red Vial Nacional, con especial énfasis en los proyectos que serán cubiertos con los recursos del préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que tramita actualmente la Asamblea Legislativa por un monto 700 millones de dólares, entre los que se detallan 135 puentes.

La Defensoría de los Habitantes continuará con otras investigaciones, en las que se abordará el tema sobre la “gobernanza de infraestructuras”, como lo ha dado a llamar la OCDE, abordando otros temas como la infraestructura vial cantonal y la infraestructura educativa.

“Dado que existe una relación directa entre los derechos humanos, la competitividad/producción de un país y el crecimiento de su infraestructura, la Defensoría de los Habitantes como Institución Nacional de Derechos Humanos, no puede permanecer ajena a estos temas, ya que cuando un país desarrolla infraestructura, resiliente, oportuna y  de calidad, como lo señala el objetivo 9 de los ODS, conlleva un impacto positivo, directo y transversal en la Agenda del Desarrollo Sostenible, al que igualmente se deben hacer los esfuerzos necesarios para incluir a todas las regiones del país, sin dejar a nadie atrás”, dijo la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Amenaza de regresividad de derechos desvela al país

Defensoría: Situación del país en materia de seguridad, salud, educación y atención de la pobreza es crítica

Costa Rica viene atravesando por circunstancias críticas desde hace varios años, principalmente en materia de seguridad, educación, salud y atención de la pobreza, que genera un riesgo alto para el respeto de los derechos de la población.

Para la Defensoría de los Habitantes, el Estado debe prestar no solo atención al estado de esta situación sino también fortalecer las acciones tendientes a luchar contra manifestaciones de violencia en distintos espacios de la vida cotidiana de las personas, y atender con prontitud, toda acción que procure discriminación y con ello, inequidad, desigualdad y la falta de igualdad de oportunidades.

La pobreza -medida por el método de ingresos, el método multidimensional o ambos métodos- afecta a más del 30% de la población costarricense, la cual también se ve agravadas, de una u otra forma, con recortes en la inversión social.

La seguridad ciudadana y la convivencia pacífica ha desmejorado desde el año 2015 y se originan cambios constantes en los lineamientos estratégicos de la institucionalidad que atiende el sector. En el año 2023, se registraron 907 homicidios (la mayor cantidad en la historia del país). Al 21 de marzo de 2024 se registran 200 homicidios. Mientras tanto el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hace llamados urgentes al país, y de manera constante, por un fortalecimiento de su presupuesto.

A ello se suma que los flujos migratorios mixtos han sobrepasado las capacidades de la institucionalidad pública costarricense. Más de 400.000 personas cruzaron Costa Rica proveniente de otros países con crisis humanitarias sobrevenidas por complejas dinámicas socioeconómicas y políticas.

En materia de Educación, el panorama expuesto por el Estado de la Educación 2021 y 2023 es urgente de atender en campos como la calidad, el financiamiento, infraestructura, brecha digital, competencias lectoras de las y los estudiantes; el liderazgo pedagógico, ampliación de la cobertura del bilingüismo y el fortalecimiento de la educación técnica, entre muchos otros aspectos.

Las vulneraciones al derecho a la salud debido a las listas y tiempos de espera para procedimientos y exámenes médicos, los rezagos en infraestructura hospitalaria y del primer nivel de atención, así como el faltante de especialistas, entre otras situaciones. A ello se suma las diversas crisis de acceso al agua potable para consumo humano en diversas regiones del país, tanto en la Gran Área Metropolitana como en el resto del país.

“Costa Rica debe dar el paso en la mejora de la calidad en la prestación de los servicios públicos a través del fortalecimiento de la institucionalidad en las comunidades, la participación activa de la sociedad civil organizada y la disponibilidad de recursos dirigidos a la inversión social”, dijo esta mañana la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Política nacional de desarrollo costero: Este es el monstruo al que nos enfrentamos

Bernardo Archer Moore

Por Bernardo Archer Moore

La titularidad de nuestras tierras costeras en el Caribe de Costa Rica es un tema que involucra aspectos legales, culturales y ambientales, que el Ministerio de Planificación Nacional y el Instituto Costarricense de Turismo nunca han tomado en cuenta.

En la región del Caribe, especialmente en lugares como la Barra del Colorado, Tortuguero, Ciudad de Limón, Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo, existen comunidades indígenas y afrodescendientes con derechos ancestrales sobre la tierra.

Paralelo a las regulaciones estatales que protegen ciertas áreas como Patrimonio Natural del Estado o Zona Marítima Terrestre, que puede limitar el uso privado de la tierra; sin embargo, la legislación costarricense reconoce los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes sobre sus territorios tradicionales, lo que incluye las zonas costeras.

Razón por la cual es importante que se respeten los derechos de las comunidades locales y que se busquen soluciones que equilibren la protección del medio ambiente con el desarrollo sostenible de la región.

La colaboración entre las autoridades locales, las comunidades indígenas y afrodescendientes, y las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para encontrar soluciones justas y equitativas para todos los involucrados. Ese es precisamente el dilema que tenemos entre manos.

Las políticas públicas que promueven el desarraigo y la gentrificación en estas zonas costeras a través de los “PLANES REGULADORES COSTEROS”, suelen estar motivadas por varios factores.

Primordialmente están diseñadas para impulsar el desarrollo económico y turístico de la zona, lo que puede llevar a la expulsión de residentes de bajos ingresos y a la transformación de la comunidad local.

Además, la presión de la demanda de vivienda en estas atractivas zonas costeras, llevaran a un aumento de los precios de la vivienda, lo que paralelo al incremento de ganancias de los inversionistas, a su vez, desplazará a los residentes de larga data.

Es importante entonces, que las políticas públicas tengan en cuenta el impacto social y económico en las comunidades locales y busquen soluciones equitativas que protejan los derechos de los residentes actuales mientras se fomenta el desarrollo sostenible.

No es la cultura de la región la que necesita cambiar y adaptarse a las nuevas políticas públicas, sino que éstas deben formularse de acuerdo con la cultura y el estilo de vida de las personas, algo difícil para quienes detentan el poder político local y nacional; quienes  una vez electos y nombrados, se sienten amos exclusivos de la corona.