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Etiqueta: derechos culturales

¿Qué pasa en el sector cultura? Conversamos con Mercedes Castro

Observatorio de Bienes Comunes

Conversamos con Mercedes Castro para conocer la importancia del sector cultura, para nuestras sociedades, pero también conocer las implicaciones que tiene el contexto actual ¿Cuáles aspectos caracterizan su momento actual? ¿Qué impresiones le deja este contexto para una persona trabajadora de este sector? ¿Qué desafíos representa?

Para escuchar la conversación, ingrese en este enlace.

Sentires y Saberes: El Frente Cívico Social Laboral de Limón responde ¿Cómo está Limón?

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Conversamos con Carlos Obando del Frente Cívico Social Laboral de Limón para conocer su lectura sobre lo que viene pasando en Limón y los desafíos que tienen ante la profundización de las brechas socioeconómicas que vienen enfrentado. 

Para conocer más a fondo el Frente, les invitamos a seguir su página de facebook Frente Cívico Social Laboral de Limón. 

Para escuchar la conversación, ingrese en este enlace.

El origen de los festivales culturales en Yímba Cájc

Por Uriel Rojas

Rey Curré/Yímba organizó su Primer Festival Cultural Indígena un 12 de octubre de 1992 en el marco de los 500 años de la aparición de Cristóbal Colón a tierras de América. Fue una actividad organizada por la escuela de la comunidad quienes realizaron de manera sencilla, una breve exposición de algunos elementos que han caracterizado a la cultura indígena local.

El evento buscaba mostrar las características de la herencia de sus antepasados, así como las costumbres practicadas a mediados de siglo XX y los presentes.

Desde este momento, el objetivo era concientizar a la comunidad tanto estudiantil como general, el verdadero significado de lo que la sociedad nacional celebraba cada 12 de octubre, desde la percepción indígena.

Por seis años consecutivos la escuela, en conjunto con la Asociación de Desarrollo local lleva adelante esta actividad celebrándose los 12 octubre.

Sin embargo, en el contexto del sexto Festival Cultural a realizarse en 1998, se une el Museo Nacional de Costa Rica a esta iniciativa.

Esto trajo consigo el cambio de fecha en acuerdo conjunto entre todos los organizadores.

En este contexto, los vecinos de Curré con el apoyo del MNCR había recuperado un monolito o pilar de piedra, lo que representaba un logro importante en los procesos de luchas sociales en defensa de los derechos culturales.

Este pilar de piedra o monolito lo van a ubicar en los alrededores de la escuela local y se acuerda fijar de aquí en adelante, el final de mes de octubre como fecha oficial de los Festivales Culturales.

Para el año 2000, la comunidad tuvo que enfrentar el riesgo de ser reubicado tras el interés de construir una represa cuyo sitio de presa se ubicaba dentro de su territorio.

Sin duda, este espacio generado por los festivales sirvió de escenario propicio para exponer el descontento social de la comunidad ante los promotores de dicha hidroeléctrica.

Con el paso del tiempo, la comunidad en general logró apropiarse de estos festivales, a tal punto que lo ha incluido como inversión obligatoria dentro del presupuesto anual que destina la ADI en beneficio de la cultura y la imagen comunal.

Para el 2019, este festival no se pudo realizar debido a que la pandemia de la COVID 19 se encontraba en su mayor propagación.

Para este 27 y 28 de octubre de 2023 se llevará a cabo el XXX Festival Cultural que se ha convertido en una fiesta del pueblo y, junto al Juego de los Diablitos que celebran a principio de febrero representan dos espacios en donde ponen de manifiesto la identidad cultural de Rey Curré/Yímba, un pueblo indígena de origen boruca.

Nota cultural J.E.Ch.

Manifestación de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indigena de Kekoldi en apoyo a los hermanos indígenas Bribri de Cabagra en su lucha por mantener su legado cultural Matrilineal

A continuación, el comunicado emitido por la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kekoldi, donde destaca: «Una vez mas el Gobierno en su institucionalidad de Dinadeco toma la decisión en contra de los derechos culturales del pueblo indígenas bribri de Cabagra. Pretendiendo eliminar el clan como requisito esencial para ser afiliado a la Asociación Indígena del territorio indígena Bribri de Cabagra.

Una vez más el Gobierno en su institucionalidad de Dinadeco toma la decisión en contra de los derechos culturales del pueblo indígenas bribri de Cabagra. Pretendiendo eliminar el clan como requisito esencial para ser afiliado a la Asociación indigena del Territorio Indigena Bribri de Cabagra. Sin saber que: El Clan es la raíz genética, la sangre, el linaje que se hereda ancestralmente por la madre y define la misión de cada indígena en el territorio. Cada clan tiene distintas fortalezas y distintas formas de aportar al bien común y al cuidado de la Madre Tierra. Hay ciertos clanes que son Jawä (doctores), otros que son Bikákala (encargados de ceremonias) entre muchas categorías. Este conocimiento ancestral es fundamental para el orden socio-cultural Bribri y Cabécar y está vinculada a la cosmovisión espiritual: los clanes nacen cuándo Sibö nos trajo al mundo y nos sembró en forma de semillas en clanes pares, que responde a un profundo conocimiento ancestral que nos ha permitido a sobrevivir como pueblo ancestralmente. «Es preocupante para nuestros pueblos hermanos Bribris y Cabécares en cosmovisión, que no se reconozca un concepto esencial de nuestra cultura.

Cómo Asociacion Indigena Bribri de kekoldi demandamos la restitución del principio de derecho fundamental del pueblo indigena bribri de cabagra y se restituya los procesos en donde se garantice el respeto de nuestra cosmovisión ancestral indigena.

Por lo tanto, estaremos vigilantes desde nuestro Territorio Indígena Bribri de kekoldi a estas conductas reprochables de la institucionalidad de Dinadeco hacia los pueblos indígenas Bribris y cabécares.

Por medio de la presente la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indigena Bribri de kekoldi, damos apoyo y pedimos el absoluto respeto a los derechos de autonomía y determinación de los hermanos indígenas de Cabagra.

https://facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0LxuFBY6669nyVyNcWt9D4KkQpbsQvGGLCzHbvLa6PpcQPQNEtzugczz5n9mMu6mHl&id=100068456688706&mibextid=Nif5oz

Organizaciones llaman al Estado costarricense a garantizar los derechos de las personas trabajadoras migrantes y refugiadas

Instamos al Estado costarricense a reconocer los obstáculos que enfrentan las personas trabajadoras migrantes y refugiadas para el acceso a sus derechos. Llamamos la atención para que se tomen medidas inmediatas e integrales para su garantía.

San José. – En el marco del mes de las personas trabajadoras, organizaciones de la sociedad civil participamos en un encuentro para discutir sobre los desafíos a los que se enfrentan las personas trabajadoras migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en Costa Rica y cómo ello afecta su integración y el acceso a sus derechos.

Una de las razones que identificamos a partir de este encuentro, y la cual consideramos imposibilita la efectiva creación y administración de políticas públicas que garanticen la integración de las personas trabajadoras migrantes a las comunidades de acogida, es el escaso registro que existe tanto del flujo de personas trabajadoras migrantes como del acceso a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como a condiciones laborables justas.

Denunciamos que la reducción de presupuesto y recursos estatales profundiza la complejidad en los procesos de regularización migratoria. Los requisitos, en algunos casos incumplibles, generan costos y demoras que conducen a un círculo vicioso de irregularidad migratoria, imposibilitando a las personas trabajadoras migrantes al acceso de condiciones laborales equitativas y empujándolas a la informalidad. Asimismo, evidenciamos que las recientes medidas en materia de migración implementadas por el gobierno costarricense profundizan las deudas históricas del Estado con esta población. El Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 limita su capacidad de trabajar y exige que la solicitud de asilo sea realizada dentro de los primeros 30 días del ingreso al país; esto contraviene abiertamente los estándares internacionales de derechos humanos, pues lesiona el derecho a buscar y recibir asilo, el debido proceso, el derecho de defensa y el acceso a las diversas instancias, además de lesionar el derecho a trabajar de las personas solicitantes y  refugiadas así como su libertad de tránsito.

La informalidad laboral provocada por la irregularidad migratoria suscita escenarios que agravan la susceptibilidad a sufrir abuso laboral, discriminación y trata; situaciones complejas de prevenir y denunciar en sectores como el privado. Un ejemplo concreto de ello es el de las trabajadoras domésticas.

Destacamos la necesidad de que el Estado costarricense cumpla con garantizar los derechos de las personas migrantes de conformidad con las obligaciones adquiridas mediante la ratificación de diversos instrumentos internacionales y su propia normativa interna. Consecuentemente, instamos al Estado a implementar instrumentos internacionales como los Convenios 111 y 189; y la ratificación del Convenio 190 (todos de la Organización Internacional del Trabajo- OIT). Mecanismos de protección ante la discriminación en el empleo, que garanticen el acceso a trabajo digno para las personas trabajadoras, así como la prevención de la violencia y el acoso en el contexto laboral.

La irregularidad laboral expone a las personas trabajadoras a situaciones abusivas como lo son recibir un salario 40% inferior, falta de medidas de seguridad en el ambiente laboral, malos tratos, entre otros. En vista de sus necesidades, muchas personas se han resignado a trabajar en condiciones sin garantías. Señalamos además que estas desprotecciones impactan en mayor medida a distintas poblaciones según condiciones particulares de vulnerabilidad como lo son el género, la identidad de género, la orientación sexual, el origen cultural o étnico, entre otros.

Aunado a lo antes mencionado, ponemos sobre la mesa la creciente brecha digital provocada por la implementación de herramientas tecnológicas y digitales para llevar a cabo trámites migratorios, solicitud de asilo y la inscripción a la Caja costarricense del seguro social (CCSS). Estas medidas se han implementado sin considerar la situación de las personas migrantes que carecen de medios para acceder a dichos dispositivos o que viven en zonas rurales con poco acceso a internet. Esto supone la violación de derechos, como: a) recibir información clara, planteada en términos accesibles para la comprensión de sus derechos; b) conocer los requisitos para ingresar o permanecer en el país; y c) ser informadas sobre las medidas que el Estado pudiese tomar sobre su persona.

En consideración de que actualmente se encuentra en desarrollo la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034, solicitamos a las autoridades a implementar medidas que faciliten la integración de las personas y a no obstaculizar su acceso al trabajo justo y digno; así como a  considerar el rol de la responsabilidad social empresarial (RSE) para la creación de medidas inclusivas de toda la población en movilidad en el país, desde una perspectiva interseccional que atienda particularidades de género, identidad, orientación sexual, entre otros.

En virtud de lo anterior, le solicitamos al Estado de Costa Rica que:

  1. Adecúe su marco normativo para derogar el Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 y garantice vías de regularización adecuadas y viables para los diferentes perfiles e interseccionalidades de las personas, reduciendo los costos migratorios, simplificando trámites y cumpliendo con los 90 días de respuesta indicados por la ley.
  2. Mantenga abiertos los canales de comunicación con las organizaciones de y pro personas migrantes, a través de mecanismos de comunicación expeditos con la comunidad en movilidad, con el objeto de que las personas puedan ejercer de manera adecuada su derecho a la información; y facilite mecanismos que acorten la brecha digital que ha significado la implementación de herramientas digitales.
  3. Que en el marco de la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034 se apliquen perspectivas inclusivas, de género y de derechos humanos, de manera que los desafíos a los que sobreviven las personas sean abarcados contemplando su interseccionalidad desde la intersectorialidad institucional, logrando una integración de diversos sectores institucionales con una visión conjunta para resolver problemas sociales.
  4. Avance en capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos y actores privados que tienen directa interacción con la comunidad en movilidad en la entrega de servicios, para garantizar la promoción y protección de los derechos de las personas en movilidad humana en el país.
  5. Que se revitalice el Consejo Nacional de Migración, según lo establece la Ley General de Migración y Extranjería, como espacio técnico-político que recomienda al Poder Ejecutivo las políticas migratorias.  Nos preocupa que en el último año de gobierno, este Consejo se ha convertido en un espacio informativo y no deliberativo.

Organizaciones firmantes:

  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
  • Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS).
  • Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA CASABIERTA).
  • Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
  • Asociación Scalabriniana al Servicio de Migrantes.
  • Asociación Enlaces Nicaragüenses en Costa Rica.

Mensaje de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas

Comunicado oficial

El proceso llevado a cabo por DINADECO en Cabagra no es culturalmente apropiado y no cumple con los estándares internacionales de Derechos Humanos que protegen a los pueblos indígenas, preocupa los temas de seguridad, paz y convivencia pacífica en este contexto.

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas con fundamento en su Ley de creación N°5251, le compete pronunciarse en protección del pueblo indígena Bribrí de Cabagra. Manifiesta, que el procedimiento seguido por DINADECO violenta los derechos culturales de los pueblos indígenas reconocidos nacional como artículo 1 de la Constitución Política y la Ley Indígena e internacionalmente como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT (supraconstitucional para Costa Rica). Se denota desconocimiento, de carácter riesgoso en derechos, ante las medidas tomadas para apresurar la asamblea de este territorio del 10 de junio 2023, poniendo en peligro sistemas propios culturales del pueblo Bribrí.

La institución considera de gran importancia empoderar al territorio de Cabagra a realizar procesos en mira de la transparencia y anticorrupción. Sin embargo, se debe cumplir con los estándares internacionales donde se procure respetar los principios de autodeterminación y autonomía, procurando con ello que no se ponga en riesgo la participación legítima de las personas indígenas, así como la protección contra personas no indígenas con intereses particulares que puedan amedrentar los espacios propios de las personas indígenas, tal como lo indica las recomendaciones del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en su apartado de Libre determinación, autogobierno y participación política (A/HRC/51/28/Add. 1) y el dictamen de la procuraduría «… por ello es inconcebible que personas no indígenas puedan participar de ellas por ejemplo, en la asambleas generales, en mucho menos, que se les permita acceder a puestos de decisión como la Junta Directiva, o aún representantes por las asociaciones ante otras entidades…» (C-045-2000 del 9 de marzo del 2000)

Es por esto que la CONAI hace un llamado a las instituciones en este caso DINADECO a respetar su resolución del 29 de marzo del 2023, cumpliendo la consulta según los estándares internacionales antes de convocar a asamblea según la resolución DDN-RE- 035-2023 en donde su parte dispositiva resolvió: La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, con fundamento en los hechos expuestos y consciente del perjuicio en la comunidad, estima anular el nombramiento de la Comisión para la Revisión y Conformación del Padrón de Afiliados de la ADII de Cabagra y el Grupo de Mayores citado, así como sus actuaciones, con el fin de replantear el proceso seguido y garantizar que situaciones tan gravosas no se vuelvan a dar. En este cometido, de previo a determinar las acciones a seguir, con miras al objetivo de depurar el padrón de afiliados de la ADII, que permita la celebración de una nueva asamblea que elija su junta directiva, la institución consultará a distintas instancias territoriales e institucionales con la finalidad de que el proceso a seguir sea respetuoso de la autonomía, costumbres y tradiciones intrínsecas del Territorio Indígena de Cabagra. 

Celebran semana con más de 50 personas de comunidades campesinas, costeras e indígenas 15 años en la Defensa Comunitaria del Territorio

El programa Kioscos Ambientales está celebrando sus quince años junto con las comunidades que defienden sus territorios y los bienes comunes, por segundo año consecutivo organiza la Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios que tendrá como eje los intercambios territoriales, generacionales y de saberes.

La actividad tendrá lugar del 13 al 16 de octubre en la Universidad de Costa Rica como sede central, y en el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI). Participarán cerca de 50 personas, tanto población estudiantil y personal docente de la universidad, así como personas provenientes de distintas comunidades, tales como territorios indígenas de China Kichá, Salitre, Térraba, Crun Shurin, Bribri de Talamanca, Chomes, Guacimal, Guatuso, Los Chiles, Buenos Aires, Oreamuno de Cartago y Santo Domingo de Heredia.

El acompañamiento durante 15 años del Programa Kioscos Socioambientales a distintas comunidades del país ha evidenciado que los conflictos, tanto socioambientales como otros de índole territorial, por ejemplo, el caso de los pueblos indígenas, aumentan y se recrudecen en un contexto nacional de múltiples violencias e impunidad, reflejo evidentemente de las políticas y gobiernos neoliberales que operan sobre nuestro país y en la región latinoamericana.

Defender los derechos humanos, colectivos y culturales, así como los bienes comunes de la naturaleza, ha sido la bandera que izan las organizaciones comunitarias, construyendo alianzas, visibilizando las problemáticas y la desprotección estatal y disputando discursos de odio, profundizados a través de medios de comunicación tradicionales y reproducidos por quienes guiñan con los intereses privados de unos pocos sectores con poder.

Por eso, desde Kioscos, en conjunto con las comunidades que acompañamos, desde el 2021 hemos intentado conmemorar desde el diálogo crítico, abierto y respetuoso, a esas defensoras y defensores que, desde su cotidianidad, crean procesos colectivos que buscan evitar que los rasgos coloniales y patriarcales acaben con la vida en los territorios.

Así nació la Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios. El año anterior, la dedicamos a abordar temas de bienes comunes, migración, lucha por la tierra y por el territorio, este 2022, a partir de las reflexiones a lo largo del año con las organizaciones, se propone como eje central el tema de los intercambios generacionales y de saberes, de manera, que serán las personas jóvenes las participantes centrales de esta Semana, compartiéndonos sus inquietudes, preguntas, reflexiones y alternativas, que buscan continuar con la defensa territorial y el cuido de la vida y de los bienes comunes.

El jueves 13 se realizará el conversatorio Intercambios generacionales para la defensa comunitaria de los territorios, a las 6:00 pm en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura de la UCR. El viernes 14 se realizará un taller en el Edificio de Educación Continua de la UCR, en el que 20 estudiantes podrán participar (formulario para inscribirse es el siguiente: https://docs.google.com/…/1FAIpQLScXd6w8hff…/viewform…,) y el sábado 15 las personas de las comunidades tendrán 2 giras simultáneas a Santo Domingo de Heredia, para conocer e intercambiar experiencias en torno a la lucha por el Río Virilla, y a Cipreses de Oreamuno, en Cartago, para conocer a profundidad la realidad de esta comunidad frente a la desprotección y contaminación de las nacientes de agua con agroquímicos.

El foro del jueves es abierto a todo público. Desde Kioscos tenemos el gran interés de seguir fomentando espacios de articulación, encuentro, reflexión y diálogo, para aquellas personas defensoras de la vida y de sus territorios.

Informes con José Mora, coordinador del Programa Kioscos Socio ambientales UCR al tel. 2511-6221

Intercambios generacionales y de saberes en la Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios

El acompañamiento durante 15 años del Programa Kioscos Socioambientales a distintas comunidades del país ha evidenciado que los conflictos, tanto socioambientales como otros de índole territorial, por ejemplo, el caso de los pueblos indígenas, aumentan y se recrudecen en un contexto nacional de múltiples violencias e impunidad, reflejo evidentemente de las políticas y gobiernos neoliberales que operan sobre nuestro país y en la región latinoamericana.

Defender los derechos humanos, colectivos y culturales, así como los bienes comunes de la naturaleza, ha sido la bandera que izan las organizaciones comunitarias, construyendo alianzas, visibilizando las problemáticas y la desprotección estatal y disputando discursos de odio, profundizados a través de medios de comunicación tradicionales y reproducidos por quienes guiñan con los intereses privados de unos pocos sectores con poder.

Por eso, desde Kioscos, en conjunto con las comunidades que acompañamos, desde el 2021 hemos intentado conmemorar desde el diálogo crítico, abierto y respetuoso, a esas defensoras y defensores que, desde su cotidianidad, crean procesos colectivos que buscan evitar que los rasgos coloniales y patriarcales acaben con la vida en los territorios.

Así nació la Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios. El año anterior, la dedicamos a abordar temas de bienes comunes, migración, lucha por la tierra y por el territorio, este 2022, a partir de las reflexiones a lo largo del año con las organizaciones, se propone como eje central el tema de los intercambios generacionales y de saberes, de manera, que serán las personas jóvenes las participantes centrales de esta Semana, compartiéndonos sus inquietudes, preguntas, reflexiones y alternativas, que buscan continuar con la defensa territorial y el cuido de la vida y de los bienes comunes.

La actividad tendrá lugar del 13 al 16 de octubre en la Universidad de Costa Rica como sede central, y en el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI). Participarán cerca de 50 personas, tanto población estudiantil y personal docente de la universidad, así como personas provenientes de distintas comunidades, tales como territorios indígenas de China Kichá, Salitre, Térraba, Crun Shurin, Bribri de Talamanca, Chomes, Guacimal, Guatuso, Los Chiles, Buenos Aires, Oreamuno de Cartago y Santo Domingo de Heredia.

El jueves 13 se realizará el conversatorio Intercambios generacionales para la defensa comunitaria de los territorios, a las 6:00 pm en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura de la UCR. El viernes 14 se realizará un taller en el Edificio de Educación Continua de la UCR, en el que 20 estudiantes podrán participar, y el sábado 15 las personas de las comunidades tendrán 2 giras simultáneas a Santo Domingo de Heredia, para conocer e intercambiar experiencias en torno a la lucha por el Río Virilla, y a Cipreses de Oreamuno, en Cartago, para conocer a profundidad la realidad de esta comunidad frente a la desprotección y contaminación de las nacientes de agua con agroquímicos.

Esperamos que puedan acompañarnos en el foro del jueves, que será una actividad abierta a todo público. Desde Kioscos tenemos el gran interés de seguir fomentando espacios de articulación, encuentro, reflexión y diálogo, para aquellas personas defensoras de la vida y de sus territorios.

Carta abierta del sector cultura al presidente de Costa Rica

Más de 20 organizaciones de gran relevancia en el país, se unen con el propósito de hacer un llamado al diálogo de urgencia, tanto a Casa Presidencial, como a la Asamblea Legislativa, esto en respuesta a los recortes al sector cultural y artístico del país.

Sr. Rodrigo Chaves

Presidente de la República

San José – Costa Rica

 

Cc.

Natalya Díaz Q

Ministra de la Presidencia /Comisión Nacional para un Estado Abierto.

 

Sra. Paulina Ramírez P

Presidenta Comisión de Hacendarios.

 

Sra. Nayuribe Guadamuz R

Ministra de Cultura y Juventud.

 

Sr. Juan Carlos Chavarría.

Departamento de Participación ciudadana.

 

Señores y Señoras Diputadas

Asamblea Legislativa de Costa Rica.

 

Estimado señor Presidente:

Reciba un cordial saludo de parte de las organizaciones del sector creativo, artístico y cultural de Costa Rica aquí suscritas. Nuestras organizaciones representan a miles de personas trabajadoras a lo largo y ancho del territorio nacional.

Desde nuestras diferentes organizaciones y en distintos momentos, hemos intentado establecer espacios de diálogo y construcción con la señora Ministra de Cultura y Juventud (MCJ), así como con las personas jerarcas de los órganos adscritos. Sin embargo, no hemos encontrado una voluntad de comunicación en la mayoría de las direcciones artísticas, ejecutivas y jerarcas ministeriales, pues las respuestas han sido tardías o han demostrado en muchos casos poco interés en contemplar los aportes del sector, salvaguardando a los colegas de SINEM, CNM y DGB, quienes han tratado de fortalecer este espacio.

Por este medio, le solicitamos respetuosamente contemplar las necesidades del sector en la toma de decisiones y abrir espacios permanentes de diálogo, especialmente en torno a los proyectos presupuestarios del Ministerio de Cultura y Juventud, que serán tramitados ante el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa.

Estimamos relevante recordarle que el sector cultura es uno de los sectores económicos que se vieron más afectados por la pandemia, y ahora, por la inflación y la crisis económica nacional e internacional.

En el análisis hecho a la información facilitada en el oficio DVMA-0692-2022 del 23 de agosto por el despacho del Viceministerio Administrativo del MCJ, a raíz de las solicitud planteada al MCJ el 9 de agosto del 2022 por 15 de nuestras organizaciones, en relación al anteproyecto presupuestario 2023 del MCJ (anexada a este documento), se pudo constatar que existen cambios en los fondos destinados a la Ley de Emergencia y Salvamento Cultural (N° 10041), los cuales no fueron socializados en los medios de comunicación oficiales de la institución, atentando contra el principio de transparencia. Adicionalmente no se aclara en el oficio el detalle de esos ajustes ni los programas impactados.

Tampoco se puede visualizar, en la información facilitada, un plan de inversión a nivel de infraestructura, capacitación, fondos concursables y otros, situación que preocupa a las organizaciones. En el caso específico de la infraestructura, existe una particular preocupación por el notable deterioro que tienen las instalaciones de diferentes espacios que están bajo la administración del MCJ; donde está en juego la integridad física de las personas e, incluso, su vida. Así mismo, no se ve reflejado presupuestariamente el contenido con el que se atenderán las necesidades identificadas el año anterior en el trabajo colectivo de las mesas sectoriales.

No se indica en la comunicación facilitada por el Viceministro Administrativo, una fecha límite para realizar observaciones, ni una garantía de que los aportes brindados por la ciudadanía puedan ser considerados en el anteproyecto presupuestario. Debido a que la respuesta del señor Viceministro se realizó faltando básicamente tres días hábiles a la presentación del anteproyecto presupuestario ante la Asamblea Legislativa, no vemos una voluntad de escuchar las inquietudes del sector cultural y mucho menos de atenderlas.

En todo momento las organizaciones y personas firmantes hemos tenido una intención respetuosa y abierta al diálogo para encontrar puentes de comunicación, pero el hermetismo que se encuentra en el MCJ, como algunos de los órganos desconcentrados, nos han llevado a realizar el presente comunicado de forma abierta y pública, ya que es nuestra obligación como profesionales de la cultura y por los fines propios de nuestras organizaciones, velar por el bien de nuestros agremiados y la cultura en general de este país. Creemos que esta forma de actuar está dañando lo poco -pero importante- que se había logrado en años anteriores, interrumpiendo el inicio de un proceso de recuperación económica para un sector que, como el nuestro, fue tan afectado en los dos últimos años.

Es por estas razones que emitimos el presente comunicado:

Considerando

1- Que en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconocen los derechos culturales como derechos fundamentales para la realización plena e integral de la persona humana.

2- Que la Constitución Política, en su artículo 9, establece que el Gobierno de la República es representativo y, a la vez, popular y participativo, lo cual establece un mandato claro a los Poderes del Estado de incorporar en sus procesos a la ciudadanía mediante mecanismos de acceso a la información y consulta.

3- Que el 26 de abril del 2022 se publicó el decreto N° 43525 enfocado específicamente en el «Fomento del Gobierno Abierto en la Administración Pública y la creación de la Comisión Nacional para un Estado Abierto.»

4- Que la transparencia gubernamental es el resultado de las buenas prácticas para el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

5- Que el derecho de acceso a la información pública es fundamental para el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia representativa y participativa, en tanto que permite a la sociedad civil analizar, juzgar y evaluar íntegramente los actos de sus representantes y estimula la transparencia en los actos de la administración pública del Estado.

6- Que los órganos y entes estatales deben fomentar la participación ciudadana y el trabajo colaborativo para acercar la toma de decisiones al ciudadano, permitiéndole la generación de propuestas, el planteamiento de sugerencias y oportunidades de mejora, así como su fiscalización en todas las etapas de la formulación y ejecución de políticas públicas.

7- Que la Política Nacional de Derechos Culturales de Costa Rica 2014-2023, cuenta con una vigencia por 10 años, razón por la cual resulta necesario iniciar -cuanto antes- el proceso de construcción de las políticas públicas culturales para la próxima década. No obstante, su producción y proceso consultivo no está reflejado en ninguna parte del presupuesto presentado en la proyección de anteproyecto presupuestario dado por el MCJ.

8- Que actualmente no se cuenta con una Ley Nacional de Derechos Culturales o de la condición del artista en nuestro país, situación que deja desprotegido a nuestro sector de políticas en materia de seguridad social, marco de cualificaciones laborales, constitución y financiamiento de emprendimientos creativos y culturales, y de ahí la importancia de plasmar el abordaje de estos temas de manera urgente y necesaria en el planteamiento de las políticas culturales que deben regir a partir del 2024.

9- Que la Ley de Salvamento y emergencia cultural No.10.041 en su artículo 5 establece una serie de deberes para el MCJ relacionados con la identificación de fuentes de financiamiento del presupuesto nacional para fortalecer la creación y la circulación de productos culturales con el fin de atender a la población del sector que se encuentre en dificultades económicas producto de la disminución o cese de sus labores producto de la pandemia. Esto implica la generación de presupuestos extraordinarios para alimentar las partidas del presupuesto del MCJ y sus órganos desconcentrados sin que se apliquen limitaciones fiscales o de crecimiento de gasto.

10- Que, en el anteproyecto de presupuesto entregado por MCJ en el oficio DVMA-0692-2022, tanto el MCJ como los órganos desconcentrados no tuvieron crecimiento. De la misma forma, los fondos concursables (partida 6) y las cuentas para la contratación de servicios (partida 1), lejos de crecer vía fondos extraordinarios, se cubren con fondos ordinarios muy limitados (partida 1) y se destinan bajo cumplimiento de la Ley 10.041, siendo que son fondos ordinarios que históricamente se han cubierto sin la existencia de la normativa mencionada. Es decir, se destina presupuesto ordinario para cubrir una ley que supone el ejercicio gubernamental de gestionar excedentes del presupuesto nacional y destinarlos de manera extraordinaria a la sostenibilidad del sector cultural.

11- Que desde el 2021 están en vigencia la Ley No.10.032 de “Impulso a la Economía de la Cultura y la Creatividad y Reforma del artículo 7 de la Ley 8634, Sistema Banca para el Desarrollo de 23 de abril de 2008” y la No.10.044 de “Fomento de la Economía Creativa y Cultural”, mediante las cuales se establece un sistema de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector. Desde esa misma fecha entraron en vigor cuatro mesas sectoriales que debían generar insumos para la capacitación y financiamiento de los emprendimientos creativos y culturales.

Por lo tanto

Las organizaciones abajo firmantes, solicitamos que:

– Para el ejercicio presupuestario del año 2023, no se realicen recortes al sector Cultura.

– Se establezca de forma permanente un espacio bimensual de diálogo constructivo entre las direcciones artísticas, generales y ejecutivas de las adscritas al MCJ, con su respectivo sector de impacto, para darle continuidad al proceso de atención a las necesidades y las propuestas de solución creadas el año anterior, como parte de la ley No. 10.044 y otros procesos consultivos como las mesas sectoriales; así como la apertura de trabajo colaborativo para la mejora de los programas y proyectos existentes, o bien para efectuar aclaraciones sobre temas relevantes, como, por ejemplo, las producciones y acciones de fomento dirigidas al desarrollo del sector que incluye la cantidad y cobertura de los fondos concursables, entre otros temas de relevancia para las partes.

– Se construya un espacio permanente de trabajo colaborativo entre la ciudadanía y el Estado, para la creación -de manera conjunta- de una agenda de proyectos de ley, reglamentos y otras normativas prioritarias para el sector cultural, así como atención de las necesidades inmediatas del sector. Todo ello canalizado por las organizaciones formalmente establecidas en nuestro país como asociaciones, cooperativas, federaciones, sindicatos, entidades de gestión colectiva, fundaciones y otras del sector cultural, como las que suscriben la presente solicitud y que agremian a miles de trabajadores del sector artístico y cultural.

– Se desarrolle un modelo de gestión administrativa que involucre el ambiente laboral, y que permita el uso eficiente y eficaz del presupuesto del MCJ y sus órganos desconcentrados de forma transparente; y que desarrolle espacios de análisis y construcción conjunta entre los funcionarios especializados, la representación del sector independiente y los jerarcas respectivos.

– Se expliquen detalladamente las acciones realizadas a la fecha para la implementación de la “Ley de atracción de inversiones fílmicas en Costa Rica” (N.10.071), indicando qué planes o programas se están coordinando con Procomer y la Comisión Fílmica, así como las acciones para generar un cluster de empresas del sector que estén preparados para la aplicación de esta normativa.

– Se le dé continuidad -en el marco de la Ley No.10.044- a las recomendaciones, capacitaciones, estrategias y planes de acción que surgieron de los procesos consultivos guiados por los especialistas nacionales e internacionales con el apoyo de la UNESCO y el BID el año anterior, basándose en las necesidades del sector y como resultado de un trabajo de muchos meses y a cargo de personas trabajadoras del sector cultura independiente, de la academia y el Estado, en el marco de las mesas sectoriales.

– Se aclare detalladamente cómo se están aplicando actualmente las Leyes N°10.041

-muy especialmente en lo dispuesto en cada uno de los incisos de su numeral 9- y la No.10.032; así como las acciones que se pretenden realizar según el presupuesto proyectado para el 2023, tanto de la administración central como cada órgano desconcentrado del MCJ para el cumplimiento de estas normativas, tanto en materia de fondos como en la habilitación de infraestructura y espacios para el desarrollo cultural.

– Se aclare quién será la persona que representará a Costa Rica en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible – MONDIACULT 2022, así como la agenda a tratar por CR, ya que normalmente es la máxima autoridad del MCJ quien asiste a este evento tan relevante de la cultura, pero aún no se ha recibido la confirmación por parte de Costa Rica al evento y estamos a muy poco tiempo, siendo este uno de los espacios más importantes a nivel internacional de políticas culturales y trabajo entre países miembros por el cumplimento de acuerdos internacionales.

– Se especifique de cuáles partidas presupuestarias exactamente se está tomando recursos para cubrir el monto de los 75 millones para el pago adicional por aumento de salario de los jerarcas ministeriales, según se indica en el proyecto presupuestario 2023 y cuál es el impacto real en el traslado de estos fondos para cubrir los aumentos salariales. Ya que más bien, se requieren más recursos para proyectos culturales que beneficien directamente a las familias costarricenses.

Se solicita que toda respuesta sea enviada a los siguientes correos destinatarios para una debida contestación de la nota y acuse de recibido.

Sin más por el momento se despiden,

 

Verónica Vado

Presidenta TUCUA

ADE. Turismo Cultural para el Desarrollo Socio Productivo del Sector Creativo, Artístico y Cultural.

adeturismoculturalalajuelense@gmail.com

 

Edín Solís

Presidente ACAM

Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica

edinsolismusic@gmail.com

 

Mari Murakami

Presidenta de AGITEP

Asociación de Grupos Independientes de Teatro Profesional

juntadirectivaagitep@gmail.com

 

Esteban Monge

Presidente AIE

Asociación de Intérpretes y Ejecutantes de Costa Rica

presidencia@aiecostarica.com

 

Sergio Dávila

Presidente UTM

Unión de trabajadores de la Música las Artes y Afines

presidencia.jd@utm.cr

 

Coordinadora General AECR

Artes Escénicas Costa Rica

artesescenicascostarica@gmail.com

 

José G. Pottinger.

Secretario General – Coordinador de Alianzas ACCA

Artistas Alajuelenses Comunidad Creativa

artistasalajuelsenses@gmail.com

 

Hazel Torrez

Presidenta

Asociación de trabajadores de la Danza ANATRADANZA

 

Leda Segura

Presidenta CIOFF Costa Rica

Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales Folclóricos

leda.segura@cioffcostarica.org

 

Queilor Garro

Presidente AGICUP

Asociación de Grupos e intérpretes de las Culturas Populares Costarricenses.

agicupcr@gmail.com

 

Álvaro Brenes Arce

Presidente

Cámara de Empresas Productoras, Entretenimiento, Eventos y Afines

Ventas@cedeeventos.com

 

José Luís Solís H.

Presidente

Cooperativa de Artes R.L

coopeartescr@gmail.com

 

José Fabio Alvarado R.

Presidente

Sindicato de de las Artes

sindicatodeartes@gmail.com

 

Alberto Campos B.

Secretario General

Sindicato de la industria cultural obrera

acumestizzo@gmail.com

 

Antonella Sudasassi Furniss.

Representante

Unión de Directoras de Cine de Costa Rica

directorascinecr@gmail.com

 

Yahaira Arias

Red Nacional de Teatro Comunitario

reddeteatrocomunitario@gmail.com

 

Mauricio Penagos V.

Director General

director@ticodecorazon.com

 

Carlos Soto

Presidente

Asociación Embajadores del Swing y el Bolero Criollos (ASORESC)

direccion@embajadoresdelswing.com

 

Thais Elizondo Fallas

Vicepresidenta

Asociación Cultural Musical Mestizzo.

acumestizzo@gmail.com

 

Anneliss López

Presidenta

Producciones Folcloricas S.A

matambufolclorcr@gmail.com

 

Jorge Castillo

Secretaría General / Director Casa de la Cultura Atenas.

Asociación de Desarrollo Especifica de Cultura Atenas

atenascasacultura@hotmail.com

 

Osca Valverde

Coordinador General

 

Compartido con SURCOS por Arabella Salaverry.

Imagen ilustrativa. UCR.