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Etiqueta: derechos culturales

Carta abierta del sector cultura al presidente de Costa Rica

Más de 20 organizaciones de gran relevancia en el país, se unen con el propósito de hacer un llamado al diálogo de urgencia, tanto a Casa Presidencial, como a la Asamblea Legislativa, esto en respuesta a los recortes al sector cultural y artístico del país.

Sr. Rodrigo Chaves

Presidente de la República

San José – Costa Rica

 

Cc.

Natalya Díaz Q

Ministra de la Presidencia /Comisión Nacional para un Estado Abierto.

 

Sra. Paulina Ramírez P

Presidenta Comisión de Hacendarios.

 

Sra. Nayuribe Guadamuz R

Ministra de Cultura y Juventud.

 

Sr. Juan Carlos Chavarría.

Departamento de Participación ciudadana.

 

Señores y Señoras Diputadas

Asamblea Legislativa de Costa Rica.

 

Estimado señor Presidente:

Reciba un cordial saludo de parte de las organizaciones del sector creativo, artístico y cultural de Costa Rica aquí suscritas. Nuestras organizaciones representan a miles de personas trabajadoras a lo largo y ancho del territorio nacional.

Desde nuestras diferentes organizaciones y en distintos momentos, hemos intentado establecer espacios de diálogo y construcción con la señora Ministra de Cultura y Juventud (MCJ), así como con las personas jerarcas de los órganos adscritos. Sin embargo, no hemos encontrado una voluntad de comunicación en la mayoría de las direcciones artísticas, ejecutivas y jerarcas ministeriales, pues las respuestas han sido tardías o han demostrado en muchos casos poco interés en contemplar los aportes del sector, salvaguardando a los colegas de SINEM, CNM y DGB, quienes han tratado de fortalecer este espacio.

Por este medio, le solicitamos respetuosamente contemplar las necesidades del sector en la toma de decisiones y abrir espacios permanentes de diálogo, especialmente en torno a los proyectos presupuestarios del Ministerio de Cultura y Juventud, que serán tramitados ante el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa.

Estimamos relevante recordarle que el sector cultura es uno de los sectores económicos que se vieron más afectados por la pandemia, y ahora, por la inflación y la crisis económica nacional e internacional.

En el análisis hecho a la información facilitada en el oficio DVMA-0692-2022 del 23 de agosto por el despacho del Viceministerio Administrativo del MCJ, a raíz de las solicitud planteada al MCJ el 9 de agosto del 2022 por 15 de nuestras organizaciones, en relación al anteproyecto presupuestario 2023 del MCJ (anexada a este documento), se pudo constatar que existen cambios en los fondos destinados a la Ley de Emergencia y Salvamento Cultural (N° 10041), los cuales no fueron socializados en los medios de comunicación oficiales de la institución, atentando contra el principio de transparencia. Adicionalmente no se aclara en el oficio el detalle de esos ajustes ni los programas impactados.

Tampoco se puede visualizar, en la información facilitada, un plan de inversión a nivel de infraestructura, capacitación, fondos concursables y otros, situación que preocupa a las organizaciones. En el caso específico de la infraestructura, existe una particular preocupación por el notable deterioro que tienen las instalaciones de diferentes espacios que están bajo la administración del MCJ; donde está en juego la integridad física de las personas e, incluso, su vida. Así mismo, no se ve reflejado presupuestariamente el contenido con el que se atenderán las necesidades identificadas el año anterior en el trabajo colectivo de las mesas sectoriales.

No se indica en la comunicación facilitada por el Viceministro Administrativo, una fecha límite para realizar observaciones, ni una garantía de que los aportes brindados por la ciudadanía puedan ser considerados en el anteproyecto presupuestario. Debido a que la respuesta del señor Viceministro se realizó faltando básicamente tres días hábiles a la presentación del anteproyecto presupuestario ante la Asamblea Legislativa, no vemos una voluntad de escuchar las inquietudes del sector cultural y mucho menos de atenderlas.

En todo momento las organizaciones y personas firmantes hemos tenido una intención respetuosa y abierta al diálogo para encontrar puentes de comunicación, pero el hermetismo que se encuentra en el MCJ, como algunos de los órganos desconcentrados, nos han llevado a realizar el presente comunicado de forma abierta y pública, ya que es nuestra obligación como profesionales de la cultura y por los fines propios de nuestras organizaciones, velar por el bien de nuestros agremiados y la cultura en general de este país. Creemos que esta forma de actuar está dañando lo poco -pero importante- que se había logrado en años anteriores, interrumpiendo el inicio de un proceso de recuperación económica para un sector que, como el nuestro, fue tan afectado en los dos últimos años.

Es por estas razones que emitimos el presente comunicado:

Considerando

1- Que en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconocen los derechos culturales como derechos fundamentales para la realización plena e integral de la persona humana.

2- Que la Constitución Política, en su artículo 9, establece que el Gobierno de la República es representativo y, a la vez, popular y participativo, lo cual establece un mandato claro a los Poderes del Estado de incorporar en sus procesos a la ciudadanía mediante mecanismos de acceso a la información y consulta.

3- Que el 26 de abril del 2022 se publicó el decreto N° 43525 enfocado específicamente en el «Fomento del Gobierno Abierto en la Administración Pública y la creación de la Comisión Nacional para un Estado Abierto.»

4- Que la transparencia gubernamental es el resultado de las buenas prácticas para el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

5- Que el derecho de acceso a la información pública es fundamental para el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia representativa y participativa, en tanto que permite a la sociedad civil analizar, juzgar y evaluar íntegramente los actos de sus representantes y estimula la transparencia en los actos de la administración pública del Estado.

6- Que los órganos y entes estatales deben fomentar la participación ciudadana y el trabajo colaborativo para acercar la toma de decisiones al ciudadano, permitiéndole la generación de propuestas, el planteamiento de sugerencias y oportunidades de mejora, así como su fiscalización en todas las etapas de la formulación y ejecución de políticas públicas.

7- Que la Política Nacional de Derechos Culturales de Costa Rica 2014-2023, cuenta con una vigencia por 10 años, razón por la cual resulta necesario iniciar -cuanto antes- el proceso de construcción de las políticas públicas culturales para la próxima década. No obstante, su producción y proceso consultivo no está reflejado en ninguna parte del presupuesto presentado en la proyección de anteproyecto presupuestario dado por el MCJ.

8- Que actualmente no se cuenta con una Ley Nacional de Derechos Culturales o de la condición del artista en nuestro país, situación que deja desprotegido a nuestro sector de políticas en materia de seguridad social, marco de cualificaciones laborales, constitución y financiamiento de emprendimientos creativos y culturales, y de ahí la importancia de plasmar el abordaje de estos temas de manera urgente y necesaria en el planteamiento de las políticas culturales que deben regir a partir del 2024.

9- Que la Ley de Salvamento y emergencia cultural No.10.041 en su artículo 5 establece una serie de deberes para el MCJ relacionados con la identificación de fuentes de financiamiento del presupuesto nacional para fortalecer la creación y la circulación de productos culturales con el fin de atender a la población del sector que se encuentre en dificultades económicas producto de la disminución o cese de sus labores producto de la pandemia. Esto implica la generación de presupuestos extraordinarios para alimentar las partidas del presupuesto del MCJ y sus órganos desconcentrados sin que se apliquen limitaciones fiscales o de crecimiento de gasto.

10- Que, en el anteproyecto de presupuesto entregado por MCJ en el oficio DVMA-0692-2022, tanto el MCJ como los órganos desconcentrados no tuvieron crecimiento. De la misma forma, los fondos concursables (partida 6) y las cuentas para la contratación de servicios (partida 1), lejos de crecer vía fondos extraordinarios, se cubren con fondos ordinarios muy limitados (partida 1) y se destinan bajo cumplimiento de la Ley 10.041, siendo que son fondos ordinarios que históricamente se han cubierto sin la existencia de la normativa mencionada. Es decir, se destina presupuesto ordinario para cubrir una ley que supone el ejercicio gubernamental de gestionar excedentes del presupuesto nacional y destinarlos de manera extraordinaria a la sostenibilidad del sector cultural.

11- Que desde el 2021 están en vigencia la Ley No.10.032 de “Impulso a la Economía de la Cultura y la Creatividad y Reforma del artículo 7 de la Ley 8634, Sistema Banca para el Desarrollo de 23 de abril de 2008” y la No.10.044 de “Fomento de la Economía Creativa y Cultural”, mediante las cuales se establece un sistema de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector. Desde esa misma fecha entraron en vigor cuatro mesas sectoriales que debían generar insumos para la capacitación y financiamiento de los emprendimientos creativos y culturales.

Por lo tanto

Las organizaciones abajo firmantes, solicitamos que:

– Para el ejercicio presupuestario del año 2023, no se realicen recortes al sector Cultura.

– Se establezca de forma permanente un espacio bimensual de diálogo constructivo entre las direcciones artísticas, generales y ejecutivas de las adscritas al MCJ, con su respectivo sector de impacto, para darle continuidad al proceso de atención a las necesidades y las propuestas de solución creadas el año anterior, como parte de la ley No. 10.044 y otros procesos consultivos como las mesas sectoriales; así como la apertura de trabajo colaborativo para la mejora de los programas y proyectos existentes, o bien para efectuar aclaraciones sobre temas relevantes, como, por ejemplo, las producciones y acciones de fomento dirigidas al desarrollo del sector que incluye la cantidad y cobertura de los fondos concursables, entre otros temas de relevancia para las partes.

– Se construya un espacio permanente de trabajo colaborativo entre la ciudadanía y el Estado, para la creación -de manera conjunta- de una agenda de proyectos de ley, reglamentos y otras normativas prioritarias para el sector cultural, así como atención de las necesidades inmediatas del sector. Todo ello canalizado por las organizaciones formalmente establecidas en nuestro país como asociaciones, cooperativas, federaciones, sindicatos, entidades de gestión colectiva, fundaciones y otras del sector cultural, como las que suscriben la presente solicitud y que agremian a miles de trabajadores del sector artístico y cultural.

– Se desarrolle un modelo de gestión administrativa que involucre el ambiente laboral, y que permita el uso eficiente y eficaz del presupuesto del MCJ y sus órganos desconcentrados de forma transparente; y que desarrolle espacios de análisis y construcción conjunta entre los funcionarios especializados, la representación del sector independiente y los jerarcas respectivos.

– Se expliquen detalladamente las acciones realizadas a la fecha para la implementación de la “Ley de atracción de inversiones fílmicas en Costa Rica” (N.10.071), indicando qué planes o programas se están coordinando con Procomer y la Comisión Fílmica, así como las acciones para generar un cluster de empresas del sector que estén preparados para la aplicación de esta normativa.

– Se le dé continuidad -en el marco de la Ley No.10.044- a las recomendaciones, capacitaciones, estrategias y planes de acción que surgieron de los procesos consultivos guiados por los especialistas nacionales e internacionales con el apoyo de la UNESCO y el BID el año anterior, basándose en las necesidades del sector y como resultado de un trabajo de muchos meses y a cargo de personas trabajadoras del sector cultura independiente, de la academia y el Estado, en el marco de las mesas sectoriales.

– Se aclare detalladamente cómo se están aplicando actualmente las Leyes N°10.041

-muy especialmente en lo dispuesto en cada uno de los incisos de su numeral 9- y la No.10.032; así como las acciones que se pretenden realizar según el presupuesto proyectado para el 2023, tanto de la administración central como cada órgano desconcentrado del MCJ para el cumplimiento de estas normativas, tanto en materia de fondos como en la habilitación de infraestructura y espacios para el desarrollo cultural.

– Se aclare quién será la persona que representará a Costa Rica en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible – MONDIACULT 2022, así como la agenda a tratar por CR, ya que normalmente es la máxima autoridad del MCJ quien asiste a este evento tan relevante de la cultura, pero aún no se ha recibido la confirmación por parte de Costa Rica al evento y estamos a muy poco tiempo, siendo este uno de los espacios más importantes a nivel internacional de políticas culturales y trabajo entre países miembros por el cumplimento de acuerdos internacionales.

– Se especifique de cuáles partidas presupuestarias exactamente se está tomando recursos para cubrir el monto de los 75 millones para el pago adicional por aumento de salario de los jerarcas ministeriales, según se indica en el proyecto presupuestario 2023 y cuál es el impacto real en el traslado de estos fondos para cubrir los aumentos salariales. Ya que más bien, se requieren más recursos para proyectos culturales que beneficien directamente a las familias costarricenses.

Se solicita que toda respuesta sea enviada a los siguientes correos destinatarios para una debida contestación de la nota y acuse de recibido.

Sin más por el momento se despiden,

 

Verónica Vado

Presidenta TUCUA

ADE. Turismo Cultural para el Desarrollo Socio Productivo del Sector Creativo, Artístico y Cultural.

adeturismoculturalalajuelense@gmail.com

 

Edín Solís

Presidente ACAM

Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica

edinsolismusic@gmail.com

 

Mari Murakami

Presidenta de AGITEP

Asociación de Grupos Independientes de Teatro Profesional

juntadirectivaagitep@gmail.com

 

Esteban Monge

Presidente AIE

Asociación de Intérpretes y Ejecutantes de Costa Rica

presidencia@aiecostarica.com

 

Sergio Dávila

Presidente UTM

Unión de trabajadores de la Música las Artes y Afines

presidencia.jd@utm.cr

 

Coordinadora General AECR

Artes Escénicas Costa Rica

artesescenicascostarica@gmail.com

 

José G. Pottinger.

Secretario General – Coordinador de Alianzas ACCA

Artistas Alajuelenses Comunidad Creativa

artistasalajuelsenses@gmail.com

 

Hazel Torrez

Presidenta

Asociación de trabajadores de la Danza ANATRADANZA

 

Leda Segura

Presidenta CIOFF Costa Rica

Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales Folclóricos

leda.segura@cioffcostarica.org

 

Queilor Garro

Presidente AGICUP

Asociación de Grupos e intérpretes de las Culturas Populares Costarricenses.

agicupcr@gmail.com

 

Álvaro Brenes Arce

Presidente

Cámara de Empresas Productoras, Entretenimiento, Eventos y Afines

Ventas@cedeeventos.com

 

José Luís Solís H.

Presidente

Cooperativa de Artes R.L

coopeartescr@gmail.com

 

José Fabio Alvarado R.

Presidente

Sindicato de de las Artes

sindicatodeartes@gmail.com

 

Alberto Campos B.

Secretario General

Sindicato de la industria cultural obrera

acumestizzo@gmail.com

 

Antonella Sudasassi Furniss.

Representante

Unión de Directoras de Cine de Costa Rica

directorascinecr@gmail.com

 

Yahaira Arias

Red Nacional de Teatro Comunitario

reddeteatrocomunitario@gmail.com

 

Mauricio Penagos V.

Director General

director@ticodecorazon.com

 

Carlos Soto

Presidente

Asociación Embajadores del Swing y el Bolero Criollos (ASORESC)

direccion@embajadoresdelswing.com

 

Thais Elizondo Fallas

Vicepresidenta

Asociación Cultural Musical Mestizzo.

acumestizzo@gmail.com

 

Anneliss López

Presidenta

Producciones Folcloricas S.A

matambufolclorcr@gmail.com

 

Jorge Castillo

Secretaría General / Director Casa de la Cultura Atenas.

Asociación de Desarrollo Especifica de Cultura Atenas

atenascasacultura@hotmail.com

 

Osca Valverde

Coordinador General

 

Compartido con SURCOS por Arabella Salaverry.

Imagen ilustrativa. UCR.

Unión de Directoras de Cine pide diálogo ante intención de destituir al director del Centro de Cine

SURCOS comparte la siguiente carta referente a la orden de destituir al director del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, y que fue enviada por la Unión de Directoras de Cine Costa Rica al presidente Rodrigo Chaves Robles y a la ministra de Cultura Nayuribe Guadamuz Rosales.

San José, 03 de agosto de 2022

PARA:
Sr. Rodrigo Chaves Robles

Presidente de la República de Costa Rica
Sra. Nayuribe Guadamuz Rosales

Ministra de Cultura y Juventud

DE:
Unión de Directoras de Cine Costa Rica

ASUNTO:
Destitución del Director del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica

Estimado Sr. Presidente y Sra. Ministra:

Desde la Unión de Directoras de Cine, agrupación independiente conformada en el 2019 por mujeres dedicadas a la dirección y realización de cine y audiovisual en Costa Rica, nos dirigimos a ustedes para comentar nuestra postura sobre aspectos vitales para nuestro sector, con especial atención al caso de la Dirección General del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica (CCPC).

Nuestra agrupación busca impulsar acciones afirmativas para promover la igualdad y equidad en el quehacer cinematográfico y audiovisual nacional, a la vez que promovemos acciones para fortalecer y mejorar las condiciones del sector en general.

Respondiendo a este objetivo, mencionamos algunas de las iniciativas que hemos trabajado en conjunto con la Dirección del CCPC:

  1. Gracias a la incidencia política conjunta, logramos la aprobación de la Ley de atracción de inversiones fílmicas en Costa Rica (N.1004) donde se crea por ley el único fondo de fomento al audiovisual nacional, el fondo El Fauno.
  2. Asimismo, a través de las gestiones conjuntas, logramos que se incorporara en el reglamento de dicho fondo, cláusulas que respaldan el compromiso institucional de garantizar mayor equidad en la selección y financiamiento de los proyectos cinematográficos. Como resultado, en las últimas convocatorias, se consiguió paridad en la selección de los proyectos financiados, convirtiéndo a Costa Rica en uno de los pocos países con una fuerte presencia de mujeres en el sector.
  3. Se ha velado por el cumplimiento del principio de paridad en los jurados seleccionadores de las últimas convocatorias de El Fauno, así como en los jurados de las instancias de desarrollo y postproducción del Costa Rica Festival Internacional de Cine (CRFIC).
  4. Se ha promovido la paridad en la selección de películas dirigidas por mujeres en las últimas ediciones del CRFIC.
  5. Gracias al compromiso institucional, las gestiones de agrupaciones como la Unión de Directoras y la alta participación de mujeres en el sector, se ha logrado acercar al público costarricense a historias y narrativas de gran contenido humano que proponen un cambio social y se convierten en poderosos agentes para la prevención de la discriminación y la violencia de género.
  6. Se ha logrado una importante presencia en los festivales y mercados más relevantes de la industria cinematográfica internacional, destacando la participación de películas dirigidas por mujeres en los festivales más importantes de la escena global: Cannes, Berlín, Toronto, IDFA, Locarno, Rotterdam, entre otras. Esto se da gracias al auge de nuevos talentos y al trabajo comprometido del CCPC y su directiva.
  7. En términos generales, desde nuestra agrupación y con la colaboración y apoyo de la Dirección del CCPC, hemos contribuido a generar una reflexión entre los distintos agentes del sector audiovisual sobre la necesidad de alcanzar la paridad de género e inclusión en todos los ámbitos de nuestro quehacer. De igual manera se ha apostado de forma comprometida por el fortalecimiento del sector y los encadenamientos productivos que esta actividad genera.

Para nosotras es fundamental que los logros alcanzados a la fecha no sólo se sostengan, sino continúen fortaleciendo al gremio y sobre todo las realidades que como mujeres cineastas vivimos en un contexto aún desigual.

En este sentido, consideramos que el trabajo que ha realizado el señor Raciel Del Toro ha respondido de forma transparente y directa a las demandas del sector, por lo que su labor cuenta con el respaldo de nuestra agrupación así como de múltiples organizaciones del sector.

Externamos nuestra preocupación por la intención de destituirlo como Director del Centro de Cine y por los motivos expresados por parte de su Ministerio para el cese de sus labores.

Invitamos a la reflexión sobre las acciones tomadas y extendemos nuestra disposición para establecer un diálogo sobre estos temas.

Atentamente
Unión de Directoras de Cine

Nathalie Álvarez Mesén. Cédula 114120204
Laura Ángel Córdoba. Cédula 801160111
Carolina Arias Ortiz. Cédula 113320921
Laura Astorga Carrera. Cédula 109140100
Erika Bagnarello Argüello. Cédula 110960106
Estefani Céspedes Meza. Cédula 304180660
Adriana Cordero Chacón. Cédula 109590298
Clea Eppelin Ugarte ID 13AZ99133
Paz Fábrega Raventós. Cédula 110380378
Dinga Haines Mesa. ID 184002337605
Gabriela Hernández Hernández. Cédula 106290709
Hilda Hidalgo Xirinachs. Cédula 107820534
Patricia Howell Aguilar. Cédula 104070415
Ana Lucía Jiménez Hine. Cédula 108880175
Mauren Jiménez Solano. Cédula 105370170
Alexandra Latishev Salazar. Cédula 113310299
Paz León Cartin. Cédula 112870618
Isabel Martínez Artavia. Cédula 108480510
Valentina Maurel Soto. Cédula 113480756
Maricarmen Merino Mora. Cédula 112600001
Sofía Quirós Ubeda. Cédula 114150618
Mercedes Ramírez Avilés. Cédula 700490929
Natalia Solórzano Vásquez. Cédula 111960384
Antonella Sudasassi Furniss. Cédula 112870350
Patricia Velásquez Guzmán. Cédula 108870985
Kimberly Torres Chinchilla. Cédula 901260934
Nicole Villalobos Mora. Cédula 114960443

C/C:

Miembros del Consejo Nacional de Cinematografía: Alfredo Moraga, Natalia Cartín, Ernesto Calvo.

Centro Costarricense de Producción Cinematográfica: Raciel del Toro, Dirección General.

Red de Emergencia Cultural defiende actual administración del Centro de Cine

SURCOS comparte la petición hecha por la Red de Emergencia Cultural, ante las amenazas de despido por parte de la ministra de cultura hacia el señor director del Centro de Cine, Raciel del Toro.

3 de agosto

Ministerio de Cultura y Juventud
Lic. Nayuribe Guadamuz Rosales
Ministra de Cultura y Juventud
Sr Ernesto Calvo Álvarez
Viceministro de Cultura y Juventud

Buen día Sra. Ministra

La REC, Red de Emergencia Cultural, organización integrada por organizaciones de diferentes subsectores de la cultura, gestora de Ley 10041 y otras acciones en favor de sostener los derechos culturales de las personas, tanto habitantes como trabajadoras del arte y la cultura, se dirige a Ud. solicitando su atención a nuestra postura en el caso de la Dirección General del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica (CCPC).

El Sr. Raciel del Toro es uno de los pocos funcionarios que han ocupado la Dirección General del CCPC con el apoyo de todo el sector cinematográfico y audiovisual, tanto por su destacada trayectoria profesional, como por su compromiso de preservar la integridad y generar crecimiento de la institución que lidera.

La producción cinematográfica y audiovisual, como actividad económica en constante movimiento, impacta directamente en las comunidades donde se desarrolla y contribuye al crecimiento de numerosos encadenamientos productivos; como actividad específica, solidifica el entramado cultural de la nación legando a las futuras generación el lenguaje creativo de la época. Sabemos que bajo la dirección actual el CCPC continuará y acrecentará el impulso de los últimos 20 años.

Entendemos que las divergencias pueden crear fracturas en las relaciones, les artistas vemos como un gesto de madurez poner el bien mayor y las necesidades sectoriales por sobre los tropiezos que pueden surgir al inicio de una gestión, sobre todo cuando el nudo del asunto está en la defensa a ultranza que el Director General hace de la integridad institucional para su pleno funcionamiento y la salvaguarda del bien público.

Las personas del sector cultura entendemos como un ejercicio democrático puro y un gesto de interés y respeto que la dirigencia escuche activamente y desarrolle diálogos y consensos para tomar decisiones que fortalezcan y hagan crecer al colectivo. Por esto es importante que el señor Raciel del Toro Hernández continúe en su puesto. Agradecemos su atención y su reflexión sobre este punto. Saludos cordiales.

Contacto: Haydeé Coseani – 103200019427

emergenciaculturalcr@gmail.com

Trabajadores del cine exigimos se nos escuche

Llamado a manifestarnos como gremio cinematográfico. Dejemos la pasividad.

Ante el despido del viceministro Ernesto Calvo y las amenazas de despido por parte de la ministra Guadamuz hacia el señor director del Centro de Cine, Raciel del Toro, es necesario realizar una convocatoria masiva y urgente a manifestarnos en las calles frente al Ministerio de Cultura en defensa de nuestros derechos como trabajadores del cine.

Contexto

El Centro Costarricense de Producción Cinematográfica en los últimos años se ha convertido en el principal aliado para todas las personas que hacemos del cine y del audiovisual una forma de vida, sobrevivencia, exploración personal, manifestación ideológica y trabajo. Un trabajo que le da de comer a cientos de familias en nuestro país y que además tiene el gran valor de fungir como un gran encadenamiento productivo al mover la economía en otras aristas como, por ejemplo, el transporte o la producción de alimentos.

Por otro lado, es una actividad primordial en el crecimiento cultural del país que aporta una cantidad incalculable de elementos positivos para el desarrollo integral de nuestra sociedad. Desde que Raciel del Toro tomó la dirección del CCPC, se ha sentido cómo la actividad cinematográfica en nuestro país ha tomado un nuevo aire, se ha logrado sostener, a pesar de escollos tan negativos como la pandemia y el continuo avance de políticas contra el desarrollo de la cultura y el arte. Raciel, ha sabido llevar y administrar de forma adecuada al Centro de Cine y como buen trabajador del cine, ha DIRIGIDO bien a su equipo, así como las políticas y estímulos por el bien de la industria. Hemos visto cómo, en los últimos años, muchas películas, cortometrajes, series, productos animados, etc, apoyados por el CCPC han tenido éxito a nivel nacional e internacional, claro ejemplo, los últimos tres largometrajes presentes en el Festival de Cannes, hechos inéditos en nuestra historia cinematográfica poco robusta.

Dicho esto, considero necesario defender la gestión de Raciel y la de su equipo de trabajo, así como también, repudiar el despido del viceministro Calvo, que en su corta gestión mostró interés y actitud positiva para continuar desarrollando de forma positiva a la industria. Del Toro, ha defendido una plaza de una profesional dentro del CCPC, la cual ha sido removida y tras este hecho, se ha visto amenazado su puesto como director del Centro de Cine, decisión que el señor Calvo se ha opuesto ante la ministra y por ello fue cesado.

La defensa se puede hacer desde distintos frentes: simplemente seguir trabajando y abogando por nuestros derechos como trabajadores del cine, realizar videos, enviar cartas y buscar llenar la oficina de la ministra con solicitudes de reunión para pedir se nos tome en cuenta como gremio, así como seguir en la defensa de una digna ley de cine y otras políticas necesarias para salvaguardar nuestra actividad y por último, no olvidarnos de la calle, levantar nuestras cámaras y micrófonos y exigir como cineastas que nuestra voz será escuchada y no permitiremos ver ante nuestros lentes, cómo el gobierno toma decisiones arbitrarias y autoritarias que vienen en detrimento de una labor que sólo venía fortaleciendo al sector. Desde mi óptica como director, autor y trabajador del cine, es necesario manifestarnos. Debemos ir a la calle y exigir que la ministra nos escuche.

Alejandro Ferlini
Realizador Integral de Cine y TV

ORGANIZACIONES SOCIALES Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS INTERPELAN A DEFENSORA DE LOS HABITANTES DE COSTA RICA

Queremos expresar nuestro total apoyo a las labores realizadas por Álvaro Paniagua Núñez, actual director de Niñez, Adolescencia y Juventud y Marjorie Herrera Castro, profesional de defensa de derechos de la Dirección de Igualdad y No Discriminación. Durante muchos el señor Paniagua y la señora Herrera, han demostrado un profundo y respetuoso conocimiento de las culturas y realidades de los Pueblos Originarios de Costa Rica, aunado a una actitud de total solidaridad, entrega y disposición en las gestiones necesarias para la defensa y el efectivo ejercicio de los derechos humanos de los Pueblos Originarios en total apego al bloque de constitucionalidad y legalidad costarricense. 

No obstante, con preocupación manifestamos nuestro asombro de lo expresado por la señora Catalina Crespo Sancho a un medio escrito de alcance nacional, donde indicó que las recuperaciones de tierra son ilegales, ante ello, nos permitimos recordarle que estos procesos de reafirmación territorial son legítimos y acorde a nuestra historia, cultura y cosmovisión, además de que están a derecho de acuerdo con el bloque de constitucionalidad y los derechos culturales y humanos.

Le invitamos a conocer la realidad que vivimos los Pueblos Originarios y a dialogar con la diversidad de sectores con el fin de encontrar los caminos para hacer efectiva la defensa de los derechos humanos de los Pueblos Originarios y evitar la exacerbación de la violencia.

 

Compartido con SURCOS por Coordinadora de Lucha Sur-Sur.

Feroz huracán capitalista neoliberal sobre el pueblo que somos

Luis Ángel Salazar Oses.

Luis Ángel Salazar Oses

No se requiere ni adivinadora bola de cristal ni clarividencia de tipo alguno para predecir que nos espera como pueblo, durante estos próximos cuatro años, el peor calvario en cuanto a sistemática supresión de todos nuestros derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ecológicos -humanos en general-, y de las Instituciones que bien o mal nos los han garantizado.

Lo ocurrido en la Asamblea Legislativa el pasado primero de mayo vino a confirmar plenamente el viraje total hacia la descarada dictadura del capital sobre el trabajo, esto es, de la argolla de los grandes ricos nacionales y transnacionales sobre el ya tradicionalmente explotado pueblo trabajador costarricense.

Se fundieron en la votación para garantizarse el dominio total sobre el directorio legislativo, el oficialismo con sus «opositores», entre comillas pues lo eran de fachada puramente y así, ya sin pudor alguno, las fracciones abiertamente capitalistas neoliberales como el Partido Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Progreso Social Democrático (PPSD), el Liberal Progresista (PLP)) que se proclamaba simplemente liberal y el Nueva República (PNR), de orientación claramente neopentecostal auspiciada como es bien conocido desde USA, conjuntaron sus votos logrando de esta manera una apabullante mayoría de cincuenta votos que les permitió repartirse a su antojo todo el directorio. Indudablemente esta tremenda mayoría se mantendrá como tal para hacer de la Constitución, el país y sus instituciones lo que se les antoje a los verdaderos dueños de esas «fracciones». Prueba evidente de ello es que una de las primeras propuestas al plenario del flamante presidente de la Asamblea Legislativa, el oligarca Rodrigo Arias Sánchez, ha sido la de constituir de inmediato una Comisión para la  Reforma del Estado, con el fin aparente de hacerlo más eficiente pero el real de privatizar todo lo que se puede convertir en negocio -Caja Costarricense de Seguro Social, universidades y educación estatal en general, Instituto Nacional de Aprendizaje, Fábrica Nacional de Licores, Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Refinadora Costarricense de Petróleo, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ferrocarriles, Cárceles, etc, etc  y, lo demás, ponerlo totalmente al servicio de los negocios  de su privilegiada argolla..

Por cierto vale destacar que nuevamente se hace evidente, para quienes en el electorado votaron de buena fe por uno de estos cuatro grupos -PUSC, PPSD, PLP y PNR-, esperanzados en impedir que Figueres y el PLN, por un lado y el PAC por otro, tomaran el poder o lo mantuvieran respectivamente, que el primero de mayo en el ámbito del Legislativo y, con el nombramiento de ministros, viceministros, presidencias ejecutivas y demás autoridades supeditadas al Poder Ejecutivo, se confirmó que su buena intención más bien fue aprovechada por la mafia politiquera para legalizar este truculento proceso electoral mediante el cual los cinco partidos y el PAC, mejor dicho aún sus dueños reales, son hoy quienes detentan plenamente el poder en nuestro país. Esperamos que esta vez se aprenda esta lección y que quede claro que en Costa Rica no hay democracia sino plutocracia -gobierno de los ricos- y cleptocracia, esto es gobierno de los ladrones-, siendo las elecciones simples tragicomedias montadas, reglamentadas y administradas totalmente por la argolla dominante a fin de que el pueblo con su voto acrítico les legitime, según su legislación electoral, siempre en el poder.

A partir de estas premisas se hace evidente que esta Plutocracia Cleptócrata con su gobierno títere que ya se ha desatado sobre nosotros como pueblo, con todo su poder apoyado por sus medios de comunicación -manipulación-, por la religión fanática, la educación domesticadora, algunos sectores sindicales, algunas y algunos dirigentes de las Cooperativas y Asociaciones de Desarrollo Comunal oportunistas y trepadores politiqueros  y, solidaristas abiertamente pero patronales, más un Poder Judicial nombrado en sus más altas esferas por el Poder Legislativo y, todos los aparatos represivos del Estado, se dedicará durante estos próximo cuatro años a convertir a Costa Rica en su feudo y a nosotros como pueblo en sus siervos menguados.

Nótese que no hemos mencionado al Frente Amplio pues creemos tiene todo el potencial necesario para convertirse en auténtica oposición, siempre y cuando convoque y aglutine al pueblo costarricense, al que se debe por completo, en una gran unidad y se convierta en su instrumento impulsando las tesis que el pueblo le plantee, sin jamás modificarlas para negociarlas con sus contendientes, pues la burguesía nunca cumple pactos salvo los que le conviene desde luego.

Obviamente todo el proceso que hoy sufrimos como Pueblo que somos es, como el Capitalismo Neoliberal que lo impulsa repetimos, homicida, ecocida, cleptocrático e insoportablemente patriarcal por lo que no lo podemos soportar ni permitir pues, sistemáticamente nos aniquila haciendo lo mismo con nuestra madre naturaleza.

¿Qué hacer entonces? La fórmula la repetimos como mantra todo el tiempo pues día a día la realidad la confirma como realmente efectiva y totalmente viable: como Pueblo debemos despertar, informarnos -estudiar la realidad para comprenderla y transformarla-, unirnos, organizarnos, empoderarnos comprendiendo que unidos somos más y más fuertes. tanto que hemos construido este mundo lo desarrollamos constantemente e incluso generamos toda la riqueza que hoy nos roba esa reducidísima minoría que hoy nos esclaviza y humilla; movilizarnos, convertirnos en Poder Popular y así investidos, como corresponde en auténtica Democracia, tomar las riendas de nuestro país. Así que empecemos por despertar pues, si no lo hacemos ahora ¡muertos estamos!

 

Nota: Publicado en Periódico Mi Tierra, compartido con SURCOS por el autor.

Fuente: periodicomitierra.com

Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabiliza a Guatemala por violar libertad de expresión y derechos culturales de pueblos indígenas operadores de radios comunitarias

COMUNICADO DE LA CORTE:

GUATEMALA ES RESPONSABLE POR VIOLAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LOS DERECHOS CULTURALES DE CUATRO PUEBLOS INDÍGENAS OPERADORES DE RADIOS COMUNITARIAS

San José, Costa Rica, 17 de diciembre de 2021

En la sentencia notificada en el Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Guatemala responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y a participar en la vida cultural, en perjuicio de los pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango, Maya Achí de San Miguel Chicaj, Maya Mam de Cajolá y Maya Mam de Todos Santos Cuchumatán. Tales violaciones ocurrieron principalmente porque el marco regulatorio concerniente a la radiodifusión en Guatemala, particularmente, la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) impidió, en la práctica, que estas comunidades indígenas pudieran operar legalmente sus radios comunitarias.

El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.

Al menos el 43,6% de la población de Guatemala es indígena y aproximadamente 80% de la población indígena es considerada pobre.

En Guatemala, se encuentran un aproximado de 424 emisoras de radio licenciadas en frecuencia FM y 90 en frecuencia AM, de las cuales, una es emisora comunitaria indígena. Por otro lado, existen diversas radios comunitarias operadas por pueblos indígenas que no cuentan con licencia del Estado para su funcionamiento, como las emisoras operadas por los pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango, Maya Achí de San Miguel Chicaj, Maya Mam de Cajolá y Maya Mam de Todos Santos Cuchumatán.

Las Radios Ixchel y Uqul Tinamit La Voz del Pueblo, operadas por los pueblos Kaqchikel de Sumpango y Achí de San Miguel Chicaj, fueron allanadas por autoridades estatales como resultado de órdenes judiciales dictadas en el marco de procesos penales. Sus equipos de transmisión fueron confiscados y algunos de sus operadores, miembros de las respectivas comunidades, fueron procesados criminalmente. La Radio Ixchel suspendió su transmisión por siete meses y los miembros de la comunidad tuvieron que recolectar fondos para comprar nuevo equipo y poder transmitir de nuevo. La Radio Uqul Tinamit, a su vez, dejó de transmitir tras sufrir un segundo allanamiento.

En la Sentencia, la Corte recordó que la libertad de expresión constituye una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, y resaltó la importancia del pluralismo de los medios de comunicación en el marco del ejercicio del referido derecho. La Corte indicó que los Estados están internacionalmente obligados a establecer leyes y políticas públicas que democraticen el acceso a los medios y garanticen el pluralismo de medios o informativo en las distintas áreas comunicacionales, tales como, la radio. Asimismo, señaló que los pueblos indígenas tienen un derecho de verse representados en los distintos medios de comunicación, especialmente en virtud de sus particulares modos de vida, de sus relaciones comunitarias y la importancia que los medios de comunicación, especialmente la radio, tiene para ellos. En este sentido, los pueblos indígenas tienen derecho a fundar y utilizar sus propios medios de comunicación.

La Corte reconoció que las radios comunitarias, más allá de posibilitar a los pueblos indígenas participar más plenamente en lo público, son una herramienta esencial para la conservación, la transmisión y el desarrollo continuo de sus culturas y lenguas. El acceso a sus propias radios comunitarias, como vehículos de la libertad de expresión de los pueblos indígenas, son un elemento indispensable para promover la identidad, el idioma, la cultura, la auto representación y los derechos colectivos y humanos de los pueblos indígenas. Por ello, los Estados están obligados a adoptar medidas necesarias que permitan a las comunidades indígenas el acceso al espectro radioeléctrico de las radios comunitarias.

En razón de la discriminación estructural e histórica que han sufrido los pueblos indígenas, el Tribunal señaló que Guatemala debía tomar todas las medidas necesarias para revertir los varios factores de desventaja de los mismos y asegurarles el acceso a frecuencias radioeléctricas, con el propósito de garantizar la igualdad material de dichos pueblos frente a otros segmentos sociales que tienen las condiciones económicas para competir en las subastas de adquisición de frecuencias radioeléctricas, cuyo único criterio es el de mayor precio.

La Corte determinó que, la forma por la cual se encuentra regulada la radiodifusión en Guatemala consiste en una prohibición de facto, casi absoluta, al ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los pueblos indígenas y a su vez, les impide ejercer su derecho de participar en la vida cultural. Así, la Corte encontró que Guatemala violó los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y a participar en la vida cultural, en perjuicio de los pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango, Achí de San Miguel Chicaj, Mam de Cajolá y Mam de Todos Santos Cuchumatán.

Por otra parte, el Tribunal consideró que los allanamientos y decomisos de equipos de las radios Ixchel y “La Voz del Pueblo” configuraron acciones ilegítimas y restricciones al derecho a libertad de expresión contrarias a la Convención, por lo que la Corte concluyó que Guatemala es responsable por la violación de dicho derecho, en perjuicio de los pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y Maya Achí de San Miguel Chicaj.

En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación, entre otras: 1) adoptar las medidas necesarias para permitir que las comunidades indígenas identificadas como víctimas de ese caso puedan operar libremente sus radios comunitarias; 2) adecuar la normativa interna con fines de reconocer a las radios comunitarias como medios diferenciados de comunicación, particularmente las radios comunitarias indígenas; 3) reglamentar su operación, estableciendo un procedimiento sencillo para la obtención de licencias; 4) reservar a las radios comunitarias indígenas parte del espectro radioeléctrico; 5) abstenerse inmediatamente de enjuiciar criminalmente a los individuos que operan emisoras de radio comunitarias indígenas, allanar dichas radios y aprehender sus equipos de trasmisión, y 6) eliminar las condenas y cualquiera de sus consecuencias relacionadas con las personas de comunidades indígenas condenadas por uso del espectro radioeléctrico.

Fuente: https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_103_2021.pdf

Bribris de Cabagra recuperan el nombre ancestral de su territorio

Uriel Rojas

Como parte del proceso de fortalecer las identidades y en el ejercicio de sus derechos culturales, la Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra en coordinación con el CINDEA local, colocaron de manera visible las letras alusivas al nombre indígena ancestral del territorio, el cual se encuentra ubicado frente al Gimnasio Multiuso de la comunidad.

Antiguamente, este lugar se llamó Ka Bakter que en bribri significa «lugar donde estuvieron las camas», refiriéndose a los camastros que utilizaban los antepasados indígenas durante el viaje que realizaban en el recorrido desde Talamanca hasta esta zona.

Luego este topónimo sufre una modificación debido a que el idioma nativo no es escrito sino oral y pasa a escribirse» Ka’ bakol», estableciéndose finalmente como Cabagra.

Así que, bienvenidos a Ka bakol de Buenos Aires, el lugar de los antiguos camastros.