El pasado martes 23 de agosto del año en curso (2022), la señora Marta Castro, en su condición de presidente del colectivo COVIRENAS Caribe Sur, Puerto Viejo, remitió al señor Yonder Andrey Salas Durán, diputado de la República, un comunicado en el que se le insta a explicar lo que, a juicio del señor diputado, significa la palabra terroristas, ya que en durante la comparecencia de los señores Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía (MINAE) y Rafael Gutiérrez, director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), ante la Comisión Caribe de la Asamblea Legislativa, este indicó que “en la provincia de Limón hay un montón de terroristas”.
De igual forma, se le instó a la Comisión de Limón, que preside en supra mencionado señor Diputado, reconocer la importancia de la protección de la naturaleza existente en la provincia de Limón, como lo son los humedales, pues ello es de gran atractivo turístico y las autoridades deberían proteger este generador de recursos económicos, además de que dicha protección brinda a la vez seguridad para las personas habitantes en la región.
Ante esto, la señora María Elena Fournier, presidente de la Asociación Conservacionista YISKI, expresó su apoyo al comunicado del colectivo COVIRENAS del Caribe Sur, y añadió que no es posible que se trate de mala manera a las personas que luchan por la defensa del medio ambiente, quienes están amparadas por el artículo 50 y otros constitucionales, así como en la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio RAMSAR, convenios internacionales de protección a la biodiversidad, el Convenio OIT 169, y otro, e igualmente, aprovechó para demandar sanciones al previamente citado Diputado de la República, y a todas las personas que comparten “esta lamentable opinión” sobre quienes protegen el medio ambiente.
A este apoyo se sumó el señor Nicolás Boeglin, abogado experto en materia ambiental y profesor de la Universidad de Costa Rica, acotando que, si los diputados y diputadas y altos funcionarios del Poder Ejecutivo dejaran de influenciarse por las cámaras empresariales y sus expertos, se tendría ya el Acuerdo de Escazú aprobado y vigente para Costa Rica.
En este mismo orden de ideas, el señor Boeglin destacó que, el hecho de que Costa Rica no sea Estado parte del Acuerdo de Escazú, no impide su avance normativo como tratado internacional vigente, más aún cuando fue uno de los promotores, junto con Chile, de dicho acuerdo.
Finalmente, ante las muestras de apoyo expresadas hacia la nota inicial, el colectivo COVIRENAS del Caribe Sur reiteró en la discusión el importante atraso de Costa Rica en la lucha contra el medio ambiente, y que, en lugar de esa, se ha dado paso a una explotación turística insostenible, tal que así, “pareciera que el único verde que tiene Costa Rica son los dólares” – manifestó en su mensaje la señora Marta Castro.
La Organización Interseccional Pro-Derechos Humanos, le invita este viernes 2 de setiembre de 2022 a las 5:00 p.m. hora de Centroamérica, al conversatorio con el expositor MSC. Marvin Mayorga sobre la “Interseccionalidad del Yo Integral”.
Esto como parte de la iniciativa desde la diversidad sexual por los derechos humanos. Puede ingresar a la página de Facebook de la OIDH en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/oidhcr/
Costa Rica celebró, oficialmente, el “Día del Negro” según el decreto Nº 11928, realizado en la administración de Rodrigo Carazo, expresidente de la República (1978-1982), por iniciativa impulsada por el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC, sin embargo no es sino hasta en el año 2021 se celebra por primera vez el 31 de agosto como el Día Internacional de los Afrodescendientes, en homenaje a las contribuciones de la diáspora africana alrededor del mundo, así como sensibilizar a la población acerca de la necesidad de eliminar las formas de discriminación contra los afrodescendientes.
La creación de esta efeméride fue presentada por Costa Rica, copatrocinada por 52 países miembros para su aprobación en Asamblea General de las Naciones Unidas.
La escogencia del 31 de agosto como fecha para la celebración no es casualidad, se debe en conmemoración de la Primera Convención Internacional sobre la Situación de las Personas Negras, en el Madison Square Garden, en Nueva York, el 31 de agosto de 1920, y como resultado de las discusiones en esa convención, se promulga “La Declaración sobre los Derechos de los Negros”.
Con ello se quiere reafirmar la libertad e igualdad de derechos, reconociendo su potencial de contribución al desarrollo y bienestar de la sociedad.
Si bien es cierto se han alcanzado algunos avances en los ámbitos legislativo, normativo e institucional, siguen manifestándose diversas formas de discriminación racial, marginación y exclusión, evidenciado en desigualdades estructurales en materia de derechos humanos.
Históricamente, la provincia de Limón, que se ha caracterizado por aglutinar la mayor población afrodescendiente en el país, en términos generales ha vivido el abandono, la indiferencia y en más de una ocasión el olvido por parte de los gobiernos de turno y con ello, afectándose la colectividad se ha afectado a cada uno de los habitantes que han sufrido por esas conductas discriminatorias y de abandono. Y desgraciadamente podríamos asimilar la situación de Limón en Costa Rica con muchas otras zonas en otros países y con África con relación al mundo entero. Eso debe acabar
Dios quiera que este día no sea solo una celebración de jolgorio y vacilón, sino que, y especialmente, se asuman compromisos para que se empiece a saldar la deuda histórica que se tiene con este sector de la población y que las futuras generaciones puedan disfrutar de lo que sus antepasados, por desidia, egoísmo e indiferencia, se vieron privados.
Un abrazo fraterno a los negros y afrodescendientes en Costa Rica y el mundo.
Este 23 de agosto de 2022, Marta Castro, integrante de Covirena, Caribe Sur, Puerto Viejo, le escribió al diputado del Partido Nueva República y presidente de la Comisión Caribe Limón, señor Yonder Andrey Salas Durán expresando su descontento por los términos que utilizó en una sesión de la Comisión Caribe de la Asamblea Legislativa. Le escribe el siguiente mensaje:
“Estimado señor
Reciba un saludo de los Inspectores Ambientales Ad-Honorem del comité de COVIRENAS del Caribe Sur.
El pasado jueves 18 de agosto en la sesión de la Comisión Caribe de la Asamblea Legislativa, donde estuvieron presentes los señores Franz Tattenbach ministro del Minae, Rafael Gutiérrez viceministro del Minae y director ejecutivo del SINAC, así como el director del ACLAC Mario Cerdas y varios funcionarios, usted hizo referencia a que en la provincia de Limón “hay un montón de terroristas”. (adjunto audio).
A través de este medio le solicitamos defina la palabra “terrorista”, según el uso que Usted le dio, así como, explique a quiénes se refiere exactamente con montón de terroristas.
Como dijo la diputada Alfaro de esta misma Comisión, el problema de la pobreza en Limón ´´no es causado por el ambiente´´
La riqueza natural de la zona con sus aguas color turquesa y hermosos bosques costeros, atraen gran cantidad de turismo, razón por la cual se debería estar protegiendo este generador de recursos económicos.
El cambio climático y la erosión costera son dos grandes amenazas para la costa caribeña. Ejemplo de esto se puede constatar en el Parque Nacional Cahuita, sector Puerto Vargas donde la zona de acampar desapareció hace ya varios años y donde el sendero dentro del Parque Nacional Cahuita se ha tenido que mover de lugar varias veces, ya que esta erosión se ha venido intensificando en los últimos años.
Estos importantes factores deberían ser tomados en cuenta por esta Comisión y reconocer que el valioso documento de humedales, elaborado por técnicos especialistas del SINAC-MINAE, en lugar de obstaculizar proyectos de desarrollo para la zona del Caribe Sur, están protegiendo vidas humanas de factores climáticos extremos, ya que los humedales son esponjas naturales que absorben enormes cantidades de agua, lo que los convierte en protectores contra huracanes, tormentas, altas mareas etc.
Ni que decir sobre la fijación de carbono que sucede en los humedales, lo cual los convierte en mitigadores de la emergencia climática que vivimos.
Si no se respetan estos humedales, esas mismas construcciones y ese desarrollo que tanto se quiere explotar, se convertirá en una pérdida de dinero y peor aún de vidas humanas. (adjunto imagen)
Adjunto varias fotografías de las últimas tormentas ocurridas en el Caribe Sur donde encallaron dos embarcaciones, así como caída de árboles, inundaciones etc.
¿Tendrá entonces el Estado que indemnizar a estas personas?
¿No sería mejor que este tipo de desarrollo se edifique en lugares seguros ´?
Finalmente nos gustaría conocer su opinión respecto a la importancia de los Humedales y el valor de la ecología para la vida humana”
Ante este correo que también fue recibido por Maria Elena Fournier, presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI, ella comparte el descontento de Covirenas del Caribe Sur, respondiendo lo siguiente:
“Buenas tardes, señoras y señores, Diputados del Comité de Ética:
Apoyamos en todos sus extremos esta misiva de denuncia que hacen los COVIRENAS del Caribe sur.
No es posible, que a estas alturas se trate de esta manera a las personas que luchan para la defensa de la Constitución Política (Art. 50 y otros), defensa del marco legal socio ambiental, Derechos Humanos, Convenio RAMSAR, Convenios internacionales de protección a la Biodiversidad, Convenio OIT 169, entre muchos otros.
O sea, no tenemos el derecho de expresar nuestra opinión y mucho menos defender lo que todas y todos deberíamos de estar defendiendo y no un pequeño, pero valiente y fuerte grupo de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la Madre Tierra.
Esperamos sanciones al diputado Yonder Salas y a todos y todas que comparten esta lamentable opinión, no es la primera vez que se da este tipo de insultos a la dignidad de las personas desde la Asamblea Legislativa, recordamos el caso del exdiputado de Limón Patterson del PAC, que fue muy lamentable, merecemos mucho respeto y apoyo, estamos trabajando, en forma voluntaria desde hace años, para la sobrevivencia de sus propias generaciones y de la biodiversidad.
Justamente por esto es que queremos que Costa Rica, ustedes señoras y señores diputados, ratifiquen y firmen el Acuerdo de Escazú, para poder llevar a los tribunales internacionales este tipo de agresiones contra la dignidad y derechos básicos humanos de las y los que luchamos para que se haga valer el Artículo 50 de nuestra Constitución, se respete toda forma de Vida, respeto a la libertad de expresión y acción, entre otros.
En espera de la respuesta del Comité de Ética de la Asamblea Legislativa y conocer qué tipo de sanción van a aplicar al diputado Yonder Salas de la provincia de Limón.”
Ante esta situación, el profesor de Derecho de la UCR Nicolas Boeglin externa la siguiente crítica a los altos funcionarios del Poder Ejecutivo con este mensaje:
“Si nuestros diputados/as y algunos altos funcionarios del Poder Ejecutivo dejaran de dejarse influenciar por las cámaras empresariales y sus «expertos», tendríamos desde hace algunos años un Acuerdo de Escazú vigente y Costa Rica luciéndose ante la región y el mundo como indiscutible líder en materia de derechos humanos y de ambiente.
Como no lo tenemos, pues no queda más que remitirles un poco de lectura sobre el contenido del Artículo 9 del Acuerdo de Escazú que fue una propuesta inicial de Costa Rica, Chile, Perú y Panamá en las negociaciones, y que quedó plasmada en el texto definitivo de la siguiente manera ( en rojo el subrayado es nuestro) en el Acuerdo de Escazú:
Artículo 9 Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales
Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha Parte en el ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico.
Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo.
El hecho que Costa Rica no sea Estado Parte al Acuerdo de Escazú no impide su avance normativo como tratado internacional vigente: al respecto, les comparto la guía de implementación del Acuerdo de Escazú adoptada en marzo del 2022 durante la primera Conferencia de Estados Parte (COP) realizada en Chile.
Como se recordará, Chile y Costa Rica lideraron las negociaciones durante más de 5 años y medio, que culminaron en Escazú el 4 de marzo del 2018. Nótese que la segunda COP prevista para el 2024 se realizará también en Chile, dado que Costa Rica no es Estado Parte:
En pp. 143 y ss se explica el alcance del Artículo 9 precitado, y se detalla cómo implementar el Artículo 9, sea un Estado Parte o no Parte al Acuerdo de Escazú.
¿Podrían inspirarse (un poco) nuestros/as legisladores desde ya para que expresiones como las usadas por este diputado y otras expresiones usadas en otros espacios tendientes a estigmatizar y a incitar el odio contra quienes defienden el ambiente sean repudiadas y sancionadas de una u otra manera por el ordenamiento jurídico vigente costarricense?”
Se extiende la invitación a sintonizar el programa Voces y Política, el próximo miércoles 31 de agosto a las 5:00 p.m.
En esta ocasión se estará conversando sobre el “Segundo Informe: Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos contra los pueblos originarios Zona Sur”.
Se contará con la participación de Felipe Vargas Morales, recuperador del Territorio Bribri de Salitre y Donal Sandí Morales recuperador del Territorio Bribri de Yabamï Dí (Cabagra).
El pasado 24 de agosto, la señora Rebecca Ramírez Fernández, del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entrevistó al señor Nicolás Boeglin Naumovic, doctor en derecho y profesor de la Universidad de Costa Rica, con respecto a la obra “La loca de Gandoca”, novela escrita por Anacristina Rossi, que en este 2022 cumple 30 años de ser publicada.
Al señor Boeglin se le consultó si el conocimiento del texto se ha traducido en un impacto verdadero en las luchas ambientalistas que se han desarrollado en el país, tras lo cual explicó que, el texto de Anacristina Rossi marca un hito en la literatura costarricense, pues fue la primera vez que un autor dedicó una novela a explicar una lucha ambiental, de manera que, cuando se lee, muchas personas pueden sentirse identificadas y sospechar de contubernios entre las autoridades, nacionales y locales, y los empresarios que buscan desacreditar la lucha ambiental. Por ello es un texto que reúne a las personas e identifica con la lucha social y ambiental.
Además, recalcó que el libro tuvo la suerte de haber sido publicado en el año 1992, cuando se dio la Declaración de Río sobre el Medioambiente y el Desarrollo, que es el primer texto que propone herramientas legales para aplicar un derecho ambiental. Esta declaración tuvo un impacto severo en el país, a tal punto que, en el año 1995, se adoptó una Ley Orgánica del Ambiente y a su vez, promovió la reforma constitucional que originó el artículo 50 actual de la Constitución Política.
Por otra parte, el libro marca una época e inicia una lucha de todos los sectores ecologistas en el país. Incluso hoy en día, se puede ver esta lucha con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, que es de vital importancia para Costa Rica pero las cámaras empresariales se oponen a él.
Finalmente, comentó el señor Boeglin que la literatura tiene la “magia que llega a todos los sectores”, además, al formar parte del programa del Ministerio de Educación Pública (MEP), se tiene la garantía de que todas las personas que se gradúen en el sector educativo público deban leer la novela y, por ende, conocerla, así como enterarse de las luchas por la defensa del medio ambiente.
II Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los pueblos originarios de la Zona Sur (2021) arroja a Fuerza Pública y Asociación Multiétnica y Pluricultural como principales agresores
Hecho se confirma tras ser vinculado a 26 incidentes de seguridad en el 2021. Incluso, el teniente Ángel Porras es identificado directamente.
Se identifica un nuevo actor en las agresiones: la Asociación Multiétnica y Pluricultural. La cual es conformada por personas ocupantes ilegales, no indígenas y personas afines.
Jueves 25 de agosto 2022. El día de ayer, miércoles 24 de agosto, la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) presentó el “Segundo Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica (enero-diciembre, 2021)” en la Universidad de Costa Rica. El Primer Informe responde a los hechos acontecidos en el 2020 y ambos documentos surgen a partir de complejos procesos de comunicación y monitoreo de agresiones cotidiano entre las organizaciones que participan en la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS). Así, los hechos relatados en el documento refieren a vivencias y denuncias que realizaron personas que pertenecen a Pueblos Originarios y que se encuentran recuperando tierras-territorios en la Zona Sur del país.
A saber, el informe recoge hechos de los Territorios: Bribris de Salitre, Yabamï Dí, Cabécar de China Kichá y Brörán de Térraba (Crun Shurin). En éstos, se registraron 63 incidentes de seguridad, que se desprenden en 24 diferentes tipos de agresiones.
Sobre los hechos, la Fuerza Pública fue relacionada con al menos 26 incidentes de seguridad y que se desprenden en 5 diferentes tipos de agresiones. Entre ellos, generan alarma los ataques del 24 y 25 de marzo con gases lacrimógenos contra personas recuperadoras cabécares de China Kichá. Operativo injustificado y que, finalmente, ocasionó el re ingreso del ocupante ilegal y no indígena Miguel Vargas Mata a la casa de habitación en Yuwi Senaglö donde se encontraba antrincherado. Ello, pese a que la Fuerza Pública conoce de primera mano que Vargas Mata implica un riesgo y amenaza para las personas recuperadoras cabécares.
Como si ello fuera poco, el 25 de marzo fue detenido arbitrariamente Carlos Zúñiga Fernández. Detención que se dio a través de engaños y una serie de violaciones a los Derechos Humanos del recuperador cabécar cometidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía.
Además, el informe identifica a un Teniente particular: Ángel Porras; vinculado a 4 incidentes de seguridad en el Territorio Cabécar de China Kichá. “El Teniente Porras era el encargado del operativo de los días 24 y 25 de marzo. Es decir, es el responsable de dar visto bueno al ataque con gases lacrimógenos contra las personas recuperadoras que se encontraban defendiendo el Territorio frente a una turba de personas no indígenas que querían volver a introducir a Vargas Mata a Yuwi Senaglö y además de agredir a las y los recuperadores”, comentó Nery Chaves, encargada de la investigación y sistematización del Informe.
“En 2020, la acción de los ocupantes ilegales superaban a las agresiones cometidas por la Fuerza Pública. En 2021, la Fuerza Pública, por sí sola, supera las agresiones por parte de terratenientes con un 57% y se le ve -en diferentes hechos- sumamente vinculada con agresores que, posteriormente, amenazarían y golpearían a personas recuperadoras hasta que éstas decidan escapar de las recuperaciones. Tales son los casos de los Territorios de Yamabï Dí, China Kichá como ya mencioné y el de Salitre; dónde en una comunidad deben convivir con el sujeto que cometió intento de homicidio contra el compañero Minor, del clan Tubölwak y recuperador”, insistió Nery Chaves.
“En Salitre la complicidad de la Fuerza Pública con los ocupantes ilegales y los no indígenas es clara desde que iniciamos a recuperar hace 12 años. La Policía no detiene los ataques en nuestra contra e incluso, ha formado parte de diferentes agresiones. Además, nunca está presente en el Territorio y si aparece es mucho tiempo después. Por eso, la Fuerza Pública no significa una garantía de nuestro bienestar y por eso, no hay confianza en ellos”, declaró Lesner Figueroa del Concejo Iríria Ditsö Ajkönúk Wakpa del Territorio Bribri de Salitre.
“Si bien, el Informe detalla menos incidentes que el año pasado, el conflicto en los Territorios Indígenas sigue mutando y haciéndose cada vez más complejo. La Fuerza Pública sigue siendo un actor imparcial, que lejos de imponer la paz se alía con personas que abiertamente quieren agredir a las personas indígenas. A ésto se suma la salida a la luz pública de la Asociación Multiétnica y Pluricultural, conformada por personas que ocupan ilegalmente terrenos en los Territorios Indígenas y que convocó a manifestaciones en contra las recuperaciones con información falsa y mentiras. También, en noviembre, se le vio muy activa a la Asociación cuando en el Territorio Bribri de Yamabï Dí, las personas recuperadoras se encontraban resistiendo y sobreviviendo a una de las escaladas de violencia más fuertes del 2021. Por eso, no se debe interpretar que porque hay menos hechos de violencia en el 2021 significa que el conflicto está mermando, sino que está transformándose constantemente”, indicó Gustavo Oreamuno, defensor y participante de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).
Pese al contexto desalentador, los Pueblos Originarios se niegan a dar marcha atrás. “Confiamos en Sibö, en nuestras ancestras, ancestros y mayores de que nuestra lucha es digna, legítima y fundamental para nuestros Pueblos. Yo no creo que ningún o ninguna Bribri, Cabécar o Brörán den marcha atrás a lo que ya tanto nos ha costado, al contrario… estamos recuperando nuestras fuerzas para seguir, de la mano con Sibö, defendiendo nuestras tierras, nuestros cultivos y nuestros Pueblos, que, sin el Territorio no somos nada”.
Para mayor información, el “Segundo Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica (enero-diciembre, 2021)” puede ser descargado en el sitio web de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (http://www.coordinadoradeluchasursur.com). También, el día de hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa con la participación de varios medios de comunicación y donde se estrenó el audiovisual «CRÓNICA DE LA IMPUNIDAD: El caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, líder Bribri del clan U̱niwak» . Finalmente como parte de las actividades de presentación del segundo Informe, a las 6pm de hoy será el foro en la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional, en Heredia.
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
Enlace video: CRÓNICA DE LA IMPUNIDAD: El caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, líder Bribri del clan U̱niwak:
Audiovisual que recoge elementos clave del caso del compañero Sergio Rojas Ortiz, indígena Bribri del clan U̱niwak, asesinado el 18 de marzo de 2019. Sergio fue líder y defensor de los derechos de los Pueblos Originarios en Costa Rica.
A pesar de la violación de los derechos humanos de los Pueblos Originarios por parte del Estado de Costa Rica, en especial el derecho colectivo a la tierra – territorio, a las múltiples agresiones sufridas y a la impunidad reinante; los Pueblos Originarios continúan resistiendo y desde sus cosmovisiones y culturas fortaleciendo y revitalizando sus organizaciones propias y autoridades tradicionales y ejerciendo su derecho colectivo a la tierra – territorio, por medio de los procesos autónomos de recuperación de sus territorios; la semilla de Sergio ha germinado en las tierras recuperadas
El Centro de Amigos para la Paz hacemos un ferviente llamado a las autoridades civiles y sobre todo a las autoridades gubernamentales involucradas en los procesos de negociación y resolución atinentes la problemática de recuperación de tierras que viven las comunidades indígenas de la región del Pacifico Sur de nuestro país a que evalúen y asuman responsablemente su rol protagónico en dicha problemática.
En tal sentido es impostergable que manifestemos ante las autoridades gubernamentales, eclesiásticas, diplomáticas, organizaciones de la sociedad civil, instancias judiciales y medios de comunicación, nuestra posición de no aceptación de los mecanismos y métodos implementados al día de hoy que han llegado al extremo de validar y vitorear a personas que aceptan ser culpables de homicidio y otras con cargas penales ser actores del proceso de búsqueda de soluciones a un conflicto que lejos de proponer soluciones se encamina a la profundización de las contradicciones y al ejercicio de la violencia y el asesinato.
Con suma preocupación ante un conflicto que lleva décadas a pesar del ordenamiento legal de nuestro país y de los compromisos internacionales atinentes suscritos por el Estado Costarricense y que ha cobrado la vida de dirigentes y líderes indígenas y que, lejos de encontrar vías de solución con gran dolor y preocupación tenemos que presenciar el vitoreo y aceptación pública del asesinato de un líder y dirigente indígena en una mesa de negociación regentada por autoridades gubernamentales, hecho que nos interpela a llamar a la sociedad costarricense y a nuestras autoridades judiciales y administrativas a asumir su responsabilidad y compromiso constitucional ante tal situación.
Pedimos por este medio que se actué de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, garante de la justicia y la paz social y que por normativa constitucional las instituciones involucradas y funcionarios involucrados sean garantes de un debido proceso que al día de hoy a la luz de los hechos están ausentes.
Nos pronunciamos como pacifistas y activistas de la no violencia activa ante nuestras autoridades gubernamentales, autoridades judiciales y civiles en aras de la paz y la justicia social a que se tomen las medidas correctivas y se proceda de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, nuestros Pueblos Indígenas merecen el reconocimiento de sus derechos y el Estado de nuestro país tiene la obligación de garantizarlos.
Paz para nuestros Pueblos Indígenas con Respeto a sus Derechos y Autonomía Indígena.
La Sala Constitucional dio trámite a Recurso de Amparo contra la ministra de Salud por no informar sobre acciones del Ministerio para atender a los afectados por ingesta de aguas contaminadas por arsénico desde hace más de 10 años.
El documento adjunto es la resolución dónde se consta algunas de las preguntas que debe responder la señora ministra.
El señor Daniel Salas fue condenado dos veces por los Magistrados por no responder a las mismas preguntas que se le formularon a la ahora ministra.
Las preguntas que nos hacemos es ¿Qué ocultan? ¿Por qué no quieren responder?
Cientos de vecinos sufren de enfermedades graves e incapacitantes, hay decenas de muertos, vecinos que sufren de ERN crónica y otras patologías asociadas al consumo de dicho elemento tóxico.
Solicitamos seguir la sugerencia del doctor Wong de la CCSS y realizar análisis de pelo, orina y sangre para detectar la presencia de arsénico en los vecinos, lo que ayudaría a prevenir los problemas. ¿Por qué se niegan a hacerlo en un número reducido de vecinos de Montenegro y Agua Caliente de Bagaces como plan piloto?
Él es Ernesto, indígena boruca, graduado de la carrera de Planificación Económica y Social-EPPS- UNA, gracias al esfuerzo y sacrificio personal y de su familia.
Más del 64% de la población graduada de las universidades estatales provienen de hogares donde padres y madres no tienen un título universitario.
Fortalezcamos la U Pública, sigamos construyendo país.
