1.- Que desde 2007, existe una tendencia decreciente, de acuerdo con la variación interanual, de los recursos que se destinan a la educación pública costarricense, incluyendo la educación universitaria?
2.- ¿Sabía que solo para este ejercicio económico (2022) se hurtaron más de 600.000 millones de colones a la educación pública, a contrapelo del artículo 78 de la que en vida fue la Constitución Política de 1949 (qdep)?
3.- Tal vez lo sabe, pero si no le recuerdo, que en este ejercicio económico los recursos para la construcción, mejora y equipamiento educativo se disminuyeron en un 63.3%, que significan más de 14.000 millones menos que en el año 2021.
4.- ¿Sabía, -no lo dudo, pero por aquello de cualquier cosa-, que se redujeron desproporcionadamente los recursos destinados a comedores escolares, transporte estudiantil, becas y otros, profundizándose cada vez más la desigualdad social y un modelo educativo excluyente?
5.- ¿Sabía, -mucho menos lo dudo-, que la educación es un Derecho Fundamental reconocido y tutelado en cualquier cantidad de declaraciones y pactos internacionales de Derechos Humanos?
6.- ¿Sabía que la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre (1789) estableció que el olvido, la ignorancia y el menosprecio de los Derechos Humanos son la causa de las calamidades publicas y la corrupción de los gobiernos?
7.- No lo dudo, usted y yo sabíamos lo que todos sabemos, mi estimado lector. Pero la cuestión es: ¿Qué vamos a hacer para impedir que le pongan candados a las escuelas, los colegios y las universidades públicas?
Carlos Andrés Pérez fue detenido injustamente el 11 de septiembre del año 2018, en el ejercicio de su derecho fundamental a la manifestación pacífica contra RECOPE, consecutivamente fue sometido a un juicio penal de flagrancia donde es declarado culpable, juicio que luego fue anulado por el Tribunal de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José al demostrarse vicios de nulidad en el fallo condenatorio.
Distintos grupos sociales como ACODEHU, el Bloque de Vivienda, el movimiento sindicalista costarricense y ciudadanos, muestran en las calles fuera de los Tribunales de Sentencia Penal de Goicoechea el apoyo en solidaridad ante la persecución política y la criminalización de la protesta social en el caso del señor Pérez.
¡Esperamos que, aunque la justicia sea lenta, sea correcta!
Se le invita al conversatorio virtual: “Un acercamiento crítico al orgullo: ¿La marcha de la diversidad debe ser una fiesta o la preparación para la lucha?” La misma tendrá lugar el viernes 25 de junio a las 5:00 p.m.
Entre las personas invitadas se encuentran Susana Meoño, Rodrigo Campos, y Linford Patterson. Mientras que el encargado de moderar será Marco Castillo. Evento coordinado y encontrado en el Facebook de OIDH. Se puede encontrar más información en el afiche adjunto a esta nota.
Nosotras y nosotros, profesionales de la historia y las ciencias sociales, frente a la movilización de diversos sectores sociales iniciada el 13 de junio de 2022 en Ecuador, expresamos:
1. Nuestra preocupación por la promulgación de declaratorias de estados de excepción que apuntan a reprimir la legítima protesta social:
En la declaratoria de Estado de Excepción en el Decreto 455, con fecha del 18 de junio de 2022, se coartan derechos fundamentales de los seres humanos como la libre asociación, reunión, tránsito y la inviolabilidad del domicilio.
En una versión oficial previa del Decreto 455 se establecía la restricción del derecho a la libertad de información y se facultaba el uso de la fuerza letal frente a las movilizaciones. Aunque esos términos fueron solapados en la versión final del Decreto de Estado de Excepción, preocupa sobremanera la intención y la posibilidad de la violación de derechos en un documento firmado por el Presidente de la República, y que circuló en una primera instancia.
El Decreto 455 fue reemplazado, el 20 de junio, por el Decreto 459, documento que matiza la suspensión de derechos. Esto da cuenta de una estrategia gubernamental para establecer el estado de excepción como método impositivo para procesar demandas sociales y así responder coercitivamente a la movilización social. Se da cuenta de esto en la militarización de la ciudad de Quito y la pretensión de hacer la capital inexpugnable, cerrar el paso a la ciudadanía y demandas del conjunto nacional.
En el transcurso de dos días, dos decretos y tres versiones de ellos han circulado, evidenciando que el Gobierno promueve políticas represivas y sólo la presión social le ha inducido a corregir sus exabruptos. A esto se suma las acciones judiciales con las que el alcalde de Quito buscó impedir que el poder legislativo derogue el decreto 455, el día 20 de junio, lo que atizó el escenario de conflicto.
2. Nuestro rechazo a las expresiones racistas formuladas por actores políticos y otros miembros de la sociedad, que no hacen más que profundizar la exclusión, la discriminación y las fracturas internas de una sociedad queaspira a dejar atrás la violencia colonial. Del mismo modo, nuestro rechazo a la campaña de desprestigio que ha enarbolado el gobierno local de Quito a una amplia mayoría de la población, temeraria discriminación encubierta de un discurso de paz.
3. Nuestro rechazo al allanamiento injustificado de las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión (Casa de las Culturas) en el marco del Decreto 455; allanamiento dispuesto por la Fiscalía General del Estado, en el que no se encontró indicio alguno de material explosivo o armamento. Pese a ello, a partir del 19 de junio se ejecutó la requisición de las instalaciones de la Casa de la Cultura; actualmente se encuentra ocupada por fuerzas policiales. Este edificio emblemático alberga colecciones y acervos culturales fundamentales para la investigación, la construcción de la identidad colectiva y el goce de los derechos culturales. Esta es una violación al patrimonio nacional y a los derechos de los miembros de la sociedad ecuatoriana, y evidencia un desconocimiento de la gestión cultural y la preservación de los bienes que construyen las memorias nacionales. Nos preocupa que esta acción haya sido justificada por las autoridades públicas en el campo cultural siendo su mandato la salvaguarda del patrimonio y su deber brindar garantías de acceso ciudadano al patrimonio. Su tardía justificación de hacerlo por cuidar el patrimonio es insostenible, pues la presencia de armas en medio de un conflicto social solo puede poner en peligro este valioso patrimonio común, lo cual se suma a su persistente descuido de la provisión de recursos para las instituciones culturales, el abandono de archivos y notables problemas para gestionar la correcta preservación del Patrimonio Nacional visible desde el 2015 y agravada en los últimos 5 años.
4. La movilización social en Ecuador no es resultado de una coyuntura, sino de factores de carácter estructural. La carestía de la vida, agravada por políticas anti-humanitarias durante la pandemia del COVID 19 y el impacto en el precio de los alimentos que tiene conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, tiene sus orígenes en un Estado y en una sociedad empeñada en políticas excluyentes e insistentemente indolentes ante las demandas de inclusión social. La lucha histórica por la inclusión política, la soberanía alimentaria y el buen vivir se oponen a modelos de acumulación oligárquicos, extractivistas, primario-exportadores y gamonales que producen todo un conjunto de desposesiones contra la sociedad. La mala gestión para disminuir las desigualdades sociales y para acoger sus legítimas demandas políticas en pos de una democracia para el pueblo, ha provocado que los sectores más vulnerables sientan de forma más profunda y excluyente, los impactos de la crisis mundial.
Actualmente, en el campo ecuatoriano se concentran los mayores índices de pobreza, pobreza extrema y desnutrición infantil crónica. Por eso, es tarea de los gobiernos la adecuada planificación para la atención prioritaria, efectiva y alejada de paternalismos y visiones excluyentes de las necesidades del campo ecuatoriano, conformado en su gran mayoría por pueblos y nacionalidades.
Las reivindicaciones planteadas por varios sectores de la sociedad corresponden a problemas de fondo que afectan a todos los ecuatorianos. Es alarmante el deterioro en los sectores de salud y educación pública por falta de presupuesto, lo que vulnera derechos constitucionales. Por tanto, la protesta social es legítima y el gobierno debe dialogar de forma horizontal y empática para responder a las demandas populares contenidas en el Pliego de Peticiones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.
5. Nuestro rechazo al uso instrumental del concepto de democracia. Este ha sido vaciado por el gobierno central y los grandes medios de comunicación a ser sinónimo de votaciones, cuando este implica formas más complejas de manifestación y participación ciudadana. De igual forma, el gobierno central en sus declaraciones ha usado el concepto de democracia para alimentar un clima de represión y conflicto, además de justificar la limitación de libertades.
6. Nuestro llamado a los medios de comunicación para difundir los acontecimientos actuales de forma plural, responsable, sin criminalizar la protesta social y permitiendo que voces diversas alimenten la formación de la opinión pública. Rechazamos la censura y la mordaza pues esta aumenta la posibilidad de que la violencia quede impune. Una opinión pública diversa y pluralista implica abandonar los intereses privados a los que representan. Del mismo modo, hacemos un llamado a las autoridades para que hagan respetar el ejercicio periodístico de los medios independientes amenazado por la violencia de las fuerzas del Estado.
7. Nuestra adhesión a la resolución política del conflicto mediante el establecimiento de vías transparentes de diálogo, respetando la independencia de las diferentes funciones del Estado y garantizando los derechos de los sectores movilizados. Este llamado debe incluir a la pluralidad de la sociedad civil y no solo a sectores adeptos al gobierno central. Creemos que los decretos de excepción expedidos no brindan un contexto adecuado para la obtención de los más profundos intereses de todos los miembros de la sociedad ecuatoriana. Instamos a la conformación de un verdadero diálogo que parta del cumplimiento, de parte del Ejecutivo, de las demandas enunciadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y otras organizaciones sociales.
Por lo expuesto, solicitamos el apoyo de la comunidad académica nacional e internacional a este comunicado en pos de una democracia atenta a las demandas sociales y al reconocimiento político de las mayorías en el Ecuador.
Los firmantes:
Alejandro López Valarezo Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política
Viviana Velasco Herrera Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política
Rosa-María Mantilla-Suárez Seminario Permanente de Historia Política
Michelle Alejandra Andrade Paredes FLACSO – Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política
Luis Esteban Vizuete Marcillo El Colegio de México / Seminario Permanente de Historia Política
Agatha Rodríguez Bustamante Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität Berlin / Seminario Permanente de Historia Política
Fernando A. Muñoz-Miño Seminario Permanente de Historia Política / El Colectivo
Sofía Luzuriaga Jaramillo Pontificia Universidad Católica del Ecuador/ Seminario Permanente de Historia Política
Katiushka Aguirre-Pacheco Pontificia Universidad Católica de Chile / Seminario Permanente de Historia Política
Enma Pilar Chilig Caiza Seminario Permanente de Historia Política
Lorena Rosero Manzano Seminario Permanente de Historia Política
Nicolás Zapata Seminario Permanente de Historia Política / Minga: democracia entre todos
Valeria Coronel FLACSO-Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política
Este martes 21, la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria de Costa Rica (FENTRAGH) finalizó una gira por las fincas de palma africana en la región sur.
En este video, Maikol Hernández, secretario general de la organización denuncia, entre otras cosas la inexistencia de sanitarios para uso de los trabajadores y trabajadoras en los campos y la falta de transparencia en la liquidación de los salarios por destajo.
Mira sus declaraciones completas en el video. Compártelo.
La Asociación Costarricense de Derechos Humanos compartió con SURCOS el siguiente documento en el cual expresa su solidaridad con Carlos Andrés Pérez Sánchez.
San José, miércoles 22 de junio de 2022
Buenos días Pueblo de Costa Rica.
Buenos días, madres y padres de familia, jóvenes, luchadores sociales, activistas de Derechos Humanos, sindicalistas y demás trabajadores de Costa Rica.
Hoy es un día especial en este país, porque está en juego la nulidad de una Sentencia y una Condena infames, contra un joven trabajador, sindicalista y amante de los grandes valores que representa a un País, cuyos habitantes luchan todos los días, para ganarse la vida honradamente.
Carlos Andrés Pérez Sánchez, estará en una AUDIENCIA ORAL, en un Tribunal de Apelación, porque su defensa, los Sindicatos, su familia y desde los Derechos Humanos, solicitamos la anulación de la CONDENA, de 5 meses de prisión y 18 millones de colones por el pago de unos daños a la EMPRESA RECOPE, que se inventaron para acusarlo de un delito del cual él se declara INOCENTE.
A este proceso, desde los Derechos Humanos y algunas autoridades legales, le llamamos Criminalización de la Protesta Social, en Costa Rica y en muchos países cuyos pueblos luchan y se lanzan a las calles, para defender la democracia y manifestar la inconformidad de los habitantes, cuando los políticos y gobiernos de turno, imponen proyectos de ley, LEYES o toman acuerdos que afectan las conquistas y derechos humanos propios de un Pueblo en DEMOCRACIA.
Nuestro apoyo a Carlos Andrés, desde nuestras conciencias, desde la reflexión, desde nuestros hogares, es una acción de civismo que la población costarricense debe de ejercitar.
Apoyar de corazón a un joven, trabajador, sindicalista, con conciencia social y luchador social, es lo que le permite a un pueblo que vive en DEMOCRACIA, participar y capacitarse, en la defensa de los Derechos Humanos y en las luchas que todos los pueblos del mundo sostenemos históricamente.
Desde este mensaje, la ACODEHU, Sindicatos públicos-privados y luchadores (as) sociales, hacemos un llamado para estar atentos de los resultado de la audiencia en este proceso penal de Carlos Andrés.
La cita es hoy miércoles 22 de junio 2 pm. en los Tribunales de GOICOECHEA.
Se agradece la presencia en las afueras del edificio.
La ACODEHU agradece al movimiento Sindical, a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados-ANEP, al Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense-BUSSCO, a SITRAPEQUIA, al SINDEU y organizaciones sociales nacionales e Internacionales, por el decidido APOYO y SOLIDARIDAD a Carlos Andrés Pérez Sánchez.
Solicitamos la nulidad de la Sentencia y la Condena injustas que lo criminalizan y lo llevarían a perder su libertad uy otros derechos humanos fundamentales.
“La PROTESTA SOCIAL, es un DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL”
La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Palma y Afines (SITRAPA) Dania Obando, hace un pedido directo a la ministra de Trabajo, Marta Esquivel animándola a que se sume y presione para que la empresa Palma Tica construya sanitarios en sus campos.
La dirigente relata en el video las precarias condiciones en las que trabajadores y trabajadoras deben realizar sus necesidades fisiológicas.
El pasado viernes 03 de junio del 2022, en el programa Alternativas, se desarrolló el tema: “Ley 7600: 26 años de deuda en igualdad, inclusión y equidad”.
Como panelistas participaron:
Erick Chacón
Ericka Álvarez
Patricia Ruiz
Mario Valverde Madrigal
Durante aproximadamente 2 horas, los panelistas reflexionaron sobre los prejuicios y acciones discriminatorias que aún en la actualidad, 26 años después de que entrara a regir la Ley 7600, tienen que seguir enfrentando las personas con discapacidad desde la sociedad civil, pero también desde el propio Estado costarricense.
Reconocen que aunque en la actualidad hay muchísimos espacios de lucha, la Ley 7600 sigue representando su emblema normativo y su respaldo en la defensa de sus derechos. Es por tanto, que se vuelve importante señalar que el marco jurídico de protección de los derechos humanos en Costa Rica es “maravilloso” en el papel; sin embargo, está fallando en su debida ejecución, reglamentación y cumplimiento.
Los panelistas concuerdan en que la institucionalidad costarricense se ha apoyado en la vigencia de la Ley 7600 para que parezca que ya se alcanzó la inclusión, pero la realidad es que hay una enorme deuda histórica en todo el país, principalmente en los territorios fuera del Gran Área Metropolitana (se cita el ejemplo de Nicoya), donde el abandono del Gobierno Central se visualiza en temas de infraestructura, educación, oportunidades de empleo, derecho a salud integral, espacios de recreación inclusivos, entre otros.
Se le invita a sintonizar la grabación del programa accediendo al siguiente enlace: https://fb.watch/dKhEazfxOm/
El Instituto sobre Migración y Refugio LGTBIQ para Centroamérica, IRCA CASABIERTA, le invita al conversatorio denominado «Integración de la población LGBTIQ Refugiada en Costa Rica». Este espacio tiene como motivo la conmemoración del Día Mundial de la persona Refugiada y será realizado en coordinación con el Centro Cultural de España de Costa Rica, el próximo 22 de junio de las 4 p.m. a las 6 p.m.
Si usted desea participar de este evento, debe realizar su confirmación de asistencia al correo: irca.casabierta@gmail.com
La jornada laboral es una de las principales conquistas de la clase trabajadora a través de la historia, que nació como respuesta a las extenuantes jornadas y condiciones de trabajo esclavizantes durante la Revolución Industrial.
La jornada laboral de 8 horas y su consigna “8 horas para trabajar, 8 horas de recreo y 8 horas para dormir”, costó cárcel, sangre y hasta la vida de personas trabajadoras y eliminarla es una afrenta política para la clase trabajadora costarricense.
Abolir la jornada de 8 horas, eliminar los 3 turnos y el pago de tiempo extraordinario: los políticos y empresarios neoliberales nos quieren arrebatar la conquista, imponiendo condiciones de explotación y miseria a todos y todas las trabajadoras.
Mano de obra esclava: este proyecto se enmarca en una política criminal y depredadora de los derechos laborales, el uso intensivo de la fuerza de trabajo y una lógica que busca “abaratar” costos de producción sacrificando los ingresos, la salud ocupacional y el bienestar de las personas trabajadoras y sus familias.
Acepta 12 horas o no tiene trabajo: Con falsas premisas, como si las personas trabajadoras pudieran pactar sus condiciones de trabajo con su patrono en el sector del comercio, las bananeras, las piñeras, las construcciones, entre otros oficios y profesiones, en un país dónde el derecho humano a la organización sindical, único instrumento para superar la desigualdad de la relación laboral, está proscrito en la mayoría de los centros de trabajo.
Demagógicas prohibiciones: las prohibiciones son un artificio, con un Ministerio de Trabajo debilitado políticamente e inoperante, una Inspección del Trabajo sin recursos, instrumentos o potestades reales para tomar acciones contundentes contra las empresas que irrespeten esas prohibiciones.
Feminización de la pobreza: más de un 50% de las mujeres trabajadoras son jefas de hogar, con dobles y triples jornadas, que pretenden “deslumbrar” con 3 días de descanso, que causará un daño irreparable, durante el embarazo, la maternidad, la lactancia, el cuido de niños, personas con discapacidad y adultos mayores, obligándolas a escoger entre su familia y el trabajo.
Imposible conciliar el trabajo y la vida familiar: muchas personas trabajadoras se movilizan largas distancias desde sus hogares, a veces por horas, con lo cual tendría que desplazarse en la madrugada o a altas horas de la noche (14 o 16 horas) dejando muy pocas horas para labores en el hogar, preparar alimentos, para el descanso y el sueño.
Frustra oportunidades de estudio y movilidad social: de quienes trabajan para poder estudiar, condenando a las personas a estancarse y no mejorar sus condiciones económico-sociales.
Mayor desempleo: en lugar de contratar a 3 trabajadores utilizarían 2 para cubrir las 24 horas. Mientras los países desarrollados promueven la reducción de jornadas, en nuestro país -el tercero con peor equilibrio entre la vida personal y el trabajo de los países del club de la OCDE- pretenden aumentarla.
Proyecto inconstitucional desmantela el Estado de Derecho: este proyecto violenta los artículos 58 y 59 de la Constitución Política, en tema de jornadas y descansos. Luego seguirán con la cesantía, las vacaciones y el aguinaldo.
BUSSCO repudia este proyecto y hace un llamado a las personas trabajadoras y sus organizaciones, para cerrar filas contra este nefasto proyecto. Es hora de organizarnos, confrontar y derrotar estos grupos de poder político empresarial, en defensa de las garantías sociales del pueblo trabajador.
La jornada de 8 horas no se negocia ni concilia con el gobierno ni el patrón ¡El proyecto debe ser rechazado!
