@UNCOSTARICA visitó ayer el territorio indígena de China Kichá para recabar información sobre los hechos suscitados recientemente y apoyar las posibles soluciones que permitan la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Costa Rica.
El 29 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, de acuerdo con lo que establece la Ley Nº 8671 de 16 de octubre de 2008. Se trata de una fecha propicia para la reflexión y el análisis acerca de la situación de este sector poblacional y del grado de cumplimiento de las normas –nacionales e internacionales—vigentes en Costa Rica en materia de derechos humanos, particularmente en los campos de la inclusión social y la accesibilidad general.
En arreglo a los importantes datos generados por la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS 2018), desarrollada por el INEC y el CONAPDIS, en el país la población adulta con discapacidad abarca el 18,2 % de la población total. Es decir, la nada despreciable suma de alrededor de 900 mil personas. Valga decir que, con el envejecimiento de la población y otros factores, es muy probable que este porcentaje mantenga una perspectiva de crecimiento de cara al futuro.
Ahora bien, la pregunta a formular es: ¿Cuál es la situación real y concreta de este numeroso grupo de habitantes de Costa Rica? Según los datos de esa encuesta (previa a la pandemia de la Covid-19), la situación no era buena en acceso a la salud, a la educación, al empleo y a las actividades recreativas. Siempre las personas con discapacidad aparecen escalones más bajo con respecto a la población general. Es muy probable que esta situación haya empeorado como consecuencia de la pandemia.
A partir de lo que expresan diversos informes, la población con discapacidad se encuentra entre las más excluidas socialmente y es severamente afectada por condiciones de pobreza; atrapada en un círculo vicioso en el cual la discapacidad genera pobreza y la pobreza produce discapacidad.
Es importante destacar que el país ha avanzado en la adopción de distintas normativas jurídicas que reconocen los derechos de las personas con discapacidad; entre las que se destacan la Ley Nº 7600 (promulgada precisamente el 29 de mayo de 1996) y la Ley Nº 8661, mediante la cual, en 2008, se ratificó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, al valorar la situación del sector es inevitable concluir que hay un enorme desfase entre lo que dicen éstas y otras normas, y su aplicación efectiva.
Algo que he podido observar es que cuando se habla de Estado y las normas que deben cumplirse en materia de derechos humanos, se piensa más en las instituciones públicas del ámbito nacional y menos en las obligaciones que se deben implementar desde los gobiernos locales.
Por supuesto que es muy importante lo que hagan o dejen de hacer los poderes centrales de la República cuando se trata de derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, quizás todavía son más decisivas, las políticas y acciones que las municipalidades realicen en favor de la accesibilidad e inclusión social de este sector, especialmente, de las personas con discapacidad más pobres.
Tomando en cuenta que las personas tenemos nuestros domicilios en los cantones, en sus comunidades y entonces, si desde el gobierno local se emprenden acciones que mejoren la accesibilidad del cantón, tanto en aspectos sociales (apoyo en educación inclusiva, empleo, salud, recreación, deporte) como en accesibilidad física, informativa y comunicacional, las personas con discapacidad podrán progresar más y tener con ello, mejores condiciones de vida.
En los últimos años el Código Municipal ha sufrido diferentes reformas y en su gran mayoría apuntan en la dirección correcta. Algunas de ellas están dirigidas en fortalecer la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad (COMAD), estando la conformación de dicha comisión permanente establecida y regulada en los artículos 13, inciso h) y 49 de la citada normativa.
La COMAD es una comisión que debe velar, vigilar, promover y proponer -entre otras cosas- la política municipal de accesibilidad; que en los presupuestos municipales se incluyan metas y contenido presupuestario para el cumplimiento de la Ley Nº 7600: que se incluya el eje de accesibilidad en la liquidación y en los informes periódicos a la Contraloría General de la República; que se incluya en el sistema de control interno y valoración de riesgo el cumplimiento de las responsabilidades que la citada ley le asigna a las municipalidades; que se formulen diagnósticos de accesibilidad sobre las necesidades de las personas con discapacidad del cantón y que toda decisión sea consultada a las organizaciones de las personas con discapacidad, para que mejoren sus condiciones de vida.
En función de tal propósito, los concejos municipales están facultados para nombrar a las personas miembros de la COMAD que funcionará al amparo del Código Municipal y del reglamento que deberá dictarle el órgano colegiado, ante el cual la comisión deberá rendir cuentas; además de asegurar las condiciones para su mejor y más eficaz y eficiente funcionamiento para promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades e intereses de la población. Así que su conformación constituye una decisión política relevante.
Por todo lo anterior, es necesario reconocer la importancia para las personas con discapacidad que los cantones, sean inclusivos y accesibles, en todos los aspectos de la vida. A partir de la idea de que el país es el marco general, pero el encuadre cotidiano es el cantón, sus distritos y sus comunidades. Así que si bien es importante que el Estado –central– desarrolle políticas públicas inclusivas que favorezcan a las personas con discapacidad, es crucial lo que haga cada municipalidad.
Igualmente, es necesario que las municipalidades conozcan la situación de los habitantes con discapacidad, empezando por su número. También es importante que conozcan a las organizaciones y personas con discapacidad activas en la lucha por sus derechos, radicadas en el cantón. Asimismo, es de valor que estas organizaciones de la sociedad civil cuenten con un dominio solvente acerca de la normativa que rige a las municipalidades en derechos de las personas con discapacidad así como otras normas propias del ámbito municipal.
Por último, es imprescindible que las municipalidades elaboren políticas públicas en materia de discapacidad, incluyendo en forma clara, los derechos humanos de las personas con este tipo de condición y que fortalezcan a las COMAD para que éstas lideren su ejecución. Ese sería el mejor homenaje a las personas con discapacidad, en su día.
El pueblo indígena de China Kichá vive una constante agresión. Es lamentable e indignante ver los maltratos y agresiones físicas y psicológicas que sufren los y las hermanas cabécares. En el verano sus tierras fueron incendiadas, tierras cultivadas que habían iniciado un proceso de recuperación, no solo en la posesión de la tierra, sino también recuperando diversidad biológica, con variedad de plantas para alimentos y otros usos, árboles, habían iniciado un proceso de rehabilitación del suelo, reconstitución de equilibrio con los diversos seres de la Naturaleza. Estos incendios son una brutal manifestación de violencia racista contra el pueblo de China Kichá y contra todo el sagrado trabajo realizado por las mujeres y sus familias.
El Estado costarricense, sus instituciones racistas y los distintos gobiernos de turno, siguen órdenes de grupos de poder económico, cuando deberían cumplir las leyes y convenios internacionales firmados y ratificados, que parecen ser solo fachada internacional.
En una Costa Rica que se dice pacífica y respetuosa de los Derechos Humanos, de los Derechos Ambientales y Declarada Pluricultural, no se debe permitir tanta violencia. Aquí siguen impunes los agresores, los asesinos de Sergio Rojas y Yhery Rivera, incitando a más violencia de los finqueros y de sus peones serviles, contra la población indígena que reivindica su tierra ancestral.
Sabemos que el derecho internacional (Convenio 169 de la OIT) y la ley nacional (Ley Indígena de Costa Rica” (Nº 6172), respaldan la lucha de los pueblos indígenas por sus territorios. Sin embargo, el pueblo de China Kichá vive una gran injusticia, por defender su derecho a la tierra. Son violentados los derechos humanos de estos pueblos indígenas porque están defendiéndose del genocidio del Estado. Se supone que estamos en un «estado de derechos», pero a la población indígena se le han negado esos derechos, a tal punto de casi desaparecer al pueblo y su territorio. Es triste ver que nuestros niños y niñas crezcan viendo tanta violencia y no puedan vivir feliz y seguros en el territorio que les pertenece.
La violencia se expresa de muchas formas hacia los pueblos que defienden su derecho a la tierra. Aunque existe un puesto policial en China Kichá, la familia usurpadora Rivera Hernández hostiga y agrede a diferentes compañeros y compañeras indígenas, han causado heridas y ha habido intentos de asesinato. Se supone que los policías están para dar protección, pero solamente protegen a los violentos usurpadores y dejan que mujeres, ancianos y niños sean expuestos a las agresiones y los mismos policías llegan a agredir, como sucedió cuando les rociaron gases lacrimógenos a población pacífica e indefensa.
Como mujeres del campo organizadas, exigimos que los policías cumplan su trabajo, y que sean sancionados por actuar como espectadores y cómplices de las agresiones. Exigimos que el Ministerio de Seguridad garantice y cumpla la ley deteniendo y abriendo procesos para castigar a los agresores. Ya no más impunidad.
Los finqueros matones agreden en lugares públicos como calles y plazas. Con piedras han herido a nuestros hermanos y hermanas de China Kichá. En las comunidades nos preguntamos: ¿Por qué la policía no actúa contra los agresores y no son detenidos? La semana pasada arremetieron con piedras contra la casa de una adulta mayor; causaron daños a la casa, además de romper el mobiliario del salón comunal en un acto de matonismo, que se alimenta con la impunidad. Cuando la población indígena pide ayuda al puesto policial, la policía llega, agrede y detiene a las personas que habían sido agredidas por los finqueros. Esto ya ha sucedido en dos ocasiones.
Los y las compañeras indígenas han ido a denunciar a la Fiscalía las agresiones y amenazas de muerte, pero eso no sirve de nada, los procesos de investigación no se abren.
Nos preguntamos y preguntamos a la población en general: ¿Por qué la justicia no llega para proteger a los pueblos indígenas?
Como Red de Mujeres Rurales queremos que se detenga esta violencia y se castigue a estos violentos. Esta historia de racismo e impunidad se repite en los territorios Salitre, Térraba, Cabagra y China Kichá.
También queremos comunicar que sentimos orgullo por las familias y los pueblos que defienden su derecho a la tierra, a su cultura e identidad. Nos solidarizamos con sus luchas.
¡BASTA YA DE IMPUNIDAD!
¡JUSTICIA ANTE LAS AGRESIONES Y ASESINATOS DE DIRIGENTES INDÍGENAS!
¡PROTECCIÓN REAL DE LAS MUJERES Y LAS FAMILIAS INDÍGENAS!
¡PROHIBICION DE ENTRADA DE LOS FINQUEROS A LOS TERRITORIOS INDÍGENAS!
23 DE MAYO 2022
Red de Mujeres Rurales de Costa Rica
Asociación Tinamaste
La objeción de conciencia usualmente es entendida como el derecho que asiste a una persona de sustraerse a cumplir con el deber estipulado por una norma jurídica que resulte incompatible con sus más íntimas convicciones éticas, religiosas, o culturales. Se trata de una extensión, o aplicación específica, de derechos humanos como las libertades de conciencia y religión, y persigue proteger a las personas de situaciones que puedan dañar de forma irreparable su identidad moral y su dignidad humana. En este sentido, se convierte en un principio especialmente útil para tutelar y fomentar la diversidad de posicionamientos ético-axiológicos que caracteriza a las sociedades modernas, y en una salvaguarda individual ante los abusos que pueden llegar a cometer, en nombre de la ley, las mayorías (morales, culturales, poblacionales, legislativas, etc.) en un país y momento dados.
Si bien los usos del principio varían de país en país, según las legislaciones nacionales, suele entenderse que este reviste un carácter individual, no institucional ni colectivo, y que su práctica es de tipo excepcional, lo cual quiere decir, entre otras cosas, que su invocación no debe convertirse en una práctica de uso generalizado ni mucho menos en una vía para impugnar la legitimidad de las normas objetadas o para impulsar cambios en ellas. La persona objetara puede invocar motivos de conciencia para evadir el cumplimiento de una ley, pero no debe tomar dicha prerrogativa como una excusa para emprender una lucha política en contra de la norma legal o del sistema en el que ésta se sustenta.
Por lo expuesto hasta aquí es que resulta tan llamativo el uso que los sectores conservadores de toda América Latina le están dando a la objeción de conciencia. Esta ha empezado a ser utilizada no ya como un derecho individual, excepcional y pasivo, sino más bien como una estrategia activa y coordinada para contrarrestar la eficacia de las leyes que han ampliado los derechos sexuales y reproductivos de la ciudanía (educación sexual humanista; matrimonio igualitario, despenalización del aborto) y para socavar la legitimidad de las decisiones legislativas y judiciales que permitieron su incorporación a los ordenamientos jurídicos en primera instancia. Allí en donde no tuvieron el peso político suficiente para evitar la sanción de ese tipo de leyes, los sectores conservadores, que siempre han procurado presentarse como los legítimos representantes del sentir mayoritario de las poblaciones, han corrido a refugiarse en derechos históricamente habilitados para la protección de minorías.
En Costa Rica tal estrategia se puso en marcha de forma paralela al reconocimiento del matrimonio igualitario y se ha concretado ya a través de un artículo de ley que les permite a las personas funcionarias públicas alegar motivos de conciencia para no recibir programas de capacitación en materias relacionadas con la igualdad de género y los Derechos Humanos, y de un fallo de la Sala Constitucional que avaló el uso de la objeción de conciencia para servidores judiciales que atienden gestiones asociadas al reconocimiento jurídico de las uniones (de hecho o matrimoniales) entre personas del mismo sexo. Asimismo, se tramitan tres proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que pretenden hacer de este principio un recurso de uso corriente para todas las personas habitantes del país.
El peligro que entraña la politización de la objeción de conciencia reside, precisamente, en la posibilidad de que ésta se utilice no como un escudo de protección ante leyes lesivas de las propias convicciones, sino como un arma para obstaculizar el acceso a derechos ya incluidos en el ordenamiento jurídico-institucional. Entendido y practicado de esa forma, el principio quedaría vaciado de su condición de derecho y pasaría a ser un instrumento al servicio de la discriminación. Es importante que como sociedad podemos vislumbrar y debatir esta posibilidad, y que el Estado, y las instancias operadoras de justicia, tomen las previsiones para evitar que un derecho se utilice para lacerar otros tantos.
Pocas veces en la historia de la humanidad, en un lapso de 365 han ocurrido tantos y tan variados acontecimientos. 1933: Dos estilos de gestión, dos mandatarios, y los dos elegidos según la Constitución Política vigente en cada uno de esos países. Alemania y Estados Unidos.
En Estados Unidos resultó airoso Franklin D. Roosevelt. País sumido en la depresión que devoró miles de empleos, muchas empresas pequeñas desaparecieron, muchos suicidios, aumento de violencia, ruptura del tejido social, miles de desahucios en pequeños departamentos, pérdidas y remate de granjas agrícolas, aumento de la desintegración familiar, violencia familiar y asombroso aumento del alcoholismo. Lo más grave, el alma rota de un pueblo y con una gran desesperanza ante el futuro y el porvenir.
En Alemania, Hitler es declarado Canciller, es quemado deliberadamente el parlamento, culpándose de ello a otros – cuál quema de Roma por la megalomanía de Nerón -, los nazis se hacen del poder y de las estructuras del estado con el compadrazgo de otros partidos que pagaron caro su silencio, indiferencia e inoperancia. Se emiten leyes restrictivas y se prohíben los partidos políticos, se emiten leyes depurando el aparato público en contra de funcionarios de origen judío, o que piensen diferente o critiquen el régimen. Se emiten disposiciones para fomentar una cultura que exalta a unos grupos humanos sobre otros, mirando con desprecio a quienes son diferentes, por sus orígenes, sus creencias, su color de piel u orientaciones sexuales.
Sobre este periodo oscuro en la historia de Alemania, en el período entreguerras, cuando un grupo de forajidos y gamberros, o se hicieron del poder construyendo un discurso sólido y quimérico, que ante el silencio y complicidad de muchos que pagaron el precio hasta con la vida, condujo hacia el sometimiento de un pueblo y uno de los episodios más horrendos de la historia, pues el ascenso de un régimen déspota, ruin y autoritario, condujo hacia la perdida de libertades y a fraguar una sociedad inviable. Para ello les invito, a todos y especialmente a quienes aman la lectura les recomiendo el libro El lenguaje de los Nazis de Viktor Kempleler.
La sociedad alemana pagó caro su indiferencia, al ser avasallados por un régimen que poco a poco comenzó a sacar las uñas y cercenó las libertades públicas, los derechos humanos e inspiró la instauración de un camino amalgamado sobre las armas y la violencia.
El presidente Roosevelt sabía que no había tiempo que perder, se arremangó la camisa y se dispuso a trabajar desde un inicio.
Sabía que toda iniciativa para crear y recuperar empleos requería de un amplio y riguroso plan de infraestructura, donde Estado y sector privado jugaban un papel muy importante, complementario, no antagónico.
Estados Unidos vivió en verdadero crecimiento económico y muchos de los beneficios fueron trasladados al sector laboral. No solo se habló de reactivación económica, de creación de riqueza, sino que dichas acciones fueron acompañadas de mecanismos eficaces de distribución de la riqueza. Se crearon aeropuertos, autopistas, nuevos puertos y ampliación de los existentes, construcción de hospitales, escuelas, colegios, edificios federales, ampliación de la red ferroviaria y la construcción de miles de obras civiles para dotar de vivienda en las grandes ciudades a los desfavorecidos y el embellecimiento de parques. O sea, el bienestar y protección del ámbito laboral nunca estuvo ausente. La generación de nuevos empleos lo permitió, pues los trabajadores pusieron pan a sus mesas, y su orgullo y dignidad fueron justamente reestablecidas.
En Costa Rica, hoy el presidente Chaves y su equipo se enfrentan ante la disyuntiva de tomar las mejores decisiones. No sé si su programa gobierno incluye el concepto de Bien Común. Pero sí lo hace nuestra Constitución Política. Habrá que tomar decisiones en torno a frenar y combatir la desigualdad, así como el aumento en el costo de la vida, empujado por el precio de los combustibles y por el creciente valor de los alimentos; sobre esto último, si no hacemos nada, empezaran a escasear. Estos y otros problemas agobiantes no serán resueltos por las fuerzas del mercado o la mano invisible de Adam Smith.
El presidente, y el bloque hegemónico en la Asamblea Legislativa pueden optar por escuchar el pueblo y gobernar al lado de él, o profundizar la altisonante e inmoral desigualdad y brechas existentes entre la GAM y regiones periféricas. Ya el hambre y la desnutrición empujan y tocan la puerta de muchos hogares costarricenses.
Curioso, dentro de los países de la OCDE, Costa Rica es uno de los países donde la fuerza laboral destinó más horas al trabajo, pero también es uno donde la relación entre generación de riqueza y participación de trabajadores en la creación de la misma es uno de las más desiguales. A nivel mundial lo viene advirtiendo la OIT y el Papa Francisco.
Para muchos…. la herradura es símbolo de buena suerte, sinónimo de bienestar, felicidad y poder. Confío en que como pueblo aún no hemos perdido la capacidad de que podamos salir del atolladero en que la clase política tradicional nos ha sumido desde décadas atrás. Ojala hubiese una herradura sobre el marco de la puerta de Casa Presidencial y de la Asamblea Legislativa.
Montserrat Sagot: «Creo que la señora Ministra de Salud no está enterada, pero la implementación de la Norma Técnica del Aborto Terapéutico es el resultado de una demanda que presentó Aurora en contra del estado de Costa Rica frente a la CIDH por haberla torturado negándole un aborto terapéutico de un embarazo inviable. En ese sentido, la Norma Técnica fue desarrollada como resultado de ese proceso porque se demostró que Aurora había sido sometida a un trato sumamente dañino e injustificado al obligarla a llevar a término un embarazo en el que el feto no tenía pared abdominal y tenía todos los órganos expuestos. Si el gobierno sigue adelante con sus promesas hechas a la Conferencia Episcopal y a los evangélicos de revisar la Norma Técnica, no solo estaría incumpliendo los mandatos de la Corte Interamericana, lo cual sería terrible, sino que estaría poniendo en riesgo la vida de muchas mujeres con embarazos inviables y le daría muchas oportunidades a los sectores más conservadores de avanzar en su agenda de retrocesos e imposiciones a las mujeres y a otros sectores».
Tomado del muro de Facebook de Montserrat Sagot.
Fuente: facebook.com
Compartido con SURCOS por Oscar Jara Holliday.
SURCOS comparte la siguiente información:
La Universidad para la Paz de las Naciones Unidas (UPAZ) organizó un conversatorio con el Relator Especial de NNUU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias. Se contó con la participación del Rector y Decano de la UPaz Dr. Morris Tidball-Binz (de nacionalidad argentina) quien reflexionó sobre la historia de la Relatoría en el marco del 40 aniversario del establecimiento de su mandato y su aporte al desarrollo de la ciencias forenses y estándares internacionales en la materia, incluyendo el impacto del Protocolo de Minnesota
“Las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias constituyen una de las más graves violaciones a los derechos humanos, porque si no se respeta, protege y garantiza adecuadamente el derecho a la vida, no es posible ejercer o defender adecuadamente ningún otro derecho humano.
Hubo una sesión presencial en el Salón Cardona del Ministerio de Relaciones Exteriores el jueves 19 a las 8:30 am y todo interesado debió escribir antes de mediodía del miércoles 18 de mayo para que se autorizara el ingreso. También tuvo lugar el miércoles 18 de mayo a las 14:00 horas en el Campus de la UPAZ.
SURCOS comparte la siguiente información:
El día 18 de mayo del presente año 2022 en el territorio de China Kichá se reportaron tres ataques en contra de las personas recuperadoras por parte de la familia Rivera, entre las afectadas se encuentra una recuperadora y su bebé de 5 meses.
Los grupos, Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kelpego, Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kono Jú, Recuperadoras y recuperadores de Sa Ka Keirö Kaska, Recuperadoras cabécares de Sa Ka Duwé Senaglö, Recuperadoras y recuperadores cabécares de Yuwi Senaglö, Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) y el señor José Francisco Calí Tzay, Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las ONU; denuncian los hechos ocurridos.
Se emitió una alerta temprana debido a que los sujetos Antony Rivera, Noel López y Cristóbal Rivera se encontraban en el Territorio armados con un machete y amenazando de muerte a los y las recuperadoras cabécares de China Kichá.
Los ataques comenzaron a las 10 de la mañana hora en que varios recuperadores cabécares se dirigieron a San Antonio a realizar diligencias como comprar leche para sus hijos e hijas. En el camino, a 500 metros de la entrada del Territorio Cabécar de China Kichá, fueron interceptados por la familia Rivera. Evelin, Jeilin, Karol y Darling Rivera, desde su casa ubicada en ese lugar, empezaron a tirar piedras y palos a las motocicletas en las que viajaban las personas recuperadoras.
Como si eso fuera poco, alrededor de las 3 p.m. en las cercanías del salón comunal del Territorio, Yamileth Fernández (recuperadora de Kono Jú y Yuwi Senaglö) y su bebé de 5 meses fueron interceptados por Jeilin y Karol Rivera quiénes golpearon a Yamileth. Adriana Fernández (recuperadora de Sa Ka Keirö Kaska) intentó defender a Yamileth en lo que llegaron Mariela y Evelyn Rivera a tirar piedras a la casa de Doris Ríos (recuperadora de Sa Ka Keirö Kaska). Ambas recuperadoras respondieron al ataque para detenerlo y defender al bebé de Yamileth.
La Fuerza Pública al llegar al lugar se mostró a favor de la familia Rivera y amenazó a los y las recuperadoras con tirar gases lacrimógenos si la situación de violencia no bajaba. En reiteradas ocasiones, las personas recuperadoras cabécares de China Kichá han identificado como la Fuerza Pública se encuentra a favor de la familia Rivera: las trasladan a distintos sitios del Territorio, en las agresiones amenazan a las personas recuperadoras pese a que son las víctimas y constantemente se les ve compartiendo amigablemente con la Familia Rivera.
Sin disminuir la tensión, alrededor de las 5:15 p.m. fueron divisados Cristóbal y Antony Rivera y Noel López con machetes y amenazando de muerte a las personas recuperadoras. Entre las amenazas, ambos sujetos enfatizan en el recuperador de Kono Jú y Yuwi Senaglö, Greivin Fernández. Greivin fue brutalmente atacado el 25 de febrero del presente año cuando Leandro Rivera lo agredió con un machete en su cabeza y en una de sus manos.
Alrededor de las 6 p.m. fueron informadas las personas recuperadoras que aún se encuentran en el centro del Territorio, de que la casa de habitación de María Esther (madre de varias personas recuperadoras) fue atacada por Darling y Harold Rivera. Doña María Esther es adulta mayor y se encontraba sola en casa cuando Darlin y Harold quebraron los vidrios de la misma.
Alrededor de las 6:30 p.m. La Fuerza Pública ataca con gases lacrimógenos a las personas recuperadoras cabécares que se encontraban en las inmediaciones del salón comunal. El ataque policial es realizado luego de que las personas recuperadoras cabécares se encontraran atendiendo la situación de agresión contra Yamilet y Adriana Fernández por parte de Yeilin, Mariela, Evelyn y Karol Rivera así como otros siniestros ocurridos en la mañana y en contra de la casa de la mayora María Esther.
Las personas recuperadoras identificaron alrededor de veinte antimotines en el Territorio, así como la presencia del Grupo de Apoyo Operacional (GAO).
Al ser las 7:10 p.m. las personas recuperadoras no tienen claridad de cuántos gases fueron arrojados por la Fuerza Pública y lo único que pudieron hacer fue correr hacia unos cafetales para resguardar su seguridad. En medio de los gases y de los gritos de niños, niñas y personas adultas mayores, el recuperador de Kono Jú, Berny Obando se dirigió a la Fuerza Pública para cuestionar el accionar policial en vista de que hay población vulnerable en medio del ataque de gases lacrimógenos. A ello, la Fuerza Pública respondió arrestando a Berny y sacándolo del Territorio.
Berny es el tercer recuperador cabécar detenido por la Fuerza Pública. Los dos compañeros anteriores también fueron detenidos de forma arbitraria.
Ninguna de las personas de la familia Rivera que arremetieron contra las y los recuperadores cabécares de China Kichá ha sido detenida por la Fuerza Pública. Así, las autoridades continúan operando a favor de las personas agresoras.
Alertamos a la opinión pública nacional e internacional, así como a las organizaciones solidarias con nuestra lucha que la tensión en el Territorio Cabécar de China Kichá no disminuye.
Denunciamos al Estado costarricense y a la Fuerza Pública por no cumplir con lo que las leyes del país les demanda. El Estado lejos de cumplir con lo establecido en la Ley Indígena de 1977 y sacar a las personas no indígenas que ocupan ilegalmente nuestro Territorio, nos agrede con la Fuerza Pública; institución que no teme en demostrar su afinidad por la familia Rivera y cometer agresiones en contra de las personas recuperadoras cabécares de China Kichá.
Cualquier agresión en nuestra contra es responsabilidad del Estado y de la familia Rivera, a quienes tenemos años denunciando por sus agresiones en nuestra contra. Denuncias que lejos de alcanzar la justicia, se quedan archivadas mientras que las instancias de justicia arremeten en nuestra contra cometiendo dos arrestos irregulares y múltiples agresiones.
Si una tercera vez corre la sangre de una persona recuperadora y luchadora por los Pueblos Originarios que habitan Costa Rica es responsabilidad única y total del Estado en sus múltiples instancias. Las personas recuperadoras cabécares tememos por nuestra integridad física y vida por lo que alertamos a la comunidad internacional y nacional sobre el alto riesgo en el que vivimos cada día de nuestras vidas.
Si un tercer líder de un Pueblo Originario es asesinado, es el Estado y la Fuerza Pública quiénes tendrán sus manos llenas de sangre e impunidad.
Nota elaborada por:
– Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kelpego.
– Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kono Jú.
– Recuperadoras y recuperadoras de Sa Ka Keirö Kaska.
– Recuperadoras cabécares de Sa Ka Duwé Senaglö.
– Recuperadoras y recuperadores cabécares de Yuwi Senaglö.
– Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
Fuente de imagen: Radioemisoras UCR.
El racismo ambiental fue un término acuñado en Estados Unidos por el investigador Benjamín Chavis, luego de observar contaminación química por los vertidos de industrias principalmente en barrios afroamericanos. El racismo ambiental hace referencia a la discriminación racial en las políticas ambientales; es la discriminación deliberada de las comunidades por alguna condición étnica para depositar residuos tóxicos o instalar industrias contaminantes. Las zonas para este tipo de actividades, usualmente, son las afueras de ciudades y las habitadas por comunidades tradicionales. Por ejemplo, en Brasil, el racismo ambiental afecta fuertemente tanto a comunidades urbanas periféricas, como a comunidades rurales tradicionales.
Este fue el tema abordado por el programa Saber Vivir, de la Radio 870 UCR. Con la compañía de Pamela Cunningham, fundadora de la Colectiva Costa Rica Afro, y de Valeria Montoya, docente e investigadora del programa de Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.
En el programa se exponen una serie de ejemplos relevantes que evidencian el racismo ambiental. Entre ellos el desplazamiento en la zona de Sao Pablo, en la región centro-oeste de Brasil, por parte de comunidades acaudaladas y blancas. También las afectaciones ambientales causadas por el monocultivo de la caña de azúcar en el Valle del Cauca, Colombia.
Otros de los conflictos conocidos en este tema son el problema distributivo entre petroleras y el pueblo mapuche (originario de Argentina y Chile), y la contaminación sistemática de fuentes de agua en pueblos afrodescendientes en Ecuador.
Pamela Cunningham hace un énfasis en que el racismo ambiental es una forma de opresión que divide a la sociedad, donde un sector sufre de condiciones injustas con recursos medioambientales peligrosos, nocivos o tóxicos. Valeria Montoya señala que industrias como las mineras o las responsables de desechos electrónicos hacen un uso insostenible de la tierra y los bienes comunes de las comunidades menos privilegiadas, envolviéndolas en un ambiente no sano y que las deja aún más empobrecidas.
Todos estos problemas se han visto en poblaciones discriminadas, como las afrodescendientes y las indígenas, donde se les despoja de la salud y de sus tierras ancestrales.
Entre las consecuencias del racismo ambiental está la violación de los derechos humanos más básicos, como el derecho a vivir en un ambiente sano. Además, constante sufrimiento e incertidumbre de perder los recursos naturales y ser privado de los bienes comunes. Cambios en las interacciones culturales que tienen las comunidades con la naturaleza por pérdida de elementos históricos, como ríos o zonas boscosas.
En Costa Rica este no es un problema ajeno. Un caso a la vista de todos, pero que suele ser pasado por alto, es el de los basureros. En el programa se resalta que los basureros suelen estar ubicados en comunidades marginales como los barrios más pobres o las zonas costeras, pero nunca en una zona acaudalada. Además, el caso del tóxico nemagón en el Caribe, donde las personas afectadas solamente recibieron una indemnización.
Para el futuro las exponentes invitan a identificar las situaciones de racismo ambiental en el país, exigir al gobierno políticas públicas que velen por la igualdad, presión de los grupos sociales para transmitir el entendimiento sobre la situación, apoyar a las organizaciones que luchan por la igualdad, y tener conciencia individual para tomar decisiones amigables con el ambiente. Hacen un llamado a levantar la voz ante situaciones que propicien el racismo ambiental.
Para cerrar Valeria Montoya menciona la importancia de reconocer nuestra propia historia para entender la profundidad de estos actos discriminatorios. Pamela Cunningham nos invita a ser activamente anti-racistas con actos concretos, que como pueblo pasemos de la mención a la acción.
Puede escuchar la charla completa en https://www.facebook.com/870UCR/videos/404625157998450.
San José, viernes 20 de mayo de 2022
Durante los últimos diez años, las personas indígenas que decidieron recuperar sus tierras-territorios en China Kichá, han sido víctimas de la violencia por parte de los empresarios que les habían invadido de forma ilegal sus territorios; además les han quemado sus ranchos, sus cosechas y les han violentado físicamente, al punto de que varias personas han sido hospitalizadas.
El miércoles 18 de mayo del presente año en horas de la tarde la Fuerza Pública actúo de manera violenta contra la población de China Kichá.
Las personas recuperadoras informan de la presencia de veinte personas de la Policía Antimotines, además de acciones del Grupo de Apoyo Operacional-GAO.
El excesivo uso de gases lacrimógenos, que la Fuerza Pública lanzó contra la población civil, niños, adultos mayores, y mujeres da muestra de la violencia de los efectivos de la Fuerza Pública contra la población.
En ese contexto de violencia, se detuvo de forma arbitraria al joven Verny Obando Ríos, sacándolo del territorio. Este es el tercer recuperador cabécar detenido por la fuerza pública durante las últimas semanas del presente año.
“Ninguna de las personas que han agredido a los indígenas han sido detenidos”.
En este escenario de agresión, la vivienda de la señora María Esther, persona mayor de edad, sufrió los ataques violentos y su casa quedó parcialmente destruida.
El día de hoy, 19 de mayo una turba armada en las afueras del territorio cabécar, diez personas se presentaron con machetes, palos y piedras, los cuales se instalaron a un kilómetro de distancia del territorio cabécar de China Kichá.
En horas de la tarde una delegación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU-COSTA RICA, estuvieron en el Territorio atendiendo la grave situación de agresión y violación a los Derechos Humanos del pueblo cabécar de China Kichá.
La ACODEHU hace un llamado a la solidaridad nacional e internacional para exigir el cese inmediato de las agresiones de la Fuerza Pública contra las y los recuperadores de la población cabécar y por el contrario, SOLICITAMOS LA DEBIDA ATENCIÓN DEL GOBIERNO DE COSTA RICA Y DEL ESTADO, PARA BRINDAR LA MERECIDA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS POBLADORES DE CHINA KICHÁ, esto debido a las amenazas y las acciones que atentan contra la vida y la integridad de los pobladores.
¡¡¡ NO MÁS ASESINATOS, NO MÁS IMPUNIDAD CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COSTA RICA!!!
Ana Cecilia Jiménez Arce, Presidenta ACODEHU
Denis Calix, Secretario ACODEHU
Correo-e: derechos.humanos@acodehu-ddhh.org
