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Etiqueta: derechos humanos

El Acuerdo de Escazú o la ilusoria tregua en medio de una guerra total contra la vida

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Bryan González y Jiri Spendlingwimmer,
Miembros del Movimiento Ríos Vivos

Es esencial el empujar siempre más allá de nuestro cuestionamiento, porque no podemos seguir poniendo más parches aquí y allá que no resuelvan los verdaderos problemas.
Murray Bookchin

Nuestra derrota sólo quedará sellada si decidimos no escrutar los fundamentos de lo ocurrido, si no descubrimos con claridad lo que propiamente hemos de combatir. Precisamente por estas razones mis amigos y yo hemos de ir a las raíces de las cosas.
Günther Anders

Aviso de incendio

Es un derecho inalienable de todo ser humano y una obligación de todo Estado garantizar el libre acceso a la información, la participación pública activa en la toma de decisiones y el irrestricto acceso a la justicia, principalmente cuando se trata de los temas que caracterizan al entorno que habitamos y compartimos con otras formas de vida. Esto debería ser así si asumimos que vivimos en democracia.

Al no ser así, todo instrumento jurídico y político que nos permita acceder a estos derechos debe ser entendido como necesario para continuar defendiendo la vida en el planeta. A partir de esta realidad es que consideramos que el llamado “Acuerdo de Escazú” es una herramienta que podría utilizarse como un mecanismo legal para garantizar el acceso a la justicia pronta y efectiva para todas aquellas singularidades y comunidades que se ven vulneradas por la violencia intrínseca del modelo de destrucción capitalista, al que consideramos irremediablemente insostenible.

Es necesario desarrollar una inteligencia compartida de la situación mundial que nos permita comprender a qué nos enfrentamos: El colapso mundial y la guerra total contra la vida. Esta inteligencia compartida posibilita la visión de las operaciones en curso que se ejecutan bajo una lógica de competencia por el control de los recursos estratégicos en acelerado agotamiento. Para ello es necesario el debate que invite a todas las voces a pronunciarse y a reflexionar sobre el rumbo de los acontecimientos.

Es a partir de la comprensión de nuestra situación actual que proponemos una crítica política al Acuerdo de Escazú con la intención de aportar herramientas y elementos para que tenga lugar este debate; NO con la intención de rechazar las garantías jurídicas que en él se contemplan para la protección de las vidas de las personas defensoras de Derechos Humanos y de la Naturaleza en América Latina y el Caribe, la región más violenta y desigual del mundo, pero también la más rica en materia de bienes comunes.

Por el contrario, nuestra crítica se centra en algunos aspectos que se circunscriben al Acuerdo de Escazú, y que consideramos se deben tomar en cuenta en este debate. Específicamente nuestra crítica se enfoca en:

  1. El concepto de “Desarrollo Sostenible” en el que se inscribe la Cumbre de Rio+20 del que emana el Acuerdo de Escazú.
  2. Los promotores del acuerdo, principalmente las agencias financieras internacionales y los gobiernos latinoamericanos que participaron en su elaboración.
  3. El acceso a la información y la excepción bajo excusa de la seguridad nacional.
  4. El desmantelamiento de las instituciones públicas como una política neoliberal que coarta la participación ciudadana en la toma de decisiones, el acceso a la información y a la justicia.

Es este contexto latinoamericano en el cual nos situamos y las dinámicas imperialistas y coloniales que en él se desarrollan, lo que nos lleva a plantear nuestra crítica. No nos situamos en el ámbito del derecho para analizar al Acuerdo de Escazú, desde el cual ya se han expuesto todas sus bondades como una herramienta jurídica necesaria; sino desde lo político, ámbito de reflexión que ha sido considerado como superfluo, “porque se entiende que los mecanismos de control judicial «a posteriori» constituyen una vía suficiente para revisar los resultados de la actividad política” (Agapito, 2009, p. 12).

Pero la realidad y la misma actividad política no cesan de recordarnos que la visión dominante que se tiene de la Política es la de un ámbito definido exclusivamente por lo político, esto es, la lucha por el poder, entendiendo a éste como el poder matar y destruir, y “quien pueda hacerlo, sostiene Santiago López Petit, es quien tiene el poder” (2015, p.11).

El desarrollo como catástrofe

El crecimiento económico imparable e infinito que pretende el modelo capitalista no es acorde con la finitud de la vida y de lo que llaman bienes comunes planetarios. El capitalismo se sustenta en la lógica de la acumulación por destrucción y el despojo. Para expresarlo abiertamente, sin eufemismos, NO es posible un desarrollo sostenible. El desarrollo, sin importar que adjetivos le acompañen, debe ser entendido como catástrofe, siendo ésta, no sólo consecuencia del accionar humano, sino, el resultado intrínseco del capitalismo y de la clase parasitaria que se beneficia de la explotación y destrucción de otros seres humanos y otras formas de vida.

La magnitud de la catástrofe hace cada vez más evidente la urgencia de adoptar acciones más decididas para hacerle frente, asumiendo posturas éticas y políticas que nos permitan irrumpir en la realidad que nos ataca. Es por esta razón que hacemos eco de las alarmas que nos advierten que el planeta está experimentando “un gran episodio de disminución y extirpación de poblaciones, que tendrá consecuencias negativas en cascada en el funcionamiento y servicios de los ecosistemas que son vitales para el mantenimiento de la civilización. Describimos esto como una «aniquilación biológica» para resaltar la magnitud actual del sexto evento de extinción grave actualmente en curso en la Tierra” (Ceballos, Ehrlich, y Dirzo, 2017, p. 1. Énfasis nuestro).

Dicho con más contundencia, los procesos destructivos provocados por el modo de producción capitalista “eventualmente resultarán en la aniquilación de toda la vida en el planeta” (Strona y Bradshaw, 2018, p. 2). Y con ella, la sensación de no poder detener ese proceso de aniquilación, lo que nos coloca en medio de “la paradoja de unos beneficiarios que son incapaces de proteger al sistema que les beneficia” (George, 2003, p. 27).

Hablamos de aniquilación biológica y no del sinsentido del “desarrollo sostenible”, principalmente porque este concepto describe cabalmente al proceso de acumulación por destrucción infinita en un planeta de “recursos” finitos, mientras que términos como “desarrollo sostenible” nos refiere al mantenimiento del modo de destrucción capitalista, siguiendo su crecimiento ininterrumpido, pero gestionado de tal forma que pueda considerarse como “verde”, una suerte de catástrofe amigable con el entorno que destruye.

No es posible un desarrollo sostenible cuando la realidad evidencia un proceso histórico que solo puede comprenderse en términos de Maldesarrollo que “epitomiza la amplitud, la profundidad y la trágica realidad de un fracaso global” (Carmen, 2004, p. 37). No hay punto intermedio, hablar, por tanto, de “desarrollo sostenible”, no es otra cosa que una abdicación epistémica y un posicionamiento a favor del agresor y contra las singularidades y comunidades más vulnerables en esta guerra total contra la vida.

Cuando llamamos por su nombre real a los procesos destructivos que atentan contra la vida, advertimos sobre la urgencia de acciones más contundentes para hacer frente a la catástrofe resultante del modelo capitalista. Hablamos de Aniquilar, del latín annihilare, alteración de nihil, ‘nada’, que significa literalmente “reducir a nada” (Corominas, 1961, 52), acción que no se gesta por generación espontánea, ni mucho menos un error que escapa a todo cálculo. Hacemos referencia no solo a una fase sino a una acción que perfectamente se relaciona con la guerra que, como señaló Carl von Clausewitz, “en todas las circunstancias debemos considerar a la guerra no como algo independiente, sino como un instrumento político” (2004, p. 49).

La aniquilación biológica es una manifestación directa de una guerra total contra la vida, la de todos los seres que habitan en el planeta, incluida la humanidad. Al ser la guerra un instrumento político, debe entonces comprenderse como parte de un proyecto político, con objetivos claramente definidos, no es un hecho aislado, ni un error humano, mucho menos que estalla de improviso. Es un acto de fuerza llevado a cabo por la clase parasitaria capitalista, obsesionada con la acumulación de poder y el gobierno de las especies.

Conociendo al enemigo: De cuando el lobo ya no se disfraza de oveja, pero sí se pinta de verde

Queda claro que el contexto planetario que vivimos actualmente es de guerra y es un principio de ésta conocer al enemigo que se enfrenta. De ahí que el primer objetivo de nuestra crítica al Acuerdo de Escazú consiste en visibilizar a los promotores de este acuerdo, operarios de la destrucción; armas de guerra imperialista para la devastación de países y el saqueo de sus recursos considerados como estratégicos. Ahora se asumen, sospechosamente, como amigos de la naturaleza y protectores de comunidades y singularidades vulnerables; víctimas de sus propias políticas y directrices.

Que el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y otras agencias imperiales promuevan un acuerdo que parece más una suerte de tregua, debería encender todas nuestras alarmas y considerar la posibilidad de una paz con la naturaleza y con quienes la defienden como un rescate del sentido original de la pax imperii, esto es, la dominación y la rendición absoluta frente al dominador. No extraña, por tanto, que se acoja de tan buena gana conceptos engañosos como el de desarrollo sostenible. Pero lo que sí extraña es el silencio repentino de ciertos sectores que han dejado de cuestionar a estas agencias imperiales de la destrucción, y que, sin mediar una crítica profunda, ven su historial delictivo como “errores humanos” que son rectificados tras una suerte de epifanía institucional de la catástrofe.

Otros actores promotores de este Acuerdo dignos de toda sospecha son los gobiernos latinoamericanos firmantes, merecedores del epíteto de administradores coloniales de la destrucción de países y garantes del robo de los bienes comunes en detrimento del bienestar de sus propias poblaciones, tal como fue esgrimido por el ideólogo imperial George Kennan al referirse al rol colonial que deben cumplir los gobiernos latinoamericanos en beneficio de los intereses imperiales estadounidenses sobre la región. Para Kennan, “Para proteger nuestros recursos, debemos combatir una herejía peligrosa que, tal como señaló la inteligencia norteamericana, estaba proliferando en América Latina ‘la amplia aceptación de la idea de que el gobierno tiene la responsabilidad directa del bienestar del pueblo” (Chomsky, 1988, p. 34).

Resulta paradójico que los gobiernos sean los principales garantes del respeto a la vida y los Derechos Humanos y de la Naturaleza a la vez que son los mayores violadores de esos mismos derechos. Su poco interés por avanzar en la resolución de los asesinatos sistemáticos de personas defensoras de la vida, hace de los Estados, máquinas de impunidad al servicio del mayor postor. A pesar de esto, se les encomienda la responsabilidad de velar por el cumplimiento de lo estipulado en un acuerdo como el de Escazú.

El Acuerdo de Escazú fue adoptado en marzo de 2018 cuando algunos de los peores gobiernos latinoamericanos de la segunda década del siglo XXI estaban en el poder. El proceso de negociación fue copresidido por el Chile de Sebastián Piñera enemigo acérrimo del pueblo Mapuche y la Costa Rica del saliente Luis Guillermo Solís, para luego ser sustituido por Carlos Alvarado, periodos de tiempo en los que fueron asesinados los líderes indígenas Sergio Rojas y Jhery Rivera.

Junto a estos dos países también fueron parte del Acuerdo el México del sanguinario régimen de Enrique Peña Nieto, la Argentina del impresentable Mauricio Macri, la Colombia de Juan Manuel Santos, el Ecuador de Lenin Moreno y el Brasil del golpista Michel Temer. Ninguno de ellos dignos de ser considerados garantes de la democracia, el Estado de Derecho, o de los derechos de los pueblos indígenas, mucho menos pueden ser considerados como adalides por la protección de la Naturaleza. ¿Se puede entonces confiar que un acuerdo elaborado por estas administraciones coloniales va a garantizarnos los derechos más elementales para la protección de la vida en el planeta?

Por otra parte, rechazamos contundentemente la instrumentalización de las violencias y las muertes de las personas que han puesto, y ponen su cuerpo y su vida en defensa de los derechos de la Naturaleza y de las singularidades y comunidades a vivir en un ambiente digno y saludable para la plenitud de la vida. Rechazamos que entidades como el Banco Mundial y otras agencias financieras internacionales y regionales, así como representantes de gobiernos neoliberales que se han encargado de custodiar y asegurar la destrucción de nuestros países y el saqueo de nuestros territorios, se valgan de los asesinatos de Berta Cáceres, Sergio Rojas, Jehry Rivera y muchas otras, para promover acuerdos marco que, en sus propias palabras, garanticen un “ambiente sano para las inversiones”, siendo estas entidades y gobiernos, los responsables de sus muertes y de la impunidad de esos delitos.

Siendo ellos los gestores de esta aniquilación de la vida, nos resulta sospechosa su renovada actitud “amigable con la naturaleza” y comprometida con la protección de nuestras vidas y la de otras formas-de-vida, cuando históricamente se han valido del principio realista-político “Necessitas non habet legem” (la necesidad no tiene ley) para justificar sus acciones y proteger sus intereses a costa del exterminio y de la destrucción de otras formas de vida, y el asesinato sistemático de las personas defensoras de los Derechos Humanos y de la Naturaleza, como se manifiesta en las palabras del entonces presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, el 6 de abril de 2016 en un evento realizado en el Seminario de la Unión Teológica de Nueva York, cuando se le preguntó por el asesinato de Berta Cáceres, afirmando que “No se puede hacer el tipo de trabajo que estamos tratando de hacer, y que alguno de estos incidentes no suceda” (“you cannot do the kind of work we are trying to do and not have some of these incidents happen”) (Knight, 2016).

Estas palabras de Kim evocan a la guerra total, la destrucción es llevada a cabo por todos los medios sin miramiento de sus consecuencias. Siguen la misma lógica que la del ex Secretario de Defensa de los Estados Unidos de la era Trump, James Mattis, respondiendo al cuestionamiento sobre los bombardeos de la coalición militar liderada por Estados Unidos contra Siria: “El asesinato de civiles es “una realidad de la vida en este tipo de situación” (HISPANTV, 2017). Los asesinatos sistemáticos de personas defensoras de Derechos Humanos y de la Naturaleza, son más que daños colaterales en esta guerra total contra la vida, son objetivos militares…

Autopsia de un acuerdo demasiado perfecto

Nuestra crítica política no puede quedarse en la exposición de los operadores de la destrucción, autoproclamados como nuevos defensores de la vida en el planeta, sin que ello implique un análisis de algunos aspectos del acuerdo que deben ser pensados en el contexto actual de guerra global que padecemos.

En primer lugar, nos encontramos con el artículo 5 referente al acceso a la información ambiental que en su numeral 6 se desprende que el acceso a la información es limitado según lo establezca cada una de las legislaciones nacionales, o bien, en caso de no contar con ellas, el Acuerdo brinda una serie de excepciones que permiten denegar el acceso a información sin importar lo que previamente se había mencionado.

Entre las excepciones esgrimidas, no podía faltar la voluble excusa siempre presente de la seguridad nacional, definida en los manuales militares como el conjunto de condiciones que permiten alcanzar objetivos nacionales permanentes”, objetivos perpetuamente ligados al modelo capitalista y a la lógica de la acumulación por destrucción. No extraña que los doctrinarios de la Seguridad Nacional argumentaran panfletariamente que “la seguridad es la esencia del desarrollo”.

En un contexto de colapso mundial, caracterizado por la aniquilación biológica y el acelerado agotamiento de los recursos considerados estratégicos, aceptar la excusa de la seguridad nacional como una excepción a los derechos y garantías jurídicas necesarias para la defensa de la vida planetaria no sólo raya en la ingenuidad política, es una suerte de suicidio por parte de los movimientos ambientalistas.

Otro elemento de este acuerdo que nos genera sospecha y que consideramos como una especie de blanqueamiento y legitimación de la aniquilación biológica tiene que ver con la participación ciudadana en la toma de decisiones. No vivimos en democracia –el solo hecho de pensarlo ya da cuenta de mucha inocencia política-; el clamor popular no se impone sobre los objetivos estratégicos de los grupos de poder y su afán por la acumulación de poder y capital en un contexto de acelerado a agotamiento de los recursos. La participación ciudadana no significa “veto ciudadano” en la toma de decisiones a proyectos contrarios a sus interés o destructores de la naturaleza. Es sencillamente, una “garantía de participación”. Un ejemplo de ello fue la experiencia del Movimiento Ríos Vivos entre los años 2013 y 2018, cuando imperaba la amenaza de la construcción de Proyectos Hidroeléctricos, la ARESEP llegó a organizar audiencias públicas en las que alrededor de 400 personas se opusieron al PH San Rafael, frente a solo 10 que lo apoyaban, a pesar de esto la entidad les otorgó la autorización para su construcción. La lección fue obvia: la sociedad civil solo sirvió para legitimar el proceso por medio de su participación.

El acuerdo parece a primera vista, un gran avance en materia de acceso a la justicia, a la información y a la participación ciudadana en la toma de decisiones. Lo sería realmente si no fuera por el hecho de que no menciona, ni siquiera toma en cuenta un factor elemental, las instituciones estatales garantes de esos derechos han sido, y continúan siendo, desmanteladas por los mismos gobiernos neoliberales que elaboraron el acuerdo.

En Costa Rica, a pesar del ímpetu de la administración de Carlos Alvarado respecto al Acuerdo de Escazú, no hizo nada para contrarrestar la impunidad del asesinato de Jhery Rivera ni para eliminar o al menos reducir el racismo institucional y social que impera en el país. Si lo analizamos en detalle según la base de datos del Ministerio de Hacienda sobre el presupuesto nacional, bajo la excusa de la reducción del déficit fiscal y el saneamiento de la economía, este gobierno se dedicó a recortar el presupuesto de instituciones encargadas de la protección ambiental, como es el caso de la Secretaría Técnica Nacional (SETENA), que pasó de contar con un presupuesto de ¢2.326.948.000 en 2018, a ¢1.926.766.046 en 2022. Práctica que se puede ver en casi todas las entidades gubernamentales, excepto en el Ministerio de Seguridad Pública, cuyo presupuesto se ha mantenido constante, bajo la excusa de la guerra contra las drogas, pero cuyos efectivos terminan siendo utilizados contra las poblaciones que se movilizan.

A modo de conclusión

En definitiva, muy a pesar de que el Acuerdo de Escazú pueda ser considerado como una herramienta jurídica para garantizar el acceso a derechos elementales para la defensa de la vida en todas sus formas, puede que este mecanismo no sea más que una ilusión, una falsa tregua publicitada como lo mejor, y por tanto, defendida y promovida inocentemente por los mismos movimientos ambientalistas. Por ello, puede terminar siendo una trampa finamente elaborada por los operarios de la destrucción para crear “un ambiente sano” para la ejecución de sus planes a pesar de la oposición social que pueda surgir para hacerles frente.

Por ello, consideramos que todo mecanismo e instrumento que sea útil para garantizar el acceso irrestricto a nuestros derechos, debe emanar de nosotros mismos, de las comunidades y las singularidades en movimiento, nunca como una concesión del poder, de los verdaderos enemigos de la vida en el planeta.

Situarnos en el colapso mundial implica denunciar la ideología y los procesos que definen a esa sistemática acumulación por destrucción y exponer las operaciones en curso que son parte de la guerra total contra la vida bajo la consigna de una gestión compartida del riesgo.

Ante esto es importante recordar las palabras de Günther Anders: “estamos en peligro de muerte por actos de terrorismo perpetrados por hombres (sic) sin imaginación y analfabetos sentimentales que son hoy omni-potentes” (2007, p. 160). El dilema que se nos presenta en este contexto de catástrofes por responsabilidad de las jerarquías y las estructuras de poder, es, parafraseando al mismo Anders, “¿cómo detener a quienes no se detendrán ante nada?”

Referencias

Agapito, R. (2009) Prefacio. En Schmitt, C. (2009) El concepto de lo político. Trad. Agapito, R. Madrid: Alianza Editorial.

Anders, G. (2007). Filosofía de la situación. Madrid, España: Los libros de la Catarata.

Bookchin, M. (2015). Ecología Social. Apuntes desde un anarquismo verde. Concepción, Chile: Editorial Novena Ola.

Carmen, R. (2004). Desarrollo autónomo. Humanizar el paisaje: una incursión en el pensamiento y la práctica radicales. Heredia, Costa Rica: Editorial Universidad Nacional.

Ceballos, G; Ehrlich, P; Dirzo, R. (2017) Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and declines. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1704949114

Chomsky, N. (1988). Nuestra pequeña región de por aquí: Política de Seguridad de los Estados Unidos. Trad. Alegría, C; Flakoll, D. Managua, Nicaragua: Editorial Nueva Nicaragua.

Clausewitz, K. (2004). De la guerra. Buenos Aires, Argentina: AGEBE.

Corominas, J. (1961). Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Madrid, España: Editorial Gredos.

George, S. (2003). Informe Lugano: Cómo preservar el capitalismo en el siglo XXI. 9ª ed. Trad. Wang, B. Barcelona, España: Icaria Editorial / Intermón.

González, B. (2022). Plutoceno. Destrucción planetaria y aniquilación de la vida. Mimeo

HISPANTV (2017). Pentágono justifica que coalición mate civiles en Siria e Irak. En línea: http://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/342855/bajas-civiles-ataques-aereos-eeuu-siria-pentagono-james-mattis (31/5/2022)

Knight, N. (2016). World Bank’s new rules condemned for disregarding people and planet”, publicado en Common Dreams, el 4 de agosto de 2016. En línea: https://www.commondreams.org/news/2016/08/04/world-banks-new-rules-condemned-disregarding-people-and-planet (31/5/2022).

López, S. (2015). Prólogo. En Valverde, C. (2015). De la necropolítica neoliberal a la empatía radical. Violencia discreta, cuerpos excluidos y repolitización. Barcelona, España: Icaria Editorial.

Ministerio de Hacienda. Presupuesto. En línea: https://www.hacienda.go.cr/Presupuesto.html (31/5/2022)

Naciones Unidas (2018). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Santiago, Chile: Naciones Unidas. En línea: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf (31/5/2022)

Strona, G. y Bradshaw, C. (2018). Co-extinctions annihilate planetary life during extreme environmental change. Scientific Reports 8 (1), pp. 1-12. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-018-35068-1

INMERSO EN LA CHIRICANIDAD Y EL TIEMPO DE LA LARGA DURACIÓN HISTÓRICA

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

Estas líneas, a la invaluable memoria de mi querido tío Francisco Cedeño Castro (1919-2010), quien nunca pudo escapar de su chiricanidad latente, hijo de un chiricano neogranadino y casado con una, mi tía política Gladys Guerra Gutiérrez, aunque hechura de los Salesianos de Cartago, donde devino en un genial mecánico, con un gusto musical singular, además de un oído especial para deleitarse con la música clásica, según me contó mi primo Humberto y con el gran don de gentes que siempre lo caracterizó. Buena obra hicieron esos frailes, lo dice un agnóstico impenitente como yo, a quien no van a convencer con eso de «la palabra», teniendo en cuenta que el discurso es una parte esencial de lo mío. RC.

En estos días lluviosos de mayo en los que se conmemoran y se celebran, casi de manera simultánea, la creación de la provincia de Chiriquí que fue segregada de la de Veraguas, a partir del año de 1849, un día 26 de mayo, a petición del senador José de Obaldía, originario de Dolega, Chiriquí por decisión del Senado Colombiano, en tiempos en que todavía el istmo no se había separado de Colombia, como un hecho que ha coincidido con la celebración del Día de la Persona Chiricana en Costa Rica, en la misma fecha, cuyo epicentro sigue siendo la localidad de Potrero Grande, en el cantón de Buenos Aires de la provincia de Puntarenas, un pueblo fundado por emigrantes chiricanos a finales del siglo XIX, sucede que me he sumergido- por así decirlo- dentro de la chiricanidad, también a partir de un hecho de que acudió a mi memoria: mi abuelo Manuel María Cedeño Quintero(1879-1955), quien nació como colombiano en Alanje, un pequeño pueblo cerca de David, que tuvo cierta importancia histórica en aquellos lejanos tiempos.

Además, me acordé de que don Manuel peleó en la última guerra civil acaecida en la Colombia del siglo XIX, la llamada guerra de los mil días (1899-1902), en las filas de los godos que fueron derrotados en el istmo a diferencia del resto del país, razón por la que debió emigrar hacia Costa Rica donde llegó a ser un importante empresario en la industria de la jabonería en el Puerto de Puntarenas, durante las décadas de 1920 y 1930. Tengo la impresión de que fue de los nunca aceptaron la separación (o rapto imperial) de Panamá de Colombia, razón por la que nunca regresó a su chiricana tierra natal.

Los medios audiovisuales me han facilitado la tarea y he podido apreciar las expresiones más diversas de la cultura chiricana, desde la cumbia chiricana en toda su especificidad regional hasta las salomas o gritos montunos de sus montañeses agricultores y ganaderos, las que me dan la impresión de ser también algo muy singular dentro del territorio de la nación panameña. En algunos casos, la cumbia aparece como un baile lento, aunque cadencioso donde quienes danzan imitan los movimientos del buey en la molienda de la caña, vestidos con unos trajes muy sencillos, tanto los hombres como las mujeres, lo que me parece muy hermoso y es digno de admirar.

El racismo y el genocidio del colonialismo europeo se expresó en el exterminio de numerosos grupos étnicos como los dolegas y gualacas, entre otros pueblos originarios a los que dieron el nombre genérico de guaymíes. Por fortuna, algunos de ellos han reclamado su propia autodenominación en los actuales territorios de Chiriqui y el sur de Costa Rica, tal es el caso de los ngäbe buglés y los brorán, uno de cuyos líderes, Jehry Rivera, fue asesinado en el cantón de Buenos Aires. La lucha de los pueblos originarios de esta parte del mundo ha sido tan tortuosa y sangrienta como en el resto del continente.

Chiriquí o Valle de La Luna y sus gentes es, sin lugar a duda, una identidad muy fuerte dentro de Panamá que irradia hacia el exterior, en particular hacia los territorios del sur de Costa Rica partiendo desde el oeste panameño o incluso del oriente de la actual Chiriquí, allá en Remedios y Tolé. Podría decirse, que esa fuerza identitaria se roza con la cultura de la guanacastequidad a través del vértice puntarenense, entre ambas hay una inmensa frontera cultural de pueblos mestizos mesoamericanos, afrodescendientes, europeos, asiáticos o provenientes del sur chibcha, la que se remonta, al menos, a la segunda mitad del siglo XIX, con la activa presencia chiricana, tanto en Paquera como en Lepanto y en toda la península de Nicoya, como algo que parece ser un eco lejano de mi propia historia familiar.

Aborto terapéutico ¿Qué alcances tiene la norma técnica y su contexto internacional?

Escrito en . Publicado en Derechos.

El día de mañana, miércoles 1 de junio de 2022 a las 5:00 pm, en el programa de Voces y Política se emitirá un espacio para discutir sobre el aborto terapéutico, el alcance de la norma técnica vigente y el contexto internacional que rodea a estos elementos.

Para dicho evento se contará con la valiosa participación de Larissa Arroyo, quien es abogada, investigadora y consultora experta en temáticas de derechos humanos, género y diversidades. La transmisión será producida y conducida por la sección de Sociología Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. 

Se les insta a todas las personas a participar de este programa mediante comentarios en las redes sociales de Voces y Política o por medio de llamada telefónica al número 2234-3233. Asimismo, se les recuerda que se puede sintonizar a través de Radio Universidad 96.7 FM.

 

Compartido con SURCOS por Voces y Política.

Ante la agresión del diputado Eliécer Feinzaig Mintz al salario escolar

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Hace 27 años se aprobó ese ajuste salarial que se paga diferido. Para el trabajador significa una retención obligatoria que cae muy bien a inicios del año. Al sector privado se le ha propuesto algo, al menos similar, pero no lo aceptan porque quizá muchos patronos, reportan salarios menores haciendo pagos como »servicios profesionales» para escamotear cargas sociales y llevar una contabilidad paralela que les permita no reportar ganancias ¡por eso la evasión de impuestos supera el déficit fiscal! No podrían pues reportar salarios reales porque se les «jode el negocio». 

Para conocer el origen histórico del salario escolar veamos lo que nos dice su gestor quien fue miembro del gobierno de Figueres Olsen (1994 – 1998) como ministro de Trabajo, Farid Ayales:  

»El salario escolar es parte integrante del salario del trabajador con la particularidad que el 8.25% se paga en forma diferida a final de la primera quincena de cada enero. Se constituyó de acuerdo con mi propuesta que el aumento salarial del primer semestre de 1995 se pagara así. Mi propuesta fue acogida por el Consejo Nacional de Salarios que es independiente. Por tanto, NO se puede eliminar o incautar porque sería una rebaja ilegal del salario». 

¡Lástima que Feinzaig no es dado a estudiar, porque se hubiera evitado el ridículo que está haciendo! 

La lucha de los pueblos indígenas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

La colectividad ciudadana de un país no puede aspirar a un desarrollo sostenible y justo, ni puede por tanto vivir feliz, mientras esa nación no cuente con reglas claras de convivencia y, además, todas las personas desde su niñez temprana se eduquen en una cultura de respeto a las diversas minorías étnicas que perviven a lo largo de todo el territorio.

En Costa Rica lo primero, es decir las reglas claras con respecto a los derechos de las minorías, tras mucho trabajo, se han venido por fin estableciendo mediante leyes y decretos en diferentes gobiernos. Aunque todavía falta mucho. Hoy me propongo hacer un recuento, el cual no pretendo que sea exhaustivo, de algunas de estas conquistas consagradas en nuestra legislación relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, nadie puede pasar por alto que, aun cuando los derechos alcanzados son significativos e importantes, subsiste una resistencia a respetar y aceptar la legislación aprobada, por parte de personas no indígenas que, invaden recurrentemente sus propiedades, agreden y asesinan a los pobladores indígenas, atropellan sus derechos, ante la complaciente connivencia, en muchas ocasiones, de autoridades de policía, jueces y hasta el desdén de funcionarios públicos responsables de garantizar los derechos alcanzados por los pueblos indígenas.

Quiero decir con lo expresado que, desde mi óptica, la cultura de respeto y tolerancia carece de arraigo y por tanto de consistencia entre una gran parte de la ciudadanía costarricense. Si lo afirmado por mí es cierto, como con fundamento en hechos creo que lo es, advierto que ello vulnera como nada la solidez del nuestro sistema democrático. En efecto, desde el punto de vista politológico, no hay verdadera democracia sin una cultura de tolerancia hacia las etnias y poblaciones minoritarias que habitan el territorio, ya sea desde antes de la conquista española o más recientemente.

Hago un inventario pues de lo que tenemos en materia de leyes, convenios y decretos. Costa Rica tiene ya un amplio bagaje de leyes mediante las que se han reconocido los derechos de los pueblos indígenas. El conocido periodista costarricense, Msc. Eduardo Ulibarri, en calidad de Embajador permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014), presentó un informe ante ese honorable “Foro”, en el cual destacó: “…además del Convenio 169 de la OIT, del que somos Estado Parte, [existe] el artículo 76 de la Constitución Política que establece la obligación del Estado de velar por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales y la Ley Indígena de 1977 y su Reglamento que ha procurado hacer efectivos esos derechos. También hemos apoyado la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas desde su desarrollo y adopción.” Y continuó diciendo que: “Existe, además, una importante jurisprudencia en materia de derechos de los pueblos indígenas, especialmente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en temas tan diversos como el derecho a la tierra y la propiedad comunal, el acceso al agua potable y el derecho a la salud, por ejemplo. Igualmente, la Defensoría de los Habitantes, institución nacional de derechos humanos independiente, ha realizado un importante trabajo en la materia…” (Cfr. Ulibarri B, Eduardo. “Derechos de los Pueblos Indígenas.” Informe ante la Asamblea General de NNUU. 21 de octubre, 2013)

El propio Ulibarri afirma en este artículo que (parafraseo), el marco jurídico que establece derechos y la jurisprudencia que se haya dejado sentada por la Sala Constitucional, devienen insuficientes para proteger los derechos de las comunidades indígenas, mientras no existan políticas y acciones estatales que velen por su cumplimiento efectivo. (Ibid.) Por mi parte he expresado un criterio más exigente aún; puesto que, además de lo anterior, considero crucial que una sociedad avance en su nivel cultural inculcando, desde temprana edad, una formación civilista en la ciudadanía; lo que equivale al desarrollo en todas las personas de valores sólidos de tolerancia y respeto, así como una educación sustentada en el principio de igualdad entre todos los seres humanos, indistintamente de su nivel social, su etnia, sus creencias políticas, religiosas, su género o sus preferencias sexuales. Todos somos iguales en dignidad y poseemos el mismo derecho a tener oportunidades para una buena salud, una educación de primera calidad, obtener empleo y aspirar a un desarrollo con bienestar para toda la sociedad y para cada individuo; lo expresado, equivale al derecho a un desarrollo sostenible y sustentable con la Naturaleza y el medio ambiente, con justicia social, equidad y paz.

Uno de los más importantes requisitos de esa cultura integral civilista, es el imperativo de que cualquier proceso de desarrollo que afecte de una u otra manera la integridad de los territorios de los pueblos indígenas, debe merecer obligatoriamente la consulta con las mismas comunidades indígenas que vayan a resultar afectadas. Algo tan básico, no es sino hasta el 2018 que se estableció por medio de la directriz gubernamental No. 017-MP-MJP, el imperativo de la consulta indígena previa para el sector público, con el fin de comenzar el “Proceso de construcción participativa e intercultural de la Política Pública para los Pueblos Indígenas 2019-2024” (Cfr, Presidencia de la República. “Pueblos Indígenas Participan Activamente en Construcción de su Política Pública.” 15 de octubre del 2021.)

Este mecanismo de validación adquirió plena actualidad, a raíz del Proyecto Hidroeléctrico de Diquís, el cual se desarrollaría en una parte importante del territorio indígena sin haber consultado a esos pobladores, cuyas vidas se han desarrollado ahí desde “siempre”. Fue a raíz del conflicto que se produjo con los pueblos originarios de aquel territorio que, se buscó establecer una fórmula para normar el derecho a la consulta previa. En aquel momento, no existía una reglamentación siquiera para encausar el diálogo social y la consulta previa. No es por mera casualidad que esta reglamentación no existía. Ha prevalecido en la cultura nacional un enorme menosprecio hacia la cultura de las poblaciones indígenas. Tan es así que varias de las 18 etnias que provienen de los pueblos originarios, están a punto de extinguirse: sus lenguas en algunos casos han desaparecido o están casi por desaparecer debido a que, principalmente, a los párvulos el sistema educativo nacional no les ha ofrecido la posibilidad de aprender su lengua vernácula. El Embajador Ulibarri reconoció que fue hasta julio del 2013, que el Ministerio de Educación aprobó una reforma mediante la que se reconoció como lenguas maternas de los pueblos indígenas de Costa Rica, la Cabécar, Bribri, Ngöbe, Buglé, MaleKu, Teribe y Boruca.

Sin embargo, las matanzas e invasiones a los territorios autónomos de los pueblos originarios han continuado por parte de los no indígenas. Todo ello sigue ocurriendo, no obstante que, el país cuenta con la Ley Indígena de 1977, así como con los demás decretos y directrices emitidas más recientemente por diferentes gobiernos para proteger los bienes de los pueblos originarios y sus propias vidas ¿Cuál es la razón que justifique semejante desaguisado? No encuentro otra causa o explicación que no sea la discriminación, el menosprecio, hijo de los prejuicios de la cultura dominante contra las diferentes culturas de pueblos indígenas, a las que sometieron salvajemente para extraerles sus riquezas y pertenencias; primero fueron los colonizadores españoles y posteriormente las diferentes élites políticas y económicas de criollos mestizos que, en lo medular han gobernado Costa Rica desde la Independencia hasta el presente.

También, los pueblos originarios, sus diferentes etnias han sufrido el despojo de sus tierras de forma ininterrumpida durante la colonia, y después durante todo el período de la Independencia hasta el presente. Muchos debieron refugiarse en las montañas de Talamanca, por ejemplo, para no ser objeto de la esclavitud, o ser reducidos a las “mitas” y “encomiendas”, o al “yanaconazgo.” “Mita” era el trabajo de los indios en las minas, la “encomienda” por su parte en la agricultura y ganadería, y el “yanaconazgo” era un sistema de reclusión forzada que se aplicaba a los indios rebeldes. Los habitantes originarios, que hacían gala en muchos casos de un respeto sagrado por la naturaleza y el medio ambiente, fueron obligados a renunciar a sus valores culturales, a su cosmovisión, a sus creencias religiosas, a su idiosincrasia. Como dijera el poeta Arturo Agüero Chaves en su celebre poema: “Nicoya”, muchos fueron muertos por no renegar [de sus dioses y creencias] en las aguas del bautismo del cristianismo.

Toda esta tradición centenaria de maltrato, asesinato y despojo de las tierras ha penetrado en la ideología de muchos blancos invasores, por lo que la lucha de los indígenas no se torna fácil. Todavía se sigue irrespetando la ley indígena No.6172 de 1977, la cual reconoce oficialmente la propiedad y tenencia de los territorios indígenas en el país, basada en los derechos ancestrales de estos pueblos. Estos territorios miden cerca de 350.000 hectáreas, lo que constituye más o menos el 7% del total, estimado en poco más de 5 millones doscientas diez mil hectáreas.

Debo insistir, no es sino hasta muy recientemente que, se empezó a amojonar, es decir, a poner límites en los territorios indígenas, para proteger a los pueblos originarios de las constantes invasiones de grupos no indígenas. Ello ha sido fruto en gran parte, de la misma lucha de los pueblos indígenas, apoyados por la intervención de organismos de Derechos Humanos, nacionales e internacionales, y por los relatores de las Naciones Unidas. Para lograrlo, el gobierno nacional, debió echar mano del INDER, de las mismas organizaciones indígenas, y en ocasiones del Ministerio de Seguridad Pública. En el 2012, se comenzó con el pueblo de Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas. Posteriormente, en 2013, se tramitaron decretos encaminados a asegurar los límites del Territorio Indígena de Matambú, la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó y seguidamente el Territorio Indígena de Zapatón.

Por otra parte, en el reciente informe de la Administración Alvarado Quesada, el viceministro de la Presidencia, Randall Otárola, rindió cuentas de lo actuado en cuatro años (2018-2022) por esta administración con respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Se produjo una alta inversión en conectividad en las distintas poblaciones, coordinando con instituciones como el ICE y FONATEL. También se trabajó en temas de vivienda específicamente para atender las necesidades de estos pueblos. Randall Otárola da cuenta de que se construyeron viviendas respetando la cultura y los derechos identitarios de los indígenas, o sea valorando las formas de convivencia de estas culturas ancestrales. Fue entonces que se emitió la directriz a la que se hizo alusión líneas arriba. Esta hace referencia al mecanismo general de consulta, se fortalece el Plan RTI para la devolución de las tierras que pertenecen a los pueblos originarios usurpadas por los blancos. Hubo apoyo además en la construcción de infraestructura en colegios, liceos y de manera importante en temas de salud. Todo lo cual representó una inversión de más de sesenta mil millones de colones durante los cuatro años. El viceministro insistió en que todos estos planes implicaron la incorporación de las dirigencias de las diferentes etnias indígenas en la elaboración del Plan de Desarrollo para los Pueblos Indígenas.

Para Randall Otárola, el mecanismo de consulta a los pueblos indígenas constituyó una prioridad de la administración y considera que “…la consulta representó un hito en el cumplimiento de los derechos de estos pueblos.” (Cfr. Otárolla, Randall. “Informe de la Presidencia de la República.” 2021-2022. San José, Costa Rica.) La fase de consulta previa implicó un proceso participativo, libre e informado, para facilitar el diálogo intercultural con los pueblos indígenas. Se visitaron 24 territorios para la construcción de Planes de Consulta, de acuerdo con el “Mecanismo General de Consulta Indígena”, aprobado en el 2018. Este proceso dio lugar a la elaboración del borrador y el documento final de la Política Pública para los Pueblos Indígenas 2019-2024. El trabajo para la elaboración del borrador de la Política Pública fue liderado por el mismo Randall Otárola en su calidad de viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, según Decreto No. 40.993; contó para cumplimentar la tarea con el apoyo del Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), así como con representantes de Naciones Unidas. Todo el proceso se realizó en forma mancomunada con líderes de las poblaciones indígenas y tratando de garantizar los derechos de estas poblaciones, según convenios y tratados internacionales ratificados por Costa Rica; de manera muy especial se ampararon en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. (Cfr. presidencia.go.cr “En Kéköldi inicia Histórica Consulta de Política Pública para los Pueblos Indígenas.” 17 de setiembre 2021).

Empero, sin menosprecio a estos esfuerzos recientes, el hostigamiento contra las poblaciones indígenas, sean estos bribris, cabécares, ngöbes o malekus no ha logrado controlarse, con lo que seguimos lamentando muertes y constantes violaciones a los derechos humanos. Este ha sido el caso de Jerhy Rivera, dirigente indígena térraba, quien fuera asesinado en el 2020 de cinco disparos contra su humanidad. En la misma región, el 18 de marzo del 2019, fue víctima de otro crimen el líder indígena Sergio Rojas. Ambos habían sido objeto de constantes amenazas de muerte.

La recientemente fundada Asociación para el desarrollo sostenible y sustentable Madre Tierra, ha incursionado en el territorio maleku de San Rafael de Guatuso, por iniciativa de la profesora Noemy Mejía (de extracción maleku), para unir los esfuerzos en el desarrollo de “ecocomunidades” con la población autóctona. La comunidad decidió iniciar los esfuerzos mediante la reforestación de la cuenca del río que la abastece de agua. En este caso también, invasores blancos invadieron partes del territorio maleku, provocando una gran deforestación arriba de la naciente con lo que acarrearon un grave daño desatando una considerable disminución del agua que consume la comunidad.

Este es el día a día de infortunio y desasosiego que padecen muchas comunidades indígenas en nuestro país. Aunque ha mejorado la actitud de algunas autoridades, la sociedad costarricense en su mayor parte permanece impasible ante las amenazas y delitos contra los derechos humanos y la propiedad de los primeros pobladores de estas tierras, cuyos ancestros estuvieron aquí mucho antes del descubrimiento, la conquista y colonización española.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Recuperaciones territoriales de los pueblos originarios

Escrito en . Publicado en Derechos.

El pasado 25 de mayo, en el programa Voces y Política, se realizó el conversatorio sobre “Recuperaciones territoriales de los pueblos originarios”. Se contó con la participación de:

  • Elí Ortiz Torres: Consejo Iriria Sat Kök de Yamabï Dí (Cabagra).
  • Heylin Figueroa Calderón.
  • Felipe Figueroa: Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wákpa de Salitre.
  • Jeison Ríos Ríos: personas recuperadoras de China Kichá. 

Para dar seguimiento a la pasada transmisión puede dar click al siguiente enlace de Facebook LIVE: https://www.facebook.com/radiouniversidadcr/videos/527844458886965/

Kono Jú tres años después

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Un 25 de mayo del 2019 un grupo de familias del Pueblo Cabécar de China Kichá al sur de Costa Rica decidió recuperar lo que les pertenece, así inició el proceso de recuperación de Kono Jú, terreno que se encontraba ocupado ilegalmente por Hacienda La China S.A.

Después de una injusta orden de desalojo, medida que ya no existe, la posesión del terreno se encuentra bajo un proceso judicial, en el cual las y los recuperadores solicitamos la resolución por el fondo del asunto y se nos reconozca como legítimos poseedores y dueños de esta tierra.

Aquel potrero deforestado y maltratado por la ganadería extensiva, negocio en tierra ajena; hoy día se regenera ambientalmente, produce alimentos sanos, apoya la economía familiar y local y permite la reproducción de la cultura Cabécar.

Fue la primera recuperación después del asesinato de Sergio Rojas Ortiz Uniwak, hoy sus semillas florecen en Kono Jú.

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

Compartido con Surcos por Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS.

Foro «Agresiones en las recuperaciones y respuestas de los Pueblos Originarios»

Escrito en . Publicado en Derechos.

El día 25 de mayo de 2022, se llevó a cabo el Foro «Agresiones en las recuperaciones y respuestas de los Pueblos Originarios», organizado por el Programa Kioscos Socio-ambientales de la UCR, en el que se discutió sobre las acciones violentas en contra de los grupos de personas recuperadoras de los Pueblos Originarios y como ha sido el proceso a lo largo de los últimos años.

Le invitamos a ver la transmisión completa en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/socioambientalesucr.kioscos/videos/517912453214763/ 

29 de mayo: Día Nacional de la Persona con Discapacidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Dr. Federico Montero Mejía

Cuando en los Estados Unidos, la ejemplar y larga lucha por los Derechos Civiles que implicó grandes sacrificios, persecución, mucho dolor y pérdida de vidas irreparables como la de Martin Luther King alcanzó sus objetivos inmediatos; otra importante minoría conformada por las personas con discapacidad seguía sometida a la misma discriminación y segregación, tanto en ese país como en el resto del mundo.

Las personas con discapacidad, inspiradas por el modelo y las estrategias de reivindicación utilizadas por la población negra, desarrollaron e implementaron con ejemplar fortaleza y compromiso su propio movimiento en contra de esa situación de menosprecio, que limitaba aún más sus posibilidades de integración y participación como seres humanos y ciudadanos con plenos derechos. También las luchas de las personas con discapacidad por liberarse de la segregación y la discriminación a las que estaban sometidas, exigió grandes sacrificios y esfuerzos. Pero entre muchas otras cosas, los éxitos alcanzados pusieron en evidencia que las limitaciones físicas o de cualquier otro origen y severidad, nunca representan una barrera para alcanzar reivindicaciones, sociales, políticas y económicas, y tampoco para el disfrute de los inherentes derechos, o para el desarrollo personal. Las barreras, de toda índole, las impone la sociedad y no la discapacidad (Modelo Social vs Modelo Médico).

El movimiento iniciado por las personas con discapacidad en los Estados Unidos culminó con el desarrollo de normas tangibles tales como Ley de los Americanos con Discapacidad (ADA, por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso en 1992. La ADA “es una ley de derechos civiles que prohíbe la discriminación en contra de los individuos con discapacidad en todas las áreas de la vida abiertos al público en general, tanto en lugares privados como públicos”. Este movimiento y sus logros se convirtieron en un modelo que rápidamente fue replicado por las personas con discapacidad en otros países del mundo. Casi al mismo tiempo, y después del Decenio de las Personas con Discapacidad (NNUU-1983-1992), la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó un documento conocido como las “Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad” (NNUU. 1993-Resol. 37/53), que, a pesar de no ser vinculante para los Estados Miembros, fue un importantísimo incentivo que impulsó y estimuló aún más, el fortalecimiento de las luchas por la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en todo el mundo.

Señalo estos hechos, porque considero que resultan determinantes para entender, que los éxitos han sido el producto no de la buena voluntad o la comprensión de los políticos acerca de la realidad de esta población, sino del modelo recogido y aplicado por las organizaciones de personas con discapacidad de todo el mundo, que con sacrificios, pero efectivas acciones de incidencia política, obligaron a la población en general y a los responsables del diseño e implementación de política pública, a modificar actitudes y establecer normas de respeto a los derechos humanos. Más, o menos exitosos han sido los movimientos de personas con discapacidad en los diferentes países. La medida del éxito ha estado determinada en gran parte por las circunstancias vividas a lo largo de su historia por la gran mayoría las personas que conforman este sector, caracterizadas por la pobreza, la falta de acceso a la educación, al trabajo, al transporte, a la vivienda digna, etc., factores prevalentes y siempre palpables en nuestra tan desigual América Latina, que perpetúan y exacerban la condición de segregación y la estrecha relación: Pobreza = Discapacidad = Más pobreza. Más del 80% de las personas con discapacidad en el mundo, son pobres y viven en países de ingreso bajo y medio. Esta realidad ha determinado las dificultades que contribuyen a lentificar el desarrollo de un movimiento fuerte e influyente de organizaciones de personas con discapacidad, tales como los que sí han desarrollado las mujeres o los grupos LGBTI. Pero incluso estos dos sectores en mención, con frecuencia olvidan que también están compuestos por personas con discapacidad.

En nuestro país, las acciones llevadas a cabo por las personas con discapacidad tuvieron un importante efecto, que condujo a la promulgación de lo que hoy es la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley No. 7600). Pero esta Ley no llegó de la nada o por la buena voluntad o el compromiso incondicional e iniciativa de los legisladores que la aprobaron. Fue el resultado de muchas batallas que en nuestro país llevaron a cabo las organizaciones de personas con discapacidad existentes en aquellos años. Las diferentes acciones y manifestaciones públicas llevadas a cabo por esas organizaciones durante años previos, motivó al entonces Presidente electo a tomar la decisión de incluir en su equipo a un asesor en materia de discapacidad, quien impulsó y facilitó la conformación en el Congreso de la República, de una Comisión Especial Mixta que se avocó a la redacción de la Ley, la cual fue finalmente aprobada en el Congreso como Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (#7600), el 29 de mayo de 1996.

Como parte de los avances en materia de normativa legal, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en el año 2007 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promulgada en nuestro país mediante la ley 8661, del 29 de setiembre del 2008.

Por iniciativa el entonces diputado Alberto Salom, y tomando en cuenta que ese mismo día del año 1996, se había aprobado la Ley 7600, la Asamblea Legislativa declaró el 29 de mayo como el Día Nacional de la Persona con Discapacidad (Ley N° 8671), vigente desde el 28 de enero del 2009.

Contamos por lo tanto en nuestro país con normativa sólida que permite promover y defender los derechos de las personas con discapacidad, y que sin duda ha facilitado cambios tangibles pero aun bastante limitados en cuanto a la verdadera inclusión social, la participación plena o al ejercicio de todos los derechos por parte de muchas personas con discapacidad. Hacen falta mayores esfuerzos para desarrollar estrategias que faciliten la consolidación de un movimiento de personas con discapacidad fuerte e influyente. Queda además mucho camino por recorrer para alcanzar una clara y sincera toma de conciencia por parte de quienes construyen política pública, para que se garantice el real cumplimiento de dicha Ley y se impidan acciones tan dañinas, como lo fue por ejemplo durante la pandemia, el cierre del Centro Nacional de Rehabilitación y de otros servicios de esta especialidad en muchos hospitales. Esta decisión ocasionó a la población con discapacidad de Costa Rica, un grave e irreparable daño aun no cuantificado.

El Informe Mundial sobre Discapacidad (OMS-Banco Mundial 2010), refleja que como lo mencionamos, aún existe una preocupante realidad, porque se continúa tolerando la discriminación, la segregación y la restricción al disfrute de los más elementales derechos humanos a este sector de la población: “En todo el mundo, las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, peores resultados académicos, una menor participación económica y unas tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. En parte, ello es consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con discapacidad a servicios que muchos de nosotros consideramos obvios, en particular la salud, la educación, el empleo, el transparente, o la información. Esas dificultades se exacerban en las comunidades menos favorecidas” (Informe Mundial sobre Discapacidad -OMS-).

El Reporte Mundial sobre Productos de Asistencia (OMS-UNICEF. Mayo 2022) nos señala que “Mil millones de personas necesitan productos de asistencia hoy y más de 2 mil millones alrededor del mundo se espera que requieran al menos un producto de asistencia para el 2030. Mientras cualquiera necesite un producto de asistencia en algún momento de su vida, estos son más frecuentemente requeridos por niños y adultos con discapacidad, adultos mayores y personas con condiciones de salud crónicas tales como diabetes y demencia” … “Al día de hoy, solo una de cada 10 personas que requieren productos de asistencia, tienen acceso a los mismos”.

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Programa Voces y Política. Recuperaciones territoriales de los pueblos originarios

Escrito en . Publicado en Derechos.

Este miércoles 25 de mayo de 2022 el programa Voces y Política Radio Universidad 96.7 FM abordó el tema “Recuperaciones territoriales de los pueblos originarios”, con la participación de Elí Ortiz Torres del Consejo Iriria  Sat Kök deYamabï Dí (Cabagra); Heylin Figueroa Calderón del Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wákpa de Salitre; Felipe Vargas y Jeison Ríos Ríos, personas recuperadoras de China Kichá.

Las comunidades indígenas han resistido desde hace siglos en luchas por sus territorios ancestrales. Los pueblos originarios pasaron de tener un 100% del territorio, a tener reconocidos por ley un 6.4% del territorio nacional actual. En los 90s iniciaron las luchas por la autonomía de los pueblos indígenas, que años después desembocaron en procesos de recuperación territorial al norte y sur de Costa Rica. Sin embargo, la usurpación continua; siguen robando tierras a indígenas propietarios legalmente.

Por décadas, la inacción, la omisión y la impunidad han marcado la relación del Estado con los pueblos indígenas. La mayor evidencia es el incumplimiento de la ley indígena en temas de tierra, sobre todo en saneamiento territorial. Dos asesinatos, 17 líderes y lideresas amenazados de muerte, más de 86 incidentes de violencia solamente en 2020 evidencian la amenaza que enfrentan estos pueblos.

Esto causó que en 2015 (con reiteración en 2016) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ordenara al gobierno tomar medidas especiales para proteger de la violencia y las amenazas de ocupantes ilegales a los indígenas. Lamentablemente, este proceso se caracteriza por una impunidad histórica.

Los invitados de los pueblos originarios relatan cómo eran sus territorios antes de la recuperación y platican sobre su identidad y vínculo con sus tierras pese a los diferentes conflictos. Además, señalan la dificultad de todas las recuperaciones de territorio, la escasa información y el poco apoyo con el que cuentan los pueblos indígenas.

La recuperación de los territorios también conlleva un desarrollo en otras áreas relevantes del buen vivir, como temas sociales, de educación, y de salud. Cabe destacar que contar con sus tierras les ha permitido retomar tradiciones propias, preparación en labores únicas dentro de la cultura (por ejemplo, cantores), y enseñanza de su herencia indígena a los niños de la comunidad. No hay que olvidar que no solamente se trata de recuperación de tierra, sino recuperación de su identidad y cultura indígena.

El relato del recorrido de estas poblaciones a través de la voz de sus propios protagonistas caracterizó el programa de radio.

Puede ver la transmisión completa del programa en https://www.facebook.com/vocesypoliticaucr/videos/1418998398514173