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Etiqueta: derechos humanos

Saber Vivir

El próximo lunes 04 de abril de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. se realizará una actividad sobre “Características del Envejecimiento en las Personas Sexualmente Diversas”. 

El programa está bajo la dirección de la Licda. Gloriana Rodriguez, con Marco Castillo de la Junta Directiva de la OIDHCR y Msc. Willy Chaves Cortés de la Fundación Munakuy.

La Fundación Munakuy tiene un hogar para personas mayores interseccionales.

Se transmitirá a través de la plataforma Facebook Live de la Organización Interseccional Pro Derechos Humanos (OIDHCR).

Información de contacto:

WhatsApp: 8694-1745

Redes Sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/oidhcr/ 

Twitter: https://twitter.com/oidhcr 

Celebramos amnistía para Eduardo Enrique Urbina Ayala

Justicia Avanza con Pasos de Gigante en Honduras

29 de marzo de 2022. En un escenario esperanzador que vive nuestro pueblo hermano de Honduras, a partir de haber elegido a Xiomara Castro Sarmientos como su Presidenta, agradecemos al Congreso Nacional la aplicación de AMNISTÍA POLÍTICA (#004- 2022) a Eduardo Urbina Ayala. Nuestro querido hermano y compañero, joven activista y permanente luchador social y defensor de los Derechos Humanos, quien sufriendo desde años atrás persecución por su lucha estudiantil, en el 2017 fue víctima de un complejo andamiaje jurídico orquestado por el régimen narco-dictatorial de Juan Orlando Hernández (JOH) obligándolo al exilio para salvar su vida (10 de diciembre, 2017).

Ya en Costa Rica, arbitrariamente en Honduras fue acusado por el incendio de un camión el 15 de diciembre de ese mismo año, durante una jornada de protestas contra el fraude electoral que impuso nuevamente en el poder a JOH (hoy expresidente de Honduras, privado de libertad con orden de extradición por narcotraficante y crimen organizado).

Nos unimos a la celebración del pueblo de Honduras y la familia de nuestro querido Eduardo. A su vez, destacamos que, desde el exilio en Costa Rica, donde también ha vivido momentos sumamente complejos e injustos, ha mantenido su determinación a salir adelante, demostrando su crecimiento integral como persona, tanto en el ámbito, académico, intelectual, emocional y articulando de manera permanente a las luchas sociales y en defensa de los Derechos Humanos en Honduras y en todos los pueblos del mundo.

Querido Eduardo Urbina: en Costa Rica siempre contarás con los brazos abiertos y llenos de gratitud por enseñarnos que la condición de exiliado no es obstáculo para continuar luchando y creyendo en un mundo de verdadera justicia social. Nuestro cariño, admiración y apoyo siempre.

Tenemos la certeza de que en el marco del actual gobierno encabezado por Xiomara Castro Sarmientos se harán los máximos esfuerzos en lograr JUSTICIA para todas las personas victimas de tortura, feminicidios, desapariciones, asesinato y persecución, así como, AMNISTÍA a todas las presos políticos, presos políticos y personas obligadas al exilio para salvar sus vidas ante el uso excesivo de poder bajo el entonces régimen de JOH.

¡No más violencia a los pueblos originarios, no más incendios forestales!

No más incendios en China Kichá

Apoya con tu firma

Según la Estrategia Nacional de Manejo Integral del Fuego en Costa Rica 2012 – 2021: En temporadas de incendios forestales que van del 2007 al 2012, las causas principales se dan por quemas de pastos y agropecuarias representan un 46.06%, vandalismo un 21.01%, actividades de caza un 12.52% y venganza un 7.68%, son las cinco principales causas por las cuales se han iniciado los incendios forestales (SINAC, PNMF, 2012).

Juntamente los incendios a partir de vandalismo, caza y en especial venganza son el patrón común que se repite en los territorios indígenas, los cuales se han convertido en una de las formas de violencia más constantes sobre todo en las recuperaciones indígenas en China Kichá, como señalan las personas recuperadoras “han sido provocados bajo las órdenes de tres empresarios muy adinerados e influyentes de la zona”.

Estos incendios, que han cubierto según las personas recuperadoras un aproximado de 800 hectáreas, es decir más del 72% del territorio que por ley les corresponde y de tierra que han recuperado, han arrasado con áreas boscosas, así como con las fuentes de agua, la fauna del lugar y los cultivos de las personas indígenas. Esto es una guerra contra la naturaleza y las comunidades indígenas.

China Kichá se ubica en Pejibaye de Pérez Zeledón a 175 kilómetros sureste de San José. Por decreto del año 2001, el Estado costarricense asignó 1100 hectáreas para el pueblo cabécar en China Kichá, de ese total para el 2014 los cabécar apenas tenían 33 hectáreas en su poder, es decir el 97% de la tierra estaba en manos de personas ajenas a la población indígena (Forest People Programme, 2014).

Por lo que desde el 2019 este pueblo indígena se ha organizado para recuperar su territorio logrando volver a controlar 800 hectáreas. Para el pueblo cabécar de China Kichá la tierra, no es solo tierra, sino que es un territorio y es su hogar; lo que significa asegurar la continuidad de su pueblo indígena, un pueblo amenazado con desaparecer. Sin embargo, desde que iniciaron las recuperaciones han sufrido violencia constante por parte de terratenientes, quienes desde décadas anteriores usurparon sus territorios para deforestarlos y convertirlos en monocultivos y potreros de ganadería extensiva.

Los incendios provocados son un mecanismo de presión, pero además crímenes de odio hacia las personas indígenas y un desastre ecológico. “Cada vez que queman nos dan en el alma porque es como que nos están matando a nosotros (…) nos duele muchísimo porque están quemando nuestra casa (…) No están quemando simplemente plantas, están quemando seres vivos, con los que nos necesitamos mutuamente”, expresa Doris Ríos.

En un reportaje realizado por el Semanario Universidad el 15 de marzo del 2022, incluyó dos videos con sobrevuelos de dron donde se puede ver la magnitud y testimonios de la tragedia en China Kichá.

Con estos incendios los terratenientes sostienen violencia material y psicológica sobre las personas indígenas; destruyendo sus viviendas, negando la posibilidad de que construyan soberanía alimentaria y frustrando su proyecto de revitalización de los ríos y bosques. Jaison Ríos relató que cuando sucede un incendio, las personas recuperadoras se unen para apagar las llamas que alcanzan los árboles de las zonas boscosas y que sus proyectos de crear viveros para reforestar se ven frustrados por los incendios.

Esto llama a recordar la importancia de los pueblos indígenas en la lucha ante el Cambio Climático, y la importancia que tienen en la conservación de las especies y los ecosistemas, rol que se ve amenazado directamente en China Kichá por los incendios forestales provocados y la inacción de las autoridades en el territorio.

Los incendios forestales dentro de territorios indígenas no son nuevos. En el 2020, se contabilizaron 17 incendios provocados en China Kichá. Estos incendios solo son la base de una violencia que escala hasta ataques armados hacia personas indígenas.

En un contexto más general, estos incendios provocados son parte de los incendios forestales que afectaron a 10.724 hectáreas en el 2020 y a 6.411 hectáreas en el 2021. Para este año el Cuerpo de Bomberos a encendido las alarmas pues, a la fecha, se han presentado 41 incendios en comparación al mismo periodo del año 2021, lo que significa un aumento de un 342%, estos incendios han consumido 7.452 hectáreas, es decir, 2.892 hectáreas más que las afectadas en el 2021.La mayoría de estos incendios se dado en Guanacaste y Puntarenas (Cuerpo de Bomberos, 2022).

Vivimos en un mundo en llamas y Costa Rica está en llamas. Los bosques, la vida silvestre, la seguridad alimentaria, todo se está quemando en una hoguera que avanza. Estos incendios no son consecuencia del Calentamiento Global, sino, el resultado de la violencia sistemática y directa que sufren los pueblos originarios en este país.

Ante este panorama de agravios, las personas recuperadoras del territorio indígenas en China Kichá demandan:

1.Apersonamiento de los bomberos de Pérez Zeledón cuando hay un llamado por incendio en los territorios recuperados de China Kichá, pues cada vez que hay una emergencia de esta índole los bomberos manifiestan que no van a intervenir “quemas de charral”.

2.Presencia del SINAC durante las emergencias por incendios forestales en China Kichá para atender las quemas de los bosques donde mueren muchos animales.

3.Investigación por parte de la fiscalía de Pérez Zeledón para atender las denuncias interpuestas por los incendios provocados en China Kichá e identificar responsables de estos agravios.

Para  brindar su firma dirigirse al siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWYoJA7pVbKuOjTh1eFuDzdrcU5S2qaHvTqD70RKaJ4mWP6Q/viewform

Colegio de Profesionales en Sociología: Pronunciamiento dirigido a los candidatos presidenciales y a la sociedad costarricense sobre violencia en comunidades indígenas

Acuerdo firme de la Sesión Ordinaria N.º 226 de la Junta Directiva, celebrada el 24 de marzo de 2022.

El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, CONSIDERANDO QUE:

  1. Una de las finalidades del Colegio, es pronunciarse sobre los problemas de interés nacional e internacional relacionados con los objetivos y las actividades profesionales del Colegio, tal como lo indica el inciso f), Capítulo II sobre las Finalidades del Colegio en la Ley N.º 8974.
  2. En los últimos 10 años el Colegio de Profesionales en Sociología, tiene conocimiento de hechos de violencia contra la población indígena, particularmente, contra representantes de diferentes pueblos que han protagonizado recuperaciones en sus territorios y han asumido una férrea oposición contra la ocupación ilegal de personas no indígenas y en defensa de la recuperación incluso por la vía de hecho. El Colegio ha conocido tales hechos a través de algunas personas colegiadas, que laboran con comunidades en territorios indígenas, por denuncias y testimonios de personas indígenas, por investigaciones académicas y pronunciamientos de las universidades públicas y otros organismos nacionales e internacionales y por algunos medios de comunicación.
  3. Esta situación se viene agravando en los últimos cuatro años, con una espiral de agresiones y de manifestaciones contra los pueblos indígenas que ya han cobrado la vida de dos dirigentes: Sergio Rojas Ortiz el 18 de marzo de 2019 y Jehry Rivera Rivera el 24 de febrero de 2020. Esta realidad ensancha la desigualdad sociocultural y reforzada, entre otras causas, por un racismo a veces explícito y otras veces solapado contra esta población costarricense, reforzado por cuestionables resoluciones y sentencias judiciales.
  4. El 23 de marzo del 2019, la Asamblea General del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, consciente de la gravedad de esta situación, emitió un pronunciamiento condenando estos hechos de violencia, particularmente el asesinato atroz del líder y dirigente, Sergio Rojas Ortiz, de la etnia Bribri de Salitre, Buenos Aires de Puntarenas.
  5. La normativa costarricense establece que las reservas indígenas son inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan y que las personas no indígenas que por alguna razón ocupen esos territorios están impedidas de alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Si posteriormente hubiera invasión de personas no indígenas a las reservas, las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna. Sobre el particular y de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el año 2000 la población no indígena residente en territorios indígenas era un 18% y en el 2011, aumentó a un 25.9%. Esto evidencia que se produjo un acelerado proceso de ocupación por parte de personas no indígenas en los territorios delimitados por el Estado como indígenas. Esta condición, además de ser ilegal, genera impactos negativos sobre el uso de la tierra, la preservación de los sistemas naturales y la cultura ancestral de estos pueblos originarios.
  6. Las normas internacionales ratificadas por Costa Rica, particularmente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1993) tutelan el derecho de propiedad colectiva de las comunidades indígenas, reconocen la autodeterminación y la autonomía como principios para la administración de sus territorios, conforme a sus identidades étnicas y conforme a sus normas de derecho consuetudinario, el cual forma parte del ordenamiento jurídico costarricense.
  7. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante la resolución N.º 16/15: “Medida cautelar N.º 321-12 Pueblo Indígena de Teribe y Bribri de Salitre, respecto de Costa Rica” emitida el 30 de abril de 2015, señaló: “(…) los miembros del pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre, que se encontrarían en la región sureste de la provincia de Puntarenas, específicamente en la zona denominada Salitre, se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo”. Esa medida cautelar busca evitar daños irreparables, proteger la vida de las personas y garantizar el ejercicio de los derechos humanos. A pesar de ello los dirigentes Rojas y Rivera fueron asesinados y se siguen produciendo agresiones en contra de la población indígena y sus territorios.
  8. Frente a esta escalada de violencia sistemática, el Estado costarricense no ha mostrado la voluntad política que requiere la gravedad de los hechos, ni la capacidad institucional suficiente para desarrollar acciones concretas, dirigidas por un lado a velar por la vida de las personas indígenas y por otro lado, a resolver los conflictos de tenencia, ocupación y recuperación de los territorios indígenas del país. Muestra de esta incapacidad institucional, se observa con el poco avance del Plan de Recuperación de Tierras Indígenas (PLAN- RTI), impulsado por Instituto de Desarrollo Agrario (INDER), desde el 2016.
  9. Se constata que el “Mecanismo de Consulta” elaborado conjuntamente por las autoridades estatales y las comunidades indígenas en el año 2018 y que contiene instrumentos y mecanismos de participación indígena, basados en el diálogo entre el Estado y los pueblos y en el cual un sector importante de sus representantes tenían altas expectativas para el desarrollo de proyectos con pertinencia cultural en los territorios, lamentablemente adolece, cuatro años después, de su creación, de recurso humano y de dirección político institucional. Por otro lado, al cierre del Gobierno de Carlos Alvarado, el Colegio de Profesionales en Sociología constata las escasas acciones que se han dado desde el 2018, para atender las causas de violencia en los territorios indígenas de Kéköldi (2019), China Kichá territorios Cabécar (2020), y las más recientes agresiones contra personas indígenas en el territorio Cabécar de Bajo Chirripó en diciembre de 2021. Misma suerte parece tener la iniciativa para crear la política pública para pueblos indígenas, cuya propuesta final carecerá de una efectiva participación y por tanto de legitimidad de las comunidades indígenas.
  10. Después de una revisión de los planes de gobierno de los dos candidatos, por parte del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, se concluye que estos carecen de una estrategia integral y no le dan a la situación actual de injusticia y de violencia, la relevancia que merece. De lo que se señala en ellos no se deducen planes que, de manera articulada, establezcan un proceso de acciones y metas a corto y mediano plazo que lleven a resolver la grave situación existente con los territorios de los pueblos indígenas, con respeto a sus derechos humanos.
  11. El próximo domingo 3 de abril del presente año, se elegirá en segunda ronda al nuevo presidente de la república, al cual y desde ya, el Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, le hace un llamado URGENTE para que asuma acciones, de una vez por todas, ante el serio problema que están viviendo nuestros hermanos indígenas en muchos de sus territorios y el cual, no es solo un problema jurídico o de actualización de la normativa. El verdadero problema se encuentra en el logro de una concepción del tema indígena que apunte a valorar a los pueblos indígenas como costarricenses con plenitud de derechos. Un presidente que lo logre será recordado como el mandatario que asumió de manera seria y valiente una deuda histórica con los pueblos indígenas.

POR TANTO:

El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica

  1. Condena los hechos de violencia en las comunidades indígenas y los asesinatos en sus territorios, sucedidos en los últimos años contra dirigentes indígenas: Sergio Rojas Ortiz, el 18 de marzo de 2019 y Jehry Rivera Rivera, el 24 de febrero de 2020. Igualmente expresa su preocupación por los altos niveles de impunidad ante estos crímenes.
  2. Manifiesta su profunda preocupación por la inseguridad, el sufrimiento y los traumas de familias indígenas de Salitre, Térraba, Cabagra, Kéköldi, China Kicha y más recientemente, de Bajo Chirripó.
  3. Exige al nuevo Gobierno de la República:
    1. Declarar estado de emergencia nacional la situación que se viven en los territorios indígenas, particularmente en las comunidades de Salitre, Térraba, Cabagra, Kéköldi, China Kichá y Bajo Chirripó, con el fin de que se destinen los recursos necesarios para su atención y solución.
    2. Concluir las investigaciones judiciales pertinentes que lleguen a identificar a las personas autoras intelectuales y materiales de los asesinatos del líder indígena bribri Sergio Rojas Ortiz y del líder indígena Brörán Jhery Rivera Rivera, con el fin de juzgarlas y sancionarlas, así como a las personas que, concertadamente, propician la violencia en contra de las comunidades indígenas, de manera que tan graves hechos no queden en la impunidad.
    3. Tomar medidas y acciones serias y contundentes para que se respeten y reconozcan los derechos que asisten a las personas y pueblos indígenas, de conformidad con la Ley Indígena de 1977 y, particularmente, con las medidas cautelares N.º 321-12, de los Pueblos Indígenas de Térraba y Salitre, emitidas el 30 de abril de 2015, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales garantizan la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
    4. Que en la elaboración e implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, contemple una estrategia integral para la atención de la problemática de las comunidades indígenas en el corto, mediano y largo plazo. Particularmente la definición de un proceso de acciones y metas para resolver en los próximos cuatro años la grave situación con las tierras de los pueblos indígenas.

El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, fiel a su misión y a sus principios, seguirá vigilante de la protección de los derechos y del acceso del territorio a los pueblos indígenas de Costa Rica. Y divulgará en diferentes medios de comunicación y redes sociales el presente pronunciamiento con el fin de darle la mayor difusión posible.

Dado en San José, a los 24 días de marzo del año 2022.

ACUERDO FIRME.

MSc. Mariano Sáenz Vega Presidente de la Junta Directiva

Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica

 

Compartido con SURCOS por MSc. Luis Mariano Sáenz Vega, presidente Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica.

Imagen de portada: incendio provocado en pueblo indígena de China Kichá.

La violencia contra las mujeres indígenas recuperadoras de tierra

El próximo 1 de abril de 2022 se realizará un conversatorio sobre la violencia contra las mujeres indígenas recuperadoras de tierra. 

Se transmitirá a través de la plataforma Facebook Live, YouTube y también podrá escucharse por Radio 16 (1590 AM) a las 18:00 horas (-6 UTC).

Programa elaborado por Alternativas del Colectivo Reflexión-Acción.

Participan:

  • Cindy Vargas Ortiz. Recuperadora de territorios ancestrales. Bröran de Térraba de la Asociación El camino de la Semilla.
  • Doris Ríos Ríos. Recuperadora de territorios ancestrales. Comunidad Cabécar de China-Kichá.
  • Lusmilda Delgado Morales. Clan Tubölwack de Cabagra. Pertenece a la Red de Mujeres Rurales.
  • Fanny Reyes Ortiz. Territorio de Térraba. Red de Mujeres Rurales.

Enlace a YouTube: https://n9.cl/ALTERNATIVAS 

Pronunciamiento del Colegio de Profesionales en Sociología acerca de la grave situación que viven varios pueblos indígenas en Costa Rica

El Colegio de Profesionales en Sociología Costa Rica le invita a que les sigan por Zoom o por el canal de YouTube del Colegio, a la conferencia de prensa en la que se entregará a los representantes de los dos candidatos presidenciales a la segunda ronda y a varios diputados recién designados, el pronunciamiento acerca de la grave situación que viven varios pueblos indígenas en Costa Rica. Preocupa en particular al Colegio, la condición de violencia y asesinatos en los últimos años de varios representantes de estos pueblos.

La Conferencia se realizará en el siguiente horario:

Fecha: miércoles 30 de marzo de 2022.

Hora: 10:00a.m. 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87684482217…

Meeting ID: 876 8448 2217

Passcode: 0tgBXB

Canal YouTube del CPSCR: https://youtu.be/XPJs9KIXq-U

 

Imagen ilustrativa: agresión – incendio en pueblo indígenas China Kichá.

Gabriel Pimenta: por el derecho a defender derechos

Comunicado de prensa

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó una audiencia pública los días 22 y 23 de marzo sobre el caso Gabriel Sales Pimenta vs Brasil. La audiencia comenzó a las 11:00 am de Brasilia y fue transmitida en vivo por las redes sociales de la Corte Interamericana.

Gabriel Sales Pimenta nació en Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, en noviembre de 1954. Hijo de Geraldo y Maria da Glória, tenía seis hermanos: Sérgio, Zé, Marcos, Rafael, André y Daniel. A lo largo de su vida estudiantil estuvo muy involucrado en los procesos políticos donde mostró mucho interés por los desafíos que planteaba el derecho a la tierra en el país. Se graduó en Derecho en la Universidad Federal de Juiz de Fora (UFJF) y luego trabajó en la defensa de los derechos de los trabajadores rurales en el estado de Pará donde fue asesinado el 18 de julio de 1982, luego de recibir varias amenazas.

Los sospechosos de ser autores intelectuales y materiales del asesinato fueron identificados, pero nunca llevados al juicio. El proceso terminó con la prescripción de los principales imputados 24 años después del crimen, fruto de la indulgencia y connivencia del Estado, que incumplió su deber de garantizar el acceso a la justicia.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Comisión Pastoral da Tierra (CPT) denunciaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2006 y, recientemente, el caso llegó a la Corte.

Aunque han pasado casi 40 años desde el asesinato de Gabriel, su caso ilustra un patrón de violaciones cometidas por el Estado brasileño contra los defensores de los derechos humanos, especialmente los que trabajan por el derecho de acceso a la tierra y al medio ambiente.

Según datos de la CPT, de 1980 a 2020, 115 defensores de derechos humanos fueron asesinados en el estado de Pará. De ese total, sólo 26 de ellos tuvieron sus causas concluidas y sólo algunos de los responsables de los crímenes fueron juzgados.

La impunidad de estos crímenes alimenta la violencia en el campo y la persecución contra las personas defensoras que luchan por la justicia, la igualdad y la democracia. Brasil es el tercer país del mundo con mayor tasa de homicidios de defensores de derechos humanos según la organización Front Line Defenders y hasta la fecha no existe en el país un mecanismo efectivo para la prevención y protección de estas personas, ni datos oficiales sobre su ocurrencia.

El caso de Gabriel permite a la Corte Interamericana analizar el deber agravado del Estado brasileño de investigar, juzgar y, eventualmente, condenar a los responsables de crímenes contra defensores de derechos humanos en Brasil, así como la necesidad de adoptar medidas de debida diligencia en la persecución de estos delitos.

Asimismo, se discutió la falta de adopción por parte del Estado de medidas efectivas para atacar las causas estructurales de esta violencia, como es el derecho a la tierra. Igualmente, el caso garantizará el derecho a la verdad sobre lo sucedido a Gabriel y la responsabilidad del Estado por la denegación de justicia.

De ser condenado, se espera que la Corte Interamericana determine que el Estado brasileño debe adoptar medidas tales como fortalecer el programa de protección de defensores de derechos humanos y establecer protocolos para la actuación diligente en estos casos, con el fin de prevenir estos crímenes y que casos como el de Gabriel Pimenta no se vuelvan a repetir.

Enlace para la audiencia:

https://www.facebook.com/CorteIDH/videos/383917843277714

 

Compartido con SURCOS por CEJIL.

Un ataque directo al corazón de los principios republicanos, contra la democracia y el Estado social de Derecho

Movimiento Diversidad Abelardo Araya

Uno de los derechos democráticos fundamentales, es aquel que tutela la libertad religiosa, es decir, el derecho de cada persona a profesar la fe que prefiera, y hacerlo sin ser de ninguna manera importunada, ni mucho menos perseguida. En las sociedades contemporáneas, complejas y heterogéneas, tal cual es la sociedad costarricense actual, la plena vigencia de este principio exige que exista cierta saludable distancia entre la política y, en general, el manejo de los asuntos públicos, respecto de la religión. Porque, en un contexto democrático y republicano, al Estado de derecho le toca velar por el respeto de todas las expresiones religiosas, con especial atención a las religiones minoritarias que, por ello mismo, podrían en mayor grado ser vulnerables. Lo cual materializa un principio republicano fundamental, que aspira a la plena igualdad ante la ley, y, por lo tanto, a la supresión de cualquier tipo de privilegio a favor de un sector u otro de la sociedad.

En Costa Rica, según un estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR), publicado en julio de 2021, el 47,5% de la población se declaraba católica, y un 19,8% evangélica. De tal modo, cerca del 33% de la población costarricense -una de cada tres personas- se identifica con otras denominaciones religiosas (como el judaísmo o el islamismo), u otras formas de espiritualidad, o bien son personas que se consideran a sí mismas agnósticas o ateas.

Claramente tenemos ante nuestros ojos la realidad de una sociedad compleja y diversa. Frente a eso, los principios fundamentales del republicanismo, la democracia y los derechos humanos, establecen una obligación ineludible: en este multicolor conglomerado social y humano, ninguna persona merece menos respeto que cualquiera otra, indistintamente de si es católica, evangélica o de otra confesión religiosa, o si es no creyente. Por otra parte, esa es la base, absolutamente indispensable, en que descansa el principio de libertad religiosa.

Alarma que los candidatos presidenciales que disputan la segunda ronda electoral, señores Figueres Olsen y Chaves Robles, no hayan dado muestras de entender claramente lo que eso significa, y de las grandes implicaciones que de ahí se derivan. El que llegue a ser presidente, debe ser presidente de todos y todas, y para todas y todos, sin distingo de fe religiosa. No puede gobernar condicionado a ninguna fe religiosa particular, sea esta la que fuere, porque al hacerlo así, automáticamente dejará por fuera a quienes no profesen esa religión.

Ahí está el germen de la violencia contra los derechos humanos, las libertades ciudadanas, la república, la democracia y el Estado social de derecho. Más aún, ahí está el germen que puede destruir la paz social.

Es gravísimo que haya líderes religiosos dispuestos a subordinar la democracia a su fe religiosa, a sabiendas de que, al hacerlo así, estarán atropellado los principios republicanos de igualdad ante la ley y de universalidad de los derechos humanos, en que se asienta nuestro Estado social de derecho y la democracia ¿Acaso no captan que su propia libertad religiosa depende del respeto a la libertad de las otras personas para tener una fe distinta, no tener fe alguna o, en fin, vivir otras formas de espiritualidad?

Más que terrible, es sumamente peligroso que haya candidatos presidenciales que subordinan su eventual gobierno a las consignas e imposiciones de una religión en particular, y todavía peor, cuando se firman documentos de compromiso, en que se llega al extremo de entregar en manos de los representantes de una religión particular, nombramientos en ministerios importantísimos como Salud, Educación y Relación Exteriores.

Detrás de esto hay un ataque directo al corazón mismo de la república y la democracia, orquestado por líderes religiosos que no tiene escrúpulo en imponer sus intereses inmediatos y directos, incluso en prejuicio de la paz social. Pero muchísimo más grave es que tengamos dos candidatos presidenciales incapaces de asumir, como les corresponde y es su obligación, una posición de defensa de los principios republicanos, y de resguardo de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos. Es indignante verlos claudicar, con tal grado de ligereza e irresponsabilidad, ante imposiciones abiertamente antidemocráticas y contrarias a la igualdad y los derechos humanos.

Hacemos un llamado vehemente a ambos candidatos presidenciales para que enmienden de inmediato la peligrosa deriva antidemocrática y antirrepublicana en la que se han embarcado. Y ante la ciudadanía costarricense, advertimos acerca del grave peligro que esto comporta. La democracia y el Estado social de derecho están siendo puestos en gravísimo peligro.

Por el Movimiento Diversidad Abelardo Araya

Luis Paulino Vargas Solís

Cédula 2-0327-0373

Erika Susana León Rey

Cédula 1-0871-0011

Víctor Hugo Monge Aguilar

Cédula 1-0432-0270

Denuncia pública: Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa de Salitre denuncia a Pindeco por usurpación del Territorio Ancestral del Pueblo Bribri

Miércoles 23 de marzo del 2022. El despojo de tierras-territorios a los Pueblos Originarios es una problemática que data desde el inicio de la conquista por parte del Imperio Español del territorio que hoy se conoce como Costa Rica. Problemática que luego fue continuada por el Estado costarricense. Prueba de ello es que el Estado delimitara, en un primer momento, el Territorio Bribri de Salitre con el Decreto N° 34 en 1956 y posteriormente, lo modificara con otro Decreto N° 13571 en 1982 con el único objetivo de reducir el Territorio Indígena y someterlo a la explotación de particulares y empresas privadas.

Con este último Decreto, el Estado costarricense atentó contra el Pueblo Bribri al reducir el Territorio a través de un Decreto y no por medio de una Ley informada y consultada a los Pueblos en cuestión -tal y como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)-. De ésta forma gran parte del Territorio Bribri de Salitre quedó fuera de los límites impuestos en 1982 y dejó a buena parte del Pueblo Bribri sin ninguna protección. Este despojo se sostiene al día de hoy.

Entre esas tierras-territorios que quedaron fuera de la demarcación del Estado costarricense se encuentra la comunidad «Diko Diköl» -conocida como Villa Linda- al sur del Territorio y otro sector ubicado al noreste del Territorio ancestral que es usurpado por la empresa exportadora de piña PINDECO.

Esta empresa llegó al cantón de Buenos Aires en la década de 1980 y su labor se ha caracterizado por ser mortífera para la tierra y para las personas trabajadoras, ya que no cuentan derechos laborales. Como si esto fuera poco, PINDECO también usurpa una parte del Territorio Bribri de Salitre, terreno que aún no ha sido recuperado pese a que desde el 2014 una parte del terreno usurpado por la piñera pudo ser recuperado por el Pueblo Bribri y el Concejo Ditso Irìria Ajkonuk Wakpa (CODIAW).

Desde hace varios meses, el CODIAW ha constatado que esta empresa es responsable de acciones de reforestación en el sector de la sabana; cercándolo para poder sembrar árboles. Esta acción además de ser un delito -el de usurpación-, atenta profundamente con la cultura del Pueblo Bribri pues, para nosotras y nosotros, la sabana es un sitio sagrado por ser ecosistema natural, y únicamente puede ser trabajado por autoridades ancestrales Bribris que utilizan medicinas naturales de la sabana para sanar las enfermedades de las y los Bribris.

Ni siquiera el Pueblo Bribri, en su totalidad, puede hacer uso de la sabana ¿cómo si lo hace Pindeco?

Ni siquiera el Pueblo Bribri, en su totalidad, puede hacer uso de la sabana ¿cómo si lo hace Pindeco?

Además de que la reforestación es insignificante en comparación con la alta contaminación y daño ambiental que genera PINDECO, es inaceptable que ésta empresa, en contubernio con el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), promuevan una acción – presuntamente noble- como la reforestación, atentando directamente contra el Pueblo Bribri de Salitre y los otros Territorios también Bribris.

Así, como Concejo Ditso Irìria Ajkonuk Wakpa (CODIAW) exigimos al Estado costarricense:

  • Rectifique al Territorio Bribri de Salitre con los límites demarcados en el Decreto de 1956.
  • Que lleve a cabo las investigaciones judiciales y penalice a la empresa PINDECO por el delito de usurpación así como sus acciones violentas que ofenden la cultura Bribri.
  • Que realice los desalojos a personas no indígenas que se encuentran dentro del Territorio Bribri de Salitre, desalojos que ya han sido señalados como urgentes por parte del Concejo Ditso Irìria Ajkonuk Wakpa (CODIAW). Esta acción es la única que garantizaría que el Territrio Brirbri de Salitre y el Pueblo Bribri pueda vivir en paz y multiplicando su cultura.

Concejo Ditso Irìria Ajkonuk Wakpa (CODIAW).

 

Imagen: UCR

Reporte comunitario China Kichá

SURCOS comparte la siguiente información:

Continúan las quemas en el Territorio Ancestral Cabécar de China Kichá en Pérez Zeledón. 

El video adjunto corresponde al día 21 de marzo del 2022, Día Mundial del Agua. Pueden escuchar la voz del recuperador y defensor Efraín Fernández. Tomen su tiempo y escúchenlo. Por favor, préstele atención. 

Apoyemos la noble lucha en la defensa de la Madre Tierra. 

Defendamos a lxs defensores indígenas. Sus vidas corren peligro.

¡Alto a la impunidad!

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!