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Etiqueta: derechos humanos

Dudas y cautela ante separación de su cargo de juez Francis Porras

Marco Antonio Castillo Rojas

La Corte Suprema de Justicia ratificó la separación de su cargo del juez notarial Francis Porras, quien trató de anular el matrimonio de Rodrigo Campos Hernández conmigo.

Esa noticia nos satisface porque conlleva el reconocimiento de nuestros derechos como personas de la diversidad sexual y de género. Además, porque conlleva el reconocimiento a la labor realizada por la jueza que nos casó.

Considero una victoria que nos hace sentir que vamos caminando hacia adelante y no retrocediendo como pretendía Francis Porras. Es el reconocimiento a la lucha emprendida por muchos y muchas y que nos llevará algún día a la equidad social.

Solo me preocupa que la resolución habla de separación del cargo, y no dice despido, lo que no sé como se interpreta porque Francis Porras fue entrevistado este jueves 27 por la comisión de la Corte de nombramientos para el cargo de Fiscal General. Indudablemente que el Fiscal debe ser una persona de amplio criterio jurídico y no alguien que se oponga al de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
San José, enero de 2022.

Protesta contra medidas señaladas en Guía de Buenas Prácticas de Seguridad en las Operaciones Turísticas

El pasado domingo 23 de enero del 2022, diversas organizaciones, colectivas y personas marcharon en repudio a la “Guía de Buenas Prácticas de Seguridad en las Operaciones Turísticas”, publicada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), asimismo, para levantar la voz en contra de los recientes hechos de violencia hacia las mujeres sucedidos en la zona del Caribe Sur, donde dos turistas fueron abusadas sexualmente.

En dichas guías se proponían medidas revictimizantes, en las cuales se sugería a las turistas que cuando viajen solas deben cuidar su vestimenta, no caminar solas en la noche, entre otras. Ante esto, diversas organizaciones y personas salieron a las calles a exigir justicia por las víctimas, además de exigir al Gobierno medidas reales ante dicha problemática de violencia. 

Una de las marchas dio inicio en la fuente de la Hispanidad, y culminó en el Paseo Colón; ésta fue convocada por la colectiva feminista HANDMAIDSCR. Gran cantidad de mujeres, organizaciones y demás personas se hicieron presentes. Ese mismo día, en Sámara otra colectiva organizó una marcha por la playa, bajo la consigna “la culpa no era mía ni dónde estaba ni como vestía”.

 

Compartido con SURCOS por María Trejos Montero.

FEUCR: Urge aprobación del Acuerdo de Escazú

Desde el Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), se exige a las diputaciones de la Asamblea Legislativa aprobar en primer y segundo debate el Acuerdo de Escazú, proyecto de ley 21245. Esto por la ausencia de protección de las personas que defienden el ambiente y la impunidad en los casos de violencia y asesinatos.

En 2018, en el cantón de Escazú se adoptó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública, el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. El tratado es internacional, comprometido con el medio ambiente, los derechos humanos, así como el desarrollo sustentable y acceso público para la participación en decisiones ambientales.

 

Publicado por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica.

Prevenir y atender la violencia sexual es una responsabilidad del Estado, no de las mujeres

EXIGIMOS AUMENTAR INVERSIÓN EN PROGRAMAS Y SERVICIOS DEDICADOS A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

  1. La violencia sexual contra mujeres y niñas es grave, endémica y peligrosamente naturalizada en nuestra sociedad. El backslash patriarcal se ensaña con nuestros cuerpos para cobrarnos cada avance, cada conquista, que arrancamos con las uñas de nuestras luchas históricas, queriendo arrastrarnos al pasado de sometimiento, control y cautiverio. Pero nuestras conquistas son irreversibles. El camino de la igualdad es el único posible para que Costa Rica pueda avanzar en democracia y desarrollo humano, social y económico. Sin las mujeres, el futuro no existe. No permitiremos ningún retroceso en nuestros derechos.

  2. La violencia machista no es ni nunca puede ser responsabilidad de las mujeres. Es obligación del Estado y responsabilidad de la sociedad responder con la debida diligencia y contundencia frente a cualquier acto de violencia y actuar sobre las causas estructurales que la perpetúan. Particularmente sobre la cultura machista que se reproduce de manera cotidiana. Erradicar la violencia machista es responsabilidad de las instituciones, la empresa privada, los medios de comunicación, las comunidades, las organizaciones sociales, todos y cada uno de nosotros y nosotras.

  3. En el caso de la llamada Guía para operadores turísticos es evidente que todas las entidades involucradas cometieron un grave error que debe corregirse de inmediato, tal y como ha reconocido la Presidencia de la República. Más allá de ello, entendemos que esta es una entre otras acciones que el Estado ha propuesto para combatir la violencia sexual, específicamente en las zonas turísticas. El plan existente para combatir la violencia sexual en las zonas turísticas debe retomarse, reforzarse y ejecutarse con enfoque de derechos humanos, feminista y con perspectiva de género, de manera urgente en todas las regiones identificadas de alto riesgo que demandan, con razón, mayor celeridad y urgencia.

  4. Manifestamos nuestro apoyo y sororidad con las organizaciones de mujeres de las costas y de todos los territorios que valientemente mantienen viva esta lucha, dedicando a ello sus energías y tiempos.

  5. Repudiamos la instrumentalización electoral que ha tenido lugar a partir de este incidente por parte de partidos políticos y medios de comunicación. Tratar de acarrear agua a los molinos electorales con el dolor de las mujeres no solo es perverso, sino también letal.

La única referencia electoral que aceptamos es aquella donde nos digan con claridad los señores y señoras candidatas a la presidencia y diputaciones: ¿cuál es el compromiso con la erradicación de la violencia en todas sus manifestaciones hacia las mujeres y las niñas? ¿cuánto presupuesto más van a dedicar para atender esta problemática? ¿Cuántas nuevas plazas están dispuestos a aprobar para fortalecer servicios específicos? ¿Cuántas nuevas delegaciones policiales se comprometen a abrir en zonas turísticas? ¿Cuánto dinero están dispuestos a invertir para financiar programas de prevención y fomento de nuevas masculinidades con niños y jóvenes?

  1. Repudiamos igualmente el ataque generalizado, indiscriminado y destructivo contra el Instituto Nacional de las Mujeres. El INAMU ha sido y sigue siendo el principal instrumento con que contamos las mujeres para defender y adelantar nuestros derechos. Es el único espacio institucional gratuito, permanente y especializado, donde las mujeres podemos acudir para que nos acompañen y representen frente a las diferentes formas de violencia machista que a diario sufrimos. ¡Exigimos que se respete su rol rector en materia de igualdad y equidad de género!
    Al INAMU y a las demás instituciones les exigimos reconocer y enmendar sus errores. Pero al mismo tiempo nos manifestamos clara y contundentemente en su defensa. El INAMU es de las mujeres y para las mujeres y, aunque señalemos sus fallos, nunca haremos coro de quienes quisieran ver al INAMU destruido, cerrado o convertido en un ministerio de la familia. Erradicar la violencia contra las mujeres requiere inversión. No podemos perder el foco estructural. Es necesario ir más allá de la coyuntura para atacar los problemas desde la raíz.

  2. Los programas y servicios de atención y prevención de la violencia contra mujeres y niñas están desfinanciados. Desde hace muchos años la demanda de servicios sobrepasó la capacidad de una institucionalidad cuyos presupuestos y recursos humanos no ha crecido al ritmo necesario para brindar una cobertura nacional de atención. Mucho menos ha crecido la inversión en prevención primaria y secundaria o en recursos para que las mujeres puedan efectivamente construir vidas libres de la violencia: vivienda, generación de ingresos, etc.

Como ha señalado la prensa nacional: la falta de presupuesto socava programas de apoyo a víctimas…

La enorme desventaja que reconocen jerarcas de las dos instituciones (INAMU-PANI) es la falta de fondos para financiar estos programas en medio del preocupante aumento en la cantidad y complejidad de los casos. Pasa lo mismo con su limitada capacidad para ampliar la cobertura de protección a quienes están en alto riesgo de sufrir diferentes tipos de violencia. (La Nación, 16/01/22, p. 5).


Con base en lo señalado, requerimos:

 A las señoras y señores diputados de la actual legislatura

⦁ Promover y aprobar una ley que exima al Instituto Nacional de las Mujeres de la aplicación de la regla fiscal y se etiqueten los presupuestos institucionales destinados de manera específica a fortalecer servicios de atención y prevención primaria de la violencia contra las mujeres, incluyendo la creación de nuevas plazas.

⦁ Redactar y aprobar una ley para declarar como esenciales y que se eximan de la aplicación de la regla fiscal los servicios y programas de atención y prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas de la CCSS, Ministerio de Seguridad Pública, PANI, IMAS, entre otros.

Al Instituto Nacional de las Mujeres:

⦁ Promover un protocolo especifico de actuaciones en casos de violencia sexual contra mujeres y niñas para los operadores institucionales en zonas turísticas y ejecutar un plan de intervención urgente en las regiones identificadas como de alto riesgo.

⦁ Priorizar la continuidad de los servicios, programas y compromisos institucionales en el marco de la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades, garantizando su adecuado financiamiento.

⦁ Apoyar con recursos las actividades de las organizaciones autónomas de mujeres en los territorios.

 Al Poder Judicial y Ministerio Público:

⦁ Constituir un equipo de respuesta inmediata, nacional (no territorial), adjunto a la Fiscalía General de la República e integrado por agentes del OIJ, fiscales y fiscalas y equipo psicosocial especializado, destinado de manera exclusiva a la investigación y persecución de delitos sexuales contra mujeres y niñas de alto riesgo para garantizar efectivo y diligente acceso a la justicia.

⦁ Garantizar la puesta en práctica del Protocolo de las 72 horas en todos los hospitales nacionales y regionales de la CCSS, así como en clínicas o EBAIS de zonas turísticas.

 Al Ministerio de Seguridad Pública:

⦁ Sancionar de manera efectiva a los funcionarios denunciados por conductas misóginas e irrespetuosas contra las mujeres víctimas de violencia sexual y realizar una investigación independiente de los hechos.

⦁ Duplicar el recurso humano del Programa Preventivo de Violencia Doméstica y contra las Mujeres destacando oficiales de este programa en las zonas de alto riesgo de violencia sexual.


EXIGIMOS LA ACCIÓN DEL ESTADO FRENTE A LA VIOLENCIA SEXUAL

 

Compartido con SURCOS por Red Feminista contra el Maltrato hacia las Mujeres Costa Rica.

Las desigualdades matan

El siguiente texto es a modo de sinopsis del libro “las desigualdades matan”

Mientras que los ingresos de la población mundial se habrían deteriorado a causa de la COVID-19. Las crecientes desigualdades económicas, raciales y de género, así como la desigualdad existente entre países, están fracturando nuestro mundo. Esto nunca ha sido fruto del azar, sino el resultado de decisiones deliberadas: la “violencia económica” tiene lugar cuando las decisiones políticas a nivel estructural están diseñadas para favorecer a los más ricos y poderosos, lo que perjudica de una manera directa al conjunto de la población y, especialmente, a las personas en mayor situación de pobreza, las mujeres y las niñas, y las personas racializadas. 

Las desigualdades contribuyen a la muerte de, como mínimo, una persona cada cuatro segundos. No obstante, tenemos la oportunidad de reformar drásticamente nuestros modelos económicos para que se basen en la igualdad. Podemos abordar la riqueza extrema aplicando una fiscalidad progresiva, invirtiendo en medidas públicas de eficacia demostrada para eliminar las desigualdades, y transformando las dinámicas de poder dentro de la economía y la sociedad. Si mostramos la voluntad necesaria y escuchamos a los movimientos que están exigiendo cambios, podremos crear una economía en la que nadie viva en la pobreza, ni tampoco en una riqueza inimaginable: una economía donde las desigualdades dejen de matar.

Les invitamos a leer cuáles son las medidas que se deben llevar a cabo para acabar con el aumento de la desigualdad, ingresando en el pdf adjunto a esta nota:

 

Publicado por OXFAM
Compartido con SURCOS por Henry Mora Jiménez.

Recolecta de firmas, ¡no más impunidad ante el feminicidio de Keyla Patricia Martínez!

¡Justicia para todas las víctimas de feminicidios en Honduras!

¡No más impunidad ante el feminicidio de Keyla Patricia Martínez!

En Honduras, país que se encuentra entre los primeros de mayor índice de feminicidios de América, la joven integrante de los pueblos originarios Lenca Keyla Martínez Rodríguez fue víctima de feminicidio en las celdas de la Unidad Policial N°10 de La Esperanza, Intibucá.

Ella era estudiante universitaria del último año de la carrera de Enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa (UNAH). Después de ser detenida por agentes de la policía a las 11:30 pm del 6 de febrero, en menos de 3 horas después, el 7 de febrero a las 2:55 am fue llevada sin signos vitales por tres agentes policiales al Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato.

El 22 de febrero de 2021 el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, leyó los resultados preliminares de la autopsia donde se certifica que la muerte de Keyla fue por asfixia mecánica, la que es calificada como homicidio por estrangulamiento y sofocación respiratoria (nariz y boca). Su cuerpo presentaba golpes contundentes o traumas contusos provocados con objeto romo sin filo en la cabeza, cuello y boca; a la vez, había sido sometida por varias personas que, ante la fuerza con que, al parecer, la joven se defendió, la golpearon y la aplastaron contra el suelo. Durante el velatorio la familia de Keyla abrió el féretro y observaron que en las manos presentaba heridas como de arma corto punzante, los dedos amoratados y con evidencias de fracturas, además de marcas y lesiones alrededor de sus muñecas, como si hubiera sido esposada.
De la totalidad de los policías y oficiales que estaban de turno la noche del feminicidio, solo fueron suspendidos de sus cargos el Subinspector Bryan Isaac Bánegas López y el policía Jarol Perdomo (único acusado, primero de homicidio agravado y luego el delito fue recalificado como homicidio simple por la Corte de Justicia de Apelaciones de Comayagua). 

Hasta dos días después del homicidio, la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC revisó la escena del crimen, luego de haber sido lavada por detenidos, borrando cualquier evidencia y sin haber sido asegurada por el fiscal de turno John César Mejía. Por lo tanto, en conformidad con el respeto de los Derechos Humanos, en general, y a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, en particular, las organizaciones y personas abajo firmantes exigimos de manera respetuosa pero categórica a la Corte Suprema de Justicia de Honduras, lo siguiente:

  • Que el Ministerio Público proporcione a familiares y abogadas que llevan el caso el Dictamen definitivo de la autopsia; ya que diez meses después, aún no ha sido entregado. 
  • Que se tome en cuenta las observaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) donde recomienda que la investigación se realice bajo el Protocolo de Minessota, porque los hechos pueden ser constitutivos de una ejecución extrajudicial y debe orientarse a identificar, no sólo a los autores directos, sino también a los demás responsables de la muerte, incluidos los funcionarios cómplices en la cadena de mando.
  • Que se rectifique la recalificación del delito como Feminicidio Agravado.
  • Que haya una pronta resolución ante Recursos de Amparo presentados desde el 1° de noviembre de 2021, por Ministerio Público y por COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras), con apoyo de otras organizaciones internacionales de Derechos Humanos, contra la recalificación del delito. 

La fecha límite para firmar la petición es el 20 de febrero, adjuntamos el link para firmar la petición: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLPjn6RVqznuOjXLocuRvgunOs6yTwcHrqenUtb_3NnVSjFw/viewform

Denuncia a la opinión pública nacional e internacional

Los tentáculos del uribismo, el fallido narco-estado colombiano, las indecisiones de Iván Duque, la estructura paralela de los grupos paramilitares. Tienen un rasgo esencial. No cesan de asesinar al pueblo de nuestra hermana República de Colombia.

En los últimos días el asesinato de Mario, profesor de agricultura que adhería la filosofía rastafari; la prestigiosa médica LUZ ARTEAGA, que combinó su noble profesión con su papel de lideresa social. BREINER CUCUÑA, niño indígena Nasa, defensor de la tierra. Sí, los tres comparten un destino común, fueron asesinados en sus territorios, defendiendo las causas sociales más nobles.

Llamamos a los organismos de sociales nacionales de Colombia, a las organizaciones internacionales de Derechos Humanos, para que inicien una campaña sostenida, cuyo eje esencial sea el restablecimiento de relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, pero sin la injerencia del ejército de los Estados Unidos, en dichas negociaciones.

Está demostrado que las “Fuerzas del Orden”, tienen como objetivo básico el aumento de la militarización y represión de las policías en América Latina, contra el movimiento social y la población disidente. Como lo dice el autor citado. La doctrina promovida por EEUU básicamente sigue legitimando que se puede hacer todo por la “seguridad nacional”. (Pablo Ruiz, periodista, es parte del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas. /… / el mismo autor citado agrega que, apelando a sus leyes de transparencia y acceso a la información pública, se conoció que entre los cursos que toman los policías de este en América Latina, lo hacen bajo la dirección de  la Escuela de las Américas, de tal suerte que, en los últimos años, figuran “Curso de Análisis Contra Terrorismo”, “Curso Operaciones de Inteligencia”, “Curso Operaciones información”, “Curso Antidrogas y Antiterrorismo”, “Curso Básico de Inteligencia para Oficiales” y “Curso Analista de Información” (https://www.alainet.org/es/articulo/183982). La sostenida provocación del actual gobierno de Iván Duque y la escalada de acciones militares en la frontera de Venezuela, explican el trasfondo de lo que estamos denunciando.

Por eso compartimos como lo señalan el periódico digital El Clarín de Colombia y el noticiero de radio el Clarín, cuando señalan lo siguiente: La urgente desmilitarización de la frontera con Venezuela, que cese los asesinatos de líderes populares, que se evite el desplazamiento masivo en Catatumbo. (https://fb.watch/aGJ5wVJ1CW/).

No nos es extraño por eso que el embajador de Rusia en Venezuela, Serguei Melik-Bagdasárov, considere la posibilidad de que, entre Rusia y Venezuela, se intensifiquen los lazos de cooperación militar ante un eventual aumento de las presiones por parte de los Estados Unidos.

Podría parecernos no razonable. Pero, a decir verdad, la escalada militar en la frontera entre Colombia y Venezuela, responde a la naturaleza intervencionista de los Estados Unidos en nuestras soberanías nacionales. No olvidemos que el Departamento de Arauca, dirigido por un militar, es uno de los puntos de mayor fricción en este momento histórico entre ambos países.

En otro orden de cosas, también denunciamos, los ataques violentos con artefactos explosivos de las sedes de la Unión Patriótica, el Partido Comunista Colombiano, las sedes del Pacto Histórico y de Comunes.

Citamos nuevamente los medios de comunicación masiva colombianos que al respecto señalan:

EXIGIMOS GARANTÍAS para el ejercicio político electoral ante explosivo, después de REUNIÓN PACTO HISTÓRICO en Teusaquillo.* SE LOS DICE: *CLARIN de Colombia* y *NOTICIERO RADIO CLARIN de Colombia* clarinesdecolombia@gmail.com *FAVOR COMPARTIR* https://www.clarindecolombia.info/index.php/noticia/66-destacadas/2537-exigimos-garantias-para-el-ejercicio-politico-electoral-ante-explosivo-despues-de-reunion-pacto-historico-en-teusaquillo

Finalmente, como partido elevamos este comunicado ante la opinión pública nacional e internacional y exigimos el respeto a los Derechos Humanos esenciales del pueblo de Colombia. Respeto a la vida de las lideresas y líderes populares, sindicales y partidistas.

Vendrá un momento, en que Uribe, Duque y los otros testaferros del imperialismo norteamericano, tendrán que ser sentados en el banquillo, para que dé cuenta de sus crímenes de lesa humanidad.

San José, lunes 24 de enero de 2022

HUMBERTO VARGAS CARBONELL. Secretario General.
TRINO BARRANTES ARAYA. Presidente.

LUIS ALFONSO PARDO MARTÍNEZ. Secretario de Relaciones Internacionales.
Partido Vanguardia Popular

Acabar con la desigualdad en Pandemia

Las organizaciones UNDECA, BUSSCO y FSM compartieron con SURCOS una nota en la cual se señala que, la posición de la Organización Mundial de la Salud es que, para acabar con la pandemia, es necesario acabar con la desigualdad.
La OMS también recordó que, no se podrá terminar con la fase aguda de la pandemia si se mantiene la desigualdad en el acceso a las vacunas. El 85 % de las personas en África todavía no han recibido una sola dosis y todavía se ve incierto el objetivo de que para mediados de este año, el 70 % de la población de cada país esté completamente vacunada. Noventa países no han alcanzado, siquiera, el objetivo de 40 % de su población vacunada y 36 de ellos han vacunado a menos del 10 %.

Solicitan públicamente a autoridades de la CCSS apoyo urgente para el personal ante variante Ómicron

Juan Carlos Duran Castro, dirigente sindical, SIFUOCR

Por este medio se informa que actualmente el Hospital San Juan de Dios mantiene un recargo de funciones, esto debido a que hay una tasa de contagios sumamente agresiva lo que ha elevado la tasa de incapacitaciones, esto resulta particularmente preocupante ya que podría afectar e ir en detrimento de la salud de los pacientes y el servicio que se les brinde.
En atención a la situación sanitaria actual que enfrentamos el Movimiento por la salud y la Libertad y del Consejo Asesor Médico-Científico Médicos por la Libertad, tomando en cuenta la necesidad de acceso a profesionales éticos para apoyar a la población con su salud y bienestar con respecto de patologías crónicas preexistentes y, por otro lado de cara al llamado Sars-Cov-2, así como los efectos adversos que las inoculaciones podrían ocasionar, hemos decidido crear un Directorio Médico de profesionales de la salud para que ustedes puedan acercarse a ellos para solicitar una valoración de su condición de salud y evacuar dudas con respecto de las inoculaciones desde el punto de vista médico.

Con respecto a la elaboración de dictámenes médicos, les informamos que esto está sujeto al criterio del médico que valora en la consulta al paciente y podrían requerirse exámenes de laboratorio y/o la presentación del expediente médico para una valoración del historial clínico del paciente. Así mismo, queremos informarle a toda la ciudadanía, que de acuerdo con lo señalado por la Dra. Jaqueline Aguilar Marín, en su calidad de Fiscal Auxiliar del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, en el oficio del FJG-1728-2021, del 06 de octubre del 2021, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7, inciso a), del Decreto Ejecutivo No. 39609-S así como lo que dispone la Ley General de Salud de nuestro país, todo médico debidamente acreditado cuenta con fe pública, por lo que en caso de ser necesario emitir un dictamen, este se constituye en un documento debidamente legitimado de acuerdo con la normativa existente actualmente, independientemente de si es realizado por un médico que atienda de manera privada o en alguna institución del Estado.

Además, deseamos recordarles que la mejor manera de prevenir enfermedades es manteniendo un estilo de vida saludable y activo. Por ello, les recomendamos evitar el uso de artículos que impidan una respiración libre, comer saludable y balanceadamente, incorporando una variedad de carbohidratos saludables (de bajo índice glicémico) como vegetales, verduras, legumbres, frutas; suficiente proteína (preferiblemente magra); grasas saludables como aguacate, semillas, aceite de oliva y evitando frituras; así como tomar una adecuada cantidad de agua y realizar -al menos- 30 minutos de ejercicio físico diario.

Esperamos que esta información sea de utilidad para toda la ciudadanía y les deseamos una vida saludable y balanceada. Les enviamos un abrazo de parte del Movimiento por la Salud y La Libertad y del Consejo Asesor Médico-Científico Médicos por la Libertad.
A continuación el comunicado completo y el directorio de consulta médica- Médicos por la Libertad

 

*Imagen de portada ilustrativa, UCR.

Alerta temprana por incendios en los territorios originarios recuperados

  • El incendio provocado en Yuwi Senaglö amenaza con extenderse a otras recuperaciones
  • Esta forma de agresión es muy utilizada por finqueros en verano

Martes 18 de enero del 2022. Al ser las 12 medio día un recuperador Cabécar de Yuwi Senaglö divisó el inicio del fuego muy cerca de la casa donde se mantiene atrincherado Miguel Vargas, persona no indígena que ocupa ilegalmente parte del Territorio Cabécar de China Kichá, al sur de Costa Rica.

Las llamas se aproximaron al lugar donde habitan las y los recuperadores dentro del terreno recuperado y en horas de la tarde, debido al cambio en la dirección del viento, las llamas se extienden a gran velocidad hacia Kono Jú, otro terreno recuperado en el que hay cultivos por cosechar y viviendas de las familias recuperadoras.
El incendio provocado es una forma de agresión física y psicológica utilizada por los finqueros que ocupan ilegalmente parte de los Territorios de los Pueblos Originarios de la zona sur.

Según el «Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los Pueblos Originarios en la zona sur de Costa Rica; enero-diciembre 2020», en ese año fueron provocados 17 incendios en esta zona, poniendo en peligro la vida e integridad física de las y los recuperadores, quemando casas y cultivos y dañando la flora y fauna.

Como es de conocimiento público y ha sido denunciado judicialmente, Miguel Vargas se ha visto involucrado, incitando y participando en varias agresiones contra el Pueblo Cabécar de China Kichá, como en el ataque por una turba del 7 de marzo de 2020.

Reiteramos al Estado de Costa Rica su obligación de garantizar la vida e integridad personal y territorial del Pueblo Cabécar de China Kichá; por lo que debe tomar las medidas preventivas, policiales y judiciales necesarias.

Requerimos la presencia inmediata del Cuerpo de Bomberos para controlar el incendio y evitar daños mayores y que todas las instancias necesarias investiguen su origen y den con los responsables.

También exigimos al Poder Judicial acabar con la impunidad en la que naufragan las múltiples denuncias contra Miguel Vargas y otros finqueros y sus peones que ocupan ilegalmente el Territorio, por todas las agresiones contra el Pueblo Cabecar de China Kichá.

¡Alto a la impunidad!

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

Recuperadoras/es Cabécares de Yuwi Senaglo.

Recuperadoras/es Cabécares de Kono Jú.

Coordinadora de Lucha Sur Sur.