Catorce lideresas indígenas se unieron para defender sus derechos mediante la creación musical. Así conmemoraron el Día de los Derechos Humanos. Le invitamos a seguir este enlace para ver el video: https://fb.watch/aa61ZCyDB4/
El abogado Alberto Precht, de Transparencia Internacional, señala en un reportaje del noticiario alemán DW que la corrupción viola los derechos humanos y llama a la acción ciudadana para erradicarla.
La producción noticiosa señala que “Costa Rica celebra elecciones en febrero y la corrupción y el narcotráfico están en el debate electoral. El país centroamericano, considerado una de las democracias más limpias de Latinoamérica, se ve sacudido por una ola de denuncias de sobornos y corrupción”. Le invitamos a ver el reportaje de DW:
Luis Fernando Astorga Gatjens
El triunfo electoral de Gabriel Boric sobre José Antonio Kast, en la segunda ronda de las elecciones presidenciales chilenas del 19 de diciembre anterior, tuvo su fragua en octubre del 2019, en un país marcado por un inesperado estallido social de alcances tsunámicos.
En ese octubre pre pandémico, cuando el gobierno de Sebastián Piñera decretó un aumento del valor de los boletos del Metro de Santiago, los estudiantes protestaron brincándose los molinetes de ese sistema de transporte. Lo que fue inicialmente una acción puntual de protesta derivó pronto en un movimiento generalizado en la capital y en otras ciudades del país austral.
El fuerte contraste entre una élite económica y política, beneficiaria directa del modelo neoliberal y que se rodeó golosamente de privilegios, frente a amplias mayorías empujadas a la pobreza, acumuló las condiciones propicias para el intempestivo estallido social.
El modelo chileno que los políticos y medios adeptos a esa doctrina, habían convertido en un referente internacional, se derrumbó como un castillo de naipes. El proyecto marcado por la reducción del rol del Estado y la expansión del papel del sector privado, que impulsó e impuso la dictadura de Augusto Pinochet, con la asesoría de Milton Friedman, no resistió la acumulación de injusticias y desbalances sociales.
Las protestas fueron duramente reprimidas por la policía con un saldo tan trágico como doloroso: 20 muertos, 233 heridos y más de 700 personas detenidas. Empero la represión fue más gasolina que agua. Y lo que fueron, inicialmente, reivindicaciones económicas y sociales (centradas en pensiones, salud, educación) se tornaron en exigencias políticas. Ganó fuerza el reclamo de una Convención Constituyente que pusiera fin a la camisa de fuerza que ha sido la Constitución, creada a imagen y semejanza de la dictadura de Pinochet.
La acción de la protesta social fue tan fuerte que el gobierno de Piñera no tuvo más remedio que convocar a un referéndum para determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo con iniciar un proceso constituyente, para redactar una nueva Constitución y también para fijar el mecanismo del proceso. Originalmente, el referéndum fue convocado para el 26 de abril de 2020, pero a causa de la pandemia de la covid-19, hubo de ser pospuesto para el 25 de octubre del mismo año. El resultado aprobatorio fue contundente: Mas del 78 % de los que votaron dijeron que si aprobaban la Constituyente mientras menos del 22 % se inclinó, por lo contrario.
Así las cosas, el 15 y 16 de mayo de 2021 los electores chilenos acudieron a elegir a 155 constituyentes encargados de redactar la nueva Carta Magna. Más de 6,3 millones votaron. Los resultados representaron una abrumadora derrota para la derecha, ya que, de los 155 elegidos, 48 fueron independientes, 52 de la oposición, los pueblos originarios obtuvieron 17 puestos y el oficialismo tan solo 38. Una cifra a todas luces insuficiente para fijar la agenda y acuerdos de la Convención, que arrancó sus tareas el 4 de julio de 2021 y las completará a finales de junio de 2022.
El 21 de noviembre de 2021 se celebraron los comicios para elegir quien dirigirá, desde la presidencia, los destinos de Chile entre 2022 y 2026. También fueron electos los senadores, diputados y consejeros regionales. A raíz de las situaciones y procesos desarrollados a partir de octubre de 2019, se esperaba un claro triunfo del candidato de la coalición de izquierda, “Apruebo Dignidad”, Gabriel Boric, aun cuando los números no le alcanzaran para evitar el balotaje. Sin embargo, en un resultado inesperado, el candidato ultraderechista, José Antonio Kast se impuso sobre Boric por dos puntos.
Este resultado envalentonó a la derecha que esperaba ganar en la segunda ronda, que se celebró el 19 de diciembre. Para esta elección se confabularon todos los ingredientes para la polarización política. Se enfrentaban dos proyectos diametralmente opuestos.
Kast (55 años), neoliberal confeso, detractor de la Convención Constituyente, simpatizante de Pinochet, admirador de Trump y Bolsonaro, y con una serie de proyectos amenazantes para los imperativos avances sociales y los derechos humanos, frente a Boric (35 años), líder de la nueva izquierda chilena, madurado al calor de las luchas estudiantiles y sociales, adversario abierto del modelo neoliberal e impulsor de una Constitución que sea llave y matriz de la imperativa e impostergable justicia social para un pueblo marcado por lustros de desigualdad y pobreza, en medio de la concentración indignante de la riqueza de las élites.
El 19 de diciembre se jugaba entonces algo más que una elección entre dos candidatos presidenciales; se jugaba la perpetuación del modelo neoliberal frente a su progresivo desmantelamiento. Eso lo comprendió el pueblo de Chile que acudió a las urnas en un porcentaje mayor que en la primera ronda y le dio un contundente triunfo a Boric (55,87 %) sobre Kast (44,13 %).
El nuevo presidente tomará posesión del cargo, en marzo de 2022 y tendrá como desafío el cambio de modelo, con la abierta oposición de la derecha y las élites económicas, cuyo peso es significativo. Eso se puso de manifiesto al día siguiente de la elección de Boric, cuando esa abstracción denominada mercado (que no son otra cosa que empresas y personas de carne y hueso), mostró su descontento con la caída de la bolsa de Santiago mientras el peso sufrió una significativa depreciación.
La elección de Boric no solo es muy importante para Chile. Lo es para América Latina, región donde las fuerzas progresistas han ido ganando terreno.
Chile ha sido destacado como un “milagro económico” aunque ese milagro siempre fue para una minoría y algunas trasnacionales avariciosas. Las mayorías, mientras tanto, lo vieron desde muy lejos. En el presente, puede emerger un modelo alternativo que consolide la democracia y haga renacer un Estado Social de Derecho, robusto y fuerte como lo soñó Salvador Allende. Esto le dará sentido al propósito y consigna el Norte está al Sur.
Imagen: https://www.radioagricultura.cl
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
En su declaración de principios, la política nacional para una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia 2014-2025 indica que tendrá como propósito la construcción de una sociedad costarricense más sensible a las diferencias. Así lo señala su visión:
“Costa Rica será una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia a partir de la garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, poblaciones de migrantes y refugiados, que contribuyen a la conformación de una sociedad más respetuosa y sensible a las diferencias y enfoques particulares”.
Pese a este propósito, la sociedad costarricense continúa presentando serias dificultades para alcanzar la aspiración de una sociedad cada vez más inclusiva.
Durante las recién pasadas finales de fútbol desarrolladas en el país, el jugador del Club Sport Herediano Kreysher Fuller denunció haber sido objeto de insultos racistas provenientes de un sector de aficionados apostados en las graderías del sector oeste del Estadio Ricardo Saprissa, ubicado en la capital costarricense.
En las imágenes del incidente, se logra apreciar algunas reacciones verbales del jugador, criticables también, contestando a tales insultos. En una publicación en su cuenta personal el jugador afirmó: “No puede ser que en estos tiempos aún exista insultos raciales, como lo volví a vivir este jueves en el estadio».
Ambas actitudes son deplorables. Sin embargo las respuestas no fueron similares. El jugador fue sancionado con varios partidos por su reacción. Pero la actitud de los aficionados no fue castigada de oficio, abriéndose en su lugar una “investigación” para determinar el alcance de lo denunciado por el jugador por parte de los órganos correspondientes a nivel dirigencial.
Esta actitud organizativa no es neutra. Cuando la institucionalidad actúa así, representa el culmen de la naturalización arraigada en cuanto a racismo y discriminación. Es sabida la producción y reproducción de discursos discriminatorios en lugares como estadios. La xenofobia, la homofobia, el machismo y el racismo encuentran terreno fértil tras una voz colectiva que se escuda en el anonimato para ofender y agredir de palabra.
El caso de México, por ejemplo, demuestra cuánto se debe seguir trabajando en la erradicación de estas prácticas. Las últimas noticias confirmaron un castigo más a su Federación por la reiteración de gritos homofóbicos en los juegos de su selección.
Costa Rica, a pesar de avances en su legislación como la política citada al iniciar esta columna, debe hacer un examen a conciencia acerca de los esfuerzos para estirpar estas odiosas acciones. Los procesos de violencia experimentados recientemente y en múltiples ocasiones por pueblos originarios en defensa de sus territorios son acaso un desafío que el estado costarricense no ha logrado resolver.
Peor aún, las declaraciones de un alcalde de una comunidad del Atlántico costarricense ofreciendo una “mujer indígena a cambio de favores de la empresa privada” en las que deja entrever un racismo y colonialismo in extremis, solo confirman la naturalización de una conducta histórica que una legislación no elimina.
La erradicación del racismo en los estadios, uno de los tantos desafíos en la materia por parte de la sociedad costarricense, no se resuelve con una campaña de camisetas vestidas por los jugadores, un “hashtag” y mensajes previos a cada partido.
Debe surgir de una profunda modificación de contenidos educativos en los que respeto, convivencia e integración sean los ejes para avanzar hacia la construcción de una sociedad absolutamente diferente.
SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa:
Washington DC, diciembre 16 de 2021. – Este jueves 16 de diciembre, más de 30 organizaciones en todo el mundo y expertas y expertos de derecho internacional, incluidos relatores y relatoras de la ONU, presentaron el Protocolo de la Esperanza. La primera herramienta internacional que promueve una respuesta efectiva a las amenazas contra personas defensoras de derechos humanos quienes protegen la democracia y los derechos a nivel global, de los cuales el 85%* afirman recibir o conocer a alguien que recibió alguna forma de amenaza por su trabajo de defensa en los últimos años.
Durante más de cinco años, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en conjunto con personas expertas en derecho internacional y personas defensoras trabajaron en esta herramienta que concientiza sobre el alto coste que representan las amenazas en su contra y la impunidad de estos crímenes. El Protocolo de la Esperanza proporciona una hoja de ruta para el establecimiento de políticas públicas que aborden eficazmente las amenazas, así como directrices a los Estados para una diligente investigación penal.
Históricamente y a nivel mundial, las amenazas en contra de quienes defienden derechos se utilizan para intimidar y disuadirles de llevar a cabo su labor. De hecho, 3 de cada 10* de las personas defensoras afirman que las amenazas que recibieron tenían como objetivo detener una actividad específica; 2 de cada 10* expresaron que las amenazas estaban destinadas a causarles daño psicológico o psicosocial y 5 de cada 10* informaron que la amenaza tenía la intención de advertir sobre alguna forma de violencia futura contra sí mismo, su familia, un grupo vulnerable o su reputación.
Las mujeres defensoras experimentan amenazas específicas que obedecen a estereotipos de género y violencia contra ellas. A pesar de su gravedad, por lo general, estas amenazas se mantienen en la impunidad, lo que aumenta el ciclo de violencia y amenaza la estabilidad de las instituciones democráticas.
Por otro lado, las amenazas en contra de las personas defensoras tienen un profundo impacto en su vida diaria, la de sus familias y comunidades; en algunas situaciones, las amenazas pueden incluso constituir tortura. El 81%* cree que no recibiría las mismas amenazas si su trabajo no estuviera relacionado con su labor de defensa. El Protocolo de la Esperanza responde a esta necesidad como herramienta para responder de manera efectiva a esta problemática.
El Protocolo tiene su nombre por dos razones, la primera relacionada a su objetivo de garantizar un futuro esperanzador para las personas defensoras. Y, la segunda, en honor al pueblo del oeste de Honduras: La Esperanza, ciudad natal de Berta Cáceres, activista de los derechos indígenas, feminista y ambientalista asesinada en 2016 después de 33 amenazas no investigadas.
El asesinato de Berta ejemplifica una tendencia mundial preocupante. Un protocolo sobre la investigación de las amenazas contra quienes defienden derechos puede contribuir de manera decisiva a visibilizar el tema, resaltar los efectos diferenciados de las amenazas sobre las personas defensoras con identidades diversas, fortalecer las investigaciones y reiterar la importancia de un enfoque interseccional de los patrones de violación de los derechos humanos, así como promover la adopción de medidas de reparación. Estándares específicos que guíen las investigaciones pueden ayudar a superar la impunidad de las violaciones a los derechos humanos.
Organizaciones que apoyan:
Más información:
Web Protocolo de la Esperanza. En el siguiente enlace: https://esperanzaprotocol.net/?lang=es&eType=EmailBlastContent&eId=8a9e7b07-624c-45f4-8031-ce928322ba97
Encuesta: Investigación del Protocolo de la Esperanza sobre amenazas contra personas defensoras de derechos humanos (Disponible solo en inglés) en el siguiente enlace: https://cejil.org/en/publications/25383/?eType=EmailBlastContent&eId=8a9e7b07-624c-45f4-8031-ce928322ba97
Compartido con SURCOS por CEJIL.
El domingo 12 de diciembre de 2021 las y los recuperadores cabécares de China Kichá recibieron al señor Francisco Cali Tzay, Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
Las y los recuperadores cabécares denunciaron la ocupación ilegal de su territorio y la omisión del Estado de cumplir su obligación de devolver esas tierras al Pueblo Cabécar, las agresiones recibidas por parte de personas no indígenas y la Fuerza Pública, actos que se mantienen totalmente impunes.
¡Justicia para Sergio, Jhery y los Pueblos Originarios!
Recuperadas (es) cabécares de Kelpegö, Kono Jú, Sa Keirö Kaska, Saka Duwë Senaglö y Yuwi Senaglö.
Publicación en: https://www.facebook.com/111882987093775/posts/425388745743196/
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, Benjamín Sevilla García, de la Secretaría de Juventud del ANEP, hace de conocimiento su preocupación por lo que llaman la herencia de un buen derecho. Se invita a ver el vídeo completo del comunicado de la secretaría de juventud a continuación:
La OEA y la Comisión Interamericana de Mujeres realizaron en un foro por Facebook Live el lanzamiento del Decálogo para un Estado en Clave de Derechos Humanos y Feminista. Se contó con la participación de las siguientes expositoras:
Moderó: Alejandra Mora Mora (Secretaria Ejecutiva – CIM / OEA)
El vídeo completo se puede encontrar en el siguiente enlace: https://fb.watch/9VMA3VCbbE/
SURCOS comparte el siguiente comunicado:
En el marco de los 73 años de “La Declaración Universal de los Derechos Humanos”, la Asociación Costarricense de Derechos Humanos-ACODEHU presentó la sistematización de los 17 años de lucha constante en la defensa, promoción y divulgación de derechos humanos en Costa Rica. Este evento se logró con la participación de un amplio sector de organizaciones, luchadores sociales, defensores de Derechos Humanos y la membresía de la ACODEHU.
Sin lugar a dudas, este evento marca un punto de partida y de afirmación de la ACODEHU.
A nivel de introducción, según la agenda prevista, se dio la lectura de un saludo del poeta Candelario Reyes y algunos párrafos de una emotiva carta de la compañera Ivonne García.
Seguidamente la participación del compañero Francisco Cordero Gené, de manera muy puntual, destacó los momentos políticos en los cuales la ACODEHU ha fijado sus puntos de lucha contra la criminalización de la protesta social. Tuvo un momento, en su alocución, al rememorar a la compañera María del Mar Cordero (su hija) y a los compañeros Óscar Fallas Baldi, Jaime Bustamante Montano y a David Maradiaga. Todos asesinados, impunemente, por la lucha sostenida y valiente contra la empresa Stone Forestal.
En este mismo momento, el compañero Cordero hizo una emotiva reseña de su hermana LIVIA CORDERO GENÉ, activista de derechos humanos y miembra de la ACODEHU, también víctima de la represión del Estado por su militancia y trayectoria política en diferentes organizaciones de Derechos Humanos.
En el orden de la agenda, correspondió al compañero DENIS CALIX, referirse mediante un saludo al pueblo hondureño, a su nuevo momento histórico y al ser migrante en las condiciones históricas que le correspondió vivir. Al respecto expresó:
“…Desde mi ingreso a la ACODEHU, debo reconocer que sus objetivos básicos descansan, definitivamente en fortalecer y generar procesos de afirmación, promoción y defensa de los Derechos Humanos. Esa ha sido su gran tarea a favor de los cientos de migrantes y solicitantes de refugio que hemos tenido como destino final este hermano país. Desde la ACODEHU Luchamos contra cualquier injusticia y violación a los derechos fundamentales de las personas…”
Su discurso de saludo, finalizó evocando algunos puntos programáticos anunciados por la actual Presidenta electa del pueblo hermano de Honduras, Xiomara Castro.
Otra serie de discursos muy emotivos formaron también parte del evento de estos 17 años ininterrumpidos de lucha de la ACODEHU. Palabras de las compañeras Quxabel Cárdenas, Silvia Regina, Luis Fernando Astorga, Alfonso Pardo, Roy Marín, Dennis Castillo, Ridel Hernández. En cada discurso, hubo un reconocimiento a esa propuesta que ha desarrollado históricamente la ACODEHU, de combinar la defensa de los Derechos Humanos, bajo los lineamientos políticos y humanistas que han servido de norte a la organización.
Sin lugar a dudas, uno de los puntos de mayor interés estuvo en la entrega de la Sistematización de Acciones y Luchas: Costa Rica 2004-2021; resultados, a cargo de las jóvenes profesionales. IRENÉ BARRANTES JIMÉNEZ, ANGIE FERNÁNDEZ CASTRO Y FAINIER CALVO CHAVARRÍA.
En tres grandes ejes se articuló la exposición: Atención a migrantes y solicitantes de refugio, Trabajo Comunitario y Derechos Humanos en Territorios Costeros Comunitarios y Criminalización de la protesta social, cada eje temático fue acompañado por los diferentes instrumentos metodológicos que se emplearon para abordar científicamente la inserción de la ACODEHU en dichas acciones y, claro está, lo más importante, son los resultados y conclusiones que aportó la sistematización referida.
Finalmente, correspondió hacer el cierre de tan magno evento de la ACODEHU a la compañera Ana Cecilia Jiménez Arce, Presidenta actual de la organización.
En su alocución dejó patente el agradecimiento a cada una de las organizaciones presentes y a todas las y los participantes. De igual forma agradeció a la señora Dra. Andrea García, en su condición de Directora del Instituto Cultural de México y al personal de apoyo a nuestro evento.
Con mucha vehemencia la compañera Ana Cecilia expresó su reconocimiento, por el trabajo efectuado a las cinco personas, cuyo concurso profesional permitieron los resultados de esta tarea intelectual. De igual manera externó el agradecimiento de la ACODEHU a la señorita Marissa Chapman, al joven Bernardo Corrales, y joven Ignacio Barrantes J. por todo el soporte técnico y logístico, ofrecido en el desarrollo de la actividad.
Recordó específicamente, la violación contra las libertades democráticas de nuestro país. De la misma forma condenó los asesinatos de los dirigentes indígenas Sergio Rojas Ortiz y Jehry Rivera, también acusó sobre la negligencia del Estado por la escasa protección a los pueblos ancestrales y el incumplimiento de las medidas cautelares dictadas desde la CIDH, a favor de dichos territorios indígenas.
Al concluir el evento, se le dio uso de la palabra al trabajador Carlos Andrés Pérez Sánchez, quien nos acompañó en este acto, recordando la represión, judicialización y criminalización de la protesta social del año 2018, en el contexto de las movilizaciones populares, sindicales contra el establecimiento del Proyecto Ley de Modernización de las Finanzas Públicas (años 2018-2019).
Este informe está respaldado en el boletín de la ACODEHU denominado: 17 años en defensa y promoción de los Derechos Humanos.
A Julian Assange, fundador de Wikileaks, podrían condenarlo a hasta 175 años de cárcel. Assange está detenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el Reino Unido, por una petición de extradición que presentó EEUU, por publicar documentos a los que tuvo acceso. Está acusado de divulgar documentos secretos, que entre otras cosas informaban de posibles crímenes de guerra que cometió el ejército de EEUU.
Lo que hizo Assange es el trabajo habitual de los periodistas de investigación y no debería castigarse. La persecución de Julian Assange es un ataque a la libertad de expresión.
Si extraditan a Julian Assange o lo trasladan a EEUU, estaría seriamente expuesto a sufrir violaciones de los derechos humanos, incluidas unas posibles condiciones de detención que podrían equivaler a la tortura o los malos tratos, como la reclusión prolongada en solitario.
Recientemente se ha sabido que la CIA consideró la posibilidad de secuestrar o matar a Assange mientras estaba refugiado en la embajada de Ecuador, lo que hace dudar de los planes que tiene EEUU para Assange si lo extraditan.
El tribunal británico ya ha dicho que el estado de su salud mental de Julian Assange es frágil, que lleva muchos meses recluido en la prisión de máxima seguridad y que podría suicidarse si ingresa en una cárcel estadounidense con condiciones penitenciarias deficientes.
No hay tiempo que perder: el Tribunal Superior de Londres está decidiendo si accede o no a la petición de Estados Unidos de extraditarle. Firma para impedirlo y para pedir que se retiren los cargos de espionaje y otros cargos conexos contra Julian Assange derivados de sus actividades periodísticas y de investigación.
Juzgar a Assange es un claro intento de amedrentar al resto de profesionales de los medios de comunicación que denuncian y hacen públicos los trapos sucios de los gobiernos. Y tenemos derecho a saber.
Texto tomado de: https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/eeuu-assange-libertad-feb20/#ai-accion-firma