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Etiqueta: derechos humanos

El Estado costarricense continúa violentando a los pueblos originarios

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SURCOS comparte el siguiente comunicado de la Coordinadora de Lucha Sur Sur: 

Sólo en el 2020, 14 personas lideresas de Pueblos Originarios fueron amenazadas de muerte y la impunidad sobre los casos de los asesinatos por razones políticas de Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre y Jerhy Rivera Rivera, del Pueblo Naso-Brörán, continúa presente. Ese mismo año, el 9 de febrero Minor Ortiz Delgado, Bribri del clan Tubolwak, recibió un disparo en una de sus piernas por Eliodoro Figueroa Uva quién sigue en libertad y vive en la misma comunidad que Minor.

8 de diciembre del 2021. Como Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), espacio de encuentro y solidaridad de distintas organizaciones de Pueblos Originarios y comunidades campesinas de la zona sur de Costa Rica, a propósito de la visita del Sr. Francisco Cali Tzay, Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, queremos reiterar una serie de denuncias sobre las faltas graves del Estado costarricense y la administración Alvarado Quesada que está pronto a terminar.

Las violaciones del Estado y el Gobierno saliente en nuestra contra son reiteradas, sistemáticas y estructurales. Las estrategias para violentarnos son numerosas:

  1. Según el “Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos contra los Pueblos Originarios en la Zona Sur de Costa Rica, Enero – Diciembre 2020” elaborado por la Coordinadora de Lucha Sur Sur, en ese año fueron amenazadas de muerte 14 personas lideresas de los Pueblos Originarios de la Zona Sur del país, así como 2 defensores de los derechos humanos de estos Pueblos. También, este Informe da cuenta de 86 incidentes de seguridad contra estos Pueblos durante el 2020, que se expresan en 27 tipos de agresiones. De las cuáles, el principal actor en agredir y atentar contra los derechos humanos de los Pueblos Originarios es la Fuerza Pública.
  2. La Fuerza Pública no es un actor imparcial y actúa de forma parcializada a favor de las personas no indígenas que usurpan ilegalmente nuestros territorios ancestrales. Ello a pesar de que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por el Estado costarricense, el bloque de constitucionalidad y la Ley Indígena de 1977 son claras y contundentes al establecer que los territorios son inalienables y pertenecen únicamente a los Pueblos Originarios. Todas estas agresiones así como las que han ocurrido tras 11 años de organización y lucha por la recuperación de tierras-territorios ancestrales están al día de hoy IMPUNES.
  3. También están impunes los asesinatos de nuestros hermanos: Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera. Hermanos del Pueblo Bribri de Salitre y Naso-Brörán de Térraba que murieron defendiendo nuestros derechos como Pueblos y Territorios Indígenas. El acceso a la justicia es un derecho constantemente negado a nuestros Pueblos.
  4. El Gobierno de Alvarado continúa con la herencia colonial, capitalista y patriarcal de los Gobiernos anteriores. Su Gobierno no avanzó en la expropiación de los terrenos usurpados por personas no indígenas ajenas a nuestros Territorios y Pueblos. Además, el mismo gobierno ha reconocido que el Plan  de Recuperación de Territorios Indígenas  (RTI ) cuenta con un atraso de alrededor de 3 años; a pesar de que inició en 2017. Situación que evidencia la nula voluntad política del Gobierno de Alvarado por revertir la situación violatoria de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios.
  5. El Estado de Costa Rica no ha sido capaz de devolver los terrenos priorizados por las organizaciones propias de varios Pueblos Originarios de la zona sur; en Salitre se priorizaron 8 terrenos desde el 2014, en Cabagra 13 desde el 2016 y en Térraba 17 desde el 2019. Esta situación aumenta la vulnerabilidad y riesgo de las personas de estos Pueblos, al forzarlas a vivir cerca de sus agresores.
  6. Durante el 2020 y 2021 se han dado 4 resoluciones judiciales en las que se ordenaba el desalojo de personas del Pueblo Cabécar de China Kichá (3 resoluciones) y del Pueblo Naso Brörán de Térraba (1 resolución) de sus recuperaciones de tierras-territorio. Estos fallos fueron apelados en tiempo y forma pero, aún 3 de ellos representan un peligro y una amenaza de desalojo judicial para estos Pueblos.
  7. Los Programa de Servicios Ambientales son gestionados y administrados por las Asociaciones de Desarrollo Indígenas, estructura que para las organizaciones propias de los Pueblos Originarios que participan en la CLSS, son consideradas como instancias estatales, impuestas e ilegítimas para nuestros Pueblos. A pesar de ello, el Gobierno continúa reconociendo la figura de la ADI en detrimento de nuestras organizaciones ancestrales. Así, el Estado establece diálogos con instituciones que no responden a nuestras necesidades ni tampoco a nuestra ancestralidad y espiritualidad.

Una prueba de la complicidad del Estado y las ADI se refleja en el hecho de que las únicas expropiaciones impulsadas por el Estado costarricense, en años pasados, fueron entregadas a la ADI de los Territorios más no a las personas que arriesgaron su vida por recuperar una tierra-territorio que siempre les perteneció. La administración Alvarado Quesada no se quedó atrás y durante su gestión ni un sólo terreno fue regresado a los Pueblos Originarios.

  1. Recientemente, han surgido organizaciones racistas en el país que arremeten en nuestra contra. Estas organizaciones fueron evidentes durante la escalada de violencia de febrero-marzo del año pasado, cuando fueron capaces de movilizar recursos y muchas personas para atacarnos. Entre esas organizaciones, rescatamos a la Asociación Pluriétnica y Multicultural que constantemente incita al odio y a la violencia en nuestra contra.

Tras once años de organización y resistencia podríamos continuar enumerando las faltas graves del Estado costarricense así como al Gobierno de Alvarado Quesada y a una serie de actores poderosos que insisten en hacernos desaparecer. Aún así, a pesar del clima racista, violento e impune nosotras (os) las organizaciones que participamos en la CLSS continuamos resistiendo hasta que en nuestros Territorios y Pueblos se respire paz y tranquilidad.

“La violencia nos preocupa, pero no nos detiene. No nos detendremos en defender nuestros Territorios y Pueblos. La semilla de Sergio y Jerhy nos acompaña, nos fortalece y nos seguirán guiando hasta que nuestros Pueblos sean libres en sus tierras, hasta que nuestra cultura sea resguardada por la madre tierra”, declaró Lesner del Concejo Iríria Ditsö Ajkönúk Wakpa de Salitre. Así, como organizaciones propias, como CLSS prometemos resistencia, tierra y libertad.

Para conocer más de las actividades y comunicados de Coordinadora de Lucha Sur Sur:

https://www.facebook.com/111882987093775/posts/422328252715912/

Pronunciamiento feministas ante la violencia policial durante el 25N

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

SURCOS comparte la siguiente información:

El 25 de noviembre, en el marco de la marcha por la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres realizada en San José, oficiales de la Fuerza Pública y la GAO agredieron física y verbalmente a las participantes,con especial ensañamiento a las compañeras migrantes. En reiteradas ocasiones,contingentes de hasta 20 oficiales invadieron la marcha desde ambos costados de la calle, empujando y golpeando a decenas de mujeres que se manifestaban exigiendo un alto a la violencia.

La marcha avanzaba sobre la Av. Segunda. El primer momento de represión ocurrió alrededor de las 6:00 pm, a la altura del Paseo de los Estudiantes cuando la policía se ensañó contra una mujer nicaragüense, defensora de Derechos Humanos. Ella fue acorralada por 6 oficiales. Ante esto, una multitud de mujeres rodeó a la policía, gritando por su liberación. La presión y el acuerpamiento de las manifestantes logró la liberación de la compañera, y la manifestación continuó.

A las 6:10 aprox, frente a Caja de ANDE,un grupo de hombres y mujeres policías volvió a invadir la marcha con mucha violencia, lanzando golpes,patadas y empujones contra las manifestantes. En esta ocasión, tomaron por el cuello a una persona costarricense, y le arrastraron jalándole el pelo. Una vez más, las manifestantes y el equipo de seguridad de la marcha lograron contener la situación, arrebatarles a le compañere que estaba siendo retenida y expulsar a la policía de la manifestación.

Cerca del final de la marcha, un grupo de personas migrantes y costarricenses se refugiaron de la lluvia debajo de un techo, donde fueron abordadas por varios oficiales. dentro de los cuales reconocieron a uno de los agresores. Al cuestionarlo por qué abusaba de su autoridad y usaba la fuerza para violentar mujeres, el oficial respondió con más violencia, diciéndole a las mujeres migrantes que se callaran, que fueran a lavarse el culo bajo la lluvia», entre otros insultos. La situación escaló causando miedo e indignación a estas personas,dentro de las cuales se encontraban menores de edad. Una oficial comenzó a amenazar con arrestar a las feministas que les exigían respeto. Se acercó a una de las mujeres migrantes y le dijo: «Miré, y según su acento,¿usted tiene papeles? ¿Usted está legal en este país?Mire, usted puede tener problemas por irrespetar

a la autoridad». Entonces llamó a una patrulla, lo que representó una clara muestra de xenofobia. Otras compañeras nicaragüenses defensoras de derechos humanos y costarricenses le cuestionaron que le pidiera papeles solo a ella, a lo que la oficial afirmó que era por su acento. Al hacerle ver que se podía denunciar por muestras de xenofobia y pedirle sus datos negó, y solo así decidieron retirarse.

Los y las oficiales no portaban identificación alguna, y se negaron a dar sus nombres. Había oficiales en ejercicio sin uniforme y algunos incluso portaban armas. Continuaron hostigando a las manifestantes hasta el final, incluso cuando se retiraron de la marcha, tomando fotografías, señalando a determinadas compañeras e invadiendo reiteradamente el contingente de la movilización. Esta grave situación revive los traumas de la violenta represión policial que han sufrido las compañeras migrantes

en su país de origen,y constituye una forma de violencia psicológica que violenta la dignidad y los derechos de las mujeres.

Cabe recordar que el Reglamento de Ética de los Miembros de las Fuerzas de Policía Adscritas al Ministerio de Seguridad Pública en su artículo 2 establece que las fuerzas policiales deben «Actuar con total objetividad e imparcialidad. sin discriminar entre las personas en razón de su condición social,cultural o económica, de sus creencias religiosas o ideas políticas, o por los cargos que  pudieran tener  en  la sociedad». Asimismo,  la

Declaratoria de cero tolerancia a cualquier manifestac ión de violencia contra las mujeres en el Ministerio de Seguridad Pública indica que deben «Abstenerse todas las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, sus funcionarios y funcionarías, personal y agentes de todas sus dependenc ias, de practicar o tolerar cualquier forma de violencia contra las mujeres tanto en el ejercicio público de su función policial o administrativa, como en el marco ·de las relaciones interpersonales de trabajo y en su vida privada».

El Estado costarricense ha asumido compromisos internacionales que le otorgan la responsabilidad de velar  por  la  seguridad  y  la  integridad  de  las  personas   refugiadas   y   solicitantes   de refugio. Lamentablemente, el pasado 25 de noviembre se vivió lo contrario: el hostigamiento y acoso policial,el abuso de autoridad,la violencia física y verbal,y la manifestación de la misoginia, la xenofobia y el racismo  estructural.

La marcha era pacífica, la policía fue quien llevó la violencia,ensuciando la conmemoración de las luchas cotidianas de tantas mujeres por vivir en paz y libertad. Repudiamos estas agresiones xenofóbicas y misóginas. Nadie tiene derecho de mandar a callar a una mujer, mucho menos por el hecho de ser migrante.

Por lo anterior, exigimos que las autoridades policiales rindan cuentas de las agresiones cometidas. Exigimos que los y las oficiales que violentan física, verbal y psicológicamente a las manifestantes sean

Identificados y sancionados. Exigimos que el gobierno de Costa Rica siente las responsabilidades del

caso,y que el gobierno se pronuncie sobre estas graves violaciones a los derechos y las cuerpas de las mujeres migrantes.

¡Nadie es ilegal!

¡No más xenofobia!

¡No más violencia policial!

¡Si tocan a una,respondemos todxsl

La Comitiva de la Coordinadora de Lucha Sur Sur compartió con el relator de la ONU, Francisco Cali Tzay

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SURCOS comparte la siguiente información:

El pasado lunes 06 de diciembre de 2021, una comitiva de la Coordinadora de Lucha Sur Sur compartió con el Sr. Francisco Cali Tzay, Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas.

En este encuentro se entregó el “Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos de los Pueblos Originarios en la zona sur de Costa Rica; enero – diciembre 2020”, además de un documento actualizando la situación de los derechos humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica.

El Sr. Cali Tzay se encuentra de visita oficial en Costa Rica y estuvo compartiendo con más organizaciones de la sociedad civil previo a su visita a territorios.

Solicitud urgente para protección de derechos humanos en Nicaragua

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Frente al contexto lamentable que vive Nicaragua, con un incremento de presas y presos políticos, hemos elaborado una solicitud expresa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que intervenga y se proteja la vida de las personas nicaragüenses. En el siguiente formulario encontrará la carta, le invitamos a leerla y adherirse como persona individual o como organización. Compartimos el documento:

Solicitud urgente

10 de diciembre del 2021

Señores y señoras

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Washington D.C. 

Reciban un cordial y respetuoso saludo.

El objetivo de la presente es solicitar su apoyo a la campaña “Navidad en familia, libertad para las personas secuestradas políticas”, promovida por organizaciones sociales nicaragüenses y latinoamericanas que hemos elevado la voz por los más de 160 opositores encarcelados por enfrentarse al régimen que gobierna actualmente en Nicaragua.

Una nueva ola de terror y secuestro se registra antes y después de las elecciones del 7 de noviembre del 2021 en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan con las detenciones arbitrarias, hostigamiento policiales y paramilitares, persecución y allanamientos contra las voces críticas de su gobierno, que demandan un cambio en el país centroamericano, así como gran cantidad personas obligadas a exiliarse.

La defensora de derechos humanos y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, describió como una “cacería” las últimas acciones llevadas a cabo por el régimen contra opositores en Managua, la capital nicaragüense, y otras dentro del país centroamericano. “Hay una cacería en Managua, no solamente aquí en Managua (la capital), sino que también en los departamentos, nosotros tenemos casos que estamos siguiendo desde Chinandega, Estelí, Ocotal, Nueva Segovia, entonces esto es todo el país (…) Todos vivimos con la expectativa de que en cualquier momento a cualquiera pueden agarrar”, dijo Núñez en entrevista radial.

“La gente está manejando con temor (la situación), …con la expectativa de que si no denuncian… los pueden sacar… la denuncia pública es la única estrategia de defensa de derechos humanos que hay ahorita en Nicaragua, porque los recursos y los tribunales no funcionan, no hay a quién recurrir y si recurrís no te hacen caso”, reiteró la presidenta del CENIDH. El CENIDH registró 32 detenciones y allanamientos en las viviendas de opositores en el periodo del 5 al 8 de noviembre, algunos de ellos fueron liberados y otros tantos acusados en los tribunales del régimen donde se les abre “juicios revestidos de irregularidades”.

Según la presidenta del CENIDH se están desarrollando varios escenarios de represión en el país centroamericano, con relación a las personas presas políticas. Existe un grupo de presos políticos, detenidos a partir de la crisis sociopolítica de abril 2018, es decir antes del contexto electoral, que están en las cárceles del Sistema Penitenciario en condiciones que empeoran cada día debido a “limitaciones, obstáculos y humillaciones” a los que son sometidos, al igual que sus familiares.

Un segundo escenario lo conforman el grupo de personas presas políticas que permanecen en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El nuevo Chipote”, en Managua, donde son sometidos a métodos de “tortura”, están recluidos/as de manera absolutamente ilegal sin ningún proceso judicial y sin que se le permita acceso a sus familias o abogados y un tercer grupo están bajo arresto domiciliar. “La situación en la que se encuentran es grave y aberrante en cualquier sistema jurídico, están presos indefinidamente y se dieron el lujo de poner en su expediente que se suspendía el juicio por fuerza mayor declarando prácticamente la detención indefinida”, según la Sra. Vilma Núñez.

Entre las personas detenidas destacamos la situación de la comandante sandinista y exministra de salud Dora María Téllez, el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco, la periodista Cristiana Chamorro, y el comandante guerrillero Hugo Torres. Varios integrantes de la Alianza Cívica y de la Unidad Nacional Azul y Blanco fueron detenidos de manera arbitraria, ilegal, violenta y sin una orden judicial que informe los motivos de sus detenciones, como ha sido los casos de Juan Sebastián Chamorro, Max Jerez Meza, Lesther Alemán Alfaro, Álvaro Vargas Duarte, José Adán Aguerri Chamorro y Michael Healy Lacayo, Alex Hernández, y Roger Reyes, Harry Chávez, Samantha Jirón entre otras. Han detenido personas con serios problemas de salud que no están siendo atendidos como es el caso de la defensora de derechos humanos Evelyn Pinto Centeno, detenida el pasado 6 de noviembre. 

Los familiares de los y las presas políticas han denunciado que se encuentran en condiciones carcelarias inhumanas y bajo tortura. Reciben pocos alimentos y de muy mala calidad, lo que ha generado que algunos de ellos hayan perdido hasta 40 libras de peso en un periodo de 3 meses. No se les permiten hablar, están sometidos a un aislamiento prolongado o permanente en celdas de castigo, sin exposición a luz solar y sin condiciones mínimas de higiene. Tampoco tienen acceso a sábanas, frazadas y objetos de cuido personal o material de lectura. Además, se les someten a múltiples interrogatorios diariamente, con los que se les tortura psicológicamente, se les humilla y les insinúan que están solos y han sido abandonados por sus familiares.

Esta situación ha deteriorado rápidamente la salud mental y física de los y las presas políticas, por lo que se teme que, de no tomarse medidas urgentes para cambiar estas condiciones, podrían sufrir secuelas físicas y emocionales permanentes, o morir en prisión.

En razón de lo anterior, nos dirigimos a ustedes para solicitar su intervención en esta grave situación y recurrir a todas las medidas y potestades con que cuenta la Comisión, para exigir respeto de los derechos humanos y la liberación efectiva de las personas detenidas, así como colocar en consideración una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al gobierno nicaragüense.

Sabemos de la sensibilidad social y compromiso de la Comisión y de la Corte Interamericana frente a estos abusos de poder y crímenes estatales y confiamos contar con su colaboración en este proceso.

La presente comunicación se la hacemos llegar personas y organizaciones de diferentes países latinoamericanos que nos encontramos angustiadas con esta situación y que sabemos que poco se puede hacer al interior de un gobierno ilegítimo e ilegal como el de Ortega.

En el enlace adjunto podrán firma la adhesión al comunicado: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel4F_JJkTCN0u2iL578BcnfTMNpn1WN8wZ0V-9GN6IGAlWEQ/viewform?usp=sf_link

La Interseccionalidad: Una estrategia para la acción Colectiva

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La Organización Interseccional Pro Derechos Humanos invita al foro “La Interseccionalidad: Una estrategia para la acción Colectiva.”

Las desigualdades sistémicas se configuran a partir de la superposición de diferentes factores sociales como el género, la etnia, la disidencia afectiva, sexual y de género, la discapacidad, la clase social, etc. La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz y la Organización Interseccional pro Derechos Humanos Costa Rica hablan de la estrategia para enfrentarla.

El foro se realizará el próximo 7 de diciembre a las 5:00 pm (hora Centroamérica) / 6:00 pm hora Panamá.

El experto de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas visitará Costa Rica

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GINEBRA (3 de diciembre de 2021) – El Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali-Tzay, realizará una visita oficial a Costa Rica del 6 al 17 de diciembre de 2021.

“Estudiaré los procesos de consulta establecidos para solicitar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas o proyectos que afecten a sus tierras, territorios y recursos», dijo Cali-Tzay.

“Durante mi estadía en Costa Rica, también prestaré atención a las preocupaciones planteadas por las amenazas y los ataques a los defensores de los derechos indígenas».

El experto de la ONU examinará una serie de cuestiones que afectan a los pueblos indígenas, como el autogobierno, los derechos sobre la tierra, el medio ambiente y cambios climáticos, los defensores de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los niños indígenas, las personas indígenas con discapacidades y las repercusiones del COVID.

Cali-Tzay se reunirá con gobiernos y funcionarios estatales, organizaciones indígenas, sociedad civil, académicos y representantes de la ONU. También visitará varias comunidades indígenas para recibir información de primera mano y discutir sus prioridades y preocupaciones.

El Relator Especial celebrará una conferencia de prensa para compartir sus conclusiones y recomendaciones preliminares a las 10:00 horas del 17 de diciembre de 2021 en el hotel Hilton Garden Inn San José La Sabana. El acceso a la conferencia está limitado a los periodistas acreditados, que deben inscribirse con antelación (ver información más abajo).

El experto de la ONU presentará su informe final al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2022.

José Francisco Cali Tzay (Guatemala) es el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es maya kaqchikel de Guatemala, con experiencia en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, tanto en Guatemala como a nivel de las Naciones Unidas y la OEA. Fue miembro de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (CODISRA) y fue Presidente del Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo.

Fuente: https://www.ohchr.org/

Día Mundial en Respuesta al VIH

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Desde la Organización Interseccional pro-Derechos Humanos Costa Rica (OIDH CR), hacemos un fuerte llamado a las autoridades de salud para que ya, sin retraso, se recete la medicina preventiva contra el VIH, conocida como PrEP, en todas sus clínicas y a todos los grupos de personas más expuestas a la transmisión.

Si bien, la Caja Costarricense de Seguro Social atiende a casi 11.000 personas que viven con VIH con los medicamentos antirretrovirales, es muy urgente y necesario que los grupos de alto riesgo, parejas seco-discordantes, tengan una protección más adecuada, adicional al preservativo. Por otro lado, no podemos dejar pasar el hecho histórico que la aparición del VIH fue el detonante para que los grupos de la diversidad afectiva, sexual y de género nos organizáramos en Costa Rica y en muchos otros países. 

Adelante, siempre adelante.

3 de diciembre: Día Internacional de las Personas con Discapacidad… nada o muy poco que celebrar en avances inclusivos en discapacidad

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Luis Fernando Astorga Gatjens

El día de hoy, 3 de diciembre se conmemora en el mundo, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, proclamado por las Naciones Unidas.

Costa Rica como Estado ha avanzado en los últimos lustros con la promulgación de normativa que reconoce la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad.

Dos normas a destacar son la Ley 7600 de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, adoptada mediante la ley 8661.

Sin embargo el desfase entre lo que establecen esas y otras normas jurídicas y su aplicación efectiva, sigue siendo enorme. Los gobiernos realizan un abordaje epitelial, tangencial y de posturas simbólicas, pero no han traducido a fondo esas normas jurídicas en políticas públicas inclusivas, que permitan avanzar en la lucha contra la discriminación asociada a discapacidad.

Esta caracterización deficitaria incluye a toda la institucionalidad nacional (ejecutivo, legislativo, judicial y electoral) pero también a los gobiernos locales. De las 82 municipalidades menos de 10 cuentan con una política de accesibilidad y discapacidad y en la mayoría de ellas, las Comisiones Municipales de Accesibilidad y Discapacidad (COMAD) funcionan en forma limitada, en caso que ya hayan sido conformadas.

El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) es una entidad muy débil —política y administrativamente—, cuya gravitación en el impulso de políticas inclusivas, es marginal. Es una entidad pequeña carente de dientes en supervisión e impulso del cumplimiento de la normativa.

Si aplicamos lo que nos indica la Encuesta Nacional sobre Discapacidad del 2018, desarrollada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el 18, 2 % de la población adulta en Costa Rica, tiene algún tipo de discapacidad. Lo que significa que más de 900 mil personas presentan tal condición. Se trata de una población significativa a la que no se le ha dado importancia cuando se diseñan políticas públicas y programas sociales. Y desde la perspectiva presupuestaria lo relacionado con la atención de este sector poblacional, se ve más como un gasto que una inversión en el desarrollo social.

Consecuentemente, este sector se ubica entre los más excluidos entre los excluidos, y todavía prevalecen visiones subestimativas asociadas a discapacidad, que colocan a las personas con este tipo de condición como “pobrecitas” (visión lastimera) o “enfermas” (modelo médico). La falta de campañas educativas y comunicacionales, desde el Estado, hace que se dé una evolución muy lenta en el cambio necesario en el entorno socio-cultural con respecto a la discapacidad.

El acceso a la atención médica y a la rehabilitación, a la educación inclusiva, al empleo y a los emprendimientos productivos, a Internet y a las Tecnologías de la Información y Comunicación, entre otros rubros, es nulo o limitado para amplios sectores de las personas con discapacidad. Eso es todavía más difícil en las zonas rurales y remotas del país.

La ya difícil situación previa a la pandemia, se ha agravado muy significativamente en todos esos rubros como consecuencia de la irrupción de la covid-19. El cumplimiento de las leyes relacionadas con discapacidad se convertido en una meta de cumplimiento casi nulo, en lo que va de la presente administración del Presidente Carlos Alvarado.

La norma que fija límites mecánicos a los presupuestos de las entidades públicas se ha convertido en una limitadora camisa de fuerza en el necesario desarrollo de políticas públicas que beneficien a las personas con discapacidad. Por ejemplo, es muy importante que el CONAPDIS cuente con recursos para que las personas con discapacidad, se capaciten y formen, con el fin de asegurar una más consciente participación política y social, como lo fija el artículo 29 de la Convención de la ONU. Sin embargo, esta entidad pública, prácticamente, ha dejado de programar este tipo de procesos educativos porque las limitaciones presupuestarias, se lo impiden.

De cara a las elecciones del próximo 6 de febrero, le hemos formulado observaciones al TSE en el sentido de que si bien se reconocen avances en la accesibilidad del sufragio, no se ha dado un proceso equivalente en en el desarrollo de las campañas electorales. En sentido general, los partidos políticos no contemplan los temas relevantes de las personas con discapacidad en sus programas o si incluyen algo, sigue marcado por propuestas asistencialistas, que se incumplen las principales normas vigentes. Tampoco se preocupan porque las campañas sean realmente accesibles.

Se hace necesario entonces que todas las personas con discapacidad que votan (como sus entornos sociales), se fijen el propósito primero de emitir el sufragio para elegir al nuevo gobierno y las y los legisladores. Y segundo se observen que partidos y candidatos están tomando en serio los temas relevantes para las personas con discapacidad expresados en propuestas concretas y viables.

Nos preocupa sobremanera que dentro del contexto general que enfrenta Costa Rica con un debilitamiento de los temas de derechos humanos y el progresivo deterioro del Estado Social de Derecho, que se ha experimentado en los años recientes, el retroceso en la implementación de los derechos de las personas con discapacidad, se ahonde y, con ello, se amplíe la deuda social que se ha acumulado.

Es nuestro deseo y aspiración que el 3 de diciembre del 2022, sea mejor que el del presente 2021 y haya algo que celebrar en avances en políticas públicas inclusivas, efectivas y solidarias.

(3 de dicembre, 2021)

Asociación de Desarrollo Integral Territorio Indígena Bribri-Talamanca se pronuncia ante violación de derechos humanos

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la siguiente información:

Pronunciamiento de la Asociación de Desarrollo Integral Territorio Indígena Bribri-Talamanca 

Ante la frase violatoria a los derechos humanos por parte del exlegislador y alcalde Walter Céspedes, del cantón de Matina, donde de manera abierta o solapada, empeña, como material u objeto, a una mujer indígena.

En un país democrático como Costa Rica, que ha ratificado convenios sobre derechos indígenas y derechos humanos, es nefasto, tales manifestaciones, máxime cuando derivan de un exlegislador y un administrador en la función municipal.

Estas acciones han sido legitimadas por los poderes del estado, pues no se han generado mecanismo en el tribunal supremo de elecciones, para erradicar éstas y otras manifestaciones de discriminación, por parte de un mando político.

Inclusive es uno de tantas agresiones que recibimos por la condición geográfica, económica y cultural, especialmente, y mucho más profundo contra las mujeres por su condición de género, cuando en otros escenarios, las violaciones se han convertidos en el despojo de tierras, discriminación, agresiones y asesinatos como el caso de Sergio Rojas y Jery Rivera.

Desde las formas coloniales de explotar, abusar y violar, a los pueblos indígenas hasta la actualidad, es inaceptable que un dirigente con cargo representativo, participativo, “democrático”, siga violando los derechos humanos, siniestramente, aprovechando su condición.

Estas y otras manifestaciones de violación a los derechos humanos,irremediablemente generan un profundo descontento, repudio, rechazo y denuncia frente a los procesos de reivindicación, afirmación y procesos democráticos de este país.

Exhortamos a todas las autoridades generar medidas que protejan los derechos humanos, especialmente los derechos de pueblos indígenas, en toda la institucionalidad, cargos públicos y representaciones.

Instamos a los partidos políticos, generar cambios desde sus diseños, estructuras, estatutos, enfoques y procedimientos, para fortalecer nuestra democracia.

Al poder legislativo crear medidas, que protejan los derechos humanos y de acciones inmediatas, para no ostentar cargos en la función pública, por parte de personas con actitudes de violencia, etnocida y machista.

Reafirmamos nuestro proyecto de Vida, Tierra y derecho libre de toda violencia.

Situación de los derechos humanos de los pueblos originarios del sur de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS comparte la invitación al Foro “Situación de los derechos humanos de los pueblos originarios del sur de Costa Rica”, a realizarse el martes 7 de diciembre de 2021 – 5:30 pm y a la conferencia de prensa el miércoles 8 de diciembre de 2021 – 9:30 am sobre la situación de los derechos humanos de los Pueblos Originarios del Sur Sur de Costa Rica.

Ambas actividades se desarrollan en ocasión de la visita oficial a Costa Rica del Sr. Francisco Cali Tzay, Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Contaremos con la participación de:

– Consejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wákpa – Territorio Bribri de Salitre.

– Consejo Iriria SätKök – Territorio Bribri de Yabamí Dí (Cabagra).

– Personas voceras NasoBrörán de San Andrés y Crun Shurin en Térraba.

– Personas voceras Cabécares de China Kichá.

Las actividades serán en el Instituto Tecnológico, Campus San José (Calles 5 y 7, Av 9 y 11, Bo Amón).

Publicación en: https://www.facebook.com/111882987093775/posts/418724833076254/