A Julian Assange, fundador de Wikileaks, podrían condenarlo a hasta 175 años de cárcel. Assange está detenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el Reino Unido, por una petición de extradición que presentó EEUU, por publicar documentos a los que tuvo acceso. Está acusado de divulgar documentos secretos, que entre otras cosas informaban de posibles crímenes de guerra que cometió el ejército de EEUU. 

Lo que hizo Assange es el trabajo habitual de los periodistas de investigación y no debería castigarse. La persecución de Julian Assange es un ataque a la libertad de expresión.

Si extraditan a Julian Assange o lo trasladan a EEUU, estaría seriamente expuesto a sufrir violaciones de los derechos humanos, incluidas unas posibles condiciones de detención que podrían equivaler a la tortura o los malos tratos, como la reclusión prolongada en solitario.

Recientemente se ha sabido que la CIA consideró la posibilidad de secuestrar o matar a Assange mientras estaba refugiado en la embajada de Ecuador, lo que hace dudar de los planes que tiene EEUU para Assange si lo extraditan.

El tribunal británico ya ha dicho que el estado de su salud mental de Julian Assange es frágil, que lleva muchos meses recluido en la prisión de máxima seguridad y que podría suicidarse si ingresa en una cárcel estadounidense con condiciones penitenciarias deficientes.

No hay tiempo que perder: el Tribunal Superior de Londres está decidiendo si accede o no a la petición de Estados Unidos de extraditarle. Firma para impedirlo y para pedir que se retiren los cargos de espionaje y otros cargos conexos contra Julian Assange derivados de sus actividades periodísticas y de investigación.

Juzgar a Assange es un claro intento de amedrentar al resto de profesionales de los medios de comunicación que denuncian y hacen públicos los trapos sucios de los gobiernos. Y tenemos derecho a saber.