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Etiqueta: derechos humanos

Desafíos autoritarios al Estado social de derecho: un programa para analizar y resistir

Escrito en . Publicado en Educación.

La Universidad para la Cooperación Internacional (UCI) mantiene abierta la matrícula del programa “Desafíos autoritarios al Estado social de derecho”, una propuesta formativa orientada a analizar críticamente el avance de discursos y prácticas autoritarias que, en distintos contextos, precarizan la vida ciudadana y debilitan la democracia.

El programa parte de un diagnóstico claro: vivimos una aceleración del autoritarismo que impacta ámbitos centrales como la gobernanza, la seguridad democrática, la movilidad humana, el ambiente y las múltiples expresiones de la violencia. Frente a este escenario, la iniciativa propone que el análisis riguroso y multidisciplinario es, en sí mismo, una forma de resistencia democrática.

Con una duración total de cinco cursos y veinte sesiones, el programa se desarrolla mediante clases virtuales en formato de videoconferencia, cada sesión con una duración de tres horas. Las lecciones se impartirán los lunes, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. (hora de Costa Rica), iniciando el 9 de marzo.

El enfoque académico es multidisciplinario, integrando aportes de la ciencia política, la economía, el derecho, la ecología, la criminología y la sociología. Esta perspectiva permite abordar los desafíos contemporáneos del Estado social de derecho desde distintos ángulos, sin reducir el análisis a una sola disciplina.

Entre los contenidos específicos del programa se incluyen:

  • Democracia, estado de derecho y garantismo en el contexto de la globalización y el malestar contemporáneo.

  • Política penal y fundamentos criminológicos.

  • Gobernanza de la movilidad humana, migración, derechos y políticas de control.

  • Derecho ambiental y gobernanza en la sociedad del riesgo.

  • Violencia, crueldad y hospitalidad en la cultura contemporánea.

El cuerpo docente está conformado por profesores y profesoras de reconocida trayectoria internacional, entre ellos Iñaki Rivera Beiras, Iñaki Anitua, Gabriela Oviedo Perhavec, Rafael González Ballard, Eduard Müller Castro y Mónica Vul.

El programa está dirigido a personas profesionales y estudiantes de las Ciencias Sociales, así como a toda persona comprometida con los debates centrales de nuestro tiempo, especialmente aquellos vinculados con democracia, derechos, gobernanza, migración, ambiente y violencia.

La UCI subraya que, ante el avance del autoritarismo, comprender sus dinámicas, discursos y efectos resulta clave para fortalecer la defensa del Estado social de derecho y de las libertades democráticas.

Para más información e inscripciones, las personas interesadas pueden contactar a la organización del programa a través del correo info@uci.ac.cr o los teléfonos 2283-6464 y 4037-5710.

Pronunciamiento CONARE: Sobre la situación del líder indígena Pablo Sivas Sivas y la protección de los pueblos originarios

Escrito en . Publicado en Derechos.

4 de febrero del 2026. El Consejo Nacional de Rectores (CONARE), en coherencia con su compromiso histórico con la defensa de los derechos humanos, la justicia social y el fortalecimiento del Estado de Derecho, manifiesta su profunda preocupación ante los hechos recientes que han colocado al líder indígena Pablo Sivas Sivas y a su comunidad en una situación de riesgo y desprotección, así como por las condiciones estructurales de vulnerabilidad que continúan afectando a los pueblos originarios del país.

El CONARE considera imprescindible hacer un llamado firme y respetuoso a las instituciones del Estado y a las autoridades competentes para que actúen de manera oportuna y responsable, garantizando el cumplimiento efectivo del marco jurídico nacional e internacional destinado a la protección integral de estas poblaciones, el cual obliga a salvaguardar la vida, la integridad, la dignidad y la seguridad de sus integrantes.

La ausencia o insuficiencia de acciones preventivas y de protección adecuadas por parte de instancias estatales ha contribuido, una vez más, a escenarios de indefensión que resultan incompatibles con los principios de legalidad, justicia y respeto a los derechos humanos que deben orientar la función pública.

En este contexto, el CONARE reafirma la necesidad urgente de que el Estado adopte medidas concretas, coordinadas y efectivas que aseguren condiciones de vida digna, libres de violencia, discriminación y exclusión, y que garanticen la no repetición de situaciones que vulneren los derechos fundamentales de los pueblos originarios.

Las universidades públicas, como espacios de pensamiento crítico, compromiso social y construcción democrática expresan su solidaridad con estas comunidades y reiteran su disposición a contribuir, desde la docencia, la investigación, la extensión y la acción social, al fortalecimiento de una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural.

Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Marcos Chinchilla Montes

Las encuestas de la UCR y de la UNA avizoraban un escenario positivo para el chavismo en las elecciones de ayer. Ganaron, esa es la democracia.

Para la institucionalidad pública costarricense y para el bienestar de su población, los resultados anuncian una debacle en todos los sentidos; el oficialismo tiene la capacidad política para seguir avanzando en la destrucción de la CCSS, del INS del decaído ICE; avanzar en el proyecto de jornadas de trabajo 4×3 que precarizará aún más el empleo; devastar el sistema de educación, la protección de la niñez, los sistemas de becas, pensiones, atención de las mujeres, de la población adulta mayor. El nuevo gobierno realizará ingentes esfuerzos por privatizar y mercantilizar los servicios eléctricos, de agua, salud, educación, loterías. La producción agrícola se verá aún más afectada arruinando no solo a miles de campesinos, sino también un estilo de vida vinculado con la tierra. Seguirá el pulso con las universidades públicas para desfinanciarlas y privilegiar aún más los negocios de las universidades privadas; buscan extinguir el pensamiento crítico y emancipador.

De la mano de la pobreza, el desempleo y el apagón educativo, el crimen organizado se seguirá extendiendo; se reforzará su instalación como un estilo de vida social que legitima e integra a poblaciones que han sido excluidas socialmente. Pero a su vez se utilizará como un mecanismo para legitimar la represión del Estado, en primera instancia hacia la delincuencia, luego hacia aquellas voces que critiquen el nuevo gobierno. Sin lugar a dudas, habrá violencia política; cuadros del chavismo no han tenido reparo de actuar en esos términos.

El cuestionamiento a la división de poderes será la tónica, y seguirá el ataque hacia el Poder Judicial, hacia el OIJ, contra la Contraloría General de la Repúblicas, las universidades públicas, contra la Asamblea Legislativa que no sea funcional.

Es presumible que la administración pública se instrumentalice con funcionarios serviles; que se refuerce una comprensión conservadora de las políticas sociales y de las mismas relaciones sociales; de la cultura como un todo.

Un sector económico en ascenso concentrará aún más la riqueza, depositando en el mercado las limitadas posibilidades de ascenso social.

Pudo haber sido peor, no alcanzaron las 40 diputaciones que querían; y eso en cierta medida, les cierra el paso a las reformas más violentas, aunque ya Laura nos advierte sobre una Tercera República de corte ultraneoliberal, conservadora y fascista.

En el 2019, el historiador costarricense David Díaz nos recordaba que llevábamos 37 años de resistencia contra el neoliberalismo, a lo que yo agregaba que habíamos sido sobrevivientes durante todo ese tiempo pues muchas personas no nos habíamos sometido a su proyecto socio cultural: la subjetividad del individualismo, del éxito como esfuerzo personal, de la competencia, de la mercantilización de todas las esferas de la vida, del consumo, de la negación de derechos, de la depredación de la naturaleza, de la negación de la solidaridad; del desprecio de las personas diferentes. Laura Fernández gana porque esa narrativa y esa subjetividad se han instalado exitosamente en casi el 50% de la población costarricense.

Como tantas veces a lo largo de la historia, la resistencia, la congruencia y la imaginación fueron y serán claves para seguir avanzando, adobadas con la reflexión crítica y fraterna que no nos la pueden robar. Claro que vienen tiempos duros, el conservadurismo, la violencia política y la aplanadora se seguirán extendiendo; pero desde nuestras trincheras tenemos claridad que seguiremos reivindicando todos aquellos derechos en los que creemos: la justicia y bienestar social, la distribución de riqueza, el reconocimiento a la diversidad humana, el respeto a los derechos de género, la justicia ambiental, los derechos culturales, la memoria. Tanta voluntad de emancipación que hemos construido y disfrutado.

Será fundamental encontrar espacios comunitarios e institucionales para articularnos y fortalecernos de manera conjunta, para indignarnos, para encontrar respuestas colectivas. Aún nos protege mucho de institucionalidad y hay que aprovecharla y defenderla.

Me complace que hayamos alcanzado siete diputaciones en el Frente Amplio, la van a tener dura, pero no se van a quedar en silencio; más sí cuentan con el apoyo de quienes defendemos la institucionalidad. Esperaría que las diputaciones del Partido Liberación Nacional, de la Coalición Agenda Ciudadana y del Partido Unidad Social Cristiana actúen con congruencia y sentido histórico.

Escribí estas reflexiones a propósito de las interrogantes que me hicieron llegar Marianela y Ana Rosa, que haciendo eco de sus años estudiantiles, siguen planteando preguntas instigadoras.

El triunfo de Laura Fernández y la continuidad del cambio político chavista, un desafío al sistema democrático y la institucional pública

Escrito en . Publicado en Elecciones.

German Masís

En agosto del 2023, señalábamos en un artículo titulado “No es sólo un cambio de Gobierno, es el inicio de un Cambio Social que podría cambiar el rumbo del país”, luego de la llegada al poder de Rodrigo Chaves y con él un nuevo grupo político y económico, el respaldo sostenido de buena parte de la población y un discurso polarizante, que se decía no eran elementos casuales del acontecer político y económico del país, sino un fenómeno de cambio social que había iniciado, impulsado por algunos sectores sociales y económicos con propósitos muy definidos y que era necesario analizar y esclarecer.

Nos preguntamos si estábamos ante un verdadero proceso de cambio social, surgido de contradicciones propias de la sociedad costarricense y de la lucha entre las clases sociales y en particular del deterioro del sistema de partidos políticos y los sectores que los habían apoyado por varias décadas.

La ciudadanía había votado por el cambio político, y ya en el poder la Administración Chaves, mostró un giro hacia una orientación política caracterizada por:

-el cuestionamiento y las acciones desestabilizadoras contra el Estado Social de Derecho, surgido de la II República y de los gobiernos de los últimos 70 años, en sus postulados, en el irrespeto a las potestades de los otros 2 poderes (el Legislativo y el Judicial) y en los intentos de reducir la institucionalidad, que según sus detractores ha crecido de manera desmedida y distorsionada.

-la arremetida contra el sistema de partidos políticos y el golpe de gracia a los partidos tradicionales para lograr su desaparición definitiva y la de sus líderes históricos e invisibilizar los logros de estos partidos en el pasado.

-el recambio de los grupos económicos tradicionales, por grupos económicos emergentes, interesados en un mayor protagonismo y en aumentar sus ganancias, en actividades principalmente dedicadas a la importación, transporte e internalización de mercancías, como productos agrícolas, insumos, medicamentos, entre otros

-la nueva generación de políticas públicas disruptivas, expresadas en las Rutas de la Educación, del Arroz, de la Seguridad, del Empleo, junto al cuestionamiento y redireccionamiento de los ministerios e instituciones autónomas, como el Ministerio de Salud, el de Vivienda, el de Ambiente, el de Obras Públicas, el de Agricultura y Ganadería e instituciones como la Caja, el ICE, el INS, Ay A, el INA, Recope, ya sea mediante modificaciones de sus leyes constitutivas o en sus estructuras de funcionamiento.

-la reducción del tamaño del Estado, a partir de la modificación de esas instituciones, en sus funciones esenciales, en la conformación de las juntas directivas, en la toma de decisiones y en los activos pertenecientes a todas ellas, incluyendo los bancos estatales.

-el aprovechamiento y profundización de las políticas aprobadas por gobiernos anteriores que podrían ir en la dirección de los intereses que convienen a los nuevos grupos políticos y económicos, como la reforma fiscal, la regla fiscal, la ley de empleo público, la ley antihuelgas, la ley de educación dual, la ley de jornadas extraordinarias, la reforma a la ley de la Caja, la reforma a la ley del INA, la reforma a la ley de pensiones del Magisterio y hasta la ley para modificar las fechas patrias y los feriados.

-la promoción de medidas liberalizadoras y desreguladoras de actividades económicas, productivas o de servicios, como la eliminación de restricciones o “cuellos de botella” en las gestiones institucionales, el cuestionamiento de la ARESEP por la aplicación de tarifas, la reducción del precio de la revisión técnica, la ampliación de los años de vigencia del transporte público, la modificación de las plataformas de transporte para favorecer a sectores económicos específicos.

-el nombramiento discrecional de autoridades de instituciones y diplomáticos cercanos a los líderes del grupo político y económico que manejó la campaña política o de sus aliados políticos durante la gestión, que justifica su defensa incondicional o su remoción según los resultados definidos por esos líderes.

-el cuestionamiento y restricción a los derechos humanos de sectores particulares de la sociedad, como población LGTBIQ+, feministas, ambientalistas, pensionados y sindicalistas, que según los nuevos grupos y sus líderes, habían venido obteniendo logros excesivos en la reivindicación de sus derechos.

-la descalificación y debilitamiento de la educación, la cultura y el conocimiento y de las institucionales encargadas de ejecutar esas actividades públicas, como los Ministerios de Educación, de Cultura y las Universidades Públicas.

-el discurso populista del presidente y de las autoridades institucionales en sus conferencias de prensa y actos gubernamentales, reiterando que todas las acciones son en beneficio del pueblo y sus necesidades, referencia muy efectiva en la intención de mantener su popularidad. (SURCOS digital, agosto 2023)

Era innegable que había un cambio social en marcha y que este cambio podría modificar seriamente la estructura social y política del país, hacia una menos democrática, polarizada y menos respetuosa de los derechos humanos y esa ha sido la tónica.

El día de ayer, el resultado de las elecciones nacionales, confirmó el cambio sociopolítico vigente y el giro hacia una orientación más autoritaria y populista de parte del partido y la candidata triunfadora. En su discurso de la victoria la presidenta electa Laura Fernández, estableció los rasgos principales de su gestión en el marco de la continuidad del cambio y la afirmación de un estilo de gobierno confrontativo para los próximos 4 años, al enunciar que “el cambio será profundo e irreversible” e implicará cambios profundos en el sistema democrático, en ámbitos como:

“es un cambio que sólo busca rescatar y perfeccionar nuestras instituciones democráticas y devolverlas al pueblo soberano para crear mayor bienestar y prosperidad.

Costa Rica ha cerrado un ciclo en su historia, lo que se llamó la II República, que ha quedado en el pasado y a partir de mayo se instalará la III República.

Uno de los cambios más significativos, será la forma en que actúe la oposición al gobierno, que tiene que ser propositiva y leal a la ciudadanía, y no debe ser obstruccionista y saboteadora.

Con respecto a las leyes, el principio es sencillo, la ley que no sirve y se volvió obsoleta al desarrollo, se convirtió en un lastre al desarrollo, se modifica y deroga,

La III República, llega para cambiar ciertas reglas del juego político nacional, porque el pueblo exige acabar con la corrupción y con la ineficiencia del Estado.

Ella seguirá haciendo rugir la economía jaguar, multiplicando el desarrollo con libertad de empresa, de comercio, libertad que se acrecienta con la propiedad privada.

A los diputados les pidió actuar con prudencia y sabiduría, patriotismo, valentía y lealtad al pueblo, debe ser una bancada legislativa fructífera y guiada por el ejemplo del presidente.

Sobre el papel de la prensa, ésta debe ser auténticamente libre para cumplir su labor con objetividad y responsabilidad y no convertirse en moneda de truque para los dueños de los medios de comunicación que favorecen intereses económicos particulares”. (discurso de la presidenta electa, video canal 13,1-2-2026)

El planteamiento de la presidenta electa es claro y directo, “marcando la cancha” con tintes autoritarios a partir de la experiencia y la influencia del presidente y del movimiento político chavista que ahora tiene una base social propia, cuadros políticos con experiencia en la gestión del ejecutivo y el legislativo y con una cúpula económica amplia que ha sido favorecida con la participación en diversas actividades económicas.

Sin embargo, ésta propuesta hacia la eficiencia, la prosperidad, la libertad económica y el bienestar del pueblo, puede continuar dejando al margen a amplios sectores como la educación, la salud, el ambiente, el agro y los derechos humanos y plantando serios desafíos a la división de poderes, la labor fiscalizadora y el ejercicio legislativo; el panorama a partir de mayo, apunta a una centralización del poder y a la aplicación de prácticas coercitivas, que no augura grandes posibilidades de diálogo y la construcción de acuerdos frente a los problemas del país, pero eso es lo que habrá.

Contra la violencia sexual: un llamado a la responsabilidad pública

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Pronunciamiento público SEPROJOVEN y CASA RUAH

Como organización comprometida con la defensa y promoción de los derechos humanos, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante cualquier discurso que relativice, normalice o justifique la violencia sexual, especialmente cuando involucra a personas menores de edad.

Las recientes declaraciones emitidas por una persona aspirante a un cargo de elección popular, en las que se presenta como “normal” una relación entre una adolescente de 15 años y un hombre adulto de 35 años, resultan alarmantes y contrarias a los principios de protección integral de la niñez y la adolescencia, reconocidos tanto en la legislación costarricense como en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Este tipo de afirmaciones desconocen las evidentes desigualdades de poder que existen por razones de edad, género y posición social, así como los riesgos físicos, emocionales y sociales que enfrentan las personas menores de edad en estas circunstancias. Presentar estos vínculos como aceptables no solo invisibiliza la violencia, sino que debilita los mecanismos de protección, desacredita la palabra de las víctimas y reproduce patrones históricos de abuso y dominación.

Las declaraciones realizadas desde espacios de representación pública no son neutras ni privadas. Tienen consecuencias reales ya que influyen en la forma en que la sociedad percibe la violencia y pueden legitimar prácticas que atentan contra la dignidad y la integridad de niñas, niños y adolescentes. Por ello, quienes aspiran a ocupar cargos públicos tienen una responsabilidad ética mayor en la manera en que se refieren a estos temas.

La violencia sexual contra personas menores de edad no puede reducirse a opiniones personales ni tratarse como casos aislados. Se trata de una problemática social estructural, vinculada a desigualdades históricas que colocan a niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad frente a personas adultas. Minimizar estas realidades contribuye a normalizar el daño y a mantener el silencio alrededor de situaciones que requieren protección y acción inmediata.

Recordamos que la protección de la niñez y la adolescencia es un asunto de interés público y una obligación indeclinable del Estado y de toda la sociedad. No puede quedar sujeta a criterios morales individuales ni a interpretaciones que desconozcan

el enfoque de derechos, la evidencia técnica y los estándares internacionales de protección. La integridad y el bienestar de las personas menores de edad constituyen un límite ético y jurídico que no admite relativizaciones.

Reiteramos nuestro compromiso con la prevención y erradicación de toda forma de violencia sexual, así como con la construcción de entornos seguros que garanticen protección efectiva, atención oportuna y acceso a la justicia. Defender los derechos de la niñez y la adolescencia no es una postura ideológica; es una responsabilidad colectiva y una condición básica para una sociedad democrática y justa.

Como organización, hacemos un llamado a las autoridades, a los actores políticos y a la ciudadanía a asumir una postura clara, informada y coherente con los derechos humanos. La dignidad de niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad incuestionable en cualquier discurso o proyecto político.

31 de enero de 2026, Costa Rica

Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados exige responsabilidad ética frente a la violencia sexual contra personas menores de edad

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Las organizaciones de sociedad civil, instancias académicas y colegios profesionales que formamos parte de la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de Niñas, Niños y Personas Adolescentes en Costa Rica expresamos nuestra profunda preocupación ante declaraciones públicas recientes que relativizan, justifican o normalizan la violencia sexual contra personas menores de edad.

Resulta especialmente alarmante que, desde aspiraciones a cargos de representación o desde cualquier posición de liderazgo público, se sostengan discursos que desconocen sentencias judiciales firmes y que niegan la condición de persona menor de edad a niñas y adolescentes, reproduciendo narrativas que banalizan relaciones profundamente marcadas por la desigualdad de poder, la coerción y la violencia.

Este tipo de afirmaciones no solo contradicen el ordenamiento jurídico costarricense —incluido el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Relaciones Impropias N.º 9406 y el marco penal vigente— sino que también vulneran los estándares internacionales de derechos humanos que el Estado costarricense ha asumido, entre ellos el principio de protección integral, el interés superior de la persona menor de edad y el deber reforzado de prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia sexual establecido por la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

El carácter inválido e improcedente de todo consentimiento sexual declarado por una persona menor de 18 años está debidamente regulado en Costa Rica por vía del “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños”, instrumento conocido como Protocolo de Palermo, ratificado por Costa Rica mediante la Ley N.º 8315 del 4 de noviembre de 2002, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Protocolo de Palermo forma parte del ordenamiento jurídico costarricense y rige sobre todo lo relacionado con la validez o no del consentimiento sexual para actos donde la parte actuante sea menor de 18 años de edad.

Como sociedad, debemos ser claros e irreductibles: no existe consentimiento válido en relaciones sexuales entre personas adultas y personas menores de edad, y cualquier intento de presentarlas como “normales” constituye una forma de legitimación simbólica de la violencia sexual. Estos discursos tienen efectos reales y dañinos, pues refuerzan la impunidad, desalientan la denuncia, revictimizan a quienes han sobrevivido a estas violencias y debilitan la confianza en las instituciones encargadas de garantizar protección y justicia.

Quisiéramos enfatizar que toda persona que ejerza o llegue a ejercer funciones de servicio público —particularmente en espacios de influencia legislativa o de formulación de políticas públicas— debe demostrar la capacidad de ajustar sus concepciones, discursos y actuaciones al marco de derechos de la niñez y la adolescencia. La función pública exige un compromiso ético ineludible con la dignidad humana, el Estado de derecho y la protección de las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad.

Reafirmamos que la protección de niñas, niños y personas adolescentes frente a la violencia sexual no es una cuestión ideológica, partidaria ni opinable. Es una obligación jurídica, ética y democrática. Costa Rica ha construido, con enormes esfuerzos históricos, un marco de protección que no puede verse erosionado por discursos regresivos que normalizan la violencia y desconocen la evidencia, la ley y la experiencia de las personas sobrevivientes.

Desde la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados, reiteramos nuestro compromiso con la promoción de una cultura de derechos, con la prevención de todas las formas de violencia y con la exigencia de que quienes aspiren a ejercer poder público actúen con responsabilidad, conocimiento y respeto irrestricto por los derechos humanos de niñas, niños y personas adolescentes.

El cuidado, la protección y la dignidad de las personas menores de edad deben ser un mínimo ético compartido en cualquier proyecto de país.

Personas sobrevivientes de violencia sexual llaman a votar con ética y responsabilidad

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Pronunciamiento de personas sobrevivientes de violencia sexual padecida en la infancia y adolescencia de cara a las elecciones 2026

Costa Rica, enero 2026

Desde el Movimiento de Valientes de Costa Rica, iniciativa conformada por personas sobrevivientes de violencia sexual vivida en la infancia y/o adolescencia, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante las declaraciones del candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos Umaña.

Villalobos, abogado de profesión, fue defensor legal de un pastor evangélico condenado en noviembre de 2022 a 35 años de prisión por abuso sexual, violación calificada y tentativa de violación contra una persona menor de edad. Resulta especialmente grave que el candidato haya afirmado públicamente que la víctima de 14 años “no era una niña” y que existía una supuesta “relación normal” entre el agresor y la persona menor de edad.

Estas afirmaciones desconocen una sentencia judicial firme y reproducen discursos que minimizan, justifican y normalizan la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Además, contradicen la legislación costarricense, los estándares internacionales de derechos humanos y los principios básicos de protección integral de la niñez y la adolescencia. Por eso, el debate sobre su permanencia o renuncia a la candidatura no es un asunto personal ni partidario, sino una cuestión de responsabilidad política, ética y jurídica.

En el proceso judicial, los tribunales establecieron con claridad que la víctima tenía 14 años cuando iniciaron los abusos y que el agresor utilizó su rol como pastor, la confianza de la familia y la situación de vulnerabilidad de la persona menor de edad para cometer los delitos. La condena fue confirmada por el Tribunal de Apelación y por la Sala Tercera de Casación Penal.

Este caso se suma a preocupaciones más amplias que, como personas sobrevivientes, tenemos frente a la posible continuidad del proyecto político impulsado por Rodrigo Chaves y actualmente representado por Laura Fernández y las candidaturas a diputaciones del Partido Pueblo Soberano.

El 5 de marzo de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia sobre la situación de los derechos humanos en Costa Rica. En ella, organizaciones de la sociedad civil denunciaron retrocesos graves durante el actual gobierno, con impactos directos en poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, incluyendo a niñas, niños y adolescentes. No se trata de hechos aislados, sino de patrones de debilitamiento institucional, regresión normativa y abandono de obligaciones estatales.

Bajo este gobierno se eliminó la educación integral para la sexualidad en el sistema educativo, se han promovido discursos regresivos en materia de derechos sexuales y reproductivos, y se han aplicado políticas de austeridad que han reducido la capacidad del Estado para prevenir la violencia, atender a las víctimas y garantizar justicia.

La educación sexual integral salva vidas. Permite que niñas, niños y adolescentes reconozcan situaciones de violencia y facilita la denuncia temprana. Su eliminación aumenta la vulnerabilidad de las personas menores de edad y contradice los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica. A esto se suma una drástica reducción de la inversión pública, que pasó del 21,2 % del PIB en 2022 al 9,3 % en 2025. Este recorte ha afectado directamente la protección social, la educación, la salud y la cultura, debilitando la garantía de derechos básicos.

Estos retrocesos evidencian un debilitamiento serio del Estado de derecho. Instituciones clave como la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio Público y el Patronato Nacional de la Infancia han visto profundizada su inacción. Los recortes en políticas sociales y de protección a la niñez han aumentado la desprotección, la impunidad y el abandono de las personas sobrevivientes.

La eventual continuidad de este proyecto político, a través de la candidatura de Laura Fernández, amenaza con profundizar aún más este deterioro institucional. No se trata solo de una elección, sino del riesgo de consolidar un modelo de Estado que tolera discursos que relativizan la violencia sexual y que incumple de forma reiterada sus obligaciones nacionales e internacionales en derechos humanos.

Denunciamos también la exclusión histórica de niñas, niños y adolescentes indígenas de políticas públicas fundamentales, como la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024–2036 presentada por el actual gobierno. Costa Rica necesita con urgencia un enfoque intercultural, equitativo y libre de discriminación.

Garantizar justicia para niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual exige respuestas estructurales. La imprescriptibilidad total de estos delitos es una demanda basada en la desigualdad de poder, las barreras reales de acceso a la justicia y el deber reforzado del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar estas violencias. Esta exigencia es aún más urgente en un contexto donde discursos políticos minimizan la gravedad de estos crímenes.

La defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes requiere hoy una posición clara y firme, que rechace cualquier intento de justificar la violencia sexual y coloque la protección integral y la prevención en el centro de la acción pública.

Por eso hacemos un llamado a la ciudadanía comprometida con los derechos humanos de la niñez y la adolescencia a votar con ética y con información. Salgamos a votar contra el continuismo y dejemos claro que no vamos a tolerar que un proyecto político que minimiza la violencia sexual y encubre a agresores se mantenga en el poder.

¡Venimos Valientes y NO nos vamos a callar!

Una deriva peligrosa

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

En menos de un mes, las fuerzas federales del orden en materia migratoria comandadas por el gobierno del Republicano Donald Trump han asesinado a tiros a dos ciudadanos de aquel país, que interponían sus cuerpos en sendos operativos antiinmigrantes en la convulsa ciudad de Minneapolis.

La indignación es evidente y miles de personas de todas las edades han protagonizado desde hace ya varias semanas, acciones de protesta para solicitar que el gobierno de Donald Trump retire a sus subordinados dados los acontecimientos. El segundo fallecido recién el sábado anterior, fue desarmado antes de ser abatido a tiros en otra acción desmesurada y autoritaria.

De nuevo y una vez más, la administración republicana ha salido al paso y en defensa de sus funcionarios policiales. Esta vez las palabras iniciales de la Administración Trump enfatizaban en que Alex Pretti, el hombre asesinado, constituía un peligro, era un terrorista local y tenía como objetivo derramar sangre.

Los materiales audiovisuales que abundan como testigos de este hecho demuestran lo contrario: una jauría de policías migratorios se abalanza sobre el hombre que en ese momento defiende una mujer a la que segundos antes esas mismas fuerzas le había rociado gas pimienta para inmovilizarla. El forcejeo, la lucha de Pretty contra la policía migratoria y los tiros, todo, todo quedó evidenciado y socializado miles de veces en las distintas redes sociales.

La deriva autoritaria sigue su curso en Estados Unidos y su resonancia en otros contextos no deja de preocupar. Concretamente en el caso costarricense, en el que en medio de su convulso clima electoral algunos candidatos presidenciales y legislativos han aceptado a viva voz su deseo de limitar las libertades individuales en una pretendida lucha contra la violencia que se ha instalado en el país desde hace tres años de forma consecutiva.

Esa expresión de interés debe ser leída con cuidado en un momento en el que el lenguaje populista pareciera ganar la partida al diálogo y la sensatez. No más hace pocas horas, una persona candidata presidencial invitó al principal financista de la campaña republicana Elon Musk a invertir en el país. No es poca cosa ni es un acto fortuito. El personaje de marras, multimillonario, es fiel suscriptor de las tesis republicanas en varios temas.

De la misma forma en el tema migratorio, el grueso de las propuestas de los partidos en la contienda electoral apunta mayoritariamente a un enfoque basado en el control y la securitización, abandonando la tradición del país basada en una observancia a la hospitalidad, los derechos humanos y el reconocimiento del papel que la población migrante ha desempeñado en materia económica, social y cultural.

El próximo domingo 1 de febrero Costa Rica se presenta ante las elecciones más importantes en muchas décadas. Se define una vía que potencie el diálogo y la discusión de ideas para sacar al país de su crisis o por el contrario una peligrosa deriva autoritaria podría instalarse como gestión gubernamental. La decisión es ciertamente difícil pero la sensatez podría ser ese vehículo moral que saque a la sociedad costarricense del problema en que ella misma se ha metido.

¡Por la libertad de expresión y la protección del activismo en Costa Rica!

Escrito en . Publicado en Derechos.

Servicio de Paz y Justicia ─ Costa Rica

El pasado 13 de enero de 2026, fue de conocimiento público el señalamiento contra Stella Chinchilla Mora por presuntamente motivar un atentado contra el presidente de turno de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles.

Desde el Servicio de Paz y Justicia ─ SERPAJ-CR, expresamos nuestro rechazo y profunda preocupación ante lo que consideramos un uso desproporcionado del aparato estatal para silenciar voces críticas.

Stella es una comunicadora social, activista por DDHH, vicepresidenta del Centro de Amigos para la Paz ─ CAP, a quién conocemos y extendemos nuestra solidaridad ante esta situación. Stella es conocida no sólo por Movimientos Sociales costarricenses e internacionales, sino también por sectores de poder por su activismo con su “cámara callejera” que ha denunciado e informado en múltiples ocasiones. Solo en su canal de YouTube, desde el 2009, Stella acumula más 1300 videos sumando más de medio millón de vistas.

La impronta activista de Stella es fácilmente verificable. La trayectoria documentada de Stella es testimonio de un compromiso ético con la denuncia social y la transparencia informativa. Su «cámara callejera» no es un arma, es una herramienta de visibilización ciudadana.

Denunciamos que la acusación contra Stella es un mecanismo simbólico de amenaza para quienes adversan al actual Gobierno. El show derivado de este hecho es una cortina de humo que pretende implantar en la colectividad un “enemigo” y así encuadrar al Gobierno actual como un “mártir” que requiere a toda costa la defensa de la ciudadanía y al mismo tiempo justificar la violación a Derechos Humanos.

La acusación contra Stella no es un hecho aislado, es una narrativa que, mediante la amenaza, busca instalar el miedo en quienes ejercen su derecho a la disidencia. Estas acciones pretenden la polarización, paralizar conciencias críticas y convertir al activismo en un supuesto peligro para la seguridad nacional. Cuando se utiliza el discurso público para señalar a activistas como «enemigos», directamente se alienta una escalada de hostilidad que afecta la convivencia democrática.

Desde SERPAJ-CR denunciamos que la guerra y la amenaza son dos de las más graves expresiones de violencia individual y colectiva. Tanto la guerra como la amenaza buscan (y en muchos casos logran) paralizar la conciencia, polarizar, amedrentar, aterrorizar, destruir, desestabilizar.

Las acciones contra Stella impactan, exacerban y envalentonan a quienes ciegamente siguen al actual gobierno, su candidata presidencial y adeptos. Alinean y nublan conciencias que se movilizan precipitadamente y generan una escalada violenta contra toda persona que manifieste críticas.

La criminalización al activismo es un mecanismo de control social y político que opera contra Movimientos Sociales, opositores o personas comunes que no coinciden con el discurso y Agendas del oficialismo. En varios gobiernos este mecanismo ha judicializado activistas y líderes como estrategia de desgaste y paralización de conciencias. El actual gobierno ha sido altamente eficiente en incitar a muchas personas a defenderle desmedidamente. Sin importar si la disidencia viene de la familia, el vecindario o el trabajo, cualquier opinión crítica al gobierno es tachada de “enemiga” del pueblo.

En el SERPAJ-CR alertamos gran preocupación ante la estrategia del gobierno actual encaminada no solo en criminalizar al activismo, la libertad de expresión y pensamiento crítico, sino en victimizarse desde un discurso altamente populista para justificar el ejercicio del poder autoritario, delictivo y violento. Con el agravante de haber implantado en un sector ciudadano la idea de defender al oficialismo a toda costa y con “mano dura” de cualquier opinión disidente.

Desde SERPAJ-CR:

  • Convocamos a Movimientos Sociales, Colectivos y Medios de Comunicación Alternativos a pronunciarse en contra de la criminalización a Stella y activistas, en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la protesta.

  • Hacemos un llamado a espacios de lucha social para construir redes de protección y cuidado colectivo que nos permitan enfrentar incitaciones a la violencia que buscan dañarnos y paralizar a las generaciones que apenas crecen.

  • Instamos a la ciudadanía a no ceder ante discursos que promueven el odio o la división.