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Etiqueta: derechos humanos

Peña Cultural por Palestina y por fondos para familias en Gaza

La Coalición Palestina CR, el Movimiento Costarricense de Solidaridad con Palestina y El Bazar de Gaza invitan a participar en la Peña Cultural por Palestina, una jornada solidaria cuyo propósito es recaudar fondos para apoyar directamente a familias en Gaza, en medio de la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo palestino.

La actividad se realizará este domingo 30 de noviembre, de 2:00 p.m. a 9:00 p.m., en Casa Javorai (de Casa Matute Gómez ―Antik―, 100 metros este, 50 metros sur, 25 oeste; al fondo de calle privada contiguo a Canara. En Waze o Maps: Casa Javorai).

Un espacio cultural para la solidaridad

La entrada tiene un costo simbólico de ₡1.000, pero las personas organizadoras recuerdan que, si puede pagar más, es más ayuda para Gaza. Todo lo recaudado será donado íntegramente para apoyar a familias palestinas afectadas.

La peña contará con la participación especial de la cantautora Guadalupe Urbina, con su presentación “Una voz en lucha, desde siempre y hasta Gaza”, además de otras personas artistas invitadas.

Asimismo, la actividad tendrá la presencia de la cónsul honoraria de Palestina en Costa Rica, Sra. Wajiha Sasa.

¿Qué habrá en la peña?

El programa ofrece un variado espacio cultural y de mercado solidario:

  • Kufiyas

  • Bisutería

  • Comida árabe

  • Repostería

  • Comida vegana

  • Alimentos fermentados

  • Fotografías

  • Cabina fotosandía

  • Fotos para Palestina

  • Poesía

  • Música

  • Belly dance

  • Danza fusión

  • Cuentacuentos

  • Y muchas otras expresiones artísticas y culturales

Todo lo que se compre en el mercadito solidario se donará al 100% para apoyar a familias en Palestina.

La peña es un espacio para compartir arte, cultura y solidaridad con un pueblo que continúa enfrentando violencia, desplazamiento y severas restricciones humanitarias.

Organizaciones canadienses llaman al gobierno de Canadá a actuar ante ataques ilegales de EE. UU. en América Latina y el Caribe

Dos importantes redes de la sociedad civil canadiense —el Grupo de Orientación de Políticas para las Américas (GOPA) y la Coalición Common Frontiers— remitieron una carta oficial a tres altas autoridades del Gobierno de Canadá:

  • Anita Anand, ministra de Asuntos Exteriores

  • Maninder Sidhu, ministro de Comercio Internacional

  • David J. McGuinty, ministro de Defensa Nacional

La comunicación, fechada 13 de noviembre de 2025, expresa una grave alarma ante lo que describen como una escalada de ataques aéreos ilegales y letales realizados por fuerzas estadounidenses contra embarcaciones civiles en Venezuela, Trinidad y Tobago, Colombia, República Dominicana y México.

Señalan ejecuciones extrajudiciales y violaciones al derecho internacional

Las organizaciones destacan que, entre septiembre y principios de noviembre de 2025, se han documentado al menos 19 bombardeos, con decenas de víctimas civiles. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y otros expertos coinciden en que estos hechos constituyen ejecuciones extrajudiciales y contravienen normas esenciales del derecho internacional.

Además, subrayan su preocupación por la ampliación de facultades del Gobierno de EE. UU. para el uso de fuerza letal contra supuestos “narcoterroristas”, sin pruebas ni controles, lo cual incrementa el riesgo de abusos y de un trato militarizado de la región.

¿Puede Canadá estar siendo cómplice?

El comunicado cuestiona el rol canadiense en la Operación CARIBBE, mediante la cual buques y aeronaves de Canadá suministran información de vigilancia a EE. UU. para sus operaciones marítimas. Argumentan que, dada la conducta actual del Gobierno estadounidense, esta colaboración podría implicar complicidad involuntaria en acciones ilegales.

Asimismo, advierten que tecnología militar canadiense pudo haber sido utilizada en al menos dos ataques recientes, según investigaciones de Project Ploughshares. Se señala también una laguna normativa que permite transferir equipo militar a EE. UU. sin los controles de exportación requeridos por el Tratado sobre el Comercio de Armas.

La región se pronuncia: la paz está en riesgo

El documento recoge reacciones de jefas y jefes de Estado de México, Brasil y Colombia, quienes han manifestado públicamente su rechazo a la posibilidad de una intervención militar estadounidense directa en la región. También recuerdan la vigencia de la declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada por CELAC en 2014.

Las solicitudes concretas

GOPA y Common Frontiers piden al Gobierno de Canadá:

  1. Condenar públicamente los ataques ilegales de EE. UU. y exigir su cese inmediato.

  2. Promover la paz y la seguridad regional, apoyando esfuerzos internacionales que presionen por respeto a la soberanía y al estado de derecho.

  3. Suspender la participación de Canadá en la Operación CARIBBE, para evitar riesgo de complicidad en ejecuciones extrajudiciales.

  4. Cerrar lagunas regulatorias que permiten exportar armas a EE. UU. sin controles de derechos humanos, en cumplimiento del Tratado sobre el Comercio de Armas.

La carta concluye expresando disposición a dialogar directamente con las autoridades canadienses.

Descargue el documento original

El texto íntegro del pronunciamiento, con todas sus fuentes y referencias, puede descargarse aquí:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/11/Organizaciones-canadienses-llamada-a-accion.pdf

Encuentro internacional de juristas concluye con llamado a defender el derecho internacional y la paz en el Caribe

SURCOS – Más de cien juristas provenientes de 35 países se reunieron en Caracas los días 13 y 14 de noviembre de 2025 en el Encuentro Internacional de Juristas en Defensa del Derecho Internacional, un espacio convocado para analizar la creciente escalada militar en el Caribe y las amenazas a la soberanía de los pueblos de América Latina.

El programa de trabajo incluyó conferencias magistrales, actos culturales, paneles internacionales y sesiones plenarias, con la participación de figuras del ámbito jurídico, académico y diplomático. La agenda se centró en el estudio de la legalidad internacional, las operaciones militares unilaterales en la región, la defensa de la soberanía y la necesidad del multilateralismo para preservar la paz.

Al cierre de la actividad, las personas participantes aprobaron la siguiente Declaración Internacional, cuyo texto íntegro se presenta a continuación.


Declaración Internacional – Conclusiones del Encuentro

(Transcripción textual del documento oficial)

Las y los más de cien juristas reunidos en Caracas, los días 13 y 14 de noviembre del 2025, pertenecientes a 35 países del mundo, luego de un fructífero debate e intercambio, expresamos la siguientes conclusiones y propuestas:

  1. Condenar de manera categórica toda forma de injerencia, coerción, medidas coercitivas unilaterales o agresión que vulnere la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

  2. Exigir el respeto irrestricto del Derecho Internacional, los tratados bilaterales y multilaterales, y las Cartas de Naciones Unidas como única vía para la resolución pacífica de las controversias.

  3. Convocar a la comunidad de juristas de nuestros países y de todos los que integran las Naciones Unidas a vigilar y denunciar ante las instancias correspondientes las violaciones al Derecho Internacional que pongan en peligro la estabilidad del Caribe y del mundo.

  4. Expresar la debida preocupación y rechazo frente a las recientes ejecuciones extrajudiciales fuera de todo ámbito de derechos que han ocurrido en el mar Caribe por acción unilateral de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, que resultan, en todo sentido y en todas sus partes, violatorias de los derechos humanos y del derecho internacional.

  5. Exhortar al Gobierno de los Estados Unidos a cesar sus operaciones militares en el mar Caribe y las amenazas contra la región de América Latina.

  6. Conformar una liga amplia de juristas en defensa del Derecho Internacional, con la finalidad de evaluar los medios necesarios para presentar formalmente una denuncia ante instancias internacionales competentes por la amenaza de los Estados Unidos de América en el Caribe.

  7. Reactivar con fuerza el multilateralismo regional por las graves amenazas en el Caribe por parte de los Estados Unidos, así como a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para que cumpla con la proclama de enero de 2014, en la que se declara la región como zona de paz.

  8. Exigir a los gobiernos del mundo asumir una posición clara y de condena ante la violación del Derecho Internacional y la escalada de violencia imperial contra la República Bolivariana de Venezuela y la región.

  9. Organizar actividades de sensibilización y debates públicos sobre las graves amenazas que se ciernen en el Caribe.

  10. Ratificar ante el mundo que la paz duradera solo puede construirse sobre cimientos de justicia social, equidad y respeto pleno a los derechos humanos y al derecho internacional.

14 de noviembre de 2025, Caracas, República Bolivariana de Venezuela.

Jornadas de Pensamiento Crítico: “Resistencias en defensa de la dignidad”

Las Jornadas de Pensamiento Crítico por la Democracia y los Derechos Humanos, tituladas “Resistencias en defensa de la dignidad”, se llevarán a cabo el miércoles 26 y el jueves 27 de noviembre de 2025, en modalidad bimodal desde el Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional (UNA), con transmisión en vivo por Idespo_UNA.

El encuentro se desarrolla en un momento regional y mundial caracterizado por el avance de la extrema derecha, los autoritarismos y la profundización del neoliberalismo, fenómenos que generan retrocesos sustantivos en derechos humanos y un aumento de las violencias. Las Jornadas buscan aportar a la construcción de un espacio urgente de reflexión colectiva, articulación social y construcción de alternativas para la defensa de la dignidad y del Estado Social.

Las reflexiones parten de aprendizajes recientes en Centroamérica, especialmente de la situación salvadoreña analizada por el académico Carlos Molina (UCA), y se complementan con debates sobre el presente político costarricense, las amenazas a la democracia y las resistencias que emergen desde distintas organizaciones sociales, ambientales, feministas, estudiantiles y sindicales.


Organizaciones convocantes

  • Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA)

  • Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO-UNA)

  • Grupo de Pensamiento Crítico de Costa Rica

  • Cátedra de Pensamiento Crítico Franz J. Hinkelammert (UNA)

  • Asociación Voces Nuestras

  • Fundación Rosa Luxemburgo

  • Programa Estado Nación

  • Universidad de Costa Rica (UCR)

  • María Eugenia Román

  • Bloque Verde

  • Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricense (UNAG)

  • Juan Bautista Alfaro Rojas

  • MULABI, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos

  • Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica (SJM-CR)

  • Colectiva por el Derecho a Decidir de Costa Rica

  • Confederación de Trabajadores Rérum Novarum (CTRN)

  • Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo

  • Red Feminista contra la violencia hacia las mujeres

  • Edgardo Araya

  • Equipo de Seguimiento del Acuerdo Nacional contra la Desinformación y los Discursos de Odio


Programa Detallado

Miércoles 26 de noviembre

9:00 a.m. – 9:30 a.m.

Inauguración y presentación de las Jornadas

  • Norman Solórzano (IDESPO-UNA)

  • Grettel Montero (Fundación Rosa Luxemburgo)

  • Guillermo Acuña (Vicedecano Facultad de Ciencias Sociales, UNA)

9:30 a.m. – 10:00 a.m.

Conferencia magistral
“Bukele y el ascenso de la derecha autoritaria en El Salvador. Lecciones para Costa Rica”

  • Dr. Carlos Molina (UCA – El Salvador)

  • Moderación: Génesis R. Cruz

10:00 a.m. – 10:30 a.m.

Diálogo con el conferencista

10:30 a.m. – 10:50 a.m.

Refrigerio


Mesa 1 — 10:50 a.m. – 11:50 a.m.

Estado social y democracia en Costa Rica: retrocesos recientes y amenazas en curso

Expositores:

  • Leonardo Merino: Balance político del Informe del Programa Estado Nación

  • Carlos Sandoval: Presentación del libro “Nuevas cartografías para comprender la Costa Rica del siglo XXI”

  • Moderación: Liliana León

11:50 a.m. – 12:30 p.m.

Diálogo con panelistas

12:30 p.m. – 1:45 p.m.

Almuerzo


1:45 p.m. – 2:15 p.m.

La agenda legislativa de la extrema derecha en Costa Rica

  • Expositora: María Eugenia Román

  • Moderación: Génesis R. Cruz

2:15 p.m. – 2:45 p.m.

Diálogo

2:45 p.m. – 3:00 p.m.

Refrigerio


Mesa 2 — 3:00 p.m. – 4:15 p.m.

El nuevo asalto de la extrema derecha contra los derechos humanos (Parte 1)

Expositores:

  • Fabián Pacheco (Bloque Verde)

  • José Oviedo (UNAG)

  • Juan Bautista Alfaro Rojas (Campesino, naturalista y defensor de la tierra)

  • Moderación: Liliana León

4:15 p.m. – 5:00 p.m.

Diálogo

5:00 p.m.

Cierre del día


Jueves 27 de noviembre

Mesa 3 — 9:00 a.m. – 9:45 a.m.

El nuevo asalto de la extrema derecha contra los derechos humanos (Parte 2)

Expositoras y expositores:

  • Natasha Jiménez (MULABI)

  • Adam Álvarez (SJM-CR)

  • Peggy Quesada (Colectiva por el Derecho a Decidir)

  • Moderación: Génesis R. Cruz

9:45 a.m. – 10:15 a.m.

Diálogo

10:15 a.m. – 10:30 a.m.

Refrigerio


Mesa 4 — 10:30 a.m. – 12:00 p.m.

Las luchas que se avecinan y las próximas elecciones: un llamado a la acción

Participan:

  • Fanny Sequeira (CTRN)

  • Alison Quintanilla (Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo)

  • Marco Víquez (FEUNA)

  • Ana María Trejos (Red Feminista contra la violencia hacia las mujeres)

  • Edgardo Araya (abogado ambientalista)

  • Moderación: Liliana León

12:00 p.m. – 12:30 p.m.

Diálogo

12:30 p.m. – 1:30 p.m.

Almuerzo


Mesa 5 — 1:30 p.m. – 2:00 p.m.

Presentación del Acuerdo Nacional contra la Desinformación y los Discursos de Odio

  • Joaquín Tapia (Voces Nuestras)

  • Equipo de Seguimiento del Acuerdo

  • Moderación: Génesis R. Cruz


Mesa 6 — 2:00 p.m. – 3:00 p.m.

Presentación del libro
Pensamiento Crítico, Totalitarismo del Mercado y Extrema Derecha. Franz J. Hinkelammert, in memoriam.

Participan:

  • Carlos Molina

  • Norman Solórzano

  • Henry Mora

  • Moderación: Grettel Montero

3:00 p.m. – 4:00 p.m.

Diálogo


Cierre — 4:00 p.m. – 4:30 p.m.

  • Carlos Molina (UCA)

  • Grettel Montero (Fundación Rosa Luxemburgo)

  • Norman Solórzano (IDESPO)

Costa Rica y el Caribe: Los peligros de confundir igualdad con revancha

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Por: Bernardo Archer Moore
Presidente de ACUDHECA

Durante más de un siglo, la población negra de Costa Rica aprendió a sobrevivir en silencio: primero ante la exclusión abierta y luego frente a una discriminación más sutil, incluso después de la Constitución de 1949.

En ese contexto, algunos pocos afrodescendientes lograron posiciones simbólicas dentro del Estado. Pero, lejos de abrir caminos hacia la igualdad, ciertos liderazgos terminaron fomentando un nuevo elitismo interno:

Orgullosos dentro de su comunidad, pero sumisos frente a los poderes que históricamente los marginaron.

Esa dinámica funcionó durante la época de la plantación, la segregación y las primeras décadas de la República moderna. Sin embargo, en un país que hoy aspira a ser una sociedad verdaderamente multiétnica, ese modelo ya no es sostenible. Y el Caribe costarricense ha pagado caro las consecuencias.

El cierre técnico de JAPDEVA, la concesión del puerto a APM Terminals y la clausura de facto del ferrocarril al Atlántico fueron procesos que se gestaron durante años.

Muchos líderes locales carecieron de unidad, visión o voluntad para defender la región, temerosos de perder privilegios personales o familiares.

Esa falta de cohesión debilitó la capacidad del Caribe para enfrentar decisiones impuestas desde la Capital del país.

Hoy, sin embargo, una nueva oportunidad histórica emerge. Y esta vez, en Cahuita, el destino sí depende directamente de su gente. Las nuevas “gallinas de los huevos de oro” del Caribe Sur son claras:

1. La Administración Comunitaria del Parque Nacional Cahuita, un modelo único, construido por el propio pueblo, que ha logrado armonizar conservación, turismo y bienestar social.

2. El Derecho de Consulta Previa del Pueblo Tribal Afrocostarricense, reafirmado por la Sala Constitucional en la Sentencia 25-029985 (19/09/2025) y respaldado por el Decreto Ejecutivo 43532-2022.

Estas conquistas no fueron regalos del poder central ni favores políticos. Son fruto de décadas de resistencia cultural, arraigo comunitario y defensa territorial realizada con humildad y perseverancia, sin élites autoproclamadas.

Pero toda conquista puede perderse si se administra con inmadurez.

Cahuita no puede repetir el error de JAPDEVA y destruir desde adentro lo que tanto costó construir.

El derecho a participar y a ser escuchados no es una herramienta para ajustar cuentas ancestrales, ni un permiso para proclamar supremacías internas. Es una responsabilidad que exige firmeza, pero también humildad, respeto y sensibilidad hacia todos.

“Todo cuanto queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos.” — Mateo 7:12.

Este principio debería ser un recordatorio para quienes, escondidos tras una falsa religiosidad, promueven actos racistas, manipulan narrativas o atacan a quienes discrepan.

La administración comunitaria del Parque y la consulta tribal deben unir a Cahuita, fortalecer la economía local, proteger su patrimonio y asegurar a las nuevas generaciones la dignidad que tantas anteriores no pudieron disfrutar.

El Caribe ha perdido demasiadas oportunidades por divisiones internas y egos desbordados. Hoy Cahuita puede ofrecer al país un modelo distinto: un liderazgo que no se autodestruye, sino que se fortalece desde la comunidad. Porque la igualdad verdadera no nace del ruido, sino de construir un futuro donde nadie se vuelva a callar.

Cahuita, 18/11/2025.

¿Qué pasa hoy en Cuba? En Alternativas

Panel especializado analiza la coyuntura cubana

El programa Alternativas dedicará su transmisión del 21 de noviembre de 2025, a partir de las 6:00 p.m. (hora de Costa Rica, -6 UTC), a un tema de relevancia regional: la situación actual de Cuba, desde perspectivas políticas, geopolíticas, comunicacionales y diplomáticas.

El espacio contará con un panel de especialistas con amplia experiencia en análisis internacional, comunicación social y relaciones exteriores, quienes compartirán interpretaciones y claves para comprender el momento que vive la isla.

Panel invitado

Martín Chinchilla Castro
Periodista y comunicador social. Conferencista. Expresidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica.

Rafael Ángel Ugalde Quirós
Licenciado en Derecho y notario público. Comunicólogo y periodista (UCR).
Con 45 años de experiencia profesional.
Analista de la Red Mundial Antimperialista. Estudia Filosofía, Música y Geopolítica del Petróleo.

Alejandro Arguedas Sibaja
Comunicólogo, periodista y productor audiovisual.
Miembro de la Comisión Política del Partido Vanguardia Popular y del Movimiento de Solidaridad de Amor por Cuba.

Eric Valdés Martínez
Licenciado en Derecho y Máster en Relaciones Internacionales.
Más de 50 años en el servicio exterior de la República de Cuba, cumpliendo misiones en diversos países. Jefe de Misión de Cuba en Costa Rica.

Transmisión en vivo

El programa podrá seguirse en las plataformas habituales de Alternativas:
Facebook Live, YouTube y Spotify.

Emisoras amigas

  • Guanacaste 106.1 FM

  • Radio Soberanía

  • Radio Revolución

  • 506 Ondas Alajuela Radio

  • 97.3 FM Voces Libertarias

ACODEHU saluda al SEC en su LVI Asamblea Nacional Ordinaria

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

San José, martes 18 de noviembre de 2025

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos-ACODEHU, felicita al SEC en un momento histórico, crítico de la Educación Pública, debido a la irresponsabilidad de los últimos gobiernos de turno, que han incurrido en un ataque sistemático a la educación pública, a la salud, la seguridad social, la seguridad alimentaria y a las diferentes instituciones estatales, quien otrora han sido las responsables de la ejecución de las políticas públicas y del cumplimiento de los derechos humanos en este país y pilares del Estado Social de Derecho.

El SEC es el sindicato que desde su inicio (fundado el 17 de julio de 1969) asumió el papel histórico de la defensa de la Educación Pública y en ese contexto la protección y defensa de los Derechos Laborales del Magisterio Nacional; además de la ejecución y tareas en la protección de los centros educativos, la población estudiantil y los recursos que financian la educación pública.

Las denuncias de las y los trabajadores del SEC, han puesto en evidencia la violación de sus Derechos Humanos y las afectaciones directas contra la población estudiantil, profesional y el pueblo en general.

Nos sumamos al llamado de la dirigencia, sus estructuras y sus afiliadas(os), en defensa de la educación pública del pueblo costarricense. Para ello reafirmamos su destacada labor en protección del financiamiento de la educación nacional de conformidad con el mandato y lo estipulado por la Constitución Política del 8% del PIB.

El artículo de la Constitución Política de Costa Rica que estipula el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación pública; es el Artículo 78. Este artículo establece que el gasto público en educación estatal, incluida la superior, no puede ser inferior al 8% anual del PIB. Esta reforma se consolidó en 2011, aumentando el porcentaje que antes era del 6%.

La Educación Pública de calidad dignifica a los pueblos y consolida la democracia. Sin educación no hay democracia. La educación no es un gasto, es una inversión para darle sostenibilidad al Estado Nacional.

Con muestras profundas de respeto y solidaridad,

Ana Cecilia Jiménez Arce
Presidenta – ACODEHU

Voces de mujeres haitianas que resisten

UNIR-Haití lanza la campaña “6 días con Haití” y la segunda temporada del podcast Fanm nan batay la

La Universidad Itinerante de la Resistencia de Haití (UNIR-Haití) lanzó la campaña “6 días con Haití”, una invitación internacional a escuchar, compartir y acercarse a la realidad haitiana desde las voces de sus mujeres, en medio de una crisis marcada por el aumento de la violencia, la inestabilidad y la migración.

La iniciativa acompaña la presentación de la segunda temporada del podcast Fanm nan batay la: Mujeres en lucha y en resistencia, una serie de seis episodios realizados en Puerto Príncipe “en medio de muchas dificultades”, según expresan sus creadoras. La producción, que combina narrativas íntimas, testimonios comunitarios y análisis cultural y social, es una apuesta por mantener viva la mirada haitiana desde dentro, lejos de los estigmas y de las imágenes reducidas a la violencia.

El material llega en un momento crucial para Haití, cuando múltiples sectores sociales —especialmente mujeres, jóvenes y comunidades locales— continúan sosteniendo formas de organización, resistencia y creatividad frente al deterioro de las condiciones de vida. La campaña busca amplificar esas voces y sumar apoyos de organizaciones, personas y medios aliados.

Los materiales fueron compartidos con SURCOS por Rafael Salgado, de ITECO.


Los seis episodios del podcast “Fanm nan batay la”

Cada día de la campaña se destaca uno de los episodios. A continuación, la descripción y enlace de cada uno:

1. La voz joven que acompaña y resiste – Naïma Andris

¿Qué mueve a una joven feminista haitiana a sostener la esperanza en medio de la crisis?
Naïma Andris comparte su trabajo acompañando a mujeres sobrevivientes de violencia y reflexiona sobre el papel de la juventud haitiana organizada.
https://youtu.be/mQRcA3ICJ2U?si=XAyoCqQnlH9A8h4A


2. El tambor como latido colectivo – Wisancha

Mientras la violencia intenta silenciar al país, Wisancha reivindica el tambor como memoria viva, fuerza espiritual y resistencia.
https://youtu.be/OQqOWxRj2ho?si=8f-my4IwP29DBB65


3. Investigar desde Haití – Roseverlande

Roseverlande comparte su investigación sobre el aborto voluntario en el vodou, y reflexiona sobre la importancia de producir conocimiento desde Haití y para Haití.
https://youtu.be/6jBavnCTFGo?si=LPZgSlxBlBbPtQ4y


4. Vodou jazz y voz feminista – Vanessa Jeudi

Cantante, compositora y militante feminista, Vanessa Jeudi explica qué es el vodou jazz, cómo se vive y por qué es una expresión contestataria, espiritual y profundamente haitiana.
https://youtu.be/SCMQ1q1g-Kg?si=4gl4uKrRk8H3y8_q


5. La vida cotidiana que sostiene al país – Patricia Jean

¿Cómo se gestiona el agua, los residuos o la esperanza en un país golpeado?
Patricia Jean muestra una Haití cotidiana y valiente, sostenida por quienes deciden quedarse y cuidar.
https://youtu.be/sysOhH0WjyY?si=x0msApmJUf3crjRD


6. Preguntas esenciales sobre Haití – conversaciones desde adentro

Dos mujeres haitianas responden preguntas frecuentes sobre el idioma, el territorio, la cultura, el vodou, la situación actual y sus sueños.
Un episodio íntimo, lleno de orgullo y humor.
https://youtu.be/x0msApmJUf3crjRD


Invitación pública

UNIR-Haití y las productoras solicitan apoyo compartiendo los episodios durante los seis días de campaña para amplificar estas voces y construir un relato alternativo y necesario sobre Haití: un país vivo, que lucha, crea, enseña y sueña.

Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Chile: “Un país que no hace su trabajo frente a las violaciones de derechos humanos está condenado a repetirlas”

Por Félix Madariaga Leiva
Periodista

A más de cinco años del estallido social y en un escenario global marcado por guerras, retrocesos democráticos y tensiones geopolíticas, la discusión sobre el rol de la justicia internacional es urgente. La Corte Penal Internacional (CPI), los cuestionamientos al sistema multilateral, la militarización de territorios y la deuda del Estado chileno con las víctimas son temas que han adquirido una relevancia crítica.

Para profundizar en ellos, conversamos con Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, abogado y reconocido especialista en derechos humanos, fue jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), asesor de organismos internacionales, académico y ha liderado investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos tanto en Chile como en América Latina. Su trayectoria lo posiciona como una de las voces más autorizadas para analizar la situación regional.

Desde Amnistía Internacional ¿cómo evalúan el rol de la Corte Penal Internacional frente a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en distintos países, incluido Chile tras el estallido social?

RB: La CPI, que se adoptó por el Tratado de Roma de 1998, ha significado un avance importante en nuestra historia, porque concebir que hay crímenes contra la humanidad —de lesa humanidad— para los cuales existe un tribunal internacional, significa que ya no solo es importante la jurisdicción de los países, sino que también existe un tribunal internacional. En Chile costó que se aceptara el Tratado y que Chile pasara a ser parte; hubo varios cuestionamientos en su momento, pero finalmente se logró.

Esta Corte ha logrado condenas importantes en varios casos en los últimos 20 años; sin embargo, estamos en un momento difícil. Planteaste varias situaciones: lo que ocurre en Ucrania, el genocidio en Gaza, y hay otras donde probablemente hay muchas dificultades para que los tribunales internacionales hagan bien su trabajo. Estamos en un momento de mayor cuestionamiento y fragilidad al sistema internacional que se creó post Segunda Guerra Mundial. Hay falta de financiamiento de Estados Unidos, pero también múltiples cuestionamientos a la organización de Naciones Unidas por parte de muchos de los países que entregan recursos a este organismo multilateral, y ha habido muchos ataques a la Corte Internacional, especialmente por el trabajo realizado por el genocidio en Gaza.

Si bien, a nuestro juicio, debiera avanzar más rápidamente la investigación —particularmente en relación al genocidio en Gaza—, creemos que, en este contexto, lejos de debilitar a los organismos multilaterales, es valorable que la Corte Penal Internacional haya dictado órdenes de arresto en contra de Benjamín Netanyahu y otros ministros de Israel, y que la Corte Internacional de Justicia también haya declarado que la ocupación que lleva hace décadas el Estado de Israel es ilegal y tiene que terminar. Los tribunales internacionales están haciendo su trabajo, no obstante, haya mucha resistencia de varios Estados y, sobre todo, de algunas potencias mundiales.

En el caso de Chile, durante el estallido social, diría que el caso no ha llegado todavía del todo a la CPI porque los tribunales chilenos se encuentran investigando más de 1.000 causas, y además, hay una causa por la responsabilidad de los altos mandos y otra por crímenes de lesa humanidad que todavía están vigentes. Los tribunales internacionales entran a juzgar subsidiariamente cuando los internos, los nacionales, no han hecho su trabajo, y en este caso todavía esas investigaciones están en curso.

Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma, pero suele intervenir en América Latina en nombre de los derechos humanos. ¿Cómo se entiende esa contradicción y qué efectos tiene en la credibilidad de la justicia internacional?

RB: Estados Unidos no solo no ha suscrito el Tratado de Roma que establece la CPI; sino que también la administración Trump estableció sanciones contra funcionarios de la Corte. Estados Unidos tiene un historial donde hay muchos tratados de Naciones Unidas que no ha suscrito y de los que no es parte.

Si bien la administración Trump ha sido especialmente cuestionadora del sistema internacional, esto es parte de la trayectoria histórica de ese Estado: no ser parte de muchos tratados de derechos humanos y no comprometerse con el sistema multilateral, cuando los derechos humanos requieren compromiso de todos los países. Después, efectivamente, tiene este discurso de intervenir en otros países —a veces militarmente— para “defender” los derechos humanos. Pero sin lugar a dudas es un doble estándar enorme, porque es un Estado que, en general, no ha protegido los derechos humanos y ha sido renuente a ser parte del sistema internacional en la materia.

El Reino Unido ha retomado los ejercicios militares en las Islas Malvinas, mientras en Chile se mantiene la militarización en la Araucanía. ¿Qué lectura hace Amnistía sobre el uso del poder militar en contextos sociales o territoriales?

RB: Es muy preocupante y grave la forma en que ha avanzado la militarización en Chile y en otros países. Has hablado de estos ejercicios por parte de Inglaterra, pero más allá de eso, en México llevamos muchos años con una militarización muy importante. Acabamos de ver un operativo donde intervinieron militares en Río de Janeiro, donde murieron más de 100 personas, en un operativo – se supone – por razones de seguridad.

En ese contexto, desde Amnistía siempre hemos sido claros: la militarización no puede ser la solución para temas de seguridad. Finalmente, siempre acarrea restricciones de libertad y no se pueden abordar los problemas de seguridad de fondo, lo que muchas veces implica, además, desvirtuar las funciones de las Fuerzas Armadas, relegando a las policías a no poder cumplir su rol como corresponde en una sociedad democrática con Estado de derecho.

Es preocupante que Chile lleve tantos años con un estado de excepción que, por definición, es transitorio, es excepcional. En cambio, desde el inicio de este gobierno tenemos un estado de excepción permanente en la denominada zona macro-sur, o en las regiones donde está presente mayoritariamente el pueblo mapuche. Eso es absolutamente contrario a los estándares internacionales: los estados de excepción deben ser transitorios. Lo más preocupante es que no se visualiza un cambio en esa política a corto plazo.

EI: A más de cinco años del estallido social, muchas víctimas siguen esperando justicia. ¿Existe una impunidad estructural en Chile frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado?

RB: Después de la dictadura cívico-militar y la impunidad que vivimos durante décadas, en cuanto a las atrocidades que se cometieron por parte del régimen de Pinochet —y el rol que tuvo el Poder Judicial, en algunos casos mirando hacia el lado y en otros derechamente siendo cómplice—, lo que se esperaba para 2019 y 2020, con la crisis de derechos humanos más importante desde el retorno a la democracia, era que el Estado de Chile, la Fiscalía y los tribunales hicieran su trabajo de acuerdo con las obligaciones que tiene el Estado.

Sin embargo, las investigaciones tuvieron muchas demoras y deficiencias; los tribunales también tuvieron problemas, sobre todo al tipificar adecuadamente el delito de tortura. Ha habido una impunidad bastante generalizada, si bien hay más de 70 sentencias condenatorias. Por otra parte, no ha habido una política pública de reparación integral para las víctimas del estallido, ni garantías de no repetición, que son claves y estructurales. Por ejemplo, la reforma a Carabineros, planteada por Amnistía Internacional y otros organismos internacionales —y que estaba en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric— no se ha concretado.

Por lo tanto, cuando revisamos nuestra historia, todas las deudas que quedan desde la dictadura, y todas las deudas pendientes respecto del estallido social, es complejo mirar al futuro y pensar que no vamos a tener de nuevo una crisis de derechos humanos. Un país que no hace la pega cuando se violan los derechos humanos es un país mucho más propenso a repetir el mismo patrón de acciones y violaciones.

Casos como el de Julia Chuñil reflejan la falta de reparación integral. ¿Qué medidas urgentes debería adoptar el Estado para garantizar verdad, justicia y reparación efectiva a las víctimas?

RB: Insisto, el Estado ha logrado varios avances en materia de derechos humanos en los últimos 20 años, pero sigue teniendo deudas cuando se trata de agentes del Estado. Por otra parte, si bien este gobierno dio un paso importante al firmar, aprobar y ratificar el Acuerdo de Escazú —que implica protección para defensores y defensoras de derechos humanos—, falta trabajo por hacer, porque no se ha aprobado la ley que se discute en el Congreso para la protección de estas personas.

Somos el continente donde más peligros enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos, en países como Colombia, México y Brasil. En ese contexto, lo que sucede con Julia Chuñil —que lleva más de un año desaparecida, con una investigación de Fiscalía que ha tenido dificultades y no ha logrado esclarecer su paradero ni las circunstancias de su desaparición— es sin lugar a dudas preocupante.

Aunque no estamos en la misma situación que otros países en cuanto al nivel de ataques y muertes, sí ha habido amenazas y agresiones. Por eso, es importante que el Estado adopte medidas legislativas y judiciales para resguardar a las personas defensoras de derechos humanos.

Estamos en periodo de las elecciones presidenciales. Un candidato afirmó que indultaría a criminales de lesa humanidad y a carabineros condenados por violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es la postura de Amnistía frente a estas declaraciones?

RB: Nuestra posición es que es inaceptable que Johannes Kaiser haya señalado que liberaría a criminales de lesa humanidad como Krasnoff Marchenko y otros, que cometieron las peores atrocidades en la historia de Chile. Con ese tipo de afirmaciones se genera revictimización de las víctimas y sus familiares. Está absolutamente alejado del marco de derechos humanos del cual Chile es parte y, además, parece un retroceso a tiempos oscuros, cuando se hablaba de supuestos detenidos desaparecidos y se justificaban las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura.

Johannes Kaiser no solo ha planteado la liberación de quienes cometieron estas atrocidades, sino que también ha mentido derechamente sobre los supuestos restos que estarían en el Servicio Médico Legal, tal como decía Manuel Contreras, director de la DINA, uno de los militares más sanguinarios de América Latina. Kaiser está tomando la posta para mantener esa mentira, esa fake news sobre dónde estarían los restos de las personas detenidas desaparecidas.

Son afirmaciones graves e inaceptables. Desde Amnistía Internacional haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que ningún gobierno avance en medidas de este tipo.

Respecto del estallido social, también es inaceptable que Kaiser se haya subido al escenario junto a quien está imputado por dejar ciego a Gustavo Gatica, y diga que los va a liberar a todos. Yo le pregunto a Kaiser si también liberaría, por ejemplo, a los carabineros condenados por violencia sexual. Hay al menos cuatro sentencias por violencia sexual durante el estallido social, casos investigados por Fiscalía y resueltos por tribunales chilenos. Personas en comisarías, sin resguardo alguno, fueron víctimas de desnudamiento y violencia sexual.

¿Eso también es parte de lo que quiere Johannes Kaiser? ¿Ese es el tipo de sociedad que queremos construir, donde sea posible cualquier tipo de vejación y que esas vejaciones queden en la impunidad? Desde Amnistía Internacional decimos que no, y que nos vamos a oponer ahora y siempre a cualquier tipo de medida de ese tipo.

La conversación con Rodrigo Bustos deja en evidencia que Chile y la región atraviesan un momento crítico: crisis de legitimidad internacional, militarización creciente, impunidad persistente y discursos que buscan reinstalar viejos negacionismos. Frente a ello, Amnistía Internacional sostiene una posición clara: sin verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, la democracia se debilita y deja espacio para que esas violaciones se puedan repetir.

La defensa de los derechos humanos no es un tema del pasado, sino una tarea urgente en un país que aún no sana sus heridas.

Declaración de la Alianza Global CONVIDA20 ante la COP30

Por una política global al servicio de la vida; la justicia climática; la paz; la pluriculturalidad originaria y afro; la equidad de género; el derecho a migrar y ser protegido y una tecnología al servicio de los pueblos

Resumen

Hoy, más que nunca, nos debatimos entre dos polos: el de la vida y el de la muerte. Quienes creemos en el derecho a existir denunciamos que ese derecho está siendo violado por los poderosos de cada país, que destruyen la casa común, militarizan el planeta y mercantilizan la tecnología.

Nos resistimos al negacionismo climático, al extractivismo voraz, a la violencia patriarcal y al uso de la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta de control, guerra y exclusión.

Desde nuestras siete comisiones de CONVIDA20:

Tecnología de la información / Techo, Tierra, Trabajo y Trascendencia / Paz, No Violencia y Anti-militarización / Pueblos Originarios y Afrodescendientes / Equidad de Género / Crisis Climática / Crisis Migratoria, elevamos esta declaración ante la COP30 en Belém Do Pará, Brasil.

Lo hacemos desde los pueblos de América Latina y el Caribe, desde las comunidades campesinas, rivereñas, indígenas, afrodescendientes, urbanas y populares, desde las espiritualidades vivas que resisten y sueñan.

Esta declaración también recoge el eco de la peregrinación continental de la copresidenta de SICSAL-Mons. Oscar Arnulfo Romero e integrante de nuestra coordinación, Emilie Teresa Smith, quien, desde Vancouver, Canadá, ha recorrido el continente escuchando, conviviendo y recogiendo testimonios de mujeres y hombres defensoras y defensores de los territorios, que enfrentan múltiples violencias, especialmente la institucional, el saqueo de los bienes comunes y la destrucción ambiental con coraje, poesía y organización. Su caminar ha sido un acto de escucha radical, de acompañamiento espiritual y de denuncia profética.

La Inteligencia Artificial, la guerra, el extractivismo, la migración forzada y la crisis climática no son fenómenos aislados: son expresiones de un mismo modelo que pone el lucro, la codicia, por encima de la vida. Frente a ese modelo, proponemos otro horizonte: una humanidad reconciliada con la tierra, con el trabajo digno, con la hospitalidad y la justicia.

No venimos a pedir permiso. Venimos a anunciar que otro mundo está en marcha.

Que los pueblos que migran, las mujeres que cuidan, las juventudes que sueñan y los pueblos originarios y afrodescendientes que resisten ya están construyendo alternativas.

La Alianza Global CONVIDA20 reafirma su compromiso indeclinable con la defensa de la vida en todas sus formas, con la justicia climática, la dignidad de las personas migrantes y refugiadas, las mayorías empobrecidas, la equidad de género, la paz y la espiritualidad encarnada en los pueblos.

Reafirmamos que no habrá justicia ambiental sin justicia social, ni justicia social sin acogida y reconocimiento del otro y la otra. Nos convocamos a seguir tejiendo redes de solidaridad continental, a cuidar los territorios y los cuerpos amenazados, a acompañar a quienes migran por hambre, guerra o sequía, y a construir, desde la ternura de los pueblos y la resistencia, un futuro donde ninguna persona sea descartada ni expulsada de la casa común. Nuestra esperanza es activa, nuestra fe se hace acción y nuestro horizonte es la vida plena para todos los pueblos y todas las criaturas de la tierra.

Vemos, juzgamos y actuamos

Porque no estamos ante una simple coyuntura técnica ni una crisis pasajera.

Estamos frente a una encrucijada histórica que interpela nuestra conciencia, nuestra espiritualidad y nuestra acción política.

Este método —nacido en la juventud obrera católica de Bélgica y asumido por las luchas populares, la teología de la liberación, la pedagogía crítica y los movimientos sociales latinoamericanos— nos permite mirar la realidad con ojos abiertos, corazón sensible y voluntad transformadora.

Ver es dejarse afectar por lo que ocurre: reconocer las heridas del planeta, los rostros de los excluidos, los mecanismos de poder que destruyen la vida.

Juzgar es discernir desde una ética de la vida, confrontando los hechos con los principios de justicia, dignidad, solidaridad y cuidado.

Actuar es comprometerse, construir alternativas y transformar estructuras.

Vemos que:

La crisis climática no solo destruye ecosistemas: también expulsa pueblos enteros de sus territorios, provocando que millones de personas abandonen sus hogares por sequías, inundaciones o aumento del nivel del mar. Se prevé que en 2050 sean más de 250 millones las personas refugiadas climáticas que se verán forzadas a dejar sus hogares por los efectos del calentamiento global: sequías prolongadas, desertificación, pérdida de cultivos, tormentas extremas, saqueo y expoliación de tierras cultivables.

Aunque el término “refugiado” sugiere protección internacional, no existe aún reconocimiento legal bajo la Convención de Ginebra de 1951. Por eso, quienes huyen del colapso ambiental son personas invisibilizadas, criminalizadas o reducidas a cifras, sin protección jurídica ni humanitaria efectiva.

En Europa y en las fronteras de Estados Unidos, la llegada de personas afectadas por crisis ambientales crece cada día más. Proceden de África, de Oriente Medio, de Asia meridional y de América Latina, y el Caribe donde los impactos del cambio climático agravan la pobreza, los conflictos y la inseguridad alimentaria.

El Mediterráneo se ha convertido en una fosa común, y los muros, centros de detención y políticas xenófobas son el rostro más cruel de una civilización que ha perdido su humanidad.

Las guerras, además, contaminan el aire, la tierra y el agua, obligando a poblaciones enteras a migrar incluso después de los conflictos. La migración forzada es hoy el rostro humano del colapso climático y la expresión más extrema de la injusticia ambiental global.

La militarización global representa entre el 5 y el 6% de las emisiones de carbono. Los países que fabrican y exportan armas concentran el 82% del gasto militar mundial y el 67,1% de las emisiones de CO₂. La guerra contamina, deforesta, desplaza y destruye ecosistemas.

Los países del sur global arrastran deudas externas impuestas por organismos financieros internacionales que condicionan sus economías y limitan su desarrollo. Mientras destinan enormes recursos al pago de intereses, millones de personas carecen de salud, educación, tierra, trabajo y techo digno.

La transición energética, basada en el litio y otros minerales raros, está afectando directamente a comunidades que habitan los territorios. En Ecuador, el pueblo Kichwa ha sufrido represión, invasión de tierras y asesinatos por resistir al extractivismo. En México, Guatemala, Colombia y Honduras, mujeres defensoras enfrentan amenazas constantes por proteger el agua, los bosques y la biodiversidad.

Las mujeres —especialmente indígenas, afrodescendientes y campesinas— enfrentan violencias múltiples: patriarcales, extractivistas, racistas. Son ellas quienes sostienen la vida, defienden los territorios, custodian las semillas, y, sin embargo, siguen siendo invisibilizadas, criminalizadas y asesinadas. Su trabajo cotidiano, muchas veces invisible, es esencial para el sostenimiento de la vida y la resistencia comunitaria.

La lucha feminista en este contexto debe ser transversal a la COP30, mirando la realidad desde la desigualdad estructural que viven las mujeres. Esta mirada no es un añadido: es una clave para desmontar las violencias y construir justicia ambiental, social y tecnológica.

La IA ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una fuerza que transforma radicalmente la economía, la política, la naturaleza y la guerra. Su uso masivo genera impactos ecológicos alarmantes: consumo energético desmedido, uso intensivo de agua y minerales críticos, expansión de la huella ecológica de las grandes empresas tecnológicas y atenta contra el pensamiento crítico y la construcción de conocimiento.

Juzgamos que:

La crisis climática es también una crisis ética y espiritual: sin sentido, sin comunidad y sin trascendencia, no hay futuro sostenible. La espiritualidad es el alma de la ecología integral.

Del mismo modo, la crisis migratoria es un espejo moral del mundo. Negar el reconocimiento a las personas desplazadas por causas ambientales es perpetuar un modelo de muerte. Reconocerlas y protegerlas es un deber moral y político. La indiferencia de los estados y las corporaciones, ante el sufrimiento de millones de personas migrantes y refugiadas climáticas constituye una violación estructural de los derechos humanos.

Denunciamos las políticas racistas, xenófobas, aporofóbicas y patriarcales del Norte Global, que levantan muros mientras destruyen ecosistemas ajenos. Denunciamos también la corrupción de muchos gobiernos del Sur, que anteponen el lucro al bienestar de sus pueblos, permitiendo el saqueo extractivista de sus tierras.

Como han afirmado los Papas Francisco y León XIV los cuatro verbos que deben guiar toda política migratoria: acoger, proteger, promover e integrar. Estos principios son también una brújula para la justicia climática.

Acoger a las personas desplazadas es reconocer la interdependencia de la vida; protegerlas es garantizar sus derechos; promoverlas es acompañar su desarrollo humano integral; integrarlas es crear sociedades interculturales y solidarias.

La migración no es un problema: es una consecuencia de las injusticias globales y una oportunidad para reconfigurar el pacto humano desde la fraternidad universal.

Los pueblos originarios y afrodescendientes no son víctimas pasivas: son portadores de soluciones vivas, saberes milenarios y alternativas concretas. Ante cualquier proyecto gubernamental que tenga que ver con la madre naturaleza la consulta a los pueblos es prioritaria y obligatoria.

Las deudas externas y ecológicas son injustas y contrarias al bien común. Las deudas, muchas veces ilegítimas o heredadas de dictaduras, perpetúan la dependencia y el control de los poderosos sobre los pueblos. No se puede exigir a las naciones pobres pagar con el hambre de su gente lo que fue impuesto bajo mecanismos de dominación económica.ç

La IA no es neutral: su desarrollo está guiado por intereses corporativos y militares.

La militarización no garantiza seguridad: la verdadera seguridad es humana y comunitaria: Implica salud, educación, vivienda, trabajo digno y paz.

Actuamos así:

  • Reclamamos una transición ecológica justa, que respete los territorios y los derechos de los pueblos originarios, afrodescendientes y migrantes.

  • Nos sumamos a las acciones por la suscripción del protocolo de no proliferación de combustibles fósiles; también a la exigencia de canje de deuda por acción climática; presión por el aumento del fondo de los países ricos, que sea justo, equitativo y ético, para la mitigación de las pérdidas y daños causados por la crisis climática. De igual manera, cualquier acción de transición energética, ecológica, integral y justa, respetando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos lo que requiere inclusión de garantías a los derechos humanos en las acciones que surjan de la COP30 de Belem do Pará, en Brasil.

  • Apoyamos la exigencia de auditorías éticas y transparentes de las deudas, promovemos sus condonaciones cuando sean ilegítimas y trabajamos por un nuevo orden financiero internacional basado en la justicia, la solidaridad y la soberanía de los pueblos. Sólo así las economías podrán liberarse de las cadenas que impiden su desarrollo humano integral.

  • Exigimos la reconstrucción ética de las políticas migratorias globales, con base en el respeto a la dignidad humana y en la responsabilidad compartida ante el cambio climático. Así mismo, promovemos la adopción de marcos jurídicos internacionales que reconozcan el status de “refugiado climático”.

  • Exigimos que ningún ser humano sea considerado ilegal y que se garantice el acceso universal a educación, salud y seguridad social para todas las personas migrantes. También denunciamos la criminalización de quienes acompañan o defienden los derechos de las personas migrantes, los crímenes de los defensores ambientales y exigimos justicia por los asesinatos, desapariciones y estigmatizaciones.

  • Apoyamos las redes de solidaridad que, en Europa, América, África, Asia-Pacífico practican los principios de acoger, proteger, promover e integrar, resistiendo a la ultraderecha.

  • Reclamamos presupuestos públicos para el cuidado comunitario de bosques, ríos, semillas y saberes; para la acogida de personas desplazadas y para políticas de integración que fortalezcan la convivencia intercultural.

  • Reconocemos y celebramos las identidades, las diversidades sociales y étnicas porque en su expresión se refleja la dignidad y la riqueza de lo humano.

  • Denunciamos el patriarcado digital que se disfraza de modernidad mientras reproduce las viejas jerarquías del poder: algoritmos que invisibilizan a las mujeres, redes que premian la violencia simbólica y plataformas que lucran con la exposición del cuerpo femenino. Detrás de cada “like” o comentario misógino hay un sistema que perpetúa la desigualdad en el espacio virtual.

  • Proponemos como alternativa construir una cultura digital feminista, donde la tecnología sea herramienta de emancipación y no de control. Un internet diverso, ético y comunitario, que promueva la voz de quienes fueron silenciadas, y que use la inteligencia colectiva para tejer redes de cuidado, educación y justicia.

  • Exigimos protección integral para las defensoras de la vida —mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas y migrantes— que enfrentan amenazas y violencia.

  • Apoyamos la regulación y el control democrático de la IA al servicio del bien común y exigimos políticas públicas de alfabetización tecno-política y rechazamos el uso de la IA con fines geopolíticos y militares, de vigilancia o manipulación.

  • Apoyamos la Campaña Global contra el Gasto Militar, y nos pronunciamos contra las bases militares de EE. UU. y la OTAN en nuestro continente que han ocupado, invadido, y dominado nuestros territorios ricos en bienes naturales y biodiversidad. Igualmente, nos hemos pronunciado contra el entrenamiento y ejercicios militares orientados a prepararse para la guerra y que se realizan cada año generando, al mismo tiempo, contaminación y daño ambiental.

Escuchen el clamor de la tierra.

Escuchen el clamor de los pueblos desplazados.

Escuchen el clamor de las mujeres migrantes que defienden sus cuerpos y territorios.

Porque la vida no se negocia.

Porque la justicia no se posterga.

Porque la paz no se militariza.

Porque la tierra no se vende.

Porque el futuro se construye hoy.

Alianza global CONVIDA20 está integrada por organizaciones y personas de América Latina, El Caribe, Canadá, Estados Unidos, Europa y Asía Pacífico

Anexos

DECLARACION DE LA ALIANZA GLOBAL CONVIDA20 ANTE LA COP30 2025.pdf
DECLARAÇÃO DA ALIANÇA GLOBAL CONVIDA20 DIANTE DA COP30 2025.pdf
DÉCLARATION DE L’ALLIANCE MONDIALE CONVIDA20 DEVANT LA COP30 2025.pdf
https://sicsal.net/convida20/es/node/95