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Etiqueta: derechos humanos

Les gusta Bad Bunny

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Y se entusiasman con Dua Lipa, pero también con Malpaís, Taylor Swift, Drake, Olivia, Eminem, Maluma, E-hoy, Clean Girl, y más. Siguen el fútbol y se ilusionan (o desilusionan) con la Sele, con el Barcelona, con el Real Madrid, con Messi y con Keylor. Son una generación que nació y se desarrolla en un país donde, para un buen número, el «pura vida» ha sido una marca. Donde los sicarios solo estaban en canciones de Rubén Blades y el narcotráfico letal era solo una noticia originada en Colombia. Donde nunca había que pensarlo dos veces para salir a cualquier hora de la noche o el día, y donde no existe temor de ser vapuleado por un militar con cara de asesino.

Con el respeto ganado, me dirijo a los que fueron mis estudiantes y también estudiantes de tantos miles de docentes de escuelas, colegios y universidades, que han constituido un sistema educativo mayormente gratuito, que valora la libertad y las iniciativas individuales, que sustenta, en fin, una juventud para la cual la cultura está a la mano, y, algunos dirán, en el infaltable celular. A esa juventud que no concibe lo que es prestar un «servicio militar» para un ejército depravado. Que sabe que en su tierra existe un sistema de garantías constitucionales, que respeta sus derechos humanos, su libertad de movimiento y de reunión, su libre expresión, su derecho a servicios de salud, a la educación, a la justicia, a elegir y ser electo, su privilegio a respirar libertad.

Ustedes, muchachas y muchachos, que casi nunca han tenido que salir de su juvenil burbuja para enfrentar especiales retos democráticos, por sentir que su independencia personal no está en peligro, les tengo una oportuna advertencia. Porque este profesor amigo conoció lo que era vivir bajo una dictadura como la de Pinochet en Chile, no puedo dejar de pasar por alto, evidentes amenazas que se han anunciado para esta adorada Costa Rica. Les cuento que para un tico es muy difícil describir cuánto se degradan emocionalmente las personas sometidas por un gobierno que, sin ton ni son, se le ocurre derogar, por el tiempo que sea, las sagradas garantías individuales. Y es que, si las normas constitucionales fuesen las responsables del deficiente manejo de la seguridad ciudadana, ¡y no las deplorables condiciones sociales que sufren los que han sido lanzados al barril de la miseria extrema!, la candidata presidencial del oficialismo, propone repetir en nuestra Patria, los abusos perpetrados por los dictadores en Chile, Nicaragua y El Salvador. Regímenes que secuestran de sus íntimas viviendas a «presuntos delincuentes», sin órdenes judiciales pertinentes, y sin dejar rastros formales de sus acciones, ni de los desenlaces de sus violaciones. Para ellos, el “toque de queda”, sinónimo de “suspensión de garantías” es representativo de una nueva legalidad, la legalidad de los sátrapas.

Por eso le hablo a usted joven que valora su libertad, sus derechos, su independencia, ¡su vida!, y lo invito a que piense un instante en las consecuencias de esa propuesta arbitraria, nacida en el seno de los que aspiran perpetuarse en el poder para cambiar profundamente la nación que parecen querer destruir.

Cuando se suspenden las garantías constitucionales “por regiones”, como propone Laura Fernández, Nogui Acosta, y otros, específicamente en comunidades miserables de Limón, Puntarenas y el valle central, inevitablemente «pagarían justos por pecadores», pues la «ley de la selva» se aplica a diestra y siniestra, con el pretexto perverso de apresar “a delincuentes”, que por supuesto, no han sido juzgados.

Pienso que quizá otros temas de la campaña electoral no puedan competir con Bad Bunny o Maluma, pues por ahí andan sus gustos, pero jóvenes costarricenses, este asunto si debería merecer de parte de ustedes, momentos de reflexión, pues se estaría dando un paso muy peligroso hacia una Costa Rica mucho menos democrática, y de paso, más violenta.

Por fortuna, su voto es decisivo para evitar que algo semejante pudiese suceder.

La locura del continuismo (hacia la demencia nacionalsocialista)

Guillermo Murillo Castillo
Abogado

En la presente campaña, ha surgido una enorme disputa entre quienes defienden el Estado Social de Derecho instaurado en Costa Rica y quienes defienden un estilo autoritario de poder sustentado en la figura del actual presidente de la república, al cual, se pretende bajo la figura del mal llamado “continuismo” centralizar ese poder destruyendo el Estado que conocemos.

La campaña política que ha polarizado al país como nunca en la historia reciente, se ha sustentado por la violencia del discurso del actual gobierno, continuado en el proceso electoral por quienes pretenden imponer este estilo autocrático como “solución” a los problemas del país. Esto lo hacen a través de campañas de miedo y amenaza a quienes les adversan, quienes automáticamente si intentan debatir o criticar su estilo de hacer política se transforman en “los malos”, “los corruptos”. Esto porque para los seguidores del estilo violento y fascista adoptado por el presidente actual, se consideran a sí mismos “los buenos” los elegidos” y se sienten superiores a cualquier persona solo por el hecho de “pertenecer a este grupo que sigue a un “líder” que lo único que hace es atacar con insultos sin resolver los problemas de fondo.

El nacionalsocialismo, mejor conocido como “régimen nazi”, representó la aspiración de un grupo político que busca en sí la concentración del poder en una figura, que exalte los valores nacionales de una forma racista y que considere enemigo a quienes se lo opongan. Se sustenta en el odio hacia el otro, en la Alemania Nazi todo el que no era de “sangre pura” (arios) alemana no merecía derechos, llegando incluso a considerarlos como “no humanos”, bajo este régimen sufrieron los judíos, los comunistas, los testigos de jehová, los sindicalistas, los gitanos entre otros grupos, además de los propios alemanes que se atrevían a criticar este estilo político.

Los llamados del partido “Pueblo Soberano”, se sustentan en contenidos como el obtener “40 diputados” con el fin de cambiar el orden constitucional e institucional de Costa Rica y concentrar el poder en un “líder supremo” al cual nadie debe cuestionar y el cual puede determinar qué hacer y qué no hacer en el país, bajo una perspectiva de estado policiaco que maneje a su interpretación el derecho penal (y otros derechos).

Aunado a esto repiten y repiten el tema de la “inseguridad” y como una solución, la construcción de una “mega cárcel”, el eliminar facultades al Poder Judicial e imponer desde casa presidencial que se hace y que no, eliminar controles y rendición de cuentas al líder supremo y su grupo (ya lo intentaron hacer con el pago de una póliza con dineros del estado), además del dominio absoluto de entidades autónomas, incluidas las universidades públicas (control den pensamiento mediático y crítico), control electoral, control de los medios de comunicación y vigilancia a la ciudadanía para que no se salgan del guion impuesto.

Muy similar al estilo de la Alemania nazi, el partido Pueblo Soberano y otros partidos satélites como “Unidos Podemos” representado por Natalia Díaz, tratan de llevarnos a la locura del pensamiento y aplicación del nacionalsocialismo, a través de la discriminación, el racismo, el miedo y la violencia contra sus opositores.

Visto lo que sucede, se trae a colación, lo que nos fue advertido por el Doctor en Derecho Javier Llobet Rodríguez en su libro “Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945)”, del cual se busca ilustrar el camino que lleva Costa Rica de no detenerse en las urnas el 1 de febrero de 2026, valorando algunas similitudes.

El camino por el cual se abrió paso el nacismo en Alemania viene orquestado por la crisis económica y social, inflación, altas tasas de desempleo y escaso apoyo a la democracia, antes de que el nacionalsocialismo llegase al poder había una tendencia al autoritarismo y a la dictadura. Se suma a esto el miedo que los sectores de la derecha alemana tenían del bolcheviquismo y de la toma del poder por los comunistas. (Llobet Rodríguez Javier, Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945), 2015, página 61).

Estos fenómenos sociales en la actualidad costarricense se asimilan al guion de la Alemania nazi, puesto en escena por el presidente Rodrigo Chaves Robles con el fin de transformarse en el único interlocutor y representante del descontento del pueblo, para levantar su imagen y la de su grupo, este en ningún momento se detuvo a solucionar los problemas sociales, políticos, jurídicos y económicos del país. Lo que sí ha hecho es buscar culpables, ponerle rostro de “enemigo” a cada problemática para aparentar ser “el único líder” capaz de combatir a estos “enemigos”. Luego vendió su idea repetida todos los días y allanó el camino para llevar a cabo su plan de extrema derecha, hoy bajo la bandera del partido “Pueblo Soberano”.

Desde ya, nos anuncian suspensión de garantías individuales, justificada en el “aumento de la criminalidad” (algo que ya viene en aumento galopante en la actual administración) y que el continuismo amenaza con “combatir” de esa forma. Además de criminalizar a cualquier persona o medio que se atreva a cuestionar sus “ideas”. En la Alemania Nazi, se dio una ordenanza que fue fundamental para la consolidación del proyecto político de Adolfo Hitler: la Ordenanza del Presidente del Reich para la protección del Pueblo y el Estado (aprobada el 27 de febrero de 1933), que limitó la libertad de prensa y la libertad de reunión con fines políticos (…) Con la ordenanza quedaron sin vigencia derechos como el de la inquebrantabilidad de la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de la correspondencia, correo, telégrafos y teléfonos, el derecho a la libertad de expresión del pensamiento y la garantía de la propiedad. (Llobet Rodríguez Javier, Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945), 2015, págs. 63-65).

La reforma pretendida al sistema penal costarricense, pondría a cualquier ciudadano bajo un régimen que, se sustentaría en una figura que decide quien es “bueno” y quien es “malo”, como ya se ha visto, despreciando el derecho como tal y dejando las decisiones en la figura de una persona y su grupo, quienes de acuerdo a lo que crean “impartirían justicia”, así fue en la Alemania nazi, así se plantea ahora, donde se engaña al pueblo llamándole “el soberano”, pero sus actuaciones y decisiones no son tomadas en cuenta, solamente deben acatar lo que se les dicte según quien gobierne, sin controles ni apelaciones a su dictado. Se decía que el Führer era el portador de la voluntad popular, siendo independiente de todos los grupos, asociaciones e intereses. Se afirmaba que no era un órgano estatal, sino era más bien el portador de la voluntad popular comunitaria, de modo que en su voluntad aparecía la voluntad del pueblo. Se indicaba que él hacía que simple sentimiento del pueblo se convirtiese en su voluntad consciente. Se señalaba que el Fürher unía en él mismo el poder del soberano del Reich, de modo que cualquier poder público en el Estado se deducía del poder del Fürher. Se decía que no era el Estado como unidad impersonal el portador del poder político, sino que lo era el Fürher como ejecutor de la voluntad comunitaria popular. Todo ello llevaba a que se sostuviera que el poder del Fürher no estaba sometido a garantías y controles, sino era independiente, exclusivo e ilimitado. Es importante anotar que esto estaba relacionado con la existencia del llamado mito de Hitler, que partía de una imagen heroica de éste y de la infalibilidad del mismo en la toma de decisiones, lo mismo de la consideración de que Hitler conducía a Alemania hacia una mayor prosperidad. (Llobet Rodríguez Javier, Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945), 2015, pág. 142).

Cuando en campaña se pide una mayoría legislativa (40 diputados) para “reformar el estado y concentrarlo en una persona con poder, se siente el eco de lo que hizo Adolfo Hitler, nos narra así el doctor Llobet: Luego del nombramiento de Hitler como Canciller, de común acuerdo con este, Paul von Hindenburg (presidente de Alemania) convocó a nuevas elecciones al Reichstag (cuerpo legislativo alemán), las que se llevaron a cabo el 5 de marzo de 1933, en un ambiente de terror desatado por los nacionalsocialistas en la calle… los nacionalsocialistas obtuvieron (…) 288 escaños, mientras que los nacionalistas, sus socios de coalición (…) 52 escaños. Con ello lograron en conjunto 340 escaños de un total de 647, obteniendo así una mayoría absoluta del Reichstag, pero no los votos necesarios para una mayoría calificada de dos tercios, necesaria para una Ley de autorización o de Plenos Poderes, como la que en definitiva llegó a ser aprobada por el Reichstag, bajo la presión de los nacionalsocialistas. (…) Aunque la constitución de Wimar nunca fue derogada expresamente, la ley dejó sin vigencia la misma, esto al indicarse que las leyes aprobadas por el gobierno podían separarse de lo establecido en la constitución del Reich. (Llobet Rodríguez Javier, Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945), 2015, págs. 68 y 69).

Visto lo anterior, la derecha extrema apela por tener mayoría absoluta en el congreso, lo cual es difícil para un solo partido, siendo que , tienen partidos que siguen esta línea y a los cuales necesita que la gente vote, con el fin de lograr sus objetivos de dominación, por lo cual no se debería votar por ellos, como es el caso de los partidos “Unidos Podemos”, “Nueva República”, “Avanza”, “Aquí Costa Rica Manda”, “Progreso Social Democrático” (partido que llevo a Rodrigo Chaves a la presidencia, el partido que debería hablar de continuismo, no uno nuevo como “Pueblo Soberano”), “Alianza Costa Rica Primero” y” Esperanza y Libertad”. Muy cercanas a estas posiciones se encuentra también la Unidad Social Cristiana. Cabe destacar que este proceso lo inició el Partido Acción Ciudadana, que además trajo al actual presidente de la República, quien ha continuado y profundizado la ruta que dejo este partido, hoy escondido tras la cortina llamada “Coalición Agenda Ciudadana”.

Con estos aspectos básicos compartimos parte de la conclusión del doctor Llobet en lo que al tema nos ocupa: “…El régimen no reconocía derechos fundamentales y desconocía no solamente el carácter de ciudadanos, sino incluso de personas, de sectores completos de la población (…). Esto llevó a un estado de deshumanización que implicó no solamente el trato degradante y la tortura de millones de personas, sino también su asesinato planificado conforme a métodos industriales. (…). … la voluntad del Fürher, que a través del principio del Fürher llevaba a la eliminación de la independencia judicial. La voluntad del Fürher se constituía en la fuente máxima del Derecho y la base de la arbitrariedad total en la Alemania nazi, ya que implicaba que la misma imperaba sobre el derecho que hubiera sido publicado formalmente. Esto significaba en definitiva la autorización de vías de hecho, sin base legal alguna… (Llobet Rodríguez Javier, Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945), 2015, págs. 581 y 582).

Las similitudes y los síntomas están en la Costa Rica actual, toca defender en las urnas la democracia, las libertades individuales y colectivas y el respeto por los derechos humanos, civiles, sociales y políticos de toda la ciudadanía costarricense a través del voto en las urnas por partidos contrarios al mal llamado “continuismo” y sus afines.

El futuro de la Patria está en nuestras manos. ¡Salgamos a votar por partidos que defienden el Estado Social de Derecho!

El mito de la reelección presidencial sucesiva

Rubén Hernández Valle

El artículo 132 inciso 1) de la Carta Política autoriza la reelección presidencial con un lapso de espera de 8 años entre uno y otro período. Para reformar este artículo y autorizar la reelección sucesiva se requiere de una reforma a esa norma constitucional.

Según el artículo 195 de la Constitución Política las reformas constitucionales requieren ser aprobadas, en dos legislaturas diferentes, por al menos una mayoría calificada de 38 votos en cada una de ellas.

Para obtener 38 diputados, es decir, dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa, se requeriría que el partido vencedor obtuviera al menos el 68% de los votos válidos, como lo demuestra la elección de 1953, en la cual de los 45 diputados que integraban por ese entonces la Asamblea, don José Figueres obtuvo 30. Es decir, exactamente dos tercios del total de miembros del órgano legislativo. El PLN obtuvo el 68% de los votos válidos en esos comicios electorales.

En el 2010, doña Laura Chinchilla, con el 42% de los votos válidos, obtuvo 24 diputados. Por tanto, si su tocaya obtuviere el mismo caudal de votos el l de febrero próximo que señalan las encuestas, obtendría como máximo 24 diputados, los cuales no serían suficientes ni siquiera para tener asegurado el Directorio Legislativo, mucho menos para aprobar reformas constitucionales en la Asamblea.

La reforma tampoco funcionaría por medio del referendo constitucional, pues el último párrafo del numeral 195 de la Constitución establece expresamente que “De conformidad con el artículo 105 de esta Constitución, las reformas constitucionales podrán someterse a referéndum después de ser aprobadas en una legislatura y antes de la siguiente, si así lo acuerdan las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa”.

Adicionalmente, una consulta de la CIDH emitida en el 2021 estableció, tajante y expresamente, que la reelección presidencial sucesiva es contraria al Pacto de San José, es decir, es inconvencional. Por tanto, si aún se aprobare la reforma del artículo 132 inciso a) de la Constitucional por dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa, tal reforma no podría entrar en vigor porque la jurisprudencia vinculante de la CIDH en nuestro ordenamiento, lo impediría.

La única salida sería denunciar la CADH, lo cual sería un precedente funesto en nuestra historia democrática, pues eso significaría que nos alejaríamos del respeto irrestricto a los Derechos Humanos. Sería abdicar de toda nuestra historia y creencias democráticas, profundamente arraigadas en el ser costarricense.

En conclusión, la reelección presidencial sucesiva no sólo no es posible políticamente, pues se requiere que un partido político obtenga al menos el 68% de los votos válidos en una elección para obtener los 38 escaños que se requieren para reformar el artículo 132 inciso 1) de la Constitución, y jurídicamente, porque tal reforma nunca entraría en vigor, pues ya la CIDH estableció que la reelección presidencial sucesiva es contraria a la CADH.

Comunidades de San Sebastián–Paso Ancho exigen que los EBAIS sean administrados por la CCSS

Comunicado

Desde hace 15 años las comunidades del distrito de San Sebastián-Paso Ancho, hemos venido luchando por la calidad y el mejoramiento de los servicios de salud del distrito, con el objetivo de que sean conducidos por la Caja Costarricense de Seguro Social y no por el sector privado.

En estos quince años, los EBAIS de San Sebastián-Paso Ancho fueron administrados por ASEMECO, quienes brindaron un servicio deficiente, tanto a nivel administrativo como en la atención directa a los usuarios; lesionando derechos humanos y fundamentales de la salud. Durante dicha administración hubo deficiencias en aspectos esenciales del servicio como: atención deshumanizada; mala asignación de citas; lentitud; larga espera y falta de medicamentos en el servicio de farmacia, entre otros.

Desde el primero de julio de 2025, cuando la CCSS asumió la administración de los EBAIS, se dieron mejoras sustanciales en dichos aspectos. Adicionalmente, mejorando en atención especializada, servicio de ambulancia, infraestructura, aumento de consultas médicas, compra de equipo tecnológico de última generación, eficiencia en los servicios de laboratorio, por mencionar algunos.

Ante esta realidad sociopolítica y económica, el Encuentro Ecuménico toma como iniciativa solidarizarse y conjuntar a los siguientes actores sociales en defensa de los derechos de los habitantes del distrito: Comunidad de Vecinos, Movimientos Comunitarios, Iglesias, Gobierno Local, Concejo Municipal, Concejo de Distrito, Juntas de Salud, EBAIS San Sebastián-Paso Ancho, Asociaciones de Desarrollo, Humanitas de Costa Rica-Hogar de la Esperanza, Buen Vivir Costa Rica, Actores Sociales Independientes, Partidos Políticos, Colegios Profesionales e Instituciones Estatales.

Desde el mes de noviembre de 2025 y hemos fiscalizado el servicio que se está brindando y, para ello nos reunido semanalmente y de momento consideramos que el servicio es adecuado y desempeño satisfactorio. De ahí es que hemos asumido responsablemente el reto de que los 11 EBAIS: 8 en San Sebastián y 3 en Colonia Kennedy, sigan ofreciendo el servicio de salud de atención primaria responsable y de calidad, en cumplimiento del deber del Estado de garantizar el acceso a la salud.

Por tanto, Encuentro Ecuménico y sus participantes, demandamos a la Junta Directiva y autoridades de la CCSS, que los servicios de salud del distrito San Sebastián-Paso Ancho sean brindados por la Caja Costarricense de Seguro Social.

FRENASS llama a votar por la defensa de la seguridad social ante uso de reservas del IVM

El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) emitió un pronunciamiento público en el que expresa su preocupación por la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y su relación con la coyuntura electoral.

Según señala FRENASS, el 21 de enero de 2026 el Semanario Universidad informó que la CCSS se vio obligada a utilizar más de ₡300.000 millones de colones provenientes de intereses del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para hacer frente al pago de pensiones y aguinaldos en 2025.

La organización recuerda que, durante la administración Chaves Robles (2022–2026), se exigió al Ministerio de Hacienda el cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado con la CCSS. Sin embargo, ante las reiteradas negativas de girar los recursos requeridos, la institución se habría visto forzada, por primera vez, a recurrir a las reservas del régimen de pensiones, una situación que FRENASS califica como alarmante.

En su pronunciamiento, FRENASS considera vergonzosa e irresponsable esta actuación, al advertir que pone en riesgo tanto el acceso a una salud pública de calidad como la sostenibilidad futura del régimen de pensiones del IVM. La organización subraya que el debilitamiento financiero de la seguridad social tiene consecuencias directas sobre los derechos de la población trabajadora y pensionada.

Desde su rol como organización defensora de la seguridad social en un sentido amplio, FRENASS hizo un llamado respetuoso pero vehemente a la ciudadanía, instando a reflexionar y a ejercer el voto por candidaturas a la presidencia y diputaciones comprometidas con un modelo de acceso universal a la seguridad social.

El pronunciamiento enfatiza que el continuismo no es una opción, al considerar que la salud y las pensiones no deben ser tratadas como un negocio, sino como derechos humanos fundamentales. En ese marco, la organización advierte que el futuro de las personas, sus familias y seres queridos está en juego.

Finalmente, FRENASS reafirma su llamado a defender las conquistas históricas del pueblo y concluye con una consigna clara en defensa de la institucionalidad solidaria:
“¡La Caja no se vende, la Caja se defiende!”

Del fuego inquisitorial a las bombas “divinas”: La barbarie vuelve a hablar en nombre de Dios

Martín Rodríguez Espinoza

La Inquisición del siglo XIII no fue solo un exceso religioso del pasado; fue un sistema de poder que se arrogó el derecho de decidir quién era humano y quién no, quién merecía vivir y quién debía ser castigado, en nombre de una supuesta verdad divina. La herejía no era pensar distinto, sino desafiar al poder. Y ese es el hilo que conecta aquellos tiempos oscuros con lo que hoy vuelve a emerger en pleno siglo XXI.

Cuando sectores fascistas sionistas y figuras como Donald Trump se presentan como los “elegidos de Dios”, no estamos ante una simple metáfora religiosa. Estamos frente a una lógica inquisitorial moderna, la idea de que existe un pueblo superior, moralmente autorizado, con derecho a imponer su voluntad por la fuerza, bombardear países, exterminar pueblos, destruir sociedades enteras y silenciar toda disidencia, porque, según ellos, Dios está de su lado.

En la Inquisición medieval, la cruz legitimaba la hoguera. Hoy, el discurso del “pueblo elegido”, de la “guerra justa”, legitima genocidios, ocupaciones, bloqueos, sanciones criminales y guerras sin fin. Antes se perseguía al hereje; al que pensaba, al que disentía contra “la corona”, hoy se persigue al que resiste, al que denuncia, al que no se somete. Cambian los métodos, no la lógica.

Entonces se torturaban, se quemaban libros y cuerpos. Hoy se destruyen países enteros, se borran pueblos de los mapas y se criminaliza la protesta global. Entonces la Inquisición decía hablar en nombre de Dios; hoy los nuevos inquisidores hablan en nombre de Dios, de la democracia, la seguridad nacional o la voluntad divina, mientras ejercen una violencia sin límites ni permiso. En Costa Rica, los nuevos fascistas aplauden eso.

Lo más peligroso no es solo la violencia material, sino la normalización de la idea de que hay vidas que no valen, pueblos que sobran y derechos humanos que pueden suspenderse cuando el poder así lo decide. Esa es, exactamente, la herencia más oscura de la Inquisición, convertir la deshumanización en norma y el exterminio en deber moral.

Condenar esta realidad no es una postura ideológica opcional, es una obligación ética, los comunistas lo tenemos muy claro. Porque cada vez que se acepta que alguien puede hacer “lo que le venga en gana” en nombre de Dios, de la patria o del orden, la humanidad retrocede siglos. Y hoy, el mundo vuelve a asomarse peligrosamente a los tiempos más oscuros de su historia. Ya lo vivimos en la II Guerra Mundial contra el fascismo también, y los fascistas de hoy, de EEUU, Israel, América Latina y Europa, no lo perdonan.

Ya lo vemos, sobre los cuerpos de niños, mujeres y hombres palestinos, en la tierra anegada con la sangre y las vidas de millones de palestinos, hoy planean condominios, empresas, clubes de lujo, y quien quiera participar debe pagar $1.000 millones, o hacer como hizo el criminal de Milei de Argentina, entregar su propio país y su propio pueblo como forma de pago.

El trabajo iniciado con Hitler en Alemania, que fue derrotado por los heroicos pueblos de la Unión Soviética, hoy lo retoman los fascistas sobrevivientes en el mundo. Pero ¿saben qué?, igualmente serán derrotados tarde o temprano.

Socialismo o barbarie.

Denuncian violación de derechos colectivos de la población afrodescendiente en decreto que reconoce su carácter tribal

Una denuncia formal presentada ante la Defensoría de los Habitantes de la República señala graves afectaciones a los derechos colectivos de la población afrodescendiente, reconocida como pueblo tribal conforme al Convenio 169 de la OIT, debido a irregularidades sustantivas en la elaboración y aprobación del Decreto Ejecutivo N.° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP.

La solicitud fue interpuesta por Marco Levy Virgo, ciudadano afrodescendiente de Limón, quien denuncia que el decreto —aunque reconoce formalmente el autorreconocimiento del pueblo afrocostarricense como tribal— fue tramitado sin respetar principios fundamentales de consulta previa, transparencia administrativa y participación efectiva, lo que vulnera derechos protegidos tanto por la Constitución Política como por el derecho internacional de los derechos humanos.

Auditoría interna confirma graves omisiones administrativas

La denuncia se sustenta, entre otros elementos, en un informe de auditoría interna de Casa Presidencial emitido en respuesta a una gestión canalizada previamente ante la Procuraduría General de la República. Dicho informe concluye que no existe expediente administrativo que respalde la elaboración, revisión y aprobación del decreto, y que su tramitación se realizó de manera informal, principalmente mediante intercambios de correos electrónicos entre personas funcionarias.

El informe también documenta la ausencia de trazabilidad institucional, la falta de coordinación entre los ministerios firmantes y irregularidades en el proceso de publicación oficial, lo que compromete la validez jurídica del acto administrativo y contraviene normas básicas de la administración pública y del control interno estatal.

Falta de consulta previa y afectación de derechos colectivos

Más allá de las irregularidades formales, la denuncia enfatiza que el decreto fue emitido sin consulta previa, libre e informada a las comunidades afrodescendientes, incumpliendo el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Costa Rica desde 1992.

Según se expone, el reconocimiento como pueblo tribal no es un acto meramente simbólico, sino que conlleva derechos colectivos sustantivos, como la participación en decisiones que les afectan, la protección de su identidad cultural y mecanismos efectivos de autodeterminación. La omisión de la consulta convierte el reconocimiento en un acto unilateral del Estado que reproduce la discriminación estructural, al reconocer derechos en el papel pero negarlos en la práctica.

La denuncia recuerda que tanto la Sala Constitucional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido de forma reiterada la obligatoriedad de la consulta cuando se adoptan medidas administrativas o normativas que afectan directamente a pueblos indígenas y tribales, incluyendo a poblaciones afrodescendientes.

Solicitud de intervención urgente de la Defensoría

Ante este escenario, se solicita a la Defensoría de los Habitantes que intervenga de manera inmediata ante el Poder Ejecutivo para resguardar los derechos colectivos de la población afrodescendiente, investigue las irregularidades detectadas, promueva enmiendas al decreto y recomiende mecanismos efectivos de participación, incluida la consulta previa.

La gestión también plantea la necesidad de acciones correctivas que eviten regresiones en derechos humanos, así como la eventual activación de instancias judiciales si persiste la inacción institucional.

El caso pone nuevamente en el centro del debate público la situación de los derechos colectivos de los pueblos tribales afrodescendientes en Costa Rica, y la distancia que aún persiste entre el reconocimiento normativo y su aplicación real.

Pacto por la Educación Pública suma compromiso de siete candidaturas presidenciales

En el marco del Primer Congreso Nacional por la Educación Pública, realizado el 20 de enero de 2026 en Santo Domingo de Heredia, fue presentada oficialmente la Declaratoria del Pacto Nacional por la Educación Pública de Costa Rica, como resultado de un proceso amplio de diálogo social iniciado en 2022, orientado a construir acuerdos nacionales frente a la profunda crisis que atraviesa el sistema educativo.

La actividad reunió a cerca de 500 personas provenientes de organizaciones sociales, sectores educativos, comunidades territoriales, universidades públicas, movimientos estudiantiles, sindicatos, partidos políticos, diputaciones y ciudadanía diversa, en un espacio plural que buscó colocar la educación pública como prioridad nacional, más allá de diferencias políticas o sectoriales.

Uno de los momentos más simbólicos del Congreso fue la lectura pública de la Declaratoria en la voz de un niño de quinto grado, gesto que subrayó el carácter intergeneracional del Pacto y reafirmó a la niñez como sujeto central de derechos, así como la responsabilidad colectiva de proteger el futuro educativo del país.

Durante la jornada se dio a conocer el Pacto Nacional de Compromisos con la Educación Pública, firmado por siete candidaturas presidenciales: Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Ana Virginia Calzada (Centro Democrático y Social), Ariel Robles (Frente Amplio), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Claudio Alpízar (Esperanza Nacional), Jorge Borbón (PIN – en representación del candidato), Ronny Castillo (Aquí Costa Rica Manda).

El Pacto permanece abierto para la eventual adhesión de otras fuerzas políticas y actores sociales, pero establece desde ya un marco público de compromisos verificables ante la ciudadanía.

La educación pública como derecho humano y deber indeclinable del Estado

El Pacto parte del reconocimiento de la educación pública como bien público, derecho humano fundamental y deber indeclinable del Estado, base del desarrollo humano, la democracia, la movilidad social y la soberanía nacional. En ese sentido, se plantea que la educación no puede ser tratada como una mercancía ni como un gasto prescindible, sino como una inversión estratégica para el país.

Entre los compromisos centrales destaca el avance progresivo hacia el 8 % del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación pública, conforme al mandato constitucional, garantizando la no regresividad presupuestaria y priorizando áreas clave como la infraestructura educativa, la formación y dignificación docente, la permanencia estudiantil, los programas de equidad, la actualización pedagógica y la reducción de brechas territoriales y sociales.

Asimismo, el Pacto propone liberar la inversión educativa de los límites de la regla fiscal, reconociendo que la crisis del sistema educativo requiere medidas extraordinarias y sostenidas en el tiempo.

Calidad educativa, equidad y enfoque territorial

El documento plantea la construcción de una política educativa nacional como política pública de Estado, orientada al aprendizaje significativo, el pensamiento crítico, la alfabetización científica, tecnológica y digital, la formación para la ciudadanía democrática y el trabajo digno.

Se enfatiza la necesidad de un enfoque territorial, que reconozca las realidades culturales, sociales, económicas y geográficas de las distintas regiones del país, incluyendo zonas rurales, fronterizas, costeras e indígenas. En ese marco, se impulsa el fortalecimiento de la infraestructura física y la conectividad digital efectiva en todos los centros educativos públicos, así como el desarrollo de una Red Nacional de Conectividad Educativa como política estratégica.

El Pacto también establece compromisos específicos en materia de equidad y no discriminación, con el objetivo de erradicar cualquier forma de exclusión educativa por razones de pobreza, discapacidad, origen territorial, género, condición migratoria u otras circunstancias sociales.

Participación social, entornos seguros y rendición de cuentas

Otro eje central es la participación social como condición esencial para el fortalecimiento de la educación pública. El Pacto promueve estructuras permanentes de participación de estudiantes, personal docente y administrativo, familias, comunidades, universidades públicas y otros actores, tanto en el diseño como en el seguimiento y evaluación de las políticas educativas.

Se incorporan además compromisos para garantizar entornos educativos seguros, inclusivos y libres de violencia, con un enfoque preventivo, integral y de derechos humanos, en respuesta al contexto nacional de inseguridad y a las múltiples formas de violencia que afectan a la niñez y la adolescencia.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, el Pacto establece la obligación de someter la gestión de los recursos públicos destinados a educación a sistemas de información abiertos, auditorías técnicas y financieras, y mecanismos de fiscalización social y ciudadana.

Prioridad nacional y compromiso político verificable

El documento propone que, durante el primer año del próximo gobierno, se impulse la suscripción de un Pacto Nacional por la Educación Pública con la participación de fuerzas políticas, sociales, académicas, económicas y territoriales, y que la educación pública sea declarada prioridad nacional en situación de crisis dentro de los primeros cien días de gobierno.

El compromiso asumido tiene carácter de obligación política pública ante la ciudadanía, debe ser verificable mediante indicadores, presupuestos y resultados, y se plantea como criterio de evaluación democrática del ejercicio gubernamental, vinculando directamente a la persona que asuma el Ministerio de Educación Pública a partir de mayo de 2026.

Las organizaciones convocantes señalaron que el Pacto se sustenta en evidencia reciente sobre el deterioro del sistema educativo, documentado en informes nacionales, y constituye una hoja de ruta colectiva para revertir la peor crisis educativa de las últimas décadas y fortalecer la educación pública como pilar de la democracia costarricense.

📄 El texto completo del Pacto por la Educación Pública con firmas puede descargarse desde SURCOS en el siguiente enlace:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/01/PACTO.pdf

Entre tibiezas y olvidos: así enfocan planes de gobierno temas de migración y género

UNA. Desde problemas conceptuales, hasta aproximaciones muy superficiales e incluso olvidos absolutos: así transitan las propuestas relacionadas con políticas hacia la población migrante y al enfoque de género, en los planes de gobierno de los cuatro partidos políticos que encabezan las preferencias de voto.

Así lo valoraron Guillermo Acuña, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA) y quien ha estudiado el fenómeno migratorio en los últimos 25 años y Larissa Arroyo, abogada especialista en género y derechos humanos, y académica del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM).

El tercer programa Praxis Electoral, de la Escuela de Filosofía de la UNA, se adentró en estos dos temas y analizó las propuestas de los partidos Pueblo Soberano (PPSO), Liberación Nacional (PLN), Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Frente Amplio (FA).

Migración

Guillermo Acuña inició su valoración del tema migratorio bajo un contexto internacional que no es el idóneo. Calificó como un “proceso de tensión” las políticas implementadas por el mandatario Donald Trump en Estados Unidos, y que han desembocado en una resistencia civil tras el asesinato de una mujer en el estado de Minnesota, por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En Costa Rica, el fenómeno migratorio también ha mutado: existe migración en tránsito y aquella más vinculada hacia la expulsión de nacionales producto de la pobreza y la exclusión, en regiones específicas del país como la zona sur y el occidente. Bajo este entorno, el académico señaló que las propuestas políticas han optado por dos enfoques: la del control y la seguridad y la de integración.

Esta última, que es más garantista en temas de derechos humanos, predomina en las visiones de la CAC y del FA.

Para el caso del partido frenteamplista, Acuña afirma que es la agrupación que realizó un diagnóstico más certero “donde incluye acciones para fortalecer la institucionalidad y el trabajo en territorios”.

En el caso del CAC no visualiza tanta fortaleza en el programa de gobierno, al determinar que el tema se trata de manera tangencial y diluida a lo largo de su propuesta, sin que ocupe un espacio unificado.

Para el caso del oficialista PPSO, la visión se acerca más hacia ese enfoque de control y seguridad y a fortalecer los centros de detención. Acuña ve un alineamiento de esta visión con el apoyo que tuvo en el actual gobierno el traslado de personas migrantes desde Estados Unidos y su reclusión en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), en la zona sur del país, donde incluso la Defensoría de los Habitantes denunció faltas y agravios a los derechos de estas personas.

Sin embargo, una coincidencia no positiva de estos tres partidos es la ausencia de una visión de la persona migrante con autonomía y subjetividad, y, por el contrario, la orientación programática tiende a ser más vertical.

La otra cara de la moneda, en cuanto a la formulación de propuestas en esta materia, la representa el PLN, cuyo plan de gobierno no incluye una sola mención al tema migratorio, denunció el vicedecano de Ciencias Sociales.

Género

El análisis del tema de género y los derechos de las mujeres debe pasar por una premisa fundamental, de acuerdo con Larissa Arroyo: el Estado costarricense está en la obligación de tomar las acciones pertinentes para reducir las brechas de desigualdad y discriminación, en acatamiento de lo dispuesto por convenciones internacionales como Belém do Parà y la de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Estos mismos organismos han señalado la necesidad de que las soluciones se aborden desde la interseccionalidad; es decir, considerando los derechos de poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes y de la diversidad sexual, entre otros.

Bajo estos preceptos, la especialista ve propuestas más integrales en los planes del FA y la CAC, aunque sí enfatizó en que deben existir concreciones puntuales por medio de acciones afirmativas, que beneficien a los grupos poblacionales más excluidos.

En el caso del FA sí se hace referencia a las distintas manifestaciones de violencia que sufren las mujeres, mientras que, en el caso de la Coalición, se hace mención a los organismos internacionales y la responsabilidad estatal que eso conlleva.

En el PPSO, el plan de gobierno del partido que defiende la continuidad se enfoca más en el asistencialismo, con un énfasis en lo económico y laboral, más allá de lo estructural o en los derechos.

Al igual que en el ámbito de lo migratorio, el PLN resalta por la debilidad de sus propuestas. “Se quedan en la epidermis. Es un partido que no muestra con claridad cuál es su postura”, indicó Arroyo.

En cuanto al análisis de cuán factibles pueden ser las soluciones que plantean estos partidos, la académica del IEM señaló que pasa mucho por el contenido presupuestario, aunque indicó que esto no debe ser excusa para que un Estado garantice derechos vulnerados a la luz de lo que dictan los organismos internacionales. También debe existir mayor rendición de cuentas y transparencia.

En cuanto a migración, Guillermo Acuña también apuntó a la necesidad de asegurar los costos de regularización migratoria y un uso más transparente del Fondo Social Migratorio, que se nutre de los ingresos provenientes de los trámites que deben cumplir en el país las personas que realizan solicitudes de asilo.

El programa completo de este Praxis Electoral puede verlo desde el canal de YouTube de la Escuela de Filosofía: https://www.youtube.com/watch?v=z7vark5Qrkg

El cuarto episodio de este especial electoral se llevará a cabo el jueves 22 de enero a las 12 p.m. sobre los temas de política exterior y economía. Participarán los académicos Carlos Cascante, de la Escuela de Relaciones Internacionales, y María Leonela Artavia, de la Escuela de Economía de la UNA.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional

Solicitan activar opinión consultiva ante la Corte IDH por concesión de la Terminal de Contenedores de Moín

El ciudadano Marco Levy Virgo, vecino de Limón, presentó una solicitud formal al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, para que el Poder Ejecutivo active el mecanismo de opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La solicitud busca que la Corte determine si la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) resulta compatible o incompatible con los estándares interamericanos de derechos humanos, considerando que fue adjudicada y ejecutada sin consulta previa, libre e informada a la población afrodescendiente del Caribe costarricense, reconocida como pueblo tribal.

El planteamiento se fundamenta en el artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

En el documento, Levy Virgo señala que el propio Poder Ejecutivo sentó un precedente reciente al promover una opinión consultiva ante la Corte IDH en materia de pensiones del sector público, argumentando que cuando existe una duda razonable sobre la compatibilidad de una política pública con la Convención Americana, el Estado debe actuar de forma preventiva para evitar responsabilidades internacionales. Desde esa misma lógica —afirma— resulta jurídicamente ineludible aplicar ese mecanismo cuando se trata de una decisión estatal que impacta de forma estructural a un pueblo tribal históricamente discriminado.

La solicitud detalla que la obligación de consulta previa para pueblos indígenas y tribales rige en Costa Rica desde 1992, año en que el país ratificó el Convenio 169 de la OIT, por lo que dicha obligación no depende de decretos posteriores ni de reconocimientos administrativos internos. Asimismo, se enfatiza que el derecho de propiedad protegido por el sistema interamericano incluye su dimensión colectiva, abarcando el vínculo especial de los pueblos tribales con su territorio, su trabajo histórico y sus medios de subsistencia.

En cuanto a la concesión cuestionada, se precisa que corresponde a la obra pública con servicio público para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín, otorgada en 2012 a APM Terminals Moín, con participación del Poder Ejecutivo, el MOPT, el Ministerio de Hacienda y la JAPDEVA, y refrendada por la Contraloría General de la República.

El documento expone dudas razonables y jurídicamente fundadas sobre la compatibilidad de dicha concesión con los tratados internacionales ratificados por Costa Rica, señalando, entre otros aspectos, la omisión de la consulta previa, los impactos sociales y económicos diferenciados sobre la población afrodescendiente y la posible afectación del derecho al trabajo y del derecho al desarrollo con identidad.

Entre los efectos señalados se mencionan la pérdida de empleo históricamente ocupado por población afrodescendiente, el debilitamiento de la economía local en Limón y el desplazamiento de ingresos económicos fuera del territorio, profundizando desigualdades regionales y patrones de exclusión estructural.

Finalmente, la petición solicita que la Corte Interamericana no solo determine la compatibilidad o incompatibilidad de la concesión con los estándares interamericanos, sino que también establezca parámetros de reparación, mitigación y garantías de no repetición, en caso de confirmarse la vulneración de derechos.

Posteriormente, el mismo ciudadano presentó una segunda solicitud al Poder Ejecutivo, ampliando el planteamiento hacia una omisión histórica del Estado costarricense en el reconocimiento de los derechos colectivos de la población afrodescendiente, incluyendo propiedad ancestral, consulta previa y autodeterminación, más allá de un caso específico.