Etiqueta: derechos humanos

AAJ condena los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado de Israel contra el pueblo palestino

Escrito en 21/05/2021. Publicado en Derechos.

La AAJ condena enérgicamente los ataques militares, y los crímenes de lesa humanidad que está perpetrando el Estado de Israel contra el pueblo palestino, víctima de una brutal e ilegal ocupación y continua colonización de sus territorios. Se trata de la continuación del proyecto racista, colonial y de apartheid, ejemplificado en los intentos de expulsar forzosamente a palestinos del barrio de Sheij Jarrah de Jerusalén por colonos judíos armados, la violencia indiscriminada contra manifestantes palestinos y los ataques a sus lugares sagrados, el bloqueo y los bombardeos continuos a la franja de Gaza.

Israel viola impunemente el derecho internacional y los llamados de la comunidad internacional a respetar el derecho humanitario, los derechos humanos y poner fin a la ocupación y opresión del pueblo de Palestina.

Señalamos la responsabilidad directa de los gobiernos de Estados Unidos, que ha facilitado la impunidad de Israel, mediante el uso continuo del veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hoy, mientras se intensifican los ataques de Israel contra los palestinos, los Estados Unidos presionan al Consejo de Seguridad para posponer una resolución sobre las acciones ilegales de Israel en Sheij Jarrah, la mezquita Al-Aqsa y Jerusalén ocupado. Además, los Estados Unidos proporcionan $ 3.8 mil millones en ayuda directa a Israel cada año, destinada específicamente para fines militares.

Por tanto, la AAJ:

Declara que la paz en el Medio Oriente requiere de una solución política y el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, basadas en el respeto de la Carta, los pactos internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que obligan:
- al cese inmediato de toda acción contra la población civil palestina;
- al cese de la ocupación y el control militar de los territorios ocupados, incluyendo Jerusalén Este por parte de Israel;
- el retiro incondicional de los territorios actualmente ocupados por los colonos israelíes y el desmantelamiento de los asentamientos coloniales israelíes;
- el derecho al retorno de los refugiados palestinos a su tierra;
- el reintegro de las propiedades confiscadas, sin perjuicio de la compensación económica y la reparación integral a las víctimas de los crímenes;
- la indemnización a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y el juzgamiento de los responsables;
- el cese de la discriminación de la población árabe de Israel, que asciende a casi un 20% del total;
- la liberación de todos los prisioneros y prisioneras palestinos y poner fin al uso de la tortura y la detención administrativa. Israel tiene encarcelados a unos 4.500 palestinos, entre ellos 41 mujeres y 140 niños menores de 18 años. Desde principios de 2021, las autoridades israelíes han arrestado a más de 1.400 palestinos por solo desafiar la ocupación.
Apoya el llamado al boicot, desinversión y sanciones de todas las entidades cómplices de los crímenes israelíes, del apartheid israelí, de la ocupación de Palestina o de violaciones de los derechos humanos palestinos.
Exige que los EEUU pongan fin a la ayuda financiera a Israel.
Llama a la comunidad internacional, a todos los Estados y particularmente a los Estados Unidos, a exigir al gobierno de Israel, al cumplimiento inmediato de las obligaciones del derecho internacional, bajo apercibimiento de adoptar las medidas necesarias que lo obliguen a hacerlo, al mismo nivel del aislamiento, en su momento, del gobierno sudafricano, para detener el genocidio y el apartheid del que es víctima el pueblo palestino.
Sostiene que es indispensable el fiel cumplimiento de la Cuarta Convención de Ginebra y las Altas Partes Contratantes deben ejercer sus responsabilidades, bajo el artículo 146, de procesar a los responsables de violaciones de la Convención que constituyen crímenes de guerra, según el art. 147 de la misma Convención y el Protocolo I Adicional.
Hace un llamado a las asociaciones de juristas y personas amantes de la paz y la justicia que se identifican con la defensa de la causa del pueblo palestino, a expresar su categórica condena a la violencia y excesivo uso de la fuerza por el gobierno israelí contra la población civil palestina en Gaza, los territorios ocupados, incluyendo Jerusalén Este y la Palestina histórica.

A 15 de mayo de 2021, fecha que marca 73 años de la Nakba.

Firman: Vanessa Ramos, Presidenta AAJ Continental; Luis Carlos Moro, Secretario General; Beinusz Szmukler, Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ.

FRENAPI: «Denunciamos las actuaciones racistas del Obispo y sacerdote católicos y funcionarios municipales contra indígenas cabécares de China Kichá, en Pérez Zeledón»

Escrito en 20/05/2021. Publicado en Derechos.

Ante las declaraciones del obispo Gabriel Enrique Montero Obispo de Pérez Zeledón, y del sacerdote Luis Alberto Mena de la Parroquia de Pejibaye en audiencia pública ante el Concejo Municipal de Pérez Zeledón el día 4 de mayo del 2021, expresamos que:

Coincidimos en que existe una situación de racismo, discriminación y violación de los derechos humanos en el territorio indígena de China Kichá. Sin embargo, esas declaraciones cuando se analizan en detalle resultan ser imprecisas, parcializadas y faltan a la verdad en la descripción de los hechos y la identificación de los protagonistas del conflicto por eso desinforman y crean confusión.

Las razones en que nos apoyamos son las siguientes:

1) Se identifica a los responsables del conflicto como a “pequeños grupos de personas indígenas sin estar legitimados por su mismo pueblo”. Además se indica: “personas indígenas están siendo invadidas por indígenas”. Esa afirmación desconoce la historia reciente del territorio cabécar de China Kichá que se describe de forma breve así: La declaración del territorio indígena se dio por Decreto Ejecutivo número 34, del 15 de noviembre de 1956, con un área de 4330 hectáreas; en 1982 se emitió un Decreto Ejecutivo que tiene por título “Deroga Reserva Indígena de China Kichá”. Después de 19 años de protesta y de lucha por reestablecer el territorio, el pueblo cabécar logró en el año 2001 la emisión de un decreto en el que se reestableció el territorio de China Kichá, sin embargo se redefinieron los límites, y se les disminuyó el área a 3300 hectáreas. Durante ese periodo los no indígenas, (colonos, finqueros y campesinos) se apropiaron del territorio y lo ocuparon en un 97%. Por lo tanto, el centro del conflicto es la invasión de no indígenas al territorio ancestral cabécar; NO se trata de un conflicto entre indígenas.

2) La palabra del Obispo Católico Gabriel Enrique Montero Umaña y el Presb. Mena, no son creíbles, ya que la invasión de tierras históricamente la han sufrido los pueblos indígenas, quiénes no sólo soportan el arrebato desde la conquista y colonia sino que además les han pisoteado sus creencias, tradiciones espirituales y negado su cultura. En pleno siglo 21, cuando la humanidad ha reconocido el genocidio racista y abominable de la conquista en América, África y Asia, ES LAMENTABLE encontrar jerarcas de iglesias, instituciones y grupos de poder, organizando actos de violencia y discriminación, contra los pueblos indígenas.

3) Denunciamos que el Obispo Montero y el Presb. Mena, como co-responsables y promotores de actos que ya lesionan la humanidad y dignidad de los indígenas recuperantes de Tierra/Territorio en China Kichá, actos cargados de mentiras y racismo, que agitan a los usurpadores y vecinos incitándoles a la acción agresiva y violenta contra la integridad física y la vida de este pueblo que hoy lucha por sobrevivir y sólo pide que les devuelvan las tierras usurpadas ilegalmente, y que están establecidas en el Decreto Ejecutivo N» 29447-G publicado en la Gaceta G» 93 de Miércoles 16 de mayo del 2001 se estableció China Kichá como territorio indígena.

4) Solicitamos la intervención de la Conferencia Episcopal de Costa Rica e intercesión del Papa Francisco, a efecto que revise la conducta del Obispo Montero Umaña, quién en medio de la pandemia y del Conflicto de Tierras/Territorio en la Zona Sur, ubicado dentro de la Diócesis, en lugar de trabajar por la reconciliación y buscar paz, en vez de cumplir la Doctrina Social de la Iglesia y las Cartas Pastorales sobre Pueblos Indígenas, se ha puesto a incentivar la confrontación, ubicándose al lado de los finqueros, ganaderos y usurpadores, agitando con falsedades y racismo en contra de un pueblo Cabécar de China Kichá, empobrecido y golpeado por la historia y la realidad actual. Exhortamos a la Iglesia Católica a hacer valer las palabras del P francisco en su Carta Encíclica Laudato Si, N.º 146: Para ellos, (PUEBLOS Indígenas) la tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores. Cuando permanecen en sus territorios son precisamente ellos quienes mejor los cuidan. Sin embargo en diversas partes del mundo, son objeto de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y la cultura¨

5) Deben saber tanto obispos y clérigos, como poseedores no indígenas, funcionarios y representantes municipales, vecinos y comunidad nacional, que la Ley Indígena 6172, desde 1977, dice: “que los territorios Indígenas son exclusivos de los pueblos que ahí habitan; que las personas NO indígenas NO pueden comprar, alquilar, arrendar, o de cualquier otro modo poseer tierras dentro de un territorio indígena; que los No Indígenas NO pueden construir viviendas, ni utilizar los recursos naturales ni servicios dentro de un territorio Indígena; que los /as poseedores NO Indígenas pueden reclamar indemnización, si comprueban que adquirieron las tierras de Buena Fe, que esa buena fe está ya definida por los Tribunales de Justicia y que su posesión sólo es indemnizatoria, por lo que no pueden traspasarla a otras personas, ni por herencia.”

La mayoría de los poseedores actuales en China Kichá, (y de otros territorios indígenas de la Zona Sur) no reúnen las condiciones de Buena Fe según los estudios administrativos, por lo que deben salir de esas tierras o serán desalojados, ya que EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS NO SE APLICA LA POSESIÓN POR TIEMPO (PRESCRIPCION DECENAL), porque la misma Ley Indígena 6172 de 1977, dice que nuestros Territorios son imprescriptibles, intransferibles e inalienables (intocables). El camino del Obispo de PZ, Enrique Montero (franciscano), de acompañar a su pueblo, especialmente a los más pequeños y débiles, se desvió, por lo que le solicitamos rectificar, informarse, consultar a las Comunidades, acercarse y preguntarnos, para ayudarle a salir de su equivocación, que daña no sólo a los pueblos indígenas, sino que también daña la sociedad diocesana y costarricense, y, a su misma iglesia, por su condición de obispo; mejor es que se aparte de su ministerio, renuncie o pida traslado.

6) Denunciamos que la convocatoria a movilizarse en una “Caminata / Proclama y Caravana” para el día Lunes 17 de mayo, desde San Antonio de Pérez Zeledón, hasta el territorio de China Kichá y de igual forma en el parque central de Buenos Aires, responden a la campaña de odio racista, contra los pueblos indígenas, que se viene promocionando por diversos medios y desde autoridades municipales, eclesiales, empresariales apoyada por finqueros (as), ganaderos (as), usurpadores y autoridades locales, que faltando a la verdad, promueven violencia, ahora acompañados/as por líderes eclesiales.

Responsabilizamos a estas Autoridades citadas y al Estado / Gobierno, en los tres Poderes de la República, que estando ya avisados, permitan estas “caravanas de violencia racista”, que pueden terminar en hechos fatales, que tengamos que lamentar como sociedad costarricense; pudiéndose evitar, máxime que nuestros reclamos son Derechos Humanos garantizados por las Leyes nacionales y los Tratados Internacionales; además nuestro reclamo es justo y ya no podemos soportar más.

¡NO MAS IMPUNIDAD!
#SergioRojasVIVE
#JeryRiveraVIVE
¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!
FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)
Acompaña: COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA
14 DE MAYO, 2021.

Serie: Conociendo la historia y los derechos de los pueblos originarios 7

Escrito en 19/05/2021. Publicado en Derechos.

Según Mary Lawlor, relatora especial de derechos humanos, las muestras de violencia contra los pueblos indígenas han sido reflejadas con los asesinatos de los defensores de los derechos indígenas como Sergio Rojas y Jerhy Rivera.

Esta es la sétima infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Desarrollo pleno de los pueblos originarios, de las personas migrantes y de todas las etnias. Le invitamos a compartirlo en sus redes.

Información compartida a SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.

Pronunciamiento de SERPAJ-AL ante situación actual de Colombia

Escrito en 19/05/2021. Publicado en Derechos.

Barranquilla, Colombia – mayo 2021

Pronunciamiento Oficial Del Servicio Paz Y Justicia En América Latina, SERPAJ-AL

Secretariado Colombiano

Ante los acontecimientos acaecidos en el territorio nacional, la Coordinación Latinoamericano (CLA), y la coordinación en Colombia del SERPAJ-AL, en conjunto con los secretariados de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile nos permitimos manifestar, que:

Las manifestaciones constituyen un derecho humano fundamental, constitucionalmente contemplado en la Constitución Política colombiana.
El gobierno y el Congreso se han empeñado en adelantar reformas de leyes concernientes a la tributación y a la salud, aún en medio de la pandemia que aqueja al universo entero.
De espaldas a la realidad nacional, el gobierno pretende gravar aún más la canasta familiar y hasta los servicios públicos y los servicios funerarios, lo que realmente es un exabrupto.
Con argucias de toda naturaleza, el gobierno pretendió minimizar el río humano que salió a las calles de las ciudades capitales de la gran mayoría de departamentos del país.
De manera ligera, una magistrada del Tribunal Superior de Cundinamarca profirió una decisión a todas luces en contravía de la Constitución y la ley, el día anterior a una marcha, es decir, sin el cumplimiento de los requisitos legales de traslado de la decisión a las partes interesadas, sin los protocolos adecuados y sin darle cumplimiento a las normas procedimentales respectivas, pretendiendo desconocer EL RANGO CONSTITUCIONAL QUE TIENE EL DERECHO A MANIFESTARSE QUE TIENE LA CIUDADANÍA EN COLOMBIA, garantía respaldada por convenios internacionales, ratificados por el gobierno colombiano.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos:

De las organizaciones internacionales de Derechos Humanos su presencia y apoyo con tal de evidenciar, registrar y documentar lo indicado y lograr salvaguardar la vida de los que han sido ilegalmente privados de la libertad y obtener la libertad inmediata de los mismos.
Del gobierno colombiano: El retiro de una vez por todas de los proyectos de reforma tributaria y de la salud, sin intentos de continuar en tamaña pretensión, aún en medio de la pandemia. Así mismo, la instauración de la RENTA BÁSICA que beneficie a la mayoría de la población colombiana, garantizándole el sustento diario de las familias más afectadas por todo cuanto sucede con la pandemia, al estar confinados obligatoriamente, sin salir a buscar el sustento de los suyos.
De los Ministros de Hacienda y Protección Social la renuncia de sus cargos.
De la Defensoría del Pueblo, que se pronuncie ante los hechos de violaciones de Derechos Humanos, evidenciados ante el concierto nacional e internacional, por parte de la fuerza pública.
Del gobierno y el Ministro de Defensa, esperamos el cese de hostilidades y la detención inmediata del derramamiento de sangre, lamentable e injustificado que se ha dado en todo el país, en especial en la ciudad de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca.
Que cesen todo tipo de violencias, vinieren de donde vinieren.
Crear una comisión de investigación sobre los hechos de violencia contra el pueblo colombiano.

Con la esperanza puesta en los organismos internacionales, repudiamos y condenamos la represión del gobierno contra el pueblo que reclama sus derechos, exigimos Juicio y castigo a los responsables de la violencia esperando que el gobierno nacional de un giro de 180º y retire de verdad los proyectos de ley de reforma tributaria y de la salud, con lo que evite mayores desmanes de lado y lado, nos suscribimos:

BLAS GARCÍA NORIEGA FABIO MONROY MARTÍNEZ

Coordinación Latinoamericana Coordinación Colombia.

Apoyan:

ADOLFO PEREZ ESQUIVEL – Premio Nobel de la Paz
SERPAJ MEXICO
SERPAJ COSTA RICA
SERPAJ EL SALVADOR
SERPAJ NICARAGUA
SERPAJ PÁNAMA
SERPAJ ECUADOR
SERPAJ BRASIL
SERPAJ ARGENTINA
SERPAJ URUGUAY
SERPAJ PARAGUAY
SERPAJ CHILE

Imagen principal: Semanario Universidad.

El Acuerdo de Escazú, de lo sublime a lo indignante

Escrito en 18/05/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Hernán Alvarado

El Acuerdo de Escazú, según CEPAL, «plasma un paradigma de democracia ambiental fundamentado en la transparencia, la participación y la inclusión como base para las transformaciones sociales y ecológicas en la región».^[1] Toda una joya de la diplomacia costarricense que consolida la narrativa país posicionada en el exterior, según la cual Costa Rica es un adalid de derechos humanos y amor a la naturaleza. Entre otras virtudes, ese tratado garantiza el derecho a la información y a la participación ciudadana contribuyendo a la protección de quienes defienden a nuestra Madre Tierra, en una América Latina que puntea en asesinatos de líderes sociales (Costa Rica suma al menos tres). Por lo demás, amarra los avances que ha venido cosechando el país en su legislación ambiental y constitucional, así que desde el principio cumple con el mínimo requerido.

No obstante, este gobierno y esta Asamblea Legislativa nos han dejado en ridículo por no estar entre los primeros que ratificaron para que el tratado entrara en vigor el pasado 22 de abril, a falta del segundo debate. Daño irreparable a la imagen del país que les reclamaremos siempre. Encima, el gobierno no ha hecho casi nada por impulsar y defender su aprobación definitiva. Imperdonable. Y hoy hasta corre el riesgo de ser rechazado, lo que sería una calamidad monumental y una vergüenza nacional sin parangón. Tal vez sea mejor mantenerlo en barbecho, como lo reconociera honestamente la diputada del PAC, Nielsen Pérez, hasta asegurarle los 38 votos; porque lo último que haría falta es que el Ejecutivo lo mande a votar para enterrarlo.^[2] Por otro lado, cada día se agranda una duda en el exterior: ¿Será que Costa Rica sostiene un doble discurso en relación con derechos humanos y ambientales? ¿Será este el espejo donde nuestra hermosa imagen internacional revela su verdad de cuento bien fraguado para turistas incautos? ¿Y será casual que el Presidente Biden no haya invitado al presidente Alvarado a su cumbre climática en abril pasado?

¿Y por qué el gobierno y la mayoría de la Asamblea Legislativa se habrán puesto de acuerdo en esta otra barbaridad? Porque el tratado le inquieta al supremo inquisidor de la política pública que es la Unión de cámaras (UCCAEP). ¿Y con qué argumentos se opone? Con pocos y ridículos, ninguno válido.^[3] ¿Y dónde los defiende? En ninguna parte, ¿para qué? Le ha bastado informar a sus seguidores del PLN, el PUSC y los demás partidos religiosos. Y, por supuesto, instruir al presidente, que fue electo como defensor de derechos humanos pero salió huero. Es tal el poder de ese grupúsculo que hasta la Sala IV ha recurrido otra vez a argumentos espurios para no favorecer la aprobación del tratado; evadiendo, desde luego, el fondo del asunto y congraciándose con esa configuración de fuerzas retardatarias. ¿Y la prensa plutocrática? «Calladita más bonita», como le gusta al patriarcado. Así que el Acuerdo de Escazú anda políticamente huérfano y podría ser postergado o malversado por la campaña política que se avecina, en la que casi todos compiten por parecer útiles a los dueños del dinero.

Pero tenemos que sobreponernos a la vergüenza y a la indignación que todo esto provoca y cuando menos tratar de comprender lo que está pasando, pues lo mínimo es conocer cuál es el enemigo real. Por tanto, ¿qué nos enseña esta inaudita e inédita situación? Lo que ya sabíamos: que en cuestión de política pública incide aquí, más que nadie, un grupúsculo con criterios trogloditas, al que no le importa el prestigio del país, la salud de la Madre Tierra o los derechos humanos; como tampoco le importa, nunca le ha importado, las comunidades indígenas. La única lógica que entienden es la de privatizar ganancias y socializar pérdidas. Algunos hasta se dicen católicos pero nada quieren saber de cuidar la «casa común» (Papa Francisco).

Claro, pero precisemos. Hay cientos de empresarios honestos en este país que respetan las reglas del capitalismo e incluso se arrollan las mangas para ganarse lo que se ganan. Ellos pagan sus impuestos a tiempo y los salarios de ley, porque saben que es absurdo matar de hambre a la gallina de los huevos de oro. Los hay que además impulsan programas de responsabilidad social, ambiental y comunitaria. También se enriquecen con el trabajo del prójimo, pero comparten algunos beneficios e incentivos asociados a productividad. Hasta pueden ser personas solidarias que aman su país, que pagan con gusto a la CCSS y no despiden al primer trabajador que quiere sindicalizarse.^[4] Sin embargo, la gran mayoría son medianos o pequeños empresarios, sin tiempo para hacer lobby ni para formar parte de las directivas de sus respectivas cámaras.

Pero otra cosa es la mafia «empresarial», la que no paga ni el salario mínimo. El Ministerio de trabajo sabe que casi el 30 % de la fuerza laboral sufría ese flagelo en el sector privado antes de pandemia. En cambio sí paga la «ingeniería fiscal» que necesita para evadir y eludir sus obligaciones fiscales, mientras «exporta» sus ganancias a paraísos fiscales; así que ya tiene el déficit fiscal por encima del 8% del PIB y al país híper endeudado. Esa ingeniería ha inventado el capitalismo de ganancia cero, lo que le valdría para un Nobel en Economía. Estos capitalistas juegan sucio y rudo, mientras se disfrazan de «demócratas ejemplares» se niegan a pagar la seguridad social. Están también los que sin rubor contrabandean y estafan, o hacen extracciones ilícitas en bosques y ríos contaminándolos sin responsabilidad. Ellos se apropian ilegalmente de tierras del Estado o de las comunidades indígenas, venden al ICE electricidad que no necesita o cobran alquileres abusivos y sostienen otras prácticas monopólicas. Todos siguen el mal ejemplo de los usureros que por años han estado atracando a los deudores. Y quedan otras especies que caben en un largo etcétera. Y, por supuesto, también están entre ellos los que blanquean capitales al narcotráfico.

En fin, tales son los abanderados de la avaricia en el desfile del capitalismo salvaje que destruye las fuentes de toda riqueza (trabajo y la naturaleza); el mismo que está llevando a la hecatombe ecológica anunciada por el cambio climático. Todos bajo la ética del enriquecimiento ilimitado a la brevedad posible; de la concentración y centralización de la riqueza como objetivo absoluto, aunque se queden sin futuro, sin planeta, sus nietos y nietas. Actúan contra la sostenibilidad y gobernabilidad del capitalismo. De manera tan egoísta, miope e irresponsable que parecen anticapitalistas. Según la broma de Franz Hinkelammert, cortan la rama en la que están sentados. Pero, por ahora, para desgracia de todos, se van saliendo con la suya.

Mientras tanto, el Soberano, el Pueblo, con el mandato constitucional de gobernar junto a los tres poderes dizque independientes, permanece cual bello durmiente a la espera de que la Patria roce sus labios…

^[1] Así anuncia el IILPES un webinar titulado: «Acuerdo de Escazú. Oportunidades del gobierno abierto ambiental», para el próximo jueves 20 de mayo del 2021.

^[2] Ver un excelente análisis en: https://surcosdigital.com/la-entrada-en-vigor-del-acuerdo-de-escazu-sin-costa-rica-un-hecho-insolito-que-merece-explicacion-video/

^[3] Ver el artículo de Alberto Salom, «El acuerdo de Escazú», del domingo 16 de mayo de 2021, en larepública.net.

^[4] El presidente Biden acaba de hacer una defensa contundente de este derecho básico.

Foro: “La diversidad afectiva, sexual y de género… no es una enfermedad o desviación, y mucho menos pecado”

Escrito en 18/05/2021. Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la siguiente invitación:

La Organización Interseccional Pro Derechos Humanos le invita al foro digital “La diversidad afectiva, sexual y de género… no es una enfermedad o desviación, y mucho menos pecado”. De acuerdo con la declaración de la Organización Mundial de la Salud.

El foro estará a cargo de Sussana Rojas Oviedo y Rafael Semeraro Kluge y será moderado por Marco Castillo Rojas

Día: 17 de mayo del 2021

Hora: 6 p.m.

Enlace https://fb.me/e/wRCGVtfV

Teléfono: 2221-1950

Colombia en llamas: el fin del neoliberalismo será violento

Escrito en 17/05/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Boaventura de Sousa Santos

Colombia está en llamas. Actualmente es uno de los países con más número de muertos por covid-19, ocupando el cuarto lugar en la región después de Estados Unidos, Brasil y México, teniendo hasta la fecha tan solo el 3.5% de la población totalmente vacunada y siendo parte de los países que se niegan a apoyar la solicitud de liberación de las patentes de las vacunas. Es también el país que en 2020 contó con el 42,5% de su población en condición de pobreza monetaria y con el 15,1% de la misma en condición de pobreza monetaria extrema. A estos datos mínimos pero dicientes le podemos sumar que, tras la firma del acuerdo de paz de 2016, se han asesinado entre 700 y 1.100 personas defensores y defensoras de derechos humanos (las cifras varían entre las ONG y las instituciones gubernamentales). Las zonas que antiguamente fueron de dominio de las FARCEP hoy están en disputa por parte de distintos grupos armados ilegales, los cuales no solo buscan intereses económicos (narcotráfico, minería ilegal) sino que también traen consigo un horrible y sangriento interés por el control sobre la población civil, afectando gravemente el tejido social, dando como resultado que esto es sólo la punta del iceberg del nuevo panorama que atraviesa el país.

Es en este contexto, y tras casi 3 años bajo el gobierno de una derecha opositora al acuerdo de paz que, en medio de una pandemia que ha matado a miles de personas, el pueblo trabajador ha salido a las calles a levantar su voz en contra de una anunciada reforma tributaria que buscó, bajo la lógica del gobierno, recaudar 23 billones de pesos (algo cercano a 6.300 millones de dólares) para mejorar las finanzas públicas y financiar los programas de asistencia social. Si bien es cierto que el país necesita mejorar su sistema tributario, esta reforma planteaba aumentar el número de personas declarando y pagando impuestos sobre la renta con el aval, la visión y el marco conceptual del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Plantear la idea de que más personas sean las encargadas de tributar y financiar los gastos del Estado, en teoría, no suena descabellado, es más, llevaría a pensar que serían las personas de altos ingresos quienes más pagarían impuestos teniendo en cuenta los principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria consagrados en la Constitución Política de Colombia. Pero, según los datos del Banco Mundial, Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina (el índice GINI es de 51,3), reflejando una política fiscal inadecuada y regresiva que posibilita una alta concentración del ingreso y la riqueza, ocasionado por ello un menor desarrollo, teniendo en cuenta que los ingresos y la riqueza se quedan en manos de un porcentaje muy pequeño de la población. La reforma planteada, se uniría al largo y complejo sistema tributario del país que no refleja una verdadera política progresiva y que está lleno de beneficios tributarios dirigidos a las personas con mayores ingresos.

Podríamos afirmar que a partir de 2016 el pueblo trabajador ha inundado las calles y plazas de Colombia exigiendo la defensa de la paz y el cumplimiento de los acuerdos, la protección de los líderes sociales y la solidaridad con quienes han sido asesinados, así como el rechazo a propuestas de modificación de los regímenes pensionales, laborales y tributarios. Así, en los últimos 5 años Colombia ha visto sus calles recorridas por jóvenes, mujeres, indígenas, afros, docentes, pensionados y estudiantes que han generado hechos insólitos como presenciar una de las mayores manifestaciones en el país desde la década de 1970 como lo fue la llevada a cabo el 21 de noviembre de 2019 (21N). Gracias a este empoderamiento popular, y a pesar de la pandemia del covid-19, Colombia volvió a marchar del 09 al 21 de septiembre de 2020 para protestar en contra del abuso policial, del mal manejo del Gobierno ante la crisis económica y social provocada por la pandemia y para sentar una voz que dijera basta ya a las masacres en el país, las cuales no tuvieron tregua a pesar de las medidas de confinamiento. En especial hay que subrayar la Minga del Suroccidente Colombiano ocurrida en octubre de 2020 liderada por las organizaciones indígenas que emocionó por sus consignas y valentía y que logró movilizar a una gran parte de la sociedad en torno a sus exigencias tras su recorrido por el país, logrando la opinión favorable de millones de personas que los recibieron calurosamente en cada ciudad durante su viaje hasta la capital.

Bajo este panorama el pueblo decidió a partir del 28 de abril (28A) de 2021 marchar en contra de la reforma tributaria y del gobierno indolente. La represión de las fuerzas policiales es brutal. El malestar ciudadano ha sido objeto de estigmatización y represión por parte de la fuerza pública, lo que ha llevado a que distintas organizaciones de derechos humanos registren entre el 28 de abril y el 05 de mayo un total de 1708 casos de violencia policial, 381 víctimas de violencia física por parte de la policía, 31 muertes (en proceso de verificación), 1180 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 239 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 31 víctimas de agresión en sus ojos, 110 casos de disparos de armas de fuego por parte de la policía y 10 víctimas de violencia sexual por parte de fuerza pública. . De igual manera, la Defensoría del Pueblo (la figura del ombudsman en Colombia) señaló que se registraron 87 quejas por presuntas desapariciones durante las protestas del Paro Nacional del 28A.

Lo que empezó como una fuerte oposición a una reforma impopular y a un ministro de hacienda que desconocía el valor de una docena de huevos (y en general de toda la canasta familiar), ha escalado al punto de no solo lograr que se retire dicha reforma en el congreso y que dicho ministro renuncie, sino que el presidente de la república Iván Duque Márquez ha propuesto un espacio de dialogo con distintos sectores de la sociedad civil, dialogo que hasta el momento parece ser solo entre las élites del país, desde arriba, y nunca desde abajo. Las organizaciones sociales saben por experiencia que de este gobierno nada bueno hay que esperar, pero como siempre lo han hecho no se rehúsan al dialogo. La primera victoria del movimiento ciudadano en las calles sobre el retiro de la reforma no llegó pacífica o gratuitamente. Además de las cifras antes mencionadas y recolectadas por las ONG del país, el Presidente Duque anunció la militarización del país antes de ceder al clamor social. A partir del 01 de mayo, las redes sociales y las calles colombianas han visto el horror de un despliegue militar típico de un estado de excepción dictatorial con la policía disparando en contra de manifestantes pacíficos y desarmados. Esta ha sido quizás la respuesta más violentamente represiva en tiempos de pandemia a nivel mundial.

Particularmente en Cali las protestas tuvieron una intensidad muy especial debido a la movilización de las organizaciones indígenas después del cruel asesinato de Sandra Liliana Peña, gobernadora indígena de apenas 35 años quien proponía la recuperación de los conocimientos tradicionales y rechazaba la presencia de todos los actores armados en su territorio. Esta ciudad es el segundo centro urbano más negro de América del Sur, llena de contradicciones y luchas, y que ha visto como reprimen a su pueblo de la forma más aberrante posible. La situación es tal que, en medio de una reunión pacífica y transmitida en directo por las redes sociales, se puede observar al escuadrón antidisturbios haciendo presencia para dispersar la manifestación, causando la muerte de un joven frente a más de 1.000 espectadores que observaban a través de internet. Desde Siloé, una comuna (favela) en Cali, se denunció también que durante la noche del 04 de mayo no se pudo acceder al servicio de internet en la zona.

La débil respuesta a la violencia policial por parte de las instituciones colombianas (tanto administrativas como judiciales) ha dado lugar para que civiles armados amenacen (y en ocasiones disparen) a los manifestantes bajo la idea de que son “vándalos” y “terroristas”. En Cali, los estudiantes hicieron circular el siguiente “diálogo”: “Tenemos 25.000 armas”, gritaba un hombre vestido de blanco desde su costosa camioneta parqueada frente a la Universidad del Valle (Univalle). “Nosotros tenemos una de las mejores bibliotecas del país”, le contestó un estudiante. En Pereira, el alcalde promovía un “frente común” que incluyera a miembros de la seguridad privada, al ejército y a la policía para “recuperar el orden y la seguridad ciudadana”, dando lugar a que un joven resultara herido con ocho balas y esté agonizando en un hospital de dicha ciudad.

¿Para dónde va Colombia?

Esta pregunta es importante para Colombia, pero más allá de Colombia me parece ver en los recientes acontecimientos en Colombia el embrión de mucho de lo que pasará en el continente y en el mundo en las próximas décadas. Claro que cada país tiene una especificidad propia, pero lo que pasa en Colombia parece anunciar el peor de los escenarios que identifiqué en mi reciente libro sobre el periodo postpandemia (El Futuro Comienza ahora: de la pandemia a la utopía. Madrid: Akal. 2021). Este escenario consiste en la negación de la gravedad de la pandemia, la política de sobreponer la economía a la protección de la vida, y la obsesión ideológico-política de volver a la normalidad aun cuando la normalidad es el infierno para la gran mayoría de la población. Las consecuencias de la pandemia no pueden ser mágicamente frenadas por la ideología de los gobiernos conservadores, la crisis social y económica pospandemica será gravísima sobre todo porque se acumula con las crisis que preexistían a la pandemia. Será por eso mucho más grave. Las políticas de ayuda de emergencia por deficientes que sean combinadas con el ablandamiento económico causado por la pandemia van a causar un enorme endeudamiento del Estado y el agravamiento de la deuda será una causa adicional para más y más austeridad. Los gobiernos conservadores no conocen otro medio de lidiar con las protestas pacíficas del pueblo trabajador en contra de la injusticia social que no sea la violencia represiva. Así van a responder y el mensaje va a incluir la militarización creciente de la vida cotidiana. Lo que implica el uso de fuerza letal que fue diseñada para enemigos externos. La degradación de la democracia ya bastante evidente se profundizará todavía más. ¿Hasta qué punto el mínimo democrático que todavía existe colapsará dando lugar a nuevos regímenes dictatoriales?

Este escenario no es especulación irrealista. Un reciente informe del FMI hace la misma previsión. Dicen los autores Philip Barrett y Sophia Chen1 que las pandemias pueden tener dos tipos de efectos sobre la agitación social: un efecto atenuante, suprimiendo la posibilidad de causar disturbios al interferir en las actividades sociales, así como un efecto contrario que aumente la probabilidad de malestar social y por consiguiente se generen disturbios o protestas en la medida en que la pandemia se desvanezca. Lo que no dicen es que las protestas serán motivadas por las mismas políticas que el FMI y las agencias financieras promueven en todo el mundo. Es tanta la hipocresía del mundo en el que vivimos que el FMI ignora u oculta las consecuencias de sus lineamientos. El pueblo colombiano merece y necesita de toda la solidaridad internacional. No estoy seguro si la tendrán abiertamente de las agencias internacionales que dicen promover los derechos humanos a pesar de que estos estén siendo violado tan gravemente en Colombia. Imaginemos por un momento que lo que está pasando en Colombia estuviese ocurriendo en Caracas, Rusia o cualquier otra parte del mundo declarado como no amigo de los EUA. Seguramente la OEA, el alto comisariado de la ONU, y el gobierno norte americano ya estarían en campo para denunciar los abusos y proponiendo sanciones a los gobiernos infractores. ¿Por qué la suavidad en los comunicados emitidos hasta la fecha? No se le puede escapar a nadie que Colombia es el mejor aliado de los EUA en América Latina, siendo el país que se ofreció para instalar siete bases militares de los EUA en su territorio (situación que afortunadamente no ocurrió por intervención de la Corte Constitucional). Las relaciones internacionales en el presente viven el momento más escandaloso de hipocresía y parcialidad: solamente los enemigos de los intereses norteamericanos cometen violaciones de los derechos humanos. No es nuevo, pero ahora es más chocante. Las agencias multilaterales se rinden a esta hipocresía y parcialidad sin ningún tipo de vergüenza. Los colombianos, eso sí, pueden esperar la solidaridad de todos los demócratas del mundo. En su valentía y en nuestra solidaridad reside la esperanza. El neoliberalismo no muere sin matar, pero cuanto más mata más muere. Lo que está pasando en Colombia no es un problema colombiano, es un problema nuestro, de las y los demócratas del mundo.

Por el momento, las manifestaciones en Colombia no se ven próximas a finalizar y pese a que solo ha pasado una semana desde el inicio de las mismas debemos insistir en superar el miedo que ronda las calles del país e insistir en la esperanza de un futuro prometedor, más justo y en paz, para un país que ha querido terminar un conflicto de más de 50 años a través de un Acuerdo que agoniza bajo las garras del capitalismo abisal.

Imagen tomada de Semanario Universidad.

Serie: Conociendo de la historia y los derechos de los pueblos originarios 6

Escrito en 15/05/2021. Publicado en Derechos.

Según el artículo 6 de la Ley Indígena N° 6172 y su reglamento, solamente los indígenas podrán construir casas, talar árboles, explotar los recursos maderables o plantar cultivos para su provecho dentro de los límites de las reservas. Además, los recursos minerales que se encuentren en el subsuelo de estas reservas son patrimonio del Estado y de las comunidades indígenas. Los permisos otorgados para la exploración o explotación minera, caducarán al término fijado originalmente en la concesión y sólo podrán ser renovados o prorrogados mediante autorización dada por CONAI.

Esta es la sexta infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Desarrollo pleno de los pueblos originarios, de las personas migrantes y de todas las etnias. Le invitamos a compartirlo en sus redes.

Imagen: UCR.

Información compartida con SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.

Foro Internacional por los Derechos Humanos en Honduras: Estamos vigilantes, ¡justicia para Berta!

Escrito en 15/05/2021. Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la siguiente información:

CEJIL

Las Américas y Europa, 12 de mayo de 2021.- Desde el Foro Internacional por los Derechos Humanos en Honduras, integrado por más de 20 organizaciones nacionales e internacionales, nos encontramos vigilantes del juicio oral y público en contra de Roberto David Castillo, subteniente de inteligencia militar de las fuerzas armadas de Honduras, ex gerente general de la empresa hidroeléctrica de la familia Atala Zablah, y vinculado como coautor en el feminicidio de la lideresa lenca Berta Cáceres, cumpliendo un rol de enlace entre los altos mandos de la empresa y la estructura que ejecutó el crimen.

El juicio en contra de David Castillo dio inicio el pasado 06 de abril de 2021, después de más de tres años de retrasos, y es el segundo juicio por el feminicidio de la defensora hondureña. Este proceso se da más de cinco años después de su feminicidio, expresión última de la violencia ejercida durante años contra Berta Cáceres, antecedido por amenazas, hostigamiento, difamación y criminalización como represalia a su labor de defensa de las tierras ancestrales del pueblo lenca y a su lucha contra la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

En el contexto hondureño, uno de los países más peligrosos de la región para ejercer la defensa de derechos humanos, que tan solo en 2020 registró 20 asesinatos de personas defensoras que se mantienen impunes, este juicio oral y público representa un momento histórico en el camino hacia la justicia, liderado incansablemente por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la familia de Berta Cáceres y las comunidades lencas.

Desde el Foro Internacional, reconocemos la importancia de este hito para la causa de Berta Cáceres y toda la sociedad hondureña, al tiempo que sostenemos que este proceso en sí mismo no representa justicia, pues los autores intelectuales del crimen permanecen impunes y las comunidades Lencas y COPINH continúan enfrentando las violentas políticas de un Estado extractivista.

En este contexto, como Foro Internacional, articulación que monitorea la situación de derechos humanos en el país e incide a favor de su respeto, difusión y garantía, esperamos que este proceso siente la responsabilidad de David Castillo como parte de la estructura criminal del asesinato y devele los vínculos de los autores intelectuales responsables por la planificación y financiamiento del crimen. Para ello, hacemos un llamado al Estado hondureño para que garantice cabalmente las garantías judiciales y dé publicidad para el desarrollo del juicio oral y público, en aras de que el acceso a la verdad y la justicia para la familia, el COPINH y la sociedad hondureña sea una realidad en el marco de un caso que tanto lastimó a un país.

Asimismo, expresamos nuestra preocupación por los múltiples ataques a los que han sido sujetos la familia y el COPINH en el marco de la exigencia de justicia, por lo que exigimos que se garantice su seguridad, vida e integridad, especialmente en el marco del desarrollo de la etapa oral y pública del juicio y su seguimiento, por la exposición que esta implica.

Reconocemos que la lucha de Berta Cáceres representa la resistencia de los pueblos que han enfrentado despojo, criminalización y violaciones a derechos humanos en el marco de un contexto de extractivismo atroz en Honduras y en toda la región Latinoamericana. Asimismo, su caso expone las violencias que enfrentan las personas defensoras de la tierra, el territorio y los derechos humanos en el continente y, expone la situación específica de riesgo que las mujeres defensoras enfrentan cuando desarrollan esta labor. De la misma manera, este juicio oral y público debe permitirnos entender la forma en que operan las estructuras criminales que atentan contra quienes defienden derechos, contra los pueblos indígenas y las mujeres en toda la región. Alcanzar justicia para Berta Cáceres, es justicia para los pueblos, para las mujeres defensoras, para la sociedad hondureña y para América Latina.

Así, exigimos que este caso, como muchos otros más, encuentre la verdad, la justicia y se garantice la no repetición. La violencia sistemática ha cobrado múltiples vidas y las amenazas persisten, pero organizaciones de toda la región continuamos levantando la voz y reafirmamos una vez más nuestro compromiso. El caso de Berta Cáceres se niega a sucumbir a la impunidad y al olvido, ¡justicia para Berta!

Firman:

Asociación para una Ciudadanía Participativa – ACI Participa
Asociación Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte
Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL
Comité por la Libre Expresión – C-Libre
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación
Equipo Jurídico por los Derechos Humanos
Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe
Foro Honduras Suiza
Front Line Defenders
Honduras Delegation Alemania
Latin Amerixa Working Group – LAWG
Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida – MASSVIDA
Plataforma Internacional
Mittelamerika-Sekretariat e.V. Munich
Protección Internacional Mesoamérica
Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos
Trocaire

Etiqueta: derechos humanos

Hernán Alvarado

Boaventura de Sousa Santos

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