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Etiqueta: derechos humanos

Foro de Justicia se pronuncia ante visita (virtual) del relator especial de la ONU sobre “independencia de magistrados y abogados a la Corte Suprema de Justicia”

PRONUNCIAMIENTO DEL FORO DE JUSTICIA ANTE LA VISITA (VIRTUAL) DEL RELATOR ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA INDEPENDENCIA DE MAGISTRADOS Y ABOGADOS A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COSTA RICA

TENIENDO EN CUENTA QUE:

I.- Costa Rica, como signatario original de la Carta de las Naciones Unidas forma parte del sistema de Naciones Unidas el cual, para el cumplimiento de sus objetivos de defensa de las garantías democráticas, posee una amplia cantidad de órganos de verificación, entre los que se encuentra la Relatoría Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados (sic), creada desde el año 1994, cuyo mandato, según resolución 26/7 del 10 de julio de 2014, se origina en la convicción de que “la independencia e imparcialidad del poder judicial, la independencia de los profesionales del derecho, la objetividad e imparcialidad de fiscales capaces de desempeñar debidamente su cometido y la integridad del sistema judicial son requisitos esenciales para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la aplicación de la legislación propia de un estado de derecho, y para asegurar que los juicios sean imparciales y se celebren al margen de cualquier discriminación”. En dicho cargo el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas designó, desde 2017, a quien fuera juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dos períodos consecutivos (2008-2013) el Dr. Diego García-Sayán.

II.- La Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia Judicial de los magistrados y abogados, mediante nota diplomática remitió a Costa Rica la OL CRI 3/2019 de fecha 12 de julio de 2019 en la cual, entre otras cosas, estipuló la necesidad de “Adoptar y aplicar las medidas necesarias para garantizar que el proceso de selección y nombramiento de las altas magistraturas esté basado exclusivamente en criterios objetivos y transparentes y que tengan por objetivo asegurar la integridad, idoneidad y la formación o calificación idónea de las personas seleccionadas. Dicho proceso ha de adecuarse a los estándares y principios internacionales de la independencia judicial.”

III.- La Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia Judicial de los magistrados y abogados, mediante la OL CRI 3/2020 de fecha 27 de octubre de 2020 recomendó a Costa Rica lo siguiente: “2. Que se impulsen los esfuerzos necesarios para cesar las amenazas a la independencia judicial causadas por intromisión en la autogestión del poder judicial, la regresividad de derechos sociales y económicos y que se adopten las medidas de derecho interno que sean necesarias para dejar sin efecto, y haciendo cesar, los actos causantes de las violaciones a la independencia judicial aquí establecidas. 3. Exhortar al Estado de Costa Rica a adecuar su legislación a los principios y garantías de la independencia judicial consagrados internacionalmente y resolver lo antes posible las acciones constitucionales que ponen en entredicho ciertas leyes”.

IV.- Que en fecha 24 de marzo de 2016 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llamó la atención a Costa Rica sobre el tema de independencia judicial interna por procesos disciplinarios seguidos en la Corte Suprema de Justicia a un juez por aplicar criterios de convencionalidad e insto a que “asegurar y proteger la independencia e imparcialidad de los jueces y garantizar que la toma de decisiones judiciales esté libre de todo tipo presiones e injerencias”.

V.- Que los estándares internacionales relacionados con la elección de magistraturas se derivan de las obligaciones internacionales del Estado costarricense y se encuentran desarrollados ampliamente en diversos documentos como los siguientes: Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre garantías para la independencia judicial; Informe del ex Relator Especial de la ONU Leandro Despouy sobre garantías internas y externas a la independencia judicial; Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura ONU; y diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre las que destacan los casos Reverón Trujillo Vs. Venezuela y Quintana Coello vs. Ecuador.

VI.- Que existe una “invitación abierta a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas”, según fue indicado mediante nota DM-1830-2019 por la ministra a.i. de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Lorena Aguilar Revelo, y que, específicamente, mediante oficio DGPE-838-2019 del 29 de agosto de 2019 la señora Adriana Bolaños Argueta, Directora General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, realizó una invitación formal al señor Diego García Sayán Larrabure, Relator Especial para la independencia judicial de las Naciones Unidas.

VII.- Que la intervención —anunciada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) — del Dr. Diego García-Sayán en la sesión de la Corte Suprema de Justicia el 24 de mayo de 2021, ocurre en su condición de experto independiente y Relator Especial de Naciones Unidas sobre independencia judicial, lo cual es parte de su mandato.

VIII.- Que en la resolución del Consejo de Derechos Humanos de fecha 23 de julio de 2020, este órgano intergubernamental instó “a todos los Gobiernos a cooperar con el Relator Especial y a prestarle asistencia en el desempeño de su cometido, a facilitarle toda la información necesaria que solicite, a responder sin dilaciones indebidas a las comunicaciones que les haga llegar, y a considerar la posibilidad de acceder a sus solicitudes para visitar sus países y de poner en práctica sus recomendaciones”.

IX.- Que la crisis institucional del Poder Judicial costarricense de 2018, generó una pérdida de legitimidad de la ciudadanía costarricense en el Poder Judicial y evidenció la necesidad de reformas profundas, que a la fecha no se han producido por falta de voluntad política de los diferentes sectores involucrados, lo que implica un debilitamiento de la institucionalidad del país.

X.- Que los diferentes informes y visitas de los distintos mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas son un medio para fortalecer el cumplimiento de los Derechos Humanos y consolidar el respeto al Estado Constitucional y Democrático de Derecho, siendo que Costa Rica se ha destacado por ser un país respetuoso del Derecho Internacional Público y aliado de los órganos internacionales.

INSTA RESPETUOSAMENTE:

1.- A los señores magistrados y magistradas del Poder Judicial costarricense a que, siguiendo las mejores tradiciones cívicas y democráticas que les han precedido, escuchen el mensaje del experto independiente de las Naciones Unidas y, en el marco de sus competencias, avancen las reformas necesarias para ajustar la situación nacional a los estándares internacionales.

2.- A la ciudadanía, sociedad civil y prensa nacional e internacional a que, den seguimiento a las reformas pendientes que tienen como objetivo fortalecer la independencia judicial, algunas de las cuales se encuentran a la espera de aprobación por parte de la Corte Suprema de Justicia.

3.- A la Asamblea Legislativa de Costa Rica a que se inviten a las diferentes oficinas especializadas de las Naciones Unidas para que coadyuven en el diseño de las reformas necesarias adecuadas a la tradición de civilidad y juridicidad del país, a fin de que se asegure la independencia interna y externa de cada juez o jueza de la República, y se garantice la vigencia de los derechos humanos de toda la población.

4.- A la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de los Magistrados y Abogados, y a la OACNUDH, a que, en el marco de sus competencias, contribuyan con el fortalecimiento de la independencia judicial en Costa Rica.

5.- Invitamos a toda la ciudadanía a seguir con atención la sesión de la Corte Suprema de Justicia del lunes 24 de mayo de 2021 a las 09:00, a través del enlace https://livestream.com/poderjudicial-costarica.

El Foro de Justicia es un espacio de diálogo, sin fines de lucro, compuesto por organizaciones de distintas orientaciones y disciplinas cuyo objetivo consiste en proponer reformas para lograr una justicia independiente, pronta, cumplida e igual para todas las personas. El Foro de Justicia está conformado por la Asociación Americana de Juristas rama Costa Rica, la Asociación Costa Rica integra (CRI), la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad De La Salle, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, el Programa Estado de la Nación/CONARE (PEN) y por personas expertas independientes. Para consultas o colaboraciones al Foro de Justicia puede escribir a los correos: mesoamerica@cejil.org; forodejusticiacr@gmail.com.

Walter Antillón Montealegre

Asociación Americana De Juristas – Rama Costa Rica

Adriana Orocú Chavarría

Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD)

Lorena González Pinto

Cátedra Unesco de Derechos Humanos Universidad De La Salle

Evelyn Villarreal Fernández

Programa Estado de la Nación-PEN CONARE

Claudia Paz y Paz Bailey

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Alfredo Chirino Sánchez

Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (FD-UCR)

Rosaura Chinchilla Calderón

Integrante independiente

Marcia Aguiluz Soto

Integrante independiente

Fraya Corrales Gómez

Asociación CR Íntegra (CRI)

Luis Antonio González Jiménez, Integrante independiente

La Corte no escucha

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Pienso que la gran mayoría (19-3) de la Corte Plena le teme a la verdad. No han querido oír que nuestro sistema de elección de magistraturas tiene serios defectos -y con harta frecuencia también vicios- que afectan su transparencia y credibilidad. Han optado por taparse los oídos e inventarse una serie de pretextos que sólo ellos – y ellas- se creen. No han querido escuchar, sólo eso, escuchar, al relator de Naciones Unidas (el único a nivel mundial) para la vigilancia, nada más y nada menos, que del principio ético-político de independencia judicial. Simplemente han pisoteado las obligaciones del estado costarricense en tanto país integrante de la ONU. Han socavado la credibilidad de Costa Rica como un miembro sometido al control de sus instituciones democráticas frente a la comunidad internacional. Todo el prestigio de nuestro país como nación respetuosa de los derechos humanos, abierto al escrutinio de sus instituciones democráticas, ha quedado en entredicho. ¿Qué autoridad moral vamos a tener de ahora en adelante para aspirar a que costarricenses prestigiosos, como ha ocurrido en el pasado, ocupen misiones especiales, relatorías en derechos humanos o en tribunales internacionales de justicia?

No han querido oír nuestros máximos jueces que hay un peligroso riesgo si la connivencia entre políticos y juzgadores se consolida. No han querido oír que la prevalencia de calificaciones subjetivas, sobre factores de calificación objetivos, desacreditan los certámenes por las vacantes. No quieren saber nada de la designación del último de la fila, en votaciones secretas, sin dar razones, en medio de la peor arbitrariedad. Menos que menos han querido revivir los relatos de cómo algunos se han brincado la fila, firmando una factura impagable. En fin, han preferido hacer la del avestruz ante una tormenta, que más temprano que tarde nos azotará.

De auténticos jueces -y juezas- es la virtud de saber escuchar; buscar la verdad, aunque nos duela; tener un mínimo de sana autocritica para que la mirada del pueblo no se llene de dudas y de iras.

Hoy es un día para el olvido. El prestigio del Poder Judicial costarricense ha quedado, en los ámbitos nacional e internacional, como en el tango: “cuesta abajo en la rodada…”

Serie: Conociendo de la historia y los derechos de los pueblos originarios 9

Según el Observatorio de Derechos Indígenas y Cambio Climático, de acuerdo a la tradición, las mujeres cuidan el uso de la tierra y tienen a cargo la herencia. La herencia ha sido una herramienta para mantener el uso tradicional y sagrado de la tierra. El derecho de herencia de una mujer Bribri o Cabécar está dado por los principios establecidos por los antepasados y Sibó mismo.

Esta es la novena infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Desarrollo pleno de los pueblos originarios, de las personas migrantes y de todas las etnias. Le invitamos a compartirlo en sus redes.

 

Información compartida con SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.

Serie: Conociendo de la historia y los derechos de los pueblos originarios 8

Desde 1939 la Ley General de Terrenos Baldíos dispuso en su numeral 8 el derecho de las comunidades indígenas a los territorios que los asientan. De esta manera se fundamentó un sistema jurídico de tutela territorial, que implicaba a su vez la de otros derechos, como el de la justicia propia.

Esta es la octava infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Desarrollo pleno de los pueblos originarios, de las personas migrantes y de todas las etnias. Le invitamos a compartirlo en sus redes.

 

Imagen principal: UCR

Información compartida a SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.

Finquero que utiliza propiedad en China Kichá no tiene derecho a indemnización

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

El finquero Miguel Vargas es declarado “propietario de mala fe” por parte del INDER y no le corresponde ninguna indemnización.

Viernes 21 de mayo de 2021. Mediante el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) de la Sesión Ordinaria 14 del 26 de abril del 2021 y como resultado de un proceso administrativo (Expediente RTI-PA-0002-CHINA KICHÄ) iniciado el 12 de octubre del 2020 para determinar si Miguel Vargas Mata es poseedor de buena o mala fe, en los términos establecidos por la Ley Indígena 6172; se determinó que Vargas Mata es poseedor de mala fe en las fincas que ocupa dentro del Territorio Cabécar de China Kichá, terreno recuperado, conocido como Yuwi Senaglö.

En el expediente consta que Miguel Vargas Mata es propietario registral de las fincas matrícula: 305530-001, 305530-002, 635202-000 y 635201-000 y que estos terrenos aparecen con anotación en el Registro Nacional, Bienes Inmuebles, ZONA A.B.R.E (INMUEBLE SITUADO EN TERRITORIO INDIGENA).

También se tiene como probado en el expediente que Vargas Mata adquirió las fincas después del 2001, año en el cual mediante decreto N° 29447-G publicado en la Gaceta 93 del 16 de mayo se restableció la Reserva Indígena China Kichá y se redefinieron sus límites. “(…) Actualmente y para el momento en que Don Miguel adquirió las fincas estaba vigente y sigue vigente, por consiguiente, por principio de Legalidad la administración no puede desconocer la vigencia del mismo y su aplicación”, cita el acuerdo del INDER en mención.

En el análisis realizado por el órgano administrativo se retoma la jurisprudencia del Tribunal Contencioso administrativo y Civil de Hacienda, II Circuito Judicial de San José, mediante voto N° 36-V-2021 de las quince horas del veintiuno de abril del años del dos mil veintiuno en el que se indicó “ por eso, cualquier traspaso u ocupación que se haga luego de demarcada el área de la Reserva Indígena, deberá ser considerado de mala fe, supuesto en el cual se debe proceder con su expulsión (acto de policía) o desalojo inmediato por las vías legales previstas al efecto (desahucio administrativo), y consecuentemente, no podría procederse a indemnización alguna”.

El órgano Director tiene por establecido “Dada las situaciones anteriores en donde se tiene que Miguel Vargas Mata es una persona NO indígena que adquirió una propiedad cuando el territorio indígena China Kichá ya había sido restablecido” y resuelve:

“POR TANTO. De conformidad con lo expuesto y con fundamento en la normativa y jurisprudencia indicada, se resuelve:

1) Tener por acreditado que Miguel Vargas Mata, es propietario de mala fe de las fincas matricula: 305530-001 y matricula: 305530-002, finca matrícula 635202-000 y finca matrícula 635201-000.

2) Que no le corresponde indemnización alguna.

3) Que se inicien los procedimientos necesarios para la nulidad de los traspasos, para que las fincas sean puestas en posesión del pueblo indígena China Kichá.

5) Trasladase el expediente al Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto de Desarrollo Rural, para que elabore la solicitud hacia la Procuraduría General de la República, para que de conformidad con el inciso i del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para se inicie el proceso de nulidad de

los traspasos hacia Miguel Vargas Mata, de las fincas MATRICULA: 305530-001 y MATRICULA: 305530-002, FINCA MATRICULA 635202-000 y FINCA MATRICULA 635201-000, por haberse adquirido cuando ya estaba restablecido la Reserva Indígena China Kichá.

6) Instruir a la Secretaría General de Junta Directiva, para la notificación de este acuerdo. Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME”. *

Como recuperadoras/es del Pueblo Cabécar de China Kichá celebramos esta decisión de la Junta Directiva del INDER, que viene a reafirmar nuestros derechos y lo que hemos venido diciendo sobre nuestro derecho a recuperar Yuwi Senaglö y los otros 4 terrenos recuperados dentro de nuestro Territorio y demandamos al Poder Ejecutivo del Estado de Costa Rica, iniciar de forma inmediata para que sean anulados los traspasos de las fincas que ocupa ilegalmente Miguel Vargas y se inicie el proceso de desahucio administrativo.

Recuperadores y recuperadoras cabáceres de Kelpego.
Recuperadores y recuperadoras cabáceres Kono Jú.
Recuperadores y recuperadoras cabáceres Sekerö Kaska.
Recuperadoras cabáceres Saka Duwé Senaglö.
Recuperadores y recuperadoras cabáceres Yuwi Senaglö.
Coordinadora de Lucha Sur

OIDH: Viva Palestina libre

18 de mayo 2021

La Organización Interseccional Pro Derechos Humanos (OIDH-CR) se suma a las voces que en todo el mundo se levantan para condenar de manera enfática la política de exterminio que el Estado de Israel ha venido desarrollando en contra del pueblo palestino. Los bombardeos indiscriminados a barrios residenciales, la muerte de personas inocentes, principalmente de niños, niñas, mujeres y adultos mayores, junto con las inhumanas medidas represivas, excluyentes y discriminatorias que se aplican cotidianamente a las personas palestinas desarmadas, no son otra cosa que una política de estado cuyo objetivo final no es otro que el exterminio de este pueblo con el apoyo de los Estados Unidos de América y sus aliados fuera y dentro de la región. En consecuencia, hacemos un llamado al cese de las hostilidades, al restablecimiento de los diálogos de paz.

Nuestra Organización se solidariza con el heroico pueblo palestino que por décadas ha enfrentado con honor y orgullo una situación que atenta a todas luces con sus derechos humanos.

Viva Palestina libre.

Programa Alternativas: Abrazando la diversidad

Este viernes 21 de mayo a la 6 p.m. el Programa Alternativas estará tratando el tema: «Abrazando la diversidad». 

Se contará con la participación de: Vane Paniagua, Poetista, activista independiente y miembro del Colectivo Gente Diversa; Ana María Cruz, Trabajadora Social y Bach en Psicología, voluntaria de la red de acompañamiento LGBTIQ+CR; Manine Arends, integrante de GAFADIS y activista por los derechos humanos; Adolfo Murillo, Cofundador el Grupo de apoyo “Amor a la Diversidad de Tila”; Vitinia Varela, Cofundadora el Grupo de apoyo “Amor a la Diversidad de Tila”

El programa se podrá ver en Facebook Live de ALTERNATIVAS o bien sintonizarlo en la emisora de radio 1590 AM.

AAJ condena los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado de Israel contra el pueblo palestino

La AAJ condena enérgicamente los ataques militares, y los crímenes de lesa humanidad que está perpetrando el Estado de Israel contra el pueblo palestino, víctima de una brutal e ilegal ocupación y continua colonización de sus territorios. Se trata de la continuación del proyecto racista, colonial y de apartheid, ejemplificado en los intentos de expulsar forzosamente a palestinos del barrio de Sheij Jarrah de Jerusalén por colonos judíos armados, la violencia indiscriminada contra manifestantes palestinos y los ataques a sus lugares sagrados, el bloqueo y los bombardeos continuos a la franja de Gaza.

Israel viola impunemente el derecho internacional y los llamados de la comunidad internacional a respetar el derecho humanitario, los derechos humanos y poner fin a la ocupación y opresión del pueblo de Palestina.

Señalamos la responsabilidad directa de los gobiernos de Estados Unidos, que ha facilitado la impunidad de Israel, mediante el uso continuo del veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hoy, mientras se intensifican los ataques de Israel contra los palestinos, los Estados Unidos presionan al Consejo de Seguridad para posponer una resolución sobre las acciones ilegales de Israel en Sheij Jarrah, la mezquita Al-Aqsa y Jerusalén ocupado. Además, los Estados Unidos proporcionan $ 3.8 mil millones en ayuda directa a Israel cada año, destinada específicamente para fines militares.

Por tanto, la AAJ:

  1. Declara que la paz en el Medio Oriente requiere de una solución política y el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, basadas en el respeto de la Carta, los pactos internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que obligan:
    • al cese inmediato de toda acción contra la población civil palestina;
    • al cese de la ocupación y el control militar de los territorios ocupados, incluyendo Jerusalén Este por parte de Israel;
    • el retiro incondicional de los territorios actualmente ocupados por los colonos israelíes y el desmantelamiento de los asentamientos coloniales israelíes;
    • el derecho al retorno de los refugiados palestinos a su tierra;
    • el reintegro de las propiedades confiscadas, sin perjuicio de la compensación económica y la reparación integral a las víctimas de los crímenes;
    • la indemnización a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y el juzgamiento de los responsables;
    • el cese de la discriminación de la población árabe de Israel, que asciende a casi un 20% del total;
    • la liberación de todos los prisioneros y prisioneras palestinos y poner fin al uso de la tortura y la detención administrativa. Israel tiene encarcelados a unos 4.500 palestinos, entre ellos 41 mujeres y 140 niños menores de 18 años. Desde principios de 2021, las autoridades israelíes han arrestado a más de 1.400 palestinos por solo desafiar la ocupación.
  2. Apoya el llamado al boicot, desinversión y sanciones de todas las entidades cómplices de los crímenes israelíes, del apartheid israelí, de la ocupación de Palestina o de violaciones de los derechos humanos palestinos.
  3. Exige que los EEUU pongan fin a la ayuda financiera a Israel.
  4. Llama a la comunidad internacional, a todos los Estados y particularmente a los Estados Unidos, a exigir al gobierno de Israel, al cumplimiento inmediato de las obligaciones del derecho internacional, bajo apercibimiento de adoptar las medidas necesarias que lo obliguen a hacerlo, al mismo nivel del aislamiento, en su momento, del gobierno sudafricano, para detener el genocidio y el apartheid del que es víctima el pueblo palestino.
  5. Sostiene que es indispensable el fiel cumplimiento de la Cuarta Convención de Ginebra y las Altas Partes Contratantes deben ejercer sus responsabilidades, bajo el artículo 146, de procesar a los responsables de violaciones de la Convención que constituyen crímenes de guerra, según el art. 147 de la misma Convención y el Protocolo I Adicional.
  6. Hace un llamado a las asociaciones de juristas y personas amantes de la paz y la justicia que se identifican con la defensa de la causa del pueblo palestino, a expresar su categórica condena a la violencia y excesivo uso de la fuerza por el gobierno israelí contra la población civil palestina en Gaza, los territorios ocupados, incluyendo Jerusalén Este y la Palestina histórica.

A 15 de mayo de 2021, fecha que marca 73 años de la Nakba.

Firman: Vanessa Ramos, Presidenta AAJ Continental; Luis Carlos Moro, Secretario General; Beinusz Szmukler, Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ.

DEI se manifiesta ante ocupación ilegal de Palestina

Desde el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) nos manifestamos contra la ocupación ilegal del territorio Palestino, que ha provocado que miles de personas palestinas sean asesinadas, desplazadas de sus hogares, privadas de su libertad y vulnerados sus derechos humanos, por la ocupación militar del gobierno israelí.

Es nuestro deseo como organización ecuménica que todos los pueblos del mundo sean libres de opresión, guerras y desigualdad. Pedimos que la justicia social y la paz sea posible. Una paz donde las personas no sean discriminadas por su edad, clase, género, raza, religión o nacionalidad. Donde haya bienestar y dignidad para todes.

#PALESTINALIBRE

FRENAPI: «Denunciamos las actuaciones racistas del Obispo y sacerdote católicos y funcionarios municipales contra indígenas cabécares de China Kichá, en Pérez Zeledón»

Ante las declaraciones del obispo Gabriel Enrique Montero Obispo de Pérez Zeledón, y del sacerdote Luis Alberto Mena de la Parroquia de Pejibaye en audiencia pública ante el Concejo Municipal de Pérez Zeledón el día 4 de mayo del 2021, expresamos que:

Coincidimos en que existe una situación de racismo, discriminación y violación de los derechos humanos en el territorio indígena de China Kichá. Sin embargo, esas declaraciones cuando se analizan en detalle resultan ser imprecisas, parcializadas y faltan a la verdad en la descripción de los hechos y la identificación de los protagonistas del conflicto por eso desinforman y crean confusión.

Las razones en que nos apoyamos son las siguientes:

1) Se identifica a los responsables del conflicto como a “pequeños grupos de personas indígenas sin estar legitimados por su mismo pueblo”. Además se indica: “personas indígenas están siendo invadidas por indígenas”. Esa afirmación desconoce la historia reciente del territorio cabécar de China Kichá que se describe de forma breve así: La declaración del territorio indígena se dio por Decreto Ejecutivo número 34, del 15 de noviembre de 1956, con un área de 4330 hectáreas; en 1982 se emitió un Decreto Ejecutivo que tiene por título “Deroga Reserva Indígena de China Kichá”. Después de 19 años de protesta y de lucha por reestablecer el territorio, el pueblo cabécar logró en el año 2001 la emisión de un decreto en el que se reestableció el territorio de China Kichá, sin embargo se redefinieron los límites, y se les disminuyó el área a 3300 hectáreas. Durante ese periodo los no indígenas, (colonos, finqueros y campesinos) se apropiaron del territorio y lo ocuparon en un 97%. Por lo tanto, el centro del conflicto es la invasión de no indígenas al territorio ancestral cabécar; NO se trata de un conflicto entre indígenas.

2) La palabra del Obispo Católico Gabriel Enrique Montero Umaña y el Presb. Mena, no son creíbles, ya que la invasión de tierras históricamente la han sufrido los pueblos indígenas, quiénes no sólo soportan el arrebato desde la conquista y colonia sino que además les han pisoteado sus creencias, tradiciones espirituales y negado su cultura. En pleno siglo 21, cuando la humanidad ha reconocido el genocidio racista y abominable de la conquista en América, África y Asia, ES LAMENTABLE encontrar jerarcas de iglesias, instituciones y grupos de poder, organizando actos de violencia y discriminación, contra los pueblos indígenas.

3) Denunciamos que el Obispo Montero y el Presb. Mena, como co-responsables y promotores de actos que ya lesionan la humanidad y dignidad de los indígenas recuperantes de Tierra/Territorio en China Kichá, actos cargados de mentiras y racismo, que agitan a los usurpadores y vecinos incitándoles a la acción agresiva y violenta contra la integridad física y la vida de este pueblo que hoy lucha por sobrevivir y sólo pide que les devuelvan las tierras usurpadas ilegalmente, y que están establecidas en el Decreto Ejecutivo N» 29447-G publicado en la Gaceta G» 93 de Miércoles 16 de mayo del 2001 se estableció China Kichá como territorio indígena.

4) Solicitamos la intervención de la Conferencia Episcopal de Costa Rica e intercesión del Papa Francisco, a efecto que revise la conducta del Obispo Montero Umaña, quién en medio de la pandemia y del Conflicto de Tierras/Territorio en la Zona Sur, ubicado dentro de la Diócesis, en lugar de trabajar por la reconciliación y buscar paz, en vez de cumplir la Doctrina Social de la Iglesia y las Cartas Pastorales sobre Pueblos Indígenas, se ha puesto a incentivar la confrontación, ubicándose al lado de los finqueros, ganaderos y usurpadores, agitando con falsedades y racismo en contra de un pueblo Cabécar de China Kichá, empobrecido y golpeado por la historia y la realidad actual. Exhortamos a la Iglesia Católica a hacer valer las palabras del P francisco en su Carta Encíclica Laudato Si, N.º 146: Para ellos, (PUEBLOS Indígenas) la tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores. Cuando permanecen en sus territorios son precisamente ellos quienes mejor los cuidan. Sin embargo en diversas partes del mundo, son objeto de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y la cultura¨

5) Deben saber tanto obispos y clérigos, como poseedores no indígenas, funcionarios y representantes municipales, vecinos y comunidad nacional, que la Ley Indígena 6172, desde 1977, dice: “que los territorios Indígenas son exclusivos de los pueblos que ahí habitan; que las personas NO indígenas NO pueden comprar, alquilar, arrendar, o de cualquier otro modo poseer tierras dentro de un territorio indígena; que los No Indígenas NO pueden construir viviendas, ni utilizar los recursos naturales ni servicios dentro de un territorio Indígena; que los /as poseedores NO Indígenas pueden reclamar indemnización, si comprueban que adquirieron las tierras de Buena Fe, que esa buena fe está ya definida por los Tribunales de Justicia y que su posesión sólo es indemnizatoria, por lo que no pueden traspasarla a otras personas, ni por herencia.”

La mayoría de los poseedores actuales en China Kichá, (y de otros territorios indígenas de la Zona Sur) no reúnen las condiciones de Buena Fe según los estudios administrativos, por lo que deben salir de esas tierras o serán desalojados, ya que EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS NO SE APLICA LA POSESIÓN POR TIEMPO (PRESCRIPCION DECENAL), porque la misma Ley Indígena 6172 de 1977, dice que nuestros Territorios son imprescriptibles, intransferibles e inalienables (intocables). El camino del Obispo de PZ, Enrique Montero (franciscano), de acompañar a su pueblo, especialmente a los más pequeños y débiles, se desvió, por lo que le solicitamos rectificar, informarse, consultar a las Comunidades, acercarse y preguntarnos, para ayudarle a salir de su equivocación, que daña no sólo a los pueblos indígenas, sino que también daña la sociedad diocesana y costarricense, y, a su misma iglesia, por su condición de obispo; mejor es que se aparte de su ministerio, renuncie o pida traslado.

6) Denunciamos que la convocatoria a movilizarse en una “Caminata / Proclama y Caravana” para el día Lunes 17 de mayo, desde San Antonio de Pérez Zeledón, hasta el territorio de China Kichá y de igual forma en el parque central de Buenos Aires, responden a la campaña de odio racista, contra los pueblos indígenas, que se viene promocionando por diversos medios y desde autoridades municipales, eclesiales, empresariales apoyada por finqueros (as), ganaderos (as), usurpadores y autoridades locales, que faltando a la verdad, promueven violencia, ahora acompañados/as por líderes eclesiales.

Responsabilizamos a estas Autoridades citadas y al Estado / Gobierno, en los tres Poderes de la República, que estando ya avisados, permitan estas “caravanas de violencia racista”, que pueden terminar en hechos fatales, que tengamos que lamentar como sociedad costarricense; pudiéndose evitar, máxime que nuestros reclamos son Derechos Humanos garantizados por las Leyes nacionales y los Tratados Internacionales; además nuestro reclamo es justo y ya no podemos soportar más.

¡NO MAS IMPUNIDAD!
#SergioRojasVIVE
#JeryRiveraVIVE
¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!
FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)
Acompaña: COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA
14 DE MAYO, 2021.