El artículo académico que le invitamos a leer es una publicación de la revista Espiga, publicada por la UNED, y escrito por Vania Solano-Laclé, Fernanda Alvarado-Leitón y María Fernanda Obando-Sánchez.
Este artículo tiene como objetivo describir las manifestaciones discriminatorias hacia pueblos indígenas y otras poblaciones étnico-culturales en Costa Rica. Para ello se analizaron los datos provenientes de la Encuesta Actualidades 2022. Los resultados evidencian una percepción de maltrato, con mayor frecuencia hacia personas indígenas, nicaragüenses y afrodescendientes. Se constata que las personas, según su autoidentificación étnico-cultural, perciben situaciones de discriminación hacia sí mismos y hacia sus familiares por su fenotipo, procedencia e identidad cultural, idioma, condición socioeconómica y género. El artículo corrobora que pertenecer a un grupo étnico-cultural minoritario en Costa Rica constituye un factor de vulnerabilidad para ser discriminado y muestra asociaciones entre condiciones fenotípicas (rasgos faciales y color de piel) de los grupos y condiciones de exclusión económica y educativa. Los hallazgos resaltan la necesidad de incluir la autoidentificación étnico-cultural en las investigaciones sociales, en general, y en las encuestas, en particular.
Le invitamos a informarse con este artículo acerca de estas problemáticas discriminatorias que afectan a los pueblos indígenas.
El pasado 22 de noviembre del 2024 Albino Vargas presentó un recurso de amparo para defender el derecho lesionado del principio de legalidad constitucional, y otros. Entre estos derechos están el Artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, el Artículo 193 del Código Procesal Penal, y el Articulo 29.2 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Esto, debido a que el 21 de noviembre anterior, el Presidente de la República y la Ministra de la Presidencia, Rodrigo Chaves, y Laura Fernandez respectivamente, firman un decreto denominado Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Unidad Especial de Intervención, el cual modifica el vigente del 2005, y faculta a los recurridos a designar y remover a su discreción, al director, subdirector, jefe de operaciones, y jefe del cuerpo de protección presidencial de la Unidad Especial de Intervención. Asimismo, le asigna a esa unidad funciones que ya corresponden a órganos del Poder Judicial.
Esa acción del Poder Ejecutivo vulnera el principio de legalidad al generar dudas sobre si se está estableciendo una jerarquía de mando, lo cual podría contravenir normas superiores, al igual que la naturaleza de las órdenes, ya que si se estuvieran implicando actos ilegales o derechos fundamentales su cumplimiento podría constituir un delito.
También, se infringe lo dispuesto en la Constitución Política sobre la separación de poderes, intromisión en funciones, control político sobre órganos de seguridad, al igual que derechos fundamentales como las garantías individuales y abusos como el uso desproporcionado de la fuerza.
Según se indica, “La modificación grosera que vía reglamentaria (Decreto Nº 44637 MP) el Poder Ejecutivo extiende a esas atribuciones legales, riñe, confronta y lesiona el principio de reserva de ley así como el orden jerárquico de las normas, otorgando de una manera confusa, imprecisa y amplia, la facultad a la UEI, de planificar, supervisar y participar en allanamientos entre otras conductas viciadas, ajenas a la normativa legal señalada, sin establecer en el decreto cuestionado, que esas atribuciones estarían supeditadas, como en efecto lo están, bajo la dirección funcional del Ministerio Publico y las autoridades jurisdiccionales competentes; todo lo cual resulta abiertamente temerario, peligroso y contrario a la Constitución y la ley como vemos, toda vez que, en virtud de esta circunstancia, esta transgresión de la ley y la Constitución, genera un agravio que consiste, no solo en la violación per sé indicada, sino también en una transgresión al artículo 149 de la Constitución Política.”
Le invitamos a descargar y revisar la compilación de todo el proceso tramitado en la Sala Constitucional compartido por ANEP.
Al interpretar su hermosa canción “El padre Antonio y su monaguillo Andrés”, el salsero panameño Rubén Blades recuerda siempre el destino de los defensores de derechos humanos que han sido asesinados en el contexto latinoamericano.
“Podrán matar a las personas pero nunca a sus ideas”, dice Blades mientras la historia del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero va desarrollándose en un ritmo sentido:
“Antonio cayo, ostia en mano y sin saber por qué Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé Y entre el grito y la sorpresa, agonizando otra vez Estaba el Cristo de palo pegado a la pared Y nunca se supo el criminal quién fue Del Padre Antonio y su monaguillo Andrés”.
El 7 de diciembre de 1994 fueron asesinados en Costa Rica Jaime, María del Mar y Oscar. Líderes ambientalistas de entonces libraban una férrea batalla contra los intereses privados y sus socios en el Estado costarricense.
A finales de ese año se lograría detener la acción de la Ston Forestal, que intentaba implantar sus intereses forestales, madereros y de tráfico de drogas en el sur del país, una región rica por su biodiversidad.
Seis meses después fue hallado otro ecologista y poeta muerto en circunstancias aún no aclaradas. David Maradiaga, el Rey David como lo llamábamos en el mundo poético costarricense y centroamericano, también fue asesinado.
Una semana antes de su muerte coincidiríamos en un viaje desde Heredia hacia la Universidad de Costa Rica. Allí me contaría lo contentos que estaban quiénes habían quedado de la lucha contra la transnacional forestal. Pero también me revelaría su miedo, un miedo preciso y latente que pude ver en sus ojos: “me andan siguiendo para matarme”, me diría.
Una semana después abriría el periódico y confirmaría el hecho: lo mataron.
Treinta años después la vigencia de las ideas de estos cuatro defensores de la vida permanece y se hace fuerte. La narrativa sobre el paraíso ambientalista y ecológico que acompaña a Costa Rica en los foros internacionales, se desvanece ante la impunidad que persiste en estos cuatro asesinatos.
Recordemos que la fragilidad de los defensores de la vida en Costa Rica y la región continúa: Jairo, Bertha, Sergio, Jerhy. Los mataron, pero sus ideales y luchas continúan presentes.
En otras columnas recientes hemos hablado de la memoria como recurso contra el olvido. Que las ideas de justicia y dignidad que marcaron la vida y obra de estos héroes no se vayan nunca de nuestras reflexiones.
Quisiera terminar este ejercicio de recuerdo con uno de los textos más hermosos que ha parido la poesía centroamericana, justamente en la palabra de David, mi querido David:
Animal Lluvioso
Soy un andante en el dédalo del tiempo animal lluvioso que agarra la palabra y la blande frente al hastío Vivo en medio de estos montes ni dichoso ni infeliz en cruel comercio de gases con mis vecinos de piedra Tengo las manos del jardín deshechas por flores muertas una estación de trenes en el encierro un desordenado cuarto en armonía con el caos Tengo una plantacalamar que me abraza y me oscurece y me libera La hierba azucarada y la cena de bengalas para golondrinas y tortugas Tengo Baúles abiertos Bocanadas de clarín que arrinconan a los belcebúes de la casa Pongo a crecer el vuelo y asesino el muro Grito para me oigan en épocas dobladas como bodoques y puestas como cuñas en los resquicios del tiempo Amo a las mujeres pintadas en rotos almagestos Idolatro sextantes herrumbrados astrolabios y pirámides Busco arcángeles para sembrar sobre baldosas cotidianas Manos para dejar en ruinas la ruina Gallos para matar la muerte Animal lluvioso me declaro seguro del sol que un día nacerá de mis pálidas gotas
Por más de 200 años, las sociedades civilizadas han avanzado, no sin obstáculos, por el camino del respeto a la dignidad de los privados de libertad. La abolición de la pena de muerte, en 1882, gran legado de don Tomás Guardia a los costarricenses y al mundo, es la mejor expresión, de esa tarea de supremo respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así, también, la inhumana tortura, para infringir sufrimiento, o cualquier otro tipo de maltrato inconcebible, incluido el encarcelamiento injusto, conque se degrada a la persona, han dejado de tener cabida en sociedades que se dicen civilizadas.
No en vano, a los costarricenses todavía nos avergüenza, las situaciones descritas por José León Sánchez, en su novela «LA ISLA DE LOS HOMBRES SOLOS», que tanto impactara entre los costarricenses, cuando se publicara hace más de medio siglo, en la cual José León describe, como testigo, la situación que se vivía en la antigua prisión existente isla San Lucas.
Pero, por dicha, han pasado los años, y con ellos se han venido estableciendo principios convencionales en el marco de la ONU, que, junto a decisiones internas de Estados, como Costa Rica, han permitido avanzar por el sendero correcto, hacia el respeto de los derechos de los que cumplen sanciones penales. «Donde las leyes permiten que un hombre, en determinados casos, deje de ser una persona para convertirse en una cosa, no existe libertad», describió Beccaria, jurista italiano del siglo XVIII, de gran influencia en la modernización del derecho penal europeo.
En los «Principios básicos para el tratamiento de los reclusos», (ONU 1990), explícitamente se establece, el deber de crear «condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades laborales remuneradas y útiles, que faciliten su reinserción en el mercado laboral del país, y les permita contribuir al sustento económico de su familia y al suyo propio«.
Tenemos los costarricenses, leyes pertinentes y un ejemplar «Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional«, emitido en la administración de don Luis Guillermo Solís, que recoge el espíritu y letra de la legislación pertinente al caso que nos ocupa. Por ejemplo, se estipula que «Las condiciones de vida de la persona privada de libertad, deberán tener como referencia, la vida en libertad«. Para su inserción social, el Estado «tomará las medidas necesarias a efecto de poder ofrecer a las personas, educación, cultura, formación profesional, trabajo, salud, deporte, arte, y cualquier otra cosa que tenga el mismo fin«. Asimismo, se ha de implementar «un modelo de formación integral, garante de los derechos humanos, que les posibiliten la inserción social«, para lo cual se ha de generar, «una oferta educativa, formativa, productiva y laboral, que estimule el desarrollo de habilidades, competencias y destrezas… para su vida en libertad«. Ello con la finalidad de realizar «un proceso de acompañamiento individual y grupal a las personas privadas de libertad, que desarrollen actividades ocupacionales«.
En términos generales, se busca que las actividades de formación, ocupación y capacitación, «sean parte esencial del plan de ejecución de la pena y tendrán como finalidad, adquirir y fortalecer destrezas y hábitos positivos… que favorezcan la inclusión social… y un proyecto de vida sin delinquir«.
Ante lo anotado, no entendemos cómo, el presidente Chaves y la co-gobernante Cisneros, hasta gastaron recursos del Estado, para anunciar como un éxito del gobierno, el haber desautorizado el funcionamiento de un par de pequeñas pulperías, administradas por adultos mayores, en sendas cárceles. Pulperías (ellos les llaman «comisariatos», otros «supermercados») que, debidamente autorizadas por el ministro de Justicia (aunque lo obligaron luego «a quitarse»), funcionaban, con grandes limitaciones, en las prisiones.
Aprovechando que se trata de una población vulnerable, privada del ejercicio de varios derechos en razón de sentencias judiciales, mayormente despreciada por los habitantes, la máxima autoridad del Poder Ejecutivo consideró un «éxito» detener su operación, pues «no pagan impuestos ni la luz», dijo el dúo Chaves-Cisneros. Acción que demuestra ausencia de sensibilidad y solidaridad cristiana, además del usual desconocimiento de la legislación, nacional e internacional.
El hecho de que, en países como El Salvador, no rijan reglas similares, no ha de ser motivo para retroceder tan violentamente, en un campo en el cual los costarricenses hemos avanzado tan significativamente. Por ello, esperamos que, en virtud de recursos de amparo presentados a favor de los privados de libertad, afectados como artesanales empresarios, y como particular clientela, los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, además de acogerlos, emitan un voto razonado tal, que vaya permeado de una motivación educativa, donde se reafirmen los principios básicos, que el Chaves y la Cisneros, están desechando, como parte de su demagógica propaganda, de hombre fuerte y mujer de hierro.
El próximo sábado 7 de diciembre del 2024 a las 9:00 a.m frente al Pretil en la Universidad de Costa Rica se estará realizando un homenaje a las personas asesinadas en luchas socioambientales, conforme se establece en la resolución C-30/10/2024.
Este acuerdo insta a la administración para que cada 7 de diciembre se lleven a cabo actividades para rendir homenaje a las personas asesinadas por defender el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y la reconstrucción de la memoria histórica de las luchas socioambientales.
Le invitamos a formar parte de esta conmemoración, para mantener vivo el recuerdo de la lucha de estas personas. Compartimos el mensaje del rector:
El 15 de diciembre, de 12 m.d. a 5 p.m se llevará a cabo el evento “Gran Turno Navideño TRANSVIDA”. Se contará con venta de comidas, bingo, presentaciones artísticas y recaudación de fondos.
El lugar será en Teatro Municipal La Villa, en Desamparados y el costo del cartón para el bingo es de 1 x 2000 colones / 3 x 5000 colones
La Asociación Transvida fue creada por y para las personas trans. Esta organización tiene contacto directo con más de 350 personas trans, quienes participan en talleres, asisten a clases, a grupos de apoyo y son abordadas de manera integral.
¡Asista y colabore!
Más información:
Donaciones en efectivo, premios y aporte de personas voluntarias:
El 7 de noviembre se cumplieron 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el voto femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, derecho a la salud, la paz social, la educación, las garantías sociales, la jornada laboral de 8 horas, la seguridad jurídica, la división de poderes (Legislativo, Ejecutivo, Judicial), que es de suma importancia para una sana democracia, pero sobre todo, fundó las bases de un modelo de Estado Social que le permitió a la población de nuestro país un enorme progreso y desarrollo.
Nuestra Carta Magna fue promulgada durante el período histórico conocido como la fundación de la Segunda República, en el gobierno de facto de José Figueres Ferrer, don “Pepe”, pero los avances que trajo para nuestra población están hoy amenazados de muerte, quizá como nunca antes, con el gobierno de Rodrigo Chaves Robles.
Intentos como el de implementar las jornadas laborales 4×3 y derribar la histórica jornada laboral de 8 horas, la venta de instituciones públicas como el BCR y el INS y ni qué decir de la conocida Ley Jaguar, sobre la cual la Sala IV, bajo el expediente 24-021741-0007-CO interpuesto por el Tribunal Supremo de Elecciones, encontró vicios de constitucionalidad.
Como actora social, creyente y practicante de los valores de Justicia Social, considero que alejarse de las ideas que se integraron en la Constitución Política de 1949 es una grave amenaza a nuestro modelo de Estado Social que se alimentó de la diversidad de distintas corrientes de pensamiento durante la primera parte del Siglo XX en nuestro país y que lograron consolidar un modelo social que, a pesar de múltiples intentos para destruirlo, continúa en pie.
Si hay que avanzar hacia un nuevo modelo de Constitución, deberá ser tomando en cuenta la integración de los Derechos Humanos y la consolidación de nuestro modelo de Estado Social y no a la inversa, mientras no sea ese el camino, deberemos seguir defendiendo la actual constitución y lo que su legado histórico ha representado para el desarrollo y progreso social de los habitantes de nuestra Patria.
En la última década hemos asistido al aumento de un tipo de demandas judiciales principalmente que tiene como objetivo limitar e intimidar a la participación pública. Estos procesos recurren a las instancias judiciales no como una herramienta para reivindicar una demanda de buena fe, sino para limitar la expresión de otros.
Estas acciones involucran procesos largos y extremadamente costosos, logrando la desmovilización de personas lideresas e intimidando a otros actores.
El principio detrás es convertir el sistema judicial en un arma para intimidar, restringir el interés público y convertir asuntos de interés público en disputas técnicas de derecho privado.
Estas acciones están dirigidas especialmente a colectivos de defensa de derechos humanos, del ambiente y a periodistas, con el fin de «castigar» su labor crítica ante las acciones que emprenden corporaciones y Estados.
Por esta razón, les invitamos a revisar estos artículos que profundizan esta tendencia que estamos viviendo en nuestros países, así como esta infografía para aportar conceptos e invitarles a seguir debatiendo este tema.
El viernes 29 de noviembre de 5 p.m. a 7 p.m. en la Cancillería (Casa Amarilla) se llevará a cabo una actividad pacífica de solidaridad con Palestina, en el marco de las negociaciones del tratado de libre comercio con Israel.
Esta manifestación se debe a que el pasado 22 de noviembre el gobierno de Costa Rica contestó la solicitud formal de la organización Red de Solidaridad con Palestina sobre el tratado con Israel, indicando que mediante jurisprudencia de la Sala Constitucional, la documentación que se solicitó será tratada como secreto de estado.
El llamado del movimiento que promueve la solidaridad con Palestina es el siguiente: “No permitamos que se hagan negocios con criminales de guerra y genocidas, y tampoco permitamos que se negocie a oscuras un TLC con un estado y gobierno perseguidos por la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional”.
Le invitamos a esta manifestación, la cual es apta para todo el público con diversas participaciones culturales El llamado es a formar parte de esta jornada internacional de solidaridad.
¡Unirse a esta lucha es defender los Derechos Humanos de nuestras familias y comunidades!
La Comisión Comunal Pro Asfaltado de Ruta 811 viene impulsando gestiones dirigidas al MOPT, CONAVI y otras instituciones involucradas para que resuelvan y hagan el Asfaltado Total de la Ruta Nacional 811; así como proporcionar su respectivo mantenimiento.
Es urgente su presencia para manifestar públicamente la preocupación por el mal estado de la Ruta Nacional 811; interrupción de labores de asfalto y el no recibir respuesta por parte de ninguna institución para resolver de manera oportuna esta situación. Dicha manifestación ciudadana la impulsó en conformidad con derechos consignados en legislación internacional y en la constitución Política de Costa Rica vinculados al derecho a la protesta; entre ellos en los artículos 26 y 28.
Reiteramos que el estado actual de dicha ruta afecta en el diario vivir de las familias que viven a las orillas de esta vía y otras comunidades aledañas; entre algunas se encuentran La Ligia, Santa María, Irlanda, Escocia, El Silencio, Dos Ríos, El Camarón, Los Ángeles, Finca Lomas, La Morenita, La Aurora y otras comunidades cercanas.
Así mismo, perjudica drásticamente la calidad de vida y la seguridad de todas las personas que transitan por dicha carretera, en el actual estado en que se encuentra. En el verano hay demasiados huecos y polvo que también se convierte en un problema de salud pública, donde en especial, niñez, juventud y personas adultas mayores sufren de problemas respiratorios a causa de tanto polvazal. Problemática que se agudiza con la lluvia que provoca un barrial casi intransitable.
Esta problemática violenta y vulnerabiliza derechos humanos de todas las comunidades, inclusive a los grandes empresarios del banano, piña, productores agrícolas, pequeños emprendedores de proyectos de turismo.
Hemos hecho propuestas y hemos estado esperando por muchos años una verdadera solución, como es el asfaltado. Exigimos a las instituciones respectivas que, en coherencia con el discurso que se da aludiendo a la política de Estado, se agilice con las acciones concretas por el desarrollo de nuestra provincia será una realidad.
