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Etiqueta: derechos humanos

Manifiesto de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum ante la grave crisis económica, política y social que vive el país

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

  1. Tomando en consideración que la Rerum Novarum es la Confederación más grande del país, que aglutina a más de 50 sindicatos, con una membresía superior a los 50 mil trabajadores, tanto del sector privado, como del público, en su mayoría en la primera línea de lucha contra la pandemia, y otros sectores, los más afectados por la crisis económica, política y social que vive nuestro país.
  2. Que a raíz del anuncio del Gobierno en torno al plan para iniciar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a efecto de acceder a un préstamo para pagar la deuda interna, han surgido muchos movimientos sociales de oposición que podrían desencadenar un movimiento social, sin precedentes en la historia nacional por el grado de descontento popular existente.
  3. El anuncio del Gobierno de la República representa una serie de ocurrencias muy bien decididas a proteger a los que más tienen y desfavorecer a los que menos tienen, con una serie de impuestos cuyo efecto inmediato empobrece a la clase asalariada tanto el sector público como privado.
  4. Para la Rerum Novarum es urgente, que si se van a promover más impuestos los mismos tienen que aportarlos los que más tienen, es decir los impuestos tiene que pagarlos el gran capital financiero que ha tenido múltiples ganancias en este periodo de la pandemia y antes de la pandemia, pero ha sido condonado por el estado durante mucho tiempo.

La Rerum Novarum no va a repetir la consigna “no más impuestos” de la cual se está valiendo el sector empresarial para aprovecharse de un falso populismo direccionado a que tampoco les cobren impuestos a ellos, quienes acto seguido piden de inmediato reducir el aparato estatal lo que implica el riesgo de cierre de programas sociales, y de instituciones de bien social, como lo es Fondo Asignaciones Familiares (Fodesaf) y por tanto restar la posibilidad de protección a los más necesitados en un país donde crece la pobreza a ritmos acelerados y donde la informalidad pasa hacer un porcentaje sumamente alto de los trabajadores que tiene el país.

Visto lo anterior los empresarios harán desaparecer el bono de vivienda, los comedores escolares, las becas estudiantiles, las ayudas para mujeres agredidas y todos los programas sociales.

  1. Por responsabilidad con el país, con sus sindicatos, y federaciones afiliadas, la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum se reunió el pasado lunes 21 de setiembre con los secretarios generales y presidentes que conforman dichas organizaciones sindicales y después de un debate prolongado se llegó a la conclusión de que Costa Rica requiere una GRAN ALIANZA entre todos aquellos sectores que organizadamente, se plantean en su agenda la defensa de la institucionalidad del país, la defensa del medio ambiente, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la protección social.
  2. Luego de este análisis se acordó aprobar la siguiente política de alianzas coyunturales, estratégicas para la defensa de la institucionalidad del país, los derechos sociales, laborales y ambientales y contra políticas anti laborales.
  3. Para la Rerum Novarum es más que necesario que desde el propio seno de la sociedad civil se llegue a acuerdos bajo una misma agenda que nos permita lanzar las bases sólidas de una CONCERTACIÓN NACIONAL con arraigo, popular y nacional.
  4. Ante esto, el Consejo Ejecutivo Nacional acordó una política de alianzas con todos aquellos sectores cuya intención es mantener el Estado Social de derecho, hacer uso de los mecanismos que nos da el derecho a la protesta para poder reivindicar a la sociedad costarricense.
  5. Creemos desde la Rerum Novarum que debemos protestar pero también proponer. Iremos a exigirle al Gobierno, que los impuestos que promueva para cubrir las necesidades del país, tienen que ser dirigidos al gran capital financiero, ese que por años se ha visto protegido y por lo tanto no ha contribuido en lo mínimo con los tributos al estado y por tanto no genera desarrollo, no genera empleo, tampoco beneficio social ni económico al país.
  6. Creemos necesario entonces la urgencia de tener una agenda nacional unificada para resolver los grandes problemas de la salud, del desfinanciamiento del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), así como la falta de atención a la salud que podría darse muy cercanamente. Necesitamos fortalecer la educación, así como que el país dé respuesta a esos niños que se han excluido del sistema escolar por cuanto sus padres y los ingresos familiares no les da ni para tener internet, ni mucho menos una computadora, ni mucho menos un teléfono inteligente donde reciban sus clases. Se considera en más de medio millón de niños, niñas y jóvenes que están quedando excluidos del sistema escolar y quienes no deben quedar rezagados porque estarían condenados a la miseria y la pobreza.
  7. Por ello, la Rerum Novarum deja claro ante la ciudadanía, que el movimiento sindical que representa va a estar a la par de todos aquellos grupos organizados, cuya agenda sea la defensa del país, pero a su vez deja también claro, que no participará con grupos cuyo interés solapado esté con un carácter partidario, porque consideramos que Costa Rica no merece ser engañada nuevamente.
  8. Habrá muchos políticos tradicionales que se rasgan las vestiduras ante esta crisis, pero fueron responsables de esta crisis.

LLAMAMIENTO PÚBLICO

La Rerum Novarum llama a la gran lucha nacional. La Rerum Novarum llama a la ALIANZA COYUNTURAL con todo aquel movimiento auténtico por la defensa de Costa Rica y no participará con ningún grupo cuyo objetivo tenga un carácter partidario, este es un movimiento de la familia costarricense, es un movimiento patriótico, es un movimiento por la salvación del país.

La Rerum Novarum llama a toda la población, a todo el sector organizado de las municipalidades, de las asociaciones de desarrollo, cooperativas, asociaciones solidaristas, para que nos unamos en esta gran causa.

Costa Rica nos necesita, vamos a defenderla y… ¡¡¡a lucha porque sin luchas no hay victorias!!!

Y ahora la tercera muerte de Sergio Rojas Ortiz

Escrito en . Publicado en Análisis, Comunidad.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

Para los estados nacionales fundados por los criollos, hace un par de siglos, en esta parte del mundo, no se trata sólo de ignorar los derechos más elementales y la existencia misma de los pueblos originarios de Abya yala, nombre que le daban los kunas a este continente en que habitamos, sino de recurrir a su paulatina exterminación física y cultural como una serie de pasos previos para consumar su eliminación total o conversión postrera. Ese, y no otro, es y ha sido desde el siglo XIX el accionar y la intencionalidad manifiesta de quienes gobiernan todos estos países, de ahí su inacción y complicidad con los asesinatos de líderes indígenas que se cometen a diario en países como Colombia, Honduras, Guatemala e incluso en la pudibunda Costa Rica, un país este último donde los medios de comunicación apoyan, de innumerables maneras, a los terratenientes que se han apropiado de las tierras de los pueblos originarios, se trata de una nación que se declara blanca o caucásica por excelencia, una tan singular dentro de la que “esos otros desconocidos” no pasan de ser una molestia marginal, a lo sumo(que problema con esos “inditos” que no entienden todavía el valor comercial de la tierra), un estado costarricense que irrespeta el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los pueblos indígenas, uno cuyo Poder Legislativo se negó hace ya diez años a votar una ley de autonomía para estos pueblos-nación que quedaron territorialmente, dentro del estado nacional de Costa Rica, uno cuyas autoridades tanto del gobierno central como de los municipios o gobiernos locales se mantienen entre la indiferencia y la complicidad manifiesta frente a la violencia y el atropello, casi cotidiano contra los bribris, cabécares, brorán, teribes, gnäbe bugles y malekus en lucha por recuperar sus tierras usurpadas. La escalada de violencia, con bandas de matones y pistoleros pagados por los terratenientes en los territorios de esos pueblos, culminó con el asesinato de dos importantes líderes de esos grupos étnicos, en el lapso de poco más de un año: Sergio Rojas Ortíz y Jehry Rivera, líder entre los bribris el primero y de los brorán el segundo cayeron abatidos por la violencia homicida, ordenada por poderosos intereses económicos, los que necesitan esas tierras paras sus grandes negocios, y están decididos a quitarse esas gentes de su camino sin entrar en consideraciones humanitarias de ninguna clase, recurriendo incluso a aquellos que han renegado de sus orígenes para consumar el genocidio y el etnocidio simultáneos.

Dado lo anterior, estamos en capacidad de afirmar que no tuvo que transcurrir siquiera un lapso de dos años para que se consumara lo que me atrevo a calificar, sin tapujos ni bobadas de ninguna clase, como la tercera muerte de Sergio Rojas Ortíz. El atroz crimen ocurrido en Salitre del cantón de Buenos Aires, en la noche del 18 de marzo de 2019 fue apenas el inicio de un no tan lento proceso hacia la impunidad y el olvido del crimen cometido en la persona de uno de los líderes más importantes entre los bribris que habitan en el actual territorio de Costa Rica, casi de inmediato se ejecutó su segunda muerte cubriéndolo con una campaña de infamias a través de los medios comunicación más importantes del país, esa muerte consistió en censurar acremente, y recriminar de previo a quienes se atrevan a invocar su memoria como un luchador consecuencia por los derechos de los suyos, con lo que se buscaba no solo deslegitimar esa lucha sino abrir el camino para la impunidad y el olvido.

Cuando apenas ha transcurrido un año y medio del primero de esos asesinatos, el de Sergio Rojas Ortiz, su tercera muerte comienza a abrirse paso en los medios de comunicación social e incluso en las redes sociales, para ello el Poder Judicial declara cerrado el caso ante lo que llama la “imposibilidad” de identificar a los culpables (no se distingue entre autores intelectuales y ejecutores, desde luego) del crimen.

A diferencia de Ramón Mercader, el catalán que asesinó al líder bolchevique León Trotsky en la ciudad de México, cuya tercera muerte viviendo siempre bajo otro nombre, ocurrió en Cuba en 1978, después de haberse convertido en “otro” (Jacques Mornard- Frank Jackson) para cometer el crimen y pasar después veinte años encarcelado en México en esa misma condición enajenada, aquí no es el victimario (recordemos el libro de Jorge Semprún LA TERCERA MUERTE DE RAMÓN MERCADER) sino la víctima en la persona de Sergio Rojas Ortiz, la que es asesinada una vez más, al negar la posibilidad de establecer las responsabilidades de él o los asesinos, abriéndole paso a la impunidad y al olvido en un país sin memoria histórica. Para nosotros, Sergio Rojas Ortiz vivirá siempre en nuestros corazones y en nuestra memoria, su legado nos pertenece también a todos los que asumimos y respetamos su humanidad, al igual que la de todos sus hermanos de los pueblos originarios que habitan el actual territorio de Costa Rica, quienes merecen todo nuestro respeto y la solidaridad que podamos darles. Que así sea.

Rechazamos la inacción estatal para dar Justicia a Sergio Rojas

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

  • El sistema judicial costarricense ha fallado a su deber de garantizar justicia a los pueblos indígenas
  • Solicitamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impedir el archivo del caso de Sergio Rojas
  • Llamamos a la solidaridad nacional e internacional mediante pronunciamientos

FECON. 25/09/2020. El Ministerio Público de Costa Rica solicitará desestimar y archivar la causa penal por el asesinato de Sergio Rojas Ortiz del Clan Uniwak del Territorio Bribri de Salitre. Sergio fue asesinado a balazos el 18 de marzo del 2019 en su casa de habitación.  Esto es una burla total y muestra de negligencia del Ministerio Público, ya que alega que esta causa se desestima por la “imposibilidad de localizar a los testigos” y porque “el entorno, la forma de vida en la zona” imposibilito la investigación, lo que demuestra incapacidad, desinterés o racismo en el trato de caso.

La complicidad histórica y constante del Estado costarricense se expresa con el incumplimiento de los derechos indígenas, entre los que destaca el no reconocimiento efectivo sus territorios. La inacción del Estado ha generado que los Pueblos Indígenas en Costa Rica sean perseguidos, criminalizados, agredidos y sus líderes asesinados, siempre bajo una violencia que no es incidental, sino sistemática. Estas acciones criminales han quedado en total impunidad a pesar de las denuncias a las autoridades respectivas.

Por estos hechos:

► Desde la Federación Ecologista de Costa Rica (FECON), con indignación denunciamos que el sistema judicial costarricense ha fallado en su deber de garantizar la justicia para las personas indígenas del pueblo bribri y de los diferentes territorios. Este gobierno ha demostrado ser negligente, racista y neocolonial.

► Hacemos un llamado urgente para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asuma con todas sus competencias la investigación de este caso para que el Estado costarricense en la figura de la Fiscalía General de la República, desista del archivo del caso de Sergio Rojas, realice los allanamientos que correspondan en la investigación de su caso, analice los vínculos del contexto social del conflicto con el asesinato y determine las responsabilidades, para sancionar como corresponde y a quienes corresponda.

► Solicitamos la solidaridad de las organizaciones nacionales e internacionales, para que por medio de pronunciamientos y/o cartas apoyen la causa indígena en Costa Rica y denuncien la violencia sistemática que está operando de parte del Estado costarricense en relación a los derechos indígenas.

En contexto:

Sergio era miembro del Consejo de Autoridades Propias Cuidadores de la Madre Tierra (Ditsö Iriria AjKönuk Wapka de Salitre), fundador y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI). Lideró las recuperaciones de tierras en su territorio en Salitre de Buenos Aires, haciendo velar la jurisdicción nacional como lo es la Ley indígena de 1977, convenios internacionales como el 169 de la Organización Internacional del trabajo, la declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e internacionales.

Sergio se encontraba bajo protección de Medidas Cautelares, establecidas por la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) el 30 de abril del 2015 (MC 321–12–2015) a favor de los Territorios de Salitre y Térraba para garantizar la vida y protección integral para las personas miembros de ambos Pueblos. La falta de aplicación efectiva de estas Medidas por parte del Estado costarricense, se manifestó en la incapacidad de salvaguardar la vida de Sergio.

El asesinato de Sergio Rojas sumó a Costa Rica en el informe del Global Witness 2020 sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Él fue una de las 212 personas asesinadas por defender su territorio, su cultura y el derecho a la vida de cientos de pueblos campesinos e indígenas. Lamentablemente para el 2021 apareceremos de nuevo en el informe, tras el asesinato de Jehry Rivera Bröran del territorio Indígena de Térraba, también de la Zona Sur del país, el 24 de febrero del presente año.

Texto e imagen: FECON

ONU solicita continuar investigación y esclarecer homicidio de Sergio Rojas Ortiz

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

San José, 25 de setiembre de 2020 – El Sistema de las Naciones Unidas pidió al Estado costarricense continuar con la investigación del homicidio del líder indígena Sergio Rojas, ocurrido en marzo de 2019 en el Territorio Indígena de Salitre y evitar que este crimen quede en la impunidad.

La ONU destacó que Costa Rica ha sido un país respetuoso de los derechos humanos y tiene plena confianza en que las autoridades judiciales esclarecerán el caso y llevarán ante los tribunales a las personas responsables.

Naciones Unidas recordó el llamado que hicieron los expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU Michel Forst, en su momento Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Victoria Tauli Corpuz, en su momento Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en el que urgieron a las autoridades costarricenses a “identificar a los autores materiales e intelectuales de este grave delito y los lleven ante la justicia, de acuerdo con la ley”.

La organización además ha hecho llamados a sus Estados miembros para seguir impulsando las acciones necesarias con el fin de erradicar toda forma de violencia y discriminación contra los pueblos indígenas, garantizando también el derecho a la posesión de sus tierras.

Naciones Unidas indicó adicionalmente que ha dado seguimiento a la medida cautelar 321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a los territorios indígenas de Térraba y Salitre en la zona sur del país. En este marco, y en procura de prevenir la violencia en más territorios, instó al Estado a procurar que, en el desalojo anunciado para los próximos días en el territorio indígena de China Kichá, tenga en cuenta las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas y los estándares internacionales en materia del derecho a la vivienda y desalojos forzosos, conforme a los compromisos adquiridos por el Estado en los distintos tratados internacionales ratificados en la materia.

La ONU reiteró su compromiso de continuar apoyando al país para impulsar el cumplimiento de los Derechos Humanos y asegurar el derecho colectivo de los pueblos indígenas a seguir libremente su desarrollo económico social y cultural, a determinar sus prioridades y establecer sus estrategias para lograr el desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás.

Fuente: https://costarica.un.org/es/92701-onu-solicita-continuar-investigacion-y-esclarecer-homicidio-del-lider-indigena-sergio-rojas

Información compartida con SURCOS por SERPÄJ.

Sergio Rojas Ortiz y la confirmación del racismo y la negligencia

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Osvaldo Durán Castro (Sociólogo/Profesor ITCR-FECON)

El día del anuncio de la desestimación y archivo de la causa por asesinato de Sergio Rojas Ortiz del Clan U ni wak, es tan nefasto e indignante como el propio 18 de marzo de 2019 cuando fue asesinado, y como el 24 de febrero de 2020 cuando Jerhy Rivera Rivera fue asesinado.

Esa decisión del Ministerio Público confirma el racismo en todas sus expresiones contra la gente indígena. Esa violencia es física, hasta los asesinatos, pasando por la negación de su existencia como culturas, el desconocimiento de sus derechos humanos como personas y como etnias, el no reconocimiento e incumplimiento de acuedos, leyes y convenios como la Ley indígena de 1977, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y las resoluciones y medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos internacionales. En fin: violencia material e inmaterial contra la cultura indígena desde hace siglos, que surgió y se reproducde en la institucionalidad del Estado y también por parte de empresas transnacionales y nacionales. Jerhy, Sergio, Antonio Saldaña y Pabru Presberu, entre muchos, han sido víctimas mortales de esa violencia, pero son apenas los casos más conocidos.

Esos asesinatos no son aislados. Son parte de un patrón histórico de colonialismo que se ejecuta por medio de usurpaciones y violaciones de los derechos básicos de las personas y los pueblos indígenas. Costa Rica no escapa, si no que reafirma, la violencia del sistema económico contra los pueblos originarios, basada en la explotación de la gente y de los territorios indígenas en los cuales yacen muchas de las reservas de materias primas que los negocios persiguen. No por casualidad muchas de las luchas pasadas y actuales de los pueblos indígenass han sido y son contras explotaciones mineras, de petróleo, de monocultivos extensivos, de ganadería, de saqueo de madera, de “investigación prospectiva” de la biodiversidad, que no es más que bio-pirataería, contra represas hidreléctricas y un extenso listado de agresiones contra la Tierra, que para los pueblos indígenas no es una mercancía o cantera de materias primas por explotar.

Costa Rica no es excepcional, aunque se busque ocultar la violencia sistemática y estructural contra los pueblos indígenas. El Informe de Gloabl witness de julio 2020, “Defender el mañana. Crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente”, inclye a Costa Rica por el asesinato de Segio Rojas, que fue una de las 212 personas asesinadas en el planeta por defender su territorio, su cultura y el derecho a la vida de cientos de pueblos campesinos e indígenas.

El informe señala que “En muchos países, el derecho de las personas a su tierra y a sus recursos naturales carece de protección, de documentación legal que lo respalde o de reconocimiento” (p. 35). Señala además que “Para abordar las causas estructurales, los gobiernos deberían: Resolver los reclamos pendientes sobre tenencia de tierras y asegurar formalmente, incluso a través de medios legales, el derecho a la tierra de las comunidades y los pueblos indígenas” (p.36).

Lejos de resolver esos conflictos estructurales arrastrados por siglos, en Costa Rica la negligencia y la impunidad estimularán más usurpaciones. Habrá más violencia. Los pueblos indígenas han matenido una calma y silencio que los hacen héroes y heroínas de la no violencia, de la paciencia y de la humildad que los Gobiernos y usurpadores erróneamente han tachado de ignorancia y sumisión. Pero los ataques permanentes, las amenazas, el miedo infundido contra indígenas de todas las edades en sus propios territorios podrían empezar a tener respuestas contundentes de los pueblos originarios, hasta el punto en que la sangre que corra deje de ser sólo de indígenas. Y el Gobierno será el primer responsable. Si el mensaje de la institucionalidad es que la vida de Sergio no vale nada y si el Estado por medio del Ministerio Público aduce que «por la forma de vida en la zona y la imposibilidad de localizar a los testigos”, se desestima la causa, estamos la manifestación más absurda, negligente y odiosa. Eso es una burla en la cara de la familia de Sergio, una afrenta para cada persona indígena, para todos los pueblos indígenas y para cualquier persona honesta y cuerda de este país y del mundo. Ahora el país no sólo será “famoso” por los asesinatos contra los indígenas, si no también por la incompetenia de sus autoridades judiciales.

El Gobierno debe aceptar que la voluntad de alguno.as de sus funcionarios no es suficiente. Debe pedir mediación internacional especializada. Debe acudir ya mismo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para eclarecer de manera urgente e imparcial este asesinato, y el Jerhy Rivera Rivera. El caso no debe archivarse así de fácil. La demanda y exigencia elemental es que se reabra de inmediato y se llegue a la justicia. El informe de Glonbal Witness señala: “COSTA RICA El 18 de marzo, Sergio Rojas Ortiz concurrió a la oficina del fiscal en la localidad de Yeri, en el suroeste de Costa Rica, para informar sobre las amenazas que había recibido. Esa misma noche lo asesinaron tiros en su casa” (p.15). Su asesinato confirmó que la vida de los indígenas no es de importancia para la institucionalidad de Costa Rica. No fue protegido. A nadie le importó. Pero ahora, el archivo de su caso reafirma un descomunal irrespeto por todos los pueblos indígenas.

Cada persona defensora de los derechos humanos y que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, debería iniciar actos de desobediencia civil, para demostrar que la vida de Sergio, la de Jerhy, y la de cualquier indígena es igual que la de cualquier otro ser humano. Desconocer la resolución del Ministerio Público es un acto de dignidad humana.

Alianza Progresista: Declaración política para la Asamblea General de las Naciones Unidas

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

18 de septiembre de 2020

Declaración política para la Asamblea General de las Naciones Unidas

Nueva York, 21-24 de septiembre de 2020
“Por un nuevo multilateralismo justo e inclusivo”

El mundo está entrando en un período peligroso. Tras un programa hiperglobalista y neoliberal que ha provocado dos crisis mundiales, una financiera y otra ambiental y sanitaria que aún se está desarrollando, estamos ahora en camino hacia otra nueva crisis, el cambio climático, que podría tener efectos devastadores en la vida humana de este planeta.

Se trata de crisis globales que afectan a todo el mundo, pero en particular a los más vulnerables, al profundizar las desigualdades sociales existentes dentro de los países, entre países y entre generaciones. La pobreza sigue siendo una plaga en todas partes, pero lo es en algunos países y regiones más que en otros. Muchos de los jóvenes de las últimas generaciones han sido condenados a una vida sin futuro. Nuestro mundo es vulnerable, desequilibrado e injusto.

Sin embargo, las soluciones para corregir estos desequilibrios y superar estas crisis existen y son más fuertes que nunca. Las actuales revoluciones en varios ámbitos científicos y la multiplicación de las herramientas digitales ofrecen extraordinarias posibilidades para construir una sociedad de bienestar para todos y una relación armoniosa con la naturaleza y el planeta de acuerdo con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Nuestra masa de recursos financieros nunca ha sido tan grande, pero sigue estando cada vez más concentrada en manos de una oligarquía ultra-rica que se beneficia de paraísos fiscales y de sofisticados esquemas de evasión de impuestos proporcionados por los bancos y las regulaciones fiscales.

Los Estados nacionales siguen siendo nidos básicos de protección, pero ahora son demasiado débiles para poner todo este potencial científico y financiero al servicio de sus propios ciudadanos y de la humanidad y el planeta en su conjunto.

Ha llegado el momento de que los ciudadanos del mundo, dondequiera que se encuentren, levanten su voz y pidan un nuevo sistema de cooperación internacional que se base en valores y normas comunes, y que pueda contar con una legitimidad y eficacia política mucho más fuertes para responder a los desafíos comunes.

Sólo esta voz de los ciudadanos del mundo puede poner fin a la actual disputa entre los hiperglobalizadores neoliberales, por un lado, que han fracasado estrepitosamente pero que siguen ocupando posiciones de poder, y las sirenas del nacional-populismo, por otro lado, que reclaman el retorno a posiciones cerradas, xenófobas, mesogénicas, egoístas y autoritarias completamente retrógradas e inaceptables.

El año 2020 debe ser el año en que los ciudadanos del mundo, cualquiera que sea su nacionalidad, cultura o credo, y con las dos mitades de la humanidad, mujeres y hombres, reclamen sus vidas, su planeta y su futuro, y lancen un programa para un multilateralismo del siglo XXI, un multilateralismo nuevo, inclusivo y justo, – un nuevo, justo e inclusivo multilateralismo basado en los SGD.

– Nuevo, para abordar no sólo los desafíos permanentes de la paz, los derechos humanos y el desarrollo, sino también los nuevos desafíos mundiales del cambio climático, las pandemias, la escasez de recursos, la transformación digital y la ciberseguridad

– Inclusivo, para representar a toda la humanidad en pie de igualdad, creando así un verdadero sentido de pertenencia común y de participación democrática, que involucre a todos los actores pertinentes, desde las organizaciones internacionales y regionales hasta una amplia gama de partes interesadas de la sociedad civil

– Justo, a fin de erradicar la pobreza y superar las actuales desigualdades sociales, dentro de los países y entre ellos, y entre generaciones, en su acceso a los bienes públicos mundiales, como la educación, la atención de la salud y la calidad del medio ambiente.

En su declaración aprobada el 18 de septiembre de 2020, la Dirección de la Alianza Progresista afirma los siguientes objetivos y prioridades:

  1. Queremos la vida humana, la dignidad humana y los derechos humanos para todos los seres humanos sin distinción. Esto debe traducirse en el acceso a bienes públicos clave en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible y su interconexión entre lo social, la economía, la ecología, las instituciones y la sociedad.

Pedimos:

– un nuevo contrato social, que proporcione acceso universal a la atención sanitaria, la educación y la protección social y la calidad del medio ambiente para todos los ciudadanos, que se incluya y financie como prioridad en los planes nacionales de desarrollo sostenible

– los planes de recuperación de la crisis de Covid-19 para dar prioridad a esos objetivos, que se cofinanciarán con inversiones públicas en los planos nacional, regional e internacional

– el principio de la Salud Única que se aplicará en todos los lugares de trabajo a fin de garantizar condiciones de trabajo saludables y seguras y reducir las fuentes de contaminación

– la respuesta humanitaria mundial de las Naciones Unidas y el Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 para que se le asignen más recursos financieros y se cuente con una mayor coordinación entre los organismos de las Naciones Unidas

– a las vacunas contra las pandemias se les atribuya el estatuto de bienes mundiales vitales, asegurando así el acceso universal y la subvención pública de sus costos desde la investigación hasta la difusión.

  1. Queremos que nuestras economías garanticen la respuesta a las necesidades vitales y proporcionen una base renovada para el pleno empleo, al tiempo que se mantienen abiertas al comercio libre y justo. Nuestras economías deberían.

Pedimos:

– planes de recuperación que protejan a las empresas y los puestos de trabajo y, al mismo tiempo, creen nuevos empleos en las cadenas de suministro vitales, que aborden las nuevas necesidades sociales y que promuevan la innovación para transformar nuestras economías en más ecológicas e inclusivas

– una transición justa como un proceso con una fuerte participación de los sindicatos y la representación de los trabajadores y que dé como resultado el bienestar, la inclusión y el trabajo decente para todos

– que estos planes de recuperación se financien con una mayor movilización de las inversiones, de acuerdo con las normas de financiación sostenible, y que se cofinancien públicamente con presupuestos públicos que cuenten con nuevas fuentes de impuestos, en particular los impuestos digitales, financieros, sobre el carbono y sobre la riqueza.

– las grandes empresas, las multinacionales y el capital financiero deben contribuir con su parte justa a las finanzas públicas, ya que la gente ha pagado lo suficiente, en el pasado reciente, por crisis que no provocaron

– la deuda de los países altamente endeudados se cancelará, siempre que ajusten sus políticas a los objetivos de desarrollo del Milenio, el buen gobierno y la no utilización de los paraísos fiscales

– las negociaciones comerciales de la OMC que se relanzarán con la ambición de crear oportunidades reales de mejorar las normas sociales, ambientales y tecnológicas de todos los países.

  1. Queremos invertir las tendencias actuales hacia un cambio climático muy preocupante mediante una profunda transformación de la forma en que consumimos, nos movemos y producimos.

Pedimos:

– un compromiso mundial para aplicar plenamente el Acuerdo de París sobre el cambio climático

– una eliminación coordinada de todos los subsidios a las empresas altamente contaminantes, y una inversión masiva en energías renovables contando con el apoyo del Fondo Verde Mundial

– la transformación de todas las cadenas de suministro, desde la granja hasta el tenedor, para proporcionar alimentos asequibles, accesibles y saludables para todos como una cuestión de regulación multilateral

– un cambio en nuestra vida urbana hacia casas de bajo carbono y transporte público asequible mediante la puesta en marcha de grandes programas de inversión que pueden crear muchos nuevos puestos de trabajo

– una renovada atención a las zonas periféricas y rurales a fin de detener el éxodo insostenible hacia los grandes centros urbanos y las metrópolis

– un marco multilateral que se desarrollará para gestionar y compartir los costos de nuestro patrimonio mundial de biodiversidad, bosques y océanos.

  1. Queremos hacer lo mejor de la actual revolución digital y evitar sus abusos en nuestra vida personal, laboral, cultural y política.

Pedimos:

– el acceso a la alfabetización digital y a las conexiones de Internet para generalizarse y ser gratuito, y los grandes datos como un bien común

– derechos sociales básicos que se establecerán para todos los trabajadores de la plataforma en el mundo

– una política de innovación en todos los países para apoyar a las PYMES y a las agrupaciones en la respuesta a las necesidades locales con soluciones y aplicaciones a medida

– un impuesto digital mundial que se impondrá a las grandes plataformas en línea con el fin de financiar la educación y la protección social para la era digital

– normas internacionales comunes que enmarcan el uso de grandes datos e inteligencia artificial, y que bloquean todas las manipulaciones en contra de nuestros valores comunes

– una iniciativa mundial para desarrollar la inteligencia artificial a fin de mejorar la gobernanza a todos los niveles.

  1. Queremos una vida segura, protegida y pacífica, previniendo viejos y nuevos riesgos de tensiones y conflictos.

Pedimos:

– un control más eficaz de las armas de destrucción en masa, con compromisos concretos de desarme

– un marco común mundial para garantizar la seguridad cibernética

– un sistema internacional más eficaz para vigilar la interferencia en nuestra vida democrática

– medios más fuertes que se darán a las operaciones de mantenimiento y consolidación de la paz de las Naciones Unidas que combinen seguridad, desarrollo, gobernanza y derechos humanos, y que estén apoyadas por el Fondo para la Consolidación de la Paz.

  1. Queremos que nuestra vida democrática se base en un principio fundamental de no discriminación entre los seres humanos, y en un principio fundamental de plena igualdad de género mediante el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos y a todos los niveles.

Pedimos:

– que este principio antidiscriminatorio se incluya en todos los sistemas jurídicos y en todos los programas educativos y de comunicación pública

– medidas obligatorias que se introducirán para garantizar el equilibrio entre los géneros en todas las juntas públicas y privadas y en todos los servicios de la administración pública en los planos internacional, regional, nacional y local

– el pleno acceso a los derechos reproductivos y una protección plena y firme contra la violencia a las mujeres y las niñas

– la incorporación obligatoria del equilibrio de género en todas las políticas y presupuestos públicos

– enfoques conjuntos de la migración, la protección y el desarrollo sostenible para crear una situación en la que todos salgan ganando entre las regiones de origen y de acogida y la gobernanza mundial, de conformidad con el Pacto de las Naciones Unidas sobre la Migración.

  1. Queremos que las generaciones futuras tengan esperanza, y que sean confiadas y creativas, con un fuerte sentido de la solidaridad humana y del cuidado de su planeta. Pedimos:

– que la erradicación de la pobreza infantil sea una prioridad central en todas las políticas sectoriales, desde la salud, la educación y la vivienda hasta el asilo y la migración

– a cada joven se le dará una oportunidad real de obtener un trabajo de trampolín o de acceder a más habilidades, así como el acceso a todos los derechos sociales fundamentales. Esto debería considerarse como el pilar central para la renovación de nuestras sociedades a través de:

– someter todas las soluciones políticas a pruebas de futuro realizadas por paneles intergeneracionales en los que los jóvenes deberían ser mayoría

– ampliar el acceso de los jóvenes a los programas de colaboración internacional y a las redes sociales en todos los ámbitos, como una forma poderosa de fortalecer su sentido de ciudadanía global.

  1. Queremos desarrollar una sociedad civil global que se esfuerce por causas globales comunes. Pedimos:

– que se aliente a las redes y asociaciones mundiales a participar en todo el ciclo de políticas del sistema multilateral, desde la identificación de nuevos problemas, pasando por el diseño de nuevas soluciones, hasta su aplicación y evaluación

– que una Iniciativa de Ciudadanos del Mundo (WCI) sea un instrumento que permita a los ciudadanos presentar propuestas a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que se desarrollen plataformas digitales avanzadas para facilitar el proceso de difusión y el sistema de recogida de firmas en línea

– Se creará nuevos instrumentos de medios de comunicación que puedan construirse entre los debates nacionales sobre cuestiones internacionales a fin de desarrollar una esfera pública internacional.

  1. Queremos un sistema de las Naciones Unidas actualizado que refleje la composición política y social del mundo de hoy y que garantice una gobernanza mundial más coherente y consecuente.

Pedimos

– competencias más sólidas de las Naciones Unidas para el establecimiento de normas y la creación de capacidad en los ámbitos sanitario, social, ambiental y digital, así como en materia de inmigración

– una interacción más sistemática entre el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales, en particular las organizaciones regionales que utilizan procedimientos democráticos, otorgando a estas organizaciones regionales un papel más explícito en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Seguridad

– se creará una red interparlamentaria, en la que participarán representantes de los parlamentos nacionales de los miembros de las Naciones Unidas y de las organizaciones regionales, como un mecanismo de consulta adicional, y un intercambio regular de puntos de vista sobre los principales temas de la agenda de las Naciones Unidas

– el Banco Mundial, el FMI y la OMC para contar con equipos líderes que reflejen la composición del mundo actual y que formen parte del sistema de las Naciones Unidas

– a los países en desarrollo para que se les den los medios para tener una voz más fuerte y el papel en el sistema de las Naciones Unidas

– un nuevo acuerdo global que reequilibre el mundo para un orden más democrático, justo y sostenible para ser el objetivo principal de la negociación de nuevas soluciones globales en los diversos campos de la política.

En el mundo de hoy, este nuevo acuerdo global debería comenzar como un acuerdo de salud, ¡social y verde!

FRENAPI: NO al desalojo ilegitimo en finca Kono Ju, en territorio de Chiná Kichá

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Comunicado de FRENAPI:

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
A 18 MESES DEL ASESINATO IMPUNE DE SERGIO ROJAS ORTIZ
¡No más discriminación ni olvido, no más etnocidio!

Este 18 de setiembre de 2020 se cumplieron 18 meses del asesinato del compañero Sergio Rojas Ortiz, Bribri de Salitre, fundador y Co-coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), miembro del Concejo de Semillas Cuidadoras de la Tierra (Ditsö Iriria Ajkönúk Wákpa- CODIAW). Este crimen se encuentra en total impunidad; sin sanción y sin reparación, reiteramos que, a la fecha, no hay “informes” de las autoridades administrativas ni judiciales sobre resultados y avances de la investigación sobre este asesinato. Las familias, las comunidades en Salitre y resto de los Pueblos Indígenas, Movimientos Sociales, Organismos Internacionales, junto a muchas personas fuera y dentro del país, exigimos, la reparación de los daños ocasionados por estos hechos violentos y continuamos esperando justicia pronta y efectiva.

La violencia sistemática contra los Pueblos Indígenas continua en aumento, en este 2020 y en el marco de la actual emergencia nacional producto de la pandemia por Covid- 19, se han juntando muchos hechos, de acciones repetidas y violentas tanto de particulares como del Estado/ Gobierno, Jueces y Fiscales, Funcionarios Municipales y de Instituciones Autónomas; actos de agresiones, verbales y físicas, compañeros/as macheteados/as, baleadas/os, amenazados de muerte, rociados/as de herbicida; quema de viviendas y cultivos, detenciones ilegales, amenazas de quitar menores (separando familias),en las Fincas Recuperadas, e incluso un hecho culminante de violencia, el asesinato del compañero, Brorán de Térraba Jerry Rivera, el 24 de febrero pasado.

Actualmente y de nuevo, el cuestionado Juez Agrario de Buenos Aires de Puntarenas Jean Carlo Céspedes (quien incluso mantiene vínculos familiares con finqueros no indígenas de la zona), viola las Resoluciones Judiciales, ordena «Medida Cautelar de Desalojo, voto 288 – F – 2020 ”, ratificada por el Tribunal Agrario, para las y los hermanos/as Cabécares de la Finca Recuperada Kono Ju del Territorio de China Kichá, ubicado en el Cantón (Municipio) de Pérez Zeledón al Sur oeste del país; dejando al empresario josefino, poseedor ilegitimo de la finca recuperada dentro del Territorio y sacando a las familias Cabécares, que por Ley no procede.

Esta acción, muestra la ignorancia a las Leyes Indígenas, Convenios de DDHH, y de otras Resoluciones Judiciales; («ignorancia» premeditada y maliciosa) por parte de estos operadores (as) de Justicia y la actitud del Estado Costarricense en una escalada de violencia «sistémica y sistemática» contra los Pueblos Indígenas.

Denunciamos la política estatal etnocida, el racismo de Estado en sus poderes judicial/Legislativo/Ejecutivo, por actuar parcializado a favor del interés de poseedores irregulares e ilegales en territorios indígenas posicionándose a favor de un fallo judicial grave y peligroso que implica un retroceso a los DDHH de los Pueblos Indígenas.

El Gobierno tiene la posibilidad de impedir el desalojo y aplicar acciones alternativas e “instrumentos” válidos para impedir ese ilegal e ilegítimo Desalojo Judicial del 28 de setiembre próximo:

  1. Puede usar la Ley Indígena, la cual es clara y la fortalecen resoluciones judiciales, estableciendo que los Territorios Indígenas, son exclusivos de las Comunidades indígenas y si algún NO indígena tiene y demuestra posesión de Buena Fe o «propiedad inscrita en el Registro el Estado/ Gobierno”, debe comprobando la legalidad de esa posesión o propiedad, iniciar negociaciones para indemnizar al NO indígena, nunca desalojar del Territorio a las y los indígenas, pues son los auténticos propietarios de las tierras.
  2. Usar la Ley de Manejo de Conflictos que establece que en cualquier tiempo las partes en un Conflicto o contienda incluso judicial, pueden negociar y llegar a Acuerdos Extra-Judiciales.
  3. El Decreto de Desalojos (utilizado por la Administración anterior del Presidente Luis Guillermo Solís y por la Vice Ministra Ana Gabriel Zúñiga que en lo que interesa, establece la obligatoriedad de una Resolución de la Comisión Interinstitucional para el conocimiento y manejo de Desalojos; en esa Comisión están los Ministerios de Seguridad, Vivienda, Salud, Presidencia, de la Mujer (el INAMU), el IMAS, el PANI, la CONAPAM, el INDER etc.; con el fin de atender la realidad (consecuencias) sociales, de salud- económicas y culturales que genera un acto de desalojo como este para las mujeres, niñez, mayores /as, personas en estado especial del territorio. Esa Comisión debe emitir un acuerdo y directrices específicos, para que opere el “desalojo”.
  4. La declaración de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el estado de derecho en los planos nacional e internacional (Asamblea General de la ONU 2012).

Reiteramos que, según legislación nacional e internacional, los Territorios Indígenas son inalienables, intransferibles, imprescriptibles e inembargables, de uso exclusivo de los Pueblos Indígenas que las habitan. Características y derechos que se derivan de instrumentos como la Ley Indígena N° 6172, el Convenio N° 169 de la OIT, la Declaración de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas (ONU), Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de la misma Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.

Alertamos que el Gobierno PAC de la Alianza Nacional (de todos los grupos de poder y Partidos), del Presidente Carlos Alvarado, y su Gabinete, ha manejado un doble discurso en la agenda indígena pues manifiestan trabajar por el saneamiento territorial, sin embargo, los desalojos a no indígenas poseedores ilegítimos en otros territorios, han quedado paralizados producto de la pandemia y en este caso no se detiene este desalojo indígena, proveniente de una Resolución Judicial ilegitima.

El saneamiento territorial de invasores y usurpadores de las tierras es fundamental para que haya justicia por un derecho ancestral, abriendo una puerta a un proceso de movilización y levantamiento indígena nacional impensable que traerá peores situaciones y consecuencias que las ya vividas, de esta forma responsabilizamos al Estado/Gobierno y en especial al Poder Judicial de la escalada de violencia y un posible derramamiento de sangre que pueda resultar, ya que los/as hermanos /as de Kono Ju, han comunicado que los sacarán “muertos”, pero que no se dejarán, y un apoyo directo para los finqueros terratenientes y sus matones este 28 de setiembre como mensaje contundente que el Estado de Costa Rica, manda no solo en este territorio, sino a nivel nacional en todos los procesos de recuperaciones territoriales que se encuentran activos.

Los pueblos indígenas NO VAMOS A PERMITIR MÁS AGRESIONES NI MÁS ARREBATO DE NUESTRA TIERRA TERRITORIO.

¡SERGIO VIVE en esta lucha a muerte por la Vida de nuestros pueblos!

Estamos en unión con KONO JU, no nos detendrá nada, ni jueces vinculados a los usurpadores, ni Gobiernos ni Municipalidad negligente y complaciente con las injusticias y la impunidad en contra nuestra.

¡Si nos tocan a uno, nos tocan a todas y todos! ¡Si tocan una Recuperación Tocan a Todas!

Ver infografía al final del texto.

INFORME PRELIMINAR 18a MISIÓN
OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y AUTONOMÍA INDÍGENA

LA 18a. MISIÓN DEL ODHAIN hace entrega del siguiente Informe Preliminar a las autoridades oficiales y a la opinión pública, terminadas sus visitas al territorio Térraba, pueblo Borán, en Buenos Aires de Puntarenas (sur del país) y al territorio Maleku, en Guatuso de Alajuela (norte del país). La visita al sur se realizó los días 24, 25 y 26 de agosto del 2020 y la visita al norte se realizó el 26, 27 y 28 de agosto del 2020. La visita al sur fue compuesta por Ana Nicté Ana Nicté Castillo Delgado, por el Servicio de Paz y Justicia en Costa Rica (SERPAJ-CR); Sussy González, por Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC); y Víctor Madrigal Sánchez, por el Proyecto Tierra Encantada de la Universidad Nacional. La visita al norte fue integrada por Suy Wong Ugalde, por el Centro Amigos para la Paz (CAP); Linford Patterson Regato, por la Organización Interseccional Pro Derechos Humanos; y Luis Eduardo Delgado Hernández, por Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC-CR).

La Misión se realizó a Solicitud del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y de familias recuperantes, ante el surgimiento de nuevos episodios de violencia por conflictos de tierra y territorio que vienen a aumentar la tensión y que eventualmente podrían desembocar en hechos lamentables de pérdida de vidas humanas como ya ha sucedido en fechas recientes.

En esta oportunidad, la 18ava. Misión ODHAIN cumplió su objetivo mediante dos visitas a regiones diferentes con dos equipos de observadores en las que se hizo contacto con dos territorios indígenas en situación de conflicto y con diversas personas y autoridades relacionadas directa o indirectamente con 8 fincas recuperadas de presuntos usurpadores no indígenas en los que se han dado hechos violentos como amenazas de muerte y otros atropellos a los derechos humanos.

La 18ava. Misión logró registrar y documentar testimonios de agresiones físicas, amenazas de muerte, daños a la naturaleza mediante incendios provocados, quema de cultivos, daños a cercas y enseres domésticos, así como instigaciones racistas contra las personas recuperadoras de ambos territorios. El informe final de la Misión contendrá detalles de la observación, así como conclusiones y recomendaciones.

Se recibieron testimonios en los que se acusa al Estado costarricense por su inacción, indolencia y descuido en la aplicación del Derecho Indígena en los territorios visitados de Térraba y Maleku. Las personas recuperantes Maleku justificaron su decisión de tomar sus tierras ancestrales indicando: “Estamos cansados de esperar a que el Estado cumpla la ley” (Comunicado de prensa). Se entrevistaron autoridades locales de los cantones de Buenos Aires y Guatuso, así como personas que sostienen las fincas recuperadas y poseedores no-indígenas que mantienen actividades comerciales en ambos Territorios.

En Térraba, a pesar de las Medidas Cautelares de la CIDH, a inicios del presente año se vivió un repunte de violencia que culminó con el asesinato del líder brörán Jerry Rivera, al cumplirse el año de otro asesinato, el de Sergio Rojas Ortíz, bribri, miembro de la coordinación y cofundador del FRENAPI.

Los conflictos por tierra se dan en el contexto de tres actores: los pueblos indígenas, los finqueros y el Estado y sus instituciones. Los pueblos originarios recurren a la legitimidad de su posesión ancestral primera en el tiempo, respaldada por la Ley Indígena 6172, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU del 2007 y demás legislación nacional e internacional. Los finqueros aseguran tener derechos de posesión adquiridos por la antigüedad de su llegada al territorio y que por eso les asiste el derecho de ser poseedores de buena fe. El Estado regula la aplicación de la ley y le corresponde velar por el estado de derecho sobre los principios de igualdad y no discriminación.

El escenario resultante es de territorios indígenas invadidos por no indígenas, y pueblos indígenas en lucha por recuperar sus territorios que -en su intento- son violentados en sus derechos ante un Estado que tiene un papel pasivo y que mantiene una deuda histórica con los derechos humanos de los primeros pobladores de Costa Rica.

La 18ava. Misión constata un ambiente de racismo, hostilidad e incomprensión de la lucha indígena por recuperar sus tierras. En el Territorio Térraba existe presencia de una patrulla policial casi permanente lo que ha ayudado a disuadir provisionalmente la violencia. Por su parte, en Territorio Maleku se pudo constatar patrullaje constante de parte de la Fuerza Pública, lo que no impidió que se dieran algunos hechos antes y durante la visita de la 18a Misión del Observatorio.

Además, el ODHAIN, en su 18a Misión, hace constancia de conocer (post Misión) la situación de “Medida Cautelar de Desalojo” por parte del cuestionado juez agrario de Buenos Aires de Puntarenas, Jean Carlo Céspedes quien (incluso mantiene vínculos familiares con finqueros no indígenas de la zona), en contra de las y los compañeros recuperantes Cabécares del territorio de China Kichá (Tierra de Tepezcuintles) en la finca Kono Ju. Esto, pese a que existen medidas para desalojar a finqueros poseedores ilegítimos en otros territorios. Esta vez, se verán afectados los indígenas recuperantes y en el marco de una emergencia nacional como lo es la pandemia producto del virus Covid- 19, con el posible desalojo de este 28 de setiembre de 2020.

La Misión ODHAIN hace un llamado al diálogo de las partes involucradas, a la paz y a la no violencia. Urgimos al Estado costarricense a aplicar Ley indígena sin dilaciones, a acatar las resoluciones de los organismos internacionales sobre saneamiento territorial indígena, y a velar por la vida y la integridad física de los intervinientes en los conflictos señalados.

Por último, el ODHAIN hace una alerta al Estado y sus instituciones para prevenir de forma oportuna la violencia antes de que tengamos que lamentar situaciones dolorosas.

El Estado – gobierno del bicentenario, está a tiempo para contener y disuadir la violencia que se mantiene en los territorios de lo contrario los conflictos irán en aumento, así como la desconfianza en la función del Estado de ser garante de los derechos humanos.

Estamos convencidos de que la prevención es la solución y de que la justicia es el camino de una PAZ EFECTIVA.

San José, 18 de setiembre de 2020.
18ª. Misión ODHAIN.
Equipo Norte
Equipo Sur

Le invitamos a ver la infografía compartida por FRENAPI:

SINDEU: Condenamos los actos represivos y fascistas de la policía de Bogotá – no más asesinatos

Escrito en . Publicado en Derechos.

A LA OPINIÓN PÚBLICA E INTERNACIONAL
SINDICATO DE EMPLEADOS DE LA U.C.R.
San José-Costa Rica, viernes 11 de setiembre del 2020
En el 47 Aniversario del Golpe de Estado a Salvador Allende

La protesta social es un Derecho Humano fundamental, es si se quiere, en esta materia, el primer derecho que le pertenece a los grandes colectivos sociales.

Lo que ha vivido Bogotá en los últimos días del 9, 10 y 11 de setiembre, es el uso indiscriminado de la fuerza, por parte de los cuerpos represivos de la capital colombiana.

Por supuesto que sí, en la acción para detener la protesta social, no hubo uso de armas de reglamento, sino armas pesadas dirigidas contra las y los dirigentes y los sectores populares que hacían uso del ejercicio democrático del Derecho a la Protesta Social. Peor aún, estas acciones revisten un carácter de autogolpe, pues deslegitimaron las directrices de la alcaldesa de Bogotá, la compañera Claudia López.

Las acciones de la policía califican como actos monstruosos, salvajes y fascistas, con visos claros a no reconocer el gobierno de oposición actual que conduce la alcaldesa López. Se dibuja así, una vez más, el desprecio que tienen los aparatos militares, a las instituciones democráticas de la hermana República de Colombia.

La sangre derramada en las calles de la capital, en Bogotá, producto de la represión policial, formarán parte de la impronta que marcó el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, pero también dicen y denuncian en este mapa de sangre, la clara injerencia del imperialismo norteamericano y el papel fantoche de los gobiernos títeres y narcotraficantes, ayer encabezados por Álvaro Uribe y hoy, bajo la complicidad y continuismo de Iván Duque.

Más de dos docenas de muertos (asesinados a mansalva), cientos de heridos y un buen número de miles de detenidos. ¿Dónde está el respeto a los acuerdos de paz?

Al terrorismo de Estado, al Estado narcotraficante y a la democracia fallida de las oligarquías colombianas, les recordamos solamente dos estrofas de su himno nacional:

¡En surcos de dolores el bien germina ya ¡
En su expresivo empuje la libertad se estrena…”
DIGAMOS ALTO AL ASESINATO DE LA POBLACIÓN CIVIL, CONDENEMOS INTERNACIONALMENTE ESTOS ACTOS DE LESA HUMANIDAD ¡¡¡ Viva Colombia soberana !!!, ¡¡¡ Viva la lucha popular!!!

 

*Imagen ilustrativa: https://actualidad.rt.com/

Justicia para Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa. Tres jóvenes defensores de la Educación Pública y Derechos Humanos

Escrito en . Publicado en Derechos.

DENUNCIA CONJUNTA A NIVEL NACIONAL

8 de septiembre, 2020 / San José, Costa Rica

Consideramos, de suma urgencia, pronunciarnos ante el mundo sobre nuestro total repudio a la condena judicial que recae sobre tres ex líderes estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), por representar una flagrante violación a los Derechos Humanos de la población hondureña y una escalonada en el detrimento de la ya golpeada democracia de este país. Ante esta situación, manifestamos:

  1. Sobre el contexto político de Honduras

El 28 de junio del 2009, la derecha hondureña, orquestada por el Partido Nacional en complicidad con las élites económicas, el Ejército, el Tribunal Supremo Electoral, el Congreso Nacional y el crimen organizado, rompieron el orden constitucional y democrático hondureño al ejecutar un golpe de estado para instaurar, desde ese momento a la actualidad, una narco dictadura que se ha caracterizado por escandalosos actos de corrupción, fraudes electorales, narcotráfico, lavado de dinero, procesos de criminalización, desapariciones y asesinatos contra activistas de derechos humanos y la población en general.

Durante estos once años de dictadura se han incrementado todos los índices referentes a la exclusión social, producto de los actos de corrupción y las políticas implementadas por las oligarquías neoliberales que benefician a los grupos hegemónicos en perjuicio del pueblo hondureño.

  1. Violación sistemática de Derechos Humanos

Ante los delitos cometidos por la dictadura de Juan Orlando Hernández (JOH), es de vital importancia la labor de comunidades, organizaciones y diversos sectores en la defensa de los Derechos Humanos y de la Tierra; sin embargo, la defensa de estos derechos es perseguida sistemáticamente por élites de poder que buscan el exterminio de medios de comunicación, organizaciones y de personas que con valentía alzan su voz contra las injusticias del sistema hegemónico, queriendo atacar la libertad, la autonomía y las luchas populares que defienden la vida. Esto mediante procesos de criminalización y judicialización de la protesta social, secuestros, torturas, exilios forzados y hasta múltiples asesinatos políticos, aún en impunidad.

Organizaciones de derechos humanos como la londinense “Global Witness”, ubica a Honduras desde el 2010, como uno de los países más peligrosos y violentos para las personas defensoras de derechos humanos y sus investigaciones demuestran el nexo entre las muertes de activistas con la corrupción estatal.

A su vez, denunciamos el secuestro de cinco integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Alberth Snider Centeno Tomás, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix, Miltón Joel Martínez Alvarez y Junior Rafael Juarez Mejía que se encuentran desaparecidos desde el 18 de julio del 2020, por su labor política en defensa de los derechos humanos.

También denunciamos la muerte del activista de derechos humanos, el abogado Julio Andrés Pineda Díaz, quien pertenecía a la organización Mundo sin Guerras y sin Violencia. Su cuerpo fue hallado sin vida y con señales de tortura el 4 de septiembre del 2020, en Honduras. Esta violación institucional que se expresa en Honduras es parte de la violencia del sistema neoliberal presente en toda Latinoamérica.

  1. Sobre Julieta Castellanos Ruíz

La narco dictadura se ha encargado de que los puestos de jerarquías, a nivel institucional, sean asumidos por personas corruptas, dispuestas a mantener, a cualquier precio, el control de JOH sobre el estado. Una de estas personas es Julieta Castellanos Ruíz quien ocupó la Rectoría de la UNAH durante los años 2009 – 2017; posicionándose como enemiga de la educación pública y de la comunidad estudiantil; cómplice de la dictadura e impulsora de la apertura de expedientes administrativos y judiciales en contra de estudiantes que ejercían su derecho a la libertad de expresión; entre ellos, los tres jóvenes condenados ilegalmente.

  1. Sobre la criminalización de los tres estudiantes de la UNAH

La sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia conformado por Enilda Geraldina, Indiana Castellanos y José Roberto Mejía que condena a tres años de prisión a los jóvenes Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa, es totalmente ilegítima e inconstitucional, por vicios a las garantías procesales que tienen carácter de nulidad absoluta.

Dichas trazas de inconstitucional se manifiestan en la violación al principio de legalidad penal, que indica expresamente que únicamente se pueden penalizar las conductas debidamente tipificadas en la legislación. A estos ex líderes estudiantiles se les está penando por los delitos de usurpación y detentación de espacios públicos; los cuales son inexistentes en el nuevo Código Penal hondureño; por lo que, entran a operar principios procesales como la irretroactividad de la norma penal, que estipula que en materia penal no se le debe aplicar una ley penal con efectos hacia el pasado cuando es perjudicial para el acusado; pero, cuando resulta beneficiosa para el acusado, debe aplicarse aunque sea con efectos retroactivos. Es decir, al no existir un delito tipificado al momento del juzgamiento, no se puede aplicar una norma que ya no existe, porque no constituye delito alguno. Esto sigue demostrando que el cuestionado sistema judicial de Honduras ha politizado la justicia.

En el marco jurídico internacional, el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, en su artículo 9, se fija el principio de irretroactividad de la norma penal. Honduras ha suscrito y ratificado ambos convenios internacionales; aun así, violentan permanentemente la normativa aplicable en perjuicio de personas defensoras de la educación como derecho humano.

POR TANTO

  1. Repudiamos el accionar inconvencional, inconstitucional e ilegal del Tribunal de Sentencia al condenar a Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa por ejercer sus derechos y garantías democráticas.
  2. Denunciamos la corrupción del sistema judicial de Honduras que resuelve sus sentencias por presiones políticas, politizando la justicia; por lo que ocasiona que esta no exista más que para someter al pueblo y perpetuar el poder de la dictadura hondureña.
  3. Denunciamos internacionalmente la criminalización y judicialización de la protesta social y el impedimento al libre pensamiento y libertad de expresión en la narco-corrupta dictadura de JOH.
  4. Reprochamos la sistemática violación de derechos humanos de la población hondureña y todos los tratos crueles ejecutados por la viciada institucionalidad hondureña.
  5. Exigimos a la Corte Suprema de Justicia que cumpla con el ordenamiento jurídico y dicte un sobreseimiento definitivo en el expediente en el que figuran como acusados Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa.
  6. Exigimos el cumplimiento de los convenios internacionales de derechos humanos y se respeten las garantías procesales de los acusados.
  7. Hacemos un llamado de solidaridad a la comunidad internacional y a organizaciones de derechos humanos y a todo el pueblo hondureño a fiscalizar este proceso y a pronunciarse en contra de la criminalización de la protesta social.
  8. Exigimos a la rectoría de la UNAH que desistan del proceso judicial contra estos tres ex líderes estudiantiles.

Para apoyar esta petición firme AQUÍ

¡JUSTICIA PARA CESARIO PADILLA, MOISÉS CÁCERES Y SERGIO ULLOA!
A de Libertad * Acción Animal
Asociación de Desarrollo Sostenible LGTBI Costa Rica (ADS)
Asociación de Estudiantes Sede de Occidente / UCR
Casa El Emigrante (Human Rights) * Centro de Amigos para la Paz (CAP)
Círculo Bolivariano Yamileth López / CR * Colectivo Handmaids Costa Rica
Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT)
Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) * Familia Franciscana/JPIC Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon)
Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica
Femiamor Colectiva * Frente de Resistencia Animal y de la Tierra (FRAT)
Frente Ecologista Universitario (FECOU)
Justicia, Paz e Integridad de la Creación. JPIC/CLARET/CR.
Juventud Vanguardista Costarricense (JVC)
Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)
Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE)
Organización Interseccional Pro Derechos Humanos (OIDH)
Organización Política “Carmen Lyra” * Partido Vanguardia Popular
Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT)
Radio Machete * Red de Solidaridad con Palestina /Costa Rica
Sembrando Libertad * Semilla Ramonense
Sindicato de Empleados(as) de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) * Sindicato Patriótico de la Educación 7 de Agosto (SINPAE)
“Yo no apoyo las corridas de Toros” * “Yo no voy al Zoo”

Responsables:
Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras / CR
Asociación Costarricense de Derechos Humanos
(ACODEHU)

Sala Constitucional rechaza pretensión contra pueblo de Térraba

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

La Sala Constitucional declaró “sin lugar” el recurso interpuesto por Angie Gabriela Durán Granados contra Elides Rivera Navas, Pablo Sibar, Robert Alexis Morales Villafuerte, Roxana Figueroa Calderón y Vinicio Navas Nájera.

Durán Granados alegó que “su familia tiene más de 45 años de vivir en el lugar y son propietarios de una soda ubicada en una parte de la casa en la que residen”. Reclama que “desde siempre se han abastecido de agua de la naciente de una quebrada cercana a la vivienda, tanto para consumo, como para limpieza, riego y el cuido de los animales que tienen”. Dice que la toma de agua fue dañada por las personas a quienes acusa. Añade que, “si bien la naciente se encuentra dentro del territorio indígena”, el Estado se reservó los ríos, quebradas, el subsuelo y caminos públicos.

Por su parte la representación del pueblo brörán respondió que “no es totalmente cierto que los y las accionases residen de manera permanente en este lugar”. Detallaron que el terreno en disputa está totalmente comprendido dentro del Territorio Indígena de Térraba y que la recurrente Hilda Valentina del Carmen Granados Solís desarrolla distintas actividades en el área tales como bar, restaurant y cabinas, cancha de fútbol y peleas de gallos.

Asimismo, indicaron que Granados “metió un tractor de oruga en la rivera del Río Grande de Térraba para remover vegetación y tierra, realizando daños ambientales y de patrimonio cultural en un sitio arqueológico, por lo que el MINAET, SINAC y el Museo Nacional tuvieron que intervenir dichas acciones destructivas”. Agregaron que el territorio en disputa ha sido ocupado de manera irregular ya que este forma parte del Territorio Indígena de Térraba y mediante Ley Indígena No. 6172, no es permitida su posesión ni su explotación por parte de personas no indígenas, como lo son en este caso las personas accionantes.

El testimonio del grupo representante de la comunidad de Térraba añade que “no es cierto que el agua solamente la requieran los amparados para las necesidades vitales de la familia, pues se usa para atender la chanchera, el restaurant y cabinas, para riego y todo lo demás que conlleva la operación de su negocio que está en ampliación.

Esta comunidad indígena es beneficiara de las medidas cautelares 321/12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y peticionarios del caso 14026 ante esa misma comisión; así lo hicieron notar en su respuesta a la acción de Granados.

La Sala Constitucional señala que en el Juzgado Agrario de Buenos Aires se tramita un proceso sobre la posesión del territorio, además, que el 31 de julio del 2020 un arqueólogo del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional de Costa Rica dirigió a la Fiscalía de Buenos Aires una denuncia contra Hilda Granados Solís por, supuestamente, realizar trabajos de nivelación en un terreno ubicado en el lugar indicado en este amparo en donde existe evidencia arqueológica de actividades domésticas y funerarias indígenas.

La Sala indicó que al no darse los requisitos de admisibilidad y al existir un proceso en la vía agraria el amparo no resulta procedente.

La Sala Constitucional declaró “sin lugar” el recurso interpuesto por Angie Gabriela Durán Granados contra Elides Rivera Navas, Pablo Sibar, Robert Alexis Morales Villafuerte, Roxana Figueroa Calderón y Vinicio Navas Nájera.

Durán Granados alegó que “su familia tiene más de 45 años de vivir en el lugar y son propietarios de una soda ubicada en una parte de la casa en la que residen”. Reclama que “desde siempre se han abastecido de agua de la naciente de una quebrada cercana a la vivienda, tanto para consumo, como para limpieza, riego y el cuido de los animales que tienen”. Dice que la toma de agua fue dañada por las personas a quienes acusa. Añade que, “si bien la naciente se encuentra dentro del territorio indígena”, el Estado se reservó los ríos, quebradas, el subsuelo y caminos públicos.

Por su parte la representación del pueblo brörán respondió que “no es totalmente cierto que los y las accionases residen de manera permanente en este lugar”. Detallaron que el terreno en disputa está totalmente comprendido dentro del Territorio Indígena de Térraba y que la recurrente Hilda Valentina del Carmen Granados Solís desarrolla distintas actividades en el área tales como bar, restaurant y cabinas, cancha de fútbol y peleas de gallos.

Asimismo, indicaron que Granados “metió un tractor de oruga en la rivera del Río Grande de Térraba para remover vegetación y tierra, realizando daños ambientales y de patrimonio cultural en un sitio arqueológico, por lo que el MINAET, SINAC y el Museo Nacional tuvieron que intervenir dichas acciones destructivas”. Agregaron que el territorio en disputa ha sido ocupado de manera irregular ya que este forma parte del Territorio Indígena de Térraba y mediante Ley Indígena No. 6172, no es permitida su posesión ni su explotación por parte de personas no indígenas, como lo son en este caso las personas accionantes.

El testimonio del grupo representante de la comunidad de Térraba añade que “no es cierto que el agua solamente la requieran los amparados para las necesidades vitales de la familia, pues se usa para atender la chanchera, el restaurant y cabinas, para riego y todo lo demás que conlleva la operación de su negocio que está en ampliación.

Esta comunidad indígena es beneficiara de las medidas cautelares 321/12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y peticionarios del caso 14026 ante esa misma comisión; así lo hicieron notar en su respuesta a la acción de Granados.

La Sala Constitucional señala que en el Juzgado Agrario de Buenos Aires se tramita un proceso sobre la posesión del territorio, además, que el 31 de julio del 2020 un arqueólogo del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional de Costa Rica dirigió a la Fiscalía de Buenos Aires una denuncia contra Hilda Granados Solís por, supuestamente, realizar trabajos de nivelación en un terreno ubicado en el lugar indicado en este amparo en donde existe evidencia arqueológica de actividades domésticas y funerarias indígenas.

La Sala indicó que al no darse los requisitos de admisibilidad y al existir un proceso en la vía agraria el amparo no resulta procedente.

Información enviada a SURCOS por Pablo Sibar.