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Etiqueta: derechos humanos

Pronunciamientos ante asesinato de pacifista hondureño

Comunicado:

Activista de Mundo sin Guerras y Sin Violencia Honduras, secuestrado y asesinado.

Al amanecer del 4 de septiembre, fue encontrado atado de manos, con señales de tortura y perforaciones de bala en su cabeza, el activista por la paz, miembro de Mundo sin Guerras y sin Violencia (MSGySV), Julio Andrés Pineda Díaz.

Este asesinato se produce en medio de la creciente violencia que tanto dolor y sufrimiento causan al pueblo hondureño. Las restricciones a la libre movilidad ciudadana, como estrategia gubernamental para el control de la pandemia COVID-19, no impide el auge del narcotráfico, constantes masacres, secuestros y desapariciones de líderes populares; especialmente de los que defienden los derechos de los pueblos originarios.

La noticia ha sobrecogido al conjunto de los miembros de Mundo sin Guerras y sin violencia y a los participantes de la Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia. Julio Pineda, de 35 años, abogado de profesión, fue en efecto uno de los voceros de la primera Marcha Centroamericana por la Paz, que recorrió las principales ciudades de la región en septiembre de 2017. Participó además en las dos ediciones de la Marcha Mundial en 2009 y 2019. Estaba proponiéndose ser candidato por Honduras en las próximas elecciones al Equipo Coordinación Mundial de Mundo sin Guerras y sin Violencia, integrado por reconocidos pacifistas de todos los continentes.

El Equipo de Coordinación Mundial de Mundo sin Guerras y sin Violencia queremos en primer lugar expresar nuestro afecto, compasión y solidaridad con su familia, sus amigos y compañeros de lucha. Nos sumamos al pronunciamiento de MSGySV Honduras, denunciando este asesinato y exigimos a las autoridades la pronta investigación y condena a los responsables. Así mismo solicitamos a la ONU, la OEA y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que velen por el real cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el mantenimiento de la paz en este país, que se enfrenta no sólo a acciones bélicas, sino también al sentimiento de inseguridad, miedo y a la persecución de activistas. Además, solicitamos a los organismos internacionales y países cooperantes que hacen donaciones, préstamos y otras ayudas al actual gobierno de Honduras que suspendan estos beneficios, que solo han servido para incrementar la corrupción y otras formas de violencia en el país.

A la situación de irregularidad e ilegitimidad del gobierno de Honduras durante los últimos años se añade este nuevo acto que nos recuerda el asesinato todavía impune de Berta Cáceres y otros numerosos activistas que luchan pacíficamente para mejorar las condiciones de vida de uno de los países con mayor violencia y desigualdad de América Latina. Agradecemos las muestras de apoyo de pacifistas, humanistas y activistas de la noviolencia de numerosos países.

Nosotros activistas por la paz y la no violencia de los cinco continentes repudiamos las torturas y el asesinato sufrido por el activista Julio Pineda, miembro de Mundo sin Guerras y sin Violencia, en la certeza que nada detendrá las acciones que él puso en marcha en favor de la paz y la noviolencia.

Equipo de Coordinación Mundial de Mundo sin Guerras y sin Violencia (6 de Setiembre 2020)

Pronunciamiento de Mundo sin Guerras y sin Violencia, Costa Rica, (MSGySV)

Con profundo dolor, denunciamos el cruel asesinato de nuestro compañero de luchas a favor de los Derechos Humanos, el activista y miembro de MSGy SV Honduras; Julio Pineda Días, quien fue uno de los impulsores de la Primera Marcha Centroamericana por la Paz y la Noviolencia y actualmente se destacaba en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa como Jefe de Catastro.

Su posición como funcionario de gobierno local, aunado a sus fuertes convicciones de paz, integridad y transparencia, probablemente lo colocaron en circunstancias en las que fue una molestia para quienes de forma inhumana y perversa acabaron con su vida.

Ante un gobierno hondureño, teñido por la violencia no sólo física, sino también económica, racial y étnica, en donde el flagelo de la corrupción y el narcotráfico han influido para producir la impunidad de desapariciones, secuestros y asesinatos a varios líderes y defensores de los derechos humanos, exigimos Justicia para Julio y que se lleve a cabo el debido proceso de investigación hasta dar con los responsables de este hecho tan lamentable, los cuales deberán ser castigados con todo el peso de la ley.

De la misma forma apelamos ante la OEA y el Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que supervise si el estado hondureño está cumpliendo con las sentencias consagradas en la convención americana para evitar la violación de los Derechos Humanos y que de la misma forma, se fiscalicen las acciones que el gobierno de Honduras está realizando para esclarecer este y otros hechos similares.

Instamos al gobierno de Costa Rica y específicamente al Ministerio de Justicia y Paz, quienes en el 2017 apoyaron decididamente e impulsaron en Costa Rica, La I Marcha Centroamericana por la Paz y la Noviolencia, para que se pronuncien ante este tan atroz acto de violencia que acabó con la vida de un hombre que en aquella ocasión recorrió Centroamérica con un mensaje esperanzador de Paz y Noviolencia y con el sueño de una región unida y convergiendo en su diversidad cultural. San José, Costa Rica 05 de septiembre, 2020.

Mundo Sin Guerras y sin Violencia. Costa Rica.
https://www.facebook.com/NoViolenciaCR
www.theworldmarch.orq

Gobierno y Asamblea Legislativa atacan a las personas jubiladas del magisterio nacional, las empobrecen y les deterioran sus condiciones de vida

Comunicado:

SURCOS recibió este comunicado de SINDEU, SITUN, AFITEC, AFUP y ANEJUD:

Los y las jubiladas del Magisterio Nacional denunciamos ante la sociedad costarricense el atropello cometido por las fracciones de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa al aprobar, en forma unánime, la Ley 9796 contra un sector de la población, constituido en su gran mayoría por adultos mayores (97.61 %), Ley que destruye y fracciona el Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional.

Esta Ley fue concebida para aumentar el monto del impuesto ya existente, y que pagaban las personas pensionadas de acuerdo con el Régimen del Magisterio Nacional y del Poder Judicial, como “contribución especial” para enfrentar el problema de las finanzas públicas. El impuesto entró a regir en el mes de julio, 2020 en plena pandemia del COVID-19.

Las dramáticas consecuencias de esta Ley han afectado a 3181 personas jubiladas del Magisterio. De esta población el 46 % son mujeres. Además, el 68,08 % de las personas afectadas tiene edades entre 65 y 105 años. El aumento del impuesto ha dejado a la mayoría de las personas jubiladas con una pensión líquida muy baja, incluso con montos de ¢20 000 o ¢30 000 colones al mes, razón por la cual no pueden sufragar ni sus gastos mínimos de alimentación.

Las pensiones del Magisterio Nacional ya estaban gravadas por la Ley 7531 desde 1995, con un impuesto que se paga sobre el monto bruto y oscila entre el 10 y el 16 %. Además, esa misma Ley establece, en el artículo 71, que a las pensiones mayores de cuatro millones de colones se les impone, por tractos, el pago de tasas que oscilan entre el 25 % y el 75 %, según la suma que supere esa base impositiva.  A estos impuestos hay que agregar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta (ISR), el seguro del enfermedad y maternidad de la CCSS, la póliza mutual de vida y el porcentaje del Régimen de Administración de JUPEMA de 5/1000.

La Ley 9796 grava las pensiones a partir del monto bruto de ¢2 296 000,00, lo que provoca un fuerte incremento en la carga impositiva. Esta ocurrencia, porque ni siquiera se fundamentó en un estudio actuarial como lo exige el sistema jurídico costarricense, fue obra de la diputada Xiomara Rodríguez del Partido Restauración Nacional (RN), que gozó de la complicidad, tanto de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo en la figura de Luis Paulino Mora Lizano, como de la Casa Presidencial y todas las fracciones legislativas PLN/PUSC/PAC/FA/PRSC/RN que la votaron a favor en forma unánime.

Lo expuesto demuestra que estamos ante una acción abiertamente “confiscatoria” contra las pensiones de miles de trabajadores de la educación costarricense (primaria, secundaria y universitaria) que pone en riesgo, incluso, la sobrevivencia de miles de adultos y adultas mayores, que han cotizado honesta y regularmente a lo largo de toda su vida laboral y lo siguen haciendo aún pensionados, con el fin de disfrutar de una vejez digna. Esta población se ha visto obligada a adquirir compromisos crediticios para satisfacer, fundamentalmente, sus necesidades de salud y la compra de medicamentos e implementos médicos.

 La situación provocada por la Ley 9796 despoja a las personas adultas mayores de una gran parte de sus ingresos por pensión, hecho que contraría los compromisos que ha adquirido el Estado costarricense al firmar la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores, convertida en Ley 9394 y firmada el 8 de setiembre del 2016.

La campaña desarrollada por parte del Gobierno y de la fracción legislativa del PAC, en asocio con el PLN/PUSC y los partidos neopentecostales (RN/NR), contra la clase trabajadora activa y pensionada, no cesa; hay en la corriente legislativa otro proyecto, el 21 345 presentado por el diputado Víctor Morales Mora del PAC, que pretende trasladar, entre otros, los regímenes del Magisterio Nacional y del Poder Judicial al Régimen de Pensiones de la CCSS (IVM). Es la nueva estrategia para golpear más los bolsillos de las personas jubiladas y próximas a hacerlo. Exigimos que cese el ataque contra la clase trabajadora y pensionada.

No pueden el Gobierno, sus aliados políticos y el sector empresarial seguir descargando los costos económicos de la pandemia del COVID-19 y de la crisis fiscal del país sobre los hombros de las y los trabajadores, y mucho menos sobre los de las personas pensionadas.

Demandamos que se garantice, como lo ha firmado el Estado costarricense,  lo establecido en la Ley 9394 derivada de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, fundamentalmente en lo que corresponde a: Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población (artículo 6).

Exigimos el retiro inmediato de la corriente legislativa del proyecto 21 345 denominado Ley de reforma para la equidad, eficiencia y sostenibilidad de los regímenes de pensiones del diputado Víctor Morales Mora y de la fracción del PAC por las nefastas consecuencias que traería sobre la población jubilada y la que lo hará en el futuro. Pedimos, también, el retiro de todos aquellos otros proyectos legislativos que atenten contra la población jubilada y su calidad de vida.

Denunciamos ante el Magisterio Nacional y la ciudadanía el empeño evidente de Rocío Aguilar Montoya, de la Superintendencia de Pensiones y de Luis Paulino Mora Lizano, exdirector de la Dirección Nacional de Pensiones, la realización de diversas acciones tendientes a debilitar los regímenes de pensiones existentes, pues en diversas instancias y de modo reiterado proponen y promueven eliminar los diferentes regímenes de pensiones para unificarlos en uno solo.

Convocamos a las organizaciones del Magisterio Nacional y de las universidades estatales a construir un amplio frente, en conjunto con el movimiento laboral del país, a fin de defender el legítimo derecho a tener una pensión digna e impedir la utilización irresponsable de los recursos de nuestros fondos de pensiones por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Imagen ilustrativa.

4° Festival Internacional de Cine Ambiental y de Derechos Humanos FINCADH Costa Rica 2020 ONLINE

El IV FINCADH Costa Rica 2020 se convierte en el Primer Festival On-Line del país

El Instituto Multimedia DerHumALC (IMD) asociación sin fines de lucro radicada en Argentina, para la defensa y la educación en materia de derechos humanos a través del cine con más de 25 años de experiencia en Festivales de Cine, presenta el IV Festival Internacional de Cine Ambiental y Derechos Humanos, FINCADH Costa Rica On-Line, un festival de cine internacional con enfoque social y comprometido con las problemáticas ambientales y los derechos humanos, que cree en el poder del cine como una herramienta para la sensibilización, la visibilización y la discusión de estas temáticas.

Primer Festival On-Line de Costa Rica

Debido a las circunstancias extraordinarias derivadas de la situación de emergencia en salud pública ocasionadas por el COVID-19 a nivel global, el 4° FINCADH Costa Rica 2020 se realizará online, con lo cual se convierte en el primero en el país desde abril de este año, a través de una plataforma web y de las redes sociales.

Inicialmente, esperábamos realizar la mayoría de las actividades del Festival en julio de este año, pero la Emergencia Nacional dictada por la segunda ola de la pandemia del Covid-19, nos llevó a tomar la decisión de pausarlas hasta ahora, que las retomaremos.

En la plataforma web www.fincadhcostarica.org es posible consultar y visualizar las películas, las actividades especiales (cine-foros, charlas y actividades culturales y recreativas), y disfrutar del intercambio vía streaming con directores y cineastas nacionales e internacionales. La fase final del festival será una semana intensiva de actividades que tendrá lugar en los próximos meses, en una fecha que revelaremos próximamente.

El compromiso ha sido generar un evento accesible tanto para el público que nos acompaña cada año como para las nuevas audiencias que quieren sumarse a vivir la propuesta del Festival a través de distintas plataformas digitales y aplicaciones de uso cotidiano, especialmente ampliando el alcance a un público de toda Costa Rica, dado que en las ediciones anteriores hemos estado centrados en la Gran Área Metropolitana.

El FINCADH Costa Rica es el único festival en Costa Rica que se centra en el cine de denuncia, de protesta, documental y de ficción en torno al Ambiente y los DDHH, y es producido desde hace cuatro años por un equipo local con amplia experiencia, liderado por Jess Márquez Gaspar reconocido activista de DDHH, certificado para dicha tarea por la organización internacional Movies That Matters a través de la Especialización Cinema Without Borders, Producción de Festivales de Cine con Compromiso Social.

Desde abril de este año, se ha destacado además con la realización de sus actividades on-line a través de sus redes sociales y las de sus aliados. En particular, gracias a la producción y apoyo de sus partners locales, las ONGs locales Colective Transcendentes, dedicado a la lucha por los DDHH de las personas LGBTI, migrantes y con discapacidad, desde la interseccionalidad; y Organización Transvida, dedicado a la lucha de los DDHH de la población LGBTI en el país, en particular de las mujeres trans desde hace casi una década.

Adjuntamos el comunicado completo para descargar:

Apoyo al Instituto de Investigaciones Sociales

Isabel Ducca D.

Con motivo de la polémica y acusación a la Universidad de Costa Rica de estar incentivando una guerra entre lo público y lo privado por la difusión de dos videos producidos por la Oficina de Divulgación e Información (ODI), con base en una investigación del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), en los cuales se alude a grandes empresas que se beneficiaron de la amnistía tributaria, a algunas que declararon cero impuestos durante un periodo y a tres empresarios de renombre citados en la revista FORBES, es preciso expresar un reconocimiento a una labor difícil y, por lo visto, riesgosa pues como lo señala dicha revista, fuente de la que surge parte de la problemática:

“Para el equipo de investigación de FORBES, cada año representa un reto documentar y estimar las más cuantiosas fortunas de nuestra geografía, debido a que los principales obstáculos son la falta de transparencia y la poca disponibilidad de las corporaciones para compartir la información de primera mano…”[i]

Lo afirma una revista que está mil leguas de ser analítica y crítica.

Nuestra solidaridad se basa, como debe ser, en los principios que rigen y deben reinar siempre en la institucionalidad pública. Tal y como lo estipula el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica en el artículo 3: “…contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo”.

Si hubiera que hablar de una guerra entre lo público y lo privado, tendríamos que invertir los términos pues esa confrontación la inauguran en nuestros país los sectores neoliberales desde hace más de treinta años pues las universidades públicas, al ser cuna del pensamiento crítico y analítico, han sido acosadas con el fin de recortar sus presupuestos para reducir la investigación y el aporte que realizan para un desarrollo integral de nuestro país y de protección a los sectores más vulnerables. ¡Las acusaciones no son nuevas! Desgraciadamente, con motivo de la pandemia que estamos sufriendo y con el beneplácito de un gobierno que se preocupa más por proteger a quienes más atesoran en lugar de hacerlo con quien menos tienen, ciertas voces han adquirido fuerza y prepotencia que raya, en ocasiones, en lo inhumano.

Como bien sabemos, el déficit fiscal es un problema que adquiere dimensiones gravísimas antes del Covid 19 y que debido a este llegó a proporciones catastróficas. Desde el 2018, los temas fiscales han tomado relevancia en la discusión pública y hoy, precisamente en una crisis histórica, deben ser discutidos más que nunca. La evasión, elusión y mora son problemas que perjudican la construcción del Estado social de derecho y por tanto deben ser problematizados, así como señalados sus responsables.

Las campañas de desprestigio hacia las instituciones o personas que se atreven a plantear el tema de la reforma fiscal progresiva no son nuevas. Ya a inicios del siglo XX, Alfredo González Flores fue víctima de una campaña feroz primero y, posteriormente, un golpe de estado por establecer su proyecto.

Queremos reiterar nuestro apoyo a la autonomía universitaria consagrada en el artículo 84 de la Constitución Política y esperamos que, fiel a los principios con que la concibieron figuras como Rodrigo Facio Brenes, la reflexión rigurosa, académica y comprometida con el bien común continúe por los senderos que le marcan la ética y el compromiso con los Derechos Humanos.

[i] Puede referirse a: https://issuu.com/forbeslatam/docs/forbes_ca_mayo_2019

Denuncian a abogado que irrespetó a una mujer trans en un proceso judicial

Marco Antonio Castillo Rojas informó a SURCOS, que fue presentada ante la Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas una denuncia contra un afiliado que irrespetó a una mujer trans en un proceso judicial. Este es el documento de la denuncia (se suprimen nombres por respeto a la identidad de las personas):

San José, 14 de agosto de 2020.

Señor
Lic. Carlos Villegas Méndez
Fiscal¨
Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica
Ciudad.

Estimado señor:

Yo, … interpongo una denuncia por irrespeto a mi identidad de género en un proceso judicial por parte del Lic…

El irrespeto se dio en un proceso judicial donde él asesoraba a mi esposa. En sus escritos usó frases antiéticas y que riñen con el respeto que se me debe como persona con dignidad.

Mi documento de identidad claramente indica mi nombre femenino, conforme a las últimas regulaciones sobre identidad acordadas por el Registro Civil, y así he litigado. El mismo abogado … en el nombre del proceso usó mi nombre femenino. Sin embargo, insistentemente en su libelo usa las siguientes frases y alocuciones: “el mismo demandado”, “el demandado unilateralmente”, “adquirido por el demandado”, “el progenitor”, “el señor …”, “pues él también ejerce libremente”, “el rubro que él debe cubrir”, “ha sido el señor … quien ha”, “don … asumió”, “Fue don … quien me”, “A pesar que el señor … de mala fe”, “él se obligó a otros rublos más”, “comodidades a que don …”, “el principal obligado lo es el demandado”, “incumplimiento del demandado”, “el señor … se ha ocupado”, “EL OBLIGADO TIENE LA CAPACIDAD DE SOBRA”, “del incidentado”, “mi esposo”, “y que él sigue llevando”; además solo se refiere a mi cambio de género como una condición para sustentar sus peticiones: “Prueba de sus altos ingresos (…) se ha realizado cirugías de enorme valor para adecuar su fisonomía a su cambio de género”.

Anexo fotocopias del documento de recurso de revocatoria y apelación subsidiaria del … de este año presentado en el proceso de pensión alimentaria con expediente …, no creo necesario certificarlo porque el denunciado reconocerá su propio escrito.

Considero infringido el CÓDIGO DE DEBERES JURÍDICOS, MORALES Y ÉTICOS DEL PROFESIONAL EN DERECHO, en los artículos 7, 8, 13,15, 17 y 38.

Veamos:

El Artículo 7: El abogado y la abogada procurarán situar sus relaciones profesionales y personales en un marco de seriedad, justicia, amabilidad, honorabilidad, tolerancia, comprensión, cortesía y discreción.

Aquí el Lic. … no procuró situar su relación profesional en marco de amabilidad, tolerancia, cortesía.

Artículo 8: El abogado y la abogada han de defender las libertades civiles y políticas que aseguren el respeto de la dignidad humana y el bienestar general, y reprochar toda acción que atente contra estos principios, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Aquí el Lic. … no respetó mi dignidad humana.

Artículo 12: Quienes ejercen la profesión del derecho han de actualizar y profundizar sus conocimientos jurídicos constantemente.

El Lic. … demostró su falta de conocimiento de las actuales disposiciones administrativa de respeto a la identidad de género.

Artículo 15: El abogado y la abogada deberán ser respetuosos en todas sus actuaciones, absteniéndose de utilizar términos despectivos, irrespetuosos o peyorativos, ya sea en forma escrita o verbal. Si la conducta se diera con ocasión del trámite jurisdiccional de un caso, deberá estarse a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Los términos que utilizó el Lic…. en el escrito cuya fotocopia presento lo señalan como irrespeto a este artículo.

Artículo 17: El abogado y la abogada deberán actuar con corrección en el ejercicio profesional. Su conducta se ajustará al ordenamiento jurídico vigente en la sociedad costarricense, debiendo abstenerse de toda actuación impropia que pueda desacreditar la profesión. Su ejercicio profesional deberá ser siempre probo, leal, veraz y de buena fe.

El Lic. … no actuó de acuerdo a este artículo pues no aplicó la buena fe ni la veracidad.

Artículo 38: Aunque la causa sea justa, el abogado o la abogada no deberán emplear medios ilícitos, incorrectos o desleales.

Me parece que el Lic. … tampoco respetó esta disposición.

Pido que esa Fiscalía aplique la sanción que corresponda al Lic. ….

Al Lic. … se le notificará en su Bufete, dirección que anoté arriba o al correo electrónico … o al teléfono ….

Mis notificaciones las recibiré al correo electrónico marcocastillo@ice.co.cr

Sírvase proceder como mejor haya lugar.

Cordialmente,
Es auténtica:
Marco Castillo Rojas
Abogado con carné 3580

Rafael Ángel Calderón Guardia, nombre para la Ciudad Científica, en el 80 aniversario de la Universidad de Costa Rica

Vladimir de la Cruz

La Universidad de Costa Rica hoy cumple 80 de fundada, de creada, en el Gobierno Reformista del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.

Se ha discutido si fue creada, fundada, o reabierta, dándole continuidad a la Universidad de Santo Tomás que se había fundado el 3 de mayo de 1843.

Antes de la Universidad de Santo Tomas el 24 de abril de 1814 se había establecido, y abierto sus puertas, ese día, la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, que podemos considerar la primera Casa de Educación Superior que se establecía en Costa Rica, donde laboraron como docentes distinguidas personas que luego estuvieron ligadas, muy de cerca, al proceso y proclamación de la Independencia de Costa Rica, en 1821.

A partir de la Independencia las reglamentaciones de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás las hacían el Ayuntamiento de San José y la “Tertulia Patriótica”, que fue una institución impulsada por el Dr. Rafael Francisco Osejo, que a su vez fue el Primer Rector de esta Institución en 1814.

En 1824, el 10 de diciembre, el Gobierno asumió la protección de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, dándole rentas propias. El gobierno del Primer Jefe de Estado, Juan Mora Fernández, educador de formación, se preocupó de que tuviera “rentas propias”, para asegurar su funcionamiento plenamente.

Los estudios en ese período inicial de la Independencia rápidamente se fortalecieron, cuando el 26 de abril de 1825 el Poder Ejecutivo impulsó la creación de las Cátedras de Derecho, Latín, Francés, Inglés, y se empezó a dar un curso de Medicina, como “el arte de curar las dolencias humanas”. También se dio Física Experimental, Historia Profana, Psicología y Matemáticas, entre otras materias.

El 3 de mayo de 1843 se convirtió la Casa de Enseñanza de Santo Tomás en la Universidad Pública, bajo el auspicio de Santo Tomás, su anterior Patrono.

De nuevo los gobiernos de ese período le mantuvieron las rentas que tenía, y se le dio, además, la cuarta parte del producto líquido de las rentas del tabaco, que se expendiera en todas las tercenas del Estado, así establecido por Decreto del Jefe de Estado José María Alfaro, encargando de su ejecución al Dr. José María Castro Madriz, quien llegó a ser uno de sus Rectores.

El 1 de setiembre de 1843 se redactaron los Estatutos de la Universidad de Santo Tomás. Se mantuvieron los estudios de Jurisprudencia, Teología y Medicina. Es interesante que en sus Estatutos como logo se pusieron elementos usados por la Masonería. El Dr. José María Castro Matriz, siendo Presidente de la República, llegó a ser el Venerable Maestro, la autoridad superior de la Primer Logia Masónica establecida en el país, al impulso del Presbítero Francisco Calvo, quien también se había desempeñado como Capellán General, del Ejército Nacional, durante la lucha contra los filibusteros norteamericanos.

La Universidad de Santo Tomás en la práctica abrió sus aulas el 21 de abril de 1844, siendo su Primer Rector el Presbítero Juan de los Santos Madriz, y José María Castro Madriz, Ministro de Instrucción Pública.

En los años siguientes, 1849, 1858, 1859, 1869, 1870, se hicieron modificaciones a los Estatutos de la Universidad.

En el Gobierno del Gran Presidente, Juan Rafael Mora Porras, en 1854, se construyó el edificio de la Universidad, y se le fortalecieron las rentas o ingresos en la Tesorería Nacional, “cuyo crédito no puede perecer”. El Presidente Mora procuró a asegurar las rentas de la Universidad de manera que no fueran ni a disminuir, ni a la posibilidad de quitárselas.

En los años siguientes la Universidad de Santo Tomás asumió un papel importante, impulsando bajo su amparo, instituciones educativas para la formación de jóvenes.

Así, el 4 de julio de 1874, el Congreso, por impulso del Presidente Tomás Guardia Gutiérrez, decretó la apertura del Colegio, denominado Instituto Nacional, bajo la tutela de la Universidad de Santo Tomás, y mantuvo, a nivel universitarios, en ese momento, únicamente los estudios de Jurisprudencia, porque no había alumnos para otros estudios.

Se trataba también de fortalecer los estudios secundarios. En el Instituto Nacional se fortalecieron estudios de Humanidades, Historia Sagrada y Profana, cronología y geografía, matemáticas, física, química, geología, astronomía e historia natural, agronomía, entre otras materias.

El 1 de abril de 1875 se hizo un Reglamento del Instituto Nacional, en el cual se estableció la supervisión del Instituto por el Rector de la Universidad, y se trajeron profesores europeos para trabajar allí, abriendo sus puertas, el Instituto, el 16 de mayo de 1875, nombrándose Rector de la Universidad y del Instituto al Dr. Lorenzo Montúfar.

En esta segunda mitad del siglo XIX hubo un impacto muy grande en el nivel cultural, educativo y científico, con grandes cantidades de europeos, casi de todas las nacionalidades, que se trajeron al país a trabajar, con resultados muy valiosos, en el momento que el país se abría para procesos migratorios laborales para la construcción del ferrocarril, para lo cual llegaron negros, chinos e italianos, especialmente.

El 24 de diciembre de 1879 el Gobierno contrató a Valeriano Fernández Ferraz para dirigir el Instituto Nacional.

En 1883 el Presidente Próspero Fernández le fortaleció la vida autonómica a la Universidad, le devolvió el edificio que tenía y le aseguró su propio manejo de su Patrimonio. De nuevo el Gobierno de la República, entendiendo la importancia de la Universidad le aseguró su financiamiento y patrimonio físico ya existente.

En 1884, el 10 de marzo, por iniciativa del Presidente Próspero Fernández, se autorizó a la Universidad a fundar un colegio de segunda enseñanza llamado Instituto Universitario.

El 12 de agosto de 1885 se decretó por el Congreso Constitucional, a iniciativa del Presidente Bernardo Soto y de su Ministro de Instrucción, por lo demás también de Hacienda, Mauro Fernández, la Ley Fundamental de Instrucción Pública.

El entonces Rector de la Universidad, Alejandro Alvarado García, dijo: “Debemos felicitarnos en el Gran Día de la Patria, y felicitar a la juventud, que representa su pensamiento, por el poderoso auxiliar que la Universidad pone en sus manos para la prosecución de sus estudios. Con adelantos de este género podemos marchar unidos, con pie firme, por el camino del Progreso intelectual y moral, procurando, siempre el engrandecimiento, la prosperidad y la gloria de Costa Rica”.

Por iniciativa del gran educador Miguel Obregón Lizano el 15 de setiembre de 1884, día de celebración de la Independencia Nacional, se inauguró la Biblioteca de la Universidad, que al cerrarse la Universidad en 1888, se dispuso que esta Biblioteca se orientara para fundar la Biblioteca Nacional, que hoy lleva el nombre del ilustre Educador y Ministro de Instrucción.

Asociadas al proceso educativo en esos días se publicaron las Revistas “La Enseñanza” y el “Instituto Nacional”.

El 6 de febrero de 1887 se fundó el Liceo de Costa Rica, bajo la dirección y tutela de la Universidad de Santo Tomás, que ya solo tenía la Escuela de Derecho. Y, en 1888, se fundó el Colegio Superior de Señoritas, como las dos instituciones más importantes de educación secundaria en la capital.

El 20 de agosto de 1888 la Universidad de Santo Tomás se cerró, porque no “había condiciones sociales”, ni se estaba en el país en posibilidades de darle la organización que a sus funciones correspondía”.

Desde entonces, 1888, la enseñanza del Derecho nunca se interrumpió, porque la Escuela de Derecho permaneció abierta. Las Cátedras de Medicina y Farmacia fueron muy inestables.

Hasta 1888 la Universidad fue el principal centro científico y literario de la República, donde se formó la mayor cantidad de dirigentes del Estado y de la República.

El 29 de julio de 1890 el Presidente José Joaquín Rodríguez derogó el decreto de cierre de la Universidad, del 20 de agosto de 1888, y estableció que las propiedades de la Universidad se le devolvieran, sin embargo su Decreto que no se cumplió.

En su reemplazo se mantuvieron como Escuelas Superiores de Estudio, la de Derecho y Notariado y la de Ingeniería y Medicina.

Al mismo tiempo, el 12 de febrero de 1897 se fundó la Escuela de Farmacia, el 12 de marzo de 1897 la Escuela de Bellas Artes, en 1914 la Escuela de Pedagogía y, en 1926, la de Agricultura.

La Escuela de Derecho a partir del 1 de julio de 1891 se dispuso que la dirigiera el Colegio de Abogados, que ya se había fundado en 1882, hasta que en 1941 se integró a la estructura y organización de la Universidad de Costa Rica, que este año había abierto a sus estudiantes. En 1941 se abrió también la Escuela de Ingeniería.

En 1906 el Colegio de Abogados se pronunció por abrir de nuevo la Universidad.

El esfuerzo siguiente para abrir la Universidad se da en la década de 1930. En este período, el entonces Ministro de Educación, Teodoro Picado Michalski, del tercer gobierno de Ricardo Jiménez Oreamuno, en 1934, empieza a gestionar la apertura de la Universidad.

Bajo el Gobierno de Ricardo Jiménez se hacen negociaciones para traer de Chile una Misión Pedagógica y otra Económica para evaluar en esos aspectos al país. La Misión Económica la encabezó el Dr. Herman Max y la Misión Pedagógica la encabezó el Profesor Luis Galdámez. Con el Profesor Galdámez llegaron los Profesores Oscar Bustos, que tuvo a cargo evaluar la Educación Primaria y el Profesor Arturo Piga, la educación secundaria. Como asistentes de trabajo de esta Comisión se sumaron los profesores, recién graduados de Chile, Isacc Felipe Azofeifa y Carlos Monge Alfaro.

Para esos días se había constituido un grupo estudiantil llamado Asociación Cultural de Estudiantes de Derecho. Los jóvenes de esta Asociación estuvieron presionando y movilizándose con la intención de que la Misión Chilena atendiera la necesidad de abrir la Universidad, por lo que ellos luchaban. Así el Profesor Galdámez asumió esa tarea.

En esos días se discutió sobre la Universidad Autónoma y sobre la Autonomía Universitaria. El punto medular giraba de si en la integración del Consejo Universitario debía estar o no el Ministro de Educación. Los estudiantes rechazaban su presencia. El propio Presidente Ricardo Jiménez se pronunció señalando que no debía estar. Manifestó que en esa figura si el Gobierno regenta la Universidad, lo que hacía el Gobierno era “darle sombra a la Universidad”, y que la Universidad debía ser “absolutamente libre” de todo tipo de banderías para su cometido académico científico.

En esta lucha opinaron con igual sentido Abelardo Bonilla Baldares, Carlos Monge Alfaro, Isacc Felipe Azofeifa, Luis Anderson, Joaquín García Monge, Alejandro Alvarado Quirós, Víctor Vargas Quesada, Benjamín Hernández, Napoleón silva y Teodoro Picado Mischalski.

Durante estos años el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia se desempeñaba como Diputado, y seguía de cerca estas discusiones, a las que se había sumado Luis Demetrio Tinoco Castro, que al asumir la Presidencia de la República el Dr. Calderón Guardia, en 1940, le nombra Ministro de Educación y le dio el encargo de gestionar la apertura de la Universidad, así como de impulsar la derogatoria de las leyes liberales, de 1884, en el campo educativo.

El discurso al asumir la Presidencia el Dr. Calderón Guardia trazó su ruta de apertura de la Universidad. Luis Demetrio Tinoco, ya como Ministro, el 15 de junio envía el Proyecto de Ley al Congreso y el 20 de junio, de 1940, inició sus gestiones y negociaciones políticas, y con el sector empresarial, para lograrle los votos legislativos al proyecto de apertura de la Universidad. Los estudiantes de la Asociación Cultural seguían activos en esta lucha. El 5 de julio se pronunció a favor el Colegio de Abogados, el 10 de julio se sumó el Colegio de Ingenieros y el 17 de julio se sumó la Facultad de Odontología apoyando la apertura.

La discusión final profunda fue de si se restablecía la Universidad de Santo Tomás o se abría o creaba una Nueva Universidad. En el trasfondo, como sombra, estaba el hecho de que la Universidad de Santo Tomás el 7 de octubre de 1852 había sido declarada Universidad Pontificia, como parte de las relaciones que se estaban estableciendo con el Vaticano y el nombramiento que se estaba haciendo del Primer Obispo nacional, el Dr. Anselmo Llorente y La Fuente.

El período 1870 -1940 se había caracterizado por gobiernos liberales. El liberalismo político era lo dominante aun cuando ya habían surgido movimientos sociales, reformistas, socialistas y comunistas. El mismo Manuel Mora Valverde, como Secretario General del Partido Comunista, había sido electo en 1934, igual que Rafael Ángel Calderón al Congreso de la República, junto con el zapatero comunista Efraín Jiménez Guerrero, que se pasa al gobierno calderonista para apoyar políticas de calzado que el gobierno impulsaba.

El Dr. Rafael Ángel Calderón, de tradición católica familiar conservadora, había estudiado Medicina en Europa, en Bélgica, en dos universidades, la Universidad de Lovaina de tradición católica muy fuerte, donde se dice que lo influenció el Cardenal Mercier y el Código Social de Malinas, de esos años, y terminó sus estudios en la Universidad Libre de Bruselas, de influencia socialista, en ese período, de manera que en estas dos vertientes de pensamiento fortaleció el propio el Dr. Calderón Guardia.

Cuando se suscitó la discusión de reabrir o fundar la Universidad, tanto el Ministro de Educación, Luis Demetrio Tinoco, como el propio Presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, siendo ambos de tradición católica cristiana muy fuerte, se pronunciaron por “abrir”, por “fundar” y por “crear” una NUEVA Universidad para no heredar el carácter pontificio que tenía la Universidad de Santo Tomás, y para no “apadrinarla” con este Santo, que ha sido padrino de muchas instituciones educativas en el mundo.

El Dr. Calderón Guardia se pronunció con claridad en la importancia de esta separación nominal religiosa. De allí que el acto que se iba a dar, en esos días, era para crear o fundar una NUEVA Universidad, la Universidad Nacional, como se le llamó, a la Universidad de Costa Rica, como hoy la conocemos. En la propuesta de Calderón era abrir la Universidad con bases sólidas y modernas.

El 6 de agosto de 1940 el Congreso de la República terminó sus debates sobre la aprobación de la apertura de la Nueva Universidad. El 20 de agosto se aprobó la apertura, como Ley de la República, y se pasó al Presidente Rafael Ángel Calderón Guardia para sus sanción Ejecutiva, lo que el Presidente hizo, dándole el Ejecútese, a la Ley de creación de la Universidad, el 26 de agosto, hace 80 años.

Para el Dr. Calderón Guardia, continuando lo que ya había manifestado el 8 de mayo de 1940, se le estaba prestando “muy especial atención” a la educación por constituir, “el fundamento de contextura moral del pueblo”, y para concentrar “sus esfuerzos en la fundación de la Universidad Nacional”, añadiendo que la ausencia de Universidad, en el período anterior, había constituido una laguna que había obstaculizado el mejoramiento del nivel intelectual costarricense.

Para el Dr. Calderón Guardia, la Universidad debía “irradiar” sus luces y “esparcir el saber por todos los rumbos”, debía “dirigir la opinión pública en materia social, y hacer reverdecer la vida nueva al progreso general de la República”.

Igualmente, señalaba, el Dr. Calderón Guardia, que la Universidad debía abrir espacio para aprovechar toda la riqueza intelectual del país, con más opciones de estudios, para evitar “una proletarización” intelectual.

La fecha del 26 de agosto de 1940 para la firma del Presidente a la apertura de la Universidad Nacional, o de Costa Rica, no fue caprichosa ni casual. El Dr. escogió esta fecha haciendo coincidencia histórica con el 26 de agosto de 1789, cuando se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se declaraban derechos «naturales e imprescriptibles» la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Pero, también, Declaración donde se enfatizaba en que “los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”. Donde “las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común”, en que “nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley” y, en que “la libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, a trueque de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley”.

Estos preceptos 1, 10 y 11 de la Declaración están implícitos en el concepto de Autonomía Universitaria, en todos sus alcances, de manera que el Dr. Calderón Guardia firmando la creación de la Universidad de Costa Rica la estaba arropando con todos los valores universales más importantes para el ejercicio libre de la vida docente universitaria.

A ello sumamos que la educación hoy se considera un Derecho. En Costa Rica cuando el Presidente Jesús Jiménez Zamora estableció la obligatoriedad, gratuidad y el financiamiento de la educación escolar, la estaba reconociendo como un Derecho de la niñez costarricense, y las Reformas educativas de Mauro Fernández, afirmaban ese Derecho para los jóvenes.

El Derecho a la educación es un Derecho Humano que tiene como finalidad establecer una educación primaria para todos los niños y niñas, desarrollar una educación secundaria accesible progresivamente a todos los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, y el acceso a la educación superior en función de los méritos.

Así, el Derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos que les permite adquirir conocimientos y alcanzar con ellos una vida social plena. El Derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades.

El Derecho a la educación hoy es un Derecho Humano reconocido y se entiende como el Derecho a una educación primaria gratuita y obligatoria, para todo ciudadano, una educación secundaria, obligada a desarrollar por parte de los gobiernos, accesible para todos los jóvenes y adolescentes, y un acceso equitativo a la educación superior, con responsabilidad gubernativa de proveer educación básica a los individuos que no han completado la educación primaria, con la obligación de eliminar la discriminación en todos los niveles del sistema educativo.

Este Derecho a la Educación está contenido en numerosos tratados internacionales de Derechos Humanos. Su formulación más extensa se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, de 1966, ratificado por Costa Rica.

El Pacto en su artículo 13 reconoce el derecho de toda persona a la educación, así, la «enseñanza primaria debe ser obligatoria y accesible a todos gratuitamente»; la «enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita»; y la «enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita», señalando que debe «fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental, para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria».

Desde la creación de la Universidad de Costa Rica se estableció implícitamente la obligación de los gobiernos, sobre el derecho a la educación, a generar educación disponible, accesible, aceptable, y adaptable.

La educación no se considera un simple Derecho Humano más. Se le considera indispensable para el desarrollo de las personas y las sociedades, y se le considera como una herramienta del cambio social, y una forma de superar la pobreza, la marginación y la exclusión social.

En sus 80 años la Universidad de Costa Rica ha tenido 15 Rectores, con su actual “Rector” interino. Tiene su Escudo y su Bandera, aprobados en su última fecha el 20 de diciembre de 1999. Ha realizado desde 1946 siete Congresos Universitarios oficiales. Tiene hoy tras grandes campos, la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, que corresponde a la primera sede de instalación, el Área de las Instalaciones Deportivas, y la llamada Ciudad de la Investigación, todas en San Pedro de Montes de Oca, con un total de casi 500 hectáreas.

En el campo de la Academia y la Investigación la Universidad hoy tiene Facultades, Escuelas, Sedes universitarias regionales, 8 en el área de las Letras, 20 en Ciencias Sociales, 6 en Ciencias Básicas, 5 en Ciencias Agroalimentarias, 12 en el Área de Ingenierías, 9 en el Área de la Salud, la Escuela de Estudios Generales, el Sistema de Postgrado, y las Sedes Regionales, en San Ramón, Turrialba, Liberia, Puerto Limón, Puntarenas y Golfito. A todo esto suma La Radio Universidad, en sus distintas frecuencias, su Canal 15 de Televisión, el Coro Universitario, el Teatro Universitario, el Jardín Botánico, el Planetarium, Museos universitarios.

La Universidad de Costa Rica ocupa el primer lugar de las Universidades de Centroamérica, el 19 de América Latina y un reconocido lugar en las primeras 1000 universidades del mundo.

Cuenta la Universidad de Costa Rica de un vigoroso movimiento estudiantil surgido con el Consejo Estudiantil Universitario, desde su fundación, y con la Federación de Estudiantes de la Universidad desde 1958, que se acompaña hoy con grupos políticos y diverso tipo que existen a nivel estudiantil.

Con motivo de la celebración del 80 aniversario de la creación de la Universidad de Costa Rica, en mérito y reconocimiento al Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, propongo públicamente que la Ciudad Científica, o a la Ciudad de la Investigación, se le nomine, y se le llame Ciudad Científica Universitaria Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Es quizá la mejor forma de agradecerle al Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia su compromiso de impulsar su apertura y su fundación.

Con esto se estaría haciendo el mejor reconocimiento, al Gran Reformador Social de Costa Rica, que inició su Reforma Social con la apertura y fundación de la Universidad de Costa Rica, su primera Reforma Social, protegida hoy también por el sagrado manto de los Derechos Humanos en el campo de la Educación Superior.

Nuevas acciones organizadas por personas no indígenas contra malekus, cabécares y brorán

SURCOS comparte el siguiente comunicado enviado por FRENAPI:

A los Organismos Regionales y Universales de Derechos Humanos
A las Organizaciones, Iglesias y Movimientos Sociales que trabajan por DDHH
A la opinión pública nacional e internacional

En seguimiento a las ALERTAS TEMPRANAS lanzadas como Movimiento desde el FRENAPI desde el 12 de julio del 2020, informamos y denunciamos que el día de hoy domingo 23 de agosto 2020, en horas de la mañana, en Territorio Maleku, se presentó un grupo de No Indígenas (aproximadamente 40 personas, incluidas en el grupo personas mayores y menores de edad).

Los/as No Indígenas vinieron a cortar alambres para que el (su) ganado ingrese a las fincas recuperadas. Amenazaron de agresión a las/os malekus y pusieron en frente a personas mayores y menores de edad No Indígenas como estrategia para golpear y esconderse entre estas personas y culpar a los/as malekus de cualquier golpe o daño físico. La policía llegó, logró separar el «enfrentamiento» con una “tregua”. Una tensa calma se mantiene. Sin embargo, las personas No Indígenas avisaron que vienen refuerzos de camino y que «de hoy no pasan estos hijueputas indios».

ALERTAMOS que hay temor e incertidumbre por las acciones que las personas No Indígenas puedan emprender durante la noche en contra de nuestras hermanas/os maleku. El ganado que está ahí NO es de los/as malekus, las personas usurpadoras de las tierras indígenas quieren meterlo a pastar ilegalmente en las fincas recuperadas. Las leyes nacionales y Convenios, establecen que los Territorios son exclusivos de los/as indígenas que los habitan y solo ellos/as pueden hacer uso y aprovechar estas tierras, por lo que ese ganado está (ilegalmente) aprovechando los pastos y aguas malekus.

La policía levantó Acta y está en el lugar, con pocos agentes (dos), lo que pone en entredicho la capacidad de poder contener una agresión violenta multitudinaria de los/as personas No Indígenas contra los/as malekus.

ALERTAMOS al Gobierno, Instituciones de DDHH, Nacionales e Internacionales, de esta situación y llamamos a la Comunidad Nacional e internacional a incidir y presionar al Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, a detener esta nueva ola de violencia, en el Territorio maleku, fronterizo con Nicaragua ubicado en el Cantón (municipio) de Guatuso. Misma situación de asedio y amenaza, está ocurriendo en 2 Territorios del Sur, uno es el Territorio Cabécar de China Kichá, donde de usurpador No Indígena de apellido Fernández, empresario de Buses, en una «jugada» de «novela» introdujo unas 15 personas (peones) en un «camión de barandas altas, para ingresar a las fincas recuperadas con agresión y violencia para sacar a las familias recuperantes indígenas que viven allí. Esta “jugada” fue descubierta y repelido el intento por las/os Cabécares, sin embargo se mantiene una situación tensa y de mucho acoso y amenazas.

El otro Territorio, es el Territorio Brorán de Térraba, al Sur del país, específicamente en la Finca Recuperada de Crun Shurín, donde las personas No Indígenas, entre otras acciones ilegitimas y violentas de nuestros derechos, mantienen una patente otorgada por la propia Municipalidad de Buenos Aires, a favor de un Bar-Restaurante instalado dentro del Territorio, en contra de resoluciones judiciales, normas nacionales e instrumentos internacionales, burlando que la Ley Indígena N°6172 establece en su artículo 6 que están prohíbas las ventas de Licores en los Territorios Indígenas y que los negocios en estas tierras, solo pueden ser administrados por los/as habitantes indígenas del Territorio. Urge la intervención del Estado /Gobierno para evitar otros lamentables hechos como los ya conocidos.

Urge la solidaridad con nuestros Pueblos. Lo único que pedimos, es que se respeten los Territorios y se cumplan las Leyes y Convenios que protegen nuestros Derechos Humanos. Seguiremos adelante con el Proceso de Afirmación Territorial Autónoma. ¡Ni un paso atrás!

¡NO MAS IMPUNIDAD!
#SergioRojasVIVE
#JeryRiveraVIVE
¡LA LUCHA SIGUE!

FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)
Acompaña: COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA
23 DE AGOSTO, 2020

Honduras necesita de la solidaridad internacional

Llamamos a los organismos internacionales de derechos humanos y al mundo a poner el ojo en los hechos que acontecen al Estado de Honduras con las poblaciones indigenas garifunas y lencas

El Colectivo de Solidaridad con Honduras y la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), condenan a las empresas destructoras del medio ambiente, que actualmente destruyen las montañas, los ríos y los bosques sagrados, donde en plena armonía con la naturaleza, las poblaciones originarias y campesinas producen para cientos de familias indígenas, garífunas y campesinas. En una sola voz en armonía con la naturaleza luchan a favor de sus territorios y los recursos naturales que son de su pertenencia.

Merece especial atención, la complicidad del regimen de la dictadura de Juan Orlando Hernández-JOH y de los políticos y autoridades “legales”, que han dejado a las comunidades a manos de la voracidad de empresarios espurios, que asesinan, destruyen cultivos y plantean desalojos admistrativos a las familias, que tienen y defienden los derechos que históricamente les corresponde, gracias a las luchas organizadas que han sostenido, a su permanencia y acuerdos nacionales e internacionales, que los protege y les da su derecho como legítimos dueños de su territorio y su cultura.

Son varios los municipios que defienden sus derechos, y que han venido resistiendo a las políticas desvastadoras y destructoras contra las y los habitantes de los territorios originarios y autóctonos de indígenas y garifunas, por lo que la persecución, el asesinato de líderes y lideresas y la desaparición reciente de cuatro pobladores garifunas de la Aldea Triunfo de la Cruz , son algunos de los actos de violencia política que nuestras organizaciones están denunciando desde Costa Rica, para que a nivel internacional se intensifique la solidaridad con los luchadores sociales y las familias, víctimas de fuertes violaciones de los Derechos Humanos que se cometen en Honduras , con la complicidad del Narco-Estado y del gobierno actual, surcado por niveles de corrupción como nunca vistos en la historia de la Patria de Francisco Morazán.

En esta ocasión, expresamos nuestro apoyo a las comunidades y dirigentes sociales, que están recibiendo amenazas de muerte, persecución, desapariciones y asesinatos selectivos.

Tambien denunciamos las amenazas a muerte,coaciones a los grupos campesinos indigenas de “Nueva Esperanza” en el municipio de Santa Maria y Santiago Puringla y del Consejo Indigena “Nueva Palestina” del municipio de San Jose, ambos del departamento de la Paz.

Las páginas con nombres de compañeras líderes y compañeros dirigentes, llenarían largos muros de dolor. Hoy son los casos de Jaira Castillo, luchadora y activista por los Derechos Humanos, representante del Consejo Indígena Derecho a la Tierra, Róger Emilio Medina Orellana, Félix Vásquez y Víctor Vásquez. Los dos primeros dirigentes de la Union de Trabajadores del Campo (UTC) del departamento de la Paz.

Víctor Vásquez, del Consejo Indigena Lenca de Simpinula, oriundo del municipio de Santa María, perteneciente al grupo Nueva Esperanza, ha estado bajo amenaza de muerte por la defensa de su territorio,los bienes comunes,los derechos humanos y defender los municipios libres de la explotacion minera y hidrica. Pero además, su comunidad vive también bajo la amenaza de un desalojo, mediante el cual 32 familias se verían seriamente lesionadas en sus intereses. Bajo la amenaza de personas armadas, y grupos de choque, son objeto absoluto del abandono y de la intervención del Estado a su favor.

Pero la resistencia histórica no se doblega. Recientemente tuvimos noticia de la sublevación que se dio en el municipio de Guajiniquiro, contra empresas inescrupulosas y las medidas aprobadas bajo la licencia ambiental, para el saqueo de sus santuarios sagrados de sus recursos naturales.

Estos son solo algunos de los casos de los que se tiene información. Pero a nuestra hermana República de Honduras, la tienen secuestrada y vilipendiada. Cada hora es sangrada por el narcoestado y los socios del “puti club”, como valientemente los llama el programa internacional del “Perro Amarillo”.

Es conveniente dejar constancia de que el Instituto Nacional Agrario (INA) de Honduras tiene la potestad y los recursos, para contribuir con una política sana y de total respeto a las comunidades indígenas, de campesinos y garifunas. No obstante, la inercia y la complicidad del Estado, deja a la deriva a las comunidades y sus habitantes, los cuales se exponen a los actos de violencia del cual el mundo tiene noticia y que tenemos que repudiar. Un Estado que abandona su compromiso con la protección y defensa de los Derechos Humanos fundamentales y la solidaridad con sus grandes mayorías, es un estado vulgar, que dobla su cerviz a los más espurios intereses de una oligarquía y politicos corrompidos ante las políticas neoliberales de los organismos financieros internacionales.

No nos quedemos en el ejercicio de la denuncia. Estamos obligados a crear formas donde la solidaridad, la denuncia y la lucha a favor de los pueblos originarios, campesinos y garifunas, se materialice y se concretice.

Desde Costa Rica estaremos dandole seguimiento a estos atropellos que sufren estas poblaciones humildes patrocinadas por ambiciosos personajes locales con el apoyo de las autoridades del regimen corrupto y dictactorial de Juan Orlando Hernandez.

ANA CECILIA JIMÉNEZ A.
ACODEHU
ÓSCAR LEIVA C.
COLECTIVO DE SOLIDARIDAD CON HONDURAS

Dado en San José, Costa Rica, 18 de agosto del 2020

 

*Imagen: http://territorioindigenaygobernanza.com/web/nnic_03/

Presentación en línea del informe “Nicaragua: Una revolución fallida: La lucha indígena por el saneamiento”

San José, 14 de agosto de 2020.- El pasado 5 de agosto de 2020, el think-tank de asuntos ambientales Oakland Institute presentó “Nicaragua: Una Revolución Fallida: La Lucha Indígena Por El Saneamiento”, una traducción al español del informe Nicaragua ‘s Failed Revolution.

Este informe independiente recoge las denuncias de pueblos, comunidades, organizaciones y personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas respecto de la creciente violencia perpetrada por parte de colonos; con la complacencia de empresas trasnacionales y el Estado nicaragüense. El texto también expone a empresas extranjeras mineras de oro, actores nacionales e internacionales de la industria maderera y ganadera, así como a destacados funcionarios nicaragüenses detrás de esta violencia.

Frente a estas agresiones, ampliamente documentadas por organizaciones de derechos humanos y retomadas por el informe, el Estado de Nicaragua ha fallado en garantizar la vida e integridad de los pueblos indígenas, al que tiempo las violaciones continúan impunes. En su lugar, el Gobierno sigue promoviendo actividades extractivas en territorios indígenas y la situación de riesgo se agrava.

Como representantes de las comunidades indígenas miskitu ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) te invitamos a la presentación del informe “Nicaragua: Una Revolución Fallida: La Lucha Indígena Por El Saneamiento”, cuya versión en inglés ya ha generado millones de impresiones en los medios, incluida cobertura por parte del New York Times, Guardian, Le Monde, Washington Post, ABC News, MongaBay, entre otros.

Acompáñanos el jueves 20 de agosto de 10:00am a 11:30am hora Centroamérica en un webinario en español para presentar los hallazgos del informe y discutir acerca de las formas de apoyar la lucha de los pueblos indígenas por el saneamiento.

Panelistas:

  • Anuradha Mittal, autora del informe y Directora Ejecutiva de Oakland Institute
  • Lottie Cunningham, fundadora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN)
  • Claudia Paz y Paz, directora del programa de México y Centroamérica del Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL)

Moderadora: Sofía Espinal, oficial de comunicación en CEJIL para el programa de México y Centroamérica

Regístrate: https://bit.ly/30NwbJG
Hallazgos clave del informe:

  • Las comunidades indígenas en las regiones autónomas de la Costa Caribe enfrentan una situación de violencia agravada, como lo demuestran los recientes ataques contra las comunidades Alal, Wasakin y el pueblo Miskitu.
    • Desde enero de 2020, diez personas de las comunidades Mayangna y Miskitu en la Región Autónoma de la Costa del Caribe Norte (RACCN) han muerto en invasiones territoriales, lo que eleva a 46 el número total de asesinatos registrados desde el 2011. Decenas de personas han sido heridas, secuestradas, desaparecidas y miles han sido desplazadas debido a las invasiones de tierras.
    • El gobierno de Nicaragua ha puesto millones de hectáreas a disposición de la explotación minera, la industria maderera y la ganadería, atrayendo a empresas transnacionales y llevando a miles de colonos a regiones autónomas en detrimento de las vidas y los medios de vida de los pueblos indígenas.
    • Si bien las leyes del país establecen la autonomía de las comunidades indígenas en la gestión de sus tierras y recursos naturales, estos derechos se niegan sistemáticamente mediante el despojo.
    • Personas funcionarias participan en ventas ilegales de tierras y en la represión policial auspiciada por el Estado en contra de las comunidades que resisten el despojo.
    —

El Instituto Oakland es un grupo independiente de personas expertas que aporta nuevas ideas y acciones audaces a los problemas sociales, económicos y ambientales más urgentes de nuestro tiempo.

CEJUDHCAN es una organización no gubernamental, sin fines de lucro que brinda programas educativos, apoyo legal y asistencia práctica a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en la costa caribeña de Nicaragua.

CEJIL es una organización regional que promueve y defiende los derechos humanos en las Américas ante los sistemas internacionales de protección, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entre los diferentes litigios que ha llevado a cabo se encuentran las medidas de protección en nombre de 12 comunidades miskitu y dos personas defensoras de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

 

*Imagen destacada tomada de: https://www.dw.com/

Comunicado de recuperadores finca Crun Shurin

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

Desde el jueves 13 de agosto del 2020 circula en redes sociales un video publicado por Ariel Alfonso Mora Fallas desde la cuenta Facebook “Profe Ariel C.R”. En el video se muestra a Hilda Valentina del Carmen Granados Solís, quien desde hace años ocupa ilegítimamente territorio indígena en Térraba. En dicho video, Hilda se representa desde un rol de víctima y emite una serie de afirmaciones FALSAS que buscan desacreditar nuestra causa y que incentivan el odio racista, ya de por si existente en contra de nosotros(as) como personas indígenas recuperantes y defensoras de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

En el video Hilda MIENTE A LA POBLACION indicando: “Me casé en el 73 y desde entonces vivo acá en este pedacito de tierra, aquí tuve a mis tres hijos… me casé con un indígena…” (Minuto 1:13). “Yo me siento una más de este Territorio, mis hijas son hijas de un indígena…” (Minuto 7:53). No obstante, y como puede ser verificado por cualquier persona, en el Registro Civil consta un único matrimonio de Hilda, mismo que se registró con Gerardo Enrique Duran Azofeifa hijo de Rafael Ángel Durán y Carmen Azofeifa Delgado; NINGUNA de estas personas es indígena Térraba/Brörán. Desde agosto del año 2019 se oficializó Decreto Ejecutivo N°41903 para uso de la Administración Pública, la Base de Datos de Personas Térraba/Brörán, esta Base la posee el Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones como mecanismo de consulta y verificación de las personas indígenas Térrabas/Brörán. La Base está compuesta por 12 troncos genealógicos, DE NINGUNO DE ELLOS es Hilda ni se deriva que con quien Hilda estuvo casada sea una persona indígena Térraba/Brörán. Por lo tanto, son FALSAS las afirmaciones que Hilda estuviera casada con un indígena de este Territorio.

También, aclaramos que no es “un pedacito de tierra” el que ilegítimamente ocupa Hilda, como lo dice en el video ella misma “hoy en día tengo este negocio que gracias a Dios es amplio con mucho espacio…” (Minuto 4:29). También hacemos notar y denunciamos que Hilda no sólo ocupa ilegítimamente esta tierra, sino que su negocio Bar-Restaurante cuenta con la autorización de la Municipalidad de Buenos Aires y según indica ella misma “…pago mis impuestos a la Municipalidad, a Tributación…” (Minuto 6:00). DENUNCIAMOS el cinismo de Hilda, pero también el de la Municipalidad de Buenos Aires al otorgar esta patente desconociendo abiertamente la Ley Indígena N°6172 que en su Artículo 6 establece que los establecimientos comerciales en Territorios Indígenas sólo podrán ser administrados por indígenas y PROHIBE la posesión y concesión de patentes para la venta de bebidas alcohólicas dentro de los Territorios Indígenas. Denunciamos el actuar irregular, fuera de derecho de la Municipalidad de Buenos Aires y hacemos una solitud expresa para que este hecho sea debidamente investigado y sancionado por las autoridades correspondientes.

Según la Ley Indígena N°6172, en caso de que Hilda (persona no indígena) demuestre ser poseedora de buena fe, tiene derecho a la correspondiente indemnización. Desde diciembre del 2019, el Comité de Recuperantes de la Finca Crun Shurin, le entregó notificación informando que su ocupación en estas tierras es ilegal, y que acudiera a la vía judicial a reclamar una posible indemnización, sin embargo ha hecho caso omiso y más bien ha emprendido una cadena de acciones violentas en nuestros derechos. El hecho más reciente se dio el pasado 27 de Julio del 2020 cuando invadió la finca bajo posesión de Vinicio Navas, recuperador de Crun Shurin. Como es sabido, producto de esa invasión, Hilda en participación de otras personas usurpadoras no indígenas, introdujo maquinaria pesada en la finca causando grandes daños a un sitio arqueológico: una aldea precolombina, también uno de sus acompañantes amenazó de muerte a dos compañeros recuperantes incluso alardeando que por causar la muerte del compañero Pablo Sibar recibiría recompensa. En esa ocasión, la salida de Hilda y sus acompañantes de la finca invadida, solo fue posible ante el llamado de la policía. En ese momento, se le pidió el retiro de mangueras porque las mismas se encontraban conectadas a una naciente de la misma finca.

Denunciamos que el rol de “víctima” representado por Hilda en este video, genera más violencia de la que ya venimos viviendo las personas recuperantes. Nuestras luchas son pacíficas, y las convertimos en Acciones Directas No Violentas. Desmentimos el supuesto acoso que Hilda dice recibir por parte de nosotros(as). Rechazamos rotundamente haberle amenazado con quemar el restaurante, no luchamos por una estructura, nuestra lucha es por recuperar las tierras que nos corresponden según la Ley. Constantemente nos dicen oportunistas, que queremos beneficiarnos de tierras “ya trabajadas”, esto es falso. Para nosotros(as) recuperar la tierra lleva dentro de los compromisos trabajarla y trabajarla significa para nosotros(as) sembrar, volver a llenar estas tierras de las plantas y árboles que durante tanto tiempo han sido arrancados para hacer negocios y con ello han destrozado el habitad de tantos animales.

Mientras que para las personas usurpadoras, trabajar la tierra significa dejarlas “peladas” para dedicar el suelo al pasto de ganado, monocultivos o llenarlos de cemento al levantar amplias estructuras y negocios, para nosotros(as) eso solo significa destrucción. Al recuperar nuestras tierras tenemos claridad que hay mucho trabajo para intentar reparar todos los daños causados. La tierra es nuestra Madre y es hermana de caminada cultural. A quienes pretenden hacernos ver como “oportunistas y vagos”, les dejamos en claro que al recuperar nuestras tierras, trabajo es lo que más tenemos, no por casualidad es que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mediante su Convenio 169, establece los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales y las responsabilidades de los gobiernos de proteger estos derechos, convenio suscrito y ratificado por el Estado Costarricense desde 1992.

Dado que el video que mencionamos fue promovido desde una cuenta pública de Ariel Alfonso Mora Fallas, (“Profe Ariel C.R”) y a la fecha dicho contenido con falsedades y mentiras, ha sido compartido muchas veces, generando muchos comentarios de odio racista solo en la publicación principal, -sin mencionar las reacciones violentas surgidas en otras redes sociales-, siendo que esta publicación ha motivado fuertes comentarios de odio racista hacia nosotros(as) como por ejemplo: “indios vividores”, “reguero de inútiles”, “Hps pendejos”, “imbéciles”, “ratas sin escrúpulos”, “indios vagos terroristas”, “indígenas mal nacidos”, “malditos”, “vagos buenos para nada”, “delincuentes”, “Chuzma zurda”, “Chanchos políticos”, “absurdos inmorales”, “los indígenas lo que saben es estropear lo que los blancos sí trabajan”, “…ojala y nos amarremos los pantalones y para el próximo gobierno pongamos a alguien con los pantalones para darles cacería y sacarlos de nuestro país de una vez por todas”; en aras de nuestro derecho de respuesta ante las falsedades emitidas por Hilda e inicialmente reproducidas y difundidas por Ariel Alfonso Mora Fallas, solicitamos que este Comunicado sea difundido de manera pública en la misma cuenta y condiciones que fue publicado el video de Hilda Granados Solís. Nos reservamos el derecho de accionar otras instancias para denunciar la incitación al odio racista que esta publicación ha generado en nuestra contra.

17 de agosto 2020, Recuperantes de la Finca Crun Shurín, Térraba, Costa Rica.

Enviado a SURCOS por Pablo Sibar