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Etiqueta: derechos humanos

Alianza Progresista: Declaración política para la Asamblea General de las Naciones Unidas

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

18 de septiembre de 2020

Declaración política para la Asamblea General de las Naciones Unidas

Nueva York, 21-24 de septiembre de 2020
“Por un nuevo multilateralismo justo e inclusivo”

El mundo está entrando en un período peligroso. Tras un programa hiperglobalista y neoliberal que ha provocado dos crisis mundiales, una financiera y otra ambiental y sanitaria que aún se está desarrollando, estamos ahora en camino hacia otra nueva crisis, el cambio climático, que podría tener efectos devastadores en la vida humana de este planeta.

Se trata de crisis globales que afectan a todo el mundo, pero en particular a los más vulnerables, al profundizar las desigualdades sociales existentes dentro de los países, entre países y entre generaciones. La pobreza sigue siendo una plaga en todas partes, pero lo es en algunos países y regiones más que en otros. Muchos de los jóvenes de las últimas generaciones han sido condenados a una vida sin futuro. Nuestro mundo es vulnerable, desequilibrado e injusto.

Sin embargo, las soluciones para corregir estos desequilibrios y superar estas crisis existen y son más fuertes que nunca. Las actuales revoluciones en varios ámbitos científicos y la multiplicación de las herramientas digitales ofrecen extraordinarias posibilidades para construir una sociedad de bienestar para todos y una relación armoniosa con la naturaleza y el planeta de acuerdo con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Nuestra masa de recursos financieros nunca ha sido tan grande, pero sigue estando cada vez más concentrada en manos de una oligarquía ultra-rica que se beneficia de paraísos fiscales y de sofisticados esquemas de evasión de impuestos proporcionados por los bancos y las regulaciones fiscales.

Los Estados nacionales siguen siendo nidos básicos de protección, pero ahora son demasiado débiles para poner todo este potencial científico y financiero al servicio de sus propios ciudadanos y de la humanidad y el planeta en su conjunto.

Ha llegado el momento de que los ciudadanos del mundo, dondequiera que se encuentren, levanten su voz y pidan un nuevo sistema de cooperación internacional que se base en valores y normas comunes, y que pueda contar con una legitimidad y eficacia política mucho más fuertes para responder a los desafíos comunes.

Sólo esta voz de los ciudadanos del mundo puede poner fin a la actual disputa entre los hiperglobalizadores neoliberales, por un lado, que han fracasado estrepitosamente pero que siguen ocupando posiciones de poder, y las sirenas del nacional-populismo, por otro lado, que reclaman el retorno a posiciones cerradas, xenófobas, mesogénicas, egoístas y autoritarias completamente retrógradas e inaceptables.

El año 2020 debe ser el año en que los ciudadanos del mundo, cualquiera que sea su nacionalidad, cultura o credo, y con las dos mitades de la humanidad, mujeres y hombres, reclamen sus vidas, su planeta y su futuro, y lancen un programa para un multilateralismo del siglo XXI, un multilateralismo nuevo, inclusivo y justo, – un nuevo, justo e inclusivo multilateralismo basado en los SGD.

– Nuevo, para abordar no sólo los desafíos permanentes de la paz, los derechos humanos y el desarrollo, sino también los nuevos desafíos mundiales del cambio climático, las pandemias, la escasez de recursos, la transformación digital y la ciberseguridad

– Inclusivo, para representar a toda la humanidad en pie de igualdad, creando así un verdadero sentido de pertenencia común y de participación democrática, que involucre a todos los actores pertinentes, desde las organizaciones internacionales y regionales hasta una amplia gama de partes interesadas de la sociedad civil

– Justo, a fin de erradicar la pobreza y superar las actuales desigualdades sociales, dentro de los países y entre ellos, y entre generaciones, en su acceso a los bienes públicos mundiales, como la educación, la atención de la salud y la calidad del medio ambiente.

En su declaración aprobada el 18 de septiembre de 2020, la Dirección de la Alianza Progresista afirma los siguientes objetivos y prioridades:

  1. Queremos la vida humana, la dignidad humana y los derechos humanos para todos los seres humanos sin distinción. Esto debe traducirse en el acceso a bienes públicos clave en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible y su interconexión entre lo social, la economía, la ecología, las instituciones y la sociedad.

Pedimos:

– un nuevo contrato social, que proporcione acceso universal a la atención sanitaria, la educación y la protección social y la calidad del medio ambiente para todos los ciudadanos, que se incluya y financie como prioridad en los planes nacionales de desarrollo sostenible

– los planes de recuperación de la crisis de Covid-19 para dar prioridad a esos objetivos, que se cofinanciarán con inversiones públicas en los planos nacional, regional e internacional

– el principio de la Salud Única que se aplicará en todos los lugares de trabajo a fin de garantizar condiciones de trabajo saludables y seguras y reducir las fuentes de contaminación

– la respuesta humanitaria mundial de las Naciones Unidas y el Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 para que se le asignen más recursos financieros y se cuente con una mayor coordinación entre los organismos de las Naciones Unidas

– a las vacunas contra las pandemias se les atribuya el estatuto de bienes mundiales vitales, asegurando así el acceso universal y la subvención pública de sus costos desde la investigación hasta la difusión.

  1. Queremos que nuestras economías garanticen la respuesta a las necesidades vitales y proporcionen una base renovada para el pleno empleo, al tiempo que se mantienen abiertas al comercio libre y justo. Nuestras economías deberían.

Pedimos:

– planes de recuperación que protejan a las empresas y los puestos de trabajo y, al mismo tiempo, creen nuevos empleos en las cadenas de suministro vitales, que aborden las nuevas necesidades sociales y que promuevan la innovación para transformar nuestras economías en más ecológicas e inclusivas

– una transición justa como un proceso con una fuerte participación de los sindicatos y la representación de los trabajadores y que dé como resultado el bienestar, la inclusión y el trabajo decente para todos

– que estos planes de recuperación se financien con una mayor movilización de las inversiones, de acuerdo con las normas de financiación sostenible, y que se cofinancien públicamente con presupuestos públicos que cuenten con nuevas fuentes de impuestos, en particular los impuestos digitales, financieros, sobre el carbono y sobre la riqueza.

– las grandes empresas, las multinacionales y el capital financiero deben contribuir con su parte justa a las finanzas públicas, ya que la gente ha pagado lo suficiente, en el pasado reciente, por crisis que no provocaron

– la deuda de los países altamente endeudados se cancelará, siempre que ajusten sus políticas a los objetivos de desarrollo del Milenio, el buen gobierno y la no utilización de los paraísos fiscales

– las negociaciones comerciales de la OMC que se relanzarán con la ambición de crear oportunidades reales de mejorar las normas sociales, ambientales y tecnológicas de todos los países.

  1. Queremos invertir las tendencias actuales hacia un cambio climático muy preocupante mediante una profunda transformación de la forma en que consumimos, nos movemos y producimos.

Pedimos:

– un compromiso mundial para aplicar plenamente el Acuerdo de París sobre el cambio climático

– una eliminación coordinada de todos los subsidios a las empresas altamente contaminantes, y una inversión masiva en energías renovables contando con el apoyo del Fondo Verde Mundial

– la transformación de todas las cadenas de suministro, desde la granja hasta el tenedor, para proporcionar alimentos asequibles, accesibles y saludables para todos como una cuestión de regulación multilateral

– un cambio en nuestra vida urbana hacia casas de bajo carbono y transporte público asequible mediante la puesta en marcha de grandes programas de inversión que pueden crear muchos nuevos puestos de trabajo

– una renovada atención a las zonas periféricas y rurales a fin de detener el éxodo insostenible hacia los grandes centros urbanos y las metrópolis

– un marco multilateral que se desarrollará para gestionar y compartir los costos de nuestro patrimonio mundial de biodiversidad, bosques y océanos.

  1. Queremos hacer lo mejor de la actual revolución digital y evitar sus abusos en nuestra vida personal, laboral, cultural y política.

Pedimos:

– el acceso a la alfabetización digital y a las conexiones de Internet para generalizarse y ser gratuito, y los grandes datos como un bien común

– derechos sociales básicos que se establecerán para todos los trabajadores de la plataforma en el mundo

– una política de innovación en todos los países para apoyar a las PYMES y a las agrupaciones en la respuesta a las necesidades locales con soluciones y aplicaciones a medida

– un impuesto digital mundial que se impondrá a las grandes plataformas en línea con el fin de financiar la educación y la protección social para la era digital

– normas internacionales comunes que enmarcan el uso de grandes datos e inteligencia artificial, y que bloquean todas las manipulaciones en contra de nuestros valores comunes

– una iniciativa mundial para desarrollar la inteligencia artificial a fin de mejorar la gobernanza a todos los niveles.

  1. Queremos una vida segura, protegida y pacífica, previniendo viejos y nuevos riesgos de tensiones y conflictos.

Pedimos:

– un control más eficaz de las armas de destrucción en masa, con compromisos concretos de desarme

– un marco común mundial para garantizar la seguridad cibernética

– un sistema internacional más eficaz para vigilar la interferencia en nuestra vida democrática

– medios más fuertes que se darán a las operaciones de mantenimiento y consolidación de la paz de las Naciones Unidas que combinen seguridad, desarrollo, gobernanza y derechos humanos, y que estén apoyadas por el Fondo para la Consolidación de la Paz.

  1. Queremos que nuestra vida democrática se base en un principio fundamental de no discriminación entre los seres humanos, y en un principio fundamental de plena igualdad de género mediante el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos y a todos los niveles.

Pedimos:

– que este principio antidiscriminatorio se incluya en todos los sistemas jurídicos y en todos los programas educativos y de comunicación pública

– medidas obligatorias que se introducirán para garantizar el equilibrio entre los géneros en todas las juntas públicas y privadas y en todos los servicios de la administración pública en los planos internacional, regional, nacional y local

– el pleno acceso a los derechos reproductivos y una protección plena y firme contra la violencia a las mujeres y las niñas

– la incorporación obligatoria del equilibrio de género en todas las políticas y presupuestos públicos

– enfoques conjuntos de la migración, la protección y el desarrollo sostenible para crear una situación en la que todos salgan ganando entre las regiones de origen y de acogida y la gobernanza mundial, de conformidad con el Pacto de las Naciones Unidas sobre la Migración.

  1. Queremos que las generaciones futuras tengan esperanza, y que sean confiadas y creativas, con un fuerte sentido de la solidaridad humana y del cuidado de su planeta. Pedimos:

– que la erradicación de la pobreza infantil sea una prioridad central en todas las políticas sectoriales, desde la salud, la educación y la vivienda hasta el asilo y la migración

– a cada joven se le dará una oportunidad real de obtener un trabajo de trampolín o de acceder a más habilidades, así como el acceso a todos los derechos sociales fundamentales. Esto debería considerarse como el pilar central para la renovación de nuestras sociedades a través de:

– someter todas las soluciones políticas a pruebas de futuro realizadas por paneles intergeneracionales en los que los jóvenes deberían ser mayoría

– ampliar el acceso de los jóvenes a los programas de colaboración internacional y a las redes sociales en todos los ámbitos, como una forma poderosa de fortalecer su sentido de ciudadanía global.

  1. Queremos desarrollar una sociedad civil global que se esfuerce por causas globales comunes. Pedimos:

– que se aliente a las redes y asociaciones mundiales a participar en todo el ciclo de políticas del sistema multilateral, desde la identificación de nuevos problemas, pasando por el diseño de nuevas soluciones, hasta su aplicación y evaluación

– que una Iniciativa de Ciudadanos del Mundo (WCI) sea un instrumento que permita a los ciudadanos presentar propuestas a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que se desarrollen plataformas digitales avanzadas para facilitar el proceso de difusión y el sistema de recogida de firmas en línea

– Se creará nuevos instrumentos de medios de comunicación que puedan construirse entre los debates nacionales sobre cuestiones internacionales a fin de desarrollar una esfera pública internacional.

  1. Queremos un sistema de las Naciones Unidas actualizado que refleje la composición política y social del mundo de hoy y que garantice una gobernanza mundial más coherente y consecuente.

Pedimos

– competencias más sólidas de las Naciones Unidas para el establecimiento de normas y la creación de capacidad en los ámbitos sanitario, social, ambiental y digital, así como en materia de inmigración

– una interacción más sistemática entre el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales, en particular las organizaciones regionales que utilizan procedimientos democráticos, otorgando a estas organizaciones regionales un papel más explícito en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Seguridad

– se creará una red interparlamentaria, en la que participarán representantes de los parlamentos nacionales de los miembros de las Naciones Unidas y de las organizaciones regionales, como un mecanismo de consulta adicional, y un intercambio regular de puntos de vista sobre los principales temas de la agenda de las Naciones Unidas

– el Banco Mundial, el FMI y la OMC para contar con equipos líderes que reflejen la composición del mundo actual y que formen parte del sistema de las Naciones Unidas

– a los países en desarrollo para que se les den los medios para tener una voz más fuerte y el papel en el sistema de las Naciones Unidas

– un nuevo acuerdo global que reequilibre el mundo para un orden más democrático, justo y sostenible para ser el objetivo principal de la negociación de nuevas soluciones globales en los diversos campos de la política.

En el mundo de hoy, este nuevo acuerdo global debería comenzar como un acuerdo de salud, ¡social y verde!

FRENAPI: NO al desalojo ilegitimo en finca Kono Ju, en territorio de Chiná Kichá

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Comunicado de FRENAPI:

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
A 18 MESES DEL ASESINATO IMPUNE DE SERGIO ROJAS ORTIZ
¡No más discriminación ni olvido, no más etnocidio!

Este 18 de setiembre de 2020 se cumplieron 18 meses del asesinato del compañero Sergio Rojas Ortiz, Bribri de Salitre, fundador y Co-coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), miembro del Concejo de Semillas Cuidadoras de la Tierra (Ditsö Iriria Ajkönúk Wákpa- CODIAW). Este crimen se encuentra en total impunidad; sin sanción y sin reparación, reiteramos que, a la fecha, no hay “informes” de las autoridades administrativas ni judiciales sobre resultados y avances de la investigación sobre este asesinato. Las familias, las comunidades en Salitre y resto de los Pueblos Indígenas, Movimientos Sociales, Organismos Internacionales, junto a muchas personas fuera y dentro del país, exigimos, la reparación de los daños ocasionados por estos hechos violentos y continuamos esperando justicia pronta y efectiva.

La violencia sistemática contra los Pueblos Indígenas continua en aumento, en este 2020 y en el marco de la actual emergencia nacional producto de la pandemia por Covid- 19, se han juntando muchos hechos, de acciones repetidas y violentas tanto de particulares como del Estado/ Gobierno, Jueces y Fiscales, Funcionarios Municipales y de Instituciones Autónomas; actos de agresiones, verbales y físicas, compañeros/as macheteados/as, baleadas/os, amenazados de muerte, rociados/as de herbicida; quema de viviendas y cultivos, detenciones ilegales, amenazas de quitar menores (separando familias),en las Fincas Recuperadas, e incluso un hecho culminante de violencia, el asesinato del compañero, Brorán de Térraba Jerry Rivera, el 24 de febrero pasado.

Actualmente y de nuevo, el cuestionado Juez Agrario de Buenos Aires de Puntarenas Jean Carlo Céspedes (quien incluso mantiene vínculos familiares con finqueros no indígenas de la zona), viola las Resoluciones Judiciales, ordena «Medida Cautelar de Desalojo, voto 288 – F – 2020 ”, ratificada por el Tribunal Agrario, para las y los hermanos/as Cabécares de la Finca Recuperada Kono Ju del Territorio de China Kichá, ubicado en el Cantón (Municipio) de Pérez Zeledón al Sur oeste del país; dejando al empresario josefino, poseedor ilegitimo de la finca recuperada dentro del Territorio y sacando a las familias Cabécares, que por Ley no procede.

Esta acción, muestra la ignorancia a las Leyes Indígenas, Convenios de DDHH, y de otras Resoluciones Judiciales; («ignorancia» premeditada y maliciosa) por parte de estos operadores (as) de Justicia y la actitud del Estado Costarricense en una escalada de violencia «sistémica y sistemática» contra los Pueblos Indígenas.

Denunciamos la política estatal etnocida, el racismo de Estado en sus poderes judicial/Legislativo/Ejecutivo, por actuar parcializado a favor del interés de poseedores irregulares e ilegales en territorios indígenas posicionándose a favor de un fallo judicial grave y peligroso que implica un retroceso a los DDHH de los Pueblos Indígenas.

El Gobierno tiene la posibilidad de impedir el desalojo y aplicar acciones alternativas e “instrumentos” válidos para impedir ese ilegal e ilegítimo Desalojo Judicial del 28 de setiembre próximo:

  1. Puede usar la Ley Indígena, la cual es clara y la fortalecen resoluciones judiciales, estableciendo que los Territorios Indígenas, son exclusivos de las Comunidades indígenas y si algún NO indígena tiene y demuestra posesión de Buena Fe o «propiedad inscrita en el Registro el Estado/ Gobierno”, debe comprobando la legalidad de esa posesión o propiedad, iniciar negociaciones para indemnizar al NO indígena, nunca desalojar del Territorio a las y los indígenas, pues son los auténticos propietarios de las tierras.
  2. Usar la Ley de Manejo de Conflictos que establece que en cualquier tiempo las partes en un Conflicto o contienda incluso judicial, pueden negociar y llegar a Acuerdos Extra-Judiciales.
  3. El Decreto de Desalojos (utilizado por la Administración anterior del Presidente Luis Guillermo Solís y por la Vice Ministra Ana Gabriel Zúñiga que en lo que interesa, establece la obligatoriedad de una Resolución de la Comisión Interinstitucional para el conocimiento y manejo de Desalojos; en esa Comisión están los Ministerios de Seguridad, Vivienda, Salud, Presidencia, de la Mujer (el INAMU), el IMAS, el PANI, la CONAPAM, el INDER etc.; con el fin de atender la realidad (consecuencias) sociales, de salud- económicas y culturales que genera un acto de desalojo como este para las mujeres, niñez, mayores /as, personas en estado especial del territorio. Esa Comisión debe emitir un acuerdo y directrices específicos, para que opere el “desalojo”.
  4. La declaración de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el estado de derecho en los planos nacional e internacional (Asamblea General de la ONU 2012).

Reiteramos que, según legislación nacional e internacional, los Territorios Indígenas son inalienables, intransferibles, imprescriptibles e inembargables, de uso exclusivo de los Pueblos Indígenas que las habitan. Características y derechos que se derivan de instrumentos como la Ley Indígena N° 6172, el Convenio N° 169 de la OIT, la Declaración de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas (ONU), Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de la misma Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.

Alertamos que el Gobierno PAC de la Alianza Nacional (de todos los grupos de poder y Partidos), del Presidente Carlos Alvarado, y su Gabinete, ha manejado un doble discurso en la agenda indígena pues manifiestan trabajar por el saneamiento territorial, sin embargo, los desalojos a no indígenas poseedores ilegítimos en otros territorios, han quedado paralizados producto de la pandemia y en este caso no se detiene este desalojo indígena, proveniente de una Resolución Judicial ilegitima.

El saneamiento territorial de invasores y usurpadores de las tierras es fundamental para que haya justicia por un derecho ancestral, abriendo una puerta a un proceso de movilización y levantamiento indígena nacional impensable que traerá peores situaciones y consecuencias que las ya vividas, de esta forma responsabilizamos al Estado/Gobierno y en especial al Poder Judicial de la escalada de violencia y un posible derramamiento de sangre que pueda resultar, ya que los/as hermanos /as de Kono Ju, han comunicado que los sacarán “muertos”, pero que no se dejarán, y un apoyo directo para los finqueros terratenientes y sus matones este 28 de setiembre como mensaje contundente que el Estado de Costa Rica, manda no solo en este territorio, sino a nivel nacional en todos los procesos de recuperaciones territoriales que se encuentran activos.

Los pueblos indígenas NO VAMOS A PERMITIR MÁS AGRESIONES NI MÁS ARREBATO DE NUESTRA TIERRA TERRITORIO.

¡SERGIO VIVE en esta lucha a muerte por la Vida de nuestros pueblos!

Estamos en unión con KONO JU, no nos detendrá nada, ni jueces vinculados a los usurpadores, ni Gobiernos ni Municipalidad negligente y complaciente con las injusticias y la impunidad en contra nuestra.

¡Si nos tocan a uno, nos tocan a todas y todos! ¡Si tocan una Recuperación Tocan a Todas!

Ver infografía al final del texto.

INFORME PRELIMINAR 18a MISIÓN
OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y AUTONOMÍA INDÍGENA

LA 18a. MISIÓN DEL ODHAIN hace entrega del siguiente Informe Preliminar a las autoridades oficiales y a la opinión pública, terminadas sus visitas al territorio Térraba, pueblo Borán, en Buenos Aires de Puntarenas (sur del país) y al territorio Maleku, en Guatuso de Alajuela (norte del país). La visita al sur se realizó los días 24, 25 y 26 de agosto del 2020 y la visita al norte se realizó el 26, 27 y 28 de agosto del 2020. La visita al sur fue compuesta por Ana Nicté Ana Nicté Castillo Delgado, por el Servicio de Paz y Justicia en Costa Rica (SERPAJ-CR); Sussy González, por Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC); y Víctor Madrigal Sánchez, por el Proyecto Tierra Encantada de la Universidad Nacional. La visita al norte fue integrada por Suy Wong Ugalde, por el Centro Amigos para la Paz (CAP); Linford Patterson Regato, por la Organización Interseccional Pro Derechos Humanos; y Luis Eduardo Delgado Hernández, por Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC-CR).

La Misión se realizó a Solicitud del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y de familias recuperantes, ante el surgimiento de nuevos episodios de violencia por conflictos de tierra y territorio que vienen a aumentar la tensión y que eventualmente podrían desembocar en hechos lamentables de pérdida de vidas humanas como ya ha sucedido en fechas recientes.

En esta oportunidad, la 18ava. Misión ODHAIN cumplió su objetivo mediante dos visitas a regiones diferentes con dos equipos de observadores en las que se hizo contacto con dos territorios indígenas en situación de conflicto y con diversas personas y autoridades relacionadas directa o indirectamente con 8 fincas recuperadas de presuntos usurpadores no indígenas en los que se han dado hechos violentos como amenazas de muerte y otros atropellos a los derechos humanos.

La 18ava. Misión logró registrar y documentar testimonios de agresiones físicas, amenazas de muerte, daños a la naturaleza mediante incendios provocados, quema de cultivos, daños a cercas y enseres domésticos, así como instigaciones racistas contra las personas recuperadoras de ambos territorios. El informe final de la Misión contendrá detalles de la observación, así como conclusiones y recomendaciones.

Se recibieron testimonios en los que se acusa al Estado costarricense por su inacción, indolencia y descuido en la aplicación del Derecho Indígena en los territorios visitados de Térraba y Maleku. Las personas recuperantes Maleku justificaron su decisión de tomar sus tierras ancestrales indicando: “Estamos cansados de esperar a que el Estado cumpla la ley” (Comunicado de prensa). Se entrevistaron autoridades locales de los cantones de Buenos Aires y Guatuso, así como personas que sostienen las fincas recuperadas y poseedores no-indígenas que mantienen actividades comerciales en ambos Territorios.

En Térraba, a pesar de las Medidas Cautelares de la CIDH, a inicios del presente año se vivió un repunte de violencia que culminó con el asesinato del líder brörán Jerry Rivera, al cumplirse el año de otro asesinato, el de Sergio Rojas Ortíz, bribri, miembro de la coordinación y cofundador del FRENAPI.

Los conflictos por tierra se dan en el contexto de tres actores: los pueblos indígenas, los finqueros y el Estado y sus instituciones. Los pueblos originarios recurren a la legitimidad de su posesión ancestral primera en el tiempo, respaldada por la Ley Indígena 6172, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU del 2007 y demás legislación nacional e internacional. Los finqueros aseguran tener derechos de posesión adquiridos por la antigüedad de su llegada al territorio y que por eso les asiste el derecho de ser poseedores de buena fe. El Estado regula la aplicación de la ley y le corresponde velar por el estado de derecho sobre los principios de igualdad y no discriminación.

El escenario resultante es de territorios indígenas invadidos por no indígenas, y pueblos indígenas en lucha por recuperar sus territorios que -en su intento- son violentados en sus derechos ante un Estado que tiene un papel pasivo y que mantiene una deuda histórica con los derechos humanos de los primeros pobladores de Costa Rica.

La 18ava. Misión constata un ambiente de racismo, hostilidad e incomprensión de la lucha indígena por recuperar sus tierras. En el Territorio Térraba existe presencia de una patrulla policial casi permanente lo que ha ayudado a disuadir provisionalmente la violencia. Por su parte, en Territorio Maleku se pudo constatar patrullaje constante de parte de la Fuerza Pública, lo que no impidió que se dieran algunos hechos antes y durante la visita de la 18a Misión del Observatorio.

Además, el ODHAIN, en su 18a Misión, hace constancia de conocer (post Misión) la situación de “Medida Cautelar de Desalojo” por parte del cuestionado juez agrario de Buenos Aires de Puntarenas, Jean Carlo Céspedes quien (incluso mantiene vínculos familiares con finqueros no indígenas de la zona), en contra de las y los compañeros recuperantes Cabécares del territorio de China Kichá (Tierra de Tepezcuintles) en la finca Kono Ju. Esto, pese a que existen medidas para desalojar a finqueros poseedores ilegítimos en otros territorios. Esta vez, se verán afectados los indígenas recuperantes y en el marco de una emergencia nacional como lo es la pandemia producto del virus Covid- 19, con el posible desalojo de este 28 de setiembre de 2020.

La Misión ODHAIN hace un llamado al diálogo de las partes involucradas, a la paz y a la no violencia. Urgimos al Estado costarricense a aplicar Ley indígena sin dilaciones, a acatar las resoluciones de los organismos internacionales sobre saneamiento territorial indígena, y a velar por la vida y la integridad física de los intervinientes en los conflictos señalados.

Por último, el ODHAIN hace una alerta al Estado y sus instituciones para prevenir de forma oportuna la violencia antes de que tengamos que lamentar situaciones dolorosas.

El Estado – gobierno del bicentenario, está a tiempo para contener y disuadir la violencia que se mantiene en los territorios de lo contrario los conflictos irán en aumento, así como la desconfianza en la función del Estado de ser garante de los derechos humanos.

Estamos convencidos de que la prevención es la solución y de que la justicia es el camino de una PAZ EFECTIVA.

San José, 18 de setiembre de 2020.
18ª. Misión ODHAIN.
Equipo Norte
Equipo Sur

Le invitamos a ver la infografía compartida por FRENAPI:

SINDEU: Condenamos los actos represivos y fascistas de la policía de Bogotá – no más asesinatos

Escrito en . Publicado en Derechos.

A LA OPINIÓN PÚBLICA E INTERNACIONAL
SINDICATO DE EMPLEADOS DE LA U.C.R.
San José-Costa Rica, viernes 11 de setiembre del 2020
En el 47 Aniversario del Golpe de Estado a Salvador Allende

La protesta social es un Derecho Humano fundamental, es si se quiere, en esta materia, el primer derecho que le pertenece a los grandes colectivos sociales.

Lo que ha vivido Bogotá en los últimos días del 9, 10 y 11 de setiembre, es el uso indiscriminado de la fuerza, por parte de los cuerpos represivos de la capital colombiana.

Por supuesto que sí, en la acción para detener la protesta social, no hubo uso de armas de reglamento, sino armas pesadas dirigidas contra las y los dirigentes y los sectores populares que hacían uso del ejercicio democrático del Derecho a la Protesta Social. Peor aún, estas acciones revisten un carácter de autogolpe, pues deslegitimaron las directrices de la alcaldesa de Bogotá, la compañera Claudia López.

Las acciones de la policía califican como actos monstruosos, salvajes y fascistas, con visos claros a no reconocer el gobierno de oposición actual que conduce la alcaldesa López. Se dibuja así, una vez más, el desprecio que tienen los aparatos militares, a las instituciones democráticas de la hermana República de Colombia.

La sangre derramada en las calles de la capital, en Bogotá, producto de la represión policial, formarán parte de la impronta que marcó el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, pero también dicen y denuncian en este mapa de sangre, la clara injerencia del imperialismo norteamericano y el papel fantoche de los gobiernos títeres y narcotraficantes, ayer encabezados por Álvaro Uribe y hoy, bajo la complicidad y continuismo de Iván Duque.

Más de dos docenas de muertos (asesinados a mansalva), cientos de heridos y un buen número de miles de detenidos. ¿Dónde está el respeto a los acuerdos de paz?

Al terrorismo de Estado, al Estado narcotraficante y a la democracia fallida de las oligarquías colombianas, les recordamos solamente dos estrofas de su himno nacional:

¡En surcos de dolores el bien germina ya ¡
En su expresivo empuje la libertad se estrena…”
DIGAMOS ALTO AL ASESINATO DE LA POBLACIÓN CIVIL, CONDENEMOS INTERNACIONALMENTE ESTOS ACTOS DE LESA HUMANIDAD ¡¡¡ Viva Colombia soberana !!!, ¡¡¡ Viva la lucha popular!!!

 

*Imagen ilustrativa: https://actualidad.rt.com/

Justicia para Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa. Tres jóvenes defensores de la Educación Pública y Derechos Humanos

Escrito en . Publicado en Derechos.

DENUNCIA CONJUNTA A NIVEL NACIONAL

8 de septiembre, 2020 / San José, Costa Rica

Consideramos, de suma urgencia, pronunciarnos ante el mundo sobre nuestro total repudio a la condena judicial que recae sobre tres ex líderes estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), por representar una flagrante violación a los Derechos Humanos de la población hondureña y una escalonada en el detrimento de la ya golpeada democracia de este país. Ante esta situación, manifestamos:

  1. Sobre el contexto político de Honduras

El 28 de junio del 2009, la derecha hondureña, orquestada por el Partido Nacional en complicidad con las élites económicas, el Ejército, el Tribunal Supremo Electoral, el Congreso Nacional y el crimen organizado, rompieron el orden constitucional y democrático hondureño al ejecutar un golpe de estado para instaurar, desde ese momento a la actualidad, una narco dictadura que se ha caracterizado por escandalosos actos de corrupción, fraudes electorales, narcotráfico, lavado de dinero, procesos de criminalización, desapariciones y asesinatos contra activistas de derechos humanos y la población en general.

Durante estos once años de dictadura se han incrementado todos los índices referentes a la exclusión social, producto de los actos de corrupción y las políticas implementadas por las oligarquías neoliberales que benefician a los grupos hegemónicos en perjuicio del pueblo hondureño.

  1. Violación sistemática de Derechos Humanos

Ante los delitos cometidos por la dictadura de Juan Orlando Hernández (JOH), es de vital importancia la labor de comunidades, organizaciones y diversos sectores en la defensa de los Derechos Humanos y de la Tierra; sin embargo, la defensa de estos derechos es perseguida sistemáticamente por élites de poder que buscan el exterminio de medios de comunicación, organizaciones y de personas que con valentía alzan su voz contra las injusticias del sistema hegemónico, queriendo atacar la libertad, la autonomía y las luchas populares que defienden la vida. Esto mediante procesos de criminalización y judicialización de la protesta social, secuestros, torturas, exilios forzados y hasta múltiples asesinatos políticos, aún en impunidad.

Organizaciones de derechos humanos como la londinense “Global Witness”, ubica a Honduras desde el 2010, como uno de los países más peligrosos y violentos para las personas defensoras de derechos humanos y sus investigaciones demuestran el nexo entre las muertes de activistas con la corrupción estatal.

A su vez, denunciamos el secuestro de cinco integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Alberth Snider Centeno Tomás, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix, Miltón Joel Martínez Alvarez y Junior Rafael Juarez Mejía que se encuentran desaparecidos desde el 18 de julio del 2020, por su labor política en defensa de los derechos humanos.

También denunciamos la muerte del activista de derechos humanos, el abogado Julio Andrés Pineda Díaz, quien pertenecía a la organización Mundo sin Guerras y sin Violencia. Su cuerpo fue hallado sin vida y con señales de tortura el 4 de septiembre del 2020, en Honduras. Esta violación institucional que se expresa en Honduras es parte de la violencia del sistema neoliberal presente en toda Latinoamérica.

  1. Sobre Julieta Castellanos Ruíz

La narco dictadura se ha encargado de que los puestos de jerarquías, a nivel institucional, sean asumidos por personas corruptas, dispuestas a mantener, a cualquier precio, el control de JOH sobre el estado. Una de estas personas es Julieta Castellanos Ruíz quien ocupó la Rectoría de la UNAH durante los años 2009 – 2017; posicionándose como enemiga de la educación pública y de la comunidad estudiantil; cómplice de la dictadura e impulsora de la apertura de expedientes administrativos y judiciales en contra de estudiantes que ejercían su derecho a la libertad de expresión; entre ellos, los tres jóvenes condenados ilegalmente.

  1. Sobre la criminalización de los tres estudiantes de la UNAH

La sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia conformado por Enilda Geraldina, Indiana Castellanos y José Roberto Mejía que condena a tres años de prisión a los jóvenes Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa, es totalmente ilegítima e inconstitucional, por vicios a las garantías procesales que tienen carácter de nulidad absoluta.

Dichas trazas de inconstitucional se manifiestan en la violación al principio de legalidad penal, que indica expresamente que únicamente se pueden penalizar las conductas debidamente tipificadas en la legislación. A estos ex líderes estudiantiles se les está penando por los delitos de usurpación y detentación de espacios públicos; los cuales son inexistentes en el nuevo Código Penal hondureño; por lo que, entran a operar principios procesales como la irretroactividad de la norma penal, que estipula que en materia penal no se le debe aplicar una ley penal con efectos hacia el pasado cuando es perjudicial para el acusado; pero, cuando resulta beneficiosa para el acusado, debe aplicarse aunque sea con efectos retroactivos. Es decir, al no existir un delito tipificado al momento del juzgamiento, no se puede aplicar una norma que ya no existe, porque no constituye delito alguno. Esto sigue demostrando que el cuestionado sistema judicial de Honduras ha politizado la justicia.

En el marco jurídico internacional, el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, en su artículo 9, se fija el principio de irretroactividad de la norma penal. Honduras ha suscrito y ratificado ambos convenios internacionales; aun así, violentan permanentemente la normativa aplicable en perjuicio de personas defensoras de la educación como derecho humano.

POR TANTO

  1. Repudiamos el accionar inconvencional, inconstitucional e ilegal del Tribunal de Sentencia al condenar a Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa por ejercer sus derechos y garantías democráticas.
  2. Denunciamos la corrupción del sistema judicial de Honduras que resuelve sus sentencias por presiones políticas, politizando la justicia; por lo que ocasiona que esta no exista más que para someter al pueblo y perpetuar el poder de la dictadura hondureña.
  3. Denunciamos internacionalmente la criminalización y judicialización de la protesta social y el impedimento al libre pensamiento y libertad de expresión en la narco-corrupta dictadura de JOH.
  4. Reprochamos la sistemática violación de derechos humanos de la población hondureña y todos los tratos crueles ejecutados por la viciada institucionalidad hondureña.
  5. Exigimos a la Corte Suprema de Justicia que cumpla con el ordenamiento jurídico y dicte un sobreseimiento definitivo en el expediente en el que figuran como acusados Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa.
  6. Exigimos el cumplimiento de los convenios internacionales de derechos humanos y se respeten las garantías procesales de los acusados.
  7. Hacemos un llamado de solidaridad a la comunidad internacional y a organizaciones de derechos humanos y a todo el pueblo hondureño a fiscalizar este proceso y a pronunciarse en contra de la criminalización de la protesta social.
  8. Exigimos a la rectoría de la UNAH que desistan del proceso judicial contra estos tres ex líderes estudiantiles.

Para apoyar esta petición firme AQUÍ

¡JUSTICIA PARA CESARIO PADILLA, MOISÉS CÁCERES Y SERGIO ULLOA!
A de Libertad * Acción Animal
Asociación de Desarrollo Sostenible LGTBI Costa Rica (ADS)
Asociación de Estudiantes Sede de Occidente / UCR
Casa El Emigrante (Human Rights) * Centro de Amigos para la Paz (CAP)
Círculo Bolivariano Yamileth López / CR * Colectivo Handmaids Costa Rica
Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT)
Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) * Familia Franciscana/JPIC Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon)
Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica
Femiamor Colectiva * Frente de Resistencia Animal y de la Tierra (FRAT)
Frente Ecologista Universitario (FECOU)
Justicia, Paz e Integridad de la Creación. JPIC/CLARET/CR.
Juventud Vanguardista Costarricense (JVC)
Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)
Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE)
Organización Interseccional Pro Derechos Humanos (OIDH)
Organización Política “Carmen Lyra” * Partido Vanguardia Popular
Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT)
Radio Machete * Red de Solidaridad con Palestina /Costa Rica
Sembrando Libertad * Semilla Ramonense
Sindicato de Empleados(as) de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) * Sindicato Patriótico de la Educación 7 de Agosto (SINPAE)
“Yo no apoyo las corridas de Toros” * “Yo no voy al Zoo”

Responsables:
Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras / CR
Asociación Costarricense de Derechos Humanos
(ACODEHU)

Sala Constitucional rechaza pretensión contra pueblo de Térraba

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

La Sala Constitucional declaró “sin lugar” el recurso interpuesto por Angie Gabriela Durán Granados contra Elides Rivera Navas, Pablo Sibar, Robert Alexis Morales Villafuerte, Roxana Figueroa Calderón y Vinicio Navas Nájera.

Durán Granados alegó que “su familia tiene más de 45 años de vivir en el lugar y son propietarios de una soda ubicada en una parte de la casa en la que residen”. Reclama que “desde siempre se han abastecido de agua de la naciente de una quebrada cercana a la vivienda, tanto para consumo, como para limpieza, riego y el cuido de los animales que tienen”. Dice que la toma de agua fue dañada por las personas a quienes acusa. Añade que, “si bien la naciente se encuentra dentro del territorio indígena”, el Estado se reservó los ríos, quebradas, el subsuelo y caminos públicos.

Por su parte la representación del pueblo brörán respondió que “no es totalmente cierto que los y las accionases residen de manera permanente en este lugar”. Detallaron que el terreno en disputa está totalmente comprendido dentro del Territorio Indígena de Térraba y que la recurrente Hilda Valentina del Carmen Granados Solís desarrolla distintas actividades en el área tales como bar, restaurant y cabinas, cancha de fútbol y peleas de gallos.

Asimismo, indicaron que Granados “metió un tractor de oruga en la rivera del Río Grande de Térraba para remover vegetación y tierra, realizando daños ambientales y de patrimonio cultural en un sitio arqueológico, por lo que el MINAET, SINAC y el Museo Nacional tuvieron que intervenir dichas acciones destructivas”. Agregaron que el territorio en disputa ha sido ocupado de manera irregular ya que este forma parte del Territorio Indígena de Térraba y mediante Ley Indígena No. 6172, no es permitida su posesión ni su explotación por parte de personas no indígenas, como lo son en este caso las personas accionantes.

El testimonio del grupo representante de la comunidad de Térraba añade que “no es cierto que el agua solamente la requieran los amparados para las necesidades vitales de la familia, pues se usa para atender la chanchera, el restaurant y cabinas, para riego y todo lo demás que conlleva la operación de su negocio que está en ampliación.

Esta comunidad indígena es beneficiara de las medidas cautelares 321/12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y peticionarios del caso 14026 ante esa misma comisión; así lo hicieron notar en su respuesta a la acción de Granados.

La Sala Constitucional señala que en el Juzgado Agrario de Buenos Aires se tramita un proceso sobre la posesión del territorio, además, que el 31 de julio del 2020 un arqueólogo del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional de Costa Rica dirigió a la Fiscalía de Buenos Aires una denuncia contra Hilda Granados Solís por, supuestamente, realizar trabajos de nivelación en un terreno ubicado en el lugar indicado en este amparo en donde existe evidencia arqueológica de actividades domésticas y funerarias indígenas.

La Sala indicó que al no darse los requisitos de admisibilidad y al existir un proceso en la vía agraria el amparo no resulta procedente.

La Sala Constitucional declaró “sin lugar” el recurso interpuesto por Angie Gabriela Durán Granados contra Elides Rivera Navas, Pablo Sibar, Robert Alexis Morales Villafuerte, Roxana Figueroa Calderón y Vinicio Navas Nájera.

Durán Granados alegó que “su familia tiene más de 45 años de vivir en el lugar y son propietarios de una soda ubicada en una parte de la casa en la que residen”. Reclama que “desde siempre se han abastecido de agua de la naciente de una quebrada cercana a la vivienda, tanto para consumo, como para limpieza, riego y el cuido de los animales que tienen”. Dice que la toma de agua fue dañada por las personas a quienes acusa. Añade que, “si bien la naciente se encuentra dentro del territorio indígena”, el Estado se reservó los ríos, quebradas, el subsuelo y caminos públicos.

Por su parte la representación del pueblo brörán respondió que “no es totalmente cierto que los y las accionases residen de manera permanente en este lugar”. Detallaron que el terreno en disputa está totalmente comprendido dentro del Territorio Indígena de Térraba y que la recurrente Hilda Valentina del Carmen Granados Solís desarrolla distintas actividades en el área tales como bar, restaurant y cabinas, cancha de fútbol y peleas de gallos.

Asimismo, indicaron que Granados “metió un tractor de oruga en la rivera del Río Grande de Térraba para remover vegetación y tierra, realizando daños ambientales y de patrimonio cultural en un sitio arqueológico, por lo que el MINAET, SINAC y el Museo Nacional tuvieron que intervenir dichas acciones destructivas”. Agregaron que el territorio en disputa ha sido ocupado de manera irregular ya que este forma parte del Territorio Indígena de Térraba y mediante Ley Indígena No. 6172, no es permitida su posesión ni su explotación por parte de personas no indígenas, como lo son en este caso las personas accionantes.

El testimonio del grupo representante de la comunidad de Térraba añade que “no es cierto que el agua solamente la requieran los amparados para las necesidades vitales de la familia, pues se usa para atender la chanchera, el restaurant y cabinas, para riego y todo lo demás que conlleva la operación de su negocio que está en ampliación.

Esta comunidad indígena es beneficiara de las medidas cautelares 321/12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y peticionarios del caso 14026 ante esa misma comisión; así lo hicieron notar en su respuesta a la acción de Granados.

La Sala Constitucional señala que en el Juzgado Agrario de Buenos Aires se tramita un proceso sobre la posesión del territorio, además, que el 31 de julio del 2020 un arqueólogo del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional de Costa Rica dirigió a la Fiscalía de Buenos Aires una denuncia contra Hilda Granados Solís por, supuestamente, realizar trabajos de nivelación en un terreno ubicado en el lugar indicado en este amparo en donde existe evidencia arqueológica de actividades domésticas y funerarias indígenas.

La Sala indicó que al no darse los requisitos de admisibilidad y al existir un proceso en la vía agraria el amparo no resulta procedente.

Información enviada a SURCOS por Pablo Sibar.

Pronunciamientos ante asesinato de pacifista hondureño

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado:

Activista de Mundo sin Guerras y Sin Violencia Honduras, secuestrado y asesinado.

Al amanecer del 4 de septiembre, fue encontrado atado de manos, con señales de tortura y perforaciones de bala en su cabeza, el activista por la paz, miembro de Mundo sin Guerras y sin Violencia (MSGySV), Julio Andrés Pineda Díaz.

Este asesinato se produce en medio de la creciente violencia que tanto dolor y sufrimiento causan al pueblo hondureño. Las restricciones a la libre movilidad ciudadana, como estrategia gubernamental para el control de la pandemia COVID-19, no impide el auge del narcotráfico, constantes masacres, secuestros y desapariciones de líderes populares; especialmente de los que defienden los derechos de los pueblos originarios.

La noticia ha sobrecogido al conjunto de los miembros de Mundo sin Guerras y sin violencia y a los participantes de la Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia. Julio Pineda, de 35 años, abogado de profesión, fue en efecto uno de los voceros de la primera Marcha Centroamericana por la Paz, que recorrió las principales ciudades de la región en septiembre de 2017. Participó además en las dos ediciones de la Marcha Mundial en 2009 y 2019. Estaba proponiéndose ser candidato por Honduras en las próximas elecciones al Equipo Coordinación Mundial de Mundo sin Guerras y sin Violencia, integrado por reconocidos pacifistas de todos los continentes.

El Equipo de Coordinación Mundial de Mundo sin Guerras y sin Violencia queremos en primer lugar expresar nuestro afecto, compasión y solidaridad con su familia, sus amigos y compañeros de lucha. Nos sumamos al pronunciamiento de MSGySV Honduras, denunciando este asesinato y exigimos a las autoridades la pronta investigación y condena a los responsables. Así mismo solicitamos a la ONU, la OEA y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que velen por el real cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el mantenimiento de la paz en este país, que se enfrenta no sólo a acciones bélicas, sino también al sentimiento de inseguridad, miedo y a la persecución de activistas. Además, solicitamos a los organismos internacionales y países cooperantes que hacen donaciones, préstamos y otras ayudas al actual gobierno de Honduras que suspendan estos beneficios, que solo han servido para incrementar la corrupción y otras formas de violencia en el país.

A la situación de irregularidad e ilegitimidad del gobierno de Honduras durante los últimos años se añade este nuevo acto que nos recuerda el asesinato todavía impune de Berta Cáceres y otros numerosos activistas que luchan pacíficamente para mejorar las condiciones de vida de uno de los países con mayor violencia y desigualdad de América Latina. Agradecemos las muestras de apoyo de pacifistas, humanistas y activistas de la noviolencia de numerosos países.

Nosotros activistas por la paz y la no violencia de los cinco continentes repudiamos las torturas y el asesinato sufrido por el activista Julio Pineda, miembro de Mundo sin Guerras y sin Violencia, en la certeza que nada detendrá las acciones que él puso en marcha en favor de la paz y la noviolencia.

Equipo de Coordinación Mundial de Mundo sin Guerras y sin Violencia (6 de Setiembre 2020)

Pronunciamiento de Mundo sin Guerras y sin Violencia, Costa Rica, (MSGySV)

Con profundo dolor, denunciamos el cruel asesinato de nuestro compañero de luchas a favor de los Derechos Humanos, el activista y miembro de MSGy SV Honduras; Julio Pineda Días, quien fue uno de los impulsores de la Primera Marcha Centroamericana por la Paz y la Noviolencia y actualmente se destacaba en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa como Jefe de Catastro.

Su posición como funcionario de gobierno local, aunado a sus fuertes convicciones de paz, integridad y transparencia, probablemente lo colocaron en circunstancias en las que fue una molestia para quienes de forma inhumana y perversa acabaron con su vida.

Ante un gobierno hondureño, teñido por la violencia no sólo física, sino también económica, racial y étnica, en donde el flagelo de la corrupción y el narcotráfico han influido para producir la impunidad de desapariciones, secuestros y asesinatos a varios líderes y defensores de los derechos humanos, exigimos Justicia para Julio y que se lleve a cabo el debido proceso de investigación hasta dar con los responsables de este hecho tan lamentable, los cuales deberán ser castigados con todo el peso de la ley.

De la misma forma apelamos ante la OEA y el Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que supervise si el estado hondureño está cumpliendo con las sentencias consagradas en la convención americana para evitar la violación de los Derechos Humanos y que de la misma forma, se fiscalicen las acciones que el gobierno de Honduras está realizando para esclarecer este y otros hechos similares.

Instamos al gobierno de Costa Rica y específicamente al Ministerio de Justicia y Paz, quienes en el 2017 apoyaron decididamente e impulsaron en Costa Rica, La I Marcha Centroamericana por la Paz y la Noviolencia, para que se pronuncien ante este tan atroz acto de violencia que acabó con la vida de un hombre que en aquella ocasión recorrió Centroamérica con un mensaje esperanzador de Paz y Noviolencia y con el sueño de una región unida y convergiendo en su diversidad cultural. San José, Costa Rica 05 de septiembre, 2020.

Mundo Sin Guerras y sin Violencia. Costa Rica.
https://www.facebook.com/NoViolenciaCR
www.theworldmarch.orq

Gobierno y Asamblea Legislativa atacan a las personas jubiladas del magisterio nacional, las empobrecen y les deterioran sus condiciones de vida

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado:

SURCOS recibió este comunicado de SINDEU, SITUN, AFITEC, AFUP y ANEJUD:

Los y las jubiladas del Magisterio Nacional denunciamos ante la sociedad costarricense el atropello cometido por las fracciones de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa al aprobar, en forma unánime, la Ley 9796 contra un sector de la población, constituido en su gran mayoría por adultos mayores (97.61 %), Ley que destruye y fracciona el Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional.

Esta Ley fue concebida para aumentar el monto del impuesto ya existente, y que pagaban las personas pensionadas de acuerdo con el Régimen del Magisterio Nacional y del Poder Judicial, como “contribución especial” para enfrentar el problema de las finanzas públicas. El impuesto entró a regir en el mes de julio, 2020 en plena pandemia del COVID-19.

Las dramáticas consecuencias de esta Ley han afectado a 3181 personas jubiladas del Magisterio. De esta población el 46 % son mujeres. Además, el 68,08 % de las personas afectadas tiene edades entre 65 y 105 años. El aumento del impuesto ha dejado a la mayoría de las personas jubiladas con una pensión líquida muy baja, incluso con montos de ¢20 000 o ¢30 000 colones al mes, razón por la cual no pueden sufragar ni sus gastos mínimos de alimentación.

Las pensiones del Magisterio Nacional ya estaban gravadas por la Ley 7531 desde 1995, con un impuesto que se paga sobre el monto bruto y oscila entre el 10 y el 16 %. Además, esa misma Ley establece, en el artículo 71, que a las pensiones mayores de cuatro millones de colones se les impone, por tractos, el pago de tasas que oscilan entre el 25 % y el 75 %, según la suma que supere esa base impositiva.  A estos impuestos hay que agregar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta (ISR), el seguro del enfermedad y maternidad de la CCSS, la póliza mutual de vida y el porcentaje del Régimen de Administración de JUPEMA de 5/1000.

La Ley 9796 grava las pensiones a partir del monto bruto de ¢2 296 000,00, lo que provoca un fuerte incremento en la carga impositiva. Esta ocurrencia, porque ni siquiera se fundamentó en un estudio actuarial como lo exige el sistema jurídico costarricense, fue obra de la diputada Xiomara Rodríguez del Partido Restauración Nacional (RN), que gozó de la complicidad, tanto de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo en la figura de Luis Paulino Mora Lizano, como de la Casa Presidencial y todas las fracciones legislativas PLN/PUSC/PAC/FA/PRSC/RN que la votaron a favor en forma unánime.

Lo expuesto demuestra que estamos ante una acción abiertamente “confiscatoria” contra las pensiones de miles de trabajadores de la educación costarricense (primaria, secundaria y universitaria) que pone en riesgo, incluso, la sobrevivencia de miles de adultos y adultas mayores, que han cotizado honesta y regularmente a lo largo de toda su vida laboral y lo siguen haciendo aún pensionados, con el fin de disfrutar de una vejez digna. Esta población se ha visto obligada a adquirir compromisos crediticios para satisfacer, fundamentalmente, sus necesidades de salud y la compra de medicamentos e implementos médicos.

 La situación provocada por la Ley 9796 despoja a las personas adultas mayores de una gran parte de sus ingresos por pensión, hecho que contraría los compromisos que ha adquirido el Estado costarricense al firmar la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores, convertida en Ley 9394 y firmada el 8 de setiembre del 2016.

La campaña desarrollada por parte del Gobierno y de la fracción legislativa del PAC, en asocio con el PLN/PUSC y los partidos neopentecostales (RN/NR), contra la clase trabajadora activa y pensionada, no cesa; hay en la corriente legislativa otro proyecto, el 21 345 presentado por el diputado Víctor Morales Mora del PAC, que pretende trasladar, entre otros, los regímenes del Magisterio Nacional y del Poder Judicial al Régimen de Pensiones de la CCSS (IVM). Es la nueva estrategia para golpear más los bolsillos de las personas jubiladas y próximas a hacerlo. Exigimos que cese el ataque contra la clase trabajadora y pensionada.

No pueden el Gobierno, sus aliados políticos y el sector empresarial seguir descargando los costos económicos de la pandemia del COVID-19 y de la crisis fiscal del país sobre los hombros de las y los trabajadores, y mucho menos sobre los de las personas pensionadas.

Demandamos que se garantice, como lo ha firmado el Estado costarricense,  lo establecido en la Ley 9394 derivada de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, fundamentalmente en lo que corresponde a: Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población (artículo 6).

Exigimos el retiro inmediato de la corriente legislativa del proyecto 21 345 denominado Ley de reforma para la equidad, eficiencia y sostenibilidad de los regímenes de pensiones del diputado Víctor Morales Mora y de la fracción del PAC por las nefastas consecuencias que traería sobre la población jubilada y la que lo hará en el futuro. Pedimos, también, el retiro de todos aquellos otros proyectos legislativos que atenten contra la población jubilada y su calidad de vida.

Denunciamos ante el Magisterio Nacional y la ciudadanía el empeño evidente de Rocío Aguilar Montoya, de la Superintendencia de Pensiones y de Luis Paulino Mora Lizano, exdirector de la Dirección Nacional de Pensiones, la realización de diversas acciones tendientes a debilitar los regímenes de pensiones existentes, pues en diversas instancias y de modo reiterado proponen y promueven eliminar los diferentes regímenes de pensiones para unificarlos en uno solo.

Convocamos a las organizaciones del Magisterio Nacional y de las universidades estatales a construir un amplio frente, en conjunto con el movimiento laboral del país, a fin de defender el legítimo derecho a tener una pensión digna e impedir la utilización irresponsable de los recursos de nuestros fondos de pensiones por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Imagen ilustrativa.

4° Festival Internacional de Cine Ambiental y de Derechos Humanos FINCADH Costa Rica 2020 ONLINE

Escrito en . Publicado en Derechos.

El IV FINCADH Costa Rica 2020 se convierte en el Primer Festival On-Line del país

El Instituto Multimedia DerHumALC (IMD) asociación sin fines de lucro radicada en Argentina, para la defensa y la educación en materia de derechos humanos a través del cine con más de 25 años de experiencia en Festivales de Cine, presenta el IV Festival Internacional de Cine Ambiental y Derechos Humanos, FINCADH Costa Rica On-Line, un festival de cine internacional con enfoque social y comprometido con las problemáticas ambientales y los derechos humanos, que cree en el poder del cine como una herramienta para la sensibilización, la visibilización y la discusión de estas temáticas.

Primer Festival On-Line de Costa Rica

Debido a las circunstancias extraordinarias derivadas de la situación de emergencia en salud pública ocasionadas por el COVID-19 a nivel global, el 4° FINCADH Costa Rica 2020 se realizará online, con lo cual se convierte en el primero en el país desde abril de este año, a través de una plataforma web y de las redes sociales.

Inicialmente, esperábamos realizar la mayoría de las actividades del Festival en julio de este año, pero la Emergencia Nacional dictada por la segunda ola de la pandemia del Covid-19, nos llevó a tomar la decisión de pausarlas hasta ahora, que las retomaremos.

En la plataforma web www.fincadhcostarica.org es posible consultar y visualizar las películas, las actividades especiales (cine-foros, charlas y actividades culturales y recreativas), y disfrutar del intercambio vía streaming con directores y cineastas nacionales e internacionales. La fase final del festival será una semana intensiva de actividades que tendrá lugar en los próximos meses, en una fecha que revelaremos próximamente.

El compromiso ha sido generar un evento accesible tanto para el público que nos acompaña cada año como para las nuevas audiencias que quieren sumarse a vivir la propuesta del Festival a través de distintas plataformas digitales y aplicaciones de uso cotidiano, especialmente ampliando el alcance a un público de toda Costa Rica, dado que en las ediciones anteriores hemos estado centrados en la Gran Área Metropolitana.

El FINCADH Costa Rica es el único festival en Costa Rica que se centra en el cine de denuncia, de protesta, documental y de ficción en torno al Ambiente y los DDHH, y es producido desde hace cuatro años por un equipo local con amplia experiencia, liderado por Jess Márquez Gaspar reconocido activista de DDHH, certificado para dicha tarea por la organización internacional Movies That Matters a través de la Especialización Cinema Without Borders, Producción de Festivales de Cine con Compromiso Social.

Desde abril de este año, se ha destacado además con la realización de sus actividades on-line a través de sus redes sociales y las de sus aliados. En particular, gracias a la producción y apoyo de sus partners locales, las ONGs locales Colective Transcendentes, dedicado a la lucha por los DDHH de las personas LGBTI, migrantes y con discapacidad, desde la interseccionalidad; y Organización Transvida, dedicado a la lucha de los DDHH de la población LGBTI en el país, en particular de las mujeres trans desde hace casi una década.

Adjuntamos el comunicado completo para descargar:

FINCADH-CR-2020-se-en-el-primer-festival-On-Line-de-Costa-RicaDescarga

Apoyo al Instituto de Investigaciones Sociales

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Isabel Ducca D.

Con motivo de la polémica y acusación a la Universidad de Costa Rica de estar incentivando una guerra entre lo público y lo privado por la difusión de dos videos producidos por la Oficina de Divulgación e Información (ODI), con base en una investigación del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), en los cuales se alude a grandes empresas que se beneficiaron de la amnistía tributaria, a algunas que declararon cero impuestos durante un periodo y a tres empresarios de renombre citados en la revista FORBES, es preciso expresar un reconocimiento a una labor difícil y, por lo visto, riesgosa pues como lo señala dicha revista, fuente de la que surge parte de la problemática:

“Para el equipo de investigación de FORBES, cada año representa un reto documentar y estimar las más cuantiosas fortunas de nuestra geografía, debido a que los principales obstáculos son la falta de transparencia y la poca disponibilidad de las corporaciones para compartir la información de primera mano…”[i]

Lo afirma una revista que está mil leguas de ser analítica y crítica.

Nuestra solidaridad se basa, como debe ser, en los principios que rigen y deben reinar siempre en la institucionalidad pública. Tal y como lo estipula el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica en el artículo 3: “…contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo”.

Si hubiera que hablar de una guerra entre lo público y lo privado, tendríamos que invertir los términos pues esa confrontación la inauguran en nuestros país los sectores neoliberales desde hace más de treinta años pues las universidades públicas, al ser cuna del pensamiento crítico y analítico, han sido acosadas con el fin de recortar sus presupuestos para reducir la investigación y el aporte que realizan para un desarrollo integral de nuestro país y de protección a los sectores más vulnerables. ¡Las acusaciones no son nuevas! Desgraciadamente, con motivo de la pandemia que estamos sufriendo y con el beneplácito de un gobierno que se preocupa más por proteger a quienes más atesoran en lugar de hacerlo con quien menos tienen, ciertas voces han adquirido fuerza y prepotencia que raya, en ocasiones, en lo inhumano.

Como bien sabemos, el déficit fiscal es un problema que adquiere dimensiones gravísimas antes del Covid 19 y que debido a este llegó a proporciones catastróficas. Desde el 2018, los temas fiscales han tomado relevancia en la discusión pública y hoy, precisamente en una crisis histórica, deben ser discutidos más que nunca. La evasión, elusión y mora son problemas que perjudican la construcción del Estado social de derecho y por tanto deben ser problematizados, así como señalados sus responsables.

Las campañas de desprestigio hacia las instituciones o personas que se atreven a plantear el tema de la reforma fiscal progresiva no son nuevas. Ya a inicios del siglo XX, Alfredo González Flores fue víctima de una campaña feroz primero y, posteriormente, un golpe de estado por establecer su proyecto.

Queremos reiterar nuestro apoyo a la autonomía universitaria consagrada en el artículo 84 de la Constitución Política y esperamos que, fiel a los principios con que la concibieron figuras como Rodrigo Facio Brenes, la reflexión rigurosa, académica y comprometida con el bien común continúe por los senderos que le marcan la ética y el compromiso con los Derechos Humanos.

[i] Puede referirse a: https://issuu.com/forbeslatam/docs/forbes_ca_mayo_2019

Denuncian a abogado que irrespetó a una mujer trans en un proceso judicial

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Marco Antonio Castillo Rojas informó a SURCOS, que fue presentada ante la Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas una denuncia contra un afiliado que irrespetó a una mujer trans en un proceso judicial. Este es el documento de la denuncia (se suprimen nombres por respeto a la identidad de las personas):

San José, 14 de agosto de 2020.

Señor
Lic. Carlos Villegas Méndez
Fiscal¨
Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica
Ciudad.

Estimado señor:

Yo, … interpongo una denuncia por irrespeto a mi identidad de género en un proceso judicial por parte del Lic…

El irrespeto se dio en un proceso judicial donde él asesoraba a mi esposa. En sus escritos usó frases antiéticas y que riñen con el respeto que se me debe como persona con dignidad.

Mi documento de identidad claramente indica mi nombre femenino, conforme a las últimas regulaciones sobre identidad acordadas por el Registro Civil, y así he litigado. El mismo abogado … en el nombre del proceso usó mi nombre femenino. Sin embargo, insistentemente en su libelo usa las siguientes frases y alocuciones: “el mismo demandado”, “el demandado unilateralmente”, “adquirido por el demandado”, “el progenitor”, “el señor …”, “pues él también ejerce libremente”, “el rubro que él debe cubrir”, “ha sido el señor … quien ha”, “don … asumió”, “Fue don … quien me”, “A pesar que el señor … de mala fe”, “él se obligó a otros rublos más”, “comodidades a que don …”, “el principal obligado lo es el demandado”, “incumplimiento del demandado”, “el señor … se ha ocupado”, “EL OBLIGADO TIENE LA CAPACIDAD DE SOBRA”, “del incidentado”, “mi esposo”, “y que él sigue llevando”; además solo se refiere a mi cambio de género como una condición para sustentar sus peticiones: “Prueba de sus altos ingresos (…) se ha realizado cirugías de enorme valor para adecuar su fisonomía a su cambio de género”.

Anexo fotocopias del documento de recurso de revocatoria y apelación subsidiaria del … de este año presentado en el proceso de pensión alimentaria con expediente …, no creo necesario certificarlo porque el denunciado reconocerá su propio escrito.

Considero infringido el CÓDIGO DE DEBERES JURÍDICOS, MORALES Y ÉTICOS DEL PROFESIONAL EN DERECHO, en los artículos 7, 8, 13,15, 17 y 38.

Veamos:

El Artículo 7: El abogado y la abogada procurarán situar sus relaciones profesionales y personales en un marco de seriedad, justicia, amabilidad, honorabilidad, tolerancia, comprensión, cortesía y discreción.

Aquí el Lic. … no procuró situar su relación profesional en marco de amabilidad, tolerancia, cortesía.

Artículo 8: El abogado y la abogada han de defender las libertades civiles y políticas que aseguren el respeto de la dignidad humana y el bienestar general, y reprochar toda acción que atente contra estos principios, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Aquí el Lic. … no respetó mi dignidad humana.

Artículo 12: Quienes ejercen la profesión del derecho han de actualizar y profundizar sus conocimientos jurídicos constantemente.

El Lic. … demostró su falta de conocimiento de las actuales disposiciones administrativa de respeto a la identidad de género.

Artículo 15: El abogado y la abogada deberán ser respetuosos en todas sus actuaciones, absteniéndose de utilizar términos despectivos, irrespetuosos o peyorativos, ya sea en forma escrita o verbal. Si la conducta se diera con ocasión del trámite jurisdiccional de un caso, deberá estarse a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Los términos que utilizó el Lic…. en el escrito cuya fotocopia presento lo señalan como irrespeto a este artículo.

Artículo 17: El abogado y la abogada deberán actuar con corrección en el ejercicio profesional. Su conducta se ajustará al ordenamiento jurídico vigente en la sociedad costarricense, debiendo abstenerse de toda actuación impropia que pueda desacreditar la profesión. Su ejercicio profesional deberá ser siempre probo, leal, veraz y de buena fe.

El Lic. … no actuó de acuerdo a este artículo pues no aplicó la buena fe ni la veracidad.

Artículo 38: Aunque la causa sea justa, el abogado o la abogada no deberán emplear medios ilícitos, incorrectos o desleales.

Me parece que el Lic. … tampoco respetó esta disposición.

Pido que esa Fiscalía aplique la sanción que corresponda al Lic. ….

Al Lic. … se le notificará en su Bufete, dirección que anoté arriba o al correo electrónico … o al teléfono ….

Mis notificaciones las recibiré al correo electrónico marcocastillo@ice.co.cr

Sírvase proceder como mejor haya lugar.

Cordialmente,
Es auténtica:
Marco Castillo Rojas
Abogado con carné 3580