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Etiqueta: derechos humanos

Tortura Nunca Más: Nuestra solidaridad con las y los sobrevivientes

Escrito en . Publicado en Derechos.

El pasado 26 de junio el mundo conmemoró el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura día que fue establecido por la Naciones Unidas en 1997.

“Las Naciones Unidas han condenado desde sus comienzos la práctica de la tortura por ser uno de los actos más aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus semejantes”.

“La tortura se considera un crimen en el derecho internacional. En todos los instrumentos internacionales la tortura está absolutamente prohibida y no puede justificarse en ninguna circunstancia”.

“La práctica sistemática y generalizada de la tortura constituye un crimen contra la humanidad”.

Por lo anterior, quienes firmamos esta declaración:

1 – Reiteramos que las miles y miles de personas que fueron torturadas por las dictaduras y que continúan siéndolo deben contar con el apoyo de los Estados para su recuperación psicológica y física y deben recibir las medidas de reparación acordes a lo que establece las mismas Naciones Unidas. Una de ellas, es tener “garantías de no repetición”.

2 – Reiteramos que en toda América Latina y también en los Estados Unidos se debe poner fin a la práctica de la tortura que siguen cometiendo agentes del estado y que muchas veces termina en ejecuciones y desaparición forzada de personas.

3 – Reiteramos que se debe poner fin a la impunidad que siguen gozando los agentes del estado que han cometido torturas, ejecuciones y desaparecimiento forzado de personas.

4 – Reiteramos que se debe poner fin al entrenamiento, de policías y militares de América Latina, en la nueva “Escuela de las Américas”, hoy llamada Instituto de Cooperación y Seguridad de Hemisferio Occidental (WHINSEC en inglés): entrenamiento que es dado en los mismos EEUU o por los Equipos Móviles (Mobile Training Team) que van a los propios países, como de otras instituciones militares y policiales estadounidenses, que siguen promoviendo el uso de la violencia y la represión para la defensa de la “seguridad nacional”.

5 – Llamamos a los Estados, incluyendo a los Estados Unidos, a poner fin a la tortura, a la criminalización de la protesta social; fin a la represión que sufren estudiantes, comunidades, pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, movimientos de derechos humanos, contra el extractivismo y los megaproyectos; todos quienes luchan legítimamente por la defensa de sus derechos y de la misma naturaleza.

6 – Finalmente, manifestamos nuestra solidaridad con todas las y los sobrevivientes del flagelo de la tortura que hasta el día de hoy luchan por superar las consecuencias traumáticas que representó la tortura en sus vidas.

Asociación Americana de Juristas (AAJ)

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Chile

Alianza por la Justicia Global, EEUU

Casa Memoria José Domingo Cañas, Chile

Casa del Caribe, Barahona, Rep. Dominicana

Comisión Ética Contra la Tortura, Chile

Comisión de Observadores DDHH de Casa Memoria José Domingo Cañas, Chile

Centro de Amigos por la Paz, Costa Rica

Amigos Cuáqueros de San José, Costa Rica.

Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)

Fundación Derechos Humanos Centroamérica (FUNDEHUCA)

Liga Internacional de Mujeres Pro Paz y Libertad-Costa Rica (LIMPAL-Costa Rica)

Justicia, Paz e Integridad de la Creación – Costa Rica (JPIC/CLARET/CR)

Servicio de Paz y Justicia – Costa Rica (SERPAJ – Costa Rica)

Centro de Intercambio y Solidaridad – CIS- El Salvador

Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH)

Comité Oscar Romero SICSAL Chile

Comunidad Ecuménica Martin Luther King, Chile

Comando Unitario de Ex Presos Políticos y Familiares, Chile

Jubileo Sur/Américas

SERPAJ Argentina

SERPAJ Chile

SERPAJ México

SERPAJ Uruguay

Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina – SICSAL

SOAWatch – Costa Rica

Code Pink – Costa Rica

SOAWatch – San Francisco

BALASC (Bay Area Latin America Solidarity Coalition)

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero – M4

Movimiento Generación 80 (G80)

Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – SOAWatch

Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG), México

Alerta Temprana Red: Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), Fundación Diego Lucero A.C., Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), Comité de Familiares de Personas desaparecidas en México, Alzando Voces y Comité de Defensa de Derechos Humanos CHOLOLLAN, Actuar Familiares contra la Tortura, Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”, Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV), Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C., Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, Zihuame

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz

Alicia Lira, Presidenta AFEP, Chile

Martin Almada, Premio Nobel Alternativo, Paraguay

María Stella Cáceres, Directora del Museo de las Memorias: Dictadura y Derechos Humanos, Paraguay

Juana Aguilera, presidenta Comisión Ética Contra la Tortura, Chile

Roy Bourgeois, Fundador de SOAWatch

Ramon Corvalan, SERPAJPY

Marta Almada, SERPAJPY

Vidal Acevedo,SERPAJPY

Cristina Coronel, SERPAJPY

Ana Esther Ceceña, Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG), México

Ana Avilés, activista SOAWatch, El Salvador

Graciela Rosenblum, presidenta Liga Argentina por los Derechos.del Hombre

Jose Schulman, Liga Argentina por los Derechos del Hombre

Myriam Parada Avila – Directora Fundación Escuela de Paz Colombia – Colombia

Hervi Lara, Presidente del Directorio del Centro HELMUT FRENZ de Educación en DDHH

Judith Kelly, ex prisionera de conciencia de EEUU

Gustavo Castro Soto, Otros Mundos AC/Chiapas, México

Pablo Ruiz, periodista, sobreviviente de la tortura

Padre Joseph Mulligan, SJ, de las Comunidades Eclesiales de Base de Nicaragua

Sergio Grez Toso, Historiador, académico de la Universidad de Chile. Ex preso político 1975 (Villa Grimaldi, 4 Álamos, 3 Álamos y Puchuncaví)

Cecilia Bottai Monreal, odontóloga, sobreviviente de la tortura, Chile

Patricio Bustos Streeter, médico, sobreviviente de la tortura, Chile

Irene Cambias, integrante de Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo y Red Laical

Julio Yao, Analista Internacional y ex asesor de Política Exterior, Panamá

Maria Ines Urrutia Fischer, religiosa, Chile

Cecilia González, Comisión Funa, Chile

Luisa Toledo Sepúlveda y Manuel Vergara Meza, Chile

  1. Julin Acosta, Rep. Dominicana

Arnaldo Pérez Guerra, Historiador y Periodista, Chile

 

SI NO HAS FIRMADO PUEDES HACERLO EN:

https://www.change.org/p/gobiernos-tortura-nunca-m%C3%A1s-nuestra-solidaridad-con-las-y-los-sobrevivientes

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.indh.cl

Enviado por Centro Amigos Paz.

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UCR: La protesta social es un derecho humano

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • En Foro Institucional 2017 se analizan casos de protesta en defensa de derechos ambientales

 

Patricia Blanco Picado,

Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR

La protesta social es un derecho humano UCR
La protesta social, y en particular la protesta socioambiental en Costa Rica, fue tema de análisis por parte de dos académicos de la UCR y una activista social en el Foro Institucional 2017 dedicado a la libertad de expresión, comunicación y democracia (foto archivo ODI).

La protesta social, entendida como una acción colectiva de la ciudadanía en defensa de sus derechos, ha sido una parte sustancial del país a lo largo de su historia. Sin embargo, en los últimos años el Estado costarricense ha puesto en práctica herramientas legales con la finalidad de inhibir estas manifestaciones y llevar al plano judicial estos conflictos.

«Algunos sectores, que tienen coptado al Estado, buscan intimidar, inhibir o ejercer algún tipo de presión psicológica sobre personas que en algún momento de su vida participan en una protesta social en Costa Rica», expresó el Dr. Nicolás Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Boeglin y el Dr. Jorge Lobo Segura, docente de la Escuela de Biología de esta misma universidad, participaron con expositores en la mesa redonda «Protesta social como manifestación de la libertad de expresión», actividad organizada como parte del Foro Institucional 2017 Libertad de expresión, comunicación y democracia.

Los académicos han brindado acompañamiento técnico a organizaciones comunales en varias protestas ambientales y, por tanto, hablaron desde su experiencia personal.

La protesta social es un derecho humano UCR2
«Tenemos aún medios de justicia para la resolución de confictos socioambientales», aseguró el Dr. Jorge Lobo Segura, profesor de la Escuela de Biología y uno de los expositores en el Foro (foto Laura Rodríguez).

«Los procesos de protesta socioambiental en nuestro país han sido una forma concreta de expresión de insatisfacción y de reclamo de derechos ambientales de la población y de la naturaleza, como resultado de la preponderancia de los intereses privados sobre lo social y lo natural», aseguró Lobo.

La protesta en el campo ambiental ha aumentado en la última década según cifras del Informe Estado de la Nación y se expresa mediante campañas en contra de megaproyectos mineros, hidroeléctricos, agrícolas, urbanísticos, reformas legales, la defensa del algua y temas relacionados con la región marítimo-costera.

Lobo y Boeglin coincidieron en que la criminalización de la protesta social es un hecho en Costa Rica, ya que a quienes participan en estos movimientos se les trata como delincuentes. Mencionaron varios casos recientes, entre ellos el juicio penal en el que fueron absueltos en abril pasado cinco estudiantes y un profesor de la UCR por participar en el 2012 en una marcha en defensa de la seguridad social.

Los expositores plantearon además que las manifestaciones de inconformidad social no tienen cabida en los medios de comunicación masivos y son solo tomadas en cuenta cuando adquieren gran envergadura, incidencia politica o se convierten en conflictos violentos. «Existe una enorme dificultad de los actores sociales de conseguir atención en los medios», detalló Lobo, sobre todo cuando los movimientos sociales son incipientes.

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El Dr, Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UCR, alertó sobre el uso de técnicas legales y mecanismos sutiles para inhibir el derecho a la protesta social y mandar una señal calra al movimiento ambientalista (foto Laura Rodríguez).

Para el biólogo, la ausencia de medios comunitarios o de prensa con alcance local «es una gravísima omisión de nuestro sistema de comunicación».

Por su parte, Boeglin explicó que en Costa Rica se ha empezado a relacionar el derecho penal y la protesta social, lo que es muy peligroso y preocupante, ya que este tipo de derecho está pensado para sancionar conductas y lograr que las sanciones sea ejemplarizantes.

«El derecho penal en ningún momento tiene que empezar a acercarse de esa manera a la protesta social. La protesta social no es más ni menos que un ejercicio legítimo en la defensa de intereses colectivos, muchos de ellos reconocidos por la institucionalidad costarricense y en una gran cantidad de leyes», afirmó el jurista.

Boeglin y Lobo mencionaron la experiencia vivida ante la demanda por injurias, calumnias y difamación interpuesta en su contra por la empresa minera canadiense Infinito Gold, que pretendía desarrollar el proyecto de minería a cielo abierto Crucitas, en Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela.

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Eva Carazo, integrante de varios colectivos sociales y expresidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR, enfatizó que las universidades públicas tienen una responsabilidad directa con las comunidades, que requieren el acompañamiento técnico y legal ante la judialización de las protestas sociales (foto Laura Rodríguez).

«Muchos de los que participan en estas marchas -expresó Boeglin- tienen la Constitución en la mano y no entienden que un Estado haga el juego a ciertos sectores e intente sostener lo insostenible, como lo vimos en el proyecto Crucitas, donde vimos a un Gobierno actuar como vocero de una empresa canadiense».

«Eso es algo nunca visto y es profundamente indignante para quienes entendemos un poquito cómo funciona el aparato estatal costarricense», aseguró el profesor universitario.

«Estas experiencias me han mostrado lo importante del proceso de investigación, el trabajo de gabinete, el respaldo a los reclamos con argumentos científicos, técnicos o legales y la importancia de la búsqueda de caminos legales y administrativos como parte de los procesos de protesta socioambiental que ocurren a diario en nuestro país», manifestó Lobo.

La protesta para cuestionar

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Las sesiones del Foro Institucional 2017 se realizan los miércoles 8 a.m. a 12 m. en el auditorio del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap) de la UCR. Las próximas sesiones son el 21 y el 28 de junio (foto Laura Rodríguez).

La necesidad de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la comunicación deben constituirse en reivindicaciones de los movimientos sociales, opinó la activista, expresidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR y psicóloga, Eva Carazo, quien participó en la mesa como comentarista.

Carazo reafirmó la importancia de la protesta social como procesos de defensa de derechos e hizo un llamado a cuestionarse «qué le dice la protesta a nuestra sociedad sobre el tipo de modelo depredador y de relaciones y procedimientos que tenemos disponibles para tomar decisiones y resolver los conflictos».

Indicó además que estas manifestaciones colectivas forman parte de la cotidianidad de mucha gente en nuestra sociedad y son aspectos esenciales de su supervivencia. Sin embargo, señaló, no forman parte del mundo que los medios de comunicación presentan: «llegan a los medios hegemónicos solamente como conflictos o aparecen como la nota roja o con un abordaje superficial».

Finalmente, Carazo dijo que en vez de mirar la protesta social como una amenaza, se debería analizar cómo los movimientos sociales han presionado por cambios institucionales necesarios, porque las leyes y el Estado no han funcionado en la protección de los derechos ciudadanos.

Estos temas se aboran en el Primer Foro institucional del 2017 que trabaja el tema «Libertad de expresión, comunicación y democracia». Las actividades del foro se realizan los días 6, 7, 14, 21 y 28 de Junio de 2017, Auditorio del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP).

Video Cuarta Mesa Redonda:

https://youtu.be/7f7AzEXw5b0

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Criminalización de la protesta social: el caso de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin (*)

 

Desde varios años una marcada tendencia del aparato represivo del Estado en América Latina tiende a considerar como delincuentes y a acusar por delitos penales (desobediencia a la autoridad, bloqueo de calle, violencia callejera) a líderes comunitarios, indígenas, campesinos, ecologistas, sindicales y estudiantiles. En este informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina del 2012 elaborado por el CELS se lee por ejemplo que:

«El respeto por los derechos de las personas que demandan públicamente al Estado implica proteger su integridad física –responsabilidad más amplia, por otra parte, que la de “no reprimir”– y reconocer la legitimidad de estas acciones de modo que no prime el abordaje criminalizante del poder judicial, algo que en 2011 han padecido numerosos referentes sociales bajo figuras penales diversas. A la ya tradicional persecución penal por el corte de rutas se sumaron muchas otras. Incluso en algunos casos se los ha sometido a procesos en los que se pretende responsabilizarlos por las represiones que ellos mismos habían padecido. El ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni hizo un significativo pronunciamiento público al respecto al afirmar que, a su juicio, se trata de meras contravenciones y no de delitos, salvo los casos en que una protesta ponga en riesgo o peligro la vida o la integridad física» (p. 24).

Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (véase texto) del 2015 presentó la situación de los defensores de los derechos humanos en el continente, quiénes son objeto de diversas acciones tendientes a criminalizar su labor, de la misma forma que la de sindicalistas, campesinos, ecologistas, indígenas y demás entidades sociales.

En Costa Rica, con ocasión de un conversatorio realizado en el 2013 en la sede de la Universidad de Costa Rica (UCR), se hizo ver que la tendencia observada en Chile, en Guatemala y Perú también se podía apreciar en Costa Rica (véase nota del Semanario Universidad). En junio del 2015, el Consejo Universitario de la UCR reafirmó públicamente su profundo repudio a cualquier forma de criminalización de la protesta social (véase pronunciamiento).

El sector ambiental en Costa Rica: un sector expuesto

De los diversos sectores sociales, el sector ambiental en Costa Rica es el que ha denunciado y hecho público con mayor determinación las diversas formas de intimidación de la que son a menudo objeto sus integrantes (véase nota detallada elaborada por Kioscos Ambientales / UCR del 2012). A pocos días de acaecida la muerte de un joven biólogo apasionado por la tortugas marinas, Jairo Mora Sandoval, en la playa de Moín, un artículo del 2013 del profesor Álvaro Sagot titulado «¿Es peligroso ser ambientalista en Costa Rica?» mantiene una interrogante de una sorprendente actualidad. A tres años de la muerte de Jairo Mora, nos permitimos hacer ver algunos pendientes irresueltos que plantea este caso (véase artículo publicado en Informa-tico).

Todo ello se inscribe dentro de una cuestionable deriva en la región latinoamericana, la cual, mediante diversas reformas penales, busca acercar el derecho penal a la protesta social, con la finalidad de inhibir a los ciudadanos en la defensa colectiva de sus derechos. Un reciente caso, de una muy larga lista, lo constituye el juicio en Perú contra una quincena de líderes comunitarios opuestos al proyecto minero Conga (véase nota de Pressenza).

Criminalizacion de la protesta social el caso de Costa Rica
Foto extraída de artículo de prensa del Semanario Universidad del 2015, titulado «Juez ordena juicio contra un profesor y dos estudiantes de UCR arrestados en 2012 Cinco de los seis imputados tras protesta en defensa de la CCSS del 8 de noviembre del 2012 irán a juicio».

Una peligrosa deriva discursiva de las autoridades

En años recientes, declaraciones de las máximas autoridades costarricenses denotan una deriva discursiva sumamente preocupante. El bloqueo de un puente por parte de familias campesinas desalojadas en febrero del 2016 en el Sur de Costa Rica dio lugar a una violenta acción policial, plenamente justificada, según el Presidente de Costa Rica, quién brindó declaraciones (en nuestra opinión infortunadas) sobre lo que denominó «los que buscan camorra» (véase nota de La Nación).

En octubre del 2010, su antecesora al cargo había llamado a los integrantes de la Cámara de Ganaderos de San Carlos a «ayudarla a luchar» contra sectores ecologistas, causando estupor en gran parte de las organizaciones sociales costarricenses. Nótese que esta insólita arenga presidencial nunca fue objeto de aclaración o rectificación alguna. En los meses siguientes, la misma Presidenta arremetió contra los «malos costarricenses» opuestos a la construcción en condiciones sumamente cuestionables de la denominada «trocha fronteriza»: la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia en diciembre del 2015 evidenciaría cuán correcta fue la posición de las (pocas ) voces que se alzaron en contra de este ocurrente proyecto (véase declaraciones del jurista Álvaro Sagot en el programa radial Nuestra Voz de Amelia Rueda) (Nota 1).

En el caso del cuestionado proyecto minero Crucitas, apoyado por las autoridades costarricenses sin mayor reserva, muchas e interesantes coincidencias se dieron: por ejemplo, el segundo día de una memorable audiencia en la Sala Constitucional en noviembre del 2009 coincidió con la publicación de un artículo titulado «La mayor amenaza ambiental – El dragado del río San Juan afecta el río Colorado y los humedales» suscrito por dos asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en La Nación del 18.11.2009; la misma lluviosa tarde del 24 de noviembre del 2010 en la que el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) daba a conocer el portanto de su sentencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocaba a una reunión de organizaciones ecologistas sobre el dragado efectuado por Nicaragua en Isla Portillos.

Muertes de ecologistas e impunidad rampante

Con relación a los casos de asesinatos de ecologistas en Costa Rica, en los que el aparato represor estatal se destaca por su ineficacia, leemos en el informe elaborado a raíz de su visita a Costa Rica en el 2013, que el experto independiente de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos, John Knox, había recomendado a las autoridades que:

«El Gobierno considera que las iniciativas tales como las comisiones de la verdad son innecesarias en un Estado que tiene un fuerte poder judicial, como es el caso de Costa Rica. Sin embargo, incluso la mejor de las judicaturas solo puede conocer de los casos que se le presentan. Por lo general no está facultada para estudiar los cuadros de amenazas y actos de violencia durante un período prolongado y formular recomendaciones para hacerles frente, lo que sí hacen las comisiones de investigación independientes».

(Véase informe A/HRC/25/53/Add.1 del 8 de abril del 2014, pocamente divulgado por las autoridades de Costa Rica, y reproducido en este enlace de DerechoAlDia, punto 57).

Al conmemorarse un año de la muerte de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, el clima prevaleciente de impunidad en este caso recuerda mucho el de ecologistas asesinados en Costa Rica (Nota 2).

La protesta social ante los tribunales penales: un ejemplo reciente

Recientemente concluyó (con la desestimación de la causa penal) un vergonzoso caso en Costa Rica en el que estaban acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) profesores y estudiantes de la UCR: ¿su «delito»? El haber participado activamente en una marcha en noviembre del 2012 en defensa de una entidad pública insigne en Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Parte de las supuestas «pruebas» presentadas por la FGR se basaron en testimonios de los mismos integrantes de las fuerzas de seguridad, exhibiendo una peligrosa deriva que han usado los aparatos represivos en Chile, Honduras, Perú y Guatemala (véase nota de Teletica del 22 de mayo del 2017). En esta otra nota publicada por NODAL (Argentina) en el 2015, se lee que: «El 08 de noviembre de 2012 finalizó con la detención ilegal de 35 personas, de las cuales 1 persona fue presentada esa misma noche en el Juzgado de Flagrancia y fue absuelta una semana después; al menos 10 personas fueron presentadas en el Juzgado Contravencional donde fueron juzgadas y declaradas libres de toda culpa, sin embargo 5 de estas personas agredidas y detenidas injustamente hoy enfrentan juicios políticos en su contra con cargos penales por sólo el hecho de estar en la manifestación por la defensa de la CCSS ese día».

Nótese que la FGR se muestra muy presta para acusar penalmente a manifestantes que exigen el respeto a sus derechos, pero se muestra mucho menos eficiente a la hora de acusar a funcionarios públicos responsables de graves irregularidades: en este artículo del 2012 sobre la insensatez del desarrollo inmobiliario en Guanacaste y el repudio de las comunidades a esta política, se lee que: «Gadi Amit, dirigente de la organización Confraternidad Guanacasteca, dijo que parece mentira, pero a pesar de todas las irregularidades comprobadas, ninguno de los funcionarios corruptos ha sido llevado a la justicia. Los únicos que fueron acusados penalmente son los compañeros de Sardinal que fueron detenidos por la policía en las manifestaciones contra el acueducto. Cuatro miembros del comité de defensa del agua de Sardinal fueron sobreseídos, pero otros cuatro, por inadecuada asesoría legal, se declararon culpables y fueron condenados a una multa, añadió».

La protesta social ante un debate público

En el marco del Primer Foro Inter-Institucional del 2017 de la UCR titulado Libertad de Expresión, Comunicación y Democracia (véase nota con programa completo y formulario de inscripción editada por Surcos Digital), una mesa redonda será dedicada al tema de la protesta social en Costa Rica, analizando la situación de quiénes, Constitución en mano muchas veces, claman por el respeto a sus legítimos derechos ante la sinrazón estatal y la voracidad de algunos sectores a los que poco interesa el bienestar de una comunidad y los recursos naturales que las rodean (y mucho menos los derechos que los asisten).

También se abordarán algunas figuras legales en materia penal que, de manera más sutil, buscan inhibir e intimidar a quiénes alzan la voz en Costa Rica. En esta nota de Radio Mundo Real (Uruguay) del 2010 sobre un juicio por presunta difamación contra el líder comunitario y sindical Carlos Arguedas por parte de una empresa piñera operando en Siquirres, se lee que:

«Como ser humano, como cristiano y como padre de familia que tengo mis retoños dándome muchos nietos, no estoy en condición de permitir que esta empresa quede impune ante tanto daño a la comunidad”, señala Arguedas en su misiva dirigida a las comunidades de El Cairo, Luisiana y La Francia».

En este enlace de FECON se detallan los daños causados a la comunidad por parte de la empresa piñera. En siete ocasiones, los abogados de la empresa piñera no se presentaron a las audiencias convocadas por el juez penal, y Carlos Arguedas falleció en el 2011 sin que el juicio reanudara.

La «técnica» consistiendo en ausentarse de audiencias por parte de empresas que demandan a personas se volvió a verificar cuando la empresa minera canadiense Infinito Gold acusó penalmente en el 2011 por presunta difamación a un lider comunitario, a dos profesores universitarios y a dos diputados. En un artículo de opinión suscrito por tres de los acusados titulado «Audiencias con el Infinito: ausencias…», se lee que:

«los suscritos quisiéramos hacer ver que estas ausencias repetidas nos impiden, en el marco de una audiencia, demostrar ante el sistema judicial costarricense que lo expresado por cada uno de nosotros tiene amplio asidero probatorio, motivo por el cual no encontramos razón alguna para retractarnos». De igual manera, nos impide hacer ver a los jueces que, lejos de “engañar al pueblo de Costa Rica en forma canallesca”, o de tener alguna animadversión particular que califique como “animus difamandi” para con la imagen de la empresa querellante (tal como lo indican estas demandas en nuestra contra) nuestra conducta siempre buscó desmenuzar, con base en el conocimiento técnico, científico y jurídico, aspectos del discurso de las autoridades de turno y de la empresa que buscaron minimizar muy convenientemente».

A continuación, remitimos el lector al programa del foro que tendrá lugar sobre la protesta social este próximo 14 de junio del 2017 en la sede central de la UCR Rodrigo Facio:

Cuarta Mesa Redonda, miércoles 14 de junio del 2017, 10:30 a.m. a 12:30. Auditorio CICAP, UCR

“Protesta social como manifestación de la libertad de expresión”

Primera exposición: Dr. Jorge Lobo Segura, Catedrático Escuela de Biología, UCR

Segunda exposición: Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR

Comentarista: Licda. Eva Carazo Vargas, investigadora, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED

Moderador: Dr. Jorge Blanco Roldán

El debate se da en momentos en que el juez constitucional costarricense exhibe una regresión total al no querer reconocer más el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental como un derecho humano fundamental (véase nota del Semanario Universidad de febrero del 2017 así como breve nota nuestra publicada en ese mismo sitio). Sobre este mismo retroceso de la justicia constitucional, un reciente artículo de opinión del Profesor Jorge Cabrera publicado en mayo del 2017 detalla la inconsistencia de esta línea jurisprudencial con los esfuerzos a los que Costa Rica participa en el plano regional e internacional.

Criminalizacion de la protesta social el caso de Costa Rica2
Foto de protesta frente al Ministerio de Salud por intento de legalizar valores de bromacil en el agua potable en Siquirres, 2008. Foto de nuestro archivo personal. Sobre esta insólita propuesta de las autoridades sanitarias, véase artículo de Gabriela Cuadrado, «Legalización de la contaminación de aguas para consumo humano (caso del diurón y el bromacil)», Ambientico (UNA), Número 177, 2008, pp.11-12.

— Notas —

Nota 1: En este análisis del fallo de la CIJ, se incluye el listado de las pocas organizaciones sociales que criticaron en su momento las condiciones en las que se efectuaron los trabajos de construcción de este proyecto. Por tratarse de entidades que desafiaron abiertamente a las autoridades de la época, en un clima hostil ante cualquier crítica a la denominada “trocha”, merecen ser mencionadas, recordadas y reconocidas: Arte por la Paz, Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia (Conceverde), Asociación Conservacionista Yiski, Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel de Santo Domingo, Comité Cívico de Cañas, Confraternidad Guanacasteca, Movimiento Patriótico Juanito Mora, Palabra Cero y la Unión Norte por la Vida (UNOVIDA) (véase texto de comunicado colectivo).

Nota 2: Véase nuestro breve artículo publicado en el medio digital Contexto.cr, titulado: «A un año del asesinato de Berta Cáceres: impunidad campante». Nótese que para la conmemoración del cuarto año de la muerte de Jairo Mora Sandoval (finales de mayo del 2017), no se oyó de alguna actividad que haya dejado rastro en la red.

(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

 

Enviado a SURCOS por Nicolas Boeglin.

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Publican informe Sobre Mercados Laborales, Pobreza y Desigualdad desde un Enfoque de Derechos Humanos

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

La organización guatemalteca UNSITRAGUA Histórica compartió con SURCOS el Link por medio del cual pueden bajar del Informe Sobre Mercados Laborales, Pobreza y Desigualdad desde un Enfoque de Derechos Humanos.

Este informe demuestra que todo lo que denuncian los sindicatos, sectores populares, mujeres, estudiantes, pueblos originarios y población en general no es con la intención de darle una mala imagen a su país o porque no se quiere el «desarrollo» de del mismo, sino porque muchas veces el desarrollo es solo para algunos sectores privilegiados.

 

Para acceder al Informe, ingrese en el siguiente enlace:

http://ausjal.org/wp-content/uploads/Informe-Pobreza-2017.pdf

 

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Periodista torturado hace un llamado internacional de auxilio

Escrito en . Publicado en Derechos.

Yo, Ronnie Ezequiel Huete Salgado, licenciado en periodismo, graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y con posgrado en Cooperación al Desarrollo, graduado en la Universidad Politécnica de Valencia, España y con número de identidad 0801-1981-01554 y con número de colegiación periodística C-1342 emitida por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), ciudadano de Honduras, comparezco ante los organismos internacionales, que mantienen un fuerte vinculo diplomático y económico en Honduras, y sobre todo porque están al tanto del respeto de los derechos humanos en este país centroamericano, que como será de su conocimiento, hay un fuerte debilitamiento del respeto a la vida y por ende a los derechos humanos.

He trabajado en el ejercicio del periodismo durante los últimos 17 años, y me he desempeñado como catedrático universitario en la Escuela de Periodismo de la UNAH entre otras universidades privadas, así mismo he sido testigo de violaciones a los derechos humanos en Honduras, y de las que me he encargado de denunciar en su debido momento, en pro de la defensa de la vida.

Este trabajo periodístico que realizo como corresponsal internacional, me ha costado amenazas a muerte en 2009, exilio en 2010 y ahora estuve a punto de perder mi vida al brindar cobertura periodística en la noche del 24 de mayo de 2017, hasta la madrugada del 25 de mayo, día del periodista en Honduras.

Esta cobertura periodística la realice en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), específicamente en el edificio administrativo en donde un grupo de 19 estudiantes realizaban una toma pacífica de este predio, utilizando el derecho universal de la protesta, tal y cual lo establece la carta universal de los derechos humanos.

Desde hace 7 años, brindo cobertura periodística en la UNAH, y a la vez realizo observación en el respeto de los derechos humanos, puesto que, en la UNAH, en los últimos meses se han violentado estos derechos.

Yo, recibí una llamada anónima, de que se efectuaba una toma en la UNAH, y que había peligro del irrespeto a la vida, inmediatamente como periodista y defensor de derechos humanos, me hice presente en las instalaciones del Alma Mater.

Al llegar, no comprendía exactamente lo que estaba ocurriendo, y al observar a los alrededores del edificio administrativo de la UNAH, observe a un grupo de guardias de la seguridad privada de la UNAH, cuya compañía privada es conocida como ESPA.

Como periodista internacional, les pregunte a ellos que estaba ocurriendo, sin embargo, me respondieron que no estaban autorizados a brindar declaraciones, por lo que me desplace a los alrededores del edificio administrativo y vi a un grupo de personas que cubrían su rostro y se identificaron como estudiantes, quienes accedieron a dar declaraciones en vivo para el medio al cual trabajo.

Comencé hacer mi labor periodística, a grabar los hechos, a explicar al mundo lo que estaba pasando, esa noche del 24 de mayo de 2017 en la UNAH.

Seguí con mi trabajo periodístico indagando sobre lo que ocurría, me desplace al estacionamiento de la planta baja del edificio administrativo, en donde observe que los estudiantes y un grupo de personas, encapuchadas y con palos en sus manos, estaban discutiendo con los estudiantes, quienes también se cubrían el rostro; la escena me dictaba a mi persona, que podría haber pérdidas humanas, por lo que me dispuse a seguir grabando con mi herramienta de trabajo periodístico, un celular que me permitía transmitir en vivo, para la página oficial para el medio de comunicación para el cual realizo corresponsalía internacional hasta la República Federativa de Brasil con cobertura por internet al mundo.

Al ver que el peligro era latente hice el llamado a la prensa nacional e internacional, así como a mi familiar más cercano, mi papá. Comenzó una fuerte discusión entre ambas partes, por lo que intente mediar para que primara la paz, pero ya era tarde, los sujetos encapuchados con una camisa blanca y algunos hasta dejaron al descubierto su dorso, se lanzaron de la planta baja del edificio hasta el estacionamiento, para dar persecución a los estudiantes.

Estos sujetos al bajar, comenzaron a golpear con sus palos una de las puertas que conduce a la recepción del edificio y luego se abalanzaron hacía mi persona, rociándome con gas pimienta directamente a mi rostro. Este toxico que es prohibido por convenios internacionales.

Luego de haberme rociado me identifiqué como periodista, les mostré mi credencial como corresponsal internacional y defensor de derechos humanos, sin embargo, ellos procedieron a quitarme mi celular y carnet de periodista internacional, acto seguido comenzaron a golpearme con los palos que sujetaban en sus manos, y con fuertes patadas me tiraron al suelo.

Les repetí constantemente que estaba trabajando en mis funciones como periodista, sin embargo, no me escuchaban y sus respuestas solo eran golpes contra mi persona, les implore por mi vida, pensé que moriría en ese momento.

Uno de esos sujetos quien portaba un pantalón negro con rayas verdes, y su dorso desnudo, les dijo que pararan, procedieron a levantarme del suelo de ese estacionamiento, para decirme que no me moviera, les volví a repetir que era periodista, pero se limitaron a decirme que me callara o procederían a golpearme nuevamente, estaba privado de mi libertad por sujetos encapuchados, cuyo pantalón negro era delineado por una raya verde.

En mi vista y manos sentía fuego, como producto del gas pimienta que me habían rociado, sentía dolor en mi mano derecha por la contusión de la que fui víctima, y el mismo dolor se fue desplazando en varias partes de mi cuerpo, fui víctima de tratos crueles, inhumanos o degradantes, fui torturado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Nunca en la historia de la UNAH, un periodista había sido torturado por cumplir sus funciones como corresponde.

Seguido de esto, después de un tiempo de estar tirado en el suelo suplicando por mi vida, los sujetos torturadores me vigilaban, para que no saliera del lugar, ocupaba asistencia médica de inmediato, pero a ellos, no les importo.

No recuerdo el tiempo exacto que estuve allí, pero sí del fuego en mi rostro y manos como producto del gas lacrimógeno, me puse de pie como pude, para pedir auxilio, ya un defensor de derechos humanos estaba presente, escuché su vos, por lo que me dispuse a moverme con el temor de que los sujetos torturadores me torturan nuevamente.

Logré salir del estacionamiento, para desplazarme hacía la recepción del edificio administrativo, en donde se encontraba mi papá y el defensor de derechos humanos, les dije a los sujetos torturadores que me regresaran mi celular y mi credencial como periodista internacional, pero mi conversación fue en vano, nunca me regresaron mi herramienta de trabajo, ni tampoco mi credencial.

Seguido de esto, el defensor de derechos humanos, me dijo que necesitaba urgentemente asistencia médica, por lo que me desplace con él y mi papá hacia la planta baja del estacionamiento para poder salir.

Al salir del edificio se encontraba un contingente de la Policía Nacional, quienes nos preguntaron hacía donde íbamos, por lo que el defensor de derechos humanos, le respondió que aun hospital para asistir a mí persona, sin embargo, respondieron que tenían la orden de detener a todo el que saliera del edificio.

Rápidamente mostramos las credenciales, yo tenía una acreditación del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), guardada en mi cartera de bolsillo, a la que no tuvieron acceso los sujetos torturadores, se la mostré al policía que coordinaba el operativo, sin embargo, obvio mi credencial y procedió a detenerme.

Luego, fui trasladado a una posta policial, en donde se me privo de mi libertad por aproximadamente 36 horas, la tortura de la que fui víctima en la UNAH, seguía en los centros de detención, ya que dormí en el suelo, olores nauseabundos primaban en el lugar, y el acceso al agua y comida se había limitado.

Esposado de pies y manos en los juzgados de la granja, se me trato como un delincuente común, por el hecho de estar ejerciendo mi profesión como periodista.

Parte de estos hechos narrados, fue la experiencia que viví como torturado, por lo que hago de conocimiento internacional y nacional de que mi vida corre peligro en Honduras, me siento vulnerable y aún con fuertes traumas psicológicos, como producto de la tortura que se me propició en el Alma Mater de Honduras.

Alzo mi voz ante el mundo, pidiendo el auxilio internacional, ya que mi vida está en constante peligro después de estos hechos, me avoco hacía ustedes como instancia internacional veedora de los derechos humanos en Honduras, para solicitar la protección correspondiente, tal y cual lo establece la carta universal de los derechos humanos.

Pese a ser una víctima de tortura, se me imputan cargos judiciales en mi contra, y actualmente estoy con medidas cautelares, ya que los denunciantes aducen que yo fui parte de esa toma, lo cual es totalmente falso, puesto que me desempeñaba en mis funciones como corresponsal internacional, cumpliendo con mi labor de informar al mundo como periodista, lo que considero una acción violatoria al libre ejercicio del periodismo en Honduras, ya que fui víctima de tortura, en el lugar de los hechos ya descritos.

Comparezco ante ustedes muy respetuosamente, para que tomen en consideración mi testimonio, ya que mi vida corre peligro después de este hecho y mi derecho a la libertad tiende hacer irrespetado por la denuncia que pesa sobre mí. Denuncia que considero injusta, ya que como he descrito solo estaba cumpliendo con mi labor periodística.

 

A los 30 días del mes de mayo de 2017.

Atentamente.

 

Msc. Ronnie Ezequiel Huete Salgado

Periodista y Defensor de Derechos Humanos.

 

Detienen y torturan a periodista Ronnie Huete. Video:

https://youtu.be/6hSGqO2hg6I

 

Seguimiento de este hecho dado por otros medios hondureños:

–http://criterio.hn/2017/05/31/periodista-torturado-la-policia-presenta-denuncia-violacion-derechos-ante-organismos-acreditados-honduras/

–http://www.clibrehonduras.com/alerta/periodista-hondure%C3%B1o-es-detenido-el-d%C3%ADa-del-periodista

 

*Imagen tomada de criterio.hn

 

Enviado por Ronnie Huete Salgado.

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Ante los graves hechos ocurridos en Guatemala

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado

Ante los graves hechos denunciados la mañana de hoy 17 de mayo, ocurridos en Guatemala desde el día 15 de mayo recién pasado, varias organizaciones del movimiento social, redes, movimientos sociales de derechos humanos, organizaciones de mujeres, ecologistas, de iglesias, nos hemos reunido para dar a conocer a la opinión pública y hacer exigencias al Gobierno de Guatemala y al Gobierno de Costa Rica.

  1. El día 15 de mayo fue secuestrada en Guatemala una joven costarricense, vejada, agredida, golpeada y dejada la noche del 16 en la ciudad Cobán (a 5 horas de viaje desde la ciudad capital). Posteriormente fue informado que se encuentra en un hospital estatal. La compañera costarricense ha sido violentada en todos sus derechos por estar participando en la concentración en torno a un fueguito simbólico permanente que mantienen las compañeras guatemaltecas en reclamo de justicia por las niñas quemadas en un albergue; horrorosos hechos ocurridos el día 8 de marzo recién pasado en ciudad Guatemala.
  2. Mantenemos una gran preocupación y condenamos los hechos señalados en virtud de que se afecta no sólo a una costarricense sino a una mujer que protesta contra la impunidad por los hechos ocurridos en la quema de una cárcel de niñas. El hecho ataca directamente, no sólo a ellas sino a todo el grupo de mujeres que están ahí y consideramos que es amedrentamiento a esta lucha contra la impunidad en ese país.
  3. El Gobierno de Costa Rica ha actuado y esperamos que esa actuación sea cumplida hasta el final, incluyendo el ingreso de la costarricense y su familia a territorio costarricense, mantener una permanente vigilancia, nombrar un órgano en la Cancillería para darle seguimiento a esta denuncia en Guatemala hasta el esclarecimiento total de los hechos que llevaron a cabo contra esta joven costarricense.
  4. Consideramos que el comunicado de la Cancillería se refiere al quehacer de la joven de manera despectiva y discriminatoria, como si su vida fuera una razón que explica la violación de sus derechos. Ya que independientemente de sus quehaceres laborales y opciones nunca se puede justificar la violación de los derechos humanos de personas y pueblos.

Ante estos hechos demandamos concretamente del gobierno de Costa Rica

  1. Emprender acciones para garantizar la vida de la joven costarricense y su familia y lograr la salida de Guatemala de la joven costarricense y su familia, ya que mientras más tiempo permanezca en Guatemala su vida corre peligro.
  2. Garantizar la atención médica cuanto antes ya que ha sido seriamente agredida y presenta heridas graves físicas y emocionales.
  3. Emprender acciones para garantizar que no sean alteradas y se mantengan bajo el debido protocolo las pruebas de este delito.
  4. Vigilar que las mujeres que actualmente se mantienen en demanda de justicia por las niñas que fueron quemadas y murieron calcinadas en Guatemala no sean hostigadas y agredidas.
  5. Plantear el caso para llamar la atención por estos hechos, ya que no son hechos aislados en Guatemala sino que son parte de una situación de riesgo para muchas defensoras y defensores de derechos humanos. Que este tipo de prácticas se ha convertido ya en una situación de uso común y en muchos casos ha quedado en la impunidad.

Comunicamos a la opinión pública nacional e internacional que estaremos apoyando las acciones directas que se organicen visibles y públicas con el fin de que este caso sea visibilizado en contra de la impunidad

Llamamos a la comunidad internacional, para que se manifieste repudiando estos hechos y se mantenga vigilante hasta que esto sea esclarecido totalmente, y evitar que sea repetido.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y políticas costarricenses a que se sumen a las jornadas de protesta y de solidaridad que se están programando.

Convocamos a reunirnos frente a la Cancillería mañana jueves 18 de mayo a las 11 de la mañana, en demanda de estas acciones.

 

Asociación de Derechos Humanos (ACODEHU)

Centro de Amigos para la Paz (CAP)

Servicio de Paz y Justicia

Justicia, Paz e Integridad para la Creación (JPIC)

Colectivo Tinamaste

Red de Mujeres Rurales de Costa Rica

Movimiento Humanista – Costa Rica

Colectivo Popular Carmen Lyra

Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI-CR)

Mesoamericanas en Resistencia por una vida digna

Alianza de Mujeres Costarricenses

Red de Mujeres Migrantes Nicaragüenses

Movimiento Alternativo de Izquierda (MAIZ)

Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES)

Asociación Americana de Juristas – Capitulo Costa Rica – (AAJ – CR)

Coordinación de Comunidades Cristianas Costarricenses – (COCRIC)

Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI)

Colectiva Tierra Semilla y Pan

Colectiva Coexistir (Cartago, Costa Rica)

Mujer No Estás Sola

Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA)

Boletín Grito de la Puebla

Colectivo Gente Diversa

Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Costa Rica Sede de Occidente

Asociación de Estudiantes de Psicología UCR

Asociación de Estudiantes de Antropología UCR

Red de Integración Centroamericana de Derecho Internacional

Red de Derecho Internacional de Costa Rica

Peña Cultural Ramonense

Movimiento Salud Sin Paredes-Región Occidente, Costa Rica

A de Libertad

Asociación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica Sede de Occidente

Colectiva Lésbica Feminista Irreversibles

Observatorio de Género Medios- GEMA

Asociación Voces Nuestras de Costa Rica

Universidad Bíblica Latinoamericana

Casa de Semillas Criollas

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de www.dw.com

Enviado por Solidaridad Mujeres Guatemala.

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Clase Inaugural Ciclo Lectivo 2017 UNA-Conferencista: Monserrat Solano Carboni Defensora de los Habitantes

Escrito en . Publicado en Derechos.

Clase Inaugural Ciclo Lectivo 2017 UNA

Este jueves 30 de marzo de 2017, se llevó a cabo la Conferencia Inaugural del ciclo lectivo de la UNA 2017, organizada por la Comisión Institucional La UNA por la Vida, el Diálogo y la Paz en conjunto con la Sede Regional Chorotega.

El acto dio inicio con las palabras del Doctor Norman Solórzano, Vicerrector de Docencia y Director de la Comisión Institucional “La UNA por la Vida, el Diálogo y la Paz”, quien destacó el lema de este año como una guía idónea para remarcar la declaratoria institucional, pues evidencia la intención de motivar a una cultura universitaria basada en el diálogo y el respeto; ya que este año se debe ver como un proyecto por construir y no como una celebración.

El rector Alberto Salom destacó la excelente gestión de la Defensora de los Habitantes desde el 2014, quien tiene una formación profesional en materia de derechos humanos, periodismo y derecho internacional Así mismo, el rector indicó que la Universidad Nacional se arropa con los derechos humanos, y que se está dispuesto a dar el máximo esfuerzo por proteger la paz.

Clase Inaugural Ciclo Lectivo 2017 UNA3

La Dra. Monserrat Solano Carboni, felicitó la Universidad Nacional, pues considera que la UNA inicia un año en el cual se va a realizar un recorrido intelectual, que va a permitir no solo profundizar en el conocimiento, sino además va a contribuir de forma colectiva a mejorar y comprender nuestra existencia.

La Defensora realizó un recorrido histórico y académico por la evolución de los derechos humanos, destaca el antes y el después de 1948 en esta materia; ya que los límites del Estado eran prácticamente impenetrables.

Sin embargo, afirma que la organización social permitió la integralidad de derechos humanos, y obligó al Estado a respetarlos, protegerlos y garantizarlos. De modo que, los derechos son el mínimo requisito para la prevalencia de la dignidad humana.

Esta conferencia magistral, puntualizó en un punto indispensable como los es el de los retos de los derechos humanos en Costa Rica: «Somos un país respetuoso de los derechos humanos, gozamos de una cultura que rehúye a la confrontación, que se considera no violento y sin ejército beneficiando la paz social” acotó la Defensora Solano Carboni.

La Dra. Monserrat Solano comentó que somos un país pluricultural, en el cual existen distintos obstáculos. Es en este punto menciona que deben actuar las universidades, exigiendo coherencia entre lo que se dice y lo que se hace: “necesitamos universidades humanistas que a través de sus programas de extensión den a conocer lo que son los derechos humanos en las comunidades», indicó la Defensora de los Habitantes.

Como parte del acto, se hizo entrega del calendario oficial de la Universidad Nacional 2017, el cual está compuesto mensajes sobre derechos humanos, como una forma de hacer conciencia a la comunidad universitaria sobre este tema.

Colaboración:

Dayanne Nájera Matarrita

Estudiante RI-UNA

 

Enviado a SURCOS por MSc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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Jornada Internacional de Solidaridad con los detenidos políticos en Costa Rica y contra la represión estatal

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado de A de Libertad

¡Hacemos un llamado a la solidaridad internacional!

Jornada Internacional de Solidaridad con los detenidos politicos

Durante los últimos años el Estado de Costa Rica ha endurecido aun más su brazo represor, reforzando los procesos de militarización de la policía, reprimiendo manifestaciones, atacando, deteniendo, abriendo procesos judiciales a luchadores sociales, dejando en la impunidad los casos de incendios, amenazas, agresiones y asesinatos a quienes luchan; violentando al pueblo por ejercer su derecho a la libre expresión, a la protesta social; nos violentan por defender los derechos de todos y todas que se han alcanzado en las calles, al mejor estilo de una dictadura. Muchos son los sectores del movimiento social con compañeras y compañeros procesados que van para juicio. Cada vez más el Estado muestra su verdadera cara y a Costa Rica se le cae la falsa imagen de país democrático y de paz, que respeta los derechos humanos.

Ante esto vemos la urgente necesidad de visibilizar que en el territorio que habitamos también existe un Estado represor que violenta al pueblo, a quienes luchan, a quienes enfrentan las injusticias. Y que ante la represión nos organizamos, nos apoyamos mutuamente y le hacemos frente a su violencia institucionalizada.

El día miércoles 22 de marzo se realizó el juicio a una de las personas detenidas en la manifestación del 31 de julio del 2016, que pedía la cancelación inmediata del contrato Fundazoo-Minae, el cierre progresivo y definitivo de los 2 zoológicos estatales (Santa Ana y Simón Bolívar), así como el traslado del león Kivú. La policía atacó a los y las manifestantes y secuestró a 3 sin justificación alguna. El compañero Milton Quesada fue absuelto de todos los cargos, pero aun falta ver qué va a pasar con los procesos de la compañera Catalina Gutiérrez y el compañero José Solano detenides durante la marcha.

También el 05 de abril se realizará el juicio contra cinco luchadores sociales (Marita Arce, Diego Retana, Adrián Jaén, Denis Solís y Mario Villalobos), quienes fueron detenidas y detenidos el 8 de noviembre del 2012 por defender la salud pública y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), durante una manifestación convocada por comunidades de diversas partes del territorio y acuerpada por los movimientos sociales, esto en contexto político donde se estaban cerrando los EBAIS (centros de salud) de las comunidades y disminuyendo presupuesto en hospitales. Estas traían un pliego de peticiones para entregarlo a la CCSS, pero los directivos de dicha institución decidieron no bajar a recibir el documento. Debido a esto les manifestantes permanecieron en las calles exigiendo alguna respuesta ante la problemática que vivían, sin embargo, llegó la policía a barrer con la manifestación pacífica, golpeando manifestantes y deteniendo a 35 personas.

Por estas razones, extendemos una invitación a participar y accionar, desde el territorio que cada quien habite, de la Jornada Internacional en Solidaridad con las y los detenidos y procesados por el Estado de Costa Rica, por la absolución de las y los compañeros que están pasando por juicios políticos, así como en contra de la represión estatal. La invitación está abierta para que tomemos acciones desde el 01 hasta el 07 de abril, como realizar manifestaciones en embajadas o consulados de Costa Rica, enviar comunicados, fotos con muestras de apoyo o cualquier otra acción solidaria.

Por otra parte, queremos compartir con ustedes algunos casos de represión estatal y de impunidad que se han dado en Costa Rica:

  • Viviana Gallardo en 1981 asesinada por un policía en la celda donde se encontraba prisionera.
  • En mayo de 1985 fueron detenides 39 compañeros indígenas y 3 compañeras indigenas por protestar contra una empresa extractora de madera que estaba talando los bosques de Térraba, Curre y Boruca.
  • En 1989 murió en circunstancias no esclarecidas Antonio Zúñiga, indígena del territorio de Ujarrás, quien luchó contra la cacería ilegal, ante la impunidad del Estado.
  • En 1992 fue asesinado de varios disparos Óscar Quirós, luchador que se opuso a la deforestación en Sarapiquí, ante la impunidad del Estado.
  • Jorge Aguilar, otro luchador contra la cacería ilegal, quien fue hallado muerto por familiares luego de salir a patrullar, ante la impunidad del Estado.
  • En 1994 Óscar Fallas, Jaime Bustamante y María del Mar Cordero, miembres de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO) murieron en un sospechoso incendio en una casa. Luego de una larga campaña contra la instalación de un puerto astillero en la Península de Osa de la multinacional Stone Forestal, ante la impunidad del Estado.
  • En 1995, tras estar desaparecido por tres semanas, aparece muerto David Maradiaga, también miembro de AECO, ante la impunidad del Estado.
  • En el 2006, Trino Barrantes, Célimo Guido y Rocío Céspedes, luego de 4 años de procesos judiciales, son sentenciades a un año de prisión por luchar contra la transnacional RITEVE.
  • En el 2008, la policía mediante los antimotines, reprime a la comunidad de Sardinal que se encontraba en un proceso de lucha por la defensa del agua.
  • El 1° de mayo del 2009, la policía reprimió la marcha por el día de les trabajadores, golpea manifestantes y detiene a 8 compañeres anarquistas.
  • En el 2010, durante la toma del edificio de Ciencias Sociales en la UCR contra el préstamo del Banco Mundial, el compeñero Luis de Sociovoz aparece asesinado y con la oreja cortada, la policía dice que fue un asalto, y no se realizaron investigaciones, ante la impunidad del Estado.
  • En el 2010, durante la lucha contra la privatización de los muelles de Moín y Limón, y la construcción del megapuerto de APM terminals, son detenidas y procesadas 21 personas, tras un proceso de 5 años quedan absueltas 20, pero la pescadora Paulina Briones es condenada a 12 años de prisión.
  • En agosto del 2010, en el Marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la policía realiza un desalojo violento de compañeros y compañeras indígenas de diferentes pueblos del país, que exigían la aprobación de la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, # 14.352, mediante un grupo de al menos 50 antimotines de la Fuerza Pública que golpeó a hombres y mujeres, apoyados por altos funcionarios de la seguridad interna del edificio legislativo.
  • En noviembre del 2010, la policía municipal de Heredia arresta, tortura y golpea a 4 compañeres anarcopunks por documentar cómo la policía reprime y «decomisa» verduras a vendedores ambulantes en la feria del agricultor.
  • En 2011, la conservacionista canadiense Kimberly Blackwell fue asesinada dentro de su casa en Puerto Jiménez. Blackwell tuvo enfrentamientos con cazadores ilegales, ante la impunidad del Estado.
  • En 2012, el Estado lanza una orden de captura contra el ecologista de Sea Shepherd, Paul Watson. Por defender la naturaleza se le adjudicó el delito de “intento de naufragio”, luego mediante la intervención del Estado, la Interpol le giró una orden de captura internacional.
  • El 8 de noviembre del 2012, la policía reprime manifestación y detiene 35 personas por defender la salud de pública para todes y la CCSS, 5 de las cuales se encuentran en procesos judiciales.
  • En 2013, de manera particularmente violenta, es asesinado el ambientalista Jairo Mora, que realizaba trabajos de protección y monitoreo de las tortugas marinas que desovan en playa Moín, trabajos que ponían en riesgo la construcción del megapuerto de la transnacional APM Terminals. Tras presión por un primer juicio que dejó libres a los acusados, se retomó el caso, condenando a quienes cometieron el asesinato pero no se interesó en condenar y esclarecer quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato.
  • El 1° de mayo del 2013, la policía reprime marcha por el día de les trabajadores, golpea manifestantes y detiene a 7 compañeres.
  • En julio del 2013, la policía reprime marcha por la liberación animal y el cierre del zoológico Simón Bolívar, patrulla atropella un manifestante y detienen a 3 compañeros.
  • El 24 de febrero del 2014, la policía reprime una manifestación pacífica en Chomes de Puntarenas, convocada por 50 comunidades costeras para defender la Ley de Territorios Costeros Comunitarios, TECOCOS. La Fuerza Pública atacó violentamente a les manifestantes y realizó 11 detenciones. Atacó con antimotines, gases lacrimógenos, incendiaron un potrero(finca) cercano a una gasolinera, ingresaron sin autorización a un local para continuar reprimiendo manifestantes, atacaron un EBAIS, golpearon adultos mayores y niños.
  • En el 2014, Diego Armando Saborío fue asesinado por enfrentarse a cazadores furtivos en San Carlos, ante la impunidad del Estado.
  • En Noviembre del 2014, el Estado, sin pruebas ni juicio, encarcela (secuestra) durante 7 meses a Sergio Rojas, luchador del territorio Indígena de Salitre, por la autonomía de su pueblo y la recuperación de las tierras ancestrales.
  • El 28 de febrero del 2015 fueron detenidas Ingrid Rangel y Karina Araya, activistas del Foro Nacional de Vivienda. Condenadas a un mes de prisión preventiva y se esperan posibles procesos judiciales.
  • En 2015, tras 15 años de procesos judiciales, 6 juicios, ser varias veces absuelto y ante la apelación constante del Estado para retomar el caso, se encarcela al compañero Orlando Barrantes durante varios meses y se le condena a 12 años de prisión, tras una apelación queda en libertad. Orlado es un luchador campesino que participaba de los movimientos para exigir la indemnización a les afectades por el nemagón y las mejoras para les campesines de Guápiles. También es procesado y encarcelado Iván Angulo. El proceso judicial aún sigue abierto.
  • En 2015, el Estado condena al guardaparques Mauricio Steller a 12 años de prisión por supuesta «tentativa de homicidio», pero en realidad fue por defender las tortugas y el medio ambiente.
  • El 07 de noviembre del 2015 la policía municipal de Escazu asesina a Damian Jiménez a tiros (uno en la cabeza), también dispara contra dos de sus hermanos, dejando al menor (de 17 años) herido de gravedad. Las victimas del abuso policial no están cometiendo delito alguno ni se encuentran armadas.
  • El 16 de febrero del 2016, la policía reprime manifestación de campesines de Changuena, golpea manifestantes y detiene a 7 campesinos (Luis Chinchilla, Manuel Ávila Amador, Mauro Mesa Arias, Laureano Díaz, Daniel Villalobos, Erick Cevallos y Alex Azofeifa) que esperan procesos judiciales.
  • El 14 de Abril del 2016, la policía reprime manifestación por los derechos animales, golpea manifestantes y detiene a 4 compañeros que esperan procesos judiciales.
  • El 31 de julio del 2016, la policía reprime manifestación por el cierre de los zoológicos Simón Bolívar y el de Santa Ana, así como por el traslado del león Kivú. Detiene a 3 compañeres, entre estos comunicadores independientes. También una compañera sufre acoso sexual por parte de la policía.
  • En el 2016, compañeres activistas del movimiento diversidad Laura, Jazmín y Marco se enfrentan a un proceso judicial por la acción mediática para pedir la igualdad de derechos.
  • El 09 de agosto del 2016, la policía reprime violentamente manifestación de taxistas, dejando a más de 70 personas detenidas, taxis y placas decomisadas, y varios taxistas heridos. Algunos de los detenidos esperan procesos judiciales.
  • El 18 de agosto del 2016, la policía agredió brutalmente y secuestró al taxista Alexander Barboza como una forma de venganza por un video que circulaba en la red.
  • Impunidad ante los constantes casos de agresiones, amenazas y quemas de ranchos (casas) y terrenos en territorios indígenas que se encuentran en procesos de lucha por la autonomía de los pueblos indígenas y en la recuperación de su territorio.
  • Aumento de la criminalización y judicialización de quienes luchan.
  • Asignación de defensa pública parcializada en los juicios políticos de luchadores que no pueden pagar por abogades privades. Creando juicios montados que facilitan la condena de quienes luchan.

Ante esto hacemos un llamado urgente a la solidaridad internacional, para pedir la absolución de todas las personas detenidas por luchar en Costa Rica, al tiempo que mostramos nuestro repudio a la represión del Estado.

En democracia también se tortura, secuestra y asesina.

¡Ante la represión, organización y lucha. Ante las injusticias, solidaridad!

 

Si realiza una acción comunicarlo al correo: adelibertad@openmailbox.org para mantener un registro

 

Enviado a SURCOS por A de Libertad.

APSE: video sobre manifestación del 8 de noviembre de 2012, derecho a la protesta

Escrito en . Publicado en Derechos.

APSE seguridad social

Este miércoles 05 de abril de 2017 a las 08:00 a.m. en las Salas de Juicio del I Circuito Judicial, San José se llevaría a cabo el juicio contra los luchadores sociales por defender los derechos humanos y la seguridad social. Este juicio podría ser determinante para la historia del movimiento social en CR.

APSE nos comparte el video “El derecho a la protesta: Memoria de la manifestación del 8 de noviembre de 2012 frente a la Caja Costarricense de Seguro Social”, el cual relata los sucesos del día y las consecuencias tras la fuerte represión policial y la judicialización posterior de la protesta social.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=2ah5-JOoe9E

APSE video sobre manifestacion del 8 de noviembre2

Imágenes tomada del video.

Enviado a SURCOS por Adriano Corrales Arias.

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UNA: conferencia sobre la situación de los derechos humanos en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

UNA conferencia derechos humanos en Costa Rica

La Universidad Nacional invita a la comunidad universitaria y nacional este próximo jueves 30 de marzo a las 10 a.m. en el Auditorio Clodomiro Picado, a la Lección Inaugural Ciclo Lectivo 2017, con la conferencia “Situación de los Derechos Humanos en Costa Rica: logros y restos”, la cual será impartida por la Dra. Montserrat Solano Carboni, Defensora de los Habitantes.

Invitan el Consejo Universitario, Rectoría, Rectoría Adjunta, Vicerrectoría de Docencia, Sede Regional de Chorotega y la Comisión UNA por la Vida, el Diálogo y la Paz.

Confirmar asistencia al correo vidadialogopaz@una.cr o al teléfono (506)2277 3110.

 

Imagen de portada tomada de elflorense.com

Enviado a SURCOS por MSc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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