El Observatorio del Racismo (OBCRA) invita a toda la comunidad universitaria a sintonizar su próximo programa de radio, «Conversando sobre el racismo», que contará con la participación del reconocido escritor y activista Dr. Quince Duncan. En esta ocasión, se abordará el tema:
Costa Rica: 500 años de presencia y aportes de africanos y sus descendientes.
Fecha: martes 24 de setiembre
Hora: 8:00 a.m.
Sintoniza en: Radio 870 AM Saber Vivir, UCR.
El Dr. Quince Duncan es una figura clave en la defensa de los derechos étnicos en Costa Rica y a nivel internacional. Fue el primer Comisionado Presidencial para Asuntos Afrodescendientes y ha formado parte de diversas organizaciones de Derechos Humanos. Además, Duncan es autor de más de 60 publicaciones, incluyendo estudios sobre literatura costarricense y afrodescendiente, ensayos históricos, y varias novelas. Su obra ha sido galardonada con el Premio Editorial de Costa Rica y el Premio Nacional de Novela Aquileo J. Echeverría.
Todos los programas del OBCRA quedan grabados y disponibles en el Portal OBCRA:obcra.fcs.ucr.ac.cr para ser utilizados en espacios educativos.
En un período de 11 meses, más de 41 mil personas palestinas, en su mayoría mujeres, niñas y niños, han perdido la vida debido a los ataques en la Franja de Gaza. Se estima que el número real podría ascender a las 300 mil víctimas. La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) ha exigido a Israel que ponga fin a su presencia ilegal en los territorios palestinos ocupados en un plazo de 12 meses, una demanda que sigue siendo ignorada por el Estado israelí.
El impacto de la ofensiva israelí no se limita a las pérdidas humanas. Gaza enfrenta un desastre humanitario de gran escala. Se estima que limpiar las 40 millones de toneladas de escombros, algunos contaminados con asbesto y restos humanos, llevará al menos 15 años. La destrucción de más de 80 mil viviendas ha desplazado a miles de familias, y la reconstrucción de la ciudad podría alargarse hasta 2040 o más. Durante este proceso de reconstrucción, más de 220 empleados de la ONU han perdido la vida, lo que resalta los riesgos a los que están expuestos aquellos que trabajan en terreno para ayudar a la población civil.
La Corte Internacional de Justicia dictaminó que los territorios palestinos ocupados constituyen una unidad y que las acciones de Israel violan el derecho internacional y los derechos humanos. Sin embargo, la violencia continúa, exponiendo a miles de niños palestinos a situaciones de trauma y violencia sistemática, desafiando las leyes internacionales de protección a la infancia.
En este marco de destrucción, enfermedades antes erradicadas como el virus de la polio han resurgido debido al colapso del sistema de salud. La situación es crítica, y las voces de la comunidad internacional, lideradas por la ONU, continúan clamando por justicia y un alto al genocidio.
El 7 de octubre, a las 5:00 p.m., se llevará a cabo una vigilia frente a la Asamblea Legislativa en conmemoración de un año del genocidio en Palestina, organizada por la Red de Solidaridad con Palestina. Esta vigilia busca sensibilizar y exigir el fin inmediato de las hostilidades y la ocupación israelí.
En contraste, la embajada de Israel y sectores sionistas han planeado una actividad paralela que ha sido descrita como una celebración camuflada de crímenes de lesa humanidad, apoyada por diputados afines al régimen israelí. Mientras tanto, la cifra de víctimas, la mayoría de ellas niños, periodistas, médicos y personal de Naciones Unidas, sigue aumentando.
«Nadie es libre hasta que Palestina sea libre» se ha convertido en el lema de aquellos que luchan por la paz y la justicia en este conflicto que ha cobrado la vida de miles de inocentes.
Solicitó informe a Justicia sobre plazas vacantes, en proceso de nombramiento y estudio sobre cargas laborales
Tras varias inspecciones de oficio realizadas por la Defensoría de los Habitantes en centros penitenciarios desde el 2023 a la fecha, y mediante un proceso de entrevistas se logró constatar el cansancio y agotamiento en el que se encuentra el personal no sólo policial, sino técnico, administrativo y de salud.
Según ha comprobado la Defensoría a través de entrevistas, el personal trabaja hasta altas horas de la noche, se lleva el trabajo a la casa o labora los fines de semana, lo que está repercutiendo en su salud. Además, la Defensoría mantiene abierta una investigación de oficio sobre las condiciones laborales del personal de la Policía Penitenciaria a nivel general en todos los centros penitenciarios, específicamente sobre la falta de personal y la afectación en el otorgamiento al derecho de vacaciones legales y profilácticas.
Ante ello, la Defensoría considera que esta situación afecta seriamente la prestación de los servicios a lo interno de los centros penales. Para la institución, el sistema penitenciario se encuentra atravesando una crisis que se refleja en las serias limitaciones presupuestarias que impiden a los centros penitenciarios operar de manera ideal, limitaciones que afectan el nombramiento de personal, y el mantenimiento y construcción de infraestructura que cumpla de forma debida con los estándares nacionales e internacionales de protección de derechos humanos, tanto para el personal penitenciario como para la población privada de libertad.
Sobre la cantidad de personal técnico y administrativo en los centros de atención institucional y unidades de atención integral, en inspecciones realizadas en lo que va del 2024 en los Centros de Atención Institucional Calle Real, Luis Paulino Mora Mora, Antonio Bastida de Paz y 26 de Julio, la Defensoría verificó la existencia de plazas vacantes pendientes de nombramiento, reubicaciones de plazas entre centros penitenciarios o, hacia otras instancias administrativas de la Dirección General de Adaptación Social que afectan seriamente la prestación de los servicios, lo que produce un atraso en la realización de las valoraciones ordinarias, la instrucción de procedimientos disciplinarios, la dilación en los trámites que tienen que ver con el contacto de las personas privadas de libertad y sus familias, las verificaciones de ofertas laborales y de domicilio, la realización de procesos grupales, entre otras labores.
A pesar de que la Defensoría de los Habitantes ha solicitado a la Dirección General de Adaptación Social que indique si se realizan estudios de impacto en el servicio por la reubicación de plazas, Adaptación social informó que debe tomarse en cuenta la difícil situación que enfrenta el sistema penitenciario “caracterizada por limitaciones presupuestarias, y especialmente por la escasez de talento humano, que impactan significativamente en la consecución de los objetivos institucionales y en la planificación a corto, mediano y largo plazo.
Si bien la Administración plantea su potestad de reubicar y recargar funciones y señala las limitaciones presupuestarias y de infraestructura por las que atraviesa actualmente el Sistema Penitenciario Nacional y, en general, el sector público, lo cierto es que de lo que se trata en el caso de los centros penitenciarios es de la custodia de personas ubicadas en espacios completamente cerrados, que no sólo tienen su libertad de tránsito restringida, sino que, adicionalmente, sus otros derechos limitados por cuanto no existe la cantidad suficiente de personal técnico, administrativo y policial para brindarles dichos servicios. Esta situación no debe achacarse al personal, sino a la forma en la que el Estado restringe, desde el punto de vista presupuestario, la búsqueda de una solución al problema detectado.
Para esta Defensoría, el Ministerio de Justicia y Paz debe adoptar de manera inmediata, todas las acciones que sean necesarias para garantizar a los centros penitenciarios la cantidad suficiente de personal y considera relevante tener información actualizada acerca de las plazas con las que cuenta cada centro penitenciario, pues de ello depende el servicio que se debe brindar a la población privada de libertad. Además, solicitó realizar un estudio de cargas laborales con el fin de velar por las condiciones de trabajo del personal técnico, administrativo y de salud de dichos establecimientos.
En una respuesta ofrecida por el departamento de gestión institucional de recursos humanos y la unidad de organización y empleo del Ministerio de Justicia a la Defensoría se señala que han sido múltiples los esfuerzos realizados para la creación de plazas, no obstante, han sido mínimas las que la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda a aprobado a Justicia y Paz, para la consecución de los objetivos. “En razón de la necesidad de cumplir con los diferentes compromisos de estas nuevas unidades administrativas se implementó como estrategia institucional un reacomodo temporal del recurso humano institucional ya existente mediante traslado temporal, de manera que permitiera iniciar funciones en estas dependencias, sin embargo, este recurso no ha sido posible ubicarlo nuevamente a su unidad de origen. En este sentido, se posee una plantilla limitada de puestos para cubrir con las diferentes encomiendas…”
Además, informó esta dependencia de Justicia a la Defensoría que, en razón de que no se pueden nombrar plazas, reasignar plazas y de que el proceso de descongelamiento y utilización no es expedito y, el crecimiento de infraestructura del sistema penitenciario es desproporcional al recurso humano existente, se hace materialmente imposible que algunas unidades administrativas puedan cumplir con los objetivos trazados.
En cuanto a reubicación de plazas, Justicia informó el listado que contempla 12 permanentes y 33 temporales. En vacantes en proceso de nombramiento un total de 47 plazas.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
*Resoluciones judiciales sobre las muertes de los señores Sergio Rojas y Jerhy Rivera Rivera, activistas y defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
En el primero de los casos dictándose un sobreseimiento definitivo y en el segundo es hasta el día de día de hoy, 19 de setiembre del 2024, cuatro años después de la muerte del señor Rivera Rivera que los tribunales de Pérez Zeledón absuelven del delito de homicidio al presunto imputado, después que un Tribunal de Apelación de Cartago anulara el primer juicio en que se le había dado una sentencia de 22 años de cárcel.
Durante los doce años de vigencia desde la emisión de la Medida Cautelar 321-12 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han sido pocos o escasos los esfuerzos y gestiones efectuadas por parte del Estado costarricense para proteger a las dirigencias indígenas a las cuales tutela esta medida cautelar; ejemplo de ello han sido las muertes de Sergio Rojas indígena Bribri de Salitre y Jerhy Rivera indígena Teribe de Térraba, ambos vecinos y representantes de los territorios indígenas beneficiarios de la medida cautelar.
Fue el 30 de abril del 2015, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que lo expuesto por las personas peticionarias de los pueblos indígenas costarricenses reunía los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, por lo que otorgó la medida cautelar y solicitó al gobierno de la República de Costa Rica que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe de Térraba y del pueblo indígena Bribri de Salitre; y que informara sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
A pesar del dictado de la Medida Cautelar y las obligaciones emitidas al Estado Costarricense el día 18 de marzo del 2019 fue asesinado en su casa, Sergio Rojas Ortiz, indígena bribri de Salitre. Asimismo, el día 24 de febrero del 2020 fue asesinado Jerhy Rivera Rivera.
La violencia ha escalado en diferentes territorios indígenas del país extendiéndose de Salitre y Térraba a China Kichá y Cabagra; asimismo, como se indicó en el Informe Anual 2019-2020 de la Defensoría de los Habitantes “en algunos medios de comunicación y en las redes sociales se han exacerbado los discursos de odio de índole racista, y se han criminalizado las reivindicaciones indígenas de derechos. A la fecha, no se ha detenido a ninguna persona ni se ha sancionado a nadie por todos
estos hechos. Este panorama pone en evidencia que las acciones estatales no han sido suficientes, para alcanzar el fin pretendido de garantizar la vida e integridad personal, así como el acceso a la justicia de los miembros de los pueblos indígenas de Térraba y Salitre, y evitar así la repetición de los hechos que dieron lugar a la adopción de la Medida Cautelar”.
Situación por la cual la Defensoría de los Habitantes clama por la Justicia Pronta y Cumplida y hace un llamado vehemente al Estado Costarricense a combatir la impunidad y evitar la escalada de violencia dentro de los territorios indígenas. Ante tan lamentables hechos, se hace un llamado público a la paz y la no violencia ante las resoluciones emitidas en los casos de los señores Sergio Rojas y Jerhy Rivera Rivera activistas y defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
La Defensoría de los Habitantes como Institución Nacional de Derechos Humanos, envía un abrazo fraterno a sus familiares y a los pueblos indígenas del país, para que sus voces son escuchadas y continuar en esta lucha por la promoción y defensa efectiva de sus Derechos Fundamentales.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
Después del rotundo éxito del primer concierto en vivo de Cantos de Batalla, el cual tuvo lugar en julio, este poderoso proyecto musical vuelve con un segundo espectáculo titulado «Llamado a la Resistencia». Este concierto es una producción del Colectivo Cantos de Batalla y Profana Latinoamérica, quienes han trabajado juntos para llevar este mensaje de resistencia y defensa de los bienes comunes y los derechos humanos a través de la música. La primera presentación fue todo un éxito, y ahora se espera que Cantos de Batalla vuelva a conectar con el público y continúe inspirando a través de su mensaje de lucha ambiental y social.
Ahora, el próximo concierto será el 3 de octubre a las 8:00 p.m. en Mundo Loco, San Pedro, donde Cantos de Batalla promete nuevamente elevar las voces en resistencia y unidad. Este espectáculo sigue honrando la memoria de los ecologistas costarricenses Óscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández y Jaime Bustamante, asesinados hace 30 años en la lucha por el medio ambiente. Además, celebra las victorias ambientales que han dejado una huella imborrable en el país.
El proyecto Cantos de Batalla, liderado por Fabián Pacheco, recopila los pregones de campañas ecologistas en Costa Rica, con una propuesta musical basada en el poder de los tambores y el folclore, inspirando a la resistencia pacífica y la defensa de nuestros recursos naturales.
No se pierda esta nueva oportunidad para ser parte de un movimiento que une música, historia y activismo. ¡Te esperamos en Mundo Loco el 3 de octubre para continuar este llamado a la resistencia!
Lugar: Mundo Loco, San Pedro Fecha: 3 de octubre de 2024 Hora: 8:00 p.m.
Sobre Cantos de Batalla: Cantos de Batalla es un proyecto musical que honra la memoria de los activistas ecologistas y celebra las luchas y victorias ambientales de Costa Rica. Con el ritmo de los tambores y las voces de la resistencia, este espectáculo invita a bailar, cantar y unirse en la defensa de los derechos humanos y los bienes comunes.
18 de septiembre de 2024.- Desde el Observatorio de Justicia para los Defensores del Río Guapinol condenamos de forma contundente el asesinato del defensor de bienes comunes, Juan López, líder del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, hombre de fe, padre de familia y compañero de lucha. Lamentamos profundamente este crimen y demandamos que el Estado de Honduras responda por este y otros asesinatos de defensores que se mantienen impunes en el país.
El asesinato de Juan López y la crisis en el Bajo Aguán son un crudo reflejo de la grave situación de violencia, impunidad y negligencia estatal en Honduras, especialmente en relación con la defensa de los bienes comunes, la tierra y el territorio. La crisis en el Aguán no es un hecho aislado, sino la expresión de un conflicto territorial de larga duración, donde los intereses de empresas privadas y grupos criminales continúan explotando los recursos naturales, con total impunidad y a costa de la vida en las comunidades.
La situación es urgente e inaceptable: tan solo en 2023 y 2024, cuatro defensores vinculados a la lucha por el río Guapinol han sido asesinados en Honduras: Oquelí y Aly Domínguez, Jairo Bonilla y, ahora, Juan López, este último beneficiario de medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023.
Las organizaciones que conformamos el Observatorio de Justicia acompañamos a López y al Comité Municipal en la denuncia de estos hechos a nivel internacional y hemos expuesto el incumplimiento del Estado con respecto a la implementación de estas medidas (MC-137-23), dictadas a favor de 30 defensores de derechos humanos, e integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. El incumplimiento es un reflejo de la falta de interés y respuesta interinstitucional coordinada para abordar la situación de riesgo inminente que enfrentan las personas defensoras en el país. Lamentamos que a pesar del reconocimiento que organismos internacionales de protección han hecho sobre la situación de riesgo de Juan López y más miembros del Comité Municipal y aun teniendo un mandato de protección diferenciada y mitigación de riesgo dictado por las medidas de protección, que por ley tenía que atender, el Estado haya decidido ignorarlas. El Estado de Honduras le falla y le vuelve a fallar a quienes defienden las aguas, los bosques y la tierra; a quienes defienden la vida.
Es profundamente indignante que, a pesar de los repetidos reclamos de justicia por los asesinatos de personas defensoras, el silencio y la inacción del Estado prevalezcan. En el caso específico del Comité de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, ha sido ampliamente conocido el riesgo al que se enfrentan quienes lo integran. Ejemplo de ello es la Alerta Temprana No. 005-24 emitida por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), donde hace referencia a la inacción del Estado en implementación de medidas de protección.
El Estado no solo debe proteger los derechos a la vida e integridad personal de las y los beneficiarios/as de las medidas cautelares frente a posibles ataques que provengan de parte de particulares sino que, también, tiene la obligación de abstenerse de propiciar y participar en campañas de difamación, diseminación de representaciones negativas o la estigmatización de personas defensoras de derechos humanos y el trabajo que estas realizan. Le recordamos al Estado que garantizar la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos y, en particular, de las beneficiarias de medidas de protección es su obligación internacional: la seguridad de estas personas está en sus manos.
El Observatorio recuerda que, durante la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, se hizo un llamado a la liberación de los defensores de Guapinol, lo que generó esperanza de un cambio en la protección de los derechos humanos en Honduras y la atención sobre la raíz de la crisis. Sin embargo, a más de dos años de esas declaraciones, hoy el movimiento de derechos humanos en Honduras y toda la región está de luto una vez más.
Las organizaciones exigimos justicia para Juan López y los defensores de los bienes comunes en Honduras. Una investigación expedita, independiente e imparcial debe ser garantizada por parte del Estado y fincar responsabilidades materiales e intelectuales por este atroz crimen. El riesgo continuará y es imperante que el Estado de Honduras garantice todas las medidas de protección necesarias para la familia y miembros del Comité Municipal, sin que medien excusas presupuestales o incapacidad institucional.
A la familia de Juan López, a sus compañeros y compañeras de lucha, a su comunidad: nuestro abrazo solidario. Honramos su legado y su vida y en su nombre seguiremos pidiendo justicia y acompañando la causa justa por los ríos en Honduras.
¡Juan López vive!
Firman: Centro por la Justicia y el Derecho lnternacional (CEJIL) Comité Internacional del NLG -Gremio Nacional de Abogados, USA. Diakonia oficina Nacional Honduras Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC – SJ) Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) Robert F. Kennedy Human Rights Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Virginia (UVA)
Costa Rica participa activamente con su liderazgo en el continente
El estado de situación de los derechos humanos de las personas afrodescendientes en América Latina forma parte de un proyecto de capacitación que participa la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica con entidades homólogas a través de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA).
La intención no solo es que funcionarios/as de las Defensorías analicen los principales desafíos que enfrenta la población afrodescendiente de la región sino también que los participantes puedan reconocer los principales retos, problemas y afectaciones en cada país para un adecuado abordaje y protección.
El programa incluye el conocimiento del contexto histórico, económico y político de la población afrodescendientes con un enfoque de derechos humanos y su realidad actual, así como los instrumentos naciones e internacionales más relevantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el tema de la lucha por la tierra, territorios y recursos naturales y el estudio de casos puntuales en Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, México, entre otros.
Este esfuerzo de trabajo colaborativo entre la Defensoría de los Habitantes, la Asociación de Mujeres Afrocolombianas (AMUAFROC), la Articulación para el Decenio Afrodescendiente (ALDA) y RINDHCA, se propicia en el marco del proyecto de fortalecimiento de la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe en el diálogo de seguimiento y evaluación de la agenda del Decenio Internacional Afrodescendiente, liderado por AMUAFROC.
Para la Defensora de los Habitantes de Costa Rica, Angie Cruickshank, esta cooperación es fundamental para fortalecer las líneas de acción e incidencia de las instituciones nacionales de derechos humanos de la región en la protección y promoción de los derechos de la población afrodescendiente en América Latina y el Caribe.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
En febrero de 2020, Jehry Rivera Rivera, líder comprometido con la protección del ambiente, la vida y los derechos de los pueblos indígenas, fue asesinado durante un proceso de recuperación de tierras. Cuatro años después, el dolor por su pérdida sigue siendo profundo debido a la falta de justicia. En 2023, Juan Eduardo Barrera, quien confesó públicamente ser el autor del crimen, fue condenado a 22 años de prisión, pero el Tribunal de Cartago lo liberó tras una apelación de sus abogados. Este fallo dejó una herida abierta en la lucha por los derechos humanos de los pueblos indígenas, su autonomía y la protección del ambiente en Costa Rica.
Hoy, 16 de septiembre, nos encontramos en la recta final del juicio, un momento decisivo para Costa Rica. Es esencial solidarizarnos con Doña Digna Rivera y la Red de Mujeres Rurales, quienes han apoyado y vigilado todo el proceso judicial. El Estado debe asumir su responsabilidad y garantizar que la muerte de Jehry no quede impune, retomando las acciones necesarias para esclarecer su asesinato, proteger los derechos de los pueblos indígenas y fortalecer las políticas ambientales que Jehry defendía con tanto fervor. La sociedad exige que los tribunales actúen con firmeza para hacer justicia en favor de quienes luchan por el ambiente y de las víctimas de un Estado racista que no protege sus derechos ni territorios.
La ratificación del Acuerdo de Escazú sigue siendo una deuda pendiente del Estado costarricense con la comunidad ecologista. Este tratado busca garantizar en América Latina y el Caribe el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, siendo el primero de su tipo en el mundo. En los últimos años, diversos territorios han sido escenario de conflictos y agresiones, lo que refleja las constantes amenazas a las personas indígenas defensoras de sus tierras en Costa Rica. La memoria de líderes como Sergio Rojas y Jehry Rivera sigue presente, así como las luchas en Salitre, Térraba y China Kichá, donde las personas indígenas enfrentan hostigamientos debido a la ocupación ilegal de sus tierras ancestrales por empresas y personas no indígenas.
La demanda de justicia por Jehry y por los pueblos indígenas continúa como un grito urgente que exige respuestas claras y acciones concretas para proteger sus derechos y territorios.
Se invita al público en general a conocer más sobre la problemática que sufren los pueblos indígenas a través del video disponible en la plataforma de YouTube:
El 13 de septiembre de 2024, el Programa Alternativas ofreció un análisis en vivo de las políticas públicas de igualdad de género en Costa Rica. La transmisión, que tuvo lugar a las 18:00 horas (UTC-6), se realizó a través de plataformas en línea como Facebook Live, YouTube y Spotify. Además, el programa fue retransmitido por diversas emisoras de radio, incluyendo 107.1 FM Radio Actual, Radio Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía y Radio Revolución, garantizando así una amplia cobertura y accesibilidad a la discusión.
El panel estuvo conformado por tres destacadas expertas en el ámbito de la igualdad de género y políticas públicas. Las invitadas incluyeron a María Jesús Zamora Cruz, licenciada en Sociología y activista feminista; Irené Barrantes Jiménez, máster en política pública y género; y Vivian Solís Espinoza, especialista en derechos humanos y género.
El programa hace un acercamiento sobre el estado actual de las políticas de igualdad de género en Costa Rica, y destaca la importancia de este análisis en un momento de cambio global y nacional, asimismo, se hizo un llamado a la acción conjunta para enfrentar los retos y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.
María Jesús Zamora Cruz subrayó la importancia de continuar con la investigación y el activismo para asegurar que se respeten los derechos de las mujeres y erradicar la violencia de género. En su intervención, destacó el valor de las alianzas y redes de apoyo entre mujeres como una herramienta clave para fortalecer los esfuerzos hacia la igualdad de género. Durante su presentación, Zamora compartió datos reveladores sobre la situación de las mujeres en el Cantón de Poás, evidenciando que son mayoritariamente responsables de las tareas domésticas y de cuidado, sin recibir reconocimiento.
En el ámbito económico, expusieron las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a empleos dignos y remunerados. Tanto las asalariadas como las emprendedoras deben lidiar con la falta de equilibrio entre el trabajo y la vida personal, las condiciones laborales precarias y la falta de apoyo al comercio local. En el ámbito político, Zamora destacó los obstáculos que enfrentan las mujeres, como la violencia política, la subestimación de su trabajo y la priorización de candidaturas masculinas, lo que limita su participación y representación.
Irené Barrantes Jiménez aportó una perspectiva cultural, resaltando la necesidad de que las políticas públicas de igualdad de género se integren con las iniciativas culturales para ser más efectivas. Señaló la importancia de la voluntad política y el apoyo financiero para implementar cambios significativos en la política de género. Barrantes enfatizó la necesidad de pasar de una igualdad normativa a una igualdad sustantiva, que se refleja en la vida cotidiana de las mujeres. Hizo un llamado a las municipalidades a realizar diagnósticos similares al presentado por Zamora, con el objetivo de identificar las necesidades locales y promover la equidad de género en cada comunidad.
Por su parte, Vivian Solís Espinoza abordó la importancia de la voluntad política en la asignación de recursos y la implementación de políticas públicas con perspectiva de género. Subrayó la necesidad de un acompañamiento técnico adecuado y de una rendición de cuentas efectiva en las municipalidades y otras instituciones gubernamentales. Solís hizo énfasis en que las municipalidades, como encargadas de ejecutar estas políticas a nivel local, deben seguir el mandato gubernamental y la normativa internacional suscrita por Costa Rica. Además, llamó a tomar acciones concretas para garantizar una implementación real y efectiva de las políticas públicas.
Este espacio concluyó con un llamado a la acción, destacando que la desigualdad de género es un problema profundamente arraigado y naturalizado en la sociedad costarricense. Para lograr un cambio real, es fundamental que tanto las instituciones como la sociedad civil trabajen en conjunto para implementar políticas públicas que promuevan la igualdad de género. Se resaltó la importancia de la sororidad, el autocuidado y la justicia integral en la lucha por los derechos de las mujeres, subrayando que, aunque el camino es complejo, la colaboración y el compromiso de todos los actores involucrados son esenciales para alcanzar una sociedad más equitativa.
Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas,
Tomada de: http://www.encuentromunicipal.com/
Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas 13-IX-24 Fiesta de San Juan Crisóstomo
Con el paso del tiempo, los costarricenses hemos sido capaces de construir una sociedad cada vez más inclusiva que ofrece mayores oportunidades y mejor calidad de vida a: adultos mayores, niñez, población en condición de discapacidad y mujeres. Es decir, prácticamente la mitad de la población no poseía las mejores condiciones para desarrollarse plenamente.
En la Francia revolucionaria de fines del siglo XVIII surge la proclama de los derechos humanos universales, reivindicando la existencia del ciudadano, ante el poder del monarca. El pueblo pasa a ser el soberano, en vez de un rey o figura similar. Francia y Estados Unidos, luego Haití, avanzan en esa dirección, reconociendo la existencia de derechos inalienables para todas las personas, sustentados en la libertad y en un claro delineamiento de lo que serán las relaciones entre el individuo y el Estado. Un Estado que ya no es absolutista ni unipersonal, sino que será democrático y bajo el principio de delegación. Las personas decidirán cada cierto periodo quiénes serán sus gobernantes, y sobre ellos descansa velar por la consecución del Bien Común y el progreso de los pueblos a la luz de la doctrina democrática.
De manera que los derechos humanos en su conjunto, están asociados a los logros históricos de los pueblos de luchar por mejores condiciones de vida y que implica el reconocimiento del derecho a la vida y a la libertad en primera instancia, posteriormente al derecho a la libertad de pensamiento, a la libre expresión y la promulgación de deberes por parte del estado de proveer derechos como el acceso a la educación, a la salud, a un trabajo digno para la población, especialmente la más necesitada. A la luz de este nuevo contrato social que surge entre semejantes, también se adquiere conciencia para financiar un estado que brinde los servicios más elementales para que la sociedad en su conjunto, funcione y surja el respeto a la ley, a la libertad a poseer bienes propios.
Surge el pago de tributos como tal. En el caso de Costa Rica, inicialmente, tras la independencia, para financiar gastos militares, policiales, mantenimiento de aduanas y la burocracia encargada de ello. Posteriormente, a partir de 1850 en los gobiernos de Mora Porras y Castro Madriz, empieza a aparecer el financiamiento de la educación como uno delo rubores más importantes en los presupuestos del Estado, sea poder ejecutivo o incipientes municipios que surgen en comunidades más organizadas. Se requiere contratar maestros, pagarlos y darles un espacio físico donde impartir sus lecciones a niños y párvulos. Hasta antes de 1885, sólo primaria, una escuálida Universidad de Santo Tomás y el colegio San Luis Gonzaga. Luego, tras la reforma de don Mauro y ponerse en práctica las ideas de don Julian Volio Llorente, con mayor participación activa del estado en lo público, surgen otros liceos como Instituto de Alajuela, Liceo de Costa Rica, Liceo de Heredia, Liceo de Señoritas, y escuelas en los municipios cabeceras de provincia y otros. Hay una gran claridad entre los gobernantes de nuestra época, sobre la importancia de impulsar la educación, facilitar el acceso a ella de la mayor parte de la población y que a partir de ahí se garantice el disfrute de otros derechos para la población. Además una población más alfabetizada, aún en una sociedad agrícola como la nuestra, a fines del siglo XIX e inicios del Siglo XX, con una incipiente industria y actividad comercial, es mucho más productiva. En la década de los veinte, surge la secretaría de Salubridad Pública y algunas leyes en protección de los derechos de los trabajadores. Allí el magisterio nacional jugó un papel muy importante, pues descubrió que la calle es otro espacio de lucha para las propuestas y reformas, y pode avanzar de esa manera, en el desarrollo social del pueblo. Se descubre la fuerza de la unidad y poder arrancar al poder político ciertas conquistas, sea a través de la promulgación de leyes más justas o de la negociación franca y transparente. El pueblo avanza con mayor acceso a servicios de educación y de salud. En esos mismo años veinte -hace cien años- llega el turno por mejores condiciones laborales, consolidar una jornada ordinaria, un salarios mínimo y un régimen de protección social que garantice una mejor atención en la vejez, la maternidad y ante la enfermedad.
La búsqueda de mejores condiciones de vida para la mayoría de la población, nunca ha sido una concesión graciosa de clase dominante alguna, sino que obedece a la legitima aspiración de los pueblos de buscar el Bien Común y emprender todas aquellas acciones que se consideren válidas. Surgen como una lucha contra la tiranía, en lo civil y lo político y luego se van configurando en lo económico, lo social, lo cultural. Mucho de lo cual queda plasmado tras la fundación de la Segunda República, en 1948, hasta la mitad de la década de los ochenta. Durante ese lapso las aspiraciones del pueblo costarricense, se han visto en mucho concretadas a través de la apertura de colegios y escuelas por todo el territorio nacional, la creación de clínicas y hospitales a lo largo y ancho de la geografía nacional. Y en el último cuarto del siglo veinte, la creación de sedes universitarias públicas y privadas que contribuyen a atender la brecha educativa en ese nivel, entre zonas rurales y urbanas, y la aparición de muchos puestos de salud, gracias a la estrategia Hospital sin Paredes. Así como brindar servicios de agua potable, letrinización, electricidad y telecomunicaciones a todo el país. Donde el Estado, para el servicio del sector privado, la producción y de la población, ha sido capaz de desarrollar diversas redes de servicios en rutas terrestres, cabotaje, y otras.
Durante todo ese periodo hemos disfrutado de gobernantes conscientes de esa ruta de crecimiento, desarrollo y bienestar y profundización de la convivencia democrática y la paz social.
Todo ello depende y dependerá de que NO DEJEMOS de invertir en lo social: salud educación, vivienda, alcantarillado, seguridad social. Los logros históricos que poseemos como pueblo costarricense, están fuertemente inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia, en el pensamiento de pontífices como León XIII y Pablo VI. Esta exitosa cosecha no ha caído del cielo. Son fruto del esfuerzo de muchas décadas de apoyar y decidir sobre lo mismo, lo bueno, lo sano, lo justo. No nos debemos de cansar de preocuparnos por los demás, por los más desfavorecidos, los pobres, enfermos, inválidos y adultos mayores. Para eso pagamos impuestos y permitimos que parte de la riqueza que generamos, vayan a la atención de esas necesidades sociales para combatir la desigualdad y permite cerrar brechas de todo tipo.
Es decir, el edificio social construido con tanto esfuerzo, generosamente por varias generaciones, con grandes acuerdos nacionales, donde tejer esos acuerdos significa renuncia de alguien o algunos a algo, ha prevalecido sensatamente el fin último a perseguir; que es vernos todos como hermanos y forjar una patria en la que quepamos todos, que no se parezca mi país a un latifundio de gamonal. Llegar hasta aquí ha costado, y es por mucho, fruto del ahorro nacional. Estas condiciones no son inmóviles ni un regalo de nadie, o sea hay que cuidarlas y mantener los estándares de desarrollo social que hemos alcanzado con el paso del tiempo.
Pero si no hay inversión social, si no seguimos construyendo escuelas, buenas carreteras y atender la salud y la vejez como corresponde, veremos un marcado deterioro social. Que a su vez tendrá un impacto en las condiciones de equidad, seguridad, generación de empleo y búsqueda de oportunidades.
La incapacidad de llegar a acuerdos va a ser que aparezca el conflicto y la discordia. De ninguna manera debemos de permitir que ambos afloren en las relaciones entre las personas; con su insana y nada conveniente presencia, estamos a un paso que sea la violencia, el odio y la intolerancia quienes sustituyan las pacificas armas del diálogo y la paz social. Ello conduciría a una involución ante tanto progreso social que hemos logrado en la construcción de una sociedad más justa y solidaria; y el destructivo fantasma del retroceso estaría a la vuelta de la esquina.
Hoy preocupa imaginar, qué destino le espera a nuestra niñez y juventud, cuando en mi país, cada día 136 mujeres solicitan medidas cautelares ante la violencia intrafamiliar existente. Eso equivale vergonzosamente a más de 60 mil denuncias a año, dicho de otra manera, más de 5 por hora. ¡Qué horror! La degradación a la que nos estamos exponiendo en los últimos años, enciende las alarmas de que algo no lo estamos haciendo bien. Es penosa y descarnada expresión de una sociedad enferma, que pareciera irse quedando sin salidas.
No permitamos de ninguna manera, que nos inunde el sentimiento de derrota. Ese no es nuestro espíritu ni ese ha sido nuestro talante histórico. Eso sí, solo juntos podemos salir de allí y seguir construyendo.
Nuestra institucionalidad debe estar al servicio de la búsqueda del Bien Común, y como fin, debemos perseguirlo siempre y ahora. No claudiquemos, no tenemos ese derecho. Con el discernimiento espiritual que tenemos desde la fe, podremos retomar el camino. Debemos de ser capaces no sólo de ver las cosas, sino además de juzgar y actuar. Actuar con decisión y determinación desde cualquier espacio que ocupemos como ciudadanos.
Ante tan apremiante circunstancia, tal y como aconseja San Pablo, en la primera carta a los Corintios, ser indiferentes, no nos es lícito, no es una opción. Con sagacidad y humildad debemos retomar la ruta de la solidaridad que siempre nos ha hecho distintos.
