Ir al contenido principal

Etiqueta: derechos humanos

Represión en Jujuy, Argentina y llamado a respetar derechos humanos

Cintia Guari de Abra Pampa, fue estudiante abanderada de la escuela de su pueblo, actual estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias fue reprimida y está detenida por defender nuestra tierra.

Es un reclamo docente por sueldos dignos, es un reclamo de todos los gremios por un salario digno, es un reclamo de los pueblos originarios por sus tierras, es una lucha del pueblo jujeño que no va a permitir más atropellos ni amenazas, porque la reforma de una constitución provincial nos afecta a todos.

Por su parte, organismos de derechos humanos, movimientos sociales, la CTA, y congresistas repudiaron la represión en Jujuy. Esto ante las protestas dado el impulso por parte del gobierno local de una constitución que viola derechos. El detalle en el siguiente video:

Enviado por IVONNE YUGRA de Jujuy Argentina.

Declaración de Heredia XVIII Congreso Centroamericano de Sociología

“Alternativas y resistencias frente a la erosión de los derechos humanos y democracias en el Istmo centroamericano”

Las sociólogas y sociólogos participantes en el XVIII Congreso Centroamericano de Sociología ACAS-2023, realizado en Heredia, Costa Rica, entre el 5 y 9 de junio 2023, evidenciamos y analizamos en los diversos ejes y mesas de trabajo, nuestras realidades y las complejas problemáticas que aquejan a nuestra región.

A la comunidad académica y sociedades centroamericanas y latinoamericanas,

EXPRESAMOS:

1. Nuestra profunda preocupación ante el deterioro y precarización de las condiciones de vida de las mayorías poblacionales en los países centroamericanos, cuyas causas históricas son las estructuras que sostienen modelos de desigualdad, discriminación y exclusión de los pueblos indígenas y afrodescendientes, las mujeres, las juventudes, las personas con discapacidad y las personas LGBTIQ+.

2. Estas condiciones se han agravado a raíz de las medidas neoliberales desde hace más de tres décadas, y de la pandemia del COVID 19 que vino a develar esas estructuras y a profundizarlas, abriendo nuevas brechas como la brecha digital y provocando un incremento de la pobreza y de las migraciones en condiciones de riesgo.

3. Nuestra indignación ante el avance de medidas que fortalecen los autoritarismos basados en fundamentalismos religiosos, que derivan en represión, restricción de libertades de expresión, pensamiento, asociación y de locomoción, persecución de activistas, defensoras y defensoras de derechos y del territorio, también de periodistas, intelectuales y operadores de justicia que han debido exiliarse por amenazas a su integridad. Esta situación es especialmente grave en Nicaragua donde, desde el 2018, se han clausurado más de 3mil organizaciones sociales, universidades y aproximadamente trescientas mil personas han salido de su país, y cientos de estudiantes, docentes, investigadores y activistas han enfrentado cárcel, destierro y últimamente la desnacionalización y confiscación de sus bienes.

4. Expresamos nuestra enérgica protesta ante la situación dada en Guatemala, donde fue violentada la autonomía de la única universidad pública, la Universidad de San Carlos de Guatemala, al imponer a una autoridad de manera ilegal e ilegítima. Esto pone en riesgo la garantía del derecho a la educación superior de las y los jóvenes en ese país, y plantea un peligroso precedente para otras universidades en la región.

5. Condenamos la violencia contra las juventudes, la niñez, las mujeres, en todas sus formas, cuya expresión más extrema es el juvenicidio y el feminicidio, pero que incluye el acoso, la violación, los embarazos y maternidades forzadas incluso en niñas y adolescentes. También rechazamos la violencia política que las excluye de los espacios de participación política, económica, laboral, cultural y académica. Señalamos el enorme costo para la autonomía de las mujeres, al ser restringidos sus derechos sexuales y reproductivos.

6. Denunciamos los límites de la democracia formal a través del debilitamiento de los sistemas electorales de nuestros países que no están garantizando la voluntad ciudadana y popular; por el contrario propician el fraude electoral, los modelos autoritarios, la corrupción a todos los niveles como producto de los financiamientos ilícitos, que resultan en gobiernos que sirven a los intereses de los grupos de poder, nacionales y foráneos.

7. Expresamos nuestra preocupación y denuncia ante la falta de interés de los Estados de la región centroamericana para garantizar el desarrollo de la sociología, como una ciencia fundamental para el estudio, comprensión y transformación de nuestras sociedades. La eliminación de las materias de sociología en la formación de profesionales, de carreras y centros de investigación, la invisibilización de la disciplina en los ámbitos de la producción y cultura nacional, y los bajos o nulos presupuestos destinados para la investigación social. Asimismo, nos solidarizamos con las/los académicas/os que están siendo perseguidos y criminalizados por su posicionamiento crítico.

En esta coyuntura regional llamamos a:

1. Fortalecer los espacios académicos y asociativos ante el avance de las medidas autoritarias que están erosionando los derechos humanos, políticos, cívicos, económicos, educativos, culturales, ambientales y que atentan contra la vida digna de las mayorías en la región centroamericana.

2. Renovar el compromiso ético con el análisis y construcción de nuevos paradigmas y propuestas sociales y políticas que transformen nuestra realidad, reivindicando la justicia epistémica económica, política, social y sexual.

3. Consolidar alianzas regionales e internacionales con las universidades, escuelas de sociología, Centros de Investigación Internacional, redes, asociaciones y organizaciones de sociólogas y sociólogos, y de otras disciplinas, organizaciones de sociedad civil, pueblos originarios, movimientos feministas, ecologistas, sindicatos, movimientos estudiantiles y otras expresiones del movimiento popular organizado.

Heredia, 9 de junio 2023

Organizaciones llaman al Estado costarricense a garantizar los derechos de las personas trabajadoras migrantes y refugiadas

Instamos al Estado costarricense a reconocer los obstáculos que enfrentan las personas trabajadoras migrantes y refugiadas para el acceso a sus derechos. Llamamos la atención para que se tomen medidas inmediatas e integrales para su garantía.

San José. – En el marco del mes de las personas trabajadoras, organizaciones de la sociedad civil participamos en un encuentro para discutir sobre los desafíos a los que se enfrentan las personas trabajadoras migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en Costa Rica y cómo ello afecta su integración y el acceso a sus derechos.

Una de las razones que identificamos a partir de este encuentro, y la cual consideramos imposibilita la efectiva creación y administración de políticas públicas que garanticen la integración de las personas trabajadoras migrantes a las comunidades de acogida, es el escaso registro que existe tanto del flujo de personas trabajadoras migrantes como del acceso a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como a condiciones laborables justas.

Denunciamos que la reducción de presupuesto y recursos estatales profundiza la complejidad en los procesos de regularización migratoria. Los requisitos, en algunos casos incumplibles, generan costos y demoras que conducen a un círculo vicioso de irregularidad migratoria, imposibilitando a las personas trabajadoras migrantes al acceso de condiciones laborales equitativas y empujándolas a la informalidad. Asimismo, evidenciamos que las recientes medidas en materia de migración implementadas por el gobierno costarricense profundizan las deudas históricas del Estado con esta población. El Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 limita su capacidad de trabajar y exige que la solicitud de asilo sea realizada dentro de los primeros 30 días del ingreso al país; esto contraviene abiertamente los estándares internacionales de derechos humanos, pues lesiona el derecho a buscar y recibir asilo, el debido proceso, el derecho de defensa y el acceso a las diversas instancias, además de lesionar el derecho a trabajar de las personas solicitantes y  refugiadas así como su libertad de tránsito.

La informalidad laboral provocada por la irregularidad migratoria suscita escenarios que agravan la susceptibilidad a sufrir abuso laboral, discriminación y trata; situaciones complejas de prevenir y denunciar en sectores como el privado. Un ejemplo concreto de ello es el de las trabajadoras domésticas.

Destacamos la necesidad de que el Estado costarricense cumpla con garantizar los derechos de las personas migrantes de conformidad con las obligaciones adquiridas mediante la ratificación de diversos instrumentos internacionales y su propia normativa interna. Consecuentemente, instamos al Estado a implementar instrumentos internacionales como los Convenios 111 y 189; y la ratificación del Convenio 190 (todos de la Organización Internacional del Trabajo- OIT). Mecanismos de protección ante la discriminación en el empleo, que garanticen el acceso a trabajo digno para las personas trabajadoras, así como la prevención de la violencia y el acoso en el contexto laboral.

La irregularidad laboral expone a las personas trabajadoras a situaciones abusivas como lo son recibir un salario 40% inferior, falta de medidas de seguridad en el ambiente laboral, malos tratos, entre otros. En vista de sus necesidades, muchas personas se han resignado a trabajar en condiciones sin garantías. Señalamos además que estas desprotecciones impactan en mayor medida a distintas poblaciones según condiciones particulares de vulnerabilidad como lo son el género, la identidad de género, la orientación sexual, el origen cultural o étnico, entre otros.

Aunado a lo antes mencionado, ponemos sobre la mesa la creciente brecha digital provocada por la implementación de herramientas tecnológicas y digitales para llevar a cabo trámites migratorios, solicitud de asilo y la inscripción a la Caja costarricense del seguro social (CCSS). Estas medidas se han implementado sin considerar la situación de las personas migrantes que carecen de medios para acceder a dichos dispositivos o que viven en zonas rurales con poco acceso a internet. Esto supone la violación de derechos, como: a) recibir información clara, planteada en términos accesibles para la comprensión de sus derechos; b) conocer los requisitos para ingresar o permanecer en el país; y c) ser informadas sobre las medidas que el Estado pudiese tomar sobre su persona.

En consideración de que actualmente se encuentra en desarrollo la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034, solicitamos a las autoridades a implementar medidas que faciliten la integración de las personas y a no obstaculizar su acceso al trabajo justo y digno; así como a  considerar el rol de la responsabilidad social empresarial (RSE) para la creación de medidas inclusivas de toda la población en movilidad en el país, desde una perspectiva interseccional que atienda particularidades de género, identidad, orientación sexual, entre otros.

En virtud de lo anterior, le solicitamos al Estado de Costa Rica que:

  1. Adecúe su marco normativo para derogar el Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 y garantice vías de regularización adecuadas y viables para los diferentes perfiles e interseccionalidades de las personas, reduciendo los costos migratorios, simplificando trámites y cumpliendo con los 90 días de respuesta indicados por la ley.
  2. Mantenga abiertos los canales de comunicación con las organizaciones de y pro personas migrantes, a través de mecanismos de comunicación expeditos con la comunidad en movilidad, con el objeto de que las personas puedan ejercer de manera adecuada su derecho a la información; y facilite mecanismos que acorten la brecha digital que ha significado la implementación de herramientas digitales.
  3. Que en el marco de la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034 se apliquen perspectivas inclusivas, de género y de derechos humanos, de manera que los desafíos a los que sobreviven las personas sean abarcados contemplando su interseccionalidad desde la intersectorialidad institucional, logrando una integración de diversos sectores institucionales con una visión conjunta para resolver problemas sociales.
  4. Avance en capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos y actores privados que tienen directa interacción con la comunidad en movilidad en la entrega de servicios, para garantizar la promoción y protección de los derechos de las personas en movilidad humana en el país.
  5. Que se revitalice el Consejo Nacional de Migración, según lo establece la Ley General de Migración y Extranjería, como espacio técnico-político que recomienda al Poder Ejecutivo las políticas migratorias.  Nos preocupa que en el último año de gobierno, este Consejo se ha convertido en un espacio informativo y no deliberativo.

Organizaciones firmantes:

  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
  • Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS).
  • Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA CASABIERTA).
  • Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
  • Asociación Scalabriniana al Servicio de Migrantes.
  • Asociación Enlaces Nicaragüenses en Costa Rica.

Sindicatos ANEP y SITRAP denuncian violación de derechos humanos en Plantaciones Bananeras del GRUPO ACON certificadas por Rainforest Alliance

Ante el llamado de personas trabajadoras de fincas bananeras en Siquirres Limón, Freeman 01 y 02 de la empresa Limofrut S.A propiedad del denominado GRUPO ACÓN, una delegación de SITRAP y ANEP nos hicimos presentes en los baches de la finca el día miércoles 07 de junio para escuchar a las personas trabajadoras, las personas entrevistadas denuncian las graves violaciones de derechos humanos prácticamente están en estado de esclavitud como sucede en algunas plantaciones bananeras.

Según los trabajadores en estas fincas hay grandes grupos de trabajadores que laboran para esta empresa GRUPO ACON atravez de una empresa contratista denominada Company Ceskey Sociedad Anónima, el cargo de presidente de esa sociedad es ocupado por el señor Cesar Rodolfo Colman Arce.

  • Indican que hay muchas personas nicaragüenses trabajando con documentos de personas costarricenses, que la forma de obtener los documentos de los nacionales, es cuando estos llegan a buscar trabajo, les toman los datos, y para cuando llaga un compañero nicaragüense a buscar trabajo, lo contratan con los papeles del costarricense, pero el trabajador nicaragüense, ni tan siquiera conoce al costarricense del cual tiene su nombre.
  • Que el pago se lo depositan a los nicaragüenses en una cuenta de un trabajador costarricense del mismo contratista que tiene cuenta en el Banco de Costa Rica, al cual le paga una comisión para que le saque el pago del cajero del banco.
  • Que cuando una persona está enferma por un riesgo de trabajo sufrido en la finca o por alguna otra enfermedad, en mismo contratista le presta dinero, del cual le cobra una gran comisión por interés, lo peor es que también le rebaja la cuota del seguro social.
  • Que el contratista les da una tarifa de una labor, por lo que los trabajadores se esfuerzan para alcanzar un salario regular, pero cuando les pagan, les indican que la tarifa es muy inferior.
  • Que señor contratista altera los montos de los rebajos por concepto del servicio que da la fonda, o sea les hace deducciones superiores a que realmente consumen.
  • Estas personas denuncian que muchos trabajadores que han laborado por varios años, les hacen las deducciones de las cuotas obrero patronales y no las trasladan a la Caja Costarricense del Seguro Social.
  • No les pagan aguinaldo, vacaciones, no les reconocen días feriados, horas extra, cesantía etc, etc.
  • Nos informan dos de los trabajadores que denunciaron las violaciones laborales y de las acciones a todas luces ilegales, que, como represalia por la conversación con nosotros, el contrista los despidió y le ordenó al fondero o persona que le vende la comida a las personas que viven el en baches, (casas de solteros) que no les dé más servicio de la comida.
  • Es importante mencionar que este grupo empresarial GRUPO ACON cuenta con más de 33 fincas bananeras y piñeras en el Caribe, Puerto Vejo de Sarapiquí y Zona Norte, según la información que dan los trabajadores, este contratista opera en más de 10 fincas de esta empresa, y al parecer la situación es muy similar.

Por lo anterior solicitamos lo siguiente:

  • Que la empresa GRUPO ACON interceda para que no se desaloje a los trabajadores del bache, y se les mantenga el trabajo de forma directa por la finca a todos los trabajadores de este contratista.
  • Se les reconozca todos los derechos laborales de los años laborados para la empresa a través del contratista.
  • Que la empresa elimine de forma inmediata la contratación por medio de los contratistas.
  • Que el Ministerio de Trabajo inicie una inspección profunda en las fincas donde opera este contrista, además que se tenga al sindicato SITRAP y ANEP como parte en el proceso.
  • A las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos condenar estas acciones ilegales, exigir a la empresa y al gobierno resolver estas injusticias que se está cometiendo contra las personas trabajadoras en estas fincas.

Atentamente

Didier Alexander Leitón Valverde.
Secretario General SITRAP.
Correo electrónico: secretariageneral@sitrap.net
SITRAP integrante de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros y Agroindustriales (COLSIBA)
SIN CONVENCIÓN COLECTIVA…NO HAY DEMOCRACIA CC. M T S S SITRAP: 50 años de lucha en la defensa de los derechos de la clase trabajadora de las plantaciones agrícolas en Costa Rica.
“Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan” Josep Pla.

Mensaje de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas

Comunicado oficial

El proceso llevado a cabo por DINADECO en Cabagra no es culturalmente apropiado y no cumple con los estándares internacionales de Derechos Humanos que protegen a los pueblos indígenas, preocupa los temas de seguridad, paz y convivencia pacífica en este contexto.

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas con fundamento en su Ley de creación N°5251, le compete pronunciarse en protección del pueblo indígena Bribrí de Cabagra. Manifiesta, que el procedimiento seguido por DINADECO violenta los derechos culturales de los pueblos indígenas reconocidos nacional como artículo 1 de la Constitución Política y la Ley Indígena e internacionalmente como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT (supraconstitucional para Costa Rica). Se denota desconocimiento, de carácter riesgoso en derechos, ante las medidas tomadas para apresurar la asamblea de este territorio del 10 de junio 2023, poniendo en peligro sistemas propios culturales del pueblo Bribrí.

La institución considera de gran importancia empoderar al territorio de Cabagra a realizar procesos en mira de la transparencia y anticorrupción. Sin embargo, se debe cumplir con los estándares internacionales donde se procure respetar los principios de autodeterminación y autonomía, procurando con ello que no se ponga en riesgo la participación legítima de las personas indígenas, así como la protección contra personas no indígenas con intereses particulares que puedan amedrentar los espacios propios de las personas indígenas, tal como lo indica las recomendaciones del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en su apartado de Libre determinación, autogobierno y participación política (A/HRC/51/28/Add. 1) y el dictamen de la procuraduría «… por ello es inconcebible que personas no indígenas puedan participar de ellas por ejemplo, en la asambleas generales, en mucho menos, que se les permita acceder a puestos de decisión como la Junta Directiva, o aún representantes por las asociaciones ante otras entidades…» (C-045-2000 del 9 de marzo del 2000)

Es por esto que la CONAI hace un llamado a las instituciones en este caso DINADECO a respetar su resolución del 29 de marzo del 2023, cumpliendo la consulta según los estándares internacionales antes de convocar a asamblea según la resolución DDN-RE- 035-2023 en donde su parte dispositiva resolvió: La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, con fundamento en los hechos expuestos y consciente del perjuicio en la comunidad, estima anular el nombramiento de la Comisión para la Revisión y Conformación del Padrón de Afiliados de la ADII de Cabagra y el Grupo de Mayores citado, así como sus actuaciones, con el fin de replantear el proceso seguido y garantizar que situaciones tan gravosas no se vuelvan a dar. En este cometido, de previo a determinar las acciones a seguir, con miras al objetivo de depurar el padrón de afiliados de la ADII, que permita la celebración de una nueva asamblea que elija su junta directiva, la institución consultará a distintas instancias territoriales e institucionales con la finalidad de que el proceso a seguir sea respetuoso de la autonomía, costumbres y tradiciones intrínsecas del Territorio Indígena de Cabagra. 

Rutas y hechos en torno al Mes del Orgullo – en Saber Vivir este lunes 12

Durante el mes de junio se conmemora el Mes del Orgullo, por eso este lunes 12 de 8 a 9 am en Radio UCR 870 AM, tendremos una importante conversación acerca de los acontecimientos y hechos de la conmemoración de esa significativa fecha para la comunidad LGBTIQ+, así mismo, en torno a las líneas y rutas que ha tomado esta celebración.

Participarán Marco Castillo Rojas y Rodrigo Campos de OIDH-CR y Gloriana Rodríguez, directora de Saber Vivir.

Podrás unirte a la transmisión en vivo en las páginas de Facebook de Radio 870UCR y de la Organización Interseccional pro Derechos Humanos Costa Rica.

Desde América Latina un llamado por la paz mundial

Un llamado a la paz entre Rusia y Ucrania

Mensaje a la cumbre de Viena

Colectivo Un Llamado Por la Paz Mundial

Desde Costa Rica, les saludamos un colectivo de organizaciones de derechos humanos quienes unimos nuestras voces consternadas por la pérdida de vidas humanas ucranianas y rusas, la devastación de la infraestructura y hogares, destrucción del medio ambiente y los efectos que la guerra ha traído al mundo entero, con inseguridad y escasez de alimentos y combustible.

Nos unimos al clamor, que se intensifica cada día más, para que las dos partes en el conflicto acuerden un cese al fuego y el establecimiento de negociaciones sin pre-condiciones.

Para llegar a esta impostergable meta, unámonos a partir de Viena las organizaciones civiles y los cada día más numerosos gobiernos de Europa, Latinoamérica y Asia exigiendo el establecimiento de una comisión de negociación para discutir la ruta para llegar a este fin.  La comisión de negociación tiene una enorme responsabilidad. Una primordial es lograr de inmediato las condiciones para un cese al fuego. En la conferencia de Viena se podría tocar el tema de la integración de dicha comisión.

El tiempo es ya. Nos enfrentamos al terror de una posible guerra nuclear. Hacemos un llamado para la paz, el fin a la pérdida de vida de miles de seres humanos, al respeto de la dignidad y los Derechos Humanos. Denunciamos el uso potencial de armas nucleares, armamentos con uranio empobrecido, armas biológicas y químicas cuyo potencial uso intensifica conforme escala la guerra. Invocamos las voces de la razón, la justicia y el amor por la humanidad y el globo terráqueo, al urgir un acuerdo de paz negociado.

Denunciamos el papel del complejo militar-industrial y de los magnates de los medios corporativos interesados en azuzar y justificar la guerra.  Los hacemos responsables por la pérdida de más vidas inocentes.

Hacemos un llamado a toda persona de buena voluntad, las organizaciones de paz y justicia, los líderes religiosos y gobernantes en todos los niveles para apoyar la búsqueda de dicho acuerdo de paz para detener de inmediato los envíos de armas, municiones y financiamiento.

En Costa Rica, en los días venideros organizaremos un Foro con el Embajador de China quien presentará los 12 puntos de Paz junto con representantes de los gobiernos de Brasil, México y Colombia quienes han manifestado públicamente la urgencia de un cese al fuego. Dicho encuentro en Costa Rica acordará un “Llamado para la Paz” como conjunción de las voluntades y compromisos de los costarricenses, con la salida negociada al conflicto Rusia-Ucrania y que, desde este pequeño país, las voces de la Paz se puedan hacer escuchar en Latinoamérica y el Mundo.

Sir Salvador Moncada, ahora embajador de Honduras en Pekín

Por Marlin Oscar Ávila
Junio 7, 2023

En los países europeos, como otros del hemisferio norte, que dan refugio, residencia y hasta nacionalidad a extranjeros con dificultades políticas en sus países de origen, estos extranjeros refugiados, asilados o no, buscan contactarse y formar sus propios grupos afines y en algunos casos se forman verdaderos guetos.

En Londres no fue la excepción. En esa dinámica, en la primera mitad de los setenta, tuve el honor de conocer al Dr. Salvador Moncada en Londres. Él y su esposa ya trabajaban en un laboratorio químico cuando nos encontramos. De inmediatos nos pusimos a trabajar apoyando a la Comisión para los Derechos Humanos de Centro América.

En varias oportunidades, fue designado el representante de nuestra Comisión ante el público londinense. Él se presentó, indiferentemente, como salvadoreño u hondureño, puesto que conocía al detalle ambas situaciones. El siguiente año lectivo nos separó. El siguió con su profesión e investigaciones y este servidor tuvo que ir a seguir estudios en una universidad al noreste de Inglaterra.

Ocasionalmente nos enteramos de su vida en Inglaterra y en Holanda. La última vez que le vimos fue en Tegucigalpa, cuando en una visita a Honduras lo encontramos en compañía del Dr. Ramón Custodio (QEPD), de quien era muy amigo. Para entonces ya tenía el título de Sir y había logrado reconocimientos internacionales por resultados en sus investigaciones químicas.

Aun cuando el Sir Moncada, ha convivido la mayor parte de su vida en Inglaterra, seguramente debe mantener un buen análisis de la situación que existe en estas tierras de Morazán y Lempira. Por esta razón creemos que como embajador de Honduras en la China continental jugará un buen papel, puesto que las expectativas que tiene el pueblo con respecto a China son bastante altas. Casi una sustitución de las relaciones existentes con los Estados Unidos de Norte América.

Pareciera necesario, no solamente bajar un poco esos niveles de expectativas económicas, pero también orientar mejor esa aureola que los medios le han dado al Sir Moncada. Poca falta para entrar en una actitud cuasi colonialista, de admiración “al tuerto en un país de ciegos”.

Honduras ha tenido, y tiene, profesionales de alta envergadura internacional. Lo que ocurre es que incide en esto el alineamiento o no, del profesional o científico, con quien coordina el partido en el poder.

Si no recibe la “bendición” del expresidente Manuel Zelaya Rosales, éste puede tener dos o tres premios internacionales, dos o tres maestrías y doctorados, o un premio Nobel, sí no ha prometido seguir los designios del Partido Libre, esos títulos de nobleza o de ciencias exactas, no valen. Eso sucede ahora con el doctor Nelson Ávila quien tiene más títulos académicos que ningún otro profesional en economía en Honduras. Pero no logra ni la vice rectoría de la UNAH, aunque es líder de un movimiento dentro del Partido Libre, el no obedecer al coordinador de Libre, lo imposibilita a llegar a obtener un alto cargo.

Por suerte para el pueblo hondureño el Sir Moncada, sí tiene la bendición necesaria de Libre para ser un alto funcionario. Como embajador en Pekín, estaría hasta el 2025 y, dudamos que, al concluir su período, quiera venirse a vivir a Honduras, a quien el Partido Nacional dejó en harapos después de 12 años de explotarle. Ahora, desde hace año y medio, el gobierno de la presidenta Iris Xiomara Castro hace encomiables esfuerzos por encontrar cómo recuperar a este país de su miseria.

Los costarricenses debemos apoyar esos esfuerzos desde el exterior, sin intervenciones directas de nuestro gobierno.

Carlos Manuel Vega propone presentar coadyuvancias ante la Sala Constitucional

El 30 de mayo de 2023 la Sala Constitucional dio curso a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por ANEP. La acción tiene como objetivo declarar inconstitucionales varios artículos de la Ley Marco de Empleo Público N°10.159 (LMEP) por considerar que violan diversos derechos y principios constitucionales y de derechos humanos.

ANEP argumenta que los artículos impugnados lesionan los principios de división de poderes, igualdad, progresividad y no regresividad, seguridad jurídica, libertad sindical, derecho a la negociación colectiva, debido proceso, autonomías constitucionales, principio de retroactividad y derechos adquiridos. Señala que la LMEP otorga al MIDEPLAN funciones y decisiones que afectan el principio de división de poderes y las autonomías constitucionales. Además, se argumenta que la ley viola el principio de irretroactividad de la ley y afecta los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas.

Tambien criticó el «salario global» establecido por la ley, que representa una rebaja encubierta de salarios y una violación del principio de igualdad. Menciona la falta de compensación de la inflación anual y su impacto negativo en otros derechos económicos y sociales. Cuestiona la creación de una doble categoría de funcionarios en las instituciones públicas, con diferentes condiciones laborales y salariales. Además, argumenta que la ley concede al MIDEPLAN poderes para reducir las planillas de instituciones con independencia y autonomía constitucional, lo cual vulnera principios constitucionales y de seguridad jurídica.

ANEP, además, critica el nuevo proceso administrativo de despido establecido por la LMEP, que no cumple con los principios del debido proceso y las garantías reguladas en otras normas. Además, se menciona la limitación de las convenciones colectivas y la creación de una plataforma integrada de empleo público que manejará información sensible de los trabajadores sin definir límites claros.

Puede encontrar la resolución completa en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1157845

Ante esta situación Carlos Manuel Vega sugiere presentar coadyuvancias al proceso iniciado por ANEP para darle más fuerza.