La semana pasada la comunidad de Constanza en República Dominicana había denunciado la extracción de arena en el río Tireo, 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝘀𝗰𝗼 𝗢𝗿𝘁𝗶𝘇 𝘦𝘳𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘦 𝘭𝘰𝘴 𝘩𝘢𝘣𝘪𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘢 𝘥𝘪𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘭𝘶𝘤𝘩𝘢𝘣𝘢𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢 𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘱𝘳á𝘤𝘵𝘪𝘤𝘢 𝘦𝘹𝘵𝘳𝘢𝘤𝘵𝘪𝘷𝘢, 𝘤𝘰𝘮𝘰 𝘢𝘨𝘳𝘪𝘤𝘶𝘭𝘵𝘰𝘳 𝘥𝘦𝘧𝘦𝘯𝘥𝘪ó 𝘦𝘭 𝘳í𝘰 𝘩𝘢𝘴𝘵𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘥𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘷𝘪𝘥𝘢.
El pasado miércoles 10 de abril cerca de las 3:00 a.m. tras escuchar las retroexcavadoras destruyendo el río dentro de su predio, Francisco se levantó y trató de impedirlo atravesando su tractor, después de eso desapareció y el día viernes 12 de abril cuando iniciaron la investigación posterior a la denuncia por presunta desgracia interpuesta por su hermano, fue encontrado sin vida en la carretera Blas Oliva del municipio de Bonao.
Esto pudo evitarse si la vida no fuese vista como mercancía, desde 1986 con “el Decreto No.257 se prohíbe la extracción de áridos en los cauces de ríos”‼
La Red de Solidaridad con Palestina junto a Fundación de Estudios para la Paz (CEPPA), Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), Code Pink/Código Rosado – Costa Rica envían carta al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Arnold André Tinoco; al Embajador en Representación de Costa Rica en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Sr. Christian Guillermet Fernández; Sra. Embajadora en Representación de Costa Rica en la Organización de las Naciones Unidas, Sra. Maritza Chan Valverde.
A continuación, el cuerpo de la carta:
Estimados representantes del Gobierno de Costa Rica, reciban un saludo de la Red de Solidaridad con Palestina.
Queremos expresar nuestra profunda desilusión con el voto de abstención de Costa Rica en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la resolución del 4 de abril recién pasado, prohibiendo el envío de más armas a Israel. Sencillamente, no comprendemos esta decisión.
La mayoría del mundo está en contra del genocidio en Gaza, que es respaldado por el envío de armas mayoritariamente por Estados Unidos y sus aliados. Es incomprensible que Costa Rica, un líder en temas de paz y derechos humanos en el mundo, no se haya alineado con la mayoría de países que se oponen a los crímenes contra la humanidad con respeto a la situación en Gaza.
Nuestro grupo está muy activo en protestas en la calle, enviando información a los medios de comunicación, organizando actividades con representantes de distintas religiones, dando charlas en colegios sobre el conflicto Palestino- Israelí – además publicamos en nuestra redes y en la actualidad promovemos una cinta que dice CESE AL FUEGO, misma que se está replicando en otros países para generar conciencia. Seguiremos en nuestras actividades hasta que esta odiosa guerra termine y los derechos de los palestinos sean reconocidos. Esperemos que Costa Rica se pronuncie a favor de la paz en el Medio Oriente, y una vez más expresamos nuestro profundo dolor que Costa Rica perdió la oportunidad de votar en contra de condenar el envío de armas a Israel.
La red vial nacional de un país es uno de sus activos más importantes, ya que tanto su desarrollo, como un eventual colapso, tiene efectos directos sobre los bienes y servicios públicos disponibles, oportunidades de un bienestar económico y especialmente, sobre la seguridad y la vida de sus habitantes.
Es desde esta perspectiva que la infraestructura es considerada un derecho humano progresivo, con un impacto transversal en el desarrollo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientes, correspondiendo al Estado la obligación, tanto del desarrollo de nueva infraestructura vial, como el adoptar las medidas de inversión en su mantenimiento, conservación y buen estado de la ya existente.
Es en este sentido, que la Defensoría de los Habitantes, haciendo eco del llamado del LANAMME, en el que se viene advirtiendo, no ya de la necesidad del desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura vial, sino del progresivo deterioro de la infraestructura existente, ha procedido a la apertura de una investigación en la que, desde la perspectiva de Derechos Humanos, realizará un análisis del sistema de gestión de Puentes del CONAVI, para lo que ha solicitado el inventario completo y la base de datos actualizada sobre la condición y/o estado de todos los puentes vehiculares y los puentes peatonales de la Red Vial Nacional.
Asimismo es de interés abordar durante la investigación, los criterios de priorización en la formulación presupuestaria para la planificación y programación de conservación, rehabilitación y sustitución de puentes de la Red Vial Nacional, con especial énfasis en los proyectos que serán cubiertos con los recursos del préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que tramita actualmente la Asamblea Legislativa por un monto 700 millones de dólares, entre los que se detallan 135 puentes.
La Defensoría de los Habitantes continuará con otras investigaciones, en las que se abordará el tema sobre la “gobernanza de infraestructuras”, como lo ha dado a llamar la OCDE, abordando otros temas como la infraestructura vial cantonal y la infraestructura educativa.
“Dado que existe una relación directa entre los derechos humanos, la competitividad/producción de un país y el crecimiento de su infraestructura, la Defensoría de los Habitantes como Institución Nacional de Derechos Humanos, no puede permanecer ajena a estos temas, ya que cuando un país desarrolla infraestructura, resiliente, oportuna y de calidad, como lo señala el objetivo 9 de los ODS, conlleva un impacto positivo, directo y transversal en la Agenda del Desarrollo Sostenible, al que igualmente se deben hacer los esfuerzos necesarios para incluir a todas las regiones del país, sin dejar a nadie atrás”, dijo la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
El Día Internacional de los Niños de la Calle se celebra el 12 de abril de cada año como una manera de denunciar la situación de calle a la que se enfrentan millones de niños en todo el mundo y donde se vulneran sus derechos educativos, económicos, sociales y familiares.
Si es lamentables observar la indigencia de personas adultas es aún más lamentable el observar a niños y niñas en condición de calle.
Ante esa dolorosa situación es cuando surgen las preguntas: ¿qué ha pasado con el Patronato Nacional de la Infancia? ¿Se perdió el propósito o dejo de existir la educación gratuita y obligatoria? ¿Qué ha pasado en los hogares de esos niños y niñas?
En la sociedad actual debe prevalecer el derecho a la igualdad para todos los niños y niñas en todo el mundo, sin embargo, la realidad es otra. Cientos de niños tienen que vivir desprotegidos. Son las personas más vulnerables que tienen que transitar diariamente la dura situación de la calle y todos los riesgos que esto implica para su bienestar, físico, psicológico y espiritual.
Se promulgó un código de la niñez y adolescencia y para muchos eso fue suficiente, sin embargo, quienes deben de aplicarlo no lo hacen y la realidad es que una ley o un código o todo el sistema jurídico es insignificante si no hay acciones concretas que demuestren la voluntad de ayudar a la niñez a que abandonen esa condición de calle.
Que importante que haya becas para que los niños y niñas puedan estudiar, puedan acudir a lecciones de arte, de deportes, de música. Becas que abran puertas y oportunidades.
Hoy como sociedad somos corresponsables de lo que les suceda a estos niños y niñas que ahora son a quienes los narcotraficantes utilizan para su desgraciado comercio e incluso para el sicariato.
Dios quiera que las autoridades a cualquier nivel se preocupen y tomen acción para ayudar a niños y niñas a salir de la calle y encuentren el lugar seguro para su desarrollo y si fuese posible que ese lugar sea su propio hogar.
En una carta dirigida a la diputada Rosalía Brown Young el 3 de abril del 2024, firmada por Marco Levy Virgo, se ha propuesto la creación de una Comisión de Asuntos Afrodescendientes, según un documento donde se pronuncia un grupo identificado como “Foro Curling por la paz y la seguridad jurídica de los Afrodescendientes”. Esta propuesta surge en medio de una serie de reclamos y preocupaciones relacionadas con la protección de los derechos de la población afrodescendiente en Costa Rica.
Abordan el tema de la ausencia de una legislación específica que proteja los derechos de la población afrodescendiente en el país, señalando que, a pesar de que el Estado costarricense reconoce la existencia de esta población y su presencia en el Caribe costarricense, no se han tomado medidas concretas para delimitar y proteger sus territorios ancestrales. Afirman que esta falta de reconocimiento y protección legal ha llevado a una serie de conflictos, violencia y desplazamientos forzosos en comunidades afrodescendientes como Cocles, Puerto Viejo y Cahuita.
Para reforzar su argumento, referencian a John Alexander Curling Delisser, quien fue el primer diputado afrocostarricense en ocupar un puesto en el Congreso, haciendo énfasis en en su contribución para otorgar derechos de ciudadanía a los afrodescendientes en Costa Rica, pero subrayando que aún queda mucho por hacer en términos de protección legal y reconocimiento de derechos para esta población.
Por lo tanto, afirman que, la propuesta de creación de una Comisión de Asuntos Afrodescendientes se basa en la necesidad de contar con un órgano específico que promueva el mejoramiento social, económico y cultural de la población afrodescendiente. Algunas de las funciones propuestas para esta comisión son las siguientes:
Servir de instrumento de coordinación entre las distintas instituciones públicas para ejecutar obras y servicios en beneficio de las comunidades afrodescendientes.
Promover la investigación científica sobre el modo de vida de los grupos afrodescendientes para orientar programas de bienestar.
Fomentar la divulgación de los asuntos afrodescendientes y estimular el respeto por su cultura, incluyendo el uso y estudio de las lenguas afrodescendientes.
Velar por el respeto a los derechos de las minorías afrodescendientes, especialmente en cuanto a la propiedad de la tierra y el acceso a crédito y asistencia técnica.
Promover la capacitación y adiestramiento de profesionales y líderes comunitarios en las zonas habitadas por afrodescendientes.
Establecer centros de salud con personal capacitado para atender las necesidades de las comunidades afrodescendientes.
Con esto, se busca abordar las desigualdades estructurales que han llevado a la población afrodescendiente a ser históricamente excluida y marginada en Costa Rica, y de ahí surge la importancia de crear condiciones de igualdad real y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos para esta población.
Además, mencionan la falta de consultas previas y participación efectiva de la población afrodescendiente en procesos de diseño y ejecución de proyectos que afectan sus territorios ancestrales. Se hace un llamado a garantizar el derecho de consulta y consentimiento previo de esta población, tal como se establece en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Se invita a consultar el documento completo para obtener más detalles sobre los argumentos y propuestas presentadas. Para acceder al documento completo, se puede descargar el PDF original aquí:
#DerechoAlClima: un podcast sobre la relación entre la emergencia climática y los derechos humanos
CEJIL
Es evidente que el cambio climático tiene consecuencias enormes para el planeta. Muchos sectores se están preguntando qué se puede hacer para enfrentar esta crisis y conseguir soluciones urgentes para mitigar estos acontecimientos. Los Estados también se cuestionan hasta dónde llegan sus obligaciones en la protección y garantía de los derechos humanos ante los impactos de la emergencia climática en sus comunidades.
Ante los desafíos que representa la emergencia climática, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL quisimos crear un espacio en donde la ciencia y el derecho tengan un lugar de conversación, poniendo de relieve los temas de la Opinión Consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos presentada por Chile y Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Así nació Derecho al Clima, un podcast dónde personas expertas y defensoras de Derechos Humanos nos cuentan cómo desde las normas internacionales y la cooperación es posible contribuir a soluciones oportunas, igualitarias, sostenibles y justas ante los nuevos escenarios que nos impone el calentamiento global.
No te pierdas esta serie.
Síguenos en las redes con el hashtag #DerechoAlClima y encuentra más información sobre nuestro trabajo en https://cejil.org/clima/
En el marco del proyecto «Derechos humanos colectivos: encuentros de los pueblos Bribri, Cabécar y Brörán desde sus identidades y prácticas culturales en el trabajo y cuido de la tierra y los bienes comunes» la Coordinadora de Lucha Sur Sur ha realizado diferentes actividades, algunas de ellas a finales del año 2023. El tercer encuentro tuvo lugar en Salitre, específicamente en el proyecto agroturístico Yé Yamipa –que significa “mi familia” en bribri– el lugar integra cultivos tradicionales, arquitectura, cocina tradicional bribri, resguardo de semillas criollas y arte, así como paisajes naturales.
En este encuentro compartieron con integrantes del Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wákpa y Autogobierno del Territorio Bribri de Salitre diferentes reflexiones sobre la situación actual de los pueblos originarios de la zona sur en materia de derechos humanos de cara a los procesos de judicialización de varias personas con motivo de ejercer el derecho colectivo a la tierra. Asimismo, en este encuentro se contó con la presencia de representantes de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), quienes se refirieron al trabajo que están realizando en la actualidad. La actividad concluyó con una gira por las recuperaciones Kapliña, Klo u ki, Shule krats y Kuchuk ut ki, donde las personas involucradas en la recuperación compartieron sus experiencias respecto al trabajo colectivo de la tierra, así como el manejo de los bienes comunes.
De acuerdo con la Coordinadora de Lucha Sur Sur dichas actividades se realizaron con apoyo de los fondos de la «Convocatoria IberCultura Viva de Apoyo a Redes y Proyectos de Trabajo Colaborativo 2023» y las propias organizaciones de pueblos originarios que se articulan en la Coordinadora de Lucha Sur Sur: el Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa, el Consejo Iríria Sätkök, Recuperadoras/es Börán de San Andrés, Comunidad Crun Shurín y Recuperadoras/es Cabécares de China Kichá; con apoyo del Centro de Comunicación Educativa Voces Nuestras.
Este 30 de marzo, Día de la Tierra Palestina, se invitó a firmar la Carta Abierta dirigida al Consejo Nacional de Rectores para que las universidades públicas de Costa Rica rompan relaciones, financiamiento y convenios con el estado genocida de Israel.
Desde la Universidad Bíblica Latinoamericana observamos con angustia y preocupación el recrudecimiento de violencia en territorios palestinos. Como Raquel en Ramá, nos “lamentamos y tenemos un llanto amargo” por la muerte de palestinos, como también de civiles israelíes. Tras décadas de despojo y sometimiento, Gaza y Cisjordania se encuentran hoy bajo una cruenta ocupación que crece día tras día, y de forma acelerada se incrementa el número de víctimas inocentes en dichos territorios considerados Tierra Santa para las tres religiones monoteístas: judía, cristiana y musulmana.
Como institución de educación teológica, nos preocupa el uso de argumentos y lenguajes religiosos para justificar la violencia; discursos que hacen un uso inadecuado de escritos y símbolos, particularmente la Biblia, con relación a Dios, madre y padre, dador de la vida y defensor de los y las débiles.
Violencia no solo de balas y las bombas que ponen en evidencia el desprecio por la vida humana dejando miles de personas muertas y heridas; sino también la insana destrucción de la infraestructura habitacional y de hospitales, el bloqueo de ayuda alimentaria y médica. Todo eso ha ocasionado condiciones de hacinamiento que están contribuyendo a la propagación de la desnutrición y enfermedades que afectan a toda la población.
Ante este Vía Crucis que atravesamos como humanidad, el guardar silencio implica la complicidad contra quienes son los y las personas crucificadas de la historia. Como Universidad Bíblica Latinoamericana nos resistimos a justificar la violencia y la muerte y levantamos nuestra voz y afirmamos lo siguiente:
Denunciamos:
Los procesos de colonización y despojo surgidos desde inicios del siglo XX, promovidos por potencias imperiales, y que han traído la conmoción y la violencia a los territorios de Palestina e Israel, con incontables vidas perdidas.
La irracional violencia militar ejercida contra la población civil palestina está sujeta a los asesinatos extrajudiciales, la ejecución de civiles, el bombardeo de zonas habitacionales y la infraestructura de salud, así como el impedimento al acceso de recursos médicos y alimenticios.
La violencia ejercida con la complicidad de los países más poderosos, pone en evidencia una necropolítica, como llama Achille Mbembe, a los estados que ejercen la “licencia para matar” bajo un discurso de orden y de seguridad.
El irrespeto a los mínimos acuerdos internacionales de defensa de los derechos humanos, negados sistemáticamente para el pueblo palestino por las instituciones y poderes globales.
La instrumentalización de la religión, de la fe, de los símbolos y objetos sagrados, para legitimar el exterminio y la violencia contra los pueblos.
Afirmamos:
La voluntad del Dios de la vida, que nos invoca a la construcción de sociedades pacíficas, inclusivas, y que defiendan a todas las personas que las conforman, especialmente a quienes son objeto de violencia, sometimiento y opresión.
La urgencia de un alto al fuego y a las hostilidades en Gaza y Cisjordania, así como la provisión de los recursos básicos – alimentación, salud, infraestructura habitacional – para las poblaciones desplazadas que hoy se encuentran al borde de la muerte.
El derecho a la paz, al bienestar, a la dignidad, y al territorio, para todos los pueblos, sin importar su procedencia étnica, su cultura o su religión.
La constitución de una solución que garantice el derecho a la reivindicación, a la vida y a la justicia del pueblo palestino, en su tierra ancestral.
Protestas de la comunidad de Campo Maripe contra la empresa estadounidense Chevron. Foto de la Confederación Mapuche de Neuquén en Argentina
Por Pablo Ruiz*
Un artículo firmado por Matías Bakit, publicado en el diario chileno El Mercurio, en febrero pasado, titulado “En la Era Boric-Milei: Por presión argentina, la relación bilateral da un giro hacia la seguridad”, debe llamar nuestra atención desde el punto de la defensa de los derechos humanos.
El artículo en cuestión señala la preocupación expresada por la Ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, sobre el aumento del tráfico de drogas desde Chile hacia su país y la necesidad de fortalecer las fronteras. Hasta ahí todo bien; sin embargo, agregó una segunda preocupación.
«Espero que podamos trabajar coordinadamente ambos países y me preocupa sobremanera la situación de La Araucanía en Chile, porque también se derrama sobre la República Argentina”, señaló Bullrich.
Es conocido ya que el gobierno de Milei prometió “mano dura” o represión contra los cortes de calle, los que son muy propios de las manifestaciones sociales en Argentina y Chile.
¿Bullrich quiere conocer la experiencia chilena? ¿Aplicará también “mano dura” contra la lucha de los mapuche en Argentina?, está por verse.
En Chile y en Argentina, el “problema mapuche”, debería ser resuelto “políticamente” y se debería terminar con la lógica de la represión a las legítimas protestas de nuestros pueblos originarios. Se debe recordar que el pueblo mapuche existía mucho antes de la invasión española como de la fundación de nuestros Estados-naciones. Seguir desconociendo sus derechos, seguir con la represión, continuará siendo el sustento que alimenta la legítima resistencia de un pueblo que ha sido oprimido y despojado.
En Chile, desde el año 2021, bajo el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, hasta la fecha, una y otra vez, se ha prorrogado el estado de excepción constitucional de emergencia, en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío. La autorización ha permitido el uso de militares en tareas de seguridad interior, de vigilancia y represivas, en la zona mapuche, sin lograr resolver el problema de fondo.
Volvamos al artículo de El Mercurio. Llama la atención también, el contenido del subtítulo “Medio Ambiente Transnacional”. En esta parte, señalan que el problema de la “seguridad” no es el único problema que preocupa “a los vecinos”; agregando que los empresarios argentinos, en especial del área energética, miran “con ojos intranquilos la creciente influencia de los movimientos medioambientales en Chile, que incluso consiguieron puestos en la Convención Constitucional”.
“La razón de esta inquietud -dice el artículo de El Mercurio- es que se trata de organizaciones que, por tradición, no trabajan de forma aislada en solo un país, sino que suelen cruzar las fronteras para enseñar sus modelos de acción en otros lugares”.
El artículo sindica a organizaciones como la Fundación Heinrich Boll, Fundación Terram, y Greenpeace de estar “expandiendo su influencia entre sus colegas de Argentina”; que “los casos más emblemáticos donde se notaría esta influencia serían (contra) el Proyecto Petrolífero y de Gas Natural Vaca Muerta” y que “en todos estos se ha visto un aumento de las manifestaciones y protestas de medioambientalistas”.
Si bien es cierto que el movimiento ambiental argentino ha estado movilizado y denunciando el impacto ambiental del Proyecto Petrolífero de Vaca Muerta, donde están comprometidos capitales noruegos, entre otros, el artículo no explica las razones legítimas de las protestas.
“El proyecto tendrá impactos negativos directos sobre los ecosistemas de varias reservas naturales como: el Parque Nacional Islote Lobos, el Área Natural Protegida y Patrimonio Natural de la Humanidad Península Valdés, la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio”, señaló el Foro para la Conservación del Mar Patagónico.
Tampoco señala el artículo que en Vaca Muerta también existe un conflicto territorial con las comunidades que están agrupadas en la Confederación Mapuche de Neuquén las que han realizado diversas protestas demandando los derechos que les otorga el Convenio 169 de la OIT. Entre estas, la comunidad de Campo Maripe ha realizado protestas contra la empresa estadounidense Chevron.
Por ejemplo, el reportaje “El petróleo no podrá correr a los mapuches de Vaca Muerta”, del periodista Ramiro Barreiro, da cuenta del impacto negativo que han tenido los proyectos extractivistas en las comunidades mapuche los que han producido desplazamiento y contaminación de los ríos.
“El fracking o fractura hidráulica que se opera en Vaca Muerta consume millones de litros de agua del río Neuquén para fracturar la roca y extraer el gas y petróleo y, cuando esa agua regresa a la tierra lo hace con metales pesados (mercurio, cromo, plomo, cadmio, arsénico, entre otros)”, denuncia dicho reportaje.
Por otro lado, en Neuquén, en la misma zona, el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos dispone ya de una base militar supuestamente para “ayuda humanitaria”.
Lucas Arias, opositor a la presencia militar estadounidense, dijo, en Radio Gráfica, que la base norteamericana en Neuquén queda a diez kilómetros del aeropuerto “sobre la nueva ruta del petróleo, que lleva al corazón de Vaca Muerta, y justo en confluencia de dos caudalosos ríos que son el Limay y el Neuquén, sobre los que hay seis represas hidroeléctricas. No solo hay gas y petróleo, sino que también hay agua y minerales”.
Recursos, como sabemos, que le interesan a los Estados Unidos como lo expresó la misma Jefa del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, Laura Richardson, en sus constantes visitas a Chile y Argentina. Visitas que también estimulan la venta de armas estadounidenses a nuestros países para que siga la carrera armamentista y la desconfianza entre nuestras naciones.
El artículo de El Mercurio también señala que en abril se realizará una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de ambos países y que se prevé, para este año, un nuevo encuentro de los Presidentes Milei y Boric.
En América Latina, está siendo común que a la par de los proyectos extractivistas se evidencie una mayor militarización de los espacios y criminalización de la protesta social.
Los ambientalistas, los mapuche, en Chile y en Argentina, las comunidades, no debieran ser “objeto” de preocupación policial de las autoridades por sus protestas. Más bien, los gobiernos deberían escuchar y atender los legítimos reclamos de las comunidades y sus organizaciones ya que la devastación, contaminación, y saqueo que realizan las empresas extractivistas de nuestros recursos naturales, de nuestros bienes comunes, representan en sí un verdadero problema de “seguridad” que tiene y tendrá graves consecuencias para nuestras naciones si no es atendido con urgencia y responsabilidad. Si se continúa privilegiando el “negocio” por sobre la vida, estaremos perdidos.
Es urgente también que Chile y Argentina tengan una política de seguridad y de defensa independiente de los Estados Unidos, de las grandes corporaciones, y de sus intereses. Una política que cuide y proteja de verdad nuestra soberanía territorial y, principalmente, nuestros bienes comunes. Que tenga enfoque en los derechos humanos, con atención en el cuidado de nuestra naturaleza, del medio ambiente, y de la seguridad humana.
* Pablo Ruiz, es periodista y parte del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile
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