El Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica – IRCA CASABIERTA – con sede en San José-Costa Rica, manifiesta la misma preocupación del fenómeno migratorio que ha ido en aumento, pero también sostienen que Costa Rica ha sido históricamente un pueblo noble, respetuoso de los derechos humanos y sobre todo, humanista, que ha brindado techo, alimento, educación, trabajo y salud para aquellas personas que atraviesan por desafortunados acontecimientos provocados por dictaduras, violencia, corrupción y pobreza.
IRCA CASABIERTA, agrega, que Costa Rica podría hacer frente de este fenómeno migratorio con mayor planificación para la integración socioeconómica de las poblaciones migrantes, y ver esta situación como una oportunidad para integrar los conocimientos, la riqueza cultural, social y económica que traen las personas migrantes para fortalecer al país.
IRCA CASABIERTA insta al gobierno costarricense acogerse al espíritu constitucionalista de igualdad en derechos hacia las personas extranjeras, así como a los acuerdos internacionales ratificados bajo el espíritu democrático, humanista y multicultural que defiende bajo un marco de paz y respeto.
Parecía que la había: una derecha democrática. “Pero era porque tenían el control, el poder de veto”. “Cuando vieron que la democracia podría permitir a otros tomar el control, entonces estuvieron contra la democracia”, dijo Fernando Atria.
Estoy otra vez sentado con Atria, abogado constitucionalista, exconstituyente, en su casa, en Santiago, en una conversación que se prolonga ya por seis años. El mismo hilo conductor de siempre.
La forma política chilena caducó el 18 de octubre del 2019, cuando estallaron las enormes protestas por un aumento del transporte público, que luego se transformaron en un verdadero estallido social, me dijo en mayo del 21, cuando integraba la Asamblea Constituyente.
Tres años antes, cuando aspiró, sin éxito, a una curul en la Cámara de Diputados –y Sebastián Piñera lograba su segundo mandato presidencial– me habló de un cambio de época en la política chilena, desde las protestas del 2011. Percibía el país sometido a una forma de gobierno incapaz de producir las transformaciones significativas que le hacían falta.
Una crisis sin solución
–Hace seis años, en 2017, me dijo Ud. que había un “cambio de época” en la política chilena. Pero que las demandas de impugnación del modelo neoliberal no podían ser satisfechas sin una nueva constitución. Se avanzó en esa dirección, pero creo que poca gente se imaginó que llegaríamos al punto actual, con el proceso constituyente en manos del pinochetismo. ¿Qué sigue?, le pregunté, en vísperas de las conmemoraciones de los 50 años del golpe contra la Unidad Popular, cuando la elaboración de una nueva propuesta de constitución entraba en su fase final.
“Sigo creyendo que Chile necesita una transformación y que la constitución lo impide”, dijo Atria. “Esta situación, lo que produjo fue una progresiva deslegitimación, hasta que estalló el proceso. Solo entonces se abrió la posibilidad de una transformación de verdad. Esa posibilidad fracasó y no se va a realizar ahora. Una de las razones es porque llegó demasiado tarde. La crisis va a quedar sin solución”.
En un Consejo Constitucional de 50 miembros, la derecha tiene una amplia mayoría. Solo los republicanos, de José Antonio Kast, tienen 22 representantes, a los que se suman los seis de la UDI y cinco de Renovación Nacional-Evopoli. A partir del 16 de septiembre han venido votando (y aprobando) prácticamente todas las reformas que el grupo ha hecho al texto más consensuado que un Comité de Expertos había preparado.
“Quienes controlan la mayoría en ese proceso están convirtiendo su proyecto de Constitución en una fuente de odio sectario y mezquindad”, dijo el 21 de septiembre pasado elrector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. “Lo que se ve en el Consejo es un pantano en el que se revuelcan personajes mediocres”.
Al final, el 17 de diciembre, los chilenos deberán acudir de nuevo a las urnas para aprobar o rechazar el texto que les presenten, cuya radicalidad ha empezado a crear incomodidad en sectores de la misma derecha.
A 50 años del golpe
–Visto a 50 años de distancia del golpe, pareciera que Chile necesita retomar el rumbo de reformas interrumpido por la dictadura. La hija de Allende, la senadora Isabel Allende, reivindicó la obra de su padre y el programa de la Unidad Popular en su discurso del 11 de septiembre. La derecha respondió a ese programa con un golpe, que lo ha puesto entre paréntesis durante estos 50 años. ¿No le parece que hace falta retomar ese hilo político?, le pregunté a Atria al iniciar nuestra conversa.
“Sí, desde luego. Hay que retomar el hilo. Continuar la construcción de ese Estado social es lo que Chile necesita”, me dijo. Pero no es el 12 de septiembre del 73, agregó. El programa de Allende, la experiencia de la UP, hay que verlos en el contexto del desarrollo chileno en el siglo XX. En la década de los 60, en el gobierno de Frei (64-70), hubo un intento por redefinir el rol de la propiedad, la presencia del Estado de la economía. Eso tiene que ver con la propiedad como una forma de redistribuir el poder y fue explícito en el caso de la reforma agraria”.
La senadora Isabel Allende, hija de Salvador Alende, recordó ese proceso histórico al hablar en La Moneda, el 11 de septiembre.
“Mi padre transitó todo Chile, recorrió en más de la mitad de su vida el país, desde la cordillera y los valles al mar, desde el desierto hasta los hielos patagónicos. Representó en el Congreso al norte, centro y sur como diputado y senador; y en sus cuatro campañas presidenciales escuchó las voces de miles de personas e instó a la construcción de movimientos sociales amplios, diversos, plurales”.
“En esos años, el 60% de las familias percibía el 17% de los ingresos del país, mientras que 2% de las familias controlaba el 46% del ingreso nacional. La mortalidad infantil superaba los 200 fallecidos antes de un año por cada mil nacidos vivos, la pobreza era brutal y, por supuesto, multidimensional”.
El gobierno de la Unidad Popular recogió su pensamiento, recordó. “Más allá de sus dificultades y errores, redistribuyó la renta, aumentó significativamente el sueldo mínimo, las pensiones, democratizó el crédito, nacionalizó las principales riquezas naturales del país, profundizó la reforma agraria, combatió la desnutrición, abrió espacios de participación para la toma de decisiones, duplicó el descanso postnatal, estableció igual salario para hombres y mujeres que trabajaran en el Estado, incrementó las becas y programas especiales para trabajadores y para mujeres en las universidades, promovió la cultura, la lectura, desarrolló la medicina social, le dio un par de zapatos a todos los niños que no los tuvieran, entre muchos otros logros”.
Lo que sucedió en Chile en aquellos años, dijo Isabel Alende, “pasó a ser parte de la historia de vida de millones de ciudadanos que se sintieron interpelados y se movilizaron de muchas formas, inspirados por Allende”.
Hoy esa derecha busca tergiversar los hechos para culpar a la UP y al Presidente Allende del golpe de Estado. Pero los verdaderos responsables –agregó– “fueron quienes quebraron la institucionalidad, bombardearon este palacio, persiguieron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de chilenos. Y, sin duda, quienes los ampararon políticamente y guardaron silencio cómplice ante las atrocidades que el país vivía”.
Democracia y derechos humanos
La historia nos muestra que estos 50 años de la historia de Chile han sido 50 años de lucha por retomar un hilo que el golpe de Estado cortó. Una lucha que no se interrumpió nunca, ni siquiera cuando las condiciones eran las más dramáticas y todo parecía imposible.
Lo había dicho Allende: “No se detienen los procesos sociales ni con la represión, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos”. A ese camino me parece que hacían referencia Atria e Isabel Allende.
Boric prefirió hablar de democracia y derechos humanos. No es que a Atria y a la senadora Allende el tema no les importara. Pero el abordaje es distinto.
Le pregunté a Atria si la reivindicación del presidente de promover los derechos humanos “sin anteponer ideología alguna” no lo termina alineando con una política conservadora que ha sido el fundamento de la violación de esos derechos, en Chile y en América Latina. Aliado, además, a lo más conservador en la región. ¿Es ese el camino para la defensa de los derechos humanos?, pregunté.
Se toma un tiempo …piensa… y me dice: Sí y no… “No creo que una política internacional pueda definirse por el tema de la incondicionalidad de los derechos humanos. Pero, con independencia de al lado de quien termine Boric, hay un valor en la idea de la incondicionalidad de los derechos humanos”.
Se toma un tiempo nuevamente… “Latinoamérica necesita tener una izquierda cuyo compromiso democrático sea fundacional. Que permita compensar el daño que a la izquierda latinoamericana ha causado la situación de Venezuela y Nicaragua”.
Y agrega: “Pero en política no es indiferente el lado donde uno termina.
En su política orientada a constituir una izquierda latinoamericana, el gobierno no ha tenido el empuje que yo esperaba”.
Hay que leer los discursos de Boric: el del 11 de septiembre, el de Naciones Unidas, y el de la OEA, al inaugurar la puerta Salvador Allende. “La democracia es el único camino para avanzar hacia una sociedad más justa y humana y es, por lo tanto, un fin en sí mismo”, dice Boric. Se trata de “una construcción continua, es una historia de nunca acabar”.
Es difícil encontrar asidero en la historia para afirmaciones como esas. La misma indefinición del concepto de “democracia” permite sus más variados usos. En una reciente reunión de la derecha más rancia, latinoamericana y española, celebrada en Argentina, se decía que la “democracia” es el único sistema “capaz de garantizar la libertad, el progreso, la justicia y la sustentabilidad”.
Casi al mismo tiempo se reunían en Roma, el pasado 20 de septiembre, más de 140 académicos de 15 países en un seminario chino-europeo sobre derechos humanos con el título de “Modernización y Diversidad de los Derechos Humanos entre civilizaciones”.
Boric habla “a las nuevas generaciones, a las que crecieron o nacieron en democracia y que, por lo tanto, la dan por hecho”. ¿Qué les dice? Dice que los problemas de la democracia siempre deben resolverse con más democracia y nunca con menos. Que “los derechos humanos son una base ética e irrenunciable elección política”, que no tienen color político, que deben ser promovidos y defendidos en todo tiempo y en todo lugar, que su condena debe ser clara, “sin importar cuál sea el color del gobierno que los vulnere”. Asegura que no pretende “entregar recetas ni dar lecciones nadie”.
Naturalmente, nada de eso es posible. ¿Qué va a hacer si Estados Unidos no hace ningún caso a sus exigencias de que ponga fin a las ilegales sanciones a países como Venezuela y Cuba (a la que tiene sometida a drásticas medidas hace más de 60 años, condenadas prácticamente por la unanimidad de la Asamblea General de Naciones Unidas)? ¿Puede hacer algo? ¿Irá por el mundo repitiendo su condena? Apunta particularmente al gobierno de Nicaragua. Antes lo había hecho con el de Venezuela. ¿Tratará por igual las violaciones a los derechos humanos de los Estados Unidos (que ni siquiera es miembro de los organismos interamericanos de derechos humanos, como la Convención o la Corte) y las que denuncia en otros países?
Nada de eso tiene sentido. No es posible tratar el tema de los derechos humanos (si se pretende avanzar en algún sentido) sin considerar circunstancias políticas, el escenario histórico. O sea, transformar los principios en políticas activas e inteligentes para avanzar en la solución de los problemas. Esa capacidad de aplicar los conceptos generales a las situaciones concretas es una cualidad escasa, indispensable para cualquier político.
Al final, Boric termina entregando recetas y dando lecciones. Termina alineado con lo más conservador de Latinoamérica, sin poder resolver un desafío al que se enfrenta cualquiera que pretenda hacer política: transformar los principios generales (en los que están de acuerdo un vasto espectro, de derecha y de izquierda), en aplicación práctica de esos conceptos. Ha renunciado a esa tarea. Le basta con un concepto general, una idea que nos hace recordar la introducción de Atria: Parecía que había una derecha democrática. Pero era porque tenían el control, el poder de veto.
Rechazo de la derecha
Consecuente con esa visión, Boric persigue un alineamiento político que se ha revelado imposible en Chile. A sus intentos unitarios, la derecha replicó leyendo nuevamente en el congreso la polémica resolución del 22 de agosto de 1973, en la que sentaron las bases para el golpe de septiembre, desatando una respuesta airada de los parlamentarios que representan, de algún modo, lo que puede considerarse como fuerzas cercanas al proyecto de Allende. En su texto, la derecha responsabiliza a Allende de la ruptura institucional, como justificativa para el golpe.
Hace tan solo un mes, en agosto pasado, el general Ricardo Martínez, excomandante del ejército, publicó un texto modesto y polémico, de 140 páginas, titulado “Un ejército de todos”, de notable importancia política. Ahí redefine el papel del ejército en escenarios políticos turbulentos, entre ellos el del período de la Unidad Popular. En los últimos 50 años, afirmó, “una sucesión de hechos relevantes involucró al Ejército”. Pero ninguno tuvo más importancia para la vida de la nación y para sus ciudadanos que “el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, en el que asumió el comandante en Jefe del Ejército como presidente de la junta de gobierno”.
El general Martínez reivindica el papel de dos de sus antecesores en el mando del Ejército, los dos asesinados por conspiraciones civiles y militares de la derecha: el general René Schneider (en cuyo asesinato –asegura– participaron civiles y militares en servicio activo, con el apoyo de la CIA), y el del general Carlos Prats, antecesor de Pinochet en el mando del Ejército. Asesinato de Prats y su esposa, en septiembre de 1974, en Buenos Aires, donde había buscado refugio después del golpe. Un crimen “cobarde, cruel y repudiable”, dice el general Martínez, “una vergüenza institucional”.
No es posible extenderme aquí en las reflexiones de un libro lleno de lecciones, que me parce mucho más útil para aplicar una política de derechos humanos al caso de Chile que la reiterada reivindicación de una idea, sin asidero en el análisis de lo concreto. Pienso, por ejemplo, que, si Boric hubiese invitado al general Martínez a acompañarlo en La Moneda, en el acto del cincuentenario del golpe, habría enviado un mensaje de unidad mucho más lúcido y potente a los ciudadanos que su discurso reiterado de consignas.
“Se ha intentado invertir las responsabilidades sobre la tragedia que vivimos todos durante los largos 17 años más oscuros de nuestra historia”, denunció en su discurso la senadora Allende. “Los verdaderos responsables fueron quienes quebraron la institucionalidad, bombardearon este palacio, persiguieron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de chilenos”, afirmó.
Ese escenario político dejó claro que la consigna del “nunca más” –repetida hasta el cansancio– no es más que un deseo, pero que no le da a los chilenos orientación alguna para conseguirlo. Para lograrlo solo hay dos caminos: o se renuncia a todo cambio significativo en el país, para que esa derecha no se sienta amenazada; o se crea la fuerza política necesaria para promover esos cambios, sin que otro golpe pueda evitarlo. Pero la consigna, vacía de contenido político, contribuye poco –o nada– al logro de lo que aspira. Lo mismo que una concepción vaga de la democracia no deja orientación alguna para una población ávida por conquistarla.
Quizás todo esto tenga mucho que ver con las dificultades para celebrar los 50 años del golpe de Estado, sin que ningún objetivo político –sustituidos por los buenos deseos del presidente– haya convocado a la población a retomar el sendereo perdido.
Una puerta errada
La celebración del cincuentenario coincidió con la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, hacia donde el presidente chileno viajó una semana después.
Ahí reiteró su discurso:
los problemas de la democracia se resuelven con más democracia; los derechos humanos no tienen color político… Criticó las sanciones que Washington impone a Cuba y Venezuela. No habló de las aplicadas contra Nicaragua.
Pero el acto final del cincuentenario estaba aún pendiente. Se celebró en la sede de la OEA, en Washington.
Boric destacó, en su página de “X”, que la OEA había nombrado su puerta principal en homenaje al expresidente Salvador Allende, junto a 32 países que se adhirieron a esta decisión”. Y posó, dándole la mano, al secretario general de la OEA, bajo un hermoso tapiz con la imagen del presidente Allende.
50 años después, la idea de transformar la imagen de Allende en una puerta en la OEA me parece infeliz… Es inevitable comparar con otra puerta –tan recordada en estos días–, la de Morandé 80, por donde fue sacado el cuerpo del presidente Salvador Allende.
La imagen de esa puerta (que Pinochet mandó clausurar), llenó de recuerdos –y de lecciones– a los chilenos.
¿Qué lección nos deja la puerta Salvador Allende de la OEA, inaugurada por un secretario general comprometido con el golpe de Estado en Bolivia, en una institución cuyo desprestigio no puede ser mayor en América Latina?
La OEA no merece esa puerta, ni Allende ese escarnio.
No es la primera vez que ocurren accidentes laborales en las bananeras, tampoco son casos aislados en las plantaciones de Chiquita Brands en Costa Rica.
Gerardo Iglesias – Gerardo Castillo
Imagen: Mamita Yuani (Blog Carlos B. Gil)
En las fincas propiedad de esta transnacional −que el consorcio brasileño de jugos Cutrale-Safra adquirió en 2014− todo parece indicar que es política de la compañía exprimir al máximo a sus trabajadores (mujeres y hombres), aun cuando se encuentren convalecientes de enfermedades.
El miércoles 20 Javier Espinoza, recientemente operado de la rodilla, fue obligado a efectuar labores de embolsado de banano.
Como era de suponer, Espinoza cayó de la escalera y Chiquita lo mantuvo tirado en el piso frío de la administración hasta que, por acción de dirigentes sindicales, fue trasladado en ambulancia a una clínica de la seguridad social.
Exactamente a una semana de este penoso episodio, Walter Reinoza, de nacionalidad nicaragüense, de 30 años, sufrió un colapso por sobrecarga física.
Reinoza informó al mediodía no sentirse bien. ¿Cuál fue la respuesta de Chiquita? Exigió que continuara trabajando hasta que a las 15 horas se desmayó. ¿Qué hizo Chiquita? Lo llevó a la casa y ahí lo dejó.
El escritor costarricense Carlos Luis Falla “Calufa” publicó en 1941 la novela Mamita Yunai. El infierno de las bananeras, donde denuncia los abusos que sufren quienes trabajan en las plantaciones de banano y la miseria en que habitan.
Han pasado 82 años. La situación descripta por “Calufa” en poco o nada ha cambiado. Los salarios no alcanzan, las jornadas son arbitrarias, la precariedad laboral se tornó permanente. Tampoco se permite a los representantes sindicales entrar a las plantaciones y se irrespeta la dignidad del trabajador.
Una revolución que nos sigue tirando indicadores sobre brechas de género y la historia no cambia.
Carolina Zúñiga Castro, Asesora Sindical ANEP
Cada vez se habla más sobre los retos laborales que se entrañan en la implementación de la Inteligencia Artificial en los puestos de trabajo, hasta en aquellos desafíos que tiene el legislador para regular todos sus alcances, pero el AI no puede ser regulado por más esfuerzos humanos que se realicen y que así sea.
La historia nos cuenta que en 1760, como humanidad vivimos la primera Revolución Industrial, máquinas a vapor, telares, trenes, reemplazando funciones del Ser Humano, labores que antes eran realizadas de manera artesanal, ¡una locura para la época! Este fue uno de los primeros llamados a ser creativos en nuestra manera de producción y en la manera de cómo generamos nuestro dinero. Como sociedad también nos veíamos preocupados, por los desempleos y la falta de los mismos, nos vimos obligados a la evolución y la Inteligencia Artificial actualmente no es la excepción.
Pero bueno, remontándonos a tiempos actuales. Se habla de una cuarta revolución industrial, llamada la Inteligencia Artificial. Revolución Industrial 4.0, desafiando a la inteligencia natural.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el “Generative AI and Jobs: A global analysis of potential effects on job quantity and quality”, expone en su estudio que aquellos trabajos en los que nos vamos ver expuestos a ser creativos son los administrativos, donde se encuentran muchas más mujeres. Este mismo documento aboga por lo que hemos venido hablando sobre la necesidad de que esta transición sea lo más respetuosamente posible para los Derecho Humanos, además, agrega que debe de ser justa y participativa.
Entonces, según estos datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) podríamos decir que la brecha salarial y brechas de género podrían seguir potencializando de manera negativa para la mujeres, debido a que los trabajos administrativos se siguen relacionando con mujeres y que en ese sentido la Inteligencia Artificial no aportaría mayor cosa, sino que desplaza a las mujeres, por lo tanto a estudiar y a ejercer otro tiempo de labores sería una de las soluciones como lo son las carreras STEM.
Publicado en https://anep.cr/ y compartido con SURCOS por la autora.
El 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, una fecha cuyo propósito es procurar el acceso a la información digital (principalmente), como vehículo para garantizar otros derechos y poner en evidencia algunas violaciones que ocurren en el mundo.
Precisamente hoy tendrá lugar la Conferencia Mundial sobre el Acceso Universal a la Información. Será en Oxford (Reino Unido). Se analizarán la accesibilidad y la conectividad de Internet como catalizadores del derecho a la información.
Ya nos dimos cuenta en la pandemia cómo muchas personas no tuvieron la conectividad necesaria para tener acceso a la información y especialmente muchos fueron los estudiantes, por lo que perdieron muchas oportunidades para su aprendizaje.
El derecho a la información es un derecho humano, que resulta ser el componente clave para el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
Este derecho consiste en que toda persona puede buscar cualquier tipo de información de interés que se encuentre en poder de entidades, organismos y empresas públicas, mientras dicha información no sea clasificada o de acceso restringido según las leyes de su país.
Y no debemos olvidar que la información es poder. Quien mejor informado esté mayor empoderamiento tendrá en el ambiente en que se desarrolle.
Dios quiera que podamos, todos, tener ese acceso a la información y podamos conocer todo aquello que nos sea necesario para tener una mejor calidad de vida.
Desde el Frente Nacional por la Seguridad Social – FRENASS, se comparte el testimonio del empresario Julio Fernández Amón, quien nos relata una situación de salud que enfrentó, la cual comprometió su vida y le hizo conocer los altísimos costos que conllevan la atención en salud.
Al igual que miles y miles de costarricenses, don Julio se pronuncia en defensa de este patrimonio y conquista histórica de nuestro pueblo.
¡Muchas personas apoyan la campaña “Gracias CCSS”!
En FRENASS decimos:
¡LA CAJA NO SE VENDE! ¡LA CAJA SE DEFIENDE!
¡Defendámosla todos juntos!
¡Un gobierno que NO le paga a la CCSS, NO defiende esta gran Institución!
Se informa que el pasado lunes 11 de septiembre del 2023 alrededor de las 22:40 ocurrió un altercado en el lugar de la La Victoria en torno a la conmemoración de los 50 años del golpe cívico militar.
Se describe lo siguiente:
[…]un carro lanza gases lacrimógenos modelo sandcast se detiene frente a un grupo de pobladores que observan la manifestación en departamental y sin mediar provocación alguna desde el interior del carro disparando una escopeta a quemarropa, hiriendo a dos personas, una de ellas impactada en su ojo derecho.
A razón de esto, los firmantes señalan los siguientes puntos:
El reclamo hacía las medidas poco democráticas que el gobierno de Gabriel Boric está ejecutando medidas represivas sobre la ciudadanía.
Rechazo a las declaraciones del subsecretario Manuel Zacarias Monsalve Benavides y director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general Enrique Monrás quienes pretender tapar el accionar de carabineros, negando que hubiesen tenido participación.
Exigen la renuncia del Subsecretario Manuel Zacarias Monsalve Benavides y del general de carabineros Enrique Monrás.
Exigen la abolición de la ley Ley Nº 21.560, conocida como ley Nain-Retamal promulgada por el presidente Gabriel Boric, ley que permite el abuso de las policías e impunidad ante hechos criminales. Además, de insistir en la investigación y sancionamiento de los carabineros involucrados en tal hecho.
Finalmente, se había convocado a una marcha frente al Palacio de la Moneda el pasado viernes 15 de septiembre a las 18:30 en exigencia de justicia por la víctima y todas aquellas víctimas de trauma ocular que hasta el presente no tienen justicia.
Los firmantes de esta denuncia son: el colectivo de DDHH Moisés Marilao Pichun, familia y amigos de Dennise, el Observatorio de DDHH Nido Dignidad.
El pasado 20 de septiembre en la madrugada hombres armados con fusiles de asalto fueron detectados merodeando la casa de habitación de la lideresa garífuna Miriam Miranda, en la localidad de Vallecito, Colón, al noreste de Honduras.
El hecho fue catalogado como un atentado y fue descubierto por el equipo de seguridad de la coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que intervino de inmediato logrando que los asaltantes se dieran a la fuga.
Miriam Miranda es una activista hondureña defensora de los derechos humanos y ancestrales del pueblo garífuna. Como líder de OFRANEH se ha distinguido por su defensa de la comunidad garífuna frente a amenazas como el despojo de tierras, formas extractivas como megaturimos, represas, minería, el narcotráfico y el cambio climático.
Es una de las líderes más visibles desde el golpe de estado en honduras en 2009 y una voz crítica contra el «narcoestado» del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández.
Miranda fue declarada como ganadora del Premio Óscar Romero a los Derechos Humanos, junto a su compatriota, la activista ambiental Berta Cáceres, poco antes de que ésta fuera asesinada en 2016. También recibió el Premio a la Soberanía Alimentaria Internacional de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Estados Unidos. En 2016, recibió el premio ambiental Carlos Escaleras por 30 años de labor activista. En 2019 Miranda recibió el premio de Derechos Humanos de la Fundación Friedrich Ebert en Berlín, Alemania.
La ONG británica Global Witness ha calificado a Honduras como «el lugar más mortal del mundo» para los activistas que trabajan contra las grandes empresas. Entre 2010 y 2017, aproximadamente 120 activistas hondureños fueron asesinados. Miranda ha sido amenazada y secuestrada en represalia por su trabajo, y ha sido constantemente difamada y estigmatizada por el aparato represivo, empresas y gobierno en los medios de comunicación locales.
El más reciente informe de Global Witness del 2022 asegura que solo el año pasado fueron asesinadas en Honduras 14 personas defensoras de la tierra, los territorios y los bienes comunes, continuando a nivel mundial en el número uno de activistas ambientales asesinados per cápita.
Mediante un video la activista agradeció a los miles de personas que se solidarizaron y exigen la protección de su vida y la solidaridad con el pueblo garífuna por luchar y exigir sus derechos. Agradeció al pueblo garífuna de las organizaciones nacionales e internacionales, por condenar de inmediato y de manera contundente el atentado.
Desde el Bloqueverde y Oilwatch Costa Rica hacemos un llamado a la solidaridad con el pueblo garífuna y la lideresa Miriam Miranda. Llamamos a la condena generalizado a este atentado y al contexto que rodea la vida de las defensoras y defensores de la naturaleza y los derechos humanos en la región.
Foto extraida de esta nota de prensa de El Pais (España) Titulada «La reunión privada entre Kissinger y Pinochet: «Queremos ayudarlo: simpatizamos con lo que están tratando de hacer aquí» (25/05/2023) elaborada con ocasión de los 100 años de Henry Kissinger y la desclasificación de nuevos documentos sobre Chile en Estados Unidos.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
«Si olvido mis hijos cargarán la ira Si no olvido le pongo nombre a la justicia y a ellos les nacerán alas»
Valeria Varas, Futuro (poema) citado en su obra de teatro Mi Paulina, San José, Edit. Gráfico Litho, Tinta en Serie Núm. 34, 2016, Escena 8, p. 31
En los días previos a la conmemoración de los 50 años del golpe de estado militar en Chile de 1973, Estados Unidos ha decidido oficialmente «desclasificar» documentos mantenidos en reserva desde cinco decenios: véase nota de The Progressive Magazine y nota de RFI del 9/09/2023.
Se trata de nuevos documentos que vienen a añadirse a muchos otros liberados en años pasados por algunas administraciones norteamericanas, y registrados en este sitio de la Universidad George Washington : un extenso programa de investigación dedicado a Chile – que no se limita únicamente a la desclasificación de documentos norteamericanos – y que cuenta con este enlace con abundante información.
En su comunicado oficial, el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo referencia a esta desclasificación, al precisar que:
«La Administración Biden ha buscado ser transparente sobre el papel de Estados Unidos en este capítulo de la historia chilena al desclasificar recientemente documentos adicionales de 1973, tal como lo solicitó el gobierno chileno»
Si bien la prensa internacional ha puesto de relieve las razones por las que este golpe de estado de 1973 estremeció a América Latina y a la comunidad internacional en general (véase por ejemplo, esta nota de la BBC del mismo 11/09/2023 cuya lectura recomendamos), el involucramiento de Estados Unidos ampliamente documentado desde entonces (y asumido en parte por la actual administración norteamericana), es un aspecto que merecería ser añadido (por ejemplo, a los cuatro puntos mencionados en el precitado artículo de la BBC).
No está de más referir a nuestros estimables lectores a este documento manuscrito de 1970 en el que se autoriza a derrocar al futuro Presidente de Chile si llegara a tomar el poder (véase enlace cuando se desclasificó en el 2020, en el que se indica que: «Fifty years after it was written, Helm’s cryptic memorandum of conversation with Nixon remains the only known record of a U.S. president ordering the covert overthrow of a democratically elected leader abroad» ).
En esta otra nota se lee que la más reciente desclasificación de documentos por parte de Estados Unidos en agosto del 2023 obedeció a solicitudes expresas realizadas por las actuales autoridades de Chile:
«After withholding this document in its entirety for decades, the CIA finally released the September 11, 1973, PDB today in response to a formal petition from the Chilean government of Gabriel Boric for still secret records as the 50th anniversary of the coup approaches. The CIA also partially declassified a second PDB, dated September 8, 1973, which erroneously informed President Nixon that there was “no evidence of a coordinated tri-service coup plan” in Chile and said that “should hotheads in the navy act in the belief they will automatically receive support from the other services, they could find themselves isolated.”
The two PDBs are among the most historically iconic of missing records on the September 11, 1973, military coup because they contained information that went to President Nixon as a military takeover that he and his top advisor Henry Kissinger had encouraged for three years came to fruition«.
Para información de nuestros lectores, las dos precitadas citas refieren al texto en inglés elaborado por el programa de investigación sobre documentos desclasificados de la Universidad George Washington, que sitúa en el tiempo y analiza cada uno de los documentos liberados en los últimos años por parte de Estados Unidos. En este video producido por Chile Visión (véase enlace), varias jornadas en 1970 y en años posteriores, son «reconstruídas» por este programa de investigación, a partir de cables desclasificados, documentando y revelando el contenido de reuniones claves que explican el involucramiento de las máximas autoridades de Estados Unidos.
Ahora bien, la solicitud hecha por Chile en el 2023 a Estados Unidos concierne probablemente muchos más documentos aún en posesión de la administración norteamericana, la cual se ha limitado a desclasificar únicamente dos de ellos. ¿Y el resto?
En una reciente entrevista realizada el 12 de septiembre del 2023 en Estados Unidos (véase texto completo), leemos que para uno de los investigadores de la Universidad George Washington que mejor conoce del tema:
“There are other secrets that we want to get out. The Chilean government has asked the Biden administration for a special declassification diplomacy gesture for this 50th anniversary. So far, only two documents have been declassified. There are many more that have been asked for, that hopefully, you know, at some point will come out”.
La entrega de documentos oficiales ante el derecho a la verdad: luces y sombras
Desde la perspectiva del derecho internacional público, cabe precisar que no existe obligación alguna para un Estado de liberar documentos de la reserva en la que los mantiene al considerarlos «sensibles«. Cada Estado dispone de un sistema nacional de archivos con informes internos, datos y registros de diversa índole: sus máximas autoridades son las que deciden mantenerlos fuera del alcance del público o bien revelar su existencia.
Es así como Panamá debió esperar que se cumplieran los 30 años desde la invasión norteamericana de 1989 para que Estados Unidos aceptase finalmente liberar una gran cantidad de documentos clasificados (véase nota de El Pais – España del 17/12/2019).
En otros casos, documentos e informes policiales o militares son «encontrados«, como los denominados «archivos del terror» descubiertos en una casa en la localidad de Lambaré en Paraguay el 22 de diciembre de 1992 (véase publicación de la Corte Suprema de Justicia paraguaya e interesante video del momento en el que un juez paraguayo acompañado por la prensa solicita ingresar a la vivienda para verificar la presencia de dichos archivos e incautarlos).
Los datos encontrados en los archivos descubiertos en Paraguay en diciembre de 1992 permitieron documentar una gran cantidad de causas en distintas partes del Cono Sur. También permitió a la justicia italiana condenar el 8 de julio del 2021 a 14 personas por la muerte de 43 personas, víctimas del Plan Cóndor con doble nacionalidad (a saber 6 italo-argentinas, 4 italo-chilenas, 13 italo-paraguayas y 20 uruguayas): véase nota en italiano de la ONG italiana CILD. De igual manera en el 2010, la justicia francesa condenó a los responsables de la desaparición de cuatro ciudadanos franceses en Chile (véase nota de Le Monde del 18/12/2010).
Volviendo al caso de Chile, es de saludar la voluntad férrea de sus actuales autoridades de obtener la liberación de documentos clasificados por parte de la actual administración norteamericana.
Nótese que en su comunicado oficial del 25 de agosto del 2023 la Embajada de Estados Unidos en Chile se sintió obligada a externar los criterios usados para decidir (o no) liberar documentos, sin considerar que ya han pasado 50 años desde el episodio que se pretende esclarecer, al señalar (véase texto completo) que:
«La desclasificación de documentos es un proceso complejo en el que participan múltiples agencias, en el cual el gobierno de los Estados Unidos toma en cuenta numerosos factores, entre los que se incluyen la seguridad nacional, la protección de las fuentes y la metodología, y otros riesgos y beneficios que conllevan la divulgación de información específica. Teniendo en cuenta estos factores, el gobierno de los Estados Unidos completó esta revisión de desclasificación en respuesta a una solicitud del gobierno de Chile y para permitir una comprensión más profunda de la historia que compartimos«.
Cabe precisar que en materia de «soft law«, la resolución E/CN.4/RES/2005/66 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas – hoy denominada «Consejo de Derechos Humanos» – adoptada por consenso en el 2005, a iniciativa de Argentina (su texto está disponible en la red), y titulada «El derecho a la verdad» se limita únicamente a indicar que:
«5.Alienta a los Estados a que presten a los Estados interesados la asistencia necesaria al respecto«.
Derecho a la verdad vs. verdad oculta: algunos avances desde el derecho internacional público
La ausencia de obligación jurídica entre dos Estados de entregar información que posea uno a otro, relacionada a violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, en nada impide que tengamos una dinámica totalmente distinta cuando nos interesamos a los tribunales nacionales e internacionales de cara a la implementación del denominado «derecho a la verdad «.
En este caso, son los colectivos de víctimas y de familiares y asociaciones de derechos humanos los que han hecho valer ante sus propias autoridades o bien ante los tribunales nacionales (y si estos fallaron en su contra, en los tribunales internacionales) este derecho que asiste a toda víctima de exacciones cometidas en el pasado por autoridades estatales (sea en su contra o en contra de alguno o varios de sus seres queridos).
Al respecto, un muy completo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Derecho a la Verdad, publicado en el 2014 (véase texto) detalla los alcances del derecho a la verdad en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. La larga lista de casos conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que figura al final de este artículo académico publicado en el 2008 titulado «El derecho a la verdad en situaciones de post-conflicto bélico de carácter no internacional«, da una idea de las pautas que ha venido fijando al respecto la jurisprudencia del juez interamericano, y ello desde sus primeras sentencias contra Honduras a finales de los años 80.
Es de notar que los significativos avances observados en América Latina en materia de derecho a la verdad siguen sin lograr permear al sistema judicial en España: la primera exhumación del cuerpo de una víctima del franquismo ordenada por la justicia se logró en el 2016 gracias a una solicitud proveniente de … la justicia argentina (Nota 1).
Las actuales autoridades chilenas: más decididas que sus antecesoras
A diferencia de su antecesor al cargo, el presidente actual de Chile se ha mostrado mucho más exigente en cuanto a la búsqueda de la verdad a partir de lo ocurrido el 11 de setiembre de 1973 en Chile.
El pasado 30 de agosto, se firmó en Santiago de Chile un Decreto para lanzar un Plan Nacional de Búsqueda de los aún miles de ciudadanos chilenos que aparecen en listas de personas desaparecidas en Chile (véase comunicado oficial). Desde el 2013, un informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas sobre Chile así lo recomendaba (véase informe). El 22 de diciembre del 2017, de manera bastante tardía y finalizando su segundo mandato, una primera iniciativa había sido lanzada por la entonces Presidenta de Chile (véase nota de France24 del 22/12/2017).
Incluso en su cuarto informe (1989) el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación en materia de derechos humanos en Chile, el costarricense Fernando Volio Jiménez, refería a la importante labor que esperaba a la sociedad chilena con relación a conocer el paradero de las víctimas de desaparición forzada (véase enlace a informe) (Nota 2).
Este reportaje de The Guardian del mes de agosto del 2019 titulado «Where are they?: families search for Chile´s disappeared prisoners» (véase enlace) detalla de una manera muy completa el drama de familias chilenas ante la falta de información sobre lo sucedido a sus seres queridos y la falta de voluntad política que significó la llegada en marzo del 2018 del Presidente Piñera en lo que respecta a la búsqueda de personas desaparecidas en Chile.
La Operación Cóndor ante el derecho a la verdad: la respuesta del juez interamericano ante la poca (in?) capacidad de la justicia nacional
Otra trágica iniciativa para América Latina como lo fue el denominado «Plan Condor«, que involucró no solamente a Chile (y a Estados Unidos), constituye un ámbito en el que aún quedan muchos documentos por desclasificarse en Estados Unidos: este informe del CELS (una reconocida ONG de Argentina) explica cómo funcionó a partir de 1975 entre los Estados del Cono Sur este plan coordinado tendiente a borrar el efecto protector que significa para una persona amenazada cruzar una frontera entre dos Estados.
En su informe entregado en diciembre del 2014, la Comisión de la Verdad de Brasil refiere de manera mucho más detallada que anteriores comisiones de la verdad en su cápitulo 6 (véase texto) el nivel de involucramiento al que llegaron las autoridades brasileñas militares de la época. En este muy completo documento oficial publicado en Uruguay titulado «Participación uruguaya en la coordinación represiva regional. ‘Operación Condor’ «, se analiza el involucramiento de Uruguay.
Son mucha las iniciativas tendientes a completar y documentar el modus operandi del Plan Cóndor, como por ejemplo este proyecto de investigación de la Universidad de Oxford (véase enlace) que centraliza una gran cantidad de datos.
Cabe recordar que fue tan solo en el 2016 que el Plan Cóndor fue objeto de una primera decisión condenatoria por parte de la justicia penal argentina, con respecto a altos mandos militares argentinos, varios de ellos nonagenarios al momento de escuchar la sentencia (Nota 3). Al conocerse esta sentencia, el precitado programa de investigación norteamericano de la Universidad George Washington publicó esta nota, haciendo ver que los archivos desclasificados por Estados Unidos fueron usados por los jueces argentinos como prueba documental.
Al 2023, los sistemas judiciales en el Cono Sur siguen tramitando causas de víctimas y de familiares de víctimas: en este enlace se registran algunas de las acciones legales ante tribunales nacionales relacionadas al Plan Condor.
Ante la resistencia de algunos jueces a nivel nacional para investigar y sancionar hechos relacionados al Plan Cóndor, y ante las maniobras legales de todo tipo que los abogados de los responsables de estos hechos logran a veces realizar, el sistema interamericano de protección de los derechos humanos ha ofrecido (y sigue ofreciendo) a las víctimas una posibilidad de obtener justicia.
Se considera que la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en examinar el caso de una víctima del Plan Condor es del año 2006 (caso Goiburú y otros vs. Paraguay).
En otra importante sentencia del juez interamericano del 2011 (caso Gelman vs. Uruguay) se lee que:
«51. El plan Cóndor operaba en tres grandes áreas, a saber, primero, en las actividades de vigilancia política de disidentes exiliados o refugiados; segundo, en la operación de acciones encubiertas de contra-insurgencia, en las cuales el papel de los actores era completamente confidencial y, tercero, en acciones conjuntas de exterminio, dirigidas a grupos, o individuos específicos, para lo cual se conformaban equipos especiales de asesinos que operaban dentro y fuera de las fronteras de sus países, incluso en Estados Unidos y Europa.
52. Esta operación fue muy sofisticada y organizada, contaba con entrenamientos constantes, sistemas de comunicación avanzados, centros de inteligencia y planificación estratégica, así como con un sistema paralelo de prisiones clandestinas y centros de tortura con el propósito de recibir a los prisioneros extranjeros detenidos en el marco de la Operación Cóndor«.
En la sentencia dictaminada contra Argentina 10 años después, en septiembre del 2021 (caso familia Julien Grisonas vs. Argentina), la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que este «plan criminal interestal» amerita ahora otro esfuerzo coordinado de sus integrantes, al precisar que:
«288. En congruencia con las solicitudes efectuadas, la Corte dispone que el Estado argentino, en el plazo de un año contado a partir de la notificación de este fallo y por las vías que considere adecuadas, haga las gestiones pertinentes para convocar a los otros Estados que habrían tenido intervención en la ejecución de los hechos del caso: la República Oriental del Uruguay y la República de Chile, y, en general, en el contexto de la “Operación Cóndor”, es decir, la República Federativa de Brasil, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República del Paraguay y la República del Perú, a efecto de conformar un grupo de trabajo que coordine los esfuerzos posibles para llevar adelante las tareas de investigación, extradición, enjuiciamiento y, en su caso, sanción de los responsables de los graves crímenes cometidos en el marco del referido plan criminal interestatal. Dicha coordinación deberá reflejarse en un plan de trabajo común entre las autoridades competentes, según la materia de que se trate, ejecutado en observancia del marco jurídico nacional e internacional aplicable, y con auxilio de los mecanismos de cooperación internacional y asistencia mutua. Así, el trabajo coordinado entre autoridades de los distintos Estados habrá de emprender esfuerzos conjuntos para el esclarecimiento de lo ocurrido durante la “Operación Cóndor”, como escenario en el que fueron perpetradas sistemáticas violaciones a los derechos humanos, incluidas las que damnificaron a las víctimas del presente caso«.
La cooperación militar de Francia en América Latina en los años 70-80: sombras y penumbras
Resulta de interés precisar con respecto al origen exacto de la «técnica» de la desaparición forzada por parte de mandos militares, que investigaciones recientes en Francia (véase actas de foro especializado y artículo del 2022) demuestran que fue iniciada por militares de Francia en Argelia a finales de los años 50.
Un reportaje del 2003 difundido en Francia, y titulado «Escadrons de la mort: l´école francaise» (véase enlace así como corto extracto en YouTube así como Parte I disponible aquí y Parte 2 aquí) reúne varios testimonios indicando que instructores militares franceses «enseñaron» en los años 70-80 en academias militares del Cono Sur esta «técnica» desarrollada por Francia durante la denominada «Guerre d´Algérie«.
En septiembre del 2005, al adoptarse el proyecto de convención internacional sobre las desapariciones forzadas, cuyas negociaciones fueron presididas en la sede de Naciones Unidas en Ginebra por Francia, se lee que:
«le représentant permanent de la France, l’Ambassadeur Bernard Kessedjian – conclut en ces termes: «Un triple Non a été affirmé ici: Non au silence, Non à l’oubli, ¡Non à l’impunité!» (Note 4).
A modo de conclusión
Pese a los 50 años que nos separan de aquel fatídico día para Chile y para el mundo que significó el 11 de setiembre de 1973, aún muchas preguntas persisten en el tiempo: desde ya Estados Unidos podría útilmente aclararlas, liberando todos los documentos clasificados que aún posee en sus archivos secretos con respecto a lo ocurrido en Chile. Ello sin hablar de los documentos que también aún posee con relación al precitado «plan criminal interestatal» tal como lo calificó el juez interamericano.
En cuanto a Francia, su cooperación militar en América Latina en los años 1970-1980 ameritaría una mayor difusión y conocimiento, a partir de archivos que probablemente se mantienen bajo reserva en el seno del aparato estatal de Francia. En septiembre del 2003, una «proposition de résolution» en este sentido fue presentada por varios diputados galos (véase texto intégral), sin dar pié para mayores desarrollos.
Para las víctimas chilenas y sus familiares que siguen persiguiendo la verdad a través del tiempo, y buscan conocer el destino de sus seres queridos, desde Chile o desde afuera, su extenuante combate es ejemplar: ha inspirado, inspira y seguirá inspirando, estamos seguros de ello, a muchas familias y a varias generaciones de América Latina y del mundo en su exigencia de verdad y de justicia.
– – Notas – –
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «JusticiA con A de Ascensión: a propósito de la exhumación de una fosa española a solicitud de una jueza de Argentina«, Revista de Pensamiento Penal, 2016. Texto disponible aquí.
Nota 2: Sobre las estrechas relaciones existentes entre el derecho a la verdad y las víctimas de desaparición forzada, véase la obra FERRER MAC-GREGOR E. & GONGORA MAAS J.J., Desaparición forzada de personas y derecho a la verdad en el sistema interamericano de derechos humanos, UNAM/IIJ/CNDH, México 2019. Texto integral disponible aquí.
Nota 3: Véase al respecto BOEGLIN N., «Plan Condor: la justicia argentina se pronuncia«, sitio jurídico de DerechoalDia, edición del 6/06/2016, texto disponible aquí.
Nota 4: Véase DE FROUVILLE O., «La Convention des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées: les enjeux juridiques d´une négociation exemplaire«, Collección Droits Fondamentaux, Número 6, 2006, página 1. Texto completo del artículo disponible aquí.
Chiquita Brands y su idea del respeto a los derechos
Un accidente laboral absolutamente previsible ha ocurrido en la Finca Álamo de Chiquita Brands (Safra Group y Cutrale), en Sarapiquí: un trabajador recientemente operado de la rodilla y que difícilmente camina con ayuda de un bastón, fue obligado por los administradores de la finca a ir a embolsar banano.
Frank Ulloa
El hombre debe subir con la carga a una escalera apoyada en un suelo húmedo y esponjoso que no le da mayor estabilidad.
El trabajador se cae, queda inmóvil, lo llevan a la administración y pasa mucho tiempo tirado en el piso de cemento de la oficina, quejándose de dolor, hasta que llega una ambulancia y se traslada a una clínica de la seguridad social.
Fueron los dirigentes sindicales quienes se movilizaron para lograr que fuera atendido.
Los trabajadores y su sindicato han propuesto un diálogo sobre la salud laboral en las fincas de banano de Chiquita Brands, pero no ha habido respuesta alguna. Se les ignora, se les combate, no se les deja participar en las soluciones.
Ante la miopía empresarial, los trabajadores optan por la denuncia. Quizás algún día la transnacional se decida a respetarlos, y a respetar la libertad sindical.
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