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Etiqueta: derechos humanos

SOLidaridad con el pueblo de Jujuy, Argentina

Costa Rica, Abya Yala 16 de julio 2023

Nosotros/as, miembros/as de “Buen Vivir Costa Rica” y ciudadanos/as de Abya Yala, nos sumamos a las Madres de Plaza de Mayo, dirigentes de diversas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos de la Argentina, así como a las comunidades de Jujuy, educadores, estudiantes, indígenas, campesinos, grupos culturales comunitarios, defensores de pueblos originarios y medios alternativos de comunicación, en su demanda por la derogación de la Reforma  Constitucional de la Provincia (sin consulta), impuesta por el gobernador Gerardo Morales a partir del 20 de junio 2023, que atenta contra el derecho a la tierra, al agua, a la libertad, a la justicia y a la paz, lo que ha provocado asambleas, manifestaciones y cortes de carretera en diversos puntos de Jujuy, algunos de ellos en La Quiaca, Humahuaca, Abra Pampa, Uquía, San Roque, Tilcara, Purmamarca, San Pedro, El Cuarteadero, El Pongo y Los Alisos.

Igualmente denunciamos y nos solidarizamos con los jujeños perseguidos, heridos y encarcelados (suman decenas) por Morales, violando derechos humanos de orden nacional e internacional.  Pedimos su inmediata liberación.

Estaremos atentos a las políticas y acciones públicas, privadas y transnacionales, que buscan la riqueza material en la tierra, el agua y el litio, y que amenazan los derechos de los trabajadores, derechos y culturas de los pueblos indígenas y derechos de la MadreTierra.

Lo que suceda en cualquier rincón de Abya Yala a las hermanas y hermanos y a la MadreTierra, nos sucede a nosotros.

Firman por SOLidaridad Abya Yala BV:

  • Ana Cecilia Hernández Rodríguez, Profesora, Ex Decana Facultad de Educación Universidad de Costa Rica, Secretaria Junta de Salud, Comunidad San Isidro de Heredia CR.
  • Carlos Manuel Muñoz Jiménez, Director Casa de la Cultura del Rosario de Naranjo, Alajuela CR.
  • Claudio Monge Pereira, Profesor, Ex Diputado, Escritor, Miembro de Buen Vivir Costa Rica, Comunidad San Isidro de Heredia CR.
  • Cristian Marrero, Educador Ambiental, Comunidad San Rafael de Oreamuno, Cartago CR.
  • Edgar Mora Guerrero, Buen Vivir Desamparadeño, Comunidad Desamparados, San José CR.
  • Edison Valverde Araya, Poeta, Buen Vivir Pasoancho, Comunidad Paso Ancho, San José CR.
  • Giovanni Beluche V., Sociólogo, Alajuela CR.
  • Juan Carlos Bermúdez Barboza, Comunidad Pasoancho, San José CR.
  • Marcos Chinchilla Montes, Docente Universidad de Costa Rica, Comunidad Pasoancho, San José CR.
  • Marianela Espinoza Vega, Educadora, Comunidades Argendora, La Cruz, Guanacaste y Pavas, San José CR.
  • María Rebeca Álvarez Ramírez, Buen Vivir Naranjo, Comunidad Naranjo, Alajuela CR.
  • Marielos Méndez Granados, Docente Pensionada de Educación Especial, Comunidad Zapote, San José CR.
  • Marta Rojas Porras, Educadora, Poeta, Presidenta Costarricense de Escritoras, Buen Vivir Desamparadeño, Comunidad San Francisco de Dos Ríos, San José CR.
  • Oscar Espinoza Ramos, Cantautor y Artista Plástico, Comunidad Atenas, Alajuela CR.
  • Oscar Jiménez Fernández, Músico y Docente de la Universidad Estatal a Distancia –UNED-, Comunidad Montes de Oca, San José CR.
  • Ronulfo Morera Vargas, El Rodeo, Buen Vivir Mora El Libertador, San José CR.
  • Rosa Anka, Escritora Peruana Venezolana del Buen Vivir.

El fundamentalismo democrático del siglo XXI

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

Gustavo Bueno (1924-2016) fue un filósofo español que desarrolló un sistema filosófico integral llamado Filosofía de la Idea Fundamental. Uno de sus conceptos clave fue la idea del fundamentalismo democrático. Este, tal como lo propone Gustavo Bueno, es la creencia en el valor absoluto de la democracia como sistema político. Según Bueno, los fundamentalistas democráticos consideran a la democracia como la única forma de gobierno válida y moralmente justificable, convirtiéndola en un principio dogmático e incuestionable, o sea, en una ideología que no dialoga ni acepta nada diferente.

Bueno criticó el fundamentalismo democrático por su falta de fundamento filosófico e histórico. Argumentó que la democracia, como cualquier otro sistema político, tiene sus limitaciones y puede conducir a sus propios problemas si no se equilibra o controla adecuadamente. En su opinión, la democracia debe integrarse en un marco filosófico y ético más amplio para garantizar su sostenibilidad y eficacia. Todo apunta a que el tiempo le ha dado la razón, la democracia existente en occidente y otras partes hoy requiere una gran dosis de democracia real en todo el sentido de la palabra.

Es importante señalar que las ideas de Bueno, incluido su concepto de fundamentalismo democrático, han sido discutidas y debatidas dentro de los círculos académicos, y puede haber diversas interpretaciones y críticas de su obra filosófica, no es un tema nuevo. Ahora bien, para entender mejor la decadencia que sufre la democracia en occidente y otras partes del mundo, debemos hacer algunas reflexiones objetivas, lejos del prepotente fanatismo democrático y muchas veces de doble rasero característico de sus defensores.

Hoy debemos preguntarnos si la democracia existente está respondiendo a las demandas reales y necesidades de toda la ciudadanía. Y en esa misma dirección consultarnos si es efectiva para combatir el colapso eco social global que vivimos, también llamado Antropoceno, ya que lamentablemente, los regímenes democráticos actuales tampoco son garantía para el ambiente y otras formas de vida no humanas puestas en peligro de extinción a causa de nuestros patrones de vida, producción y consumo. Estos regímenes no lo están logrando con el tema de la protección ambiental y la lucha contra el cambio climático. Todo ello es muy grave e importante como para no ser considerado en el análisis crítico y la ecuación al respecto.

Por otro lado, han demostrado también que no son garantía para el respeto de los derechos humanos más básicos, pues las desigualdades, la pésima distribución de la riqueza, la falta de empleo digno, la inequidad de género, la calidad y acceso a la educación y la salud, y la injusticia social, no fueron problemas resueltos por éstos, que eran parte y lo siguen siendo, de sus promesas principales. Por el contrario, después del fin de la Guerra Fría, como no había “enemigo” ideológico por el cual preocuparse, el neoliberalismo triunfó y terminó por desmantelar los exitosos Estados de Bienestar que habían sostenido ese discurso democrático occidental después convertido en dogma absoluto, en contraposición al comunismo y la dictadura.

No es de extrañarse entonces, que frente a los problemas del hambre, el desempleo, la corrupción, la exclusión social, la ineficiencia estatal y miles de promesas incumplidas, surjan naturalmente movimientos y líderes que cuestionen ese fundamentalismo ideológico democrático dominante que ha terminado convirtiéndose en puros actos ceremoniales formales sin ningún tipo de contenido real de fondo que marque una verdadera diferencia, haciendo que gran parte de la ciudadanía, especialmente las generaciones más jóvenes y los grandes sectores excluidos dejen de creer y pierdan toda su confianza en el sistema así como en quienes lo protegen, pues en muchas ocasiones los discursos y las acciones de dichos defensores llevan caminos separados y contradictorios.

Y aunque sabemos que no se debe confundir una cosa con la otra, y no podemos generalizar porque el frío no está en las cobijas, de estas razones expuestas y algunas otras más surge el desgaste y la incredulidad generalizada de la ciudadanía ante esta forma de organización política de la sociedad, su estructura e instituciones. Y ahí está el peligro, parafraseando a G. K Chesterton, cuando la gente no cree en nada, en seguida cree en todo. De ese nihilismo social y pérdida de toda creencia en alguna identidad colectiva superior que dé certeza y sentido de pertenencia, nace en estas partes del mundo la semilla fértil de estos nuevos movimientos de corte autoritario que cuentan con gran respaldo popular, porque en la mayoría de los países, sino en todos donde han llegado al poder, lo han hecho de forma democrática y libre. Por eso el famoso adagio: “la democracia muere en democracia”.

Todo esto da para un debate más profundo y amplio. Yo pienso que la democracia no tiene la culpa, pero es la que paga las consecuencias de la manipulación, mentiras, el egoísmo y actos éticos cuestionables de muchos de sus defensores acérrimos y representantes, no se puede tapar el sol con un dedo. Por otro lado, no se debe afirmar de manera absoluta que un régimen autoritario sea malo por naturaleza, como hacen los fundamentalistas democráticos occidentales, pero tampoco que garantice la solución a todos los problemas, pues muchas veces estos llegan al poder gracias al resentimiento, el revanchismo y el odio, los cuales nunca son buenos consejeros para gestionar lo público, y porque en el fondo, parte de la verdadera crisis que sufre el occidente y la humanidad en general, es de sentido y no solo de sistema, es la crisis de una falta de propósito y significado de la vida, de certezas y confianza en la humanidad misma.

UCR: Son necesarias una mayor atención y medidas urgentes en materia de niñez y adolescencia en Costa Rica

Diferentes proyectos e iniciativas de la UCR trabajan con grupos de niños y niñas de comunidades vulnerables, con el objetivo de contribuir a la consecución de sus derechos en muy variadas áreas de la vida en sociedad (Foto Laura Rodríguez).

Pronunciamiento de la UCR

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (CU) en su sesión n.º 6694, artículo 4, del pasado 2 de mayo de 2023, acordó pronunciarse y denunciar ante la sociedad costarricense y las autoridades del gobierno por “…el abandono y la negligencia por parte de las personas e instituciones de protección de las niñas, los niños y las personas adolescentes en situaciones de riesgo que comprometan su integridad”.

El pronunciamiento de este órgano universitario tomó en consideración una serie de estudios, normativas y compromisos, nacionales e internacionales, que el país ha refrendado en materia de derechos de la niñez y la adolescencia en nuestro país tales como: el artículo 51 de nuestra Constitución Política; la Convención internacional sobre los Derechos del Niño; el Código de la Niñez y la Adolescencia.

Por ejemplo, el Informe 2020-2021 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) demuestra importantes condiciones de vulnerabilidad que siguen afectando a la niñez y la adolescencia costarricenses. Tal como se presenta en el pronunciamiento en cuestión “…del total de personas que viven en pobreza, cerca de un 34,8% son niños, niñas y personas adolescentes. Esto significa que 470 668 de 1 201 570 personas menores de edad viven en pobreza monetaria”.

Además, retoma el pronunciamiento de la UCR, la Unicef señala que “en Costa Rica, aproximadamente 14 mil adolescentes quedan embarazadas cada año, y de ellas cerca de 500 son menores de 15 años…” También advierte la Unicef que “en Costa Rica, entre las personas menores de edad que trabajan, el 29% está expuesta a alguna condición de riesgo (32% si no se consideran los niños y las niñas de 5 y 6 años). El trabajo infantil interfiere en sus oportunidades de acceder al conocimiento y habilidades que les permitan una plena participación e inserción social; asimismo, la exposición a condiciones de riesgo en espacios laborales vulnerabiliza y va en detrimento de la integridad de niñas, niños y personas adolescentes”.

Entre los acuerdos que conforman este pronunciamiento de la UCR, se “exhorta a la Asamblea Legislativa a revisar minuciosamente el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley Orgánica del PANI y el Código de Familia en aras de fortalecer la normativa vigente con enfoques interseccionales, preventivos, atencionales y promocionales para el cumplimiento integral de protección de los derechos de las personas menores de edad”.

Diversos espacios en la UCR se han abierto a lo largo de décadas para el estudio y acompañamiento de la niñez y la adolescencia de nuestro país., tanto en las instalaciones de la universidad, como en diferentes espacios generados en las comunidades. (Foto Laura Rodríguez).

También sostiene el pronunciamiento que “se debe asegurar y reforzar el presupuesto nacional para que se dote a las instituciones del Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de los recursos financieros, jurídicos y humanos, necesarios para el resguardo de los derechos de dicha población”.

Puede consultar el texto completo del Pronunciamiento en el siguiente enlace:

 

María Encarnación Peña Bonilla
Periodista Oficina de Comunicación Institucional

APDHA solicita amparo por violencia policial en Granada

Violencia policial en Granada, tras el Partido Marruecos-España en Qatar, 06/12/22. Captura de video de testigo del hecho.

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)

“¿De qué trabajas tú, moro de mierda?” o “Esta noche vas a dormir en el calabozo caliente” fueron algunas de las frases que los agentes dirigieron al denunciante.
En uno de los vídeos aportados al procedimiento judicial se observa cómo uno de los agentes le propina una patada en la cabeza al denunciante cuando este se encontraba inmovilizado en el suelo.

Solicitan amparo al Tribunal Constitucional por un caso de violencia policial durante el partido entre Marruecos y España

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) ante un nuevo caso de violencia policial que tuvo lugar en la ciudad de Granada el pasado 6 de diciembre de 2022 durante el partido del Mundial de Qatar entre Marruecos y España. Según la denuncia interpuesta, ese día el denunciante se dirigía rumbo a su trabajo cuando un dispositivo policial le impidió el paso por una calle donde un grupo de personas estaba celebrando la victoria de la selección marroquí en el Mundial de fútbol celebrado en Qatar.

En ese contexto, el denunciante, también de origen marroquí, alega que dos agentes lo tiraron al suelo, lo golpearon en distintas partes del cuerpo y, una vez inmovilizado, otro agente se aproximó y le propinó una patada en la cabeza. Los hechos fueron presenciados por numerosas personas, quienes grabaron la escena con sus teléfonos móviles. Ante tales hechos, las personas que se encontraban congregadas en la zona comenzaron a gritar “¡Racismo!, ¡racismo!, ¡racismo!”. De hecho, según la versión del denunciante, a lo largo de su detención los agentes se dirigieron a él con expresiones tales como “¿de qué trabajas tú, moro de mierda?” o “esta noche vas a dormir en el calabozo caliente”.

Tras su traslado a comisaría y puesta en libertad, se elaboró un parte de lesiones en el que se objetivaron heridas y hematomas en todo el cuerpo. Por ello, acompañado por la asesoría jurídica de la APDHA, la víctima interpuso denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Granada solicitando la práctica de numerosas diligencias de prueba tales como el informe médico forense, la declaración de la víctima, el interrogatorio de los testigos y del personal sanitario, así como la identificación de los agentes que formaban parte del dispositivo que detuvo y agredió al denunciante. Junto a la denuncia, se aportaban además informes médicos objetivando las lesiones, fotografías de estas y grabaciones de la detención.

Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 6 archivó el caso sin practicar ni una sola diligencia de prueba solicitada. Tan solo solicitó el atestado policial elaborado al efecto por la Policía Nacional. Ante esta decisión, el denunciante recurrió primero ante el propio juzgado y después ante la Audiencia Provincial. El órgano de instrucción confirmó la decisión adoptada, argumentando respecto al vídeo donde se ve cómo uno de los agentes le propina una patada en la cabeza que “si en ese momento se produjo alguna lesión al denunciante” fue porque los agentes “se vieron obligados a utilizar la fuerza mínima imprescindible para poder ser trasladado a Comisaría”.

La Audiencia Provincial, sin entrar al fondo de la cuestión, confirmó la decisión del Juzgado de Instrucción el pasado mes de junio. Por tal motivo, el denunciante ha formalizado esta semana recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que sostiene que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva en conexión con la prohibición de sufrir torturas o tratos inhumanos o degradantes.

La APDHA denuncia que no se trata de un hecho aislado. Por una parte, la organización recuerda que apenas hace un año que el Tribunal Constitucional dictó sentencia en un caso que también tuvo lugar en la ciudad de Granada y en el que se formuló una denuncia por torturas en el contexto de una actuación policial. Por otra parte, la entidad andaluza sostiene que «lejos de tratarse de un hecho puntual, estas actuaciones policiales totalmente desproporcionadas son algo más que casos aislados y, en muchas ocasiones, son reflejo de un racismo institucionalizado»

 

Fuente: https://www.pressenza.com/es/2023/07/apdha-solicita-amparo-por-violencia-policial-en-granada/

Bukele y las maras en El Salvador

Alberto Salom Echeverría

(Segunda parte).

Como se desprende del ensayo escrito la semana anterior, las maras salvadoreñas surgieron como organizaciones para delinquir desde su origen en Los Estados Unidos. Pero, eso sí, agremiados frente a sus poderosos agresores, de origen mexicano y afrodescendientes principalmente, que los discriminaron desde el día uno, porque los consideraban competidores “desleales” por la obtención de los empleos que se ofrecían a la mano de obra más barata, la de los inmigrantes “ilegales”, fincados originariamente en Los Ángeles y San Francisco, en el Estado de California.

En el fondo se trataba de una lucha por la subsistencia que, incitó a los inmigrantes ilegales, una vez más, en este mundo descarnado a un enfrentamiento entre los desdichados de siempre, desprovistos de todos los bienes de fortuna; una lucha entre los que se encuentran “en el fondo del saco”. Así es, suena horrible, pero es la verdad, en lugar de unirse frente a sus verdaderos explotadores y extorsionadores de siempre, que les pagaban -y les pagan todavía- paupérrimos salarios (si merecen llamarse así), se precipitaron a esquilmarse entre ellos en una vorágine de destrucción y muerte.

Entrada la década de los años ochenta, debieron regresar a sus países de origen, especialmente se dirigieron a los tres países del triángulo norte del Istmo (Guatemala, El Salvador y Honduras), derivado de su expulsión de los Estados Unidos. En el Salvador y en los otros dos países se radicalizó su comportamiento delincuencial, ya fuera ligándose al narcotráfico, mediante actividades terroristas que atemorizaron a la población en general, el robo y la extorsión para obtener recursos económicos, así como el blanqueo de dinero, amén de cultivar el proxenetismo, el secuestro y el tráfico de armas.

Estrictamente hablando, fueron treinta largos años que actuaron las maras, sin que los respectivos gobiernos los hubiesen logrado controlar.

Concretamente El Salvador se convirtió, de acuerdo con la información policial, en el país con más homicidios per cápita del mundo, evidentemente una estadística nada envidiable en ninguna parte.

Por fin, se le atribuye al gobierno de Nayib Bukele, que inicia sus labores el 1 de junio del 2019, haber desarticulado radicalmente a las maras en El Salvador, mediante un plan denominado “Control Territorial”; un año después, en el 2020 había disminuido la alta tasa de criminalidad de homicidios intencionales, en un 51.3%. La actividad gubernamental no escatimó ningún recurso logístico militar, ni económico; ya fuera legal o ilegal para movilizar al ejército y la policía con el objeto de diezmar a las pandillas. (Cfr. “ONU pide a El Salvador investigar presuntas violaciones de derechos humanos”. Deutsche Welle. 21 de abril del 2020. Véase, además González, Marcos. -1 de junio del 2020- “Un año de Gobierno de Bukele en El Salvador: el contraste entre el aplastante apoyo que mantiene en el país y las acusaciones de abuso de poder en su contra”. BBC, News Mundo.)

Consecuentemente, los procedimientos empleados por el gobierno de Bukele para enfrentar a las maras por medio del ejército fueron, en muchas ocasiones, igualmente violentos e ilegales que los que habían utilizado las pandillas de delincuentes mareros. Aún más, investigaciones periodísticas señalaron que hubo hasta negociaciones en la penumbra, entre funcionarios gubernamentales y secciones de las tres principales organizaciones de mareros en El Salvador para lograr plasmar los objetivos gubernamentales. (Cfr. Rentería, Nelson. “El Salvador murder rate plummets; study says gangs may have informal pact with government.” Reuter, 8 de Julio del 2020. Véase también “Salvador, le président Bukele aurait -aussi- négocié avec les gangs” Courrier International -en francés- 8 de setiembre del 2020. Citado en el sitio web: es.wikipedia.org/wiki/Nayib_Bukele#cite_note-courrier-18).

Todavía en marzo del 2022, a petición del Poder Ejecutivo salvadoreño, la Asamblea Legislativa, ya por entonces controlada por Bukele, declaró el “régimen de excepción” en el país, porque la ola de homicidios, después de haber descendido como quedó mencionado, se reactivó. (Cfr. “Bukele sanciona régimen de excepción que entra en vigor el mismo día.” Diario El Mundo, 27 de marzo del 2022. Cuando el “régimen de excepción” cumplió 445 días, el 14 de junio del 2023, se decretó una ampliación del mencionado decreto.)

Organizaciones de Derechos Humanos nacionales y extranjeras, denunciaron violaciones de estos derechos cometidos por las fuerzas represivas del Estado contra delincuentes, por la forma arbitraria como fueron aprehendidos y encarcelados o asesinados, frecuentemente al margen de la ley; pero también porque en las redadas que se llevaron a cabo en las comunidades, fueron cruelmente maltratados y asesinados también individuos que, o no tenían vinculación alguna con las “maras”, o eran personas que habían sido incorporadas a ellas mediante la extorsión por las organizaciones de mareros. Muchas de estas personas inocentes sobrevivientes, todavía se encuentran pagando por delitos que no cometieron, junto a los delincuentes. Por asimilación con el procedimiento de la “pesca de arrastre”, que recoge del fondo marino todo lo que aparezca, sea o no el objetivo de la pesca, y que provoca una salvaje destrucción de los ecosistemas, es posible llamar a estas redadas del ejército y la policía en las comunidades salvadoreñas como “de arrastre”, porque allí se aprehende a todo aquel ser humano que se encuentre presente, pertenezca o no a la organización delincuencial objeto de la arremetida del ejército y de la policía.

El gobierno de Bukele, por el hecho de haber reducido (o hecho desaparecer) a las maras en El Salvador, cuenta con gran prestigio entre la población en general, ya que, esta se ha visto liberada de la amenaza de asesinato, secuestro o extorsión constante que los delincuentes creaban en el país. Sin embargo, la controversia no desaparece por eso. En primer lugar, las causas que provocaron la emigración de salvadoreños hacia los Estados Unidos, la pobreza y pobreza extrema, el hambre que los afligía y agobiaba, siguen estando presentes. Bukele y su gobierno han logrado prácticamente hacer desaparecer a las “maras”, pero, insisto, no las causas que originaron su emergencia. Por lo tanto, el riesgo de que un fenómeno tan pernicioso y que ha provocado tanto desastre y dolor se repita, está latente. En segundo lugar, hay un debate, que está instalado en las comunidades salvadoreñas, en la sociedad civil, entre las organizaciones de derechos humanos, tanto dentro del país como en el extranjero, sobre la validez de muchos de los procedimientos empleados para repeler la delincuencia. Como se ha venido señalando, la embestida del ejército no solo tuvo que ver con la población delincuencial y el lumpen que circundaba a las “maras”, sino que, alcanzó a muchos que se vieron obligados por extorsión a incorporarse a ellas; así como a otros inocentes, cuyo único vínculo con las organizaciones de delincuentes era el haber tenido un padre, una madre, un hijo o una hija, un hermano, un pariente en las organizaciones de delincuentes, o simplemente una amistad, o alguna persona conocida. Sin embargo, estos últimos, libres de toda culpa, sin haber sido juzgados siquiera, ahí se encuentran encarcelados y maltrechos siguiendo semejante destino que aquellos que incurrieron en graves delitos, a los que así se les trata, de la peor manera.

Bukele carece de un verdadero proyecto político; inició sus pasos en la política en el seno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), organización de izquierda a la que representó en dos oportunidades: una vez en calidad de alcalde en el municipio de Nuevo Cuscatlán, desde el 1 de mayo del 2012, al 30 de abril del 2015; la segunda cuando fue electo alcalde de San Salvador del 1 de mayo del 2015, al 30 de abril del 2018. Estaba tan identificado en ese momento con el FMLN, que llegó a expresar en una oportunidad inclusive lo siguiente: “Soy de izquierda radical”. En la misma entrevista declaró que tenía 12 años de trabajar en publicidad para el FMLN. El entrevistador le pregunta “¿Y por qué ingresó al FMLN?” A lo que Bukele responde: “Es que soy de izquierda; toda la vida he sido de izquierda y mi pensamiento es de izquierda y no veía otra opción más que el FMLN…” (Cfr. Dalton, JJ. 3 de setiembre del 2012. “Nayib Bukele, soy de izquierda radical.” https://web.archive.org/web/20121011085434/http://www.contrapunto.com.sv/partidos/nayib-bukele-soy-de-izquierda-radical).

A los pocos años de estas declaraciones, entra en severas discrepancias con la organización a la que tan fielmente decía representar, por lo que fue expulsado del FMLN. (Cfr. Laguan, Jonathan. -10 de octubre de 2017-. “Nayib Bukele, expulsado del FMLN por estas razones”. La Prensa Gráfica.) Después de su salida del FMLN forja su propia organización, y hasta se inscribe a participar en las elecciones para aspirar a la presidencia de la República, primero por un partido de centro izquierda denominado Cambio Democrático, el cual fue proscrito por el Tribunal Supremo de Elecciones. (Cfr. Morales, Napoleón. -28 de julio, 2018- “Así explica Bukele a CNN su paso por 4 partidos políticos”. La Página). Frente a este hecho, finalmente se inscribe con un partido de centro derecha, conocido en El Salvador como GANA, con el cual resulta electo a la presidencia de La República, por una mayoría absoluta de los votantes, en la primera ronda electoral. (El porcentaje de su elección fue del 53.10% de los votantes. Véase al efecto: “Elección presidencial 2019: Total nacional”. San Salvador, Tribunal Supremo Electoral.) En subsiguientes entrevistas ha declarado que no cree en ideologías y que él es un político pragmático. En la mayor parte de los estudios académicos que se han realizado, y en algunos medios de prensa se le cataloga ahora como un político autoritario y “populista”, de “centro derecha”. (Cfr. “Con un Congreso aliado, Bukele gobernará sin obstáculos en El Salvador.” France 24 AFP. 30 de abril del 2021).

Después de febrero del 2021, ocasión en la que se celebraron elecciones de medio período para elegir diputados a la Asamblea Legislativa, el partido “Nuevas Ideas” de Bukele, por un diferendo entre el presidente Bukele y el poder judicial, forja una alianza en el Congreso de la República con otras organizaciones de derecha y se destituye a magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional, así como al fiscal general. (Cfr. “Crisis brewing as Salvador´s Congress votes out top Judges. Al Jazeera” -en inglés- 2 de mayo del 2021. Archivado desde el original, el 17 de mayo del 2021). De estos acontecimientos, deviene un control férreo de parte de Bukele del Estado salvadoreño, con lo cual se afianza el poder autoritario que ya había comenzado a manifestarse en las acciones acometidas contra las “maras”, tal como quedaron descritas anteriormente. Recientemente, en una interpretación de la Constitución, se aprueba la posibilidad de su reelección como presidente de la República, cargo al que aspira mediante su participación en el proceso electoral que se llevará a cabo en el 2024.

De resultar electo, como todo parece indicar, se habrá consolidado el presidencialismo autoritario y populista que ostenta Nayib Bukele en El Salvador.

Fuerza Pueblo de Jujuy – ¡La Lucha sigue y se extiende aquí y en Jujuy!

Comunicado de FRENAPI

Juntemos y hagamos que  nuestras vibras, cantos, danzas propias, sean  oraciones  fuertes de bribris, cabécares, ngöbes- buglé, malekus, brörán, chorotegas, brunkaj… y personas y movimientos aliad@s, con las fuerzas y espiritualidad sagrada de las Deidades propias citadas en español: Sibö; Toocú; Ngöbó; Sibù; Cuasräm; Sbö y Abuela Ther; Tipotani en su dualidad Nenguitamali ( mujer) y Nembithia (hombre); Namahuncia, Maquehuncia; Javé y Jeovhá entre otras… para que, el Pliego de Peticiones del Pueblo Hermano de Jujuy, sea escuchado y se revierta el dañino proceso impulsado por el Estado racista, capitalista, depredador y neoliberal Argentino.

Fuerza Pueblo de Jujuy, aquí estamos de lejos pero junto a ustedes.

¡Los pueblos indígenas viven, la lucha sigue y sigue!

¡Sergio y Jerhy Viven!

¡La Lucha sigue y se extiende aquí y en Jujuy!

Organizaciones internacionales de derechos humanos demandan respeto al proceso electoral y la voluntad popular en Guatemala

Pronunciamiento de organizaciones internacionales de derechos humanos. Demandamos respeto al proceso electoral y la voluntad popular en Guatemala

Las Américas, 13 de julio de 2023- Este 12 de julio el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE), con apego al orden constitucional, oficializó los resultados de las votaciones celebradas el 25 de junio, confirmado que los partidos Unidad Nacional de la Esperanza y Movimiento Semilla disputarán la segunda ronda electoral, programada para el 20 de agosto. Este anuncio se produjo 17 días después de las elecciones, dado que el TSE tuvo que realizar un recuento de los escrutinios solicitado mediante un amparo por un grupo de partidos políticos que alegaron supuestas anomalías, que finalmente fueron descartadas.

A pesar de la autoridad del TSE y de los mandatos constitucionales que lo respaldan, minutos antes de oficializar los resultados, el Juez Séptimo de Instancia Penal Freddy Orellana ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, en un acto abiertamente ilegal, con el objetivo de judicializar el proceso electoral en beneficio de intereses espurios. El partido Movimiento Semilla planteó un amparo para detener esta resolución ilegal que deberá ser otorgado por la Corte de Constitucionalidad para evitar el rompimiento constitucional.

Este intento de impedir la participación electoral del partido ha sido promovido por el Ministerio Público, bajo el mando de la fiscal general Consuelo Porras y ejecutado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) liderada por el fiscal Rafael Curruchiche, quienes dirigieron un allanamiento ilegal en la sede del TSE, con personas armadas y el rostro cubierto para causar temor y obtener documentación del partido Movimiento Semilla. Los funcionarios Porras y Curruchiche están sancionados por los Estados Unidos por corrupción. El Juez Orellana ha sido cuestionado por conducir casos de criminalización contra fiscales exiliados y el periodista encarcelado José Rubén Zamora.

Las organizaciones internacionales firmantes hacemos un llamado a todas las autoridades guatemaltecas a que respeten la independencia del Tribunal Supremo Electoral y el orden jurídico constitucional. La institucionalidad guatemalteca debe garantizar respeto a su mandato constitucional y no permitir que otros órganos interfieran arbitrariamente en el proceso electoral.

Se debe investigar a los funcionarios que buscan manipular el proceso electoral en clara violación a la Constitución y a la voluntad popular reflejada en los votos. Exigimos se detengan de forma inmediata las amenazas de criminalización contra integrantes de partidos políticos convocados a elecciones y sus representantes legales.

Exhortamos a la comunidad internacional a mantenerse alerta y pronunciarse sobre lo que acontece en Guatemala y a sumar sus esfuerzos diplomáticos para evitar que se produzca este atropello a la democracia.

Finalmente, expresamos nuestra confianza en que las acciones indebidas no prosperarán y el proceso electoral podrá continuar con su curso, garantizando la libre expresión de la voluntad del pueblo guatemalteco.

Organizaciones firmantes:
American Jewish World Service (AJWS)
Article 19 Oficina para México y Centroamérica
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Impunity Watch
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Latin America Working Group (LAWG)
Plataforma Internacional contra la Impunidad

25 verdades sobre la muerte del joven Nahel en Francia

Salim Lamrani

Universidad de La Reunión

Un adolescente de 17 años ha muerto a manos de un agente policía durante un control de carretera, desatando una ola de emoción en la sociedad francesa.

  1. El 27 de junio de 2023, en Nanterre, cerca de París, a los 8 de la mañana, dos agentes de policía dieron el alto a un coche ocupado por tres personas, todas menores, tras una negativa a cumplir la orden de detenerse. El conductor era un adolescente de 17 años llamado Nahel. Cuando el coche arrancó de nuevo, uno de los policías disparó a quemarropa y mató al joven, hijo único de una familia monoparental. El video disponible en las redes sociales muestra claramente que el coche no suponía ningún peligro para los dos policías.
  2. Desconociendo la existencia del video, los dos policías declararon que el coche cargó contra ellos y que se habían visto obligados a usar sus armas de fuego para proteger sus vidas. Esto era claramente mentira. Alain Bauer, profesor de criminología en el Conservatoire des Arts et Métiers y reputado especialista en formación de policías y a gendarmes, insistió en el punto: “La versión falsa, totalmente desmentida por las imágenes, arruina todo el edificio. Es mentira. El coche no los atropelló. El coche no se les vino encima”. También denunció a “los pocos policías podridos, corruptos y ovejas negras de la profesión […] que ponen en entredicho a todos los que respetan la ley, el orden y que son defensores de las libertades”. Sin el video, la falsa versión de los policías habría prevalecido y el responsable de la muerte del adolescente nunca habría comparecido ante la justicia.
  3. Retransmitiendo la falsa versión policial, los medios de comunicación se apresuraron en presentar al adolescente como un peligroso delincuente multirreincidente. En realidad, el joven Nahel no tenía antecedentes penales. La fiscalía de Nanterre incluso abrió una investigación por “resistencia a la autoridad e intento de homicidio de un funcionario público” contra el conductor. Esta decisión fue recibida con una incomprensión generalizada ya que las imágenes desmienten formalmente la versión policial. Además, la muerte del conductor pone fin automáticamente a cualquier procedimiento judicial. La fiscalía también abrió una investigación contra el policía por “homicidio voluntario cometido por una persona en el ejercicio de sus funciones oficiales”. Compareció ante un juez y permaneció en prisión preventiva en la Cárcel de la Santé.
  4. El abogado del agente, Laurent-Franck Liénard, subrayó el carácter excepcional de la detención: “En mis 31 años de carrera defendiendo casos relacionados con el uso de armas, nunca he tenido a un cliente que haya sido puesto bajo custodia después de haber comparecido ante un juez”. Esta declaración ilustra la realidad de la impunidad policial y refuerza el sentimiento generalizado en la sociedad francesa según el cual la justicia protege a los policías que cometen crímenes. Jean-Pierre Mignard, abogado de víctimas de la violencia policial, es categórico al respecto: “Todas las profesiones tienen un código genético: el de la policía es la impunidad”.
  5. Camille Chaize, portavoz del Ministerio de Interior, rechazó las polémicas en torno a los supuestos antecedentes penales de la víctima, esgrimidos por la policía y los medios de comunicación para justificar la actuación del agente. Preguntada al respecto, respondió: “No es el sentido del debate, no tiene sentido pensar así, poco importa si era conocido o no de los servicios de policía. […] Pero es cierto que algunas fuentes policiales […] señalan antecedentes penales, o incluso anotaciones en la barandilla, que es infrajudicial, no antecedentes penales, pero todo eso no tiene sentido, no importa”.
  6. El abogado de la familia de la victima, Yassine Bouzrou, anunció que había presentado una denuncia contra los dos policías, una por homicidio culposo y otra por complicidad de homicidio culposo. Explicó lo siguiente: “No hay ninguna duda sobre su intención de matar ya que la banda sonora del video lo muestra anunciando antes disparar: ‘Voy a meterte una bala en la cabeza’. La denuncia también se presentará contra su colega por complicidad de homicidio voluntario ya que parece ordenar a su colega que dispare diciendo ‘dispárale’ justo antes de que se produzca el disparo”.
  7. El testimonio del pasajero que estaba sentado al lado de Nahel es condenatorio. Relató en detalle lo sucedido: “El primer policía le pidió a Nahel que bajara la ventanilla, cosa que Nahel hizo. Le dijo: ‘Apaga el motor o te disparo’. Le dio un primer golpe con la culata de la pistola. Luego llegó el segundo policía y también le golpeó con la culata de la pistola y se colocó en el parabrisas frente a Nahel. Desde ahí, el primer policía, que estaba a la altura de la ventanilla, lo apuntó con su arma y le dijo: ‘No te muevas o te pego un tiro en la cabeza’. El segundo policía le dijo: ‘Dispárale’. El primer policía lo golpeó de nuevo con la culata de la pistola. El coche tenía caja de cambios automática. El coche no estaba en ‘park’. Cuando recibió el tercer culatazo, su pie abandonó el pedal del freno y el coche avanzó. Y el segundo policía que estaba en el parabrisas disparó. Como resultado, su pie pisó el acelerador. Lo vi agonizando, temblaba. Chocamos contra una barrera. Me asusté y salí del coche. Salí corriendo. Pensé que me podían disparar también. Así que corrí.
  8. El pasajero trasero, de 14 años, también brindó su testimonio. Iba al colegio para pasar el examen del diploma de colegio y se encontró con Nahel, que se ofreció a llevarlo. “Los policías apuntaron con sus armas a Nahel”, que recibió “unos tres golpes” e intentó “protegerse la cabeza”. Un policía afirmó “que iba a meterle un disparo en la cabeza”. Nahel luego “soltó el freno probablemente por pánico, intentando protegerse. El coche arrancó solo. Era automático. Y el policía le dijo a su colega que disparara. Y el arma se disparó”.
  9. El Presidente francés, Emmanuel Macron, condenó la acción del policía en una declaración pública: “Quiero expresar la emoción de toda la nación y decirle a su familia todo el afecto de la nación […]. Tenemos un adolescente que ha sido asesinado, es explicable, inexcusable”. Por su parte, Gérald Darmanin, Ministro de Interior, apuntócon el dedo “imágenes extremadamente chocantes”.
  10. En febrero de 2017, el gobierno socialista de François Hollande impulsó la Ley de Seguridad Ciudadana que autoriza a la policía a utilizar sus armas de fuego en caso de negativa a cumplir la orden. El apartado 4 establece que los agentes podrán utilizar sus armas “cuando no puedan inmovilizar, salvo mediante el uso de armas, vehículos, embarcaciones u otros medios de transporte cuyos conductores no acaten la orden de detenerse y cuyos ocupantes puedan, en su huida, causar lesiones a sí mismos o a terceros”. La Liga de Derechos Humanos y numerosos diputados denunciaron la ley como una “licencia para matar”, pidiendo su derogación. El propio abogado Liénard se opuso públicamente a la ley: “Si empezamos a decir a los policías que pueden disparar a un coche que huye, tendremos más tiroteos, más heridos y más condenas a policías”.
  11. Desde 2017, el numero de personas que han perdido la vida tras una negativa a cumplir la orden ha aumentado de modo considerable. De 17 personas entre 2002 y 2017, una media de 0,88 por año, se ha pasado a 13 personas para el año 2022, algunas de las cuales eran simples pasajeros. Las víctimas presentan dos características: son en su mayoría jóvenes, o incluso muy jóvenes, y estaban racializadas. A modo de comparación, en Alemania, sólo se ha producido una muerte tras una negativa a cumplir la orden en diez años.
  12. El 30 de junio de 2023, la Oficina del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció el racismo estructural presente en el seno de la policía y la gendarmería en Francia. Su portavoz Ravina Shamdasani hizo un llamamiento a las autoridades: “Ha llegado el momento de que el país aborde seriamente de los arraigados problemas de racismo y de discriminación racial entre las fuerzas del orden”. Pocos días después, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial denunció “el asesinato de Nahel M., de 17 años, de origen magrebí, a manos de un agente de policía en Francia” y se declaró “profundamente preocupado por la práctica persistente de la elaboración de perfiles raciales, combinada con el uso excesivo de la fuerza en el cumplimiento de la ley, en particular por parte de la policía, contra miembros de grupos minoritarios, en particular de origen africano y árabe, que con frecuencia se traduce en homicidios recurrentes, de manera desproporcionada y prácticamente impune”.
  13. Interrogado al respecto, Laurent Nuñez, Prefecto de la Policía de Paris, nególa realidad de la situación: “No hay racismo en la policía”. No obstante, incluso el Presidente de la Republica Francesa ha reconocido la existencia de practicas discriminatorias persistentes: “Hoy en día, las personas de piel no blanca son objeto de mucho más escrutinio. Se las identifica como un factor problemático y eso es insostenible”.
  14. Según diversos estudios, la mayoría de los agentes del orden votan a la extrema derecha. Así, según el Centro de Investigaciones Políticas de Sciences-Po (Cevipof), el instituto de sondeos Ipsos y la Fundación Jean Jaurès, el 60% de los policías y miembros de las fuerzas armadas votaron a Marine Le Pen en 2022. En 2017, el 67% de los policías activos votaron a la candidata de extrema derecha.
  15. Un estudio realizado en 2017 por Jacques Toubon, Defensor de los Derechos y ex Ministro de Justicia con Jacques Chirac, ilustra los prejuicios racistas presentes en el seno de las fuerzas del orden y el maltrato policial a los jóvenes de los barrios populares. Así, los individuos percibidos como negros o árabes tienen “20 veces más probabilidades que los demás de ser parados” por la policía. El Defensor de los Derechos señala que el 40% de esas personas afirman haber sido tuteadas, el 21% insultadas y el 20% maltratadas durante su última parada. Otro estudio del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) subraya que “el comportamiento de la policía francesa […] puede asimilarse a la elaboración de perfiles raciales”. Christian Vigouroux, deontólogo del Ministerio del Interior, llegó a presentar en 2021 un informe de 160 páginas sobre “la lucha contra la discriminación en el seno de las fuerzas de seguridad”, en el que formulaba 54 propuestas que han quedado desatendidas por las autoridades.
  16. Según el Derecho Internacional, “la discriminación racial es una forma particularmente odiosa de discriminación y, en vista de sus consecuencias peligrosas, exige una vigilancia especial y una respuesta enérgica por parte de las autoridades”. El artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
  17. Según Amnistía Internacional, “en Francia, la práctica de los controles de identidad está extendida y profundamente arraigada en la actuación policial, hasta el punto que fomenta una discriminación sistémica”. Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, la discriminación sistémica “puede entenderse como un conjunto de normas jurídicas, políticas, prácticas o actitudes culturales imperantes en el sector público o privado que crean desventajas relativas para algunos grupos y privilegios para otros”. AI agrega que “la práctica de controles de identidad discriminatorios es conocida y está ampliamente documentada”, denuncia su “magnitud” y subraya “sus efectos devastadores sobre las víctimas, incluidos niños que a veces tienen sólo 12 años”.
  18. La Corte Suprema, el más alto tribunal del ordenamiento jurídico francés, reconoció la existencia de esta práctica en una sentencia de 2016 y subrayó que tales controles constituían una falta grave de la que es responsable del Estado.
  19. Jean Hossam Botros Messiha, militante de extrema derecha, nacido en Egipto y nacionalizado francés a los 20 años, que sigue siendo considerado inmigrante por el Instituto Nacional de la Estadística y de Estudios Económicos del Ministerio de Economía, portavoz de Eric Zemmour durante la campaña presidencial de 2022 y partidario de la teoría racista del “gran reemplazo”, que declara que la inmigración – de la cual se benefició a los 8 años – constituye ahora “una amenaza existencial histórica para Francia”, abrió un fondo en línea a favor del policía investigado por homicidio culposo. En pocos días, el “fondo de la vergüenza”, como la han calificado numerosos observadores, recaudó 1,6 millones de euros con más de 76.000 donantes, haciendo millonario a un hombre responsable de la muerte de un adolescente, suscitando la ira legítima de la familia y la indignación de la opinión pública.
  20. La muerte de Nahel desencadenó una explosión de cólera en toda Francia, cuya dimensión política fue minimizada por las autoridades, que prefirieron ver en estas revueltas urbanas sólo un impulso destructivo. Los sublevados tienen la sensación de que la única manera de hacer oír su voz es la violencia. Numerosos comercios y edificios públicos, principalmente en los barrios populares, fueron saqueados por jóvenes, algunos de tan sólo doce años. Se quemaron cerca de 12.000 coches y se dañaron 2.500 edificios públicos, entre ellos más de 250 comisarías de policía y más de 150 escuelas. La casa personal del alcalde de La Häy-les-Roses fue incluso atacada con un coche ariete mientras su familia estaba dentro.
  21. La respuesta del gobierno a la agitación social ha sido puramente autoritaria y represiva movilizando a 45.000 agentes del orden, incluidas unidades de elite como el GIGN, el RAID y la BRI. En Marsella, un padre 27 años perdió la vida tras recibir “probablemente” un disparo de flash-ball, según la fiscalía. En Meurthe-et-Moselle, un joven veinteañero se encuentra en coma tras recibir un disparo en la cabeza por parte de la policía. Según las autoridades judiciales, no hay indicios de que estas dos personas estuvieran implicadas en los disturbios. Ambas eran de origen magrebí. Además, cerca de 3.500 personas fueron detenidas, y casi el 60% de ellas no tenían antecedentes penales, según Gérard Darmanin. Según el Ministro de Interior, el 90% de los detenidos son franceses. En su comparecencia ante el Senado, descartó la explicación relacionada con la identidad: “Eché un vistazo en las comisarias. Sí, hay gente que aparentemente podría ser de origen inmigrante. Pero había muchos Kevin y Matteo”.
  22. Los tribunales, por su parte, fueron expeditivos y despiadados. A guisa de ejemplo, un hombre de 28 años fue condenado a 10 meses de prisión con orden de ingreso a una cárcel por robar una lata de Red Bull valorada en 1,15 euros. Su abogada Camille Bal declaró: “Los principales autores de la violencia son los que estuvieron ausentes en gran medida de las vistas de ayer. Los que fueron detenidos por la policía eran los que aparecieron después del delito, después de que la tienda hubiera sido blanco de los matones. Mi cliente entró en el Monoprix a oscuras, cogió una lata de Red Bull, salió y lo desplumaron como una rosa”. Para la abogada Camille Vannier, que participó en la defensa colectiva, “la justicia está completamente manipulada” por el poder político. Subraya que los jueces siguen ciegamente los requisitorios: “Es muy preocupante desde el punto de vista de la independencia del poder judicial. Órdenes de ingreso en prisión, órdenes de ingreso en prisión, órdenes de ingreso en prisión por delitos menores”. La abogada Elsa Marcel también expresó su asombro: “Las sentencias son extremadamente duras, los procedimientos son chapuceros, hay muchos escenarios en los que no se no reconocen a las personas, los informes de detención son sumamente vagos, es una justicia política”.
  23. El 30 de junio de 2023, los dos principales sindicatos policiales Alliance Police y UNSA Police publicaron un comunicado de prensa extremadamente violento, confirmando todas las acusaciones de racismo lanzadas contra las fuerzas del orden. Los manifestantes de los barrios populares son animalizados y descritos de “hordas salvajes” y de “pestes” a las que hay que combatir, pidiendo que se utilicen “todos los medios” para ello. El comunicado amenaza también directamente al gobierno con sedición en términos apenas velados, lo que no tiene precedentes para una policía republicana cuya misión es obedecer al ejecutivo y hacer respetar la ley: “Por estas razones, Alliance Police Nationale y UNSA Police asumirán sus responsabilidades y advierten desde ahora al Gobierno que al final, estaremos en la acción y sin medidas concretas de protección jurídica de los Policías, una respuesta penal adecuada, y la puesta a disposición de medios importantes, los Policías juzgaran del nivel de consideración mostrado. Hoy, los Policías están en combate porque estamos en guerra. Mañana, estaremos en resistencia y el Gobierno tendrá que darse cuenta de ello”. En otro movimiento sin precedentes, la UNSA Education condenó públicamente el comunicado, denunciando palabras “preocupantes e insoportables”. En cuanto al gobierno, no ha tomado ninguna medida contra los autores de la declaración.
  24. La muerte de la joven Nahel fue la chispa que encendió un polvorín social en los barrios abandonados por la República. Además del racismo sistémico, que afecta sobre todo a las personas de origen inmigrante (el 47% de los subsaharianos y el 30% de los magrebíes son víctimas), las poblaciones desfavorecidas están siendo desatendidas por los poderes públicos. Las cifras hablan por sí solas: el 7.5% de la población francesa (5,5 millones de habitantes) vive en los suburbios. El desempleo en estas zonas duplica la media nacional. La mitad de los jóvenes están en paro. Cerca del 40% de los habitantes no tienen ningún diploma, frente a una media nacional del 20%. En los barrios obreros hay casi la mitad de bibliotecas y tres veces menos instalaciones deportivas que en el resto del país. La tasa de pobreza es tres veces superior a la del resto del país (42% frente a 14,9%). Como recordatorio, hay 9 millones de pobres en Francia, de los cuales 3 millones son niños. Mientras que la media nacional es de 400 médicos por 100.000 habitantes, sólo hay 250 en los barrios populares. El 40% de los barrios obreros carece de guarderías, mientras que el número de familias monoparentales es el doble que en el resto del país (20%). En contra de la creencia popular, las transferencias sociales son menores en estas zonas: 6.100 euros por año y por habitante frente a los 6.800 euros para la media nacional. Además, estos barrios, lejos de encontrarse con respiración asistida, contribuyen más al esfuerzo nacional que el resto del país. Por ejemplo, Seine-Saint-Denis es el tercer departamento más pobre de Francia (el primero de Francia continental) de un total de 101,  y el que recibe menos protección social per cápita, pese a ser el octavo contribuidor social a las finanzas públicas del país. En Seine-Saint-Denis, por ejemplo, hay 1.100 funcionarios de hospital por cada 100.000 habitantes, frente a una media de 1.800 en el resto de Francia. Los gobiernos prestan poca atención a la difícil situación de estas poblaciones empobrecidas porque tienen muy poco poder político o electoral.De hecho, el 48% de los habitantes de barrios populares no votaron o se abstuvieron en las últimas elecciones presidenciales.
  25. Es necesario que los políticos en general y el Gobierno en particular tomen medidas urgentes:

-La Ley sobre la Seguridad Ciudadana de 2017 debe suspenderse a la espera de su abrogación. Esto protegerá tanto a los ciudadanos como a los agentes de policías al volver al statu quo ante que establece un marco estricto para el uso de armas de fuego.

-Resulta imperativo que cese la negación dentro de las fuerzas del orden, las autoridades gubernamentales y los responsables políticos sobre el racismo estructural presente en el cuerpo policial.

-Hay que poner fin a la impunidad para los policías culpables de crímenes y que sean sancionados de modo ejemplar, a la altura del delito cometido. Los policías racistas, y más generalmente los que no respetan la deontología y el Código de Conducta de la profesión, deben ser excluidos del cuerpo de las fuerzas del orden.

-Los casos de violencia policial deben ser sistemáticamente retirados de las salas de audiencia locales para garantizar la serenidad de los debates – reivindicación del Sindicado de Magistratura – habida cuenta de los estrechos vínculos existentes entre la fiscalía y las fuerzas del orden.

-Una comisión “Verdad y Justicia”, compuesta por miembros independientes, debe crearse para analizar todos los casos de violencia policial y dar una respuesta a las víctimas y sus familias.

-Se debe reformar la Inspección General de la Policía Nacional, que ha perdido toda credibilidad debido a la debilidad de las raras sanciones pronunciadas contra agentes responsables de delitos y crímenes, y componerse de personas independientes, no vinculadas a las fuerzas del orden.

-Los policías y gendarmes deben estar equipados con cámaras peatonales, lo que ofrecerá garantías tanto a los agentes como al público y permitirán mejorar la calidad de los controles.

-Los policías deben emitir un recibo por cada control para reducir la discriminación.

-El Estado debe revisar su doctrina de mantenimiento del orden y sus prácticas y métodos, con un regreso a una política basada en la prevención y no la represión. Por ejemplo, la policía de proximidad, alabada por todos los agentes sociales por su eficacia y su capacidad a establecer vínculos con los jóvenes, debe restablecerse, particularmente en los barrios populares.

-Es indispensable mejorar el salario de los policías y ofrecerles mejores condiciones de trabajo para facilitar su tarea y hacer que la profesión resulte más atractiva.

-Los aspirantes a las oposiciones para convertirse en policías deben pasar por un proceso de selección más riguroso, para descartar a los que no estén hechos para el trabajo. Del mismo modo, la policía debe asegurarse de integrar en sus rangos a personas de orígenes diversos, ofreciéndoles condiciones de trabajo dignas, libres de cualquier forma de discriminación.

-El proceso de formación también debe revisarse de arriba abajo, mejorarse y prolongarse durante mucho más tiempo, tal y como reclama la profesión desde hace tiempo (pruebas psicológicas, prueba de tolerancia al estrés, respeto de los valores de la república, etc.).

-El gobierno debe dar una respuesta política, económica y social a la cuestión de la pobreza, de la exclusión social y de la discriminación, poniendo en marcha acciones positivas ambiciosas para ayudar a las persones de los barrios populares que llevan demasiado tiempo viendo cómo los poderes públicos ignoran su sufrimiento.

 

Salim Lamrani es doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de Sorbonne Université y profesor titular de la Universidad de La Reunión, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

Imagen: https://www.elmundo.es

«Apague y vámonos», en 5 MINUTOS… O MENOS

Seguimos experimentando y les presentamos una nueva sección de 5 MINUTOS… O MENOS, «Apague y vámonos», con Martín Chinchilla Castro como invitado y los dos conformamos… «Los Martín-nez».

En este primer «experimento», conversamos sobre la angustia que sienten los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, trabajando 12 horas diarias, de lunes a jueves, para aprobar un inhumano proyecto de Ley que modifica la jornada laboral a 12 horas diarias por 4 días seguidos (o 5 o 6 días), «el tiro por la culata».

5 MINUTOS…O MENOS

12 de julio de 2023

ANEP presentó ante el Consejo de Derechos Humanos ONU, denuncia por el cambio de pensiones IVM-CCSS

En una sesión de la Junta Directiva Nacional de la ANEP se entregó una primera lista de personas trabajadoras que fueron violentadas en sus expectativas de pensionarse, ya sea por invalidez, vejez o muerte, debido a los recientes cambios que realizó la Caja Costarricense del Seguro Social. Las personas presentes en esta lista ya contaban con todos los requisitos necesarios para pensionarse.

El documento fue entregado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Según la asesoría que recibió la ANEP, lo que se está evidenciando es una violación a los derechos humanos, lo que llevó a que se presentara en un escenario internacional.

Se abrirá un segundo periodo de inscripción en donde las personas que cumplan los requisitos pueden formar parte, además, para ser parte de la lista se debe de estar afiliado al ANEP y llenar un formulario que se puede encontrar en www.anep.cr

La ANEP ha hecho cambios en cuanto a las maneras de velar por los derechos de los trabajadores, ahora con un enfoque hacia los derechos humanos en donde ha habido una gran inversión para que exista un asesoramiento correcto para los mismos/as.