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Etiqueta: derechos humanos

FEUNA rechaza posible recorte de presupuesto al Ministerio de Cultura y Juventud

Comunicado de prensa

  • Recortar 4 mil millones puede significar un cierre técnico en su totalidad a funciones del MCJ.

Sin ningún tipo de sorpresa, días atrás se anunció el probable recorte al presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) para el próximo año, siendo un empujón más a la propuesta de recorte que planteó directamente este mismo ministerio el año anterior. Desde la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) se mantiene una posición en contra de esta posible medida.

“Es importante recordar que este ministerio es el que tiene más órganos desconcentrados, que realiza una labor de atención directa a través de sus programas y proyectos a poblaciones de zonas vulnerables como Agua Zarcas, Pococí, Garabito, Santa Cruz. Además, sus proyectos permiten atender a la niñez, adolescencia de zonas en las que el riesgo a la inseguridad y delincuencia son parte del cotidiano y que es por medio del arte y la cultura que se atiende de manera integral a estas poblaciones”, indicó la federación.

Para la FEUNA, este recorte significa:

  1. Para el Parque de la Libertad: amenaza la continuidad de programas de formación para el empleo (CETAV), emprendimiento, STEAM, reforzamiento escolar, alfabetización digital, prevención de la violencia, habilidades para la vida y desarrollo socioemocional. Se corre el riesgo de un cierre total al Parque de la Libertad.
  2. Recorte a los fondos SOS Socio culturales que afecta directamente: gestores culturales, organizaciones y asociaciones comunitarias.
  3. Al Teatro Melico Salazar un recorte que afecta a: la Compañía Nacional de Danza, Compañía Nacional de Teatro, Taller Nacional de Danza, Taller Nacional de Teatro, Programa Proartes.
  4. Una afectación al Centro Costarricense de Producción Cinematográfica lo cual afecta al fondo para el fomento Audiovisual y cinematográfico “El Fauno”.
  5. Todas sus actividades centrales (mantenimiento, alquiler, pago de servicios, insumos, telecomunicaciones, informática…)
  6. Reduce el presupuesto destinado a las diferentes becas (Becas Taller, Puntos de Cultura, proyectos recibidos en las diferentes convocatorias), investigación y conservación de patrimonio, promoción de las artes, producción artística y cultural.
  7. Se añaden también diferentes reducciones como en los fondos a los procesos en diferentes comunidades; afectaciones al 50% en la atención de los espectáculos asociados al PND y la misión del TNCR, sin capacidad en contratos a directores, gremio de teatro, danza y música, diseño de vestuarios, escenografía y utilería, cierre del programa “Érase una vez”.
  8. La no participación del MCJ en la Feria del Libro dejaría sin trabajo a más de 300 personas. Vulnerabilidad a los Centros Cívicos por la Paz y la labor en Casas y Centros de cultura.
  9. Cierre total de la Orquesta Sinfónica Nacional, Museo de los Niños, Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y más…
  10. Desaparece el proyecto “Teatro en el Aula” con más de 15.000 estudiantes beneficiados, desaparece el Festival Nacional de Danza y el Encuentro Nacional de Teatro con más de 25 agrupaciones y más de 200 personas beneficiarias.
  11. Cierre de operaciones del archivo nacional.
  12. Los montajes de la Compañía Nacional de Teatro, Danza y sus actividades docentes con más de 350 talleres que incluyen 3723 estudiantes dentro y fuera de la GAM.

Estas son algunas de las afectaciones de este recorte, lo planteado puede significar un cierre técnico en su totalidad a funciones del Ministerio.

Al aprobarse este recorte, el Ministerio de Cultura y Juventud queda sin la capacidad de ejecución, sin margen de acción, cierres técnicos, más de 500 personas sin empleo al no realizarse festivales y despidos en asistencia en las áreas técnicas y mantenimiento, más de 18.000 estudiantes perderán el contacto con la cultura y el arte.

“Esta propuesta de recorte es totalmente inaceptable, irresponsable e incoherente a la realidad país en donde el arte y la cultura ocupan un papel fundamental en la reactivación de la economía, reducción de la inseguridad, formación, gestión en comunidades, acceso a derechos humanos fundamentales como la educación, el ocio, la libertad de expresión, salud mental y una vida digna”, manifestó Clareth Calderón, secretaría general FEUNA.

La FEUNA convoca este miércoles 17 de mayo a las 4:30 p.m. a manifestarnos en la Plaza de la Cultura para que este gobierno no avance con su propuesta neoliberal de recortes.

“Hacemos un llamado a toda la comunidad nacional, a las personas artistas, trabajadoras de la cultura, a colectivos independientes, a todas aquellas personas que se han visto alguna vez permeadas por el arte a unirse, a levantar la voz y evidenciar los intereses del actual gobierno”, concluyó Calderón.

Oficina de Comunicación

Universidad Nacional, Costa Rica

2022 registró 291 acciones colectivas en protección del ambiente y Derechos Humanos

  • Pueblos indígenas registraron 127 acciones y de estas 45 fueron denuncias por violencia en su contra.

El Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas del Instituto de Investigaciones Sociales (OCAC- IIS) de la Universidad de Costa Rica presentó su informe anual 2022 donde se registran los conflictos y las denuncias cotidianas que se generan en distintos territorios del país.

Este es su tercer informe que se construye a partir del monitoreo de medios y organizaciones sociales. En total durante el período enero-diciembre 2022 se registraron 291 acciones colectivas. Un número menor que en los dos años anteriores. Sin embargo, esto no se debe necesariamente a una mayor atención de las problemáticas o a una disminución de estas sino “más bien, pareciera que se puede apuntar a un cambio influenciado por el regreso a la presencialidad y los cambios en los protocolos sanitarios. Esto se evidencia en los repertorios y estrategias utilizadas desde diversos colectivos para manifestarse” (Informe 2022, OCAC).

En particular destaca el tema de las luchas por la defensa territorial de los pueblos originarios y su lucha por la recuperación de sus territorios que continúan sin una respuesta integral del Estado y la impunidad ante los hechos violentos sufridos en dichos procesos. De hecho, del total de acciones 127 estuvieron vinculadas a las demandas realizadas desde grupos de personas indígenas. De estas 45 denunciaban amenazas o agresiones directas, incendios, amenazas con armas y tentativas de homicidio, entre otras.

Por otra parte, desde el sector de acciones colectivas por la defensa del ambiente también se puede ver cómo continúan las disputas correspondientes a proyectos mega hoteleros, conflictos por el acaparamiento y contaminación del agua, promoción de proyectos de ley que perjudican al ambiente y oposición a proyectos que buscan la protección de quienes lo defienden (Acuerdo Escazú). Se ve también un mantenimiento de las problemáticas relacionadas a la violencia de género, desalojos y al debilitamiento de la institucionalidad y la producción local.

Sobre el papel del Estado dentro de las dinámicas de estos conflictos, el docente y coordinador del Observatorio Daniel Fernández Vásquez menciona: “los conflictos no nacen de la nada, no es como que se contamina sólo un río y por ahí sale el conflicto, sino que esa contaminación viene justamente una serie de políticas, un modelo de desarrollo, un modelo de producción.”

Este informe 2022 del OCAC es el primero de estos que no se ve permeado de una manera tan directa por el contexto pandémico y las particularidades arraigadas a la virtualidad y además incorpora acciones colectivas de las organizaciones feministas y del movimiento LGBTIQ+.

Al igual que en los informes correspondientes al 2020 y al 2021, los cuales contaron con cifras de 431 y 406 acciones colectivas, las luchas por territorios indígenas y el ambiente se mantienen como principales actores dentro de la movilización social en estos tres años.

El OCAC surge en el año 2019 como un complemento a la base de datos PROTESTAS del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR). En su página oficial señala que el Observatorio se plantea como una propuesta para sumar en la visibilización de los conflictos y las denuncias cotidianas que se generan desde diferentes comunidades y organizaciones.

Descargue gratis aquí: https://repositorio.iis.ucr.ac.cr/handle/123456789/1186

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica

Kioscos Ambientales UCR

ANEP: Situación fiscal y Derechos Humanos en Costa Rica

El pasado viernes 21 de abril, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) informó al Dr. Ding Ding, Jefe de Misión para Costa Rica del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el planteamiento obrero-social de la situación fiscal en Costa Rica y el dictamen legal sobre el pago de intereses de la deuda pública en Costa Rica en detrimento de un enfoque prioritario en Derechos Humanos. 

Respecto al planteamiento, la ANEP señala que hay temas muy relevantes que se estaban dejando de lado en los análisis o bien, se habían tratado muy superficialmente como la concentración del ingreso que se genera año tras año, resultado de las leyes y normas impuestas por la política pública. 

Asimismo, afirma que para corregir esta falencia, hay acciones urgentes como una eficiente gestión tributaria y aduanera que pueden dinamizar el mercado, generar empleos y traer prosperidad compartida  pero, no son incluidas por las evaluaciones de los organismos internacionales ni son tomadas en cuenta por los grupos nacionales de poder económico. 

Según la ANEP, Costa Rica requiere de mejorar la recaudación por el bien de un crecimiento económico robusto y balanceado de la sociedad por lo que considera que los negocios prósperos deberían contribuir con el financiamiento del Estado. Además, afirma que forzar el ajuste fiscal vía recorte del gasto social no es justo, equitativo y sostenible así como tampoco es conveniente seguir insistiendo por la vía de los impuestos indirectos. 

Por otra parte, la ANEP expone que hay otros temas que no se pueden seguir invisibilizando en las evaluaciones del FMI tales como el mal funcionamiento de algunos mercados que son extractores de rentas oligopólicas por lo que al país también le urge una revisión exhaustiva de las estructuras de los mercados. 

En cuanto al dictamen legal sobre el pago de intereses de la deuda pública en Costa Rica, la ANEP considera preocupante que el Presidente de la República retome la receta fácil y poco creativa de recortar gasto público que en realidad es inversión social pública en lugar de atender los problemas estructurales que son las causas y no las consecuencias. 

Por lo anterior, la ANEP se posiciona a favor de la responsabilidad social, teniendo en cuenta que la deuda pública del país debe ser desagregada y priorizada en cuanto a su nivel de cumplimiento, tomando como base de criterio el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH). 

En este sentido, la ANEP menciona que la deuda que tiene el gobierno central con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), debe ser un tema prioritario para que la seguridad social del país sea robusta y de calidad. Es decir, bajo un enfoque de Derechos Humanos, es permitido preguntarse sobre lo que es o no prioritario: ¿pagar intereses de deuda externa o cumplir con la obligación de que el gobierno central pague su deuda con la Caja?

Ante esta situación, la ANEP enlista las recomendaciones finales del dictamen, manifestando la a)necesidad de exigir al Estado Costarricense una propuesta de renegociación de la deuda pública, ante organismos financieros internacionales, b) acudir ante el Experto Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales y c)realizar un proceso político de auditoraje de la actual deuda pública, el cual permita obtener algún nivel de claridad y de transparencia, en cuanto a una diversidad de variables. 

Los diputados realizan un fraude de ley en la discusión de la jornada de trabajo de 12 horas diarias

Vladimir de la Cruz

Inicia esta semana la Asamblea Legislativa la discusión del Proyecto de Ley de las Jornadas de 12 horas de trabajo diarias. Así es como debe entenderse la transformación de la Ley de la jornada de 8 horas que existe establecida en la Constitución Política de 1871, desde 1943, reafirmada en la Constitución Política de 1949, y en la vida nacional desde 1920, cuando se logró establecer esa jornada como resultado de un año de luchas, de movilizaciones obreras, de trabajadores y de huelgas, que habían iniciado a finales de enero de 1920.

Los diputados pretenden aprobar esta reforma, a modo de una Ley especial, discutiendo tres horas diarias por quince días ese Proyecto, hora y media en la mañana y hora y media en la tarde. Eso es literalmente un fraude de ley, porque, además, el fraude se comete cuando amparándose a esta normativa reglamentaria, se quiere modificar la Constitución Política y el Código de Trabajo, mediante una nueva ley, qué por su naturaleza, es contraria al ordenamiento constitucional existente, sin que se esté proponiendo una reforma constitucional a la jornada de 8 horas diarias de trabajo. También se elimina todo el trámite que en Comisión Parlamentaria se lleva a cabo sobre un Proyecto de Ley.

De hecho, el fraude de ley que fraguan los diputados es anular, en la práctica, el ordenamiento jurídico superior establecido en la Constitución Política de las 8 horas diarias de trabajo máximo. El fraude de ley aquí cometido es actuar contra la Constitución Política, ley superior que prohíbe jornadas de trabajo diario superiores a 8 horas, salvo que por ellas se pague un plus del 50% del valor de cada hora de las 8 trabajadas, lo que no se quiere hacer con la jornada de 12 horas diarias.

Si sobre ellas se autoriza trabajar, entonces debe darse un pago adicional por cada hora de trabajo extra, equivalente a un 50% del valor ordinario de una hora de trabajo. Lo que quieren evitar es que se pague ese 50% del valor de cada hora de trabajo, y robárselo a los escuálidos salarios de los trabajadores.

Con la ley de las 12 horas que se quiere establecer no se pagan horas extras. Todas se pagan a un mismo valor. Aquí hay otra trampa de quienes promueven la aprobación de las jornadas de 12 horas. Consiste en señalar que han aumentado un pequeño porcentual el pago de cada una de las 12 horas que se trabajarán, como estímulo, “a modo de horas extras pagadas” en el conjunto de la jornada de 12 horas. Eso no es cierto. Si así fuera, en sencillo, lo que se está haciendo es pagar de una manera determinada cada hora, pero no reconocer las horas extras. Si así fuera, tan solo se paga la hora extra, con su plus de pago y ya. Tramposamente han hecho el cálculo de lo que cuesta el pago de las 4 horas que quieren extender obligadamente, y sobre ese monto, han establecido una suma que dividen en las 12 horas de modo disminuido, cargadas a cada hora, para dar la sensación de que se está mejorando el pago por el día de trabajo, con lo cual los patronos siguen ganándose una parte de lo que deberían pagar si tuvieran que cubrir las 4 horas adicionales, con el 50% de valor de cada hora. Seguirían robando una parte de lo que realmente se debe pagar con las 4 horas de trabajo extra sobre las 8 que se quieren extender obligadamente.

El fraude de ley es una estafa, que resulta de usar o apoyarse en una normativa existente con la finalidad de alcanzar ciertos objetivos. Aquí los diputados se basan en el Reglamento legislativo para alterar la discusión de un Proyecto de Ley que se presenta para su trámite parlamentario, con la intención de modificar la Constitución Política y el Código de Trabajo.

El fraude de ley que se quiere establecer es evitar una discusión profunda, amplia y detallada por parte de los diputados de ese Proyecto de Ley de 12 horas diarias. ¿Por qué? Porque se reduce el tiempo de discusión de todos los 57 diputados a 3 horas diarias, partiendo esa discusión en hora y media por la mañana y en hora y media por la tarde, al mismo tiempo que discuten otro proyecto, el de la seguridad ciudadana. Con esta partición de tiempo, parten la continuidad y profundidad de la discusión, desarticulan, dividen, debilitan la discusión y a los diputados que están en contra de que se establezca la jornada de 12 horas diarias de trabajo. Es una táctica mafiosa establecida para ocultar, disimular y evitar la discusión pública, especialmente de los diputados opositores a este Proyecto de Ley. Es literalmente una trampa legislativa de quienes están interesados en imponer la jornada de 12 horas diarias de trabajo.

La discusión de los dos proyectos, el de las 12 horas de trabajo diarios y el de seguridad ciudadana deben realizarse de manera compacta cada uno, dedicando todo el tiempo y atención de los diputados a cada uno de manera separada. El más importante es el de seguridad ciudadana. El proyecto de las 12 horas diarias de trabajo puede esperar unos días para su discusión. La discusión de ambos es una distracción de la esencia y atención que se le debe poner al proyecto de la ley de las 12 horas diarias de trabajo.

La mayoría de los diputados, de las distintas fracciones políticas legislativas, actúan como rebaños. Simplemente, les dan la orden de votar de determinada manera como borregos. A algunos les harán sus discursos sin que ellos mismos los entiendan, lo que a veces se puede apreciar por la forma como los leen, y para que en el volumen de los discursos se produzca la sensación de una mayoría abrumadora a favor de las jornadas de 12 horas diarias de trabajo.

El fraude de ley pasa imponiendo a las fracciones de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, un tiempo determinado y proporcional al tamaño de cada fracción y al número de diputados que tienen. Así, los partidos que tienen menos diputados tienen menos tiempo de exposición y de defensa de sus argumentos. A los efectos prácticos es un tapabocas para un grupo de diputados.

Los Proyectos de ley que se presentan para trámite parlamentario pasan por un trámite interno, que lo califica y termina ubicándolo en una de las comisiones legislativas para su discusión y eventual aprobación.

En ese trámite y en esa discusión los diputados pueden invitar especialistas sobre la ley en discusión, pueden solicitar asesores y expertos que les brinden información para su mejor trámite, y sobre todo para convencerse de la necesidad y oportunidad de la ley que tramitan. Esa discusión puede llevar su tiempo. Aprobado el Proyecto de Ley se pasa al Plenario legislativo, para que todos los diputados lo conozcan y decidan finalmente su posible aprobación.

El Reglamento legislativo tiene la posibilidad de que el Plenario Legislativo pueda convertirse en una Comisión, donde actúan todos los diputados como miembros de ella, para conocer un Proyecto de Ley en específico.

Con el trámite especial que se ha establecido para esta discusión se ha evitado todo el trámite de las comisiones parlamentarias, sin invitaciones de especialistas, sin consultas que a veces las Comisiones hacen a organismos especializados o conocedores de la temática, como las Escuelas de Derecho de las Universidades, las Cátedras de Derecho laboral, el Colegio de Abogados, La Asociación de Abogados Laboralistas, la sede costarricense de la Organización Internacional del Trabajo, jurisconsultos o personas especializadas en esta materia, desde distintos ángulos, organismos como el Colegio de Médicos, el Colegio de Sicólogos y el Colegio de Trabajadores Sociales, a la Conferencia Episcopal de Costa Rica, que estoy seguro podrían decir profesionalmente muchas cosas en contra de la jornada de 12 horas diarias de trabajo, cuando en el mundo europeo, y en otros países, la tendencia es a disminuir la jornada semanal a 36 y 35 horas, y con ello también la jornada diaria.

Durante la jornada de trabajo diario de las 8 horas los patronos están obligados a dar tiempo de descanso y tiempo de almuerzo, que en términos generales ronda en una hora, como parte de la jornada. Con la jornada de 12 horas diarias cínicamente están diciendo que darán hora y media, dentro de las 12 horas, como descanso y tiempo de almuerzo o café, con lo cual no se trabajarían las 12 horas sino tan solo 10 horas y media. Eso es cinismo puro. Porque las 12 horas son también las 12 horas de encierro en el establecimiento laboral. Son las 12 horas que un trabajador debe permanecer dentro de su establecimiento de trabajo.

Se ha argumentado a favor de la jornada de trabajo de 12 horas diarias que no es para los trabajadores del sector público. Eso es cierto. Eso solo afecta a 200.000 trabajadores. La jornada de 12 horas pende sobre la cabeza de más de 2 millones de trabajadores, que no trabajan para el Estado ni las instituciones públicas, ni para las empresas extranjeras. Eso lo dicen constantemente para no asustar, especialmente, a los trabajadores públicos que tiene mayor capacidad de movilización y resistencia. Los trabajadores del sector privado están como burros amarrados frente a tigres sueltos. Sin poder protestar ni movilizarse contra este proyecto de ley por temor a perder sus trabajos.

Dentro del sector privado se ha dicho que este proyecto de ley solo afectará a trabajadores de ciertas empresas de zonas francas y extranjeras, que no suman más de 200.000 trabajadores en el país. Pongámoslo en sencillo. Si es solo para ellos, que se haga una ley solo para ellos, pero no para todos los trabajadores del sector privado. Ante los diputados se debería informar cuáles empresas extranjeras están pidiendo la jornada de 12 horas. Ese es un argumento falaz si no se indican cuáles son las empresas que necesitan esa jornada. Lo que hay que indicar son las empresas concretas no los sectores productivos o ramas de producción que podrían “beneficiarse” de la jornada de trabajo de 12 horas diarias.

Esto trae otro problema importante. En los Estados Unidos la jornada de trabajo oficial es de 8 horas diarias o 40 semanales. Las empresas norteamericanas en Estados Unidos, o fuera de su territorio, están obligadas a cumplir esa legislación. Si aquí empresas norteamericanas quieren aplicar jornadas de explotación del trabajo superiores a las 8 horas pueden ser denunciadas en Estados Unidos, y ante los sindicatos norteamericanos, como la Federación Americana del Trabajo, la AFL, que tiene sede en Washington, y pueden ser objeto de campañas internacionales por el abuso y explotación que realizan del trabajo humano, así como se hacen campañas contra las que emplean trabajo infantil para que no les compren sus productos.

Una abogada obviamente del sector patronal, el pasado domingo, en el programa de televisión de Canal 7, Debate Nacional, afirmó que en Costa Rica hay empresas que aplican ya la jornada de trabajo de 12 horas. Debe informarse a los diputados de cuáles empresas en el país ya están con esa jornada, que se investigue si pagan horas extras o no, si tienen autorización de alguna institución nacional para esa jornada, si están sujetas a inspección laboral.

La inspección laboral en Costa Rica, de paso es risible. El Ministerio de Trabajo no tiene capacidad para inspeccionar nada, literalmente nada. No tiene los suficientes inspectores, ni los autos, para realizar esa labor. En un pasado que conocí los inspectores de trabajo, en las empresas, eran muy bien atendidos por el Jefe de Personal de las empresas y no entrevistaban ni consultaban trabajadores.

La discusión de la jornada de 12 horas diarias de trabajo debería servir para valorar cómo en todo el país se trabaja, cuáles son las causas principales de juicios laborales. Esto es sumamente interesante para entender cómo se violan los derechos y beneficios laborales, constitucionales y legales, de los trabajadores.

A los diputados se les debe suministrar la estadística anual de los juzgados e instancias laborales, de todo el país, que les permita ver cuáles son las principales causas de demanda de los trabajadores. Eso puede darles una idea de condiciones de trabajo. También pueden solicitar cuántos de esos juicios los ganan los trabajadores y cuántos los ganan los patronos por su cuantía, y se sorprenderán de sus resultados.

La discusión de la jornada de trabajo de 12 horas debe servir para discutir de cómo se organiza y realiza el trabajo, el mundo del trabajo en el país, con todas sus aristas, entre ellas la seguridad e higiene ocupacional.

El mundo de los accidentes de trabajo en el país. Con jornadas de trabajo de 8 diarias los accidentes de trabajo anual es de más de 100.000 accidentes, con alto índice de fallecidos y de personas afectadas con incapacidades permanentes. Con jornadas de trabajo de 12 horas, ¿aumentarán los accidentes de trabajo?

El fraude de ley que impulsan en la discusión de la ley de las jornadas de trabajo de 12 horas diarias debe detenerse. Si el Plenario legislativo va a trabajar como una comisión parlamentaria, que se usen todas las reglas y procedimientos para aprobar un proyecto de ley, como se hace en la comisión legislativa.

Por intoxicación masiva de estudiantes en San Juan de Florencia: Solicitamos investigación del Ministerio Salud, MAG y MINAE

(San José, martes 9 de mayo, 2023). – Exigimos a las autoridades que tomen acciones concretas por la intoxicación de estudiantes y docentes el pasado viernes 5 mayo, ya son varias las ocasiones en que las y los vecinos han denunciado esta situación, donde una finca piñera ubicada a la par de la Escuela La Ceiba, en la comunidad de San Juan de Florencia, en el cantón de San Carlos, provincia de Alajuela aplica agroquímicos y afecta a las personas aledañas.

La intoxicación del pasado viernes afectó a 29 personas (25 son niños y niñas), quienes fueron atendidas por presentar náuseas y dolor abdominal. Un total de 8 fueron trasladadas al hospital para su valoración, de los cuales hay 7 niños y una adulta mayor (Allan Jara, 5-5-23 y TVN, 5-5 2023).

Por un lado el MAG, por medio del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), debe girar la orden que impide a la empresa, dueña de la plantación agrícola involucrada en la intoxicación de niños y niñas, aplicar cualquier agroquímico sobre la finca en cuestión.

Además, como no nos encontramos en un caso nuevo, sería importante conocer qué sanciones aplicaron las instituciones por la contaminación ocurrida en el 2019 que afectó a más de 22 personas, entre estas 16 niñas y niños (Semanario Universidad, 10-9-2019). Esto es importante porque resulta evidente que la sanción o correctivos por la empresa no sirvieron – si es que hubo-. Por ser reincidente, deberían aplicarles una sanción mayor a la persona física o jurídica responsable del hecho.

También es necesario que las autoridades respectivas decreten medidas restrictivas a nivel nacional, para que las piñeras y otras plantaciones no puedan sembrar a menos de 400 metros de centros educativos, centros de salud y viviendas, tal como se les aplica a ventas de licores o bares con respecto a escuelas, EBAIS y plazas públicas.

En el 2019, señaló el Servicio Fitosanitario del Estado que ese día la piñera fumigó con Diazinon, Ecogreen y Camauba (Ver adjunto: Informe Técnico MS-DRRSRHN-IT-1030-2019). El pesticida Diazinon (Ácido fosforotioico) es un insecticida organofosforado (IOP) utilizado para controlar insectos en los suelos y las plantas. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) lo identifica como una sustancia peligrosa. La exposición al Diazinón puede causar, de manera rápida y grave, dolor de cabeza, mareo, visión borrosa, náuseas, vómitos, diarrea, afectaciones musculares, pérdida de la coordinación, convulsiones, coma y finalmente la muerte.

En Argentina, la autoridad encargada denominada Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), prohibió la elaboración, importación, y fraccionamiento de esta sustancia y sus productos formulados mediante la resolución 263/2018.

Kioscos Ambientales
UCR

Diálogo sobre la lucha de las familias y comunidades por defender el derecho humano a vivienda digna

El pasado 27 de abril en el  programa de Radio 8 de Octubre participaron Orlando Barrantes Cartín, María José Lechado, Adrián Jaen España y Félix López Zambrana, activistas e integrantes del Comité Ejecutivo del Bloque de Vivienda, en el espacio de “Diálogo sobre la lucha de las familias y comunidades por defender el derecho humano a vivienda digna”. Esto fue motivado por la concentración popular en Casa Presidencial y la Plaza de la Democracia, así también en la ruta 32 y ruta 27 el miércoles 19 de abril. 

Como consecuencia de esta movilización se consiguió abrir una mesa de conversaciones con el gobierno.

 

Compartido con SURCOS por Maria Trejos Montero.

¡Alerta! 02-04-2023. Muere trabajador bananero mientras labora. ¿Será por violación a los derechos laborales por parte de la empresa? 

Según información recabada por MTC: 

  • Dos trabajadores bananeros de una finca bananera mueren en menos de dos meses.
  • El 2 de mayo, a uno de ellos, la patronal le negó el permiso para irse a la casa.
  • Además, rechazaron su ruego de que lo llevaran al hospital cercano en un vehículo de la empresa. 
  • Fallece laborando. 
  • Jerarcas de la empresa lo cubren con una sábana y aparentemente exigen que se continúe con el trabajo «porque las cajas con el producto se deben sacar hoy mismo”.

Solicitamos al Ministerio de Trabajo, al Consejo de Salud Ocupacional y a la Fiscalía General de la República que procedan en la mayor brevedad a hacer las investigaciones de ambos casos para determinar si esa empresa está cumpliendo con los protocolos de salud ocupacional para atender estos casos, si utilizan los equipos de protección para las labores de campo y los agroquímicos autorizados por la ley. 

Instamos a la OIT que actúe según sus competencias en defensa de un trabajo seguro, justo y digno para todas y todos.

¡Exigimos que aclaren los hechos y se responsabilice a los culpables de la muerte de ambos obreros bananeros! 

Movimiento de Trabajadores y Campesinos 

ANEP: Primero de Mayo, a 110 años de su primera conmemoración en nuestro país tenemos una Costa Rica irreconocible

01- Mañana lunes 1 de mayo de 2023, conmemoraremos la gesta histórico-obrera y social del Primero de Mayo, evento de relevancia universal que para el caso costarricense nos recuerda la primera ocasión en que se celebró, allá, por 1913. Exactamente, hace 110 años.

02- Connotados costarricenses de entonces, agrupados en el Centro de Estudios Germinal, se preocuparon porque nuestro país también honrara la gesta histórica de Los Mártires de Chicago, con su lucha y su sacrificio por la jornada de trabajo de 8 horas, que tuviera lugar el 1 de mayo de 1886, en Estados Unidos.

03- Omar Dengo Guerrero, María Isabel Carvajal Quesada (Carmen Lyra) y Joaquín García Monge, quedaron en las páginas de oro de la historia obrero- costarricense por la organización de la primera manifestación del Primero de Mayo en suelo nacional.

04- A 110 años de tanta sublime ocasión, nos juntaremos en el Parque La Merced en el marco de una Costa Rica prácticamente irreconocible: totalmente desigual con grandes sectores excluidos, totalmente, de los beneficios del crecimiento económico; que convirtió a la concentración de la riqueza en su problema número uno por la preservación de un sistema tributario injusto y corrupto; que tiene a su clase trabajadora asalariada (pública y privada), con salarios congelados y precarizados, altísimamente endeuda y con severos problemas de liquidez; y con un sector agropecuario nacional a punto de su liquidación y extinción total.

05- Se ha generado un centro de poder real constituido por una escandalosa colusión de intereses públicos y privados formadora de una élite banquero-financiera controladora de los poderes públicos; con un endeudamiento público colosal y su correspondiente y más que obsceno pago de intereses que desequilibra los programas de bienestar y asistencia social.

06- Además, la violencia criminal y delincuencial y su parte más descarnada, el ilegal negocio organizado del tráfico de drogas, sigue poniendo en jaque a la propia institucionalidad republicana con su sostenido proceso de infiltración, que ya no solamente abarca los poderes Ejecutivo y Legislativo, sino también al Judicial.

07- En esta lógica perversa de ataque artero a la misma democracia, los pactos políticos “de los de arriba”, sigue vulnerando la confianza de la ciudadanía trabajadora en sus gobernantes y asoma, con toda crueldad, el carácter de una nueva estafa política.

08- La vieja y la “nueva” clase gobernante con la repudiable práctica del pacto y de la componenda, asesta un nuevo golpe a la moral obrera y ciudadana: El Pacto de los Rodrigo en contra de un pilar hasta hoy sagrado de las conquistas obreras universales y nacionales, la jornada de 8 horas. Cruzaron la línea para abrir la ofensiva del capital neoliberal en contra de la esencia misma del Estado Social de Derecho y varias de sus instituciones legales, sociales y republicanas más emblemáticas, como la propia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

09- No podía darse una más macabra respuesta político-patronal por mayor justicia obrera y social que ésta: que se dé en el marco de la conmemoración histórica del Primero de Mayo la decisión del ataque a la más que sagrada conquista de las 8 horas.

10- Hoy más que nunca está más que transparente el desafío de los sectores sociales, laborales, cívicos y patrióticos: construir una gran unidad, al menos, en la acción. Hoy en día, hay muchas más razones para la unidad y esa gente, “los y las de arriba”, nos las viene indicando con su accionar de los últimos tiempos.

San José, domingo 30 de abril de 2023.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

¿Miden las encuestas lo que piensa la gente?

Juan Carlos Cruz Barrientos. Comunicador social

Esa es una pregunta que suele asaltarnos cada vez que un ente académico o una empresa de estudios de opinión difunde los resultados de una nueva encuesta. Especialistas de la comunicación social han concluido que lo que realmente miden las encuestas es la opinión pública construida por los medios informativos. Es decir, miden la eficacia de los medios para colocar su relato en la conciencia ciudadana. De eso va la hegemonía cultural. Ese relato se refiere al planteamiento del hecho, objeto de la información y a su interpretación, haciendo referencia a un nicho interpretativo previamente instalado en la conciencia colectiva.

El hecho de que la inseguridad ciudadana aparezca como la principal preocupación ciudadana en el Estudio de Opinión Pública del CIEP de abril, por encima del costo de la vida y del desempleo, es un caso típico.

El objetivo aumento de la violencia y de la consecuente inseguridad ciudadana, permanentemente tratado por los medios informativos, termina colocando el tema en la “agenda ciudadana”, pero los medios omiten la necesaria reflexión sobre las causas estructurales de la violencia: el aumento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, como resultado del debilitamiento sistemático de las políticas sociales.

Si las pugnas entre bandas de “narcomenudeo” están ocasionando la muerte de jóvenes, habría que decir que esos jóvenes están, en su mayoría, expulsados del sistema educativo y proceden de las comunidades más abandonadas por el Estado.

La perseverancia mediática en el tema de la violencia criminal, sin reflexión sobre la causalidad, conduce al fomento del miedo, en particular, el miedo a ser víctima del crimen. Y es un miedo tan grande y poderoso, que pone a la violencia criminal por encima de la violencia estructural, que condena a 399.439 hogares costarricenses a no poder satisfacer sus necesidades de alimentación y vivienda.

La ausencia de reflexión sobre la causalidad estructural y la búsqueda colectiva de soluciones alternativas convoca la indefensión y empuja a esa ciudadanía asustada a buscar soluciones individuales, encerrados en nuestras casas, pensando en adquirir armas de fuego y a clamando por más medidas punitivas, más cárceles y mayor represión.

El hecho objetivo

De acuerdo con las estadísticas del OIJ, los actos de criminalidad que sustentan percepción de mayor inseguridad ciudadana son los siguientes:

  • Durante el 2022, la tasa total de homicidios dolosos aumentó a 12,6 por cada 100.000 habitantes
  • Se registran 68 víctimas más de homicidio doloso en comparación al mismo periodo del 2021.
  • El 92,7% de las víctimas son hombres, el 7,2% mujeres y 0,2% con sexo desconocido.
  • En promedio, se registran 55 víctimas de homicidio doloso al mes, 6 víctimas más al mes en comparación al mismo periodo del 2021.
  • Las principales víctimas de homicidios dolosos continúan siendo personas jóvenes, el 53% de ellas tenía entre 20 y 34 años.
  • El 72% de los homicidios dolosos se cometió utilizando un arma de fuego, 16% utilizó un arma blanca y un 12% otros métodos.
  • Por tipo de móvil, 63% de los homicidios dolosos se vinculan a la delincuencia organizada.
  • Las provincias de mayor ocurrencia son: Limón, San José, Puntarenas y Alajuela.
  • Las mujeres constituyen las principales víctimas de la violencia doméstica: 8 de cada 10 víctimas son mujeres y 4 de cada 5 personas agresoras son hombres (2021).
  • Durante el año 2021, 5.419 personas fueron imputadas por infringir la Ley de Armas y Explosivos según el Ministerio de Seguridad Pública, 9 de cada 10 infracciones estaban relacionadas con la portación ilegal de un arma blanca o de fuego.
  • Durante el año 2021, 84.770 personas fueron imputadas por infringir la Ley de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. El 98% de estas infracciones estaban relacionadas con la tenencia de droga.

Ocuparnos de las causas

Para el Programa de Análisis de Coyuntura de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA), detrás del aumento de la violencia criminal hay elementos socioculturales, políticos y económicos relacionados con la violencia estructural que interpelan al Estado, llamado a garantizar el ejercicio de todos los derechos humanos para todas las personas.

Costa Rica fue el país de América Latina en el que más creció la pobreza y la desigualdad entre el 2017 y el 2022. Según un cálculo hecho por el Banco Mundial, la pobreza aumentó al menos 2,3 puntos porcentuales en este periodo.

Los datos del BM coinciden con los del Instituto en Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR), según los cuales para el cierre del 2022 la cantidad de hogares en condición de pobreza en el país podría haber crecido a 24% o 25%. Esto sería levemente superior al 23% reportado por el INEC para noviembre del 2022 y superior a lo registrado en el 2017, cuando se calculaba en 20%.

Mientras tanto, frente a este panorama, el país no cuenta con una estrategia de combate a la pobreza ni con acciones definidas para acortar la brecha social entre ricos y pobres, en su defecto, cobran vitalidad las soluciones paliativas de corte punitivo, esgrimidas por autoridades gubernamentales y aupadas por los medios de información. No tardarán en aparecer los estudios de opinión que digan que eso es lo que quiere la gente.

Abril,2023