– Así fue notificada nuestra organización el día de hoy por el sistema de gestión en línea
La Sala Constitucional dio curso a la Acción de Inconstitucionalidad presentada por la ANEP, el pasado 10 de febrero del 2023, contra la Ley Marco de Empleo Público en la cual se cuestiona una serie de artículos y normativas presentes en la ley Nº 10.159.
En la acción de inconstitucionalidad de la ANEP, se solicita que se declaren inconstitucionales los artículos 2, 5, inciso b),6, 7, incisos a), c), d) f), l) y m), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29,30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 49 incisos a), c), d), e) f), Transitorios VII, XI, XII y XV de la Ley Marco de Empleo Público n°10.159 (LMEP), por estimar que lesionan los artículos 1, 9, 11, 34, 39, 50, 56, 57, 62, 73, 74, 84, 85, 87, 99, 156, 170 y 188 y siguientes, así como los principios de división de poderes, igualdad, progresividad y no regresividad, seguridad jurídica, libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, el debido proceso, las autonomías constitucionales, el principio de retroactividad, los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. Todos estos derechos están establecidos en la Constitución Política y en diversos tratados de derechos humanos ratificados por Costa Rica en materia de derechos económicos y sociales.
Para la ANEP, las normas impugnadas afectan tres grupos de derechos y principios: los que dan sustento al Estado de Derecho (principio de división de poderes, autonomías), los derechos laborales (derecho al trabajo y al salario) y los sindicales (derecho a la negociación colectiva).
Para nuestra organización, el Estado costarricense es un Estado Social de Derecho, lo que significa que deben garantizarse una serie de derechos fundamentales. Entre ellos, la no concentración del poder, la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y la progresividad de los derechos.
Desde la ANEP, consideramos que una de las afectaciones que denota la LMEP es el ataque y violación al principio de división de poderes del Estado. Ejemplo de ello, son las múltiples funciones, responsabilidades y decisiones que se le otorgan al MIDEPLAN, como ente contralor y decisor de todo el régimen de empleo público.
En nuestra organización tenemos claro que la Asamblea Constituyente de 1949, estableció en la Constitución Política, los principios de separación de poderes y autonomía de algunas instituciones públicas, instituciones de educación universitaria superior y municipalidades, como una forma de garantizar un sistema de “pesos y contrapesos” que equilibran el uso del poder público y garantizan el Estado Social de Derecho.
En la notificación la Sala Constitucional le confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República, al presidente del Directorio Legislativo y a la ministra de Planificación Social y Política Económica.
MBA Lic. Bach. Luis Gilberto Martínez Sandoval Académico Universitario, Sede Central UTN www.utn.ac.cr Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales, Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales. Ex Funcionario Banco Mundial IFC – Grupo Wong Ecuador y, América Latina, Escritor, Científico Social
«La política exterior puede, por lo tanto, ser ya definida como el conjunto de acciones de un Estado en sus relaciones con otras entidades que también actúan en la escena internacional con objeto, en principio, depromover el interés nacional.»
P.A. REYNOLDS
En Costa Rica, el Presidente y, el Canciller a través de la Dirección General de Politica Exterior, definen la política exterior costarricense dado que es la “dependencia responsable de la coordinación de la política exterior de Costa Rica. Con fundamento en los lineamientos generados por la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y, los Altos Intereses de la Nación, esta dependencia establece los procedimientos a seguir para resguardar y promover los principios que han inspirado las relaciones con otros Estados u Organismos.” “En cuanto a su misión la Dirección de Política Exterior es la instancia responsable de brindar el apoyo necesario tanto al Ministro como al Viceministro a fin de que, conjuntamente con el Presidente de la República, se procure la elaboración, formulación, implementación y evaluación de la política exterior del país; así como el logro de una eficaz orientación de las relaciones internacionales, la promoción de los intereses políticos, económicos y sociales, además de ser el ente facilitador de las gestiones nacionales ante Gobiernos, Organismos e Instituciones Internacionales, y participar activamente en la salvaguarda de la soberanía nacional.”
La Dirección citada supra, ha establecido los siguientes ejes estratégicos, mismos que vienen de otras administraciones gubernamentales:
La defensa de la democracia, la integridad territorial y la soberanía nacional.
La promoción, la protección y el respeto de los Derechos Humanos y libertades fundamentales.
La promoción de la paz, del desarme y de la seguridad nacional, regional y mundial
El fortalecimiento del Derecho Internacional y el desarrollo de un multilateralismo efectivo.
La promoción del desarrollo sostenible y la coordinación y representación política en las negociaciones ambientales internacionales.
La política exterior se define “como el conjunto de las decisiones y acciones públicas que toma el gobierno de un Estado dirigidas en el ambiente internacional en función de los intereses nacionales que se traducen en objetivos- metas” Para Andrés Rozental,, “la esencia de la política exterior es un cálculo político guiado por el interés nacional junto con la instrumentación de una estrategia coherente para alcanzar los objetivos marcados”.
Existen puntos en común que establece la política exterior, entre los que se pueden mencionar los siguientes:
No puede ser separada de la política interior de los Estados.
Es una política manejada por el grupo de personas que se encuentre en el poder en ese momento.
El conjunto de políticas que se definan debe funcionar como un instrumento conciliador entre el interés nacional y los intereses globales.
Debe establecer objetivos y estrategias concretas para la solución de un problema o un determinado fin.
Respecto a el proceso de toma de decisiones en política exterior implica las fases siguientes:
La evaluación del ambiente político internacional y nacional.
Configuración de las metas.
La determinación de opciones políticas.
Acción formal de toma de decisiones que estar guiada por la rama ejecutiva del gobierno (Presidente) y, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto con participación del Ministro o Ministra de la Presidencia.
La aplicación o implementación de la opción política escogida.
En ese sentido, los expertos sugieren que cada nación debe seguir el modelo de actor racional que se guía por la teoría de la elección racional en sus relaciones internacionales y política comercial. Según el modelo de actor racional, el Estado usa el proceso de toma de decisión racional, un proceso que incluye:
La configuración de las metas y su valoración
La consideración de las opciones
La evaluación de sus consecuencias
La maximizan de valor
En ninguno de los ejes estratégicos de la Dirección General de Política Exterior esta plasmada las dimensiones político-estratégica y geo económicas para el país. Ni mucho menos una estrategia holística de proyección global, basada en la consolidación de espacios regionales de poder y la consecuente construcción de liderazgo en política exterior de Costa Rica. Costa Rica requiere de una política exterior de mayor visibilidad. Debemos tener una mayor participación global y regional. Una política exterior más asertiva y de mayor agresividad. Más proactiva.
Formulamos algunas preguntas:
¿Cuáles son las principales estrategias en política exterior que establece la Dirección citada supra?
¿Cuáles son los fundamentos de la política exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto? ¿Regiones o Naciones?
¿Cuál es la convergencia y coevolución en lo económico, diplomático y estratégico a nivel institucional MREC para Costa Rica en el Siglo XXI?
¿Cuáles son los intereses nacionales centrales en la política exterior costarricense de la presente administración?
¿Cuál es nuestra estrategia geoeconómica en política exterior y diplomacia comercial costarricense?
¿Tenemos como nación estado una política exterior un “plan único” consciente y de gran alcance (algo así como un plan maestro)?
En el Siglo XXI nuestra política exterior deberá ser menos burocrática institucional y más pragmática y enérgica según el interés nacional y las regiones a priorizar.
Adicionalmente, se plantea, por parte de la Dirección citada supra en relación con los procesos de integración regional, como reto principal contribuir a la revitalización de una estrategia de integración SICA, OEA, SEGIB, CELAC y AEC que son conocidos por estudiosos de las relaciones internacionales como procesos históricos de integración fracasados y burocráticos sin resultados tangibles.
Un solo ejemplo, el SICA no a podido hacer desde su creación una propuesta regional de todo un transporte ferroviario de personas y bienes en América Central que una desde Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá con una poderosa Agencia Ferroviaria similar a la de la Unión Europea base para una verdadera integración y movilidad de factores específicamente el factor humano centroamericano y el movimiento de bienes. Y, con pasaporte común centroamericano.
Asimismo, en el ámbito multilateral nuestra política exterior se guía por representaciones permanentes en Nueva York, Ginebra y Viena ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus agencias especializadas. Lo anterior ha caracterizado nuestra política exterior costarricense desde 80’s hasta la fecha.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto cuenta con 47 sedes diplomáticas llamadas Embajadas y, 52 Consulados – que dada la nueva realidad del avance en TICs y la Revolución Científica Tecnológica de entornos virtuales ya no son tan necesarias y podrían derivar en Embajadas según Regiones Estratégicas Geopolíticas y Geoeconómicas y no por países o nación. Con ello ahorraríamos considerables recursos del presupuesto nacional.
Por ejemplo, Costa Rica puede tener una Embajada Regional con un Equipo de Alto Nivel Especializado para China y el Sudeste Asiático, o bien para atender la Región de Centro América, o una para la Región del NAFTA, la Alianza Pacífico, Mercosur, así también, una Embajada y Consulado Regional que atienda todos los 27 países de la Unión Europea en diversos temas de carácter político – diplomático y de auxilio consular y, no una Embajada por país que es un gasto público excesivo e innecesario. Debemos Regionalizar Institucionalmente como prioridad en política exterior y diplomacia costarricense.
Como bien nos explican (Pearson, Frederic S., Rochester, J.Martin: 2010): “La diplomacia de hoy ha cambiado considerablemente con los años, a medida que han cambiado las condiciones del sistema internacional.”. “En el siglo XIX y principios del siglo XX, las embajadas tendían a ser pequeñas y a menudo estaban compuestas únicamente por un embajador y un pequeño grupo de funcionarios. Se esperaba que los embajadores fueran personas con una formación amplia y con capacidad de aprender una gran variedad de funciones. Hoy día, el personal de las grandes embajadas incluye especialistas tales como funcionarios de información, funcionarios consulares, los agregados comerciales, agregados militares y oficiales de inteligencia. La creciente burocratización de las embajadas refleja el volumen creciente de la complejidad de las transacciones internacionales. Debe agregarse que muchos países pobres carecen de recursos económicos y del personal necesario para mantener el moderno tipo de embajadas descrito” (Ibidem: 2010) “Las avanzadas comunicaciones y la tecnología del transporte propias de la era moderna han hecho que los gobiernos dependen cada vez menos de sus embajadores en el sentido de que sean sus principales representantes en el manejo de los asuntos con un país extranjero”.
Adicional a lo anterior, existen convenios y tratados internacionales negociados por COMEX y ratificados por la Asamblea Legislativa que requieren por parte de la presente administración de una profunda evaluación como de su análisis y costo de oportunidad y valorar usar la cláusula de escape. Véase: https://www.comex.go.cr/tratados/
Nuestra Nación- Estado cuenta con una Presidencia de la República como su Canciller de la Republica de Costa Rica que son personas con experiencia internacional. El Dr. Rodrigo Chaves Robles, Economista, Exfuncionario de carrera del Banco Mundial durante más 35 años que ha desempeñado cargos en más de 45 países de América, Europa y Asia. Su actual Canciller el Dr. Arnoldo André Tinoco Canciller de la República de Costa Rica, Abogado de profesión, que ha ocupado cargo como Cónsul General Honorario de Noruega en Costa Rica, Árbitro Internacional. Ambos son quienes toman las decisiones racionales en política exterior.
Costa Rica tiene para los próximos años grandes desafíos que debemos enfrentar usando creativamente nuestra política exterior y diplomacia comercial. Por ejemplo, la desigualdad en lo económico y educativo. Hay que sacar la economía hacia el crecimiento y desarrollo económico con inversión extranjera directa. La desigualdad es profundamente marcada en las provincias de Limón y Puntarenas y las fronteras. Y debemos poner freno a la corrupción e inseguridad ciudadana.
Tanto la política exterior como la diplomacia son instrumentos estatales poderosos para enfrentar los desafíos internos. Al igual que la política monetaria y fiscal para el Banco Central. Son instrumentos estatales para conseguir fines-metas.
Para afrontar estos y otros desafíos del país requerimos una política exterior y diplomacia comercial internacional activa y diferente – disruptiva- a lo que hemos hecho hasta el día de hoy.
En ese sentido, solo dando un nuevo enfoqueguiado por el realismo político y el pragmatismo podemos integrarnos de manera exclusiva con China, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), ser parte activa en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC), Japón, Consejo Económico de la Cuenca del Pacifico (PBEC), el foro de las Islas del Pacifico, la Alianza del Pacífico. ¡El Siglo XXI se juega allí no se juega en Occidente! Requerimos de una política exterior activa guiados por la convergencia y la coevolucion de alto nivel según regiones estratégicas para captar la atracción de Inversión Extranjera Directa IED como la generación de “Cumbres” y reuniones de alto nivel (RAN) para impulsar nuestra economía principalmente en infraestructura (p.ej. aeropuertos, puertos, carreteras, transporte de carga del Atlántico al Pacífico) y aprender de los procesos que están desarrollando en ciencia, tecnológica y técnica. Así también, la mejora de los modelos educativos y construir ciudades del futuro en Costa Rica.
Como especialista en el estudio de las relaciones económicas y políticas internacionales me parece que se debe diseñar e implementar en éste gobierno una política exterior pragmática, comercial y desideologizada para avanzar a un nuevo enfoque en nuestras relaciones internacionales y comercio exterior. Trabajando dos conceptos la convergencia y la coevolución guiada por el interés nacional. Por eso, debemos cambiar el enfoque que hasta ahora se le había venido dando a la política internacional y comercial exterior costarricense, asumiendo un papel, no de consejo y obediencia como normalmente se entendería, sino dominante, fuerte y hasta cierto punto autosuficiente en la política exterior costarricense. Guiada por una presencia activa del Poder Ejecutivo en las relaciones económicas y políticas internacionales.
Para lograr lo anterior, requerimos de asesoría de alto nivel política y diplomática para rediseñar el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto conjuntamente con el Ministerio de Comercio Exterior, PROCOMER y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Lo que permitirá crear una institucionalidad coordinada para instrumentar una estrategia nacional en dos áreas vitales: política comercial exterior y política internacional. Nuestra política exterior y, comercial debe hacer un giro de negocios y encontrarse, unificarse en una sola institucionalidad poderosa de cara al mundo. En ese sentido, requerimos fusionar y absorber el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con el Ministerio de Comercio Exterior, Procomer y Ministerio Economía, Industria y Comercio e imitar lo que realizo Japón en su momento con el MITI con extraordinarios resultados.
Nuestra prioridad en política exterior y comercial es la búsqueda de Atracción de Inversiones Extranjeras Directas para generar empleos, crear dos Zonas Económicas Exclusivas – que son muchos más profundas que las Zonas Francas- una en Puntarenas y otra en Limón usando todos los cantones y distritos de ambas provincias una con proyección al Sudeste Asiático y la otra con proyección hacia el Atlántico. Desarrollar el proyecto de ferrocarril para volver a unir el Pacifico y el Atlántico como la idea de un Canal Seco que consiste en un par de grandes puertos, uno localizado en el Océano Pacífico y otro en el Mar Caribe, dos conjuntos de líneas férreas con suficiente velocidad de viaje y capacidad de carga, con una serie de facilidades logísticas para acelerar el intercambio de mercadería entre un lado y el otro. (Loría Salazar: 2016).
Costa Rica debe usar pragmáticamente la diplomacia y política exterior para mover su eje de desarrollo del Valle Central hacia la proyección marítima: Provincia de Limón y Provincia de Puntarenas. Y unirse con un ferrocarril de carga bienes y de personas como bien lo pensó Tomás Guardia Gutiérrez en tiempos del Siglo XVIII y que lamentablemente fue clausurado por la Administración Figueres Olsen. Es tiempo de movernos hacia las costas pacífica y atlántica con proyección marítima – incluye también construir dos nuevas megaciudades modernas como centros de negocios una en cada provincia costera similar al proyecto NEOM, Arabia, el Nuevo Futuro (que mide tres veces el tamaño de Chipre), una nueva ciudad y área económico- tecnológica en todos los 9,189 km² que mide la Provincia de Limón y en los 11,266 km² que mide la Provincia de Puntarenas- generando toda la infraestructura necesaria en ambas provincias costeras: Puntarenas, Esparza, Buenos Aires, Montes de Oro, Osa, Quepos, Golfito, Coto Brus, Parrita, Corredores, Garabito.
Debemos cambiar el enfoque que hasta ahora se le ha venido dando a la diplomacia y política internacional costarricense tanto en comercio exterior como política exterior por parte de los Presidentes y Cancilleres de turno que fue elaborada para la Guerra Fría y que ya no funciona para las nuevas realidades en la Globalización y las nuevas realidades tecnológicas y científicas guiadas por la Inteligencia Artificial.
Es hora de proponer una reorganización institucional que permita bajo una nueva ley marco o decreto ejecutivo fusionar los Ministerios citados supra para que se convierta en un superpoderoso Ministerio. Y, darle la responsabilidad de definir y conducir la política exterior, la política de comercio exterior y la inversión extranjera directa (IED) con miras no solo a promover la integración de Costa Rica a la economía global sino también generar un super ministerio de gran poder de decisión y negociación y cuyos cambios estructurales puedan generar un redireccionamiento estratégico en política exterior y comercio internacional para obtener:
Alineamiento estratégico con China y Sudeste Asiático, los BRICS, EUA priorizando el Estado de California y, UE priorizando Alemania y los Países Escandinavos, con la Región de Centro América y con los Bloques Comerciales de Sur América. Y, alineamiento estratégico con países del Medio Oriente (selectivamente elegidos)
El gobierno bien puede contratar una firma de asesoría llevada al más alto nivel que nos daría la visión global y los elementos necesarios para la reorganización institucional como también el redireccionamiento estratégico en nuestra política exterior y comercial internacional. Asi también, a través de la diplomacia comercial y de negocios acercarnos a grupos como: Grupo Bilderberg, Corporación RAND, Hollinger Group, Gulfstream Aerospace, NASA, la Agencia Espacial Europea, la Administración Espacial Nacional de China o CNSA. Como también, una política exterior y diplomacia comercial dirigida hacia las corporaciones Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Berkshire, Tencent, Facebook, Alibaba, Johnson & Johnson, JP Morgan Chase, Visa, Exxon Mobile, Walmart, Banco ICBC, Pzifer. Lo que abre la posibilidad de generar oportunidad de negocios para nuestra nación en el corto plazo con los alineamientos estratégicos citados supra. No podemos seguir dependiendo de CINDE.
Tenemos ventajas competitivas importantes en el Poder Ejecutivo. El Sr. Presidente, viene de un Organismos Internacional como el Banco Mundial (35 años donde laboró para 45 naciones). Y la conducción de la política exterior por Constitución Política es suya no del Canciller. Está posicionado como un líder popular en América Latina y el Caribe no visto en los últimos 40 años. Conoce muy bien EUA, la UE, Sudeste Asiático, América Latina. Está joven tiene 61 años para dar un viraje en política exterior y comercial internacional costarricense. Habla Español, Inglés y Bahasa Indonesia – Turco. Está casado con Signe Zeikate nacida en Letonia, que también es economista y quien fuera directora del Programa para el Desarrollo de los Países Pobres del Banco Mundial. Ambos de alto nivel internacional. El Presidente es un llíder pragmático, un verdadero Chief Executive Officer (CEO) a cargo de la presidencia de la República de Costa Rica. Llegó a la Presidencia con el 53% de los votos. Y hoy goza del 83% de opinión favorable de los y las costarricenses. No representa el statu quo, ni tiene negocios con las élites tradicionales de éste país ni los intelectuales ni grupos de interés ni grupos de presión. Representa lo nuevo, el cambio, y su base político electoral está en dos provincias costeras: Puntarenas y Limón. Allí es donde hay que desarrollar igual que China dos Zonas Económicas Exclusivas donde se rijan – igual que China y sus provincias costeras- por la economía de mercado, liberalización, apertura comercial etc. Y aunque las propuestas del Sr. Presidente en política exterior son:
Reanudación del proceso de ingreso a la Alianza del Pacífico, plan de integración regional y libre comercio conformado por México, Colombia, Perú y Chile.
Inicio de la negociación de un Tratado de Libre Comercio con Ecuador.
Nombramiento de embajadores con perfil económico y técnico en varias embajadas claves como las de la Organización Mundial del Comercio, OCDE, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Centroamericano de Integración Económica.
La modernización y agilización del Puerto de Caldera.
Foro Económico Mundial de Davos en Suiza.
Debemos cambiar el enfoque que hasta ahora se le había venido dando a la política internacional y política comercial costarricense. Solo un proceso interno de reorganización de la institucionalidad que genere por fusión una nueva estructura nos permitirá integrarnos a la nueva estrategia global costarricense en el Siglo XXI, con la finalidad de estar fuertes para la competencia en los mercados globales seleccionados y, en alianza con las empresas multinacionales globales que nos permitirán desarrollar dos grandes Zonas Económicas Exclusivas citadas.
En conclusión, como bien lo señalan expertos consultados en la web “La política exterior de un país es instrumental para alcanzar ciertos objetivos nacionales, lo que implica que deberá caracterizarse por su adecuada flexibilidad y mantenerse en evolución al desarrollo del sistema internacional para poder servir eficazmente a los intereses de su nación.”… Parafraseando a Henry A. Kissinger la guía esencial para la política exterior de Costa Rica en los próximos años del Gobierno del Dr. Rodrigo Chaves Robles deberá tener una clara definición de interés nacional guiado por los cambios en la geopolítica y geoeconomía mundiales que emergen en el Siglo XXI. Y proponer una fusión del Ministerio de Comercio Exterior y Promotora de Comercio Exterior, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio con Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para crear un superMinisterio de Comercio Exterior, Economía, Industria, Banca y, Relaciones Internacionales por sus siglas MCEIBRI. Cuyas atribuciones sean definir y dirigir, la política comercial externa y de inversión extranjera, dirigir las negociaciones comerciales y de inversión, incluido lo relacionado con suscribir tratados y convenios sobre esas materias. Que coordine esfuerzos con Ministerio de Agricultura y Ganadería como el Ministerio de Hacienda y su política arancelaria. Representar al país en la Organización Mundial del Comercio y en los demás foros comerciales internacionales donde se discutan tratados, convenios y, en general, temas de comercio e inversión. Establecer mecanismos reguladores de exportaciones, cuando sea necesario por restricciones al ingreso de bienes costarricenses a otros países. Dictar las políticas referentes a exportaciones e inversiones. Dirigir y coordinar planes, estrategias y programas oficiales vinculados con exportaciones e inversiones. Evaluar las políticas de comercio exterior e inversiones por lo menos una vez cada dos años. Apoyo interinstitucional.
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
El estado de excepción y la violación sistemática de los derechos humanos ha sido una amenaza constante para la ciudadanía, incluso en las llamadas sociedades o países “democráticos” que suelen incubar en seno tendencias autoritarias, las que terminan haciéndolos emular a los regímenes totalitarios contra quienes dicen luchar en nombre de la democracia.
Uno de los casos menos conocidos, hoy condenado al rincón de un olvido todavía muy conveniente de la llamada “historia oficial” para algunas gentes es el de los ciudadanos costarricenses de origen alemán e italiano quienes fueron acusados, sin tener derecho a la defensa y al debido proceso, de ser partidarios de los regímenes fascistas de Alemania e Italia, encerrados en campos de concentración en Costa Rica (donde existió al menos uno, donde hoy se encuentran las instalaciones del mercado de mayoreo), a partir del 7 de diciembre de 1941 cuando adelantándose a la declaración de guerra a las llamadas potencias de eje que harían los EEUU y las potencias aliadas, en los días siguientes al ataque japonés a la basa naval estadounidense de Pearl Harbor, en las islas de Hawái, Costa Rica entró oficialmente en guerra con esos países y elaboró una lista negra con más seiscientos ciudadanos costarricenses que apareció publicada en el diario La Tribuna, sembrando el odio entre la ciudadanía, algo que con el paso de los años se les revertiría a los gobiernos de Rafael A. Calderón y Teodoro Picado, y a sus partidarios calderonistas de entonces, al ser derrotados en la guerra civil de 1948. Lo “negro”, en el peor de los sentidos, no fue la lista en sí misma, sino el hecho de que se privara de su libertad, de sus derechos políticos y de sus bienes a un importante grupo de costarricenses de origen europeo, a los que no había que comprarles ni venderles para llevarlos a la ruina, dentro de lo que constituye una monstruosidad política y jurídica.
Poco después, los vencedores de entonces, cayeron a partir de 1948, en la trampa de introducir el estado de excepción durante casi tres décadas, al establecer dentro del articulado de la Constitución de 1949, la prohibición de la formación de partidos políticos de izquierda, además del impedimento de su participación en los procesos electorales, dejando la decisión en manos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), creado en 1947 mediante una propuesta del diputado vanguardista-comunista Luis Carballo, pues hasta entonces todo el proceso se manejaba desde la Casa Presidencial y se acudía, con mucha frecuencia a los fraudes electorales.
El constituyente Rodrigo Facio Brenes y otros compañeros se negaron a votar esa medida punitiva contra la izquierda, al intervenir en los debates que condujeron a la elaboración de la Constitución Política de 1949, cuando dejó clara su oposición al párrafo segundo del artículo 98 (una propuesta muy reaccionaria de Fernando Volio Sancho), utilizada para sacar a casi toda la izquierda costarricense del juego político, durante casi tres decenios, porque su texto estaba introduciendo el estado de excepción permanente en un texto constitucional, como una norma pétrea antidemocrática, la que además le daba al Tribunal Supremo de Elecciones atribuciones indebidas sobre la naturaleza y la formación de los partidos políticos, las que han ido mucho más lejos del propósito inicial, llegando a deformar profundamente la naturaleza de los llamados “partidos políticos” en Costa Rica.
Rodrigo Facio dijo al respecto que: “…, en el propio seno de la Comisión Redactora, yo me pronuncié, y así consta en las actas respectivas, contra que fuese el Tribunal Supremo de Elecciones el llamado a declarar la descalificación de partidos inconstitucionales porque dije, y ahora lo repito, así lo que lograríamos sería poner en entredicho la imparcialidad de un organismo llamado exclusivamente a fallar, dentro del campo jurídico, el aspecto aritmético de los votos emitidos por los partidos, al ponerlo a fallar sobre cuestiones de fondo, como son los programas, la ideología o los medios de acción de esos partidos (Óscar Castro Vega RODRIGO FACIO EN LA CONSTITUYENTE DE 1949 Editorial UNED San José Costa Rica 2003, página 216).
Dentro de su razonamiento general sobre el tema Facio Brenes indicaba lo siguiente: “¿… será una norma de prohibición general, tal cual la ofrece la moción del compañero licenciado Volio Sancho? Yo creo francamente que no, por varias razones. Porque una fórmula así de amplia ofrece posibilidades de abuso, para perseguir injustamente, por motivos políticos del momento, a este o al otro partido. Porque de lo que se trata es adelantarse a un peligro concreto: el del comunismo (hay en cambio una cierta benevolencia hacia el ala fascista de los vencedores del conflicto armado, quienes dieron lugar a la Asamblea Constituyente, sin dejar de perseguir a los vencidos calderonistas y “comunistas”), y para hacerlo se acude a una fórmula indeterminada que puede ir mucho más allá de la reacción contra el comunismo” (Óscar Castro, Op.Cit, página 213).
Esto último se hizo evidente durante las décadas siguientes cuando se proscribieron numerosos partidos políticos de izquierda, conformados no solamente por seguidores de Vanguardia Popular, sino también de otras corrientes de ese lado del espectro político: De esta manera, fueron privados de sus derechos políticos ciudadanos como el escritor y pedagogo Joaquín García Monge, además de editor del Repertorio Americano, el novelista Fabián Dobles Rodríguez de filiación vanguardista pero que también había sido inicialmente miembro del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, como asimismo a muchos dirigentes políticos que provenían de la llamada “izquierda liberacionista”, dando lugar a verdaderas cacerías de brujas entre gentes que parecían tener cercanías ideológicas importantes entre sí, lo que se hizo más evidente con el paso del tiempo.
Ya el mismo Rodrigo Facio, durante la discusión de ese abominable texto de Volio Sancho, habló acerca de la persecución y proscripción sufrida por el APRA en el Perú durante la dictadura de Manuel Odría (1948-1956), cuando Víctor Raúl Haya de la Torre debió asilarse en la Embajada de Colombia en Lima, pasando varios años en ella sin recibir el salvoconducto para salir del país. Todo esto ocurrió también en un país llamado Costa Rica, donde los políticos del establecimiento tienen la fea costumbre de ofrecer benemeritazgos a granel a las gentes que habían perseguido toda una vida, privándolas incluso del ejercicio de la ciudadanía, durante buena parte de sus vidas.
Integrantes de la delegación de Chile durante la COP2 sobre el Acuerdo de Escazú, realizada del 19 al 21 de abril de 2023. Foto extraída de la red social de Twitter.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
(Una versión en francés de este texto está igualmente disponible en este enlace).
El pasado mes de abril, inició en Buenos Aires (Argentina) la segunda Conferencia de Estados Partes al Acuerdo de Escazú, un tratado regional adoptado en Costa Rica en el 2018 (véase texto completo).
Esta cita, que se celebró entre el 19 y el el 21 de abril, también se denominó por sus siglas en inglés «Conference of Parties» o «COP2»: se trata en efecto de una reunión en la que participan los Estados Partes al Acuerdo de Escazú, y que suman a la fecha 15 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).
La inauguración del evento contó con la presencia de Jefe de Estado argentino (véanse nota oficial y comunicado de prensa de la Casa Rosada) y se pudieron seguir todas las sesiones en directo, accesando el enlace oficial de la CEPAL previsto para este efecto (véase enlace).
Estados Partes y Estados no Partes invitados y eventos paralelos
Esta COP2 fue objeto de una reunión preparatoria previa, realizada también en Argentina el pasado 6 de marzo, en la que se precisaron los temas a discutir (véase informe): se indica (en páginas 15 y 16 del precitado informe) que fueron invitados a participar a esta reunión preparatoria representantes de Estados que aún no han ratificado el Acuerdo de Escazú, a saber: Brasil, Colombia y Perú. Un gesto de naturaleza política de los 15 Estados Partes hacia estos tres Estados, invitados a observar diversas sesiones, una de ellas muy esperada sobre las iniciativas de cada Estado Parte para implementar en el plano nacional el Acuerdo de Escazú.
En el caso de Centroamérica, no se observó presencia de delegados de El Salvador, Guatemala y Honduras, pese a la crítica situación que viven ahí quienes alzan la voz en defensa del ambiente. Un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la dramática situación de los defensores del ambiente en El Salvador, Guatemala y Honduras (véase informe) evidencia la urgente necesidad de adoptar medidas y figuras legales previstas en el mismo Acuerdo de Escazú.
Cabe señalar que, de forma paralela a las reuniones de los representantes estatales durante esta COP2, se realizó una serie de muy variados eventos organizados desde la sociedad civil y desde diversas organizaciones internacionales (véase programa de eventos paralelos).
El Acuerdo de Escazú favorece y fomenta la participación del público, y las COP constituyen un llamativo espacio en el que delegados estatales y organizaciones de la sociedad civil pueden interactuar con la mayor naturalidad: un esfuerzo en materia de transparencia que ameritaría ser replicado en el caso de reuniones similares relativas a otros tratados internacionales en materia de ambiente y de derechos humanos, sean instrumentos jurídicos universales o regionales.
En esta COP2, Chile (uno de los dos Estados que lideró las negociaciones durante más de 5 años y medio que culminaron en Escazú), participó esta vez como Estado Parte: véase entrevista a la negociadora chilena del Acuerdo de Escazú, publicada en País Circular, del 18/04/2023. Un reciente informe (véase texto) sobre el grado de cumplimiento de Chile con los estándares que propone el Acuerdo de Escazú analiza las diversas iniciativas tomadas por las autoridades gubernamentales chilenas, que deberían de poder replicarse en otras latitudes en América Latina. A su vez la sociedad civil presentó valiosas propuestas a los Estados Partes, tal como por ejemplo, entre muchas otras, este informe elaborado por OXFAM (véase documento).
Más generalmente, esta otra entrevista a un alto funcionario de la CEPAL (publicada en Diálogo Chino, edición del 14/04/2023) permite también apreciar los desafíos que para los Estados de la región significa la construcción de una verdadera democracia ambiental, y ello a partir de los principios enumerados en el Acuerdo de Escazú.
La COP 1 y la COP2 en breve
Como se recordará el Acuerdo de Escazú se adoptó en marzo del 2018 en Costa Rica, y el proceso de negociación fue co-liderado por Chile y Costa Rica. Este tratado regional entró en vigor en abril del 2021 al reunir las ratificaciones necesarias (en total 11, según lo establece el mismo tratado en su Artículo 22).
La primera COP se reunió un año después, en abril del 2022, en Santiago de Chile (véase programa y declaración final), contando en aquel momento el Acuerdo de Escazú con 12 Estados Partes, a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay.
Desde entonces, el Acuerdo de Escazú ha sumado a tres nuevos Estados Partes: Chile (junio del 2022), así como las ratificaciones de Belice y de Granada registradas recientemente (marzo del 2023) que tuvimos la oportunidad de comentar (además de otros notorios avances del Acuerdo de Escazú en lo que va del año 2023), así como la persistente negativa de Costa Rica en aprobarlo (Nota 1). Sobre este último punto, ya en el 2020 tuvimos la oportunidad de advertir de la «llegada de los mitos» en contra del Acuerdo de Escazú, que se plasmaron en varios comunicados de influyentes sectores económicos costarricenses (Nota 2).
En días recientes, autoridades en Brasil señalaron su interés en acelerar el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú (véase nota de prensa del 13/04/2023): cabe precisar que la titular de la cartera de ambiente de Brasil estuvo presente en la ceremonia de inauguración de la COP2 (véase nota oficial). El triste paréntesis que significó para los derechos humanos y el ambiente, así como para las poblaciones indígenas brasileñas, la administración del Presidente Bolsonaro (2017-2022), permite augurar un renovado interés de las autoridades de Brasil en adherir al Acuerdo de Escazú. Organizaciones tales como Transparencia Internacional (véase documento) o Human Rights Watch (véase carta) han solicitado desde varios meses una pronta ratificación por parte de Brasil del Acuerdo de Escazú. El 11 de mayo del 2023 se informó del envío formal por parte del Poder Ejecutivo al Congreso del Acuerdo de Escazú (véase nota de prensa).
Se espera además que próximamente Colombia concluya el proceso de ratificación, al haber sido aprobado el Acuerdo de Escazú por las dos cámaras de su Poder Legislativo en noviembre del 2022, una aprobación que tuvimos la oportunidad de analizar (Nota 3).
En América Latina, además de Colombia, los siguientes Estados han firmado el Acuerdo de Escazú, pero aún no lo han aprobado: Brasil, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Al tiempo que ni tan siquiera lo han firmado los siguientes: Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela.
Los acuerdos alcanzados en la COP2
Más allá de los obstáculos de todo tipo que se han generado en algunos Estados para bloquear la aprobación del Acuerdo de Escazú y del desinterés de otros en (por lo menos …) firmar este acuerdo, son varios los temas sobre la implementación del Acuerdo de Escazú que se discutieron entre los Estados Partes a partir de este 19 de abril en Buenos Aires.
A ese respecto, llama la atención la escasa cobertura en medios de prensa costarricenses sobre las diversas iniciativas gestadas a partir del Acuerdo de Escazú en el 2022, y era previsible que esta COP2 en Argentina sufriera el mismo trato: ni una sola nota en la prensa costarricense publicada al respecto.
En abril del 2022, se compiló una valiosa guía de implementación del Acuerdo de Escazú (véase texto completo) que puede desde ya ser usada para generar u orientar políticas públicas en diversos Estados, sean estos Estados Partes o no.
Entre los diversos temas a tratar en Buenos Aires, figuró también la designación de los siete integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento que crea este tratado regional en su Artículo 18, así como la implementación del Fondo Voluntario de Contribuciones (Artículo 14). Esta entrevista al candidato de Argentina designado (véase texto) permite conocer mejor la tarea que se espera del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, cuyas reglas sobre su composición y su funcionamiento fueron adoptadas por los Estados Partes durante la COP1 del 2022 celebrada en Chile (véase documento). En el caso de la candidata de nacionalidad costarricense, fue designada por los demás Estados Partes para integrar este mismo Comité (véase nota de OjoalClima del 1/5/2023, única referencia que encontramos en Costa Rica mencionando su eleción).
Adicionalmente, se buscó la forma de darle seguimiento a las diversas recomendaciones y conclusiones del primer foro sobre defensores ambientales, reunido en Quito (Ecuador) en el mes de noviembre del 2022 (véase informe): un Plan de Acción (véase documento) ha sido puesto a consulta para las organizaciones de la sociedad civil con miras a contar con sus insumos y propuestas. Al respecto, un segundo foro sobre defensores ambientales tendrá lugar esta vez en Panamá, durante la última semana de setiembre del 2023.
Cabe señalar que desde el 27 de febrero del 2023 está circulando en la corriente legislativa el proyecto de ley 23.588 en Costa Rica (véase texto): una propuesta de ley que pretende proteger a los defensores del ambiente. Al no observarse una sola referencia al Acuerdo de Escazú y al evidenciarse otras notables carencias y omisiones, somos de la opinión que se trata de una burda maniobra política (véase sobre este proyecto de ley nuestra nota titulada «El proyecto de ley 23.588 denominado ´Ley para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos y defensoras del medio ambiente´: algunas breves observaciones«).
Finalmente, se adoptó una declaración final titulada Declaración de Buenos Aires (véase texto) por parte de los Estados Partes, en la que reiteran los acuerdos alcanzados y la necesidad que los Estados que aún no son Estados Partes aprueben el Acuerdo de Escazú «lo antes posible» (punto 14).
A modo de conclusión
Estas y muchas otras iniciativas confirman el paso firme y decisivo que están imprimiéndole al Acuerdo de Escazú los Estados Partes y la CEPAL, conscientes de la importancia de llevar con marcha sostenida la implementación de este tratado regional: un instrumento jurídico moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental, tal y como apuntado en varias publicaciones (Nota 4).
Es de notar que la próxima reunión de los Estados Partes (o «COP») se realizará nuevamente en Santiago de Chile, en el mes de abril del 2024 (confirmándose de paso el marcado desinterés de las autoridades de Costa Rica, al volver a la misma capital que para la primera reunión de este tipo): se considera que probablemente Colombia ya sea Estado Parte para esta cita, y (si se toma en cuenta los deseos externados por los representantes de Brasil durante esta COP2), que Brasil también lo sea o a punto de serlo.
Con relación a Costa Rica, los titulares de esta nota de la DW (Alemania) y de esta otra de France24 (Francia), o bien el título de este cable de la agencia internacional de noticias AFP replicado en un medio uruguayo, permiten apreciar el profundo desconcierto que, a nivel internacional, ha causado su ausencia entre los Estados Partes al Acuerdo de Escazú: a más de cinco años desde su adopción en suelo costarricense, el Acuerdo de Escazú avanza sin Costa Rica, y no se vislumbra mayor cambio de posición de sus autoridades para los próximos tres años.
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «El Acuerdo de Escazú: viento en popa«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 10/04/2023. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N., » ´Llegaron los mitos´: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 17/12/2020. Texto disponibleaquí. En el mes de abril del 2021, ante un comunicado de una cámara empresarial en Costa Rica en contra del Acuerdo de Escazú, se invitó a sus representantes legales a un debate público virtual con dos académicos especialistas en derecho ambiental, al que prefirieron no asistir: véase la emisión de Café para tres del medio digital costarricense Delfino.cr con los dos académicos invitados a «debatir» con los ausentes. Luego, en el mes de mayo del 2021, un segundo intento desde la UCR confirmó la renuencia al debate antes señalada (véase el foro en este enlace oficial de la UCR). Finalmente, en junio del 2021, fue esta vez desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica que se confirmó, por tercera vez consecutiva, que rehuir el debate pareciera ser, para algunos, la manera acordada para defender sus supuestos «argumentos» (véase el foro). Estos últimos reaparecieron en esta carta colectiva de febrero del 2022 suscrita por varias importantes corporaciones del sector privado costarricense.
Nota 3: Véase al respecto BOEGLIN N., «Colombia a pocos meses de ser oficialmente Estado Parte del Acuerdo de Escazú«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 15/11/2022. Texto disponible aquí.
Nota 4: Véase por ejemplo PEÑA CHACÓN M., «Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental«, Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a tres valiosas (y voluminosas) publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y de su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: ATILIO FRANZA J. & PRIEUR M. (dir.), Acuerdo de Escazú: enfoque internacional, regional y nacional, Editorial Jusbaires, Buenos Aires, 2022, 670 págs. Obra disponible de manera integral en este enlace; así como BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL / Universidad del Rosario (Colombia), 298 págs., disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI, 330 págs., 2020, Universidad del Litoral (Argentina), disponible en este enlace. El hecho que se trata de un instrumento de vanguardia se puede confirmar aún más al revisar los desarrollos para garantizar una correcta aplicación del Artículo 7 y del Artículo 9, elaborados por la misma CEPAL en la precitada guía de implementación del Acuerdo de Escazú, presentada formalmente en abril del 2022 (disponible aquí, particularmente en pp.108-126).
El pasado 18 y 19 de mayo de 2023 se reunieron Pueblos Indígenas y Negros de 12 países de América Latina y el Caribe para discutir y analizar sobre el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dado que hay sentencias desde el año 2000 sin cumplimiento, a lo que representantes de pueblos que asistieron al foro indicaron:
Además, es claro que este Sistema Interamericano es la vía para alcanzar la justicia, los mecanismos nacionales para la misma no están reconociendo la problemática y las demandas históricas de los pueblos indígenas y negros. Pero también es cierto que, pese a las sentencias emitidas por la Corte IDH, “el cumplimiento de las mismas y el sistema de responsabilidad internacional está lejos de ser parte de las decisiones prioritarias de los Estados parte, generando con ello, no solo agrandar la mora y la impunidad galopante, sino que incrementa la conflictividad en los territorios y pone en riesgo la sobrevivencia de los pueblos”.
Piden una rendición de cuentas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar a conocer los criterios utilizados para determinar los tiempos en cada caso, puesto que es evidente la mora, el retraso procesal y la variabilidad de este órgano, afirmaron en el foro.
Además de la violencia y conflicto causado por la tardanza en el cumplimiento de la implementación de las sentencias en los territorios, las poblaciones subrayan con alarma “el asentamiento de terceros ilegales en las comunidades y la tendencia a una permisibilidad por los Estados y la misma Corte IDH”. Apuntaron que “esta permisibilidad alienta los ataques en contra de las comunidades indígenas” tanto por los terceros como los grupos de poder económico y político.
Las personas participantes señalaron que la ausencia de un mecanismo coercitivo para presionar el cumplimiento de las sentencias, permite que los Estados se ocupen fundamentalmente de indemnizaciones y publicaciones de las sentencias, sin que se avance sobre los derechos como la restitución del territorio ancestral.
Bajo el nombre de Foro Internacional sobre el Cumplimiento de las Sentencias de la Corte IDH (Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas y Negros de América Latina y el Caribe), la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) organizó y convocó al mismo tanto representaciones de dichos pueblos, como de personas académicas y expertas en el tema, el cual tuvo lugar en la Universidad de Costa Rica (UCR) en San José.
El participante Pablo Sibar, indígena Brörán, investigador comunitario de la UNED y parte del Proyecto Universidades y Pueblos Indígenas de CONARE mencionó sobre el Foro que este “fue un trabajo muy importante donde las organizaciones pudimos intercambiar nuestras luchas y procesos que llevamos, pero también es triste escuchar de nuestros hermanos que las sentencias de la Corte siguen sin cumplirse”.
Recordó que está es “la última instancia que tenemos nosotros los pueblos indígenas es la Corte, donde no es nada fácil llegar hasta ahí, sin embargo, muchos hermanos lo han logrado. Inclusive nosotros estamos en un proceso desde el 2012 ante la Comisión y esperamos que algún día eso suba hasta la Corte para ver la resolución de ello”.
Doris Ríos indígena Cabécar y también investigadora comunitaria de la UNED y parte del Proyecto Universidades y Pueblos Indígenas de CONARE recordó que “no solo a nivel de Costa Rica sino de Latinoamérica, los estados son violentadores de derecho, incumplen sentencias. Me queda claro que no queda más que los territorios o los países que están en lucha por la reivindicación de sus derechos tienen que continuar luchando, porque aún con estas sentencias de Corte no se hacen valer los derechos. Me deja claro que nosotros dependemos de nosotros mismos”.
«Tengo 47 años, nací en Costa Rica, producto de una relación entre mi madre tica (de 35 años) y mi padre hondureño (de 63 años). De pequeña me decían que era «hija natural», porque mis padres no se casaron y no convivían juntos. Soy la menor de 13 hermanos y hermanas, la mayoría de los cuales no conocí por ser hijos de diferentes mamás», cuenta la abogada costarricense Marcia Aguiluz en el artículo «¿Qué significa ser mujer en Centroamérica?»
Como feminista y defensora de los derechos humanos, Aguiluz da un panorama crudo y certero de los muchos males, discriminaciones y violencias que azotan a las mujeres de la región.
Pero también pregunta y se pregunta, no solo en busca de respuestas sino para intentar empoderar a las mujeres y generar cambios. Sociales y personales.
Si pudiera desbaratar el patriarcado, dice, lo primero que desbarataría sería «la culpa que tenemos las mujeres y que llevamos en el cuerpo. La culpa de no ser perfecta. La culpa de no ser amada si no soy de tal manera. La culpa de tener hijos. La culpa de no tener hijos. La culpa de irme de mi casa. La culpa de quedarme. La culpa de trabajar fuera de casa. La culpa de quedarme en casa».
¿Cómo las violencias determinan a la mujer centroamericana?
En términos de homicidios, feminicidios, robos, los delitos tradicionales, Centroamérica claramente es una de las regiones más violentas del mundo.
A las mujeres la violencia nos cruza, nos atraviesa en el alma y lo vivimos de miles de formas.
Las cifras son escandalosas. Algunos ejemplos: sólo en 2022 hubo 1.128 feminicidios a nivel regional; en Guatemala entre enero y abril de 2022 se documentaron 1.013 casos de violación de niñas y adolescentes, y en Nicaragua cada 2 horas ocurre un caso de violencia sexual, alrededor de 15 por día.
Está además, la violencia del rol que se nos impone.
Lo digo siempre con mis amigas: ¡qué jodido!, ¿verdad?: cuando sos niña le debés obediencia a tus papás; cuando te casás, se la debés a tu marido; cuando eres madre a tus hijos y cuando envejecés, a tus papás porque tenés que regresar a cuidarlos.
¿Cuándo es el momento en que las mujeres somos libres?, ¿por qué siempre tenemos que estar al servicio de alguien más? Es tremendamente violento si lo ves en una línea de tiempo: ¿cuándo es el momento de nosotras?
Al hacer ese análisis en una mujer rural, en una que vive en Honduras, en una mujer lesbiana o trans, en una mujer migrante o con discapacidad, el panorama es aún más tremendo.
¿Y qué pasa con el estereotipo de la centroamericana voluptuosa, alegre, colorida? ¿Existe, convive?
Uno de los grandes problemas de los estereotipos es que nos imponen una forma de actuar.
Que se diga que la mujer centroamericana es alegre, que siempre está contenta, nos pone en un pedestal en el que es difícil caminar, aún cuando sea un estereotipo positivo. Tampoco nos da libertad, porque no tenemos derecho a enojarnos o a quejarnos.
El estereotipo de que la mujer centroamericana siempre está contenta también puede ser perjudicial, opina Aguiluz. Getty Images
Durante algunos años nos han hablado de que Costa Rica es el país más feliz del mundo y eso tiene su carga. Las trabajadoras de maquilas en Honduras ganan un salario que ni siquiera paga la canasta básica, pero aún así tienen que estar alegres.
¿Tenemos las condiciones para ser verdaderamente felices? ¿o se nos encasilla para que no rechacemos lo que nos está haciendo infelices?
Dices que te sientes profundamente centroamericana, ¿cómo es esa identidad?
Una identidad que hemos construído a lo largo de las amistades, de la lucha, los afectos, las rabias que nos da la injusticia de ver los comunes denominadores de los gobiernos, no importa si son de derecha o de izquierda.
Tenemos tantas raíces en común, a la vez tantos desafíos y una élite muy mezquina, ¿verdad?
Muchas veces hemos llorado. Yo conocí a Berta Cáceres (líder y activista indígena), trabajé con ella y recuerdo cuando me llamaron el día que la asesinaron en 2016 para decirme «mataron a Berta» y vos decís, pero ¿qué es esto?
Para mí ser centroamericana es sentir en la piel el dolor, los desafíos, las luchas y también las alegrías de mis hermanas y hermanos centroamericanos. Yo los siento en mi corazón y los vivo en mi piel.
De niña te decían que eras hija natural, ¿cómo te marcó?
Muchísimo porque siempre me hizo sentir menos.
Tenía una hermana mayor y ella era la hija del matrimonio, era la importante y todos los demás hermanos y hermanas hijos de mi papá, éramos de otra categoría.
Crecí con el inconsciente de que necesitaba ser más y debía destacar para ser digna de ser hija de papá. Por supuesto, una de pequeña no racionaliza, pero cuando lo veo en retrospectiva, sin duda alguna marcó muchísimo.
¿Se cuestiona aún que las mujeres que podamos tomar decisiones respecto de nuestra vida, sexualidad, maternidad?
Hay tres claves que guían mi trabajo como defensora: la lucha por la dignidad, por la igualdad y por la libertad, que no son iguales para todas las personas.
Como feminista no puedo decirle a una mujer «usted tiene que salir a trabajar y no hacerle la comida a su marido». Es una imposición violenta.
El tema es que las mujeres sean libres para decidir. Si su libre elección es quedarse en casa y tener diez hijos, aplaudo esa elección. Si quieren ser madres es maravilloso, pero de una manera consciente, no con la carga, la culpa y la señalización de que tiene que ser de esa manera.
La muerte de Berta Cáceres en 2016 tuvo un impacto regional e hizo que surgieran muchas preguntas sobre lo que estaba pasando en Centroamérica. Getty Images
Que las mujeres decidan lo que quieren para sus vidas, démonos esa posibilidad.
¿Cómo te has liberado en tu vida personal?
Es una lucha diaria. No llega un momento en el que uno dice: me liberé de todo esto.
Quizás empecé a transformarme hace unos 20 años, pero hace unos diez me convertí al feminismo y lo digo con orgullo: soy feminista.
Creo que es la primera liberación: reconocerme como una persona que cree en ciertas cosas.
Y antes que eso, la liberación de mí misma. He sido tremendamente estructurada, con metas muy claras y roles asumidos, y me llegó el cuestionamiento interno de decir, ¿qué es lo que hace que quiera esto?, ¿por qué cuando tenía 29 años dije es hora de formar una familia o me voy a quedar solterona? Y en efecto, lo hice.
Luego llegó el momento en el que pensé, esto no es lo que yo quiero.
Así que tomé decisiones que he considerado liberadoras, como un cierto estilo de vida familiar, criar a mis hijos bajo ciertos valores, crear una relación distinta con mi mamá.
Las mujeres tenemos esta cuestión con nuestras madres, donde les ponemos un peso muy grande.
Mi mamá era servidora doméstica, no tuvo acceso a la educación y yo crecí cuestionándola. ¿Por qué permitió esto? Una de mis liberaciones ha sido honrar eso, reconocer su fortaleza y que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía.
¿Y con los hijos cuál ha sido la liberación?
Tengo mellizos, un niño y una niña, y hoy los crío equivocándome todo el tiempo y pidiéndoles disculpas, que no es cosa fácil, porque en los primeros años de sus vidas tenía que ser la mamá perfecta.
Era mi concepción, y el mensaje que les estaba dando les generó ansiedad porque en ese nivel de perfección también era tremendamente exigente.
¿Qué estoy haciendo colocándoles un ideal de mujer que no existe?, me pregunté.
Ser la mamá que se levanta a la hora perfecta, que se acuesta a la hora perfecta, que cumple las 50 tareas del día, que va al trabajo, le va bien y además es amorosa, tiene un costo personal enorme.
Entonces fue rebobinar y decir no, no, perdón, perdón, no soy la mamá perfecta. Y conversar con ellos desde la imperfección, algo tan simple como decirles, bueno, resulta que yo también tomé licor cuando era adolescente, también me enamoré de una persona, hice estupideces.
Creo que la peor trampa que nos ha jugado el patriarcado a las mujeres es este ideal de perfección que también estaba transmitiéndole a mis hijos y que no existe.
En el artículo te refieres al aborto en Centromérica, donde es ampliamente penalizado, ¿el cuerpo de las mujeres le sigue perteneciendo a otros?
Nunca ocurrió de otra manera en Centroamérica. Ningún país permite el aborto libre, solo en algunos está permitido en situaciones extremas.
Hace poco en Costa Rica tuvimos el caso de una niña de 12 años que tuvo una bebé y el presunto violador, que era su padrastro, parece que la secuestró. No solamente hay una bebé desaparecida, sino una niña de 12 años con una hija y el sistema no detectó que había un problema.
El aborto es un tema que genera divisiones y debates en Centroamérica. Getty Images
Los datos de violencia sexual son atroces. Decir que se quiere proteger la vida del feto es el discurso fácil.
Las estadísticas donde existe aborto seguro muestran que se hacen en etapas tempranas, que bajan las cifras de mortalidad materna, ocurren menos en mujeres adultas y si se acompaña de educación sexual y políticas de prevención, disminuyen.
Si el objetivo fuera reducirlos, las políticas serían de otra naturaleza, pero en Centroamérica son punitivistas, y la penalización es claramente castigadora: ¿cómo se atrevió usted a desafiar el mandato de maternidad?.
Cuando algunas personas dicen ‘es que las mujeres lo van a agarrar como deporte’, yo digo: ¿qué te hace pensar que las mujeres somos tan estúpidas, tan irresponsables?, porque si las creyéramos sujetas pensantes, tendrían la inteligencia para decidir qué es lo mejor para sus vidas.
Los grupos que se oponen al aborto se han apropiado de los conceptos de protección de la vida y de la familia, ¿cómo lo han logrado?
Es uno de los de los grandes desafíos, las narrativas que estos grupos han creado, porque quién va a estar en contra de la vida. Han tenido la habilidad de desarrollar en palabras sencillas temas muy complejos.
Recientemente aprobaron en Perú un proyecto de ley que le otorga protección al feto, derecho a la vida, a la salud, al desarrollo de la personalidad, una serie de cosas que uno dice, pero ¿qué es esto tan absurdo?, ¿en qué momento empezamos con estos retrocesos tan fuertes?
Y por lo menos en Centroamérica lo vinculo a la presencia fuerte de grupos fundamentalistas en la política y al desdibujamiento del Estado laico.
Antes podíamos tener a las Iglesias, la católica y algunas evangélicas, manifestando sus opiniones, pero ahora los tenemos en los partidos, están construyendo política pública. Y las élites políticas entendieron que tienen mercados cautivos y han generado alianzas fuertes con estos grupos, donde ellos también han pedido sus cuotas.
También hablas de la violencia que sufren las mujeres defensoras de los derechos humanos y las mujeres políticas, ¿se las ataca en su escencia más que en su labor?
Tiene que ver con con su identidad de mujer, con su cuerpo, con las palabras que usan. Los ataques son personales, se les va a cuestionar en relación a su personalidad.
Menciono el ejemplo de una diputada costarricense que es gordita, que decía que se lo pensaba antes de sacar una foto comiéndose un postre, porque si la mostraba iban a venir cientos a atacarla, a decirle que por ser gorda no tenía derecho a comerse ese postre.
Hay un impacto psicológico distinto, y es difícil desprendernos cuando están atacando lo central: nuestro cuerpo o nuestra familia.
En el caso de mujeres defensoras, la mayoría de los ataques son amenazas: ‘le vamos a hacer esto a tus hijos’ ¿Y qué hace uno cuando le dicen eso? Deja lo que sea.
Planteas que en las labores de cuidado la brecha sigue siendo inmensa y mencionas «la carga mental», ¿cómo la describirías?
Es toda la labor de gerencia y logística que hay que hacer para lograr algo. Ese tiempo que gastás en pensar y coordinar.
Algo tan sencillo como la entrada a clases de los hijos en febrero; pues desde que salen de vacaciones en diciembre, estoy pensando en qué fecha necesito pagar la matrícula, comprar los útiles, a dónde voy a conseguir los uniformes, si tienen el bulto escolar, y lo tengo que pensar dos meses antes para que estén listos, a diferencia del padre que sabe que van a entrar a clases en febrero.
Esto está completamente invisibilizado y las mujeres somos parte del problema, de cómo lo asumimos y cómo nos cuesta soltarlo también.
Si pudieras desbaratar algo del patriarcado, ¿qué sería lo primero en echar abajo?
Desbarataría la culpa que tenemos las mujeres y que llevamos en el cuerpo. La culpa de no ser perfecta. La culpa de no ser amada si no soy de tal manera. La culpa de tener hijos. La culpa de no tener hijos. La culpa de irme de mi casa. La culpa de quedarme. La culpa de trabajar fuera de casa. La culpa de quedarme en casa.
Imagínate un mundo libre de culpas para nosotras, es que sería maravilloso.
Esta entrevista fue elaborada para la versión digital de Centroamérica Cuenta, un festival literario quese celebró en República Dominicana entre el 16y el 21 de mayo.
«Nuestro cuerpo, nuestro derecho: salud integral para todas».
El Día Internacional por la Salud de las Mujeres busca crear conciencia sobre las desigualdades y desafíos que enfrentan las mujeres en relación con su salud y bienestar. En el contexto de la violencia de género, esta celebración busca destacar la importancia de abordar y prevenir la violencia como un factor determinante de la salud de las mujeres.
Al abordar la violencia de género y promover la igualdad de género, se contribuye directamente a mejorar la salud de las mujeres, pues implica garantizar el acceso a servicios de atención integral para las sobrevivientes de violencia, promover la educación en género y derechos humanos, fortalecer las leyes y políticas de protección, y fomentar la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones que afectan su salud.
Es necesario visibilizar la intersección entre la violencia de género y la salud de las mujeres, pues es necesario abordar ambas problemáticas de manera integral y generar cambios positivos en la vida de las mujeres, pues las violencias históricas hacia las mujeres son notorias en las presiones sociales que definen como “debe ser sus cuerpos” o el lugar subordinado por roles de género. Las violencias por el hecho de ser mujer son agudizadas bajo estructuras económicas enfocadas en la acumulación de capital en pocas manos y las múltiples formas que adquiere la discriminación. Estas relaciones socioeconómicas al ser contrarias al bienestar de las mujeres van manifestándose en diferentes afectaciones a su ser bio-pisco-social y que lamentablemente también encuentran su máxima expresión en los femicidios.
El actuar de las instituciones estatales están siendo modificadas mediante políticas públicas neoliberales que poco ayudan a mejorar y ampliar los servicios de salud como medio para concretar los Derechos Humanos. De modo que, el fortalecimiento de los conocimientos y las habilidades de los funcionarios públicos, más la dotación de presupuesto, se ubican entre los aspectos centrales que contribuirán al abordaje de los efectos nocivos de la violencia en la salud y aportan a disminuir otras vulnerabilidades que agravan la violencia, de hecho, es un tema de salud pública que le corresponde al Estado velar y cumplir.
Les invitamos a acompañarnos en la feria de la salud de la mujer organizada por MUSADE, el sábado 27 de mayo de 8 a 5 p.m. en nuestras instalaciones, San Ramón, Alajuela, 75 sur de urgencias del Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega.
EN ESTE DIA DEMANDAMOS
«Salud para todas las mujeres, sin discriminación ni violencia».
«Basta de violencia de género, salud y bienestar para todas».
Todas las personas deben ser tratadas en igualdad de condiciones, respetando sus derechos humanos y con dignidad, sin distinción por su origen étnico, nacionalidad, condición de salud, discapacidad, sexo, género o identidad de género, religión, orientación sexual, opinión o participación política, entre otras características.
Los conceptos son parte del reconocimiento de todas las poblaciones y sus derechos humanos. Acá te compartimos algunos de ellos para respetar la identidad de todas las personas.
El 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, bifobia y la Transfobia, se conmemora la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales establecida por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esta es una fecha sumamente importante para la comunidad universitaria porque recuerda la necesidad de luchar contra cualquier tipo de manifestación de violencia, discriminación, rechazo o invisibilización dirigida a personas por razón de su identidad de género, su orientación sexual o su expresión de género.
La UCR cuenta con un reglamento contra la discriminación que busca resguardar los derechos de todas las personas. Este reglamento tiene como finalidad prevenir y sensibilizar acerca de la discriminación, tipificar conductas y situaciones discriminatorias que se presenten en la Universidad y regular el procedimiento de denuncia.
La Universidad de Costa Rica es un espacio libre de discriminación, por eso, queremos compartirte información importante para seguir avanzando en el respeto de las identidades y los derechos humanos de todas las personas.
Glosario de la diversidad sexual
Género. El género es una construcción social y una norma sobre los atributos construidos socialmente entre las personas.
Sexo asignado al nacer. El sexo asignado al nacer se refiere a las características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de la especia humana.
Expresión de género. Es la forma en la que una persona comunica su género. Incluye expresiones como vestimenta, formas de hablar o moverse, nombres, pronombres, entre otras.
Identidad de género. Es la vivencia interna e individual del género, que podría corresponder o no con el sexo asignado al nacer. La identidad de género puede ser binaria (hombre/mujer) o no binaria
Orientación sexual. Es la atracción emocional, afectiva y sexual que sienten las personas por otras, así como a las relaciones íntimas, sexuales o afectivas. Esta puede ser hacia uno o varios géneros.
Persona No Binaria. Refiere a aquellas personas que se autoperciben fuera del espectro binario (Hombre/mujer)
LGBTQIA+ son las siglas utilizadas para representar una amplia gama de sexualidades e identidades. Significa lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer, intersexual y asexual. El + representa todas aquellas que no esten contempladas en estas letras.
Lesbiana: Mujer que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia otras mujeres
Gay: Hombre que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia otros hombres
Bisexual: Persona que siente atracción emocional, afectiva y/o sexualmente por personas del mismo género o de un género distinto.
Trans: Es un término que se utiliza para nombrar la amplia diversidad de personas que se autoperciben con una identidad o expresión del género diferente al sexo asignado al nacer. Puede ser transexual o transgénero.
Queer: Personas que rechazan todo tipo de clasificaciones hegemónicas del sistema cisgénero binario y heterosexual.
Intersexual: Es un concepto que se utiliza para nombrar todas aquellas situaciones en las que la anatomia sexual de las personas no se ajusta físicamente a los estándares culturales definidos para el cuerpo masculino o femenino, es decir, una anatomia sexual, órganos reproductivos o patrones cromosómicos que no se ajustan a la definición típica de hombre o mujer.
Asexual: Se refiere a las personas que generalmente no experimentan atracción sexual o no desean contacto sexual. Sienten el deseo sexual hacia otras personas por distintos motivos que no siempre tienen que ver con la atracción física, tal y como es el caso de las personas demisexuales, que llegan a experimentar atracción sexual gracias a un vínculo emocional fuerte con otra persona.
Denunciá
Ninguna persona debe sufrir discriminación por su identidad o expresión de género y su orientación sexual. Si has sufrido discriminación por alguno de estos motivos, podés denunciarlo.
Cualquier persona de la comunidad universitaria puede interponer una denuncia ante la comisión.
Para realizar una denuncia, se deben presentar personalmente o mediante correo electrónico ante la Comisión Institucional Contra la Discriminación.
Para más información escribí a: comision.contradiscriminacion@ucr.ac.cr
El Reglamento Contra la Discriminación de la UCR establece que cualquier persona de la comunidad universitaria puede ser sancionada por cometer actos discriminatorios. Además, prohíbe cualquier tipo de represalias en contra de una persona que interponga una denuncia por discriminación o bien que sea testigo del proceso.
Pueblos Indígenas y Negros de 12 países de Latinoamérica y el Caribe discutirán sobres sus derechos colectivos
Desde mañana 18 y hasta el 19 de mayo organizaciones de pueblos indígenas, negros, expertos en derechos, académicos y aliados se darán cita en la Universidad de Costa Rica para analizar el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH ante la imperiosa necesidad de generar un análisis y diálogos críticos desde los pueblos indígenas y negros que son beneficiarios de sentencias de la para que, en conjunto, como región, se puedan discutir estrategias y adoptar medidas genuinas para el cumplimiento.
Es decir, que la Corte haga cumplir con el mandato de poner en el centro a los pueblos que han sufrido violaciones a sus derechos humanos y que ven en este sistema la última opción para obtener protección, verdad, justicia y reparación.
El evento es propuesto y organizado por la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) fue fundada en 1979 y lucha por el bienestar del pueblo Garífuna hondureño, en específico la protección de los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y territoriales de las 46 comunidades Garífunas asentadas en el Litoral Atlántico Hondureño.
La fundación del Sistema Interamericano fue vista por los pueblos indígenas y negros como una oportunidad de alcanzar la justicia más allá de las fronteras de los países partes. Sin embargo, el rezago histórico no ha disminuido en la proporción que se esperaba. Para el caso de los pueblos indígenas y negros, tienen casos presentados desde los años 90s y con sentencias desde los inicios del 2000, para las cuales, después de más de 23 años la justicia no ha sido servida.
Para OFRAHEH: “existen un alto retraso procesal en el sistema en el trámite de las peticiones y casos y en lo referente a las sentencias, el nivel de incumplimiento por los estados parte es aún más alarmante. la Corte IDH, desde ese entonces ha venido emitiendo sentencias sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas y negros de la región; sin embargo, tenemos entendido que poco o nada se han cumplido dichas sentencias y por el contrario en la mayoría de los casos se han incrementado la conflictividad dentro de las comunidades”.
Por ejemplo, algunos estudiosos han recogido datos de la información contenida en las sentencias emitidas por la Corte IDH entre enero de 2010 y diciembre de 2019, y han concluido que, en promedio, entre la presentación de una petición y la aprobación de un informe de fondo por parte de la CIDH transcurrieron 134,6 meses.
En el Foro participarán unas 30 persona de casos directamente, expertos y personas de cada uno de los pueblos indígenas o negras involucradas o beneficiarias de las sentencias y los que tienen casos en proceso de los países de México, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Surinam, Paraguay, Colombia, República Dominicana, Chile, Brasil, Panamá y Costa Rica.
Se desarrollará en la Sala 4 Escuela de Antropología. Tercer piso de la Facultad de Ciencias Sociales. Ciudad de la Investigación. 9am a 12:30 y de 2-4:30pm. En nuestro país colabora en el evento el proyecto Conflictos territoriales e interétnicos en Buenos Aires, Costa Rica (UCREA), el Centro de Investigaciones Antropológicas (CIAN), la Escuela de Antropología, El proyecto Pueblos Originario y Universidades de CONARE, proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
Sres. Presidentes de América Latina, El Caribe y de América del Norte
De nuestra consideración,
Las organizaciones y personas firmantes apoyamos la Campaña Internacional Contra el Gasto Militar. Por lo anterior, queremos señalar lo siguiente:
1.- De acuerdo a información del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial del año 2022 alcanzó su máximo histórico llegando a un total de 2.240 billones de dólares. En nuestro continente, los países que más gastaron fueron Brasil con 20.210 millones de dólares; Colombia con 9.937 millones de dólares; México con 8.535 millones de dólares; Chile con 5.566 millones de dólares; Perú con 2.845 millones de dólares; y Argentina con 2.577 millones de dólares. En América Central y el Caribe, el gasto militar ascendió a 11.200 millones de dólares. En América del norte, Estados Unidos fue el país que más gastó, tanto en nuestro continente como en el mundo, llegando a 876.943 millones de dólares y Canadá 26.896 millones de dólares.
2.- Mientras hay dinero para el gasto militar la pobreza se mantiene o aumenta en todos nuestros países a causa de la inflación, del pago de la deuda externa, entre otros graves problemas que viven muchos de nuestros países. El informe Panorama Social 2022 proyectó que 201 millones de personas (32,1% de la población total de la región) viven en situación de pobreza, de los que 82 millones (13,1%) se encuentran en pobreza extrema. Al mismo tiempo, la FAO ha señalado que cerca de 60 millones de personas pasan hambre en nuestro continente y 131 millones de personas en la región no pudieron costear una dieta saludable.
3.- Lola Castro, directora regional del WFP (Programa Mundial de Alimentos) de la ONU, señaló que “La inseguridad alimentaria seguirá aumentando por la crisis de los precios de los alimentos y de los combustibles causada por el conflicto en Ucrania y las secuelas de la COVID-19”.
4.- La guerra por muy lejos que esté nos afecta a todos. Levantamos nuestras voces y apoyamos los esfuerzos diplomáticos de diálogo y negociaciones para lograr acallar las armas y lograr que llegue la paz entre Rusia y Ucrania, en Yemen, en Sudán, en Palestina, como en otros países que viven conflictos armados.
5.- La verdadera seguridad que necesitan nuestros países, la región, como del mundo, radica en el bienestar social, económico y político de toda la población, en el respeto entre todas las naciones, y en el establecimiento de garantías de protección y seguridad común para todos.
6.- La militarización, como la carrera armamentista, sólo destruye la confianza entre nuestros pueblos y socava los esfuerzos de fraternidad, cooperación y solidaridad entre nuestros países que deberían mirarse como hermanos y no como enemigos.
7.- Exhortamos a nuestros Estados a revitalizar los esfuerzos de integración en nuestro continente, especialmente en la CELAC y UNASUR, para que de manera mancomunada se realicen esfuerzos contra las verdaderas amenazas que enfrentan nuestros pueblos que viven la violencia y la pobreza como consecuencia del neoliberalismo, del saqueo permanente de los recursos naturales, y de la depredación que realizan las grandes Corporaciones y sus Megaproyectos Extractivistas en nuestros territorios.
8.- Finalmente, pedimos que los gobiernos de nuestro continente reduzcan o eliminen el gasto militar y comprometan esos fondos para el bienestar social, en legitimar esfuerzos de paz, de amistad, de unidad, cooperación, y multilateralismo, que nos alejen de la amenaza de la guerra, la destrucción y del aniquilamiento. Lo que se necesita son fondos suficientes para el goce de los derechos humanos, la protección de los recursos naturales (el ecosistema), para la acción colectiva, para la solidaridad, para abordar conjuntamente las emergencias globales de nuestro tiempo.
Atentamente,
Acción Colectiva de Objetores y Objetores de Conciencia -ACOOC, Colombia ACCSS, Guatemala ACODEHU, Costa Rica Alianza Global de Ministerios e Infraestructuras para la Paz – Gamip América Latina y el Caribe –Gamip Alianza por el Desarme y la Justicia Social, Colombia Araña Feminista, Venezuela Asociación Campesina de Trabajadores Agropecuarios de San José de Miranda, Colombia Asociación Chilena Pro-Naciones Unidas – ACHNU, Chile Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán Caquetá Colombia ACISC Asociación Mujeres y Madres Abriendo Caminos, Colombia Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP), Costa Rica Asociación Rumiñahui, España Asociación Sara Macdougal, Perú Asociación Teatro de la Tierra Mercy Bustos, Madrid, España Asociación de Productores Agroecológicos de Valle, Honduras
Asociación Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC ATRAHDOM, Guatemala Centro Cívico San Javier, Colombia Centro de Amigos para la Paz, Costa Rica Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM), Ecuador Centro de Estudios Ecuménicos A.C., México Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos del Perú Centro de Investigación Social Formación y Estudios de la Mujer- CISFEM CESTA, El Salvador Circulo Bolivariano Yamileth López, Costa Rica Colectivo Pro derechos Ecológicos y Ambientales, Sección Qro., México Colectivo Voces de Oya, Colombia Colegio de Profesoras y Profesores de Collipulli, región de la Araucanía, Chile Comisión de Paz, No Violencia y Desmilitarización – Alianza CONVIDA-20 Comisión Ética contra la Tortura, Chile Comité Oscar Romero, Sicsal-Chile Comité por un Chile Digno – Noruega Comunidad Ecuménica Magdala, México Comunidad Ecuménica Martin Luther King, Chile Comunidad Slow Food del Sur de Chile ComuniSur Frente Comunicacional, Bolivia Conaicop, Internacional Concertación Mons Romero, El Salvador Confederación Unitaria de Trabajadores, Costa Rica Consejo Comunal Marapa Marina A B C, Venezuela Consejo Provincial de Paz del Oriente Antioqueño Colombia Convergencia Ciudadana de Mujeres -Converge Mujeres-, Guatemala Conversemos y actuemos, Colombia Coordinadora Americana Derechos de los Pueblos y Víctimas Prisión Política Corporación 3 y4 Álamos, Chile Corporación El Canelo, Chile Corporación Paz Caribe, Colombia Denver Justice and Peace Committee, Estados Unidos (Denver, Colorado) Desarrollo de infancia y adolescencia, México E. Pueblos Originarios Serpaj, Argentina Educar Mujer Venezuela, Venezuela Federación Venezolana de Abogadas Foro de Educación Religiosa, Costa Rica Frente de Paz y Solidaridad Costa Rica Fundación Desarrollo Permanente, Colombia Fundación Hogar Padtorin, Colombia Fundación Lazos de Dignidad, Colombia Fundación Movimiento Ajedrez Escolar, Chile Fundación Procrear, Colombia Género, Diversidad, Interculturalidad y Derechos Humanos, Ecuador Global Campaign On Military Spending (GCOMS), Internacional Global Thought Mx, México Grupo Taller del Sur, México Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense, Costa Rica Iglesias por la Paz, México Instituto RIA AC, México Justapaz Asociación Cristiana Menonita para Justicia Paz y Acción No violenta, Colombia Laboratorio de Paz, Venezuela Movimiento de Mujeres Manuelita Sáenz MOMUMAS, Venezuela Mujeres en Marcha Chile Mujeres para el Diálogo, México MUVACOFUM, Guatemala Naufrago de Itaca Ediciones, Venezuela Núcleo de Estudos Sociopolíticos da Pontifícia Universidad de Católica de Minas Gerais, Brasil Observatorio centroamericano de medios de comunicación y género GEMA, Costa Rica Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Observatorio por el Buen Trato a Personas Mayores en Quilpué, Chile Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile Observatorio Venezolano DDHH Mujeres OCDIH, Honduras Organización Rural Cooperativa AGROTUANAIME, Colombia Parroquia Jesús Señor de la Vida – Santiago de Chile Partido de la Independencia y del Trabajo de Senegal Partido Vanguardia Popular, Costa Rica Pastoral Cultural Sagrada Familia en Concepción, Chile Pastoral Social Iglesia Anglicana de México Pax Christi International Programa Casa Refugiados, México Programa de las Américas, Americas.ORG, México Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos Rebelión o Extinción Medellín, Colombia Red Acueductos Boyacá, Colombia Red de Esperanza y Solidaridad, Puerto Rico Red de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente -RedAfros-, República Dominicana Red de Mujeres Afros de Bayunca-REMABAY, Colombia Red de Solidaridad con Palestina, Costa Rica Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza, EEUU/MX Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC, México REDIALOGO – Red de Mujeres Constructoras de Paz, Venezuela Resuena, Colombia Secretariado Social Mexicano Sercoba – Equipo de Servicio a Comunidades de Base, El Salvador Servicio Paz y Justicia, Paraguay Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, Argentina Servicio Paz y Justicia, SERPAJ-Chile Servicios y Asesoría para Paz, México SICSAL, México Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (SUTIEMS) Tinta Violeta, Venezuela Trawunche Madrid (Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche), España Universidad Popular de los Pueblos, Colombia World BEYOND War, Internacional
Personas:
Abraham Barboza Gómez
Costa Rica
Alba Lucía Cardona Carvajal
Colombia
Alejandro Baño Oyarce
Chile
Alejandro Reyes Córdova
Chile
Alicia Dorantes
México
Alicia Lira Matus presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos
Chile
Alicia Marchandon Sánchez
Chile
ALIRIO GARCÍA
Colombia
Álvaro Quiroz SJ
México
Álvaro Vega Sánchez
Costa Rica
Ana Carolina Herrera Galeano
Colombia
Ana Julia Paz
Colombia
Ana María Vera
Chile
Ana Monzón
Guatemala
Angélica Orozco Idárraga
Colombia
Anita Soto
Chile
Antonio Rabasa González de la Vega
México
Ayda Arismendy Castañeda
Colombia
Baltazar Castañeda
Colombia
Benita Osdelia Ramírez Fernández ICW Honduras
Honduras
Bernardo Reyes Ortiz, Ética en los Bosques
Chile
Betssi Sñez
Venezuela
Birgit FunckShorack
Alemania
Blanca Azucena Sánchez
Colombia
Blanca Norha Ossa Hoyos
Colombia
Blas H. Rico
Colombia
Brettis Rojas
Venezuela
Carmelina de Jesus Rivera
El Salvador
Carmen López Téllez
Guatemala
César Abadía
Colombia
Cristian Rivera
Chile
Dania Batista Guevara
Panamá
Daniela Peña, Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer, CEDEM
Chile
Danilo Monteverde
Chile
Dayana Monroy Núñez
Colombia
Deisy Yolima Rendón Castaño
Colombia
Deivis Ovares Morales
Costa Rica
Denisse Araya Castelli
Chile
Dorys Gilma Zorro Coronel
México
Eddy Oswaldo Lucero Alfaro
Guatemala
Edgar Orlando Galvis
Colombia
Edgar Pérez Ruiz
México
Eduardo Bustamante
Colombia
Eduardo Huerta Arias
Chile
Eduardo Menéndez
México
Ela Ferris
Venezuela
Elida Piedad Mantilla Díaz
Colombia
Emilio Arranz Beltrán
Emilio Espin
El Salvador
Enrique Araya Leiva
Chile
Esperanza Fajardo Piñones
México
Eugenia Mijangos
Guatemala
Eugenia Valdés Ossa
Chile
Evelin Carolina Hernández Cáceres
El Salvador
Evelyn Elizabeth Ibáñez
El Salvador
Evelyn Margron
Haití
Exilda Azar Cortes
Chile
Ezequiel Valdez
República Dominicana
Fabiola Lizette Mancilla Castillo
México
Fernando Aranguren
Venezuela
Fernando Astudillo Becerra Izquierda Cristiana
Chile
Francisco Javier Lopera
Colombia
Francisco Trabol Melipil
Chile
Francy Elena Molina Arboleda
Colombia
Franklin Ledezma Candanedo -Periodista y Escritor
Panamá
Fray Julián Cruzalta
México
Gabriela Tello
México
Galina Sandino
Cuba
Gilberto López y Rivas
México
Gloria Elena Ospina Pérez
Colombia
Gonzalo Munguía del Río
México
Gorki Cuauhtemoc Buentello Pastrana
Mexico
Graciela Barbosa Martinez
Colombia
Guillermo Díaz
México
Guillermo Pérez
México
Gustavo Adolfo Sepúlveda Martínez
Colombia
Hansel Luis Ramirez Rodriguez
Costa Rica
Héctor Maturana B.
Chile
Helen Barrientos
Guatemala
Henry Guevara
Colombia
Hernando Mejía Díez
Colombia
Hervi Lara Bravo
Chile
Hicham Amraoui
España
Hildelisa Preciado
Ciudad de México
Hugo Quesada Hernández
Costa Rica
Hugo Urrestarazu
Chile
Ingrid Almendras Orellana
Chile
Isabel Cristina Buriticá Mira
Colombia
Isnel Alecio Mosquera Rentería
Colombia
Ivonne Parra
Venezuela
Javier Elgueta
Chile
Jeannette kurte López
Chile
Jhony Arango
José Amesty Rivera
Colombia
Jonathan Sebastián Cayul Cayul
Chile
Jorge Garzón
Colombia
Jorge Marín
Colombia
Jorge Martínez Muñoz
Chile
Jose Enrique González Ruiz
México
José Fabio Naranjo
Colombia
José Fredis Sandoval
El Salvador
Jose Guillermo Rampira Ruiz
Colombia
Jose Joaquín Cristancho Cuesta
Colombia
Jose Juan Hernández
Colombia
José Marcial Apablaza Yañez
Chile
José María Navarro Flores
España
José Schulman
Argentina
Juan Carlos Celis Gonzàlez
Colombia
Juan Jose Tamayo acosta
España
Judith Kelly, Embajadora de la Paz, Pax Christi USA
EEUU
Juliana Sepúlveda Hurtado
Colombia
Julio Yao, Presidente Honorario y Presidente Encargado del Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos de Panamá
Panamá
July Henríquez Sampayo, abogada y defensora de DDHH
Colombia
Jutta Buergi
Suiza
Katherina Toffoli Aspe
Chile
Kathy Kelly
United States
Lautaro Fernández Milla
Chile
Leonardo Amaya
Colombia
Leonardo Díaz
Colombia
Lía Esther Lemus Gómez
Colombia
Lilian Guardado
El salvador
Lina Carrillo
Colombia
Lina Tudela Poblete
Chile
Lohania Josefina Aruca Alonso
Cuba
Lorena Libertti M.
Colombia
Los Viñedos de Tobalaba
Chile
Lucía Arredondo Alvarez
Chile
Lucio Diaz Dumenez
Chile
Lucy Magali Millán Ferrer
Puerto Rico
Luis Alberto Soto Ramírez
Costa Rica
Luis Ángel Céspedes Rodríguez
Costa Rica
Luis Ernesto Lozano Arana
México
Luz Marína Jaramillo Valencia
Colombia
Luzmar Quiroga Cortés
España
M. Cepeda
México
Ma Estrella Ramos Veloso
España
Magdalena Vargas Pieschacon
Colombia
Maggie Urueta Oviedo
Colombia
Magnolia ang
México
Malena Suhcled
Argentina
Manuel Dios Diz
España
Manuel Urbina Marchant
Chile
Marcela Zamora Cruz
Costa Rica
Marcha Carnaval Aburrá
Colombia
Marcial Enrique Jiménez Cu
México
Marco Antonio Marín Bernachea
Chile
María Alexandra correa Mantilla
Colombia
Maria Angelica Vejar Merado
Chile
Maria del Rosario Roiz
Honduras
María Elena López Gallardo
México
María Elena Paredes González
México
Maria Elvia Vallejo Villa
Colombia
María Eugenia
México
María Eugenia Díaz
Guatemala
María Eugenia Solís García
Guatemala
María Fernández
Colombia
María Riera
Venezuela
María Stella Cáceres, Museo de las Memorias, Dictadura y DDHH
Paraguay
Maria Teresa Messidoro Lisangà
Italia
María Virginia Agostini
Costa Rica
María Ynes Villa
Colombia
Mario Alberto Villalobos Arias
Costa Rica
Mario Mus
Guatemala
Mario O. Luengo. (Escritor y Poeta)
Chile
Mario Sosa
Guatemala
Maris Ines Urrutia
Chile
Maris Pilar Cumba Zabaleta
Colombia
Mariza G.Leiva Vargas
Perú
Marli Morales Calderon
México
Martin Almada, Premio Nobel Alternativo
Paraguay
Martin Pascual A.
Chile
Martín Rodríguez Espinoza
Costa Rica
Mauricio Correa V.
Colombia
Mayerly Pabon
Colombia
Miena Perla
El Salvador
Miriam Mangual
Puerto Rico
Moisés Torres López
Colombia
Myriam Paste Carmona
Chile
Myrna Kroff
Noruega
Nairelys Gómez Miranda
Cuba
Nelson Augusto Duque Arias
Colombia
Nelson Villarreal Durán
Uruguay
Neptalí Monterroso Salvatierra, profesor universitario
Guatemala
Neris González
El Salvador, Central América
Nestor Orlando Acosta P
Colombia
Nidia Arrobo Rodas, Fundación Pueblo Indio del Ecuador
Ecuador
Nitza Segui, Latinas en Poder
United States of America
Norberta López García
México
Olga Lucía Ramírez
Colombia
Oscar Hector Leiva Cerrato
Costa Rica
Pablo Divas
Guatemala
Pablo López Romero, profesor
Chile
Pablo Ruiz Espinoza, periodista
Chile
Pablo Varas Fuenzalida
Chile
Patricia Muñoz García
Chile
Patricio Véjar Mercado
Chile
Paulina Muñoz Molina
Chile
Pedro Antonio Reyes Linares
México
Pedro Lopera Gallego
Colombia
Pilar Bravo
Chile
Pilar Ortega Marcelo
España
Rafael Venegas Cortes
Chile
Raúl FIGUEROA Vergara
Chile
Rebeca Zúniga-Hamlin
Estados Unidos
Redouane
España
Rev. Luis Carlos Marrero – Centro Oscar Arnulfo Romero
Cuba
Ricardo Durán Serrano
Colombia
Rigelio Alfaro
El Salvador
Roberto Ortiz Velazquez
México
Rocío Suárez López
México
Rodrigo Sepulveda
Chile
Romel Gonzalez
México
Ronny Umaña-Olivas
Costa Rica
Rosa Herrera
Chile
Rosa Wantland
Guatemala,
Rosalia Vasquez
Colombia
Roxana Badosa Rodríguez
Cuba
Saaid Jamis Tovar
Colombia
Sandra Calle
Venezuela
Sandra Morán
Guatemala
Sandra Muñoz Gutiérrez
Chile
Sara Yaneth Fernández Moreno
Colombia
Selin Carrasco
Chile
Sergio Lorenzini
Chile
Shirley Ruiz Monge
Silvia Aristizabal López
Colombia
Solange Atabales Q
Chile
Sonia Sgambatti.
Venezuela.
Stella Calloni, periodista
Argentina
Susana Córdova Rodríguez – EDUMOVI
Chile
Suy Wong
Costa Rica
Tatiana Otto Golovina
Costa Rica
Temis Angarita Valencia
Colombia
Teresa Monardes
Chile
Valter Pinheiro
Brasil
Víctor Javier Velásquez Gil, Corporación Justicia y Democracia
