Desde la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) celebramos la acción responsable de la mayoría de los diputados de la Asamblea Legislativa de rechazar la vía ultrarrápida defendida por unos codiciosos legisladores para aprobar el proyecto de jornadas excepcionales, mejor conocida como jornada 4×3.
Ahora les queda a los diputados una tarea pendiente, retirar definitivamente este nefasto proyecto y archivarlo, porque lejos de pensar en el bienestar de las personas trabajadoras, es un despropósito que legitimaría las ´peores condiciones de trabajo.
Este proyecto instrumentalizado por el PUSC y el chavismo pretende acabar con una de las principales conquistas de la clase trabajadora del mundo: la jornada de 8 horas. Un intento más del gobierno de Rodrigo Chaves Robles para imponer una política criminal y depredadora de los derechos laborales, que solo busca abaratar los costos de la producción, sacrificando los ingresos, la salud ocupacional y el bienestar de las personas trabajadoras y sus familias.
“Desde UNDECA hemos sostenido, reiteradamente, que la jornada 4×3 significa un retroceso en materia laboral y un impulso a la esclavitud moderna en Costa Rica, mientras que en otras latitudes avanzan hacia jornadas semanales más cortas, aquí buscan aumentarlas”, detalló Martha Rodríguez, secretaria general adjunta del sindicato.
Esta posición es respaldada por calificados estudios técnicos e investigaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que confirman que una jornada laboral de 40 horas semanales es lo ideal, y que los trabajos de 8 horas diarias con dos días de descanso son más convenientes para empleadores y las personas trabajadoras.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, informa a trabajadoras y trabajadores de la CCSS y a la opinión pública nacional que nuestro sindicato, en defensa de las funcionarias del Servicio de Farmacia del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia que se encuentran en período de lactancia materna, ha solicitado la intervención directa de la presidenta de la CCSS.
Esto a raíz de situaciones reiteradas de trato desigual y discriminatorio en la asignación de tiempo extraordinario, que afectan directamente el ejercicio de la licencia de lactancia, derecho protegido por el Código de Trabajo, la Ley 7430 de Promoción de la Lactancia Materna y convenios internacionales como el Convenio 183 de la OIT.
Durante más de dos años, UNDECA ha presentado denuncias ante las autoridades institucionales, señalando que la jefatura y dirección médica del hospital han establecido condiciones diferenciadas y excluyentes para las trabajadoras en período de lactancia.
La intervención directa de la Junta Directiva de la Caja es urgente ante la seriedad de estas denuncias y abre el camino para que se determinen las responsabilidades institucionales correspondientes.
UNDECA reafirma que la licencia de lactancia es un derecho irrenunciable y de orden público, y exige a la Caja Costarricense de Seguro Social y a las autoridades del Hospital Calderón Guardia que cesen toda práctica discriminatoria y adopten medidas correctivas inmediatas.
UNDECA continuará acompañando y defendiendo a las trabajadoras afectadas, y hace un llamado a todo el personal de la institución a mantenerse vigilante, organizado y unido en la defensa de sus derechos laborales y sociales.
Los aeropuertos del país, el Juan Santamaría, el Daniel Oduber y el Tobías Bolaños, como los aeropuertos principales de Costa Rica, para sus vuelos locales como internacionales tienen su Torre de control, que es la que coordina salida y entrada de vuelos esas pistas, en lo que corresponde a despegues y aterrizajes.
Los controladores aéreos, con su radar con alcance a todo el territorio nacional, pueden observar y detectar todo el movimiento de entrada de naves aéreas al territorio nacional, desde que tocan el espacio aéreo costarricense, y pueden ir siguiendo el curso de esas naves. Así se supervisa, analiza y dirigen las operaciones de todos los procesos de vuelos que se realizan en territorio costarricense.
Eso es posible porque los aviones tienen equipos de radios VHF (Very High Frequency) que operan normalmente entre 118.000 MHz y 136.975 MHz, que es el rango asignado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Así, esos radios permiten la comunicación directa, clara y precisa con la torre de control y otros servicios que se brindan. En este sistema hay frecuencias especiales de emergencia.
Las torres de control de tráfico aéreas se pueden escuchar con un escáner de radio capaz de recibir señales de muy alta frecuencia en la banda de aviación, que admita frecuencias de aire entre 118.000 y 136.975 MHz.
Los trabajadores de las torres de control de tráfico aéreas para trabajar en ellas reciben un entrenamiento muy riguroso, incluso con exámenes y cursos especializados que comprenden conocimientos de navegación aérea, comunicaciones y meteorología aeronáutica, control de tránsito aéreo, fraseología y lenguaje propio de la aeronáutica, las reglamentaciones aéreas.
Los controladores aéreos trabajan por turnos, de manera que los que están de turno son los responsables de las aeronaves que vuelan en un área tridimensional del espacio aéreo conocido como área de control, área de control terminal, aerovía, etc. y otros conceptos.
Desde la torre de control también se ejerce control terrestre sobre el movimiento de las aeronaves en tierra, como de los vehículos que circulan en las pistas.
Todos los aviones tienen formas de comunicarse con la torre de Control de Tráfico Aéreo, ATC en sus siglas en inglés.
Los controladores aéreos tienen una gran responsabilidad laboral, que no está bien pagada. Los Controladores de Tráfico Aéreo, como todos los trabajadores han sido sometidos a la Ley Marco de Empleo Público, que los ha afectado en sus salarios. Por ello, han hecho paros y protestas legítimas, porque en el caso costarricense también los someten a jornadas excesivas sobre el delicado trabajo que realizan, para que en las distintas fases de cada vuelo los aviones puedan desplazarse con seguridad. A los controladores aéreos se les exige ser bilingües, con el inglés. Los controladores aéreos no deben trabajar más de 10 horas por turno, que incluye descansos en esa jornada, y entre turno y turno deben descansar obligatoriamente por lo menos 10 horas.
En Costa Rica los controladores aéreos tienen el Sindicato de Profesionales de Control de Tránsito Aéreos (SITECNA), que es la organización laboral que los ha representado cuando han discutido con el gobierno sus condiciones de trabajo, no solo salariales, sino de mejoras laborales. El mayo, una de sus últimas luchas, también pidieron más personal, porque los estaban sobre explotando laboralmente, provocándoles mucho cansancio y estrés laboral. En mayo pasado este servicio estaba colapsado, lo que afectó en ese mes el tráfico aéreo.
Los controladores aéreos de Costa Rica dependen de la Dirección General de Aviación Civil, fue creada el 26 de octubre de 1949, que es, actualmente, un órgano del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que es quien tiene a cargo toda la planificación, regulación y provisión de los servicios aeronáuticos en el país. En Estados Unidos es la Administración Federal de Aviación, FAA por sus siglas en inglés.
Los controladores aéreos tienen relación directa también con Seguridad Pública y con el Servicio de Vigilancia Aérea, para coordinar y apoyar acciones de los cuerpos policiales, en sus distintas misiones. En esta relación, los controladores aéreos tienen la obligación de informar al Servicio de Vigilancia Aérea sobre el movimiento de naves sospechosas que ingresan al territorio nacional. Así, por ejemplo, si en el Caribe sur, entra una nave pequeña, detectada en el radar, que de pronto desaparece del radar, porque empieza a volar más bajo para evitar ser detectada, situación que se da en los casos que se sospecha que son transportadoras de drogas, los controladores aéreos tienen la obligación de informar inmediatamente al Servicio de Vigilancia Aérea, para que se active en el control de esa nave que desapareció.
Esta es una situación que se reporta con regularidad, sin que se reporten accidentes de aviones, por lo que se debe presumir que “aterrizan” en pistas legales o ilegales, las que pueden ser fácilmente detectablemente desde el aire o cuando se tiene información de su existencia en tierra. Eso facilita el ingreso de la droga a Costa Rica procedente de Colombia. Si no hay control eficiente del Servicio de Vigilancia Aérea, junto con la policía terrestre encargada de la persecución de estos alijos de drogas, más fácilmente penetra la droga al país.
En ese sentido, el Servicio de Vigilancia Aérea tiene que actuar, enviar sus aviones de control o realizar las tareas que le corresponda, lo que no siempre se realiza con la prontitud del caso.
Un ejemplo de esta “pereza” operativa fue el accidente de la avioneta que se estrelló saliendo de Pavas, en las laderas del Monte de la Cruz y de Pico Blanco. La torre de control informó inmediatamente al Servicio de Vigilancia Aérea de la desaparición de radar de esa avioneta. Varias veces se informó sin que el Servicio de Vigilancia Aérea se moviera ni enviara a nadie a investigar. La avioneta siniestrada la divisó un piloto privado, y gracias a su hallazgo se pudo atender la caída de la aeronave y atender a la única sobreviviente de ese vuelo.
Recientemente, la falla en el radar del aeropuerto Juan Santamaría paralizó prácticamente todos los vuelos nacionales, incluso se obligó a desviar casi 50 vuelos que estaban programados.
Si el radar del aeropuerto Juan Santamaría pudo producir ese impacto, perfectamente fue el tiempo para que en su ausencia se produjeran vuelos clandestinos, transportando drogas al país, por el tiempo que el radar estuvo fuera de circulación. ¿Cuánta droga pudo meterse al país en ese lapso, sin control alguno de la penetración de naves al territorio nacional, y sin acciones del Servicio de Vigilancia Aérea en una situación como esa? ¿Se tiene un buen registro de los aeropuertos privados en fincas en las zonas costeras del Caribe costarricense, y de sus regiones aledañas? ¿Se tiene ese mismo control de las otras regiones asociadas a las rutas de tránsito de las drogas por el sur del país? ¿La Marina de Limón que se ha querido impulsar tiene algo que ver con esta situación de transporte de drogas al país? ¿Durante el apagón de los radares se ejerció mayor control de esas regiones, en lo que correspondía en paralelo en tierra y por mar?
La lucha contra las drogas no es solo por los escáneres en tierra en la región de Limón. También tiene que darse con las alertas que desde el Servicio de Vigilancia Aérea se comunica de las desapariciones del radar de las naves que se les informa.
Se debería dar una explicación más detallada a la ciudadanía, sobre el no funcionamiento de los radares.
Manifestación contra el Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con la presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento – algo original – de las autoridades de salud de legalizar el bromacil en el agua potable (no es ninguna broma, así como se lee, legalizar el bromacil en el agua potable) de varias comunidades afectadas por la insensata expansión de la piña de exprotación MD2 (o «Sweet Gold») en la región de Siquirres. En el 2011, las autoridades sanitarias rehuyeron un debate público en la misma UCR (véase nota). Foto perteneciente a los archivos personales del autor. Se leyó en el 2009 por parte de la misma titular de Salud que: «Los del IRET se han negado a dar los nombres de los niños, con el argumento de la confidencialidad, lo cual en lo personal me parece un absurdo en estos casos. En lo personal y como Ministra me parece una barbaridad (véase artículo del Semanario Universidad titulado «Revelación de agroquímicos en orina de menores genera disputa» ).
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR): contacto: nboeglin(a)gmail.com
Un reciente informe señala que las condiciones laborales en Costa Rica han desmejorado sensiblemente en los últimos años (véase artículo del Semanario Universidad de junio del 2025).
En general, este deterioro afecta a todos los trabajadores, siendo no obstante las mujeres trabajadoras las que más impactos negativos sufren de esta situación. Este reciente informe del INEC sobre el empleo en Costa Rica contiene las cifras al primer trimestre del 2025, que revisten siempre cierto interés.
En julio del 2025, la Defensoría de los Habitantes alertó sobre la casi nula capacidad de fiscalización en materia de condiciones laborales, al contar el Estado costarricense con un número sumamente bajo de inspectores (véase nota del medio digital Delfino.cr).
En el 2024, una tesis de grado de Licenciatura de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) encontró semanas de hasta 84 horas para operarios en fincas bananeras en Costa Rica (véase nota publicada en el portal de la UCR de noviembre del 2024). Se ignora si existe un estudio similar para las jornadas de trabajo en las plantaciones de piña en Costa Rica, principal producto de exportación sobre el que volveremos en las líneas que siguen.
En junio del 2020, se denunció las condiciones laborales extremadamente precarias de los trabajadores en grandes plantaciones en la Zona Norte de Costa Rica y su extrema vulnerabilidad a la epidemia de COVID (véase nota de SurcosDigital).
Salud ocupacional y pesticidas / plaguicidas en Costa Rica
En este estudio sobre plaguicidas usados en bananeras y salud de los trabajadores, se señala (p. 8) que:
«Los registros de los sistemas de vigilancia de las instituciones responsables han sido incapaces de cumplir con su papel de monitorear los riesgos para los trabajadores de uno de los cultivos más problemáticos en cuanto al uso de plaguicidas. En la actualidad es más complejo realizar estudios confiables debido a que i) muchos trabajadores ya no son empleados por las empresas sino por contratistas sin cobertura por el régimen de riesgos de trabajo, ii) las empresas tiene ahora médicos de empresa quienes solucionan in situ eventos que no significan un peligro inmediato para la vida del trabajador sin hacer las denuncias obligatorias y iii) estas estadísticas ahora son tratadas como datos confidenciales de ‘clientes’«.
No está de más recordar que en esta nota de la BBC del 2022 sobre las personas afectadas por el uso del Nemagón en los años 70 en Centroamérica, se detalla el nivel de irresponsabilidad al que fueron expuestos estos humildes trabajadores durante muchos años trabajando en bananeras sin mayor protección.
En Costa Rica se estima una cifra de víctimas del Nemagón que oscila entre 12.000 y 30.000 personas (véase nota de ElAtlas de conflictos socio ambientales). Este voluminoso informe de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica de 1998 incluye en sus conclusiones una serie de recomendaciones a las entidades del Estado costarricense, con el fin de que estas personas sean debidamente acompañadas e indemnizadas, pese a tratarse de hechos que remontan a hace más de 25 años. No se ha encontrado un estudio más reciente sobre el seguimiento hecho a este informe por parte de las autoridades costarricenses concerñidas, salvo este Expediente Legislativo 20.400 del 2017. En el 2021 se registró esta protesta callejera por parte de un periódico costarricense en esta nota de noviembre del 2021, titulada «Afectados por el Nemagón exigen indemnizaciones«. El Acta de la Junta Directiva Número 9232 de la CCSS de enero del 2022 señala las diversas observaciones de la entidad a un enésimo proyecto de ley presentado a la CCSS para consulta, siempre relativo a la indemnización para los afectados por el Nemagón (pp. 27-66).
Sin haber resuelto aún del todo el tema de los efectos en la salud del Nemagón usado en las bananeras en los años 70, son ahora nuevas sustancias químicas las que amenazan la salud de los trabajadores y de las comunidades circundantes: al respecto, cabe recordar que en el 2013 la organización denominada el Tribunal Latinoamericano del Agua (TRAGUA) llevó a cabo una sesión sobre agua y piña en Costa Rica. Las ponencias aquí reunidas en particular las de Clemens Ruepert (pp.29-35) y Mario Peña Chacón (pp.53-64) mantienen ambas su plena vigencia, 12 años después. Al igual que las recogidas en la Parte II de las actas de este foro, en particular las de una luchadora incansable como Erlinda Quesada (pp. 6-9), y las ponencias de Mauricio Álvarez (pp. 10-18) y Soledad Castro (pp. 26-30). Sobre este foro, al iniciar nuestra breve ponencia, la sensibilidad extrema de algunos funcionarios fue tal que el día siguiente, el medio digital ElPais.cr tituló una nota «Costa Rica: Funcionario de Agricultura huyó de Foro sobre efectos negativos del cultivo de piña«: véase tercer artículo de revista de prensa disponible en este enlace.
Ya en octubre del 2009, el artículo de opinión publicado en La Nación «Una visita que mueve mas de 1000 denuncias» había puesto en evidencia la extrema sensibilidad que genera la piña costarricense de exportación en algunos círculos costarricenses.
Empresa privada / Estado costarricense: una vieja historia
En el 2024, en un acto realizado en la Asamblea Legislativa conmemorando el legado y el significado para la historia costarricense de las huelgas bananeras de los años 30 en Costa Rica, se escuchó (véase nota de prensa) que:
«Si comparamos las reivindicaciones de los trabajadores bananeros hace casi un siglo con lo que ocurre hoy en el sector agroindustrial costarricense, nos damos cuenta que las condiciones siguen siendo casi las mismas«.
Para quienes nos leen desde otras latitudes (y quienes en Costa Rica tienen una memoria huidiza), hay que saber que en el 2010, una extraña decisión del Ministerio de Educación Pública en Costa Rica de aquella administración 2006-1010 (que se destacó por cercanía con el sector privado y su acérrima defensa del libre comercio) (Nota 1), consistió en retirar del programa educativo la celebre novela costarricense de «Mamita Yunai» (véase texto de la obra integral), así como El Quijote: una decisión que fue revertida, sin que se conozcan, 15 años después, las razones exactas por las que se solicitó dicho retiro del programa de lectura de todos los colegios costarricenses (véase nota de La Nación de junio del 2010).
No está de más señalar la existencia de esta carta oficial de la Misión de Costa Rica a Naciones Unidas (documento A/HRC/12/G/3) cuestionando gran parte de los hallazgos de la Experta Independiente de Naciones Unidas sobre agua saneamiento y derechos humanos, a raíz de su visita a Costa Rica en julio del 2009 (véase informe A/HRC/12/24/Add.1 descargable en la red, versión en español disponible aquí). La lectura de ambos documentos se recomienda, al señalar la experta de Naciones Unidas graves problemas con la gestión del recurso hídrico en Costa Rica, que persisten y se han ido agravando, 16 años después de emitido su informe. Con relación a la piña, mientras la Experta independiente en su informe, señalaba que:
«71. La Experta independiente desea expresar su preocupación respecto del empleo de Bromacil, Diurón y otros plaguicidas en las explotaciones agrícolas, en especial en las plantaciones de piña tropical, habida cuenta de que esos productos han sido relacionados con diversas formas de cáncer en caso de ser consumidos en grandes cantidades durante un período prolongado«.
se lee textualmente en uno de los primero puntos, que para la Misión de Costa Rica ante Naciones Unidas:
«4. También sería interesante conocer cuáles son las opciones que se le podrían brindar a los productores de piña en lugar del Bromacil y el Diurión«.
Sería también «interesante» (para emplear el adjetivo usado en la precitada misiva oficial) conocer la fuente de esta extraña forma de expresarse de un Estado, que se plasmó en esta carta oficial de la Misión de Costa Rica ante Naciones Unidas, sobre una recomendación de carácter urgente que Costa Rica …finalmente acató en el 2017, al menos parcialmente, con relación al Bromacil (Nota 2). En octubre del 2024, Costa Rica debió reconocer en plena COP-16 que en materia de plaguicidas, mucho aún falta por recorrer (véase nota de Delfino.cr).
En el 2024, con ocasión de una reunión de la OIT en Ginebra, se leyó por parte de una sindicalista costarricense (véase artículo del Semanario Universidad de junio del 2024) que la simbiosis Estado / sector empresarial en el caso costarricense fue más que notoria:
«En la reunión del grupo de trabajadores de la Conferencia de OIT, con representación de todos los países del mundo, se reafirmó que el caso de Costa Rica era prioridad por la gravedad de la situación en materia de libertad sindical en el país, pero los empleadores exigieron que fuera excluido de la lista y amenazaron de no llegar a consenso, lo que significaría no analizar ningún caso en la Comisión de Aplicación de Normas. Esto es el deplorable resultado de una alianza entre el Gobierno, la UCCAEP y sus aliados globales«
No está de más señalar una reciente y ocurrente iniciativa del sector privado costarricense en aras de, supuestamente, aumentar la productividad de un trabajador, cuando colegios gremiales como el colegio de psícólogos advierten del efecto exactamente inversa (véase artículo del Semanario Universidad de julio del 2025).
Resulta de igual manera oportuno referir, en otro ámbito no muy alejado del campo laboral, a un reciente informe bastante contundente (Nota 3) del programa Estado de la Educación (véase nota del medio digital Delfino.cr de agosto del 2025) y a otro informe de la OCDE sobre el deterioro en materia educativa de Costa Rica (véase artículo del Semanario Universidad de septiembre del 2025).
Algunas de las alertas generadas desde la UCR en años recientes sobre el sector agroexportador
En el 2020, desde la UCR se alertó sobre las condiciones laborales existentes en fincas destinadas a la exportación del banano y de la piña (véase nota publicada en portal de la UCR en marzo del 2020).
Previo a ello, en el 2016, un equipo de investigadores europeos llegó a Costa Rica con el fin de investigar algunos aspectos con el objetivo de dar a conocer al consumidor europeo la realidad de lo que viven los trabajadores en las plantaciones de piña costarricenses (véase nota del Semanario Universidad).
En el 2018, una prestigiosa ONG sobre comercio justo y equitable como Oxfam lanzó un campaña de información en Europa sobre las condiciones laborales imperantes en Ecuador y en Costa Rica (véase informe). Este reportaje de junio del 2019 del Semanario Universidad detalla la voracidad del sector de la piña y la inefectividad de las instancias públicas a cargo de proteger el ambiente y la salud de las comunidades rurales en la Zona Norte de Costa Rica.
Esta situación se da mientras los pequeños y medianos agricultores costarricenses que no producen banano o piña, sino productos mucho más tradicionales como el arroz, la papa, la cebolla, el tomate, la yuca o los frijoles, y surten con parte de sus productos las ferias del agricultor cada semana, sufren año tras año los embates del cambio climático y la desatención total o casi por parte de las autoridades nacionales: un reciente reportaje del Semanario Universidad de septiembre del 2025 así lo refleja.
Por su parte, el «Observatorio de Relaciones Laborales» de la Facultad de Derecho de la UCR dedicó uno de sus foros en el 2024 a la situación de los trabajadores en fincas bananeras y piñeras, con hallazgos sumamente interesantes, a relacionar con los precitados documentales europeos (véase video disponible en You Tube).
Con relación a la piña propiamente dicho, en este enlace, adscrito a Naciones Unidas (FAO), se indica la posición de control del mercado mundial de la piña de exportación por parte de Costa Rica. En este otro enlace se señala que Costa Rica domina ampliamente el sector de exportación de la piña fresca en el mundo, con 51% del mercado mundial, seguido por Filipinas con un poco más del 15%. Ya en este informe de Naciones Unidas del año 2016 (UNCTAD), el gráfico (p. 13) colocaba a Costa Rica en la cúspide de los exportadores de piña fresca a nivel mundial, al tiempo que esta publicación del 2005 de un centro especializado como el CIRAD (Francia) explicaba el impacto que tuvo la introducción de la variedad «MD-2» producida en Costa Rica, desplazando una tras una todas las demás variedades de piña en el mercado mundial.
En lo que atañe a la salud ocupacional de los trabajadores y la salud de las comunidades circundantes a plantaciones de piña, resulta de cierto interés señalar que, al acordar el Consejo Universitario de la UCR un segundo pronunciamiento sobre la piña en el año 2018 (véase texto), dos entidades del Estado costarricense solicitadas para proporcionarle datos entregaron «información insuficiente«: el Ministerio de Salud y la CCSS (véase recuadro a página 3). El primer pronunciamiento del mismo Consejo Universitario de diciembre del 2008 sobre los efectos negativos de un monocultivo como la piña en un país tropical como Costa Rica (véase texto) se mantiene, 17 años después, de una insistente actualidad ante los daños ocasionados por la piña en diversas regiones de Costa Rica.
Este reportaje del Semanario Universidad de agosto del 2023 detalla hasta que punto el Estado costarricense fomenta la expansión piñera, en este caso en detrimento de la salud de los niños de una escuela y de una comunidad «rodeada» de plantaciones de piña. En este otro reportaje del enero del 2024, se hacer la miopía severa que sufren los funcionarios de la SETENA cuando de piña se trata, una patología ya denunciada en … el 2017 (véase reportaje del Semanario Universidad de marzo del 2017). La miopía institucionalizada de las autoridades costarricenses llegó a tal punto que en el 2021, la piña fue objeto del siguiente titular en un sitio especializado en materia ambiental como Mongabay:
«Piñas en la mira: el monocultivo que se coló dentro de las áreas protegidas de Costa Rica«.
¿Un Estado que no se percata que la piña se instala de manera ilegal en zonas protegidas? Así como se lee.
En mayo del 2025, esta nota de prensa de La Nación refirió a la intoxicación de trabajadores en una piñera.
Claro está, la realidad de lo que se vive en estas plantaciones de piña rebasa, y por mucho, lo que esporádicamente, puede llegar a ser referenciado en artículos de la prensa costarricense sobre algunas de ellas.
No está de más señalar que al 2022, se registraban más de 65.500 hectáreas de piña sembradas (véase infografía de MOCCUP), cuando en el 2012, eran aproximadamente 45.000 hectáreas.
El acaparamiento de las tierras, un efecto bastante conocido de los monocultivos, desplazando a pequeños propietarios, forzándolos a integrarse a un monocultivo en detrimento de los productos tradicionales, o a vender sus pequeñas parcelas a grandes empresas, también se ha podido observar en el caso de la piña en Costa Rica (Nota 4).
La imagen internacional de Costa Rica como «destino verde» puesta en tela de duda
Quisiéramos en este acápite hacer ver que si bien la gran prensa costarricense, en líneas generales, no considera de interés publicitar las diversas denuncias de las que es objeto la expansión piñera por parte de pequeñas comunidades costarricenses afectadas (salvo alguna que otra excepción, usualmente medios de prensa universitarios), el tratamiento en el plano internacional es distinto:
– en el 2010, en el Reino Unido, The Guardian realizó un extenso reportaje sobre la piña costarricense en Europa (véase texto);
– a finales del 2018, la cadena de televisión DW en Alemania realizó un interesante documental sobre la piña costarricense titulado «Costa Rica: el precio de la piña» (véase enlace en You Tube), en el que exhibe algunos aspectos pasados por alto por las autoridades de Costa Rica desde hace muchos años: a partir del minuto 16:00 de este documental, se puede observar el texto de una una misiva con carácter urgente del entonces ministro de agricultura a la embajada de Costa Rica en Alemania haciendo ver … lo extremadamente hacendoso que puede resultar un despacho ministerial cuando de proteger la imagen de la piña costarricense en el exterior se trata;
– en el 2019 tuvimos la oportunidad de analizar un corto video de una de las principales cadenas de la televisión francesa titulado «Costa Rica: le commerce juteux de l´ananas«: véase al respecto nuestra nota titulada «El lado amargo de la dulzura: a propósito de un reciente reportaje crítico de la televisión francesa (France2) sobre la piña costarricense» de junio del 2019;
– mientras que en el 2017, el sitio costarricense de Ojo al Clima tituló un reportaje «Cultivo de piña quiebra los escudos contra cambio climático«, en el 2020, el «dark side» de la dulzura de la piña producida por Costa Rica fue objeto de otro muy detallado reportaje en un sitio internacional muy frecuentado como los es ClimateCorrespondent;
En noviembre del 2023, una publicación en Canadá y Estados Unidos refirió al uso intensivo de pesticidas para producir la dulce piña costarricense: véase al respecto la única referencia hecha en la prensa costarricense en este artículo por parte del Tico Times, con una pregunta bastante legítima que todos podemos hacernos con relación a los demás medios de prensa costarricenses;
Estos reportajes (y probablemente muchos otros existentes) merecen ser releídos y revisados en este mes de septiembre del 2025, al mantenerse su contenido, desde el 2010, de una persistente actualidad, con pequeñas comunidades que siguen esperando respuestas urgentes por parte del Estado costarricense, y abogados de ONG que han agotado las vías que ofrece el sistema judicial costarricense. Y con un Estado costarricense, a la fecha, incapaz de plantear una demanda solicitando millonarias indemnizaciones para hacer valer el principio bastante básico en derecho ambiental y plasmado en la misma legislación costarricense en materia ambiental vigente, según el cual: «quien contamina… paga«. En cuanto a la salud de los trabajadores que inhalan sustancias químicas sin mayor protección, y de comunidades que ingieren agua contaminada, la paciencia de los afectados por el Nemagón en los años 70 para ser indemnizados, deja presagiar una suerte similar por los afectados y por las personas de pequeñas comunidades rurales que han ingerido agua contaminada por empresas piñeras con bromacil, diurón, paraquat, entre muchos más, a menos que el Estado costarricense despierte de un patología bastante llamativa: la somnolencia persistente que lo aqueja cuando se trata de mitigar y reparar los efectos negativos de la piña.
Esta actitud del Estado costarricense había sido estudiada y sistematizada en una tesis de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR, y ello desde el 2017, sobre tres cantones específicos, titulada «El Estado detrás de la piña: el conflicto socioambiental del monocuiltivo de piña en los cantones de Guatuso, Upala, Los Chiles (2000-2015)» (véase texto completo).
Ahora bien, entre los pequeños productores de piña que no necesariamente buscan adecuar sus prácticas a los altos requerimientos exigidos por el mercado de la exportación de piña fresca desde Costa Rica, merece mención esta denominada «propuesta rebelde» en la región de Sarapiquí, que ojalá logre replicarse en otras partes.
El deterioro de las condiciones laborales, síntoma de uno más general
Haciendo a un lado el insensato y desmedido entusiasmo de algunos en Costa Rica por controlar más del 50% del mercado mundial de la piña fresca, y volviendo a ámbito más general de la realidad laboral en Costa Rica, datos del año 2024 señalan que el trabajo informal aumentó significativamente, con alrededor de 845.000 personas trabajando en la informalidad (véase artículo del Semanario Universidad de febrero del 2025).
En un informe de la cartera de trabajo del 2023, sobre la verdadera realidad del salario mínimo en Costa Rica, se lee en las conclusiones (p. 26) que:
«El esfuerzo por mejorar el cumplimiento en el pago del salario minimum minimorum debería darse en forma prioritaria en la zona rural, ya que, como se mencionó anteriormente, el nivel de incumplimiento es mayor en esta zona (33,7% versus 16,1% en la zona urbana) y en particular en la rama de actividad relacionada con la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, donde el incumplimiento es del 45,5%. Asimismo, la población ocupada en actividades como construcción, otras actividades, de servicios, alojamiento y servicios de comida, hogares como empleadores y comercio, tienen niveles de incumplimiento iguales o superiores a 20%«.
El deterioro notorio de las condiciones laborales al que refieren estos y posiblemente muchos otros informes, artículos, tesis e indicadores macroeconómicos, por el momento no parecieran haber en lo más mínimo originado esfuerzos desde el Estado costarricense, tendientes a frenarlo, o al menos a mitigar sus efectos.
Este deterioro no refleja sino un deterioro generalizado en materia social que ha ido en aumento en Costa Rica desde inicio de los años 2000.
En materia de indicadores sociales, en el 2018 habíamos tenido la oportunidad de señalar que la progresión de un índicador como el coeficiente Gini (que mide la desigualdad) debía de llamar la atención de los decisores políticos: véase nuestra nota titulada «Pobreza en Costa Rica entre el 2017 y el 2018, un nuevo incremento puesto en perspectiva«.
En el 2019, se confirmó esta desmejoría generalizada, con otro indicador, el IDH (Índice de Desarrollo Humano): véase al respecto nuestra nota de diciembre del 2019 titulada «El Índice de Desarrollo Humano (IDH) y la posición 68 de Costa Rica puesta en perspectiva«. Dicho sea de paso, cuando se detalla el IDH a nivel cantonal, aparecen en las últimas posiciones los cantones costarricenses en los que se ha dado una mayor expansión de las plantaciones de piña en las últimas décadas (véase tabla en este informe del PNUD del 2024, página 11).
En el 2021, una medición señaló que el coeficiente Gini había alcanzado su nivel más alto (véase nota de Delfino.cr de octubre del 2021).
En lo personal, llama profundamente la atención que muchos en Costa Rica sigan apostando por lo que denominan un «modelo de desarrollo» basado en la atracción de inversiones extranjeras y el libre comercio, que ha ido aumentando las brechas sociales y la desigualdad en Costa Rica, privilegiando únicamente a unos pocos sectores en detrimento de todos los demás. En cuanto a las finanzas públicas del Estado costarricense, su deterioro es notable con efectos visibles en la educación, pero también en la salud pública, en materia de vivienda social y más generalmente en la atención a las poblaciones más vulnerables, y en muchos otros ámbitos del accionar del Estado, que, informe tras informe, revela de manera detallada una entidad como la Contraloría General de la República (CGR).
El último informe del programa del Estado de la Nación del 2024 (véase enlace) probablemente vea reiteradas en el informe a presentarse en noviembre del 2025, sus advertencias y sus recomendaciones pasadas desoídas, y ello desde hace muchos años, sobre el preocupante deterioro social en Costa Rica.
La legislación laboral desde la perspectiva internacional
La legislación laboral no es ajena al derecho internacional público: como todos los Estados, Costa Rica es parte a un sinnúmero de convenios en materia laboral. El enlace oficial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el que se pueden revisar todos los convenios en materia laboral firmados y ratificados por Costa Rica se encuentra disponible aquí. El Ministerio de Trabajo de Costa Rica por su parte tiene en este enlace oficial los tratados internacionales vigentes en Costa Rica en materia laboral. Como todo Estado, la decisión de aprobar o no un tratado internacional es una decisión soberana de cada Estado, y veremos que varios instrumentos internacionales de la OIT no registran a Costa Rica como Estado Parte, como tampoco uno en derechos humanos.
Muchos de estos tratados establecen, para los Estados Partes, obligaciones que deben implementar mediante modificaciones a su legislación laboral o bien mediante la creación de nuevas regulaciones, mucho más conformes a los lineamientos de la OIT. A modo de ejemplo, entre muchos, el proyecto de ley contenido en el Expediente 21.706 sobre el fortalecimiento de la inspección del trabajo se nutre de diversas disposiciones no acatadas por Costa Rica en materia de inspección laboral.
En materia de trabajo infantil, por ejemplo, en el 2025, el órgano encargado de velar por la aplicación de las disposiciones pertinentes del convenio 138 de la OIT de 1973, le hizo una serie de recomendaciones a Costa Rica (véaseenlace), que esperan respuestas del Estado costarricense. En el 2024, esta entrevista a una funcionaria de la Fiscalía General de la República (FGR) detalla el alcance de la explotación laboral infantil en Costa Rica, que afecta a unos 30.000 menores de edad.
Otro ejemplo entre muchos, es el nivel de cumplimiento del convenio 169 de la OIT de 1989 (véase ley 7316 de aprobación de 1992) sobre derechos de las comunidades indígenas: en años recientes, fue objeto de un informe particularmente contundente del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, a raíz de su visita a Cota Rica. Se trata de un informe muy pocamente divulgado que tuvimos la ocasión de analizar: véase al respecto nuestra nota titulada «Pueblos indígenas y sus derechos: revelador informe del Relator Especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas en Costa Rica» de septiembre del 2022.
Otro convenio como el convenio 189 OIT del 2011 (véase texto) sobre los derechos de las trabajadoras domésticas al que también Costa Rica es Estado Parte, debería interesar a investigadores con el fin de tener un diagnóstico sobre el sistema de explotación laboral que sufren muchas de ellas. De igual manera, al observarse lo que ocurre en algunas plantaciones de piña y de banano, pero también en otros sectores de producción agrícola, investigadores deberían poder realizar un diagnóstico sobre el nivel de cumplimiento del convenio 141 OIT (véase texto) sobre trabajadores rurales, un convenio del que sí es Estado Parte Costa Rica.
En un ámbito específico en materia laboral que no es para nada ajeno al convenio 189, como tampoco al sector agro-exportador costarricense, como lo es la contratación de trabajadores migrantes, y que debería de interesar a muchos más investigadores costarricenses, Costa Rica persiste en tan siquiera firmar la Convención de 1990 de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares: su texto (en particular su preámbulo, pero también otras disposiciones) permite entender mejor la necesidad de extender la protección en materia laboral a personas que no poseen la nacionalidad del Estado en el que laboran. El estado oficial de firmas y ratificaciones de dicho convenio (véase enlace) contabiliza 60 Estados Partes, entre los cuales, en América Latina, se registran los siguientes: Argentina, Bolivia, Chile Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Finalmente, es de notar que hay varios convenios de la OIT que Costa Rica no ha aún aprobado como por ejemplo el Convenio 188 del 2007 sobre trabajadores en embarcaciones o buques pesqueros (véase texto).
Volviendo al ámbito del derecho laboral, no está de más señalar que tanto la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la práctica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han establecido una serie de parámetros y de precedentes que deben interesar a todos los Estados del hemisferio americano: véase al respecto la publicación dada a conocer por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre del 2020, titulada «Compendio sobre derechos laborales y sindicales. Estándares Interamericanos«. Los jueces ordinarios deberían, en virtud del control de convencionalidad, incorporar estos estándares interamericanos en sus sentencias en materia laboral en Costa Rica. En el 2016 tuvimos la suerte de dirigir una voluminosa tesis de grado (647 páginas, véase texto integral) titulada precisamente «El control de convencionalidad en Costa Rica: propuesta de aplicación por los jueces ordinarios. Análisis comparado desde la perspectiva del derecho internacional público«.
En materia de violencia y de acoso laboral, resulta oportuno señalar la existencia del Convenio 190 de la OIT desde el 2019, contenido en este dictamen de mayoría de febrero del 2022 (Expediente Legislativo 22.569) de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Este convenio ya cuenta con 50 Estados Partes (véase enlace oficial) entre los cuales, en América Latina, no figura aún Costa Rica, sino únicamente Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Estas filminas sobre la implementación del Convenio 190 en Chile (véase enlace) permiten tener una idea de los avances que significa su aprobación para los trabajadores chilenos; asimismo los diversos documentos y guías accesibles en este enlace oficial de la OIT para los Estados del Cono Sur que buscan implementar el Convenio 190.
A modo de conclusión
Como ya viene siendo reiterado desde varios años, los compromisos internacionales de Costa Rica, plasmados en diversos instrumentos internacionales debidamente firmados y ratificados en el pasado por Costa Rica, sea en materia laboral, o bien sea en materia de derechos humanos o en materia ambiental, parecieran … ya no constituir una prioridad.
Con ocasión del mes de diciembre del 2024, tuvimos la oportunidad de analizar la desatención creciente de Costa Rica con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en Costa Rica: véase al respecto nuestra nota titulada «La deuda que Costa Rica acumula en materia de derechos humanos: siempremás pesada«.
Con relación a un instrumento moderno en materia ambiental y en materia de derechos humanos como lo es el Acuerdo de Escazú, aprobado en Costa Rica en marzo del 2018 en el marco de la CEPAL, tuvimos la ocasión de analizar su situación en Costa Rica – rotunda negativa de aprobarlo por parte de sus máximas autoridades – en un artículo (Nota 5) y más recientemente con ocasión de la última adhesión observada, la número 18: véase nuestra nota titulada «Acuerdo de Escazú: algunos apuntes con relación a la reciente adhesión por parte de Bahamas«. Remitimos al estado oficial de firmas y de ratificaciones del Acuerdo de Escazú que incluye a 18 Estados Partes entre los que encontramos a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Uruguay: en ninguno de estos Estados se observaron los efectos negativos para su economía como los vaticinados en Costa Rica por la principales cámaras empresariales frontalmente opuestas a este instrumento internacional (y por sus repetidoras locales en la Asamblea Legislativa).
Es de esperar, de cara a la contienda electoral que se avecina en Costa Rica, que estos y muchos otros compromisos internacionales de Costa Rica desatendidos por el Estado costarricense, encontrarán un eco programático en renovadas propuestas de gobierno de los distintos partidos políticos.
– – Notas – –
Nota 1: El denominado «Memoramdum del miedo» de julio del 2007 en aras de estigmatizar y de desacreditar a los opositores costarricenses al tratado del libre comercio con Estados Unidos (véase texto integral) constituye una de muchas otras acciones en las que se observó a un Estado como el correspondiente a la administración (2006-2010), dispuesto a todo para favorecer al sector privado, el libre comercio y la inversión extranjera: en materia ambiental por ejemplo, los diversos escándalos ambientales que sacudieron a Costa Rica encuentran su origen en decretos ejecutivos inconsultos, declarando de «conveniencia nacional» proyectos de cierta envergadura que terminaron siendo declarados totalmente ilegales por los tribunales nacionales. A modo de ejemplo, el decreto relacionado al megaproyecto hidroelectrico El Diquis fue declarado inconstitucional (véase voto 001622-2022); de igual manera, el decreto sobre el proyecto minero en Crucitas fue declarado totalmente ilegal (véase sentencia del TCA de noviembre del 2010). La solicitud del Consejo Universitario de la UCR a diez días de su publicación en la Gazeta Oficial, pidiendo la derogatoria de este decreto ejecutivo (véase pronunciamiento) hubiera ahorrado mucho al presupuesto del Poder Judicial. En el documental de la UCR «El oro de los tontos» sobre el proyecto minero Crucitas (véase enlace en YouTube), entrevistas a autoridades públicas y judiciales, Presidenta de la Sala Constitucional incluida, permiten ver la facilidad con la que los argumentos de la empresa minera canadiense Infinito Gold encontraron eco en estas mismas autoridades nacionales. En este cable Wikileaks de enero del 2006, y este otro de septiembre del 2005, correspondientes a los últimos meses de la administración anterior (2002-2006), ya se perfilaba la preeminencia de la cartera de comercio exterior sobre todas las demás: en este caso, su intromisión directa para que Costa Rica cumpliera con una solicitud insistente de la embajada de Estados Unidos en materia de justicia penal internacional, accediendo a suscribir un Acuerdo Bilateral de Inmunidad, que prohiba el envío de personal civil o militar norteamericano sospechoso de cometer crímenes de guerra a la Corte Penal Internacional de La Haya.
Nota 2: No fue sino hasta mayo del 2017 que mediante Decreto Ejecutivo 40423 (véase texto), Costa Rica acató lo que recomendó la experta independiente en el 2009. Tratándose de una sustancia extremadamente persistente en cuanto a sus efectos, se leyó en septiembre del 2022 (véase nota del Semanario Universidad) que:
«En la actualidad, indicaron, en las fuentes de agua en que se detectaron los químicos continúan obteniéndose resultados que evidencian su presencia y por eso, no pueden usarse, lo que ha limitado la capacidad de las Asadas para proveer del preciado líquido tanto a las familias como a los pequeños productores de la zona y tampoco se han ofrecido soluciones por parte de las autoridades competentes«.
Nota 3: El Xo informe del Estado de la Educación (2025) es un documento de 432 páginas, de lectura muy recomendada y está disponible en este enlace. La gran riqueza de gráficos y de infografías permite al lector observar tendencias y prever escenarios. La sinópsis (pp. 29-24) permite conocer los desafíos que está enfrentando la educación pública en Costa Rica, luego de varios años de malas decisiones tomadas. Se recomienda escuchar el programa Desayunos de Radio UCR del 24 de septiembre del 2025, dedicado a analizar los principales hallazgos de este informe y la democracia costarricense: véanse enlace en FaceBook y enlace en YouTube.
Nota 4: Véase al respecto FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ E., «L’accaparement des terres au Costa Rica : le cas des entreprises productrices d’ananas«, HAL Oen Science, 2014. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Costa Rica y el Acuerdo de Escazú: historia de una persistente ausencia«, Vol. 58 (2024) Revista de Ciencias Ambientales (Universidad Nacional), Enero-Junio 2024. Texto integral disponible aquí. En caso de que nos lean comunicadores/productores de audiovisuales, los referimos a este muy completo video de promoción del Acuerdo de Escazú producido por el talentoso equipo de comunicadores de LaPulla en Colombia, titulado «La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas«: salvo error de nuestra parte, no se cuenta con un video similar de promoción equivalente en el caso de Costa Rica. La UCR había producido dos videos: uno titulado «El acuerdo de Escazú los defensores del ambiente» y otro titulado «UCCAEP y el Acuerdo de Escazú«.
MSc.Lic.Bach. Anais Patricia Quirós Fernández Académica Universitaria Titular Carreras ILE,PIT Especialista en la Enseñanza del Idioma Inglés Universidad Técnica Nacional, Sede El Roble Estudios en Género, Diversidad y Derechos Humanos, Conciencia digital y fundamentos de la IA, Diplomada Internacional en Cambio Climático y Gestión Integral del Riesgo de Desastres Naturales Estudiante Carrera Derecho, Escritora. Líder Sindical, Científica Social, Consultora Empresarial apatriciaq@yahoo.com
La universidad pública costarricense se ha consolidado como uno de los pilares del desarrollo nacional, gracias a su aporte en docencia, investigación y extensión. Sin embargo, su construcción y sostenimiento no se explican únicamente desde la acción estatal o académica, sino también desde la participación activa de sindicatos y asociaciones gremiales que han defendido los derechos laborales, la autonomía universitaria y el financiamiento público.
En el Siglo XXI, marcado por transformaciones políticas, económicas y tecnológicas, el papel de los sindicatos universitarios se reconfigura y adquiere nuevos retos que trascienden lo laboral para insertarse en la defensa del modelo de educación superior pública.
Los sindicatos en la historia universitaria costarricense
El movimiento sindical universitario tiene sus raíces en la segunda mitad del siglo XX, con la consolidación de la Universidad de Costa Rica y posteriormente de las demás universidades estatales. Estas organizaciones nacieron en un contexto de lucha por condiciones dignas de trabajo y por el fortalecimiento de la autonomía universitaria. Como señala Rojas (2015), los sindicatos han sido actores centrales en la configuración de una universidad pública con vocación democrática, plural y comprometida con el desarrollo social.
Defensa de la autonomía universitaria y del financiamiento público
En las últimas décadas, la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se ha convertido en un espacio estratégico de incidencia sindical. Según Mora (2020), los sindicatos han sido determinantes en la defensa del financiamiento estatal frente a intentos de recortes presupuestarios, argumentando que la inversión en educación superior es una condición necesaria para la competitividad y la justicia social. Asimismo, han sostenido la importancia de la autonomía universitaria como garantía de libertad académica y gestión democrática.
Construcción de condiciones laborales y diálogo social
Los sindicatos han aportado a la construcción de la universidad pública costarricense mediante convenciones colectivas y mesas de diálogo que garantizan derechos como estabilidad laboral, equidad de género, salud ocupacional y capacitación continua. De acuerdo con Chacón (2018), estos procesos no solo han mejorado las condiciones de los trabajadores universitarios, sino que también han contribuido a una gobernanza institucional más inclusiva, en la que la voz de los trabajadores tiene un papel en la toma de decisiones.
Retos del Siglo XXI: innovación, ética y sostenibilidad
El contexto actual de globalización, digitalización y cambios en el mercado laboral plantea nuevos desafíos. Los sindicatos deben posicionarse como agentes que impulsen la capacitación en nuevas tecnologías, la investigación pertinente y la incorporación ética de la inteligencia artificial en los procesos educativos. Además, deben evitar caer en prácticas corporativistas, recordando que su misión no se limita a la defensa de intereses particulares, sino a la construcción de una universidad que sirva al bien común (Vargas, 2021).
Dentro de ese contexto, los retos prioritarios de los sindicatos universitarios, específicamente en la Universidad Técnica Nacional, son:
Derechos laborales y condiciones de trabajo.
Negociar la primera convención colectiva de trabajo (CCT)
Defender la estabilidad laboral contra despidos injustificados o precarización
Promover mejoras en salarios, pluses, anualidades y pensiones
Velar por las condiciones seguras de trabajo (salud ocupacional, equipo adecuado)
Defensa de la educación superior pública
Reinvindicar el Fondo Especial para la Educación Superior ( FEES)
Participar en la discusión sobre el financiamiento universitario
Rechazar políticas de recorte presupuestario que afecten la calidad
Apoyar el acceso equitativo de estudiantes de bajos recursos
Políticas internas universitarias
Participar en órganos colegiados (Consejos Universitarios, Comisiones)
Defender la autonomía universitaria
Impulsar la transparencia en la gestión administrativa
Velar por criterios de contratación justos y meritocráticos
Bienestar y desarrollo del personal
Promover programas de capacitación y profesionalización.
Impulsar servicios de apoyo(guarderías, salud mental, recreación)
Fomentar equidad de género, no discriminación, no misoginia, no violencia, no acoso no hostigamiento laboral ni sexual y no persecusión y beligerencia sindical a los dirigentes dentro de la UTN.
Incidencia nacional y social
Alianzas con sindicatos de otras universidades y del sector público
Defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y derechos sociales.
Participación en movimientos nacionales contra reformas regresivas.
Impulso de agendas de sostenibilidad, inclusión y derechos humanos.
Campañas para fortalecer la autonomía universitaria frente a injerencias políticas.
Propuestas de teletrajo y horarios flexibles según la naturaleza de los puestos.
Defensa de régimen de pensiones del Magisterio Nacional
Conclusión
Los sindicatos en la universidad pública costarricense han sido y continúan siendo actores fundamentales en la defensa de la autonomía, el financiamiento y los derechos laborales. En el Siglo XXI, su papel se amplía hacia la innovación, la sostenibilidad y el fortalecimiento del pacto social que sustenta la educación superior pública. Su capacidad para adaptarse, dialogar y mantener un compromiso ético con el interés general determinará la vigencia y relevancia de la universidad pública como motor de desarrollo nacional.
Referencias
Chacón, L. (2018). El sindicalismo universitario en Costa Rica: aportes y desafíos. Editorial UCR.
Mora, J. (2020). Educación superior pública y financiamiento estatal en Costa Rica: debates contemporáneos. Revista de Ciencias Sociales, 170(2), 45-62.
Rojas, M. (2015). Autonomía universitaria y movimiento sindical en Costa Rica. San José: Editorial de la Universidad Nacional.
Vargas, E. (2021). Universidad, sindicatos y futuro: desafíos del Siglo XXI. Revista Latinoamericana de Educación Superior, 12(3), 89-110.
Hay relojes que no marcan la hora, sino la vergüenza. Relojes que no avanzan, sino que giran hacia atrás, como si el tiempo fuera un capricho de los poderosos y no una conquista de los pueblos. En Costa Rica, ese reloj se rompió en 1920, cuando los trabajadores, tras huelgas y revueltas, lograron que el Estado reconociera su humanidad en forma de ley: ocho horas de trabajo, ni una más. Fue una victoria contra el agotamiento, contra la lógica colonial del cuerpo como recurso. El tiempo, por fin, era también territorio obrero.
Pero hoy, cien años después, los nuevos conquistadores—con corbata y logo corporativo—exigen doce horas de jornada. No con látigo, sino con decreto. No desde Sevilla, sino desde San José. El Estado nacional, que antes legislaba para proteger, ahora legisla para rendirse. Se invoca el desarrollo como antes se invocaba la evangelización. Se ofrece el cuerpo del trabajador como incentivo, como moneda de cambio. Y el reloj, ese viejo testigo de las luchas, empieza a girar hacia atrás, como si la historia fuera un error que conviene corregir.
El derecho laboral de Indias fue un campo de batalla entre la ley y la realidad, entre el discurso humanista y la práctica colonial. Las leyes proclamaban dignidad, pero legitimaban el despojo. Su legado es ambivalente: testimonio de una voluntad reformista y evidencia de su fracaso. Sin embargo, en medio de sus contradicciones, esta legislación dejó huellas profundas que aún resuenan en los sistemas jurídicos modernos.
Muchos de sus principios —aunque nacidos en contextos de dominación— anticiparon derechos que hoy consideramos fundamentales. La limitación de la jornada laboral, la protección de la maternidad, el reconocimiento del salario justo, la regulación de oficios peligrosos, la prohibición del trabajo infantil y la defensa de la salud en el trabajo fueron formulados como alternativas al trabajo forzoso y a la esclavitud. Estas propuestas, aunque incompletas y muchas veces incumplidas, constituyen los primeros esbozos de una ética laboral que buscaba humanizar la producción.
La legislación indiana, entonces, no puede ser leída únicamente como instrumento de control. También fue espacio de disputa, de reforma, de resistencia jurídica. En sus márgenes se gestaron debates sobre la humanidad del otro, sobre la legitimidad del poder, sobre el derecho al descanso, al cuerpo, al salario. Como señala Borrajo Dacruz (2003), “la historia del derecho del trabajo no comienza con la revolución industrial, sino con los primeros intentos de limitar el abuso en contextos coloniales”.
Lo irónico es que ni las Leyes de Indias, redactadas en pleno siglo XVI por una monarquía esclavista, se atrevieron a tanto. Felipe II, en su Instrucción de 1593, ordenaba que los obreros trabajaran ocho horas, repartidas para evitar el rigor del sol. ¡Felipe II, nada menos! El mismo que gobernaba sobre minas, encomiendas y amputaciones, reconocía que el cuerpo humano tenía límites. Hoy, en cambio, se pretende que el trabajador moderno—con más derechos, más ciencia, más Constitución—trabaje más que un indígena bajo el sol colonial. ¿Progreso? ¿Modernidad? No. Es el regreso al feudo, pero con Wi-Fi.
La ley que se propone no es una reforma: es una parodia. Una tragicomedia legislativa donde el Estado se disfraza de gestor, pero actúa como capataz. Se redactan protocolos, se celebran foros, se imprime el retroceso en papel membretado. Y mientras tanto, el reloj sigue girando hacia el abismo, marcando no las horas trabajadas, sino las horas perdidas. Perdidas en la historia, en la dignidad, en la memoria.
Porque legislar doce horas no es solo legislar tiempo: es legislar olvido. Es borrar la huelga de 1920, la Revolución del Sapoá, los sindicatos que entendieron que el cuerpo no es mercancía. Es decirle al trabajador: “Tu historia no importa. Tu cansancio no cuenta. Tu tiempo no es tuyo.”
Pero el reloj, aunque roto, recuerda. Y cada vuelta hacia atrás es también una señal de alarma. Porque hay memorias que no se archivan, cuerpos que no se rinden, y pueblos que saben que el tiempo no se negocia: se conquista.
Y mientras se redactan leyes para extender la jornada, se archivan las inspecciones, se recortan pensiones, se normaliza el despojo. El trabajador accidentado, incapacitado, descartado, se convierte en expediente. Se le quita el cuerpo, luego el trabajo, luego el nombre. Se le deja la espera. Se le deja la nada.
Hoy más que nunca, el movimiento de los que trabajan bajo una jornada debe levantar la voz y no permitir que las agujas del reloj retrocedan. No para pedir favores, sino para recordar conquistas. No para negociar retrocesos, sino para defender el tiempo como derecho. Porque si el reloj gira hacia atrás, que sea para recordar quiénes somos, de dónde venimos, y por qué luchamos.
El 10 de setiembre de 1955 se declara la huelga legal de los trabajadores bananeros en Puerto González Víquez (Laurel). Una huelga legal, pero la imposición imperial y flojera del gobierno le dieron vuelta a la historia en contra de los trabajadores.
Comparto parte del texto incluido en la tesis La United Fruit Company y las huelgas bananeras, del doctor Arturo Fournier Facio:
“Compañeros miembros de los Comités de Huelga. De acuerdo con la resolución de los Tribunales de Trabajo y notificación del Ministerio de Trabajo, la huelga legal debe iniciarse hoy a las cinco de la tarde, hora de Costa Rica, o sea a las seis de la tarde aquí. De esta manera, debe notificarse ahora mismo a todos los compañeros de las fincas, que nadie debe hacer trabajo de esa hora en adelante. Sólo se seguirán trabajando los de sanidad y los de dispensarios. Deben organizarse de inmediato los grupos de compañeros que se encargarán desde esta noche, de cuidar las plantas de sigatoka, los comisariatos, inclusive las zonas. También debe convocarse a todos los trabajadores para que estén mañana en Laurel a las 5 e la mañana, pues viene el Ministro de Trabajo y es urgente que ningún trabajador se quede en su casa, ni las mujeres siquiera. La huelga en general, desde hoy a la hora antes dicha, se ruega no hacer caso a bolas que se dan a rodar sobre este asunto. Debe atender sólo las indicaciones que se impartan aquí. Tampoco deben hacer caso a las publicaciones de prensa y la unidad debe mantenerse. POR EL COMITÉ DE HUELGA LEGAL, Atentamente, Eladio Guido Sánchez, Pedro Flores Díaz. Nota: El señor ministro propondrá una fórmula de arreglo a los trabajadores que podrán aceptar o rechazar, según les parezca a los compañeros, y por eso mismo es importante que todo el mundo esté aquí mañana. Isaías Marchena, José Meléndez Ibarra, Domingo Rojas, Juan Rafael Solís, Miguel Ángel Brenes Castillo y Gonzalo Fernández”.
El ministro de Trabajo de la época era el Lic. Otto Fallas Monge.
Es importante que lo conozca todo trabajador, sindicalista y bananeros.
UNDECA denuncia públicamente, que pese a todos los esfuerzos que hemos realizado, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mantiene a cientos de personas trabajadoras con atrasos salariales por varios meses.
Esta problemática no solo constituye una violación directa a los derechos laborales, sino que además genera una serie de consecuencias colaterales que afectan la estabilidad financiera, el bienestar y la dignidad de las y los trabajadores.
Exigimos que los salarios se paguen, a más tardar, en el mes de octubre, ya que estos atrasos también provocan la postergación, por más de un año, de los montos correspondientes al aguinaldo y al salario escolar. Además, las personas trabajadoras se ven obligadas a pagar el impuesto sobre la renta como si hubieran recibido todos los salarios en un mismo mes, cuando en realidad corresponden a varios meses acumulados.
Esta injusto y desproporcionado incumplimiento patronal no solo afecta la economía de las familias trabajadoras, sino también su salud emocional. El retraso en el pago de los salarios compromete el cumplimiento de obligaciones personales y familiares (alquileres, préstamos, alimentación, servicios públicos), generando un clima de incertidumbre y estrés permanente.
UNDECA recurrirá a las acciones que correspondan en defensa de la dignidad salarial.
¡Exigimos justicia laboral y respeto a los derechos de las y los trabajadores de la CCSS!
Los principales mitos de la identidad nacional costarricense han girado en torno a que somos una sociedad igualitaria, forjada desde la Colonia (siglos XVI-XVIII) por pequeños propietarios sumidos en el aislamiento, una agricultura/ganadería de sobrevivencia y una pobreza generalizada; además, se ha instalado en el imaginario colectivo que somos una comunidad homogénea, mayoritariamente blanca y cristiana católica. A lo anterior hay que agregar el mito de que somos por naturaleza pacíficos, amantes del diálogo y el acuerdo, antes que del conflicto o la guerra. Finalmente, siempre se ha sostenido que los costarricenses creemos en el Estado de Derecho, la educación pública que nos hace una patria con más maestros que soldados, y que la justicia social es pilar fundamental de nuestra democracia.[1]
Esta reflexión pretende distinguir mitos de realidades; hacer un análisis crítico de cuánta verdad hay en esa imagen idealizada y romantizada de lo que se llegó a bautizar como la “Suiza Centroamericana”. Para lograr este propósito nos valdremos de algunos datos y hechos históricos que deslinden certezas de suposiciones, y así pintar un cuadro lo más objetivo posible.
Tendremos como brújula la idea cardinal de que la Democracia es una Cultura, entendiendo que se define y construye no sólo en las epopeyas históricas, los grandes liderazgos o los programas reformadores o revolucionarios, sino en la participación vigilante y cotidiana de la gente que decide luchar por sus derechos, conservarlos y ampliarlos. La democracia es la dinámica social que avanza en la conquista de derechos, en busca de un horizonte nunca alcanzado por completo. Si la democracia no avanza, se estanca y retrocede; si no fortalece sus instituciones y garantiza su eficacia, se vuelve una parodia de ritos y formalidades vacías. La Democracia no es la dictadura de las mayorías, su esencia pasa por el respeto irrestricto y la integración de las minorías. Ideas como “dictadura en democracia” o “en este país hay exceso de democracia”, o bien, “yo encarno la voluntad del pueblo y por eso soy demócrata”, son sólo variaciones de un peligroso autoritarismo que nada tiene que ver con el auténtico espíritu democrático. En fin, la democracia es un producto cultural que se vive y construye día a día, o se deteriora y languidece sin remedio, bien hacia la anarquía, o peor aún, hacia la demagogia y la tiranía.
Luces y sombras del pacifismo costarricense
En el largo devenir de la democracia patria, hay que decir, en primer lugar, que el proceso de la Conquista y Colonización de la parte sur del istmo centroamericano fue tardío e incompleto. Pero además, como toda conquista imperial, fue un período violento, cruento y costoso, ante todo en el aspecto humano. Según estimaciones científicas, hacia 1550 la población aborigen en lo que hoy es Costa Rica, ascendía a unas 400 mil personas, organizadas y dispersas por todo el territorio en consolidados cacicazgos. Tan sólo un siglo después, alrededor de 1650, quedaban apenas unos 10 mil nativos americanos, victimas sobre todo de las enfermedades traídas por los europeos, pero también por el sometimiento a regímenes de esclavitud, servidumbre, o bien por su huida voluntaria hacia las regiones montañosas más remotas, como Talamanca. Hubo que esperar hasta la década de 1920 para que este país volviera a tener aquellos 400 mil habitantes.[2]
La historia nacional, a pesar de largos períodos de estabilidad política y paz interna, conoció sin embargo varias revueltas y enfrentamientos armados fratricidas: el enfrentamiento entre San José-Alajuela contra Cartago por la capitalidad (Guerra de Ochomogo, 1823); la Guerra de la Liga (1835) con la cual se consolida esa capitalidad en San José; la invasión de Morazán para promover la unidad de Centroamérica (1842);[3] la revuelta popular que derrocó la dictadura de los Tinoco (1919); el levantamiento armado del Ejército de Liberación Nacional contra el gobierno de Teodoro Picado (1948). También la pacífica Costa Rica conoció enfrentamientos bélicos en defensa de su soberanía e integridad territorial, como la Campaña Nacional contra la invasión filibustera desde Norteamérica, liderada por William Walker (1856-1857); la llamada Guerra de Sixaola, que perdimos, por disputas fronterizas con Panamá (1921); así como nuestro activo involucramiento en la Revolución Sandinista contra la tiranía de los Somoza en Nicaragua (1979-1982).[4]
Pero es igualmente cierto que la mayor parte del tiempo vivido por esta pequeña nación, a partir de su independencia, ha estado marcada por períodos prolongados de paz y con una buena dosis de convivencia democrática. Ya en 1823, pese a controlar el poder con apoyo militar, Gregorio José Ramírez lo entregó a una Junta Civil para evitar el agravamiento de las tensiones políticas de entonces.[5] Sobresalen en este sentido también los hechos acontecidos en 1889 –para algunos el “Acta de Nacimiento” de la democracia costarricense- en la que el oficialismo liberal (Presidente Bernardo Soto) prefirió entregar el poder a la oposición conservadora (José Joaquín Rodríguez), antes que provocar un enfrentamiento armado entre los bandos. Son dignos de mencionarse asimismo eventos similares cuando el candidato Arturo Echandi cedió sus pretensiones presidenciales ante una coalición de republicanos y reformistas (1924), con el mismo propósito de evitar enfrentamientos entre conciudadanos. Lo propio puede decirse de la derrota electoral -que se termina aceptando-, por parte de las fuerzas políticas recién alzadas en armas para la conformación de la Asamblea Constituyente de 1949, que echó por tierra el proyecto social-demócrata de nueva Constitución, acontecimientos históricos que terminaron consumando la entrega del poder a Otilio Ulate, vencedor en los comicios previos a la Revolución de 1948. Finalmente, no se puede dejar de mencionar el liderazgo del Gobierno de Costa Rica, encabezado por el Presidente Oscar Arias Sánchez, en la superación de la peor crisis bélica del Siglo XX en Centro América, con la promoción de los Acuerdos de Paz, Esquipulas I y II (1986-1987) que pusieron fin a uno de los capítulos más sangrientos del continente y que le valió a Arias Sánchez el Premio Novel de la Paz.[6]
Igualitarismo social
Es cierto que esta fue una región remota del Imperio Español; un lugar tan alejado de Guatemala y México como de Colombia o el Perú. Es cierto también que no hubo ni grandes yacimientos de minerales, ni tampoco la disposición de numerosa mano de obra para esclavizar o reducir a servidumbre. Como consecuencia, es verdad que hubo durante el periodo colonial aislamiento, ausencia de latifundio y relativa pobreza generalizada.[7]
Lo que no es del todo veraz es que, por aquél entonces, Costa Rica fuera una sociedad por completo igualitaria. Una importante diferenciación de clases se perfiló ya desde el siglo XVI. Hubo colonos españoles y sus descendientes con propiedades más extensas que otros; hubo familias que lograron acceder a mayor riqueza, según la explotación agrícola y ganadera que prosperaban antes de la independencia (1821). Y por cierto, hubo explotación esclavista de afro-caribeños y siervos aborígenes, obligados al servicio de las élites económicas emergentes. Hubo también una clara discriminación de estos mismos sectores, auténticos guetos en los márgenes de los principales centros urbanos. Incluso se promovió la prohibición del ingreso de personas de raza negra y china al Valle Central, políticas que fueron cesadas hasta 1948. Así que el idílico igualitarismo, en realidad fue muy relativo desde nuestros remotos orígenes.[8]
Homogeneidad étnica
Si bien es correcto afirmar, entonces, que la sociedad colonial fue bastante homogénea, la segregación de afro-descendientes y aborígenes fue cediendo a un mestizaje que para finales del siglo XVIII y principios del XIX era más que evidente. La nuestra es una comunidad compuesta, en la actualidad, por personas que tienen, cual más cual menos, abuelos europeos, otros indígenas y también ancestros africanos. Ese mestizaje, para fortuna nuestra, se sigue ampliando y profundizando con la llegada de asiáticos, europeos no españoles y americanos de todas las latitudes, a partir de la segunda mitad del siglo XIX y hasta nuestros días.
Como hito de la cuestión racial, desde el punto de vista constitucional, la esclavitud como institución fue abolida en el marco de las primeras constituciones de la Federación Centroamericana (1822-1824), a las que Costa Rica se adhirió.[9] En la actualidad, rige la Ley 10120 de 2 de febrero de 2022 en la que, reconociendo la discriminación y racismo que históricamente han sufrido los afro-descendientes, se imponen acciones alternativas para su integración social a todo nivel.
Opción por el Estado Constitucional de Derecho
En la conformación de Costa Rica como Estado de Derecho hubo tres acontecimientos mundiales que la influyeron de manera definitiva: la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América, sus primeras constituciones (1781 y 1789) y su Declaración de Derechos Civiles (1791); la Revolución Francesa y su Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789); y la Constitución de Cádiz, España (1812).[10] Consta como dato histórico real que, sobrevenida la Independencia, se impuso una clara voluntad por hacer de Costa Rica un Estado de corte republicano, regido por el principio de legalidad. Esta tendencia se inició a partir del Pacto Social Fundamental Interino (Pacto de Concordia, 1821), seguido de una serie de Cartas Fundamentales y Constituciones Políticas que definieron el marco jurídico, la división de poderes, la organización político-administrativa básica del territorio nacional y el reconocimiento de los derechos y obligaciones ciudadanos. Por otra parte, es cierto que hubo golpes de Estado y gobiernos de facto como los de Braulio Carrillo Colima (1838-1842), Tomás Guardia Gutiérrez (1870-1882), Federico Tinoco Granados (1917-1919) y la Junta Fundadora de la Segunda República, encabezada por José Figueres Ferrer (1948-1949). Sin embargo, curiosamente, con la excepción de Tinoco, se trató de gobiernos en muchos aspectos progresistas. Carrillo se convirtió en el legislador-fundador del Estado costarricense por medio de la promulgación del Código General (1841) y otras leyes estratégicas como la Ley de Vagancia que procuraba maximizar la mano de obra en la naciente producción e industria del café y el trazado de carreteras. El General Guardia abrió las puertas a la Era Liberal con importantes reformas en orden a la secularización del Estado, la construcción del Ferrocarril al Atlántico, la educación pública y la abolición de la pena de muerte.[11] De igual manera, el período liderado por Figueres Ferrer no sólo respetó las garantías sociales y los derechos laborales de la etapa que lo precedió, sino que sentó las bases de la expansión para la educativas primaria y secundaria, impulsó la construcción de carreteras e infraestructura y revolucionó la producción de energía y telecomunicaciones Todo lo anterior marcó la Era del Estado Social de Derecho o Estado de Bienestar que llega hasta finales del siglo XX. Tres hitos más, de gran relieve y que no pueden dejar de mencionare en este recuento del compromiso histórico de la sociedad costarricense con el Derecho fueron, en primer lugar, la apertura de tribunales civiles por todo el país a partir de 1821, que desplazaron la influencia de la Iglesia en la resolución de conflictos de familia, incluida la violencia doméstica[12]; en segundo lugar, la promulgación y vigencia del Código Civil de 1888, de impronta liberal, que trajo entre muchos otros avances, la temprana legalización del divorcio. El otro hecho de gran trascendencia fue la creación de una Sala especializada en Derecho Constitucional, como parte de la Corte Suprema de Justicia, para la tutela efectiva de los derechos fundamentales de todas las personas (1989).
Aunque hubo que esperar décadas para que otras minorías accedieran a sus derechos fundamentales, la tutela de las poblaciones aborígenes conoció la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989. En el plano nacional, destacan la Ley Indígena (1977) que garantiza derechos indígenas y tribales, protege sus tierras, culturas y organización social. Está también la Ley de Biodiversidad (1998) que reconoce los “Derechos Comunitarios Intelectuales” y la Ley de Nacionalidad Costarricense (2019) que otorga el derecho a la nacionalidad costarricense a personas aborígenes transfronterizas. Por su parte, los derechos de personas sexualmente diversas, aunque muy lentamente, han ido avanzando. En el año 1971 se despenalizó las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo y, mediante fallo de la Sala Constitucional de 2020, se autorizó el matrimonio entre homosexuales. A estos logros normativos, se han unido en los últimos años diversas políticas públicas en favor de la población LGTBI y contra su discriminación.
El sufragio como derecho político fundamental
Un tema que ilustra muy bien el principio de igualdad política y su relatividad en el tiempo, está dado por la evolución de los derechos civiles y políticos, en particular los derechos electorales. La naciente Costa Rica, con la llegada de la independencia en la primera mitad del siglo XIX, comenzó a cultivar su democracia política en el seno de los cabildos (gobiernos locales) de aquella época.[13] La participación en ellos, sin embargo, estuvo limitada sólo para los varones adultos, propietarios con un determinado monto patrimonial y, circunstancialmente, también “ilustrados”, es decir, que supieran leer y escribir. Los sistemas electorales conocieron otra restricción por el sistema indirecto de los comicios: una primera ronda para escoger un número determinado de electores, y una segunda vuelta para que este pequeño grupo nombrara Jefe de Estado, en un principio, o bien Presidente de la República y diputados del Legislativo posteriormente. No fue sino hasta 1913 que se “universalizó” el voto directo siempre para varones adultos sin otros requisitos; y no fue sino hasta 1925 que se impuso el voto secreto, con lo cual se superó, en parte, las manipulaciones de los sectores dominantes sobre la población electoral, de manera especial, la vigilancia que terratenientes y capataces podían ejercer sobre los campesinos a su servicio. A todo lo anterior hay que agregar que el sistema de sufragio estuvo controlado, hasta mediados del siglo XX, por el mismo Poder Ejecutivo. Esto hizo que los Juntas electorales y los primigenios Consejos o Tribunales electorales, estuvieran designados por el Presidente de la República, algunos de sus ministros y sus agentes políticos regionales. No fueron pocas las veces que este sistema fue cuestionado, pues el oficialismo de turno, tuvo mucho poder para controlar las sucesiones en puestos de relevancia en los procesos electorales. Huelga decir que no fue sino hasta en la Constitución de 1949 que se conformó un Tribunal Supremo de Elecciones con garantías de independencia y neutralidad suficientes, con las competencias debidas y con un Registro Civil adjunto encargado de llevar el control de las personas con derecho a la ciudadanía y conformar así un padrón electoral confiable. En esta misma Constitución se reconocieron, por fin, los derechos políticos de las mujeres, que pudieron votar y ser electas a partir de ese momento. La democratización del derecho electoral se terminó de ampliar por último, en 1971, con la reforma constitucional que rebajó la condición de adulto con plenos derechos políticos de los 21 a los 18 años de edad.[14]
El acceso a la educación: columna vertebral de la Democracia
Más allá de las idealizaciones románticas acerca del compromiso costarricense con la educación, es un hecho real que ya desde la Colonia hubo preocupación por el tema de alfabetizar a los pobladores de estas remotas tierras y darles acceso a la lectura y escritura. Sin duda, a partir de la independencia resulta significativo que tanto el primer Jefe de Estado, don Juan Mora Fernández, como el primer Presidente de la República, José María Castro Madriz, fueran ambos maestros de profesión. Mora Fernández, además, trajo al país la primera imprenta, con lo cual se inaugura en Costa Rica el afán por informar, difundir ideas y respetar la libre expresión.[15] Pero también es cierto que todos los esfuerzos hechos en educación durante el siglo XIX y principios del XX llegaron a porcentajes muy reducidos de la población. Para 1913, el maestro Omar Dengo denunciaba que sólo un 8% de los niños y niñas concluía la educación primaria. La escasez de mano de obra obligaba a la infancia del campo a ayudar en tareas agrarias y domésticas desde muy tempranas edades. Se ha calculado también que todavía para la década de 1930, el presupuesto nacional destinaba más en seguridad pública (cohersión) que en educación.[16]
En 1814 se fundó la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, con aspiraciones de instruir en estudios superiores. En la época de gestación de la República se fundaron muchas escuelas primarias y ya en 1869 se decreta la educación primaria como un derecho obligatorio, gratuito y costeado por el Estado y tanto para niños como para niñas. Los liberales avanzaron con una reforma profunda estableciendo colegios de segunda enseñanza de gran calidad en los principales centros urbanos del país e incluyendo centros educativos para hombres y mujeres (décadas de 1880 y 1890). Se trajeron profesores europeos y se becó a jóvenes talentosos para ir a prepararse a Chile. De ahí surgieron figuras intelectuales de enorme importancia para la evolución de la educación en Costa Rica como Roberto Brenes Mesén, Joaquín García Monge, José Fidel Tristán, Isabel Carbajal (Carmen Lyra). Después de un sostenido esfuerzo nacional y de casi todos los gobiernos, se funda la Universidad de Costa Rica (1940) y a partir de la década de los años 70 inicia un proceso de fortalecimiento de la educación secundaria y universitaria en el país surgiendo la Universidad Nacional con sede en Heredia (UNA-1973), el Instituto Tecnológico en Cartago (TEC-1971), la Universidad Estatal a Distancia (UNED-1977), la Universidad Técnica Nacional radicada en Alajuela (UTN-2008) y un centro especializado en la formación de oficios, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA-1965). La década de 1970 exhibió la inversión en educación más alta en la historia nacional, alrededor de un 30% del presupuesto anual. Ese monto ha ido bajando con los años y en estos momentos se lucha por hacer realidad el 8% que exige la Constitución Política.[17] La norma constitucional vigente, artículo 76, decreta la obligatoriedad y gratuidad de la educación preescolar, general básica y la diversificada.
En esa misma década de 1970 empiezan a brotar centros educativos privados a todo nivel, también universitarios. La calidad de estos últimos ha sido muy variada y la producción de profesionales se ha vuelto abundante, pero sin control de su calidad. Este fenómeno ha sido parte de las políticas de liberalización y privatización de servicios básicos, en el marco de la transición de Costa Rica del Estado de Bienestar al Estado de Libre Mercado.
Luchas populares: garantías sociales y derechos laborales
Los primeros movimientos de organización de trabajadores y huelgas asociadas a la reivindicación de sus derechos y condiciones laborales pueden ubicarse en la segunda mitad del siglo XIX. En 1874 se funda la primera sociedad de artesanos de Costa Rica y en ese mismo año estallan disturbios de trabajadores chinos en los campamentos de construcción del Ferrocarril al Atlántico. El conflicto termina en enfrentamiento con tropas estatales y mueren cinco trabajadores. De nuevo en el proceso de construcción de esta vía férrea, se desata la “Huelga de los Tútiles” (1888), en la que operarios italianos paralizaron la obra en protesta por bajos salarios, pésimas condiciones laborales e incumplimientos contractuales.
Sobrevino de esta manera un importante período en el que siguen conformándose organizaciones y sindicatos, asociados a periódicos que les sirven de medios de comunicación masivos. Así fue como estalló la huelga de panaderos en 1901 y diez años después se produjo una rebelión de obreros en la minas de Abangares, dándose como resultado la muerte de varios capataces a manos de los mineros. Para 1912 se promulga la primera legislación obrera, la Ley de Salarios y se funda la Confederación de Obreros. Un año más tarde surge la Confederación General de Trabajadores (CGT), se inicia la tradición de conmemorar el 1º de mayo como Día Internacional del Trabajo y surge el grupo Germinal, alianza de intelectuales y obreros para la reivindicación de los derechos ciudadanos. Los esfuerzos de organización y los movimientos huelguísticos se siguieron produciendo. Una alianza de estudiantes, maestros y trabajadores jugó un papel decisivo en la caída del dictador Tinoco (1919); importantes huelgas del sector de ebanistería y carpintería así como de obreros, artesanos y empleados públicos. se desataron en 1920. Como resultado de estos movimientos se decretó la Ley de la Jornada Laboral de Ocho Horas y la Ley de Protección Social de la Salud Pública, antecedente del seguro social de dos décadas después. La CGT en 1922 organizó un amplio movimiento popular contra el alza de los alquileres que también concluyó con la emisión de la Ley de Emergencia del Inquilinato, que vino a regular, limitar y aliviar los abusos que se daban en el cobro de alquileres de viviendas. Como logro del Partido Reformista de Jorge Volio, se promulgó la Ley de Accidentes de Trabajo en el año 1924. Por otra parte, el auge de la producción bananera en el país trajo los primeros mítines contra la United Fruit Company (1926), y la ocupación de Nicaragua por parte del ejército estadounidense inspiró campañas anti-imperialistas de solidaridad contra esa intervención (1927).
Para agosto de 1934, con el liderazgo de dirigentes del Partido Comunista recién fundado, se declara la gran huelga bananera contra la United Fruit Co., que concluyó en el mes de diciembre siguiente con la obtención de muchas de las reivindicaciones reclamadas por los trabajadores de las plantaciones. Otro logro con el liderazgo de diputados comunistas fue normativa que impulsó la construcción de viviendas para personas de escasos recursos.[18]
Por último, con los antecedentes mundiales de la Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la crisis económica de 1929, llega al poder el Dr. Calderón Guardia (1940-1944) en cuyo período se sientan las bases de la seguridad social costarricense, como reivindicación de todas las luchas sociales en el país: se funda la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se introduce el Capítulo de Garantías Sociales en la Constitución y se promulga el Código de Trabajo.[19]
Derechos de las mujeres: sufragio, igualdad y violencia de género
En octubre de 1923 un grupo destacado de mujeres fundó la Liga Feminista, cuyo principal propósito fue luchar por el derecho al voto. También se propuso alcanzar la igualdad de salarios entre maestros y maestras. Pocos años después, en 1927 se funda la Liga Cultural Feminista con ideales similares. Aunque los derechos políticos de las mujeres se alcanzan hasta en la Constitución de 1949, lo cierto es que durante la primera mitad del siglo XX las mujeres participaron y lideraron en gran medida. los principales movimientos políticos y sociales del país.
Pero es a partir de la década de 1980 que se produce una auténtica revolución en la normativa internacional y nacional en pro de los derechos políticos y sociales, el principio de igualdad y contra la violencia a las mujeres. Costa Rica ha conocido, desde entonces, su compromiso con la CEDAW suscrita por el país en 1984, así como la organización de múltiples colectivos feministas y organizaciones de mujeres, incorporadas a estas luchas, con gran impacto en las políticas públicas nacionales y con un liderazgo que trasciende nuestras fronteras.[20]
Del Estado de Bienestar al Estado de Libre Mercado: una democracia amenazada
Desde una perspectiva sociológica, el modelo de Estado Benefactor (1950-1980) tuvo un importante impacto en la movilidad y ascenso social de varias generaciones de costarricenses, cuyos efectos están aún vigentes, aunque hace ya décadas que este impulso se desaceleró, se estancó y parece estar hoy día experimentando un franco retroceso.
Pero además, en el período que va de 1960 a 1990, en plena Guerra Fría, el modelo costarricense sirvió de contrapunto a los movimientos revolucionarios y de guerrillas que se experimentaron en América Latina (Cuba, Centro América, Chile), lo que le trajo a Costa Rica grandes ventajas para su financiación y apoyo internacional, sobre todo de parte de los Estados Unidos de América (Alianza para el Progreso) y de Europa Occidental.
A partir de la década de 1980, al calor de las crisis cíclicas del capitalismo mundial, Costa Rica se vio arrastrada por cambios profundos en su modelo económico, político y social. Las principales respuestas desde los centros de poder a estos tiempos críticos, han llegado a nuestra región con la marca de un neo-liberalismo prepotente y agresivo, liderado por la alianza Reagan/Thatcher, el Consenso de Washington y los dictados del Banco Mundial (BN) y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Por medio de los “Ajustes Estructurales” y los “Tratados de Libre Comercio”, el país empezó a sentir presiones brutales para decretar la reducción del Estado; la privatización de instituciones y servicios públicos estratégicos (salud, educación, pensiones, electricidad, telecomunicaciones, agua); la apertura a la banca privada y el rompimiento del monopolio de seguros; la liberalización de reglas “para la competencia”; la “flexibilización” o eliminación abierta de derechos laborales, entre otros temas relevantes.
Los efectos de este nuevo estado de cosas está siendo evidente: un deterioro en la seguridad social y la atención médica en los centros hospitalarios de la CCSS; una deuda gigantesca del Estado para con esta institución pública; una franca crisis en la enseñanza pública a todo nivel; recortes presupuestarios en los rubros de la asistencia social de los sectores vulnerables; un crecimiento de la pobreza y la inequidad social.[21] Si a lo anterior agregamos el deterioro de la seguridad ciudadana en razón del avance del crimen organizado y el trasiego de sustancias prohibidas, que han convertido a Costa Rica en uno de sus principales territorios de acción, la única conclusión posible es que esta democracia centenaria está enfrentando un claro proceso de disolución o desintegración, sin poderse vislumbrar salidas fáciles en el horizonte.
Estos abruptos cambios no han estado exentos de respuestas y resistencias desde los sectores medios y bajos de la sociedad. Ya para 1953 se reagrupó la Confederación General de Trabajadores Costarricenses (CGTC), con fuerte influencia de los comunistas proscritos electoralmente; se siguió celebrando el 1º de mayo con participación importante de trabajadores que conmemoraron su día, y se dieron múltiples huelgas en el sector de maestros y otros servidores estatales.
En abril de 1970, con los antecedentes de Mayo del 68 en París y la matanza de estudiantes en la Plaza Tlatelolco, México, ese mismo año, el estudiantado costarricense, junto a otros sectores sociales, se manifestó multitudinariamente contra el contrato-ley que se discutía en la Asamblea Legislativa concediendo a la transnacional ALCOA la explotación a cielo abierto de bauxita en el sur del país. Otra gran movilización social se produjo en el año 2000 cuando la resistencia popular impidió la privatización de la electricidad y las telecomunicaciones en manos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Por último, conviene mencionar la gran organización y movilización popular para rechazar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (2007), última gran gesta de una buena parte de la ciudadanía costarricense contra los avances del modelo neoliberal, que terminó imponiéndose con métodos espurios. El proceso de erosión del Estado Social de Derecho ha continuado. Los sectores conservadores controlan el Parlamento y casi todos los partidos políticos se han convertido en correas de transmisión de las mismas élites económicas. Si a lo anterior se añaden los graves y frecuentes casos de corrupción con la concurrencia de actores públicos y privados, así como el poder destructivo de la delincuencia organizada y el narcotráfico, hay poco espacio para ser optimistas, a no ser que las reservas morales y políticas del pueblo costarricense despierten y nos den una nueva lección, porque esta Patria sigue valiendo la pena.[22]
BIBLIOGRAFÍA
-Arroyo, José Manuel et altere; Centroamérica: rendir cuentas para que la gente cuente; Coordinación, Introducción y Presentación: Luis Guillermo Solís Rivera y Sergio Ramírez Mercado; Editorial Sexto Piso S.A. de C.V.; México, 2025.
-Cortés, Carlos; Conquistas Sociales en Costa Rica; C.R. Grupo Nación GN S.A.; 1º Edición; San José, 2014.
-Molina Iván, Palmer Steven; Historia de Costa Rica: breve, actualizada y con ilustraciones; 3º Edición; Editorial UCR; San José, 2022.
-Obregón Quesada, Clotilde (Editoras); Las Constituciones de Costa Rica; Volúmenes I, II, III, IV y V; Editorial Universidad de Costa Rica; San José, 2007.
-Pérez Brignoli, Héctor; Meléndez Chaverri, Carlos; Quesada, Juan Rafael; Salazar Mora, Orlando; Rodríguez, José Miguel; Araya Pochet, Carlos; Acuña, Víctor Hugo; Democracia y Cultura Política en Costa Rica; Coordinador: Jorge Mario Salazar; Ministerio de Cultura-Universidad de Costa Rica; San José, 1990.
-Zelaya, Chester; Aguilar Bulgarelli, Oscar; Camacho, Daniel; Cerdas, Rodolfo; Schifter, Jacobo; ¿Democracia en Costa Rica?: 5 opiniones polémicas; Editorial Universidad Estatal a Distancia: San José, 1979.
Notas:
[1] Aguilar Bulgarelli, Óscar; Costa Rica:Evolución Histórica de una Democracia; En: ¿Democracia en Costa Rica? 5 Opiniones Polémicas; Editorial EUNED, San José, 1979; pp. 27-36. El autor expones visión idílica de Costa Rica en autores como Francisco Trejos Quirós (Origen y Desarrollo de la Democracia en Costa Rica, 1939); Ricardo Fernández Guardia (Crónicas Coloniales, 1967); Carlos Monge Alfaro (Historia de Costa Rica, 1966; Eugenio Rodríguez Vega (Apuntes para una Sociología Costarricense, 1953), entre otros.
[2] Molina, Iván y Palmer, Steven; Historia de Costa Rica: breve, actualizada y con ilustraciones; Editorial Universidad de Costa Rica; San José, 2022; pp.19-38. Ver también: Meléndez Chaverri, Carlos; Orígenes y Naturaleza de la Cultura Democrática Costarricense; en: Democracia y Cultura Política en Costa Rica, Ministerio de Cultura-UCR, San José, 1990: pp. 44-50.
[3] Molina, Iván y Palmer, Steven; ob. cit., pp. 52-57.
[6] Aguilar Bulgareli, Oscar; ob.cit., pp. 44-77. Ver además: Molina, Iván y Palmer, Steven; ob.cit.; p. 75.
[7] Zelaya, Chester; Apuntes Historiográficos sobre la Democracia en Costa Rica; en ¿Democracia en Costa Rica? 5 Opiniones Polémicas; Editorial EUNED, San José, 1977; p. 9-10.
[8] Meléndez Chaverri, Carlos; ob. cit., pp. 42-45. Ver además: Aguilar Bulgareli, Oscar; ob. cit., pp. 27-33. Asimismo: Molina Iván y Palmer, Steven; ob. cit., pp. 29-62.
[9] Meléndez, Carlos y Duncan, Quince; El Negro en Costa Rica; Editorial Costa Rica; San José, 2012; pp. 51-52.
[10] Costa Rica, sin dejar de inscribirse desde el punto de vista político-jurídico en la tradición Continental Europea (Roma-Francia-España), opta por un esquema de organización política republicano, con división de poderes, antimonárquico y con reconocimiento de los derechos ciudadanos esenciales, propios de los movimientos revolucionarios norteamericano y francés. Se reconoce también como influencia de los Estados Unidos un esquema de división de poderes con un Ejecutivo fuerte, sólo controlado por el Legislativo de manera excepcional y puntual. Donde más se notan las diferencias jurídicas entre ambos modelos es en el campo de la justicia penal: por un lado, un sistema anglosajón de corte acusatorio (oral, público, adversarial) y con un debido proceso legal muy definido, frente a un sistema más bien inquisitivo (escrito, secreto, no-adversarial) dominante en el mundo de tradición continental-europeo, como es adoptado en casi toda Latinoamérica. Las ventajas en cuanto a eficiencia y pragmatismo del sistema anglosajón, ha hecho que el continental-europeo haya migrado, en las últimas décadas, hacia regímenes cada vez menos inquisitoriales y más acusatorios.
[11] Salazar, Jorge Mario; Partidos Políticos y Participación; en: Democracia y Cultura Política en Costa Rica, Ministerio de Cultura-UCR, San José, 1990: p. 112. Ver, además: Meléndez Chaverri, Carlos; ob. cit., p.51.
[12] Molina, Iván y Palmer, Steven; ob. cit.; pp. 57-58.
[14] Salazar Mora, Orlando; Democracia y Sistema Electoral en Costa Rica; en: Democracia y Cultura Política en Costa Rica; Ministerio de Cultura-Universidad de Costa Rica; San José, 1990; pp. 93-106. Ver además: Salazar, Jorge Mario; ob.cit., p. 109-132, así como: Pérez Brignoli, Héctor; La Cultura Política como Cultura Popular; en: Democracia y Cultura Política en Costa Rica; Ministerio de Cultura-Universidad de Costa Rica; San José, 1990; p. 27; y Molina, Iván y Palmer, Steven; ob.cit., p.83.
[15] Meléndez Chaverri, Carlos; ob. cit.; pp. 47-51. Ver además: Aguilar Bulgarelli, Oscar; ob. cit.; pp. 36-37.
[16] Quesada C., Juan Rafael; Educación y Democracia en Costa Rica; en: Democracia y Cultura Política en Costa Rica; Ministerio de Cultura-Universidad de Costa Rica; San José, 1990; pp. 57-72
[17] Aguilar Bulgarelli, Oscar; ob. cit., p. 37. Ver también: Pérez Brignoli, Héctor; ob. cit.; p. 71 y 83-84.
[18] Molina, Iván y Palmer, Steven; ob.cit., pp. 77-118. Ver además: Salazar Mora, Orlando; ob. cit.; p. 98 y Salazar, Jorge Mario; ob. cit.; p. 119.
[19] Cortés, Carlos; Conquistas Sociales en Costa Rica; pp. 84-88. Ver también: Molina, Iván y Palmer, Steven; ob.cit., pp. 77-118 y Pérez Brignolli, Héctor; ob. cit.; pp. 75-77.
[20] Los principales Instrumentos Internacionales para la defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres son: (1) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979. Entró en vigor en 1981.y fue ratificada por Costa Rica en 1984): (2) Declaración de Viena 1983; (3) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención Belem Do Pará). OEA 1994. (4) Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 1995; (5) Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ONU 2000; (6) Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ONU 2015. Por su parte, en el ámbito de la legislación nacional destacan: (1) Ley de igualdad Real entre mujeres y hombres, 1990; (2) Ley contra la Violencia Doméstica, 1996; (3) Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, 2007; (4) Modificación a la Ley de Violencia Doméstica, 2011; (5) Ley contra el Hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, 2010; (6) Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar (Ley No. 8688 del 4 de diciembre del 2008); (7) Política Nacional para la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres de todas las edades en Costa Rica 2017-2032; (8) Ley contra la trata de personas y creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de personas, 2012; (9) Ley para la Prohibición del matrimonio con personas menores de 15 años, 2007; (10) Ley 9406 para el fortalecimiento de la protección legal de las niñas y las adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas. (Ley contra relaciones impropias, 2016).
[21] El indicador que mide la desigualdad (Gini) refiere un proceso de concentración de la riqueza social en cada vez menos personas. En tan sólo 30 años se ha pasado de un rango de 0.4 a un rango de 0.6. La pobreza no ha sido posible bajarla de un 20% desde hace décadas.
[22] Molina, Iván y Palmer, Steven; ob. cit.; pp. 145-186.
*Ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y Profesor Catedrático de la Universidad de Costa Rica.
En pleno 2025, la Asamblea Legislativa de Costa Rica insiste en mantener un debate que como sociedad habíamos superado hace más de un siglo: la extensión de la jornada laboral y los derechos de las personas trabajadoras.
Desde 1920 la jornada laboral de 8 horas fue conquistada en nuestro país y más adelante consagrada en la Constitución Política de 1949, el Código de Trabajo y en diversos tratados internacionales ratificados por el Estado costarricense. Pese a ello, hoy se discute el Proyecto de Ley 24.290, impulsado por la diputada Daniela Rojas del PUSC, que pretende autorizar jornadas laborales de hasta 12 horas diarias sin el pago de horas extras durante cuatro días de trabajo con 3 días de descanso. Aunque incluso los días de descanso- prometidos como compensación- se ven amenazados, ya que el texto actual permite que dos de los tres días queden a disposición del patrono.
Nos encontramos frente a un proyecto de Ley que pretende modificar el Código de Trabajo, no para modernizarlo sino para despojar a la clase trabajadora de derechos fundamentales como el pago de horas extra. Esta propuesta representa un grave retroceso en las conquistas históricas del movimiento obrero costarricense y una amenaza directa a los principios de dignidad, justicia social y salud.
Nuestra oposición al proyecto de jornadas de 12 horas
Trabajo Digno CR, surge como un movimiento de oposición al Proyecto de Ley 24.290, reúne organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos y personas de la sociedad civil. Nos une la urgencia de frenar este retroceso en derechos laborales, pero también la convicción de que Costa Rica merece un modelo de desarrollo que ponga en el centro a las personas y sus condiciones de vida y no los intereses empresariales.
¿Por qué rechazamos este proyecto de ley?
Porque representa la legalización de la explotación y la precariedad laboral al extender la jornada sin condiciones dignas de descanso ni con una compensación real.
Porque no crea empleos, solo reparte más horas entre menos personas, mientras miles de costarricenses se mantienen desempleados o en la informalidad.
Porque rompe con el principio de progresividad, contradice la Constitución Política y los tratados internacionales e ignora la jurisprudencia y la historia del derecho laboral costarricense
Porque expulsa del mercado laboral a las personas cuidadoras, que son en su mayoría mujeres, profundizando las brechas de género.
Porque precariza la economía del hogar al eliminar el tiempo disponible para estudiar, capacitarse o emprender.
Porque atenta contra la familia, vulnerando directamente el derecho de la niñez a crecer con adultos presentes y recibiendo un cuidado adecuado.
Porque es insostenible: ni el cuerpo humano ni la economía de un país se puede sostener con la sobreexplotación laboral.
Porque se disminuye salarialmente sin pago de horas extras.
El Colectivo Trabajo Digno CR, invita a toda la población costarricense a movilizarse, organizarse y a levantar la voz en contra de este retroceso en derechos laborales. De cara a los intentos existentes de legalizar la sobre explotación, alzamos nuestra voces. No permitiremos que se retrocedan más de 100 años en derecho laborales que costaron sangre, organización y lucha.
Las organizaciones firmantes hacemos un llamado urgente a rechazar este proyecto de ley, a defender lo conquistado y a construir colectivamente alternativas que garanticen un empleo digno, tiempo libre y equidad de género.
No hay justicia social sin un Trabajo Digno para todas las personas.