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Etiqueta: derechos laborales

ANEP solicita valoración externa e independiente sobre el estado del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

En una nota emitida el 16 de septiembre de 2024 por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), dirigida a los miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se solicitó una valoración externa e independiente sobre el estado del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), debido a serias preocupaciones sobre la objetividad y credibilidad de los estudios actuariales presentados por la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS.

El documento detalla los resultados de una reciente valoración actuarial realizada por la actuaria Carolina González Gaitán, en la cual se recomendó implementar reformas que incluyen la eliminación de la pensión anticipada, el aumento de las cuotas y que los pensionados asuman la contribución al Seguro de Salud. Estas propuestas, según la ANEP, generarían mayor desigualdad para los pensionados, desincentivando la afiliación al régimen IVM y agudizando los problemas de sostenibilidad futura del sistema de pensiones.

El documento también pone en duda la capacidad técnica y la imparcialidad de González Gaitán, señalando denuncias previas por parte de la ANEP, así como el involucramiento de la Contraloría General de la República, que remitió el caso al Ministerio Público para su investigación. Se hace referencia a la falta de confianza en los productos emitidos por la Dirección Actuarial y Económica, y se acusa que ciertos actores, como Otto Guevara Guth, han aprovechado esta narrativa para impulsar una agenda política que promueve una visión «todo mercado y nada Estado», la cual la ANEP considera antihumana.

La carta concluye solicitando una valoración externa técnica y objetiva, sugiriendo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como ente evaluador, y enfatiza la necesidad de mejorar el pago de la deuda del Gobierno con la CCSS como una medida clave para asegurar la sostenibilidad del sistema.

El documento está firmado por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, y copiado a diversas figuras relevantes dentro del ámbito gubernamental y social, como la Defensora de los Habitantes y la Contralora General de la República.

Invitamos a leer el documento para mayor detalle; la verdadera democracia es la de pleno respeto a todos los derechos humanos.

Defensoría alerta agotamiento del personal penitenciario

Solicitó informe a Justicia sobre plazas vacantes, en proceso de nombramiento y estudio sobre cargas laborales

Tras varias inspecciones de oficio realizadas por la Defensoría de los Habitantes en centros penitenciarios desde el 2023 a la fecha, y mediante un proceso de entrevistas se logró constatar el cansancio y agotamiento en el que se encuentra el personal no sólo policial, sino técnico, administrativo y de salud.

Según ha comprobado la Defensoría a través de entrevistas, el personal trabaja hasta altas horas de la noche, se lleva el trabajo a la casa o labora los fines de semana, lo que está repercutiendo en su salud. Además, la Defensoría mantiene abierta una investigación de oficio sobre las condiciones laborales del personal de la Policía Penitenciaria a nivel general en todos los centros penitenciarios, específicamente sobre la falta de personal y la afectación en el otorgamiento al derecho de vacaciones legales y profilácticas.

Ante ello, la Defensoría considera que esta situación afecta seriamente la prestación de los servicios a lo interno de los centros penales. Para la institución, el sistema penitenciario se encuentra atravesando una crisis que se refleja en las serias limitaciones presupuestarias que impiden a los centros penitenciarios operar de manera ideal, limitaciones que afectan el nombramiento de personal, y el mantenimiento y construcción de infraestructura que cumpla de forma debida con los estándares nacionales e internacionales de protección de derechos humanos, tanto para el personal penitenciario como para la población privada de libertad.

Sobre la cantidad de personal técnico y administrativo en los centros de atención institucional y unidades de atención integral, en inspecciones realizadas en lo que va del 2024 en los Centros de Atención Institucional Calle Real, Luis Paulino Mora Mora, Antonio Bastida de Paz y 26 de Julio, la Defensoría verificó la existencia de plazas vacantes pendientes de nombramiento, reubicaciones de plazas entre centros penitenciarios o, hacia otras instancias administrativas de la Dirección General de Adaptación Social que afectan seriamente la prestación de los servicios, lo que produce un atraso en la realización de las valoraciones ordinarias, la instrucción de procedimientos disciplinarios, la dilación en los trámites que tienen que ver con el contacto de las personas privadas de libertad y sus familias, las verificaciones de ofertas laborales y de domicilio, la realización de procesos grupales, entre otras labores.

A pesar de que la Defensoría de los Habitantes ha solicitado a la Dirección General de Adaptación Social que indique si se realizan estudios de impacto en el servicio por la reubicación de plazas, Adaptación social informó que debe tomarse en cuenta la difícil situación que enfrenta el sistema penitenciario “caracterizada por limitaciones presupuestarias, y especialmente por la escasez de talento humano, que impactan significativamente en la consecución de los objetivos institucionales y en la planificación a corto, mediano y largo plazo.

Si bien la Administración plantea su potestad de reubicar y recargar funciones y señala las limitaciones presupuestarias y de infraestructura por las que atraviesa actualmente el Sistema Penitenciario Nacional y, en general, el sector público, lo cierto es que de lo que se trata en el caso de los centros penitenciarios es de la custodia de personas ubicadas en espacios completamente cerrados, que no sólo tienen su libertad de tránsito restringida, sino que, adicionalmente, sus otros derechos limitados por cuanto no existe la cantidad suficiente de personal técnico, administrativo y policial para brindarles dichos servicios. Esta situación no debe achacarse al personal, sino a la forma en la que el Estado restringe, desde el punto de vista presupuestario, la búsqueda de una solución al problema detectado.

Para esta Defensoría, el Ministerio de Justicia y Paz debe adoptar de manera inmediata, todas las acciones que sean necesarias para garantizar a los centros penitenciarios la cantidad suficiente de personal y considera relevante tener información actualizada acerca de las plazas con las que cuenta cada centro penitenciario, pues de ello depende el servicio que se debe brindar a la población privada de libertad. Además, solicitó realizar un estudio de cargas laborales con el fin de velar por las condiciones de trabajo del personal técnico, administrativo y de salud de dichos establecimientos.

En una respuesta ofrecida por el departamento de gestión institucional de recursos humanos y la unidad de organización y empleo del Ministerio de Justicia a la Defensoría se señala que han sido múltiples los esfuerzos realizados para la creación de plazas, no obstante, han sido mínimas las que la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda a aprobado a Justicia y Paz, para la consecución de los objetivos. “En razón de la necesidad de cumplir con los diferentes compromisos de estas nuevas unidades administrativas se implementó como estrategia institucional un reacomodo temporal del recurso humano institucional ya existente mediante traslado temporal, de manera que permitiera iniciar funciones en estas dependencias, sin embargo, este recurso no ha sido posible ubicarlo nuevamente a su unidad de origen. En este sentido, se posee una plantilla limitada de puestos para cubrir con las diferentes encomiendas…”

Además, informó esta dependencia de Justicia a la Defensoría que, en razón de que no se pueden nombrar plazas, reasignar plazas y de que el proceso de descongelamiento y utilización no es expedito y, el crecimiento de infraestructura del sistema penitenciario es desproporcional al recurso humano existente, se hace materialmente imposible que algunas unidades administrativas puedan cumplir con los objetivos trazados.

En cuanto a reubicación de plazas, Justicia informó el listado que contempla 12 permanentes y 33 temporales. En vacantes en proceso de nombramiento un total de 47 plazas.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Presentación en la UCR: Cinco trabajos sobre el impacto laboral y socioambiental de los monocultivos

El lunes 16 de septiembre de 2024, a las 4:00 p.m., en el miniauditorio del sexto piso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Dr. Mauricio Castro Méndez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, coordinará la presentación de los resultados del proyecto “Impacto laboral y socioambiental de los monocultivos en comunidades bananeras y piñeras de la Zona Norte y Caribe, en el marco de la Red Iberoamericana de Cadenas de Valor (REDIC)». 

Durante el evento, se presentarán cinco trabajos excepcionales que abordan temáticas clave sobre los derechos laborales en Costa Rica. Las licenciadas Naomy Vega y María José Naranjo Aragonés tratarán sobre la indemnización plena por riesgos laborales y las implicaciones jurídicas de la compensación parcial a trabajadores afectados. Natalia Oviedo y Claudia Campos analizarán la Ley 9808, conocida como ley antihuelga, y su relación con el principio de no regresividad de los derechos humanos. David Bermúdez Corrales expondrá sobre los condicionantes socioculturales en el Valle de la Estrella y cómo afectan la percepción de derechos laborales entre el personal administrativo en las plantaciones de banano. Mónica R. Víquez presentará un estudio sobre la sindicalización de personas privadas de libertad y las complejidades legales y sociales relacionadas con sus derechos laborales. Karla Fernández Ávila y Jouseth Cháves Rodríguez cerrarán la jornada con un análisis de las categorías de trabajo pesado, peligroso e insalubre en Costa Rica, especialmente en las plantaciones de piña, y su relevancia para los operadores del derecho en diversos sectores. 

Este evento ofrece una oportunidad única para discutir temas cruciales para el bienestar laboral en el país. En la imagen se informa los medios por los cuales estará la transmisión.

Posicionamiento de ACOJUPEMA sobre la participación ciudadana en el debate sobre los fondos de pensiones

La Asociación de Cotizantes Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional (ACOJUPEMA) ha hecho público su posicionamiento en relación con la participación ciudadana en el debate nacional sobre los fondos de pensiones, su sostenibilidad, solvencia y estabilidad.

Marjorie Hernández, presidenta de la asociación, destacó la importancia del rol de ACOJUPEMA, que representa a cotizantes, jubilados y pensionados, y su compromiso con la defensa de una pensión digna. Explicó que, desde la fundación de la asociación, se ha trabajado para asegurar los derechos constitucionales de sus miembros. Resaltó la preocupación ante los intentos de varias entidades, tanto públicas como privadas, de iniciar un debate sobre los fondos de pensiones, excluyendo a los principales afectados: los cotizantes activos, jubilados y pensionados.

Por su parte, Alexander Hernández, tesorero de ACOJUPEMA, señaló que, durante los últimos tres años, ACOJUPEMA ha buscado un diálogo con la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA) y los sindicatos involucrados en la administración de los fondos de pensiones como ANDE (Asociación Nacional de Educadores y Educadoras), SEC (Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense) y APSE (Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza), para exponer sus inquietudes. Sin embargo, lamentó que estos intentos no solo hayan sido ignorados, sino que se han enfrentado con procesos judiciales en su contra. Este tipo de acciones, afirmó, atentan contra los derechos fundamentales de libre asociación y libertad de expresión.

Gerardo Romero,  vicepresidente de la asociación,  subrayó la necesidad de que los proyectos de ley promovidos por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) sean debatidos de manera abierta y participativa. Afirmó que la exclusión de los cotizantes y jubilados en estas discusiones afecta gravemente la legitimidad de los debates y que existe una falta de confianza en la transparencia y fiscalización de los fondos de pensiones. El vicepresidente destacó que, según los artículos 9 y 11 de la Constitución, es fundamental la participación ciudadana en las decisiones públicas y la rendición de cuentas por parte de los funcionarios responsables.

ACOJUPEMA demanda una discusión verdaderamente inclusiva, en la que todos los actores tengan voz y voto. Además, rechaza las represalias contra quienes alzan la voz en defensa de sus derechos y la justicia social. La exclusión de los verdaderos dueños de los fondos de pensiones —los cotizantes, jubilados y pensionados— convierte estos debates en ilegítimos y en un ataque a los principios democráticos que deben regir la toma de decisiones sobre los fondos de pensiones.

Se invita a a ver el vídeo completo sobre el posicionamiento de ACOJUPEMAhttps://vm.tiktok.com/ZMh1WQjyx/ .

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo celebra la aprobación del proyecto de Ley que honra la indemnización de personas ex estibadoras de Limón

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo celebra con gran satisfacción la aprobación en segundo debate del proyecto de ley “Adición del Artículo 2 Bis a la Ley No. 7955 (Ley de Subsidio y Finiquito a Trabajadores de Estiba y Desestiba de Muelles) el cual fue aprobado esta tarde con 46 votos a favor en la Asamblea Legislativa.

Este proyecto ordena al Gobierno de Costa Rica honrar las indemnizaciones adeudadas a personas ex estibadoras de Limón, una deuda histórica que ha permanecido sin resolver durante 29 años. La aprobación de esta ley es un hito que reivindica los derechos de las personas trabajadoras que contribuyeron significativamente al desarrollo de la provincia y que, hasta hoy, habían sido olvidadas.

Este logro es fruto del trabajo articulado y coordinado de liderazgos comprometidos de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo junto con el Frente Cívico Social Laboral de Limón, quienes han estado hombro a hombro en las luchas sociales. Su participación ha sido constante, sumándose el pasado 28 de agosto a la Movilización Nacional Pacto por la Educación Pública y Agenda Social de Costa Rica y el 29 de agosto a las acciones regionales a nivel nacional. Ese mismo día estuvieron presentes en las afueras de la UCR en Limón durante la sesión solemne de la Asamblea Legislativa.

Durante casi tres años, hemos impulsado este proceso con firmeza y convicción, luchando incansablemente para garantizar que se haga justicia a quienes, por décadas, sostuvieron la actividad portuaria de Limón. Esta ley no sólo cierra un capítulo de olvido y deuda, sino que también rinde homenaje al trabajo y sacrificio de quienes han sido parte de la historia viva de Limón.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo reafirma su compromiso de seguir trabajando en la defensa de los derechos laborales y sociales de todas las personas trabajadoras del país. Este logro nos motiva a seguir construyendo una Costa Rica más justa y equitativa, donde todas las voces sean escuchadas y respetadas.

¡Seguimos adelante en la construcción de un país más digno para las personas! 

Consultas: mesa.nacionaldedialogo@gmail.com | Teléfono: 84003435

Martha Rodríguez González, representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS denuncia ante la clase trabajadora y a la opinión pública

Continúa el juicio político, acoso y persecución contra representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS, por haber aprobado legítimo ajuste salarial de 7 mil colones a trabajadores de la Caja.

Martha Rodríguez González, en su calidad de representante de los trabajadores, se dirige con firmeza tanto a la clase obrera como a la opinión pública para exponer una situación que ha venido denunciando de manera constante: la persecución política y el terrorismo de estado del que ha sido víctima. Durante los últimos dos años, Martha ha estado sometida a un proceso que busca, a través de presiones sistemáticas, que renuncie a su cargo. Sin embargo, ella ha resistido en defensa de los intereses de la clase trabajadora y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entendiendo que su labor no solo es un compromiso con los trabajadores, sino también con el pueblo costarricense.

Ahora, enfrentando un nuevo proceso de destitución, Martha reafirma su decisión de no ceder ante las presiones. Su postura es clara: no abandonará su cargo, independientemente de lo que sus opositores puedan pensar o sentir. Para ella, esta batalla es más que una lucha personal; es una defensa colectiva de los derechos de los trabajadores y de la dignidad del movimiento sindical. Su compromiso con la justicia social y la protección de los derechos laborales la impulsa a mantenerse en pie de lucha, resistiendo los embates de aquellos que buscan silenciarla. Con esta convicción, Martha Rodríguez González continúa al frente de la defensa de los trabajadores, segura de que la verdad y la justicia prevalecerán.

Campaña de firmas en apoyo a Martha Rodríguez González: siga este enlace.

Chiquita desaloja a decenas de trabajadores

Carlos Quiroz | Foto: (archivo personal)

Con Carlos Quiroz

Tiempos difíciles para Chiquita Brands. Después de los graves problemas que está teniendo en Estados Unidos, la transnacional bananera está siendo acusada de desalojar y echar a la calle a su propio personal en el Atlántico costarricense.

Giorgio Trucchi

En el municipio de Talamanca, fronterizo con Panamá, la empresa Chiriquí Land Company, subsidiaria de Chiquita Brands, controla dos fincas bananeras (Tayrona y Cañaveral).

El 85 por ciento de los trabajadores tiene nacionalidad panameña y, en su mayoría, pertenece a la etnia Ngöbe-Buglé (unas cuatrocientos personas).

Un acuerdo firmado el año pasado entre Costa Rica y Panamá les otorgó la doble nacionalidad para que pudieran gozar de ciertos beneficios.

Un 46 por ciento sigue viviendo en territorio panameño, se levanta a diario a las 3 de la mañana y cruza el puente que divide los países para ir a trabajar. El restante 54 por ciento reside en territorio costarricense.

Muchos de ellos viven en cuadrantes¹ que la compañía bananera construyó y cuyas casas les fueron otorgadas en comodato.

Desalojando familias

Igual que otras compañías transnacionales y empresas fruteras nacionales, Chiquita acostumbra en sus contratos de trabajo incluir el ofrecimiento de viviendas para los trabajadores y sus familias.

Este beneficio está reglamentado por el código de trabajo costarricense (art. 164) bajo la figura del “salario en especie²”.

En las últimas semanas, la compañía está avisando a decenas de trabajadores que tienen 15 días para desocupar sus viviendas y buscar a dónde irse.

Algo que también se está llevando a cabo, hasta con más brutalidad, en otras zonas del país y que la Rel UITA ha venido documentando.

Lo que Chiquita está haciendo es brutal. Hay compañeros que tienen décadas trabajando en la empresa y que están siendo desalojados juntos a su familia”, dijo a La Rel, Carlos Quiroz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Chiriqui Land Company (Sitrachiri).

“En este momento están sacando a 17 familias, aduciendo que no cumplen con los requisitos de asignación de vivienda y trayendo argumentos tontos. Esto es ridículo y sabemos que van por más desalojos. Se habla de al menos 47 familias afectadas”, agregó.

Chiquita, las mismas mañas

Lo que más llama la atención es que todos los trabajadores afectados están afiliados al Sindicato, cuatro de ellos son delegados sindicales en las fincas.

Lo que creemos es que se trata de una arremetida para forzar a los trabajadores a aceptar algunas propuestas, avanzadas por la empresa, que violan nuestro convenio colectivo”, manifestó Quiroz.

Chiquita estaría presionando para que los trabajadores renuncien al empleo de mutuo acuerdo, retiren su liquidación y acepten ser recontratados con garantías desmejoradas, en especial la que se refiere al derecho a vacaciones.

“Sin embargo, en este acuerdo se sigue garantizando el derecho a la vivienda, por lo tanto, creemos que la amenaza de desalojo persigue el objetivo de obligar a los compañeros a aceptar esta propuesta”, explicó el dirigente sindical.

Ofensiva sindical

El pasado 21 de agosto, Quiroz, en calidad de secretario general del Sindicato, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se detenga la orden de desalojo.

También se instó a la empresa a frenar la medida y sentarse a negociar.

“Vamos a esperar que la Sala se pronuncie, mientras tanto estamos denunciando ese atropello a nivel nacional e internacional. Los compañeros se mantienen firmes y no quieren salir. También estamos valorando otras acciones judiciales”, concluyó Quiroz.

¹Complejos habitacionales que surgen en los alrededores de las plantaciones donde viven las y los trabajadores y sus familias.
²Entre las diferentes formas de retribución, el salario en especie se paga con bienes o medios distintos al dinero como, por ejemplo, alimento, alojamiento o transporte. Este no podrá ser mayor al 50 por ciento de lo que reciba el trabajador en dinero efectivo.

Fuente: https://www.rel-uita.org/costa-rica/chiquita-desaloja-a-decenas-de-trabajadores/

ANEP convoca a manifestaciones de 28 y 29 de agosto: Juntos somos más fuertes

Fecha: 28 y 29 de agosto
Hora de salida: 9:00 am
Lugar de salida: Parque de la Merced
Destino: Asamblea Legislativa

La ANEP te invita a unirte a esta importante movilización para exigir nuestros derechos y hacer oír nuestra voz.

Puntos a tratar:

  • No más congelamiento salarial.
  • Pensión adelantada para nuestros policías.
  • Salida de la Ley del Marco de Empleo Público.
  • Escala salarial sin desigualdades.
  • Profesionalización integral para todos.

Juntos somos más fuertes
Participan: Policía de fronteras, Fuerza pública, PCD, Policía de vigilancia aérea, Policía de tránsito, Policía de migración, Policía fiscal.

¡Tu presencia es fundamental!

La manifestación permite a los trabajadores, especialmente los cuerpos policiales y de seguridad, expresar colectivamente su descontento ante políticas que consideran injustas, como el congelamiento salarial o la Ley del Marco de Empleo Público y desigualdades salariales.

La manifestación del 28 y 29 de agosto es una herramienta poderosa para defender los derechos e influir en políticas y fortalecer la solidaridad entre los trabajadores.

SITRAP logra reinstalación de una trabajadora

Contexto del despido: Sandra Rojas Godoy, integrante  de la junta directiva de SITRAP desempeñaba un papel activo y de liderazgo en la finca Duacarí Dos, propiedad de la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S.A. En marzo de 2016, Sandra fue despedida de su puesto en la finca. El motivo alegado por la empresa fue una supuesta incapacidad de Sandra para realizar sus labores debido a problemas de salud.

Realidad del caso: Aunque la empresa citó problemas de salud, Sandra era capaz de desempeñar varias tareas en la finca. La verdadera razón detrás del despido estaba relacionada con su participación activa en el sindicato y su influencia como lideresa sindical.

Liderazgo sindical: Sandra Rojas es una figura destacada en el sindicato SITRAP. Su carisma y liderazgo la hicieron prominente en la finca, lo que pudo haber generado tensiones con la administración de la empresa, ocasionando represalias contra ella. El despido fue percibido como una represalia por su activismo sindical, lo que representa un caso de injusticia laboral.

Acciones legales: Sandra, junto con el departamento legal de SITRAP y el abogado Jorge Luis Barbosa Jiménez, presentó una demanda en el Juzgado de Trabajo.

Resultado legal: El tribunal falló a favor de Sandra en todas las instancias. Finalmente, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de San José ordenó la reinstalación de Sandra en su puesto y el pago de los salarios que dejó de recibir durante el tiempo que estuvo despedida.

Reintegro: Sandra fue reincorporada a su puesto de trabajo después de 8 años y medio, en 2020, siguiendo la orden del juzgado.

El caso es considerado un gran triunfo tanto para Sandra Rojas como para el sindicato SITRAP, demostrando que, a pesar de la duración de los procesos legales, es posible lograr justicia con perseverancia.

Mensaje para los trabajadores y las trabajadoras: La resolución del caso envía un mensaje claro a los trabajadores y a la empresa sobre la importancia de respetar los derechos laborales y las consecuencias de las acciones ilegales y discriminatorias.

Fortalecimiento de SITRAP: El éxito en este caso fortalece la posición de SITRAP en la defensa de los derechos laborales, incentivando a otros trabajadores a afiliarse y buscar apoyo en los sindicatos.

Reflexiones de Sandra Rojas: Sandra expresó su gratitud hacia Dios y SITRAP por haber logrado justicia en su caso. Hizo un llamado a sus compañeros a afiliarse a los sindicatos, especialmente a SITRAP, como una vía para proteger sus derechos y asegurar un apoyo legal efectivo en situaciones laborales difíciles.

El caso de Sandra Rojas no solo representó un triunfo personal y para el sindicato, sino que también sentó un precedente importante en la lucha por los derechos laborales en la finca Duacarí Dos y en la región. Este resultado demuestra el poder de la organización sindical y la importancia de la justicia en el ámbito laboral.

La jornada de trabajo 4-3 debe discutirse, según la OIT, por la vía de Convención Colectiva entre Sindicatos y patronos

Vladimir de la Cruz

En la exposición de motivos del Proyecto de Ley, el N.º 24.290 sobre las jornadas esclavistas de trabajo de 12 horas diarias, llamada jornada 4-3, que se denomina “Establecimiento de jornadas laborales excepcionales, para casos que sean excepcionales y muy calificados”, que se conoce en la Asamblea Legislativa, para justificar el establecimiento de la jornada de trabajo de 12 horas diarias, modificando el Código de Trabajo y de manera fraudulenta la misma Constitución Política, señalando que lo que se quiere para la familia es que el trabajador tenga “más tiempo” para “mayor capacitación, para desempeñarse mejor en su trabajo.”

En la justificación que se hace en la Exposición de Motivos, en la parte introductoria de ese Proyecto de Ley, de manera engañosa se cita el Convenio No. 1 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ratificado por Costa Rica, que estableció la jornada de trabajo de 48 horas semanales, de ocho horas diarias, y de 36 horas semanales en jornadas de 6 horas nocturnas.

El Convenio de la OIT No. 1 es contundente: se limita la jornada de trabajo, de manera que las horas de trabajo en las empresas industriales a ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales.

En el Artículo 2 del Convenio de la OIT se dice claramente: En todas las empresas industriales PUBLICAS o PRIVADAS no podrá exceder de ocho horas por día y de cuarenta y ocho por semana, salvo excepciones previstas, que SERAN ATENDIDAS POR CONVENIOS entre las organizaciones patronales y obreras, convenios entre las organizaciones o representantes dichos, que podrán autorizar que se sobrepase el límite de ocho horas, señalando que “el exceso del tiempo previsto NUNCA podrá ser mayor de una hora diaria”.

El artículo 4 del Convenio de OIT dice que podrá sobrepasarse el límite de horas de trabajo siempre que el promedio de horas de trabajo no exceda de cincuenta y seis por semana, lo que sigue significa que podría extenderse la jornada diaria en una hora diaria, de 48 semanales a 56 semanales. Períodos más largos de trabajo tienen que pactarse entre las organizaciones patronales y las obreras, según este Convenio.

El Convenio de OIT establece que el salario de las horas extraordinarias debe ser aumentado al menos en un 25% con relación al normal. En Costa Rica se paga el 50% más. Con la jornada extendida que se quiere establecer de 12 horas no se pagará más de 18%.

Para trabajos excepcionales, que requieran modificación de jornadas, el Convenio de OIT establece que cada Gobierno debe comunicar a la OIT la información completa, por lista de trabajos clasificados, de funcionamiento necesariamente continuo que puedan necesitar extensiones de jornadas, con CUMPLIMIENTO de los CONVENIOS PACTADOS ENTRE SINDICATOS Y PATRONOS. Nada de esto se ha hecho en el país. Por el contrario, se vienen desconociendo y debilitando los Convenios Colectivos de Trabajo.

Se dice, en la Exposición de Motivos, del Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, que las jornadas dichas se podrán sobrepasar en el límite de horas de trabajo así establecido, por razón de la naturaleza del trabajo, para asegurarlo por equipos sucesivos.

En ninguna parte del Convenio de la OIT se dice que las jornadas de ocho horas pueden cambiarse a jornadas de 12 horas diarias.

Lo que se quiere decir, en el Convenio de OIT, es que la extensión de la jornada, que se puede hacer hasta un máximo de 12 horas, como se ha reconocido internacionalmente, se puede hacer siempre y cuando esas horas extras se paguen con reconocimientos económicos que se pagan en Costa Rica con un 50% más del valor por cada hora de jornada extendida. Es lo que está reconocido y establecido por la legislación costarricense.

El Convenio de la OIT es claro en señalar que la excepción para que las jornadas de trabajo se extiendan o se cambien debe ser resultado de una NEGOCIACION COLECTIVA entre PATRONOS y SINDICATOS.

La OIT acepta que la jornada pueda modificarse por REGLAMENTO, si es resultado de una NEGOCIACIÓN COLECTIVA, NO de una modificación a la ley, como se quiere hacer con el Proyecto de Ley que se discute en la Asamblea Legislativa.

Por eso, el Proyecto que se discute es otra trampa contra la Constitución y la Legislación Laboral nacional en tanto se trata de eliminar la reserva de ley existente en el país sobre la jornada de ocho horas de trabajo y sus posibilidades de extenderla.

Se trata de engañar diciendo que no “se pretende dejar sin efecto o invalidar la jornada ordinaria de cuarenta y ocho horas semanales y de treinta y seis en jornada nocturna.”, que lo que se trata es de establecer la jornada de 12 horas para “casos muy calificados”, de 12 horas diarias por cuatro días, que mantendría la jornada de 48 horas a la semana, regulado por el Convenio de OIT y por la legislación nacional.

Las 48 horas se entienden a 8 horas diarias por seis días a la semana, con uno de descanso. Con la jornada extendida a 12 horas diarias se entiende jornadas de 12 horas por cuatro días a la semana, con lo que se cumplen las 48 horas semanales. Solo que en este caso no se pagan horas extras sobre las ocho horas. El Convenio de OIT exige el pago de horas extras sobre las ocho diarias trabajadas.

Parte de la trampa para la modificación de la jornada de ocho horas establecida en la Constitución Política y en el Código de Trabajo radica en que en la propuesta de modificar el Art. 142 del Código de Trabajo no se habla de jornadas de 12 horas de manera expresa. Lo que se dice es que “cuando se trate de estas jornadas excepcionales el descanso entre la finalización de una jornada diaria y el inicio de la jornada del día siguiente será de doce horas como mínimo.”, donde queda claramente establecida la jornada de 12 horas por día.

En esta jornada extendida de 12 horas diarias no habrá pago de “trabajo extraordinario”, como se señala falsamente en la propuesta de modificar el artículo 144 del Código de Trabajo. Lo que se hace es tan solo una referencia que no tendrá validez en la realidad porque la jornada de trabajo de 12 horas se considera para todos los efectos “jornada ordinaria”, la que se paga sin incentivos adicionales, sin ese pago de hora extra.

Las referencias que se hacen al trabajo en días feriados y días de descanso laborados están siempre regulados por el pago de extras según corresponda.

El Proyecto de Ley propone agregar un artículo, el 143 bis al Código de Trabajo, que “excluye” de la jornada de 12 horas a “las personas que laboran en actividades relativas a los casos de excepción”, las que quedan “sujetas a una jornada excepcional ampliada, la cual se regula en el presente Código, siempre que el trabajo realizado no sea en labores insalubres, peligrosas o pesadas y que, por su naturaleza y condiciones del espacio de trabajo, no atenten contra la salud y seguridad de las personas trabajadoras”. El artículo en sí mismo es una contradicción al señalar que “excluye” y a la vez “que laboran”.

De seguido establecen los casos de excepción en los que se aplicará la jornada de 12 horas. En los cuatro incisos que se señalan se dice igual: se les aplicará a las “personas trabajadoras esenciales y estrictamente requeridas”, en un caso relacionado con “la operación productiva de la Manufactura tecnificada, siempre que estos procesos requieren maquinaria para su producción.” Y, en otro caso, “para garantizar la operación productiva en la industria de implementos médicos en ciencias de la vida humana y animal.”, todo con apego, según se dice, de “los artículos 4, 5 y 6 del Convenio 1, “Convenio sobre las horas de trabajo (industria) de 1919”, de la Organización Internacional del Trabajo y lo dispuesto en el párrafo final del artículo 58 de la Constitución Política”, que impiden jornadas que puedan extenderse hasta 56 horas semanales, que obliga al convenio laboral obrero patronal y a la obligación de consultar a las organizaciones laborales y patronales sobre Reglamentos de Trabajo que traten determinación de horas extraordinarias.

Cuando en el Proyecto de Ley se habla de las modalidades de jornada excepcional ampliada, en su inciso j) se dice que: “únicamente para los casos dispuestos en el artículo 143 bis de este Código, y respetando sus prohibiciones, las personas empleadoras y las personas trabajadoras podrán acordar la aplicación de la jornada excepcional ampliada en pleno cumplimiento de lo establecido en la legislación laboral, por medio de cualquier instrumento de negociación colectiva contemplado en este Código.” Lo cual exige y obliga el reconocimiento de un Sindicato para logra la negociación colectiva. Solo que este artículo adicional se elimina al Sindicato como parre negociadora. Se dice: “personas empleadoras y las personas trabajadoras podrán acordar”, porque en este caso la “persona trabajadora” es la parte débil de esa relación laboral, que acepta la jornada o pierde el trabajo, como realmente va a suceder.

Este mismo inciso habla de “la jornada excepcional por rama de actividad, industria, cadena productiva y/o región”, lo cual también supone SINDICATOS por rama de actividad, industria, cadena productiva y/o región. En Costa Rica no tenemos esta experiencia desarrollada de sindicalismo por “rama de actividad, industria, cadena productiva y/o región”. De aprobarse este Proyecto de Ley, habría que avanzar sindicalmente, sin que se pueda impedir por Ministerio de Trabajo, ni la acción patronal, los sindicatos por rama de actividad, industria, cadena productiva y/o región.

En la Comisión Legislativa que está conociendo este Proyecto de Ley no están invitados los Sindicatos para que participen, como tales, o por la inserción y organización que tienen en la “rama de actividad, industria, cadena productiva y/o región” respectiva, donde se supone que este proyecto de ley tendrá efectos.

Es literalmente una obligación que participen, en esta discusión de este Proyecto Ley, los Sindicatos como parte interesada, en la Comisión Legislativa, que pudo tener una integración mixta. No se trata solo de invitar a la Comisión a especialistas o a dirigentes sindicales a expresar sus puntos de vista en tiempos regulados que no pasan de 30 minutos.

Es evidente que la represión existente en el país contra la organización sindical en las empresas privadas, y finamente en el Estado, impide que esta presencia sindical en esta discusión sea real.

En lugar de sindicatos específicos por “rama de actividad, industria, cadena productiva y/o región”, a los trabajadores los pueden representar a los trabajadores las Centrales Sindicales de carácter nacional o específico de las ramas afines a lo que se quiere legislar.

Si el Convenio No. 1 de la OIT, sobre la jornada de trabajo de ocho horas establece, que para modificarla, debe hacerse por la vía de negociación colectiva, es obvio que debe fortalecerse la organización sindical y que los Sindicatos interesados o afectados sean los que participen de esta negociación y del posible establecimiento de jornadas de trabajo de 12 horas. Para esto no se necesita una Ley especial. Se necesita un acuerdo de trabajadores y patronos por la vía de la Negociación Colectiva, lo que en su resultado tendría efectos de ley, de acuerdo con la propia Constitución Política, en su artículo 62.

 

Compartido con SURCOS por el autor.