El estar aprobándose la Ley 4-3 sería el último éxito del Capital contra el trabajador y sus organizaciones.
Logran condiciones para continuar fortaleciendo la incrementación de ingresos-riqueza, al tiempo que muestran que tienen el poder. Debilitan a la contraparte.
Ya antes, otro triunfo, La ley de empleo público. Y, antes, otro, una ley contra las huelgas. Y, antes otro, una reforma tributaria.
Un principio básico de sentido común estratégico dicta que, si lo que se está haciendo no está logrando sus objetivos hay que decidir, radicalmente, abandonarlo. Ni se está impidiendo el deterioro económico-político de los trabajadores, ni se está construyendo un poder popular.
Hay que tomar la iniciativa. Centrarse en un camino que integre sectores. Un aspecto fundamental es la Educación. Comenzar, no por creer que hay que cambiarla, sino por reconocer que es tal.
No hay Derecho, la Educación no es un derecho porque, no existe todavía.
Hay que tomar la iniciativa para construir el Derecho a la educación creándola desde las aulas, uniendo sectores, padres, educandos, educadores, personal de apoyo.
He aquí el problema, superar el temor, enfrentar las barreras, pasar del solo hablar a crear, organizando, integrando recursos, distribuyendo responsabilidades.
Especialistas advierten sobre cómo el proyecto de ley podría vulnerar uno de los principales derechos conquistados por las y los costarricenses
Desde hace varios años, especialistas en salud y defensores de la lactancia materna han sido contundentes: amamantar es una de las mejores inversiones en salud para la supervivencia de la especie humana y el costo de no hacerlo tiene enormes implicaciones a nivel individual, familiar y social.
Pero, a pesar de los enormes beneficios de la lactancia ya comprobados por la ciencia, en ocasiones pareciera ser que al mundo empresarial se le olvida y surgen cambios que podrían vulnerar este derecho.
A ese consenso llegó la Lic. Ingrid Broitman Trooper, de Lactanza Costa Rica; la M.Sc. Virginia Marín Arias y la Lic. Ivannia Solano Jiménez, ambas de la Defensoría de los Habitantes y la Dra. Sonia Chaves Quirós, de Aprolama Costa Rica, durante la VII Jornada de Promoción de la Lactancia Materna, desarrollada por el Instituto de Investigaciones en Salud (Inisa) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
De acuerdo con la M.Sc. Virginia Marín, con las modalidades de jornadas que propone el proyecto de ley 4×3 —una diurna de hasta doce horas con tres días libres, y otra nocturna de hasta doce horas con cuatro días libres—, las protecciones que por tanto tiempo el país ha luchado a favor de la lactancia materna, las madres y la niñez costarricense podrían debilitarse. ¿Las razones? Varias.
El primer motivo, comentó Marín, se debe a que “el proyecto de ley, simplemente, lo que hace es prohibir las jornadas excepcionales para las mujeres trabajadoras en periodo de lactancia o en embarazo”. Si bien esa medida puede entenderse como una acción proteccionista, también se podría considerar como una medida discriminatoria que, eventualmente, podría vulnerar la lactancia materna.
“Se dice que las jornadas excepcionales son voluntarias. Pero, ¿hasta qué tanto pueden ser voluntarias? ¿Hasta qué tanto las mujeres, que no se les permite trabajar jornadas excepcionales y que están bajo el periodo de lactancia, podrían verse obligadas a tomar la jornada excepcional y renunciar a su derecho de lactancia? Esto es un riesgo. Si se les excluye, esto no significa que la lactancia materna no vaya a tener consecuencias. ¡Claro que sí! Puede ser que las mujeres decidan no dar más de lactancia para someterse a jornadas excepcionales y renunciar a su derecho”, mencionó Marín.
Lo anterior se vuelve más retador si se contempla que el proyecto de ley propone pagar un porcentaje adicional a la hora mínima que se establezca. Según Marín, esto constituye un verdadero peligro para los derechos de las mujeres trabajadoras en periodo de lactancia o embarazo. Muchas, con el fin de conseguir ese dinero adicional por sus condiciones de vida, pueden verse obligadas a acogerse a jornadas excepcionales ampliadas y renunciar a sus derechos.
Como si eso no fuera suficiente, el proyecto de ley también tiene otros puntos débiles. Uno de los aspectos señalados por la especialista es el periodo de adaptación. El proyecto de ley plantea que la persona trabajadora tiene tres meses para adaptarse a la nueva jornada y, si no lo logra, deberá ser reinstalada en su jornada ordinaria. No obstante, si del todo se comprueba imposibilidad, la persona deberá ser liquidada.
“O sea, yo voy a probar y, si a los tres meses soy consciente de que no me sirve esa jornada porque no me siento bien, aquí el inciso le permite al empleador ser despedido. Entonces, nos enfrentamos a una reforma normativa que viene a remover nuestros derechos y las garantías que por años hemos disfrutado”, mencionó Marín.
En lo mismo coincidió la Lic. Ivainia Solano Jiménez. Para ella, este proyecto —ya de por sí complejo— posee muchas reformas. De todas, la más desafiante son las jornadas excepcionales y cómo se utilizarán los tiempos, pues marca una visión distinta a la que tiene Costa Rica actualmente.
“Cuando la Defensoría hizo el criterio de este proyecto de ley, se trabajó entre áreas porque esto afecta la vida de todas las personas trabajadoras, de sus familias, personas dependientes y de todas las diversidades y habitantes del país. Entonces, cuando la Defensoría de la Mujer participa en el criterio, los llamamos a tomar en cuenta otros elementos como el trabajo decente”, mencionó Solano.
¿Trabajo decente? ¡Sí! Uno que incorpore el ingreso justo, la seguridad, el desarrollo, la libertad de expresión, así como la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
También, el uso del tiempo para que la persona tenga un balance entre lo privado y el trabajo. Precisamente, por eso la ley ampara la jornada de ocho horas, porque permiten un balance sano en la vida de la persona: ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho de disfrute.
“¿Qué le dijimos a la Asamblea? Que antes de meterse a las jornadas tenemos que revisar cuáles son las condiciones que nos van a garantizar los componentes del trabajo decente, incluyendo la posibilidad de tener un balance entre las responsabilidades familiares, el trabajo doméstico no remunerado y su vida laboral”, enfatizó la licenciada.
Lo anterior es especialmente importante si se revisa la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 2022, la cual revela que incluso, en la división de tiempo convencional de ocho horas, las mujeres son las que dedican más tiempo al trabajo doméstico no remunerado (32 horas) versus los hombres (15 horas), semanalmente. Entonces, si trabajan jornadas excepcionales, ¿cómo harán frente a tantas tareas, entre ellas la lactancia?
“Esto puede exacerbar las prácticas laborales discriminatorias contra las mujeres, sobre todo, en edad fértil de procrear. En caso de embarazo o lactancia a ellas no se les puede incluir en la jornada excepcional. Entonces, su contratación no contribuye al objetivo de la empresa”, reflexionó la abogada.
En efecto. Tan solo analice: ¿qué pasará si una empresa decide consolidar el servicio 24/7?, ¿para qué la empresa va a pagar tres turnos si ya tiene la jornada excepcional?, ¿qué va a pasar cuando ya no estén disponibles puestos con jornadas de ocho horas y las mujeres no puedan permanecer en el empleo porque solo esa jornada le sirve?
Una mirada biológica
La Lic. Ingrid Broitman Trooper, de Lactanza Costa Rica, hizo una reflexión similar pero desde la biología humana.
Para Broitman, las jornadas extendidas generan periodos importantes de separación entre la madre y el bebé que pueden afectar la salud física y hasta mental del lactante. Además, incide en una menor producción de leche activa y abundante. La razón radica en nuestra más pura esencia: somos mamíferos.
“El ser humano es un mamífero placentario de la familia de los homínidos. Nos comparamos con los simios, chimpancés y orangutanes. Nosotros estamos hechos y diseñados para que las crías se alimenten con leche materna por varios años. Esto no solo favorece la salud, sino que también el vínculo afectivo. Lo que queremos son sociedades más saludables, amorosas y con mejores seres humanos y parte de ese proceso inicia en ese momento”, argumentó Broitman.
Si quiere comprobar lo anterior tan solo voltee a ver la naturaleza. Con esto se dará cuenta de que los mamíferos amamantan a sus crías entre dos y doce veces. ¡Claro!, hay excepciones. “Están los osos pandas gigantes que amamantan cuarenta veces y los canguros rojos que lo hacen solo una vez cada tres días. Si fuéramos “canguras rojas” tal vez ahí sí nos funcionaría la jornada extendida, pero no lo somos”, acotó Broitman.
A esa retadora realidad se le acompaña otros elementos característicos de nuestra especie, como el tener bebés altamente vulnerables que requieren largo tiempo de cuidado para garantizar su desarrollo físico y cerebral, así como glándulas mamarias incapaces de almacenar leche.
Si algo hay que tener claro, es que la glándula de la mujer está hecha para producir la leche en el momento del estímulo al pecho y su óptimo funcionamiento radica de un vaciamiento frecuente. Si un bebé no mama frecuentemente, la producción será sensible a esos cambios y la producción irá desapareciendo.
“Ya hoy en día, con la jornada normal, es sumamente difícil mantener la lactancia. En las estadísticas se ve claramente cómo decae la lactancia materna exclusiva en la madre que se reincorpora al trabajo. Si la mujer está mucho tiempo afuera y decide acogerse a la ley, ¿cómo será si tiene que ir doce horas? La producción es sumamente sensible y puede perderse muy rápido”, mencionó la expositora.
¿Alternativas? Muchas, pero ninguna ha logrado igualar a la biología humana. La succión de un extractor, por ejemplo, jamás será igual que la cascada hormonal que produce esa mujer cuando tiene a su bebé en el pecho y la leche de fórmula nunca podrá asemejar en su totalidad el oro líquido de la leche materna original.
“En los últimos 100 años hemos sustituido la leche con el boom de las fórmulas. ¿Y qué tenemos? Bebés más enfermos, una marcha alérgica acelerada, obesidad infantil, problema de enfermedades no transmisibles y otro montón de cosas más. La leche materna no es solo comida, es contacto, comunicación, es seguridad, es calor, es amor”, aseveró Broitman.
Deudas pendientes
La Dra. Sonia Chaves Quirós, de Aprolama Costa Rica, dejó claro que todavía hay mucho por hacer. Tan solo el Código de Trabajo data de 1943 y, si bien muchos artículos han tenido sus reformas, hay varios que rigen tal cual fueron escritos en sus inicios. “Muchos siguen siendo ambiguos y por eso tenemos que recurrir a la Sala Cuarta porque la ley siempre ha sido muy omisa”, afirmó.
La Dra. Chaves también resaltó la discriminación, la desigualdad en cuanto a horas de lactancia (las mujeres de la CCSS tienen una hora y media), así como la distribución horaria.
Por su parte, la M.Sc. Viviana Guerrero Chacón, docente de Filosofía de Ética Médica y Bioética de la UCR, tampoco se aleja de esa realidad. La filósofa amplío que las personas encargadas de realizar políticas públicas no han entendido el peso social que tiene la lactancia.
“Aquí el tema es que parece que tenemos otro desafío de que nos estamos sacando las cartas entre gitanas. Nosotras lo sabemos, pero ¿lo saben las otras personas que están en la Asamblea Legislativa haciendo esa política pública que le llamamos ley?”, reflexionó la experta.
Guerrero mostró algunos de los desafíos pendientes y el más importante de todos es el de la pluralidad. No, no existe la mujer, sino las mujeres y las personas lactantes como hombres trans. En Costa Rica existe una gran diversidad que no ha sido contemplada en las leyes porque, incluso, hasta los pueblos indígenas viven la lactancia de manera diferente.
Ante esto, es necesario ir construyendo una política pública suficientemente abierta de tal manera que quepan todos los sujetos que lactan, no solo mujeres. De igual forma, es importante empezar a cambiar la noción de que el cuerpo es una cosa cerrada y todos son iguales.
“Las mujeres cábecar o bribri no ven la lactancia de la misma forma y nosotros aquí decimos: las mujeres indígenas, como si todas fueran iguales. No se puede universalizar el sujeto de la lactancia. Esto discrimina a las personas. Además, las políticas no las definen las mujeres lactantes, sino los médicos. Hay un autoritarismo médico, político y de solo algunas voces. Tenemos que exigir que nos escuchen porque están haciendo políticas sobre nuestros cuerpos y jamás nos preguntaron qué queríamos. Como mujeres tenemos que aliarnos. No intentando que todas pensemos igual, sino uniéndonos en la diversidad”, consideró Guerrero.
Reviva la jornada completa en
Jenniffer Jiménez Córdoba Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP expone la posición de la organización ante la aprobación en primer debate del proyecto de jornada 4×3. Ahora el proyecto irá a consulta a la Sala Constitucional.
Cómo costarricense e ideológicamente Social Cristiano, tengo que dolerme de la aprobación de esa ley laboral llamada del 4/3 por una camada de 32 coyotes de la misma loma.
Fue evidente que la conjunción de fuerzas políticas absolutamente retrógradas y enemigas del bien común, se unieron para asestar un golpe mortal a nuestra sociedad, cuyo sector laboral está absolutamente domesticado, sin el menor espíritu de lucha.
Coyotes del rejuntado del Presidente Chaves, de Nueva República montado en el carro del poder que más le convenga y con un líder mediocre sacado del peor periodismo, tres diputados del PLN donde se destaca Rodrigo Arias, defensor de sus intereses y legítimo representante de la plutocracia nacional o los llamados, con odio de clase, “costarricenses con corona”, por el coyote de Zapote. También votaron los diputados del PLP de don Eli (Liberal Progresistas) de la ultra ultra y súper extrema “derecha” para identificarlos, representantes del mismo sector que Rodrigo y su hermanito Óscar Arias Sánchez; pero por lo menos a estos otros miembros de la misma manada, se les puede reconocer la consecuencia de sus actos, no con lo que piensan pues sería mucho pedir, pero sí con sus intereses.
¡Pero los diputados del PUSC son una aberración absoluta! El Dr. Calderón Guardia hoy se debe estar revolcando en su tumba, al ver a los herederos históricos de su legado de justicia social, tirarlo por los aires como si fuera el confeti con que celebran, los coyotes de la misma loma, la destrucción de su obra social. Y Don Rodrigo Carazo, que tanto luchó por esa Unidad, también siente el puñal de la traición.
En mi caso, que luché, peleé y hasta me enfrenté a aliados políticos para lograr la fusión de aquellos cuatro partidos y ser uno de los firmantes de aquella unidad, hoy me arrepiento y pido perdón; siento vergüenza propia y ajena al ver a esa camadilla de diputados mediocres traicionarlo todo. Hace 20 años me había retirado de ese partido porque consideré que había abandonado sus banderas; hoy lo repudio. No podía esperarse otra cosa, de una organización que entregó su conducción a la UCCAEP y la presidencia a otro advenedizo formado y ex funcionario del Instituto CATO del más puro y rancio linaje neoliberal de los Estados Unidos.
Por eso hoy como costarricense me siento triste y como Social Cristiano traicionado, Dios le dé luces a este pueblo para encontrar de nuevo la senda de justicia y equidad; pues hoy parece que la manada de coyotes de la misma loma, encontró un conductor muy peligroso que los lleva por el camino de convertir nuestra democracia en autocracia… y hoy tienen los costarricenses una prueba evidente.
La ANEP y SITRAP se reunieron con sus representantes sindicales y delegados de diversas fincas agrícolas de Sarapiquí y el Caribe, para reforzar los puntos de la agenda estratégica de lucha contra políticas que afectan a los trabajadores de la piña y el banano.
La reintegración de la funcionaria Bersabeth Mena Acuña en la Municipalidad de Puntarenas, trajo consigo una bienvenida con aplausos y felicitaciones.
El despido de la funcionaria se dio de forma irregular, luego de denunciar a su jefatura por acoso laboral y sexual. Por lo que la Sala Segunda determina que debe ser reinstalada en igualdad de condiciones. Además, lejos de su victimario.
La trabajadora Mena agradeció el apoyo de la ANEP y otros funcionarios durante el proceso.
Seguimos experimentando y les presentamos una nueva sección de 5 MINUTOS… O MENOS, «Apague y vámonos», con Martín Chinchilla Castro como invitado y los dos conformamos… «Los Martín-nez».
En este primer «experimento», conversamos sobre la angustia que sienten los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, trabajando 12 horas diarias, de lunes a jueves, para aprobar un inhumano proyecto de Ley que modifica la jornada laboral a 12 horas diarias por 4 días seguidos (o 5 o 6 días), «el tiro por la culata».
Este lunes, la Junta Directiva de la CCSS, con el voto de 2 representantes del Gobierno de Chaves y 2 de sus acólitos del reaccionario sector empresarial, acordaron declarar exclusivos y excluyentes, una considerable cantidad de clases de puestos institucionales, profesionales, técnicos, administrativos y otros.
Esta declaratoria ya no sólo cubre a un grupo laboral, como se había pretendido originalmente, sino que ahora cobija un amplio colectivo de personas trabajadoras, de múltiples segmentos ocupacionales, cuya relación de empleo permanecerá regulada por la propia institución; eso sí, dentro del marco de la emergente Ley de Empleo Público.
Estamos totalmente seguros y convencidos que esta ampliación de los colectivos laborales que fueron declarados exclusivos y excluyentes, es el resultado directo e inmediato de las medidas de presión convocadas por los sindicatos que integran la Unidad Sindical, no obstante, la complicidad de alguna que otra organización que intentó infructuosamente dividir a las personas trabajadoras.
Sin embargo, ese mismo acuerdo ilegítimamente excluyó a más de 20.000 trabajadores y trabajadoras, que prestan sus servicios en los regímenes de salud, pensiones y prestaciones sociales, del carácter indiscutible de exclusivos y excluyentes, quebrando la unidad de gobierno, planificación, dirección y mando institucional, sometiendo la gobernanza de esos grupos ocupacionales a las directrices y mandatos del Gobierno de la República.
Segregar a las personas trabajadoras de la Caja, creando una especie de apartheid laboral, es manifiestamente inconstitucional, violentando lo resuelto, de manera reiterada por la Sala Constitucional: “Así el Poder Ejecutivo no puede actuar como director o en una relación de jerarquía frente a esta institución, no puede imponerle lineamientos, ni dar órdenes, ni controlar la oportunidad de sus actividades.” (Voto N°17098-2021).
La Sala Constitucional en el mismo voto advirtió: “(…) Sin embargo, en relación con determinados entes, tal como la CCSS, debido a su grado de autonomía, aun el mismo legislador no puede sujetarla a órdenes, directrices y regulaciones de un órgano del Poder Ejecutivo, pues ello va en contra del grado de autonomía y tutela conferida por la Constitución Política a esta institución.”
Esta jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional, despreciada por aquellos miembros de la Junta Directiva, obedientes de las amenazas del Presidente de la República y los desafueros de la Presidenta Ejecutiva, constituye un dique de contención que impide que las potestades regulatorias de la CCSS, particularmente en materia de recursos humanos, sean transferidas al Gobierno de la República.
En esta parte del acuerdo, la Junta Directiva olímpicamente se apartó de los rigurosos criterios técnicos de la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección Jurídica, la Dirección de Sistemas Institucionales y los informes gerenciales, que fueron convertidos y reciclados en productos de la canasta básica de la sala de sesiones de Junta Directiva: en papel higiénico, de una sola hoja.
En su lugar, a hurtadillas, valiéndose del golpe de Estado que sufrió la CCSS, entre ellos mismos nombraron una Comisión ad hoc, cuyos miembros no tienen ninguna formación profesional, ni pericia en los campos técnicos y especializados de la institución.
Esta impericia se refleja, de cuerpo entero, en los múltiples desatinos y gazapos que contiene tiene ese impresentable informe, hecho a imagen y semejanza de las instrucciones de Chaves, el cual no logra desvirtuar aquellos calificados informes institucionales.
Los directivos nombrados por el Gobierno de Rodrigo Chaves y que votaron este acuerdo, trasladándole a MIDEPLAN la rectoría de la relación de empleo de este alto porcentaje de trabajadores y trabajadoras, retractándose del juramento constitucional que rindieron, renunciaron servilmente a defender la autonomía de la CCSS.
La Unión Sindical CCSS, deplora este ignominioso extremo del acuerdo y advierte que recurrirá a las instancias judiciales y administrativas pertinentes a defender la autonomía de la Caja, la unidad e integridad de la familia de las personas trabajadoras de la Caja.
¡Condenamos que MIDEPLAN meta sus fauces y manos ambiciosas de poder en los destinos de la Caja!
Llamamos a los trabajadores a continuar firmes en la lucha, contra las políticas autoritarias, discriminatorias y privatizadoras del Gobierno y sus adeptos de Junta Directiva, participando activamente en la protesta que realizaremos este jueves 13 de julio y el sábado 15 de julio.
¡Fuera MIDEPLAN de la Caja!
¡Qué nadie se quede afuera!
12 julio de 2023
Trabajadores que NO fueron Declarados Exclusivos y Excluyentes
1-Trabajadores de Producción del Laboratorio de Parenterales
10-Trabajadores asistentes de Nutrición
2-Trabajadores de Producción de Laboratorio de Productos Farmacéuticos
11-Trabajadores Médicos Evaluadores 1 y 2
3-Trabajadores de Producción de Almacén General
12-Trabajadores profesionales 1-2-3-4
4-Trabajadores Administrativos de Sucursales
13-Trabajadores Directores Administrativos Financieros de Hospitales (Administradores)
5-Trabajadores de Recursos Humanos
14-Trabajadores de Tecnologías de la Información y la Comunicación
6-Trabajador de Registros y Estadísticas en Salud (Todos)
15-Trabajadores asistentes de la serie de la Administración (Todos)
7—Trabajadores de Servicios Generales tanto de Aseo como de Vigilancia
16-Trabajadores secretarias y Oficinistas (Todos)
8-Trabajadores Choferes
17-Trabajadores de Artes Gráficas
9-Trabajadores Técnicos 1 y 2 de mantenimiento
18-Trabajadores de Pensiones y de Prestaciones Médicas
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ha acudido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para solicitar con urgencia la intervención protectora del derecho a la seguridad social de las personas de edad en Costa Rica. En una petición conocida como «Other Letter» en el lenguaje diplomático-técnico, ANEP busca el respaldo internacional para abordar la problemática de las reformas recientes en el sistema de pensiones del país.
La reforma aprobada el 14 de diciembre de 2021 por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha generado una gran preocupación. Esta reforma modifica los artículos 5, 23 y 24, y deroga disposiciones transitorias finales XII, XIII, XIV y XV del Reglamento de Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. Dichos cambios han frustrado las expectativas de pensionarse de un considerable número de trabajadores, tanto del sector público como privado, quienes estaban cerca de cumplir todos los requisitos antes de que las modificaciones entrarán en vigor el 12 de enero de 2024.
ANEP presentó una argumentación jurídico-legal basada en la doctrina y en los tratados internacionales de Derechos Humanos que Costa Rica está obligada a respetar. Su petición al Consejo de Derechos Humanos de la ONU busca declarar que la vigencia y aplicación de las reformas mencionadas atentan contra los derechos de pensión, seguridad social, progresividad y seguridad jurídica de las personas pertenecientes al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS. ANEP sostiene que Costa Rica está experimentando un peligroso proceso de reversión de conquistas sociales, exclusión económica y sobre-explotación laboral. En este sentido, apelan a la Doctrina Universal de los Derechos Humanos y a los tratados internacionales suscritos por el país, como mecanismos estratégicos y de defensa obrero-social legítimos.
La solicitud de ANEP al Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene carácter urgente y busca la protección y el respeto a los derechos jubilatorios que las personas afectadas habían cumplido al 100% antes del 12 de enero de 2024. Hasta el momento, un primer grupo de 614 personas asociadas a ANEP se ha inscrito en el proceso de tutela obrera promovido en Costa Rica, específicamente para el sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS. Además, se ha abierto la inscripción para un segundo grupo de personas interesadas en unirse a ANEP.
Actualmente se espera que esta solicitud de intervención del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tenga un impacto significativo en la protección de los derechos jubilatorios de las personas de edad en Costa Rica y promueva un diálogo constructivo para abordar la situación en cuestión.
En el programa radial de Amelia Rueda, el lunes 3 de julio, la diputada Pilar Cisneros afirmó que el proyecto llamado 4/3 o de jornadas laborales de 12 horas, es importantísimo, porque de ese proyecto dependen miles y miles de empleos, particularmente en las zonas costeras. No explicó sobre qué bases se apoyaba para lanzar una afirmación tan fuerte, pero el caso es que, con la ligereza que le es característica, así lo dijo.
Esta idea merece ser reflexionada críticamente.
Primero, recordemos en qué consiste esta propuesta de ley. Básicamente lo que se hace es establecer jornadas ampliadas de 12 horas, suprimiendo el pago de horas extras. Se han contemplado dentro del proyecto, otras ideas que apuntan en el mismo sentido, como las de permitir un manejo flexible de las jornadas laborales a lo largo del año, por ejemplo en el caso del turismo, de forma que se alarguen esas jornadas durante la temporada alta y se reduzca durante la temporada baja.
Esto último significa que los vaivenes del negocio son colocados sobre los hombros de las personas trabajadoras, y a costa de su presupuesto familiar. El riesgo normal del negocio, que, según la ideología propia del capitalismo, debe ser asumido por la empresa, puesto que es eso lo que presuntamente justifica la ganancia, es trasladado a los trabajadores y las trabajadoras.
Pero hay algo más en todo esto, que constituye el común denominador de esta propuesta de ley, en sus diversas facetas: su objetivo fundamental es reducir costos mediante la reducción de salarios.
Por lo tanto, lo que se busca es que las empresas costarricenses sean más competitivas, no mediante una mejor gerencia, una mayor eficiencia en el uso de los recursos, con base en mejoras tecnológicas y, en fin, con base en la elevación de la productividad, sino mediante el recorte salarial. O sea: bajar costos, no mejorando el funcionamiento de las empresas, sino reduciendo el costo de la mano de obra o fuerza de trabajo que emplean.
Recordando las afirmaciones tan contundentes lanzadas por Cisneros, la pregunta entonces es: ¿es esa la forma correcta de propiciar la creación de empleos? En particular, ¿lograremos de esa forma generar los miles y miles de empleos de que habla la diputada?
En principio, la respuesta es “depende”.
En primer lugar, depende de si son empresas que producen para el mercado nacional, o si están orientadas al mercado externo, o sea, la exportación de productos, el turismo, etc.
Para las empresas que producen para el mercado nacional, la respuesta es: muy posiblemente el efecto será negativo, por la sencilla razón de que, al deprimirse los ingresos salariales, se deprime la demanda de los hogares trabajadores y, por lo tanto, se restringe su consumo, en cuyo caso es posible que caigan las ventas de las empresas que producen para el mercado nacional, lo cual frenará el empleo que estas generen.
Si son empresas que producen para el mercado externo, exportadoras o del turismo, debemos tener presente que el negocio de estas empresas depende de dos cosas: 1) que la demanda externa que esas empresas atienden sea dinámica y les permita vender mucho; 2) que puedan participar en los mercados internacionales de forma competitiva, o sea, con precios cómodos y buena calidad.
El proyecto de jornadas de 12 horas no afecta en nada el primero de estos puntos, o sea, a la demanda internacional no le hará ni cosquillas esa reforma.
Si puede afectar el segundo punto, el de la competitividad. En este caso, de lo que se trata, muy claramente, es de ganar competitividad, no mediante innovaciones tecnológicas, mejoras de la calidad, etc. sino exclusivamente bajando los salarios. O sea: reducir costos reduciendo la parte de los costos salariales y, por lo tanto, deteriorando las condiciones de vida de las familias trabajadoras.
El problema es que se les puede ir lo comido por lo servido, de forma que podrían terminar con un deterioro de la competitividad, no obstante la reducción de los salarios.
Hay dos factores que afectan directamente la competitividad empresarial:
Primero, las jornadas extendidas de 12 horas generan fatiga, y dañan la salud física y emocional de las personas.
Esas jornadas más largas, sin pago de extras y, por lo tanto, con reducción de los salarios, generan desmotivación y disgusto.
Claramente estos dos factores dañarán la competitividad de las empresas.
Todavía hay un tercer factor, de alcances más amplios y consecuencias a mediano y largo plazo: todo esto afecta negativamente lo que podemos llamar la reproducción de la mano de obra o reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, afecta aquellas condiciones, que en gran parte se satisfacen en el ámbito doméstico y hogareño, que garantizan la salud física y la estabilidad emocional de las personas, y de lo cual depende, decisivamente, su buena disposición para el trabajo, así como su actitud frente al sistema político, la democracia y la sociedad en general.
La mejor forma de ilustra ese punto es en relación con las graves consecuencias que esto traería para las mujeres trabajadoras jefas de hogar, pero, en general, para todas las mujeres trabajadoras a cuya jornada de trabajo fuera de casa, se suma la jornada de trabajo no remunerado dentro de casa. La consecuencia es, o exclusión de las mujeres de los mercados labores o deterioro de las condiciones de reproducción de la mano de obra en el ámbito hogareño.
En su conjunto, lo que se hace es sembrar vientos para cosechar tempestades en términos de un orden social más inestable, violento e inseguro, con agravadas amenazas para la democracia. Todo lo cual es territorio minado, en el cual difícilmente los negocios privados podrán florecer.
El asunto, pues, es mucho más complejo y de consecuencias mucho más amplias e insatisfactorias de lo que sugiere el discurso hueco, manipulador y demagógico de la diputada Cisneros.
