Ir al contenido principal

Etiqueta: derechos laborales

El SINDEU, una fuerza universitaria presente en las luchas de las masas trabajadoras, por los derechos laborales y por luchas sociales

Edgar Chacón Morales

Edgar Chacón Morales
Julio 2023.

El 28 de junio recién pasado, se llevó a cabo el proceso de elección de la Junta Directiva del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica, que estará en funciones a partir del 1 de julio, por el período 2023-2025. Este proceso electoral, fue organizado por el Tribunal Electoral del SINDEU.

A dicho proceso, concurrieron dos propuestas de trabajo y organización, presentadas por las respectivas tendencias: Nueva Ruta Sindical y Resistencia Sindical Unida. La segunda, a cargo de la Junta Directiva actual.

La actividad de emisión del voto transcurrió de forma ordenada, en un día cuyo clima contribuyó con el buen suceso. Luego del conteo de votos y llevado a cabo el procedimiento de formalización correspondiente, Resistencia Sindical Unida y el actual secretario general Harold Chavarría Vásquez, quedó reelecta, fue juramentada   y estará al frente del SINDEU por el período antes mencionado.

El contexto nacional

Costa Rica no escapa a la embestida del neoliberalismo. Los logros en el bienestar social, la institucionalidad pública, los derechos laborales, conseguidos en las luchas llevadas a cabo por las organizaciones de los sectores trabajadores, como el derecho de huelga, de manifestación, derechos salariales, horarios laborales, para mencionar algunas conquistas, están bajo constante acecho.

Instituciones públicas como La Caja, las universidades públicas, el ICE, el A y A, el sector cultura, la educación pública en todos sus niveles, reclaman su defensa y la generosidad en la lucha.

El escenario es grande y complejo y ante tal demanda y en tal magnitud, debemos prepararnos.

El escenario interno

En el escenario interno, la Junta Directiva deberá proponerse, con arrojo y visión, el crecimiento de la membrecía del SINDEU, y la articulación de esfuerzos y caminos entre sus integrantes. Al crecimiento de la afiliación, debe dársele la atención necesaria a la afiliación del sector docente.

Ante las autoridades, debe plantearse propuestas concretas, con dignidad y firmeza. A toda la población universitaria, nos corresponde velar por la buena marcha de la Institución, así como fortalecer la visión de la universidad/país y la unión de fuerzas con los demás actores sociales.

La defensa de los derechos laborales debe ser firme en todos los aspectos, como las deudas a los salarios, por ejemplo. Por otro lado, en la mejora del acceso a recursos y facilidades económicas institucionales, hay que poner atención en aquello que viene sonando, sobre que la Junta se está convirtiendo en “una garrotera”.

En cuanto al Consejo Universitario, es necesario ser creativos y propositivos, y afinar el planteamiento de trabajo conjunto, para que todos aquellos aspectos que significan bienestar para la población trabajadora estén siempre en los primeros planos de la agenda y gestión de este órgano.

Con la Federación de Estudiantes, debe hacerse también un trabajo conjunto, con miras a clarificar y articular fuerzas y mecanismos de acción.

La Convención Colectiva: es imprescindible contar con mecanismos de un monitoreo constante y acción, sobre aquellos factores y actores que la fortalezcan o la debiliten.

En cuanto a la democratización del voto en la elección de actores a los cargos de autoridad, debe fortalecerse la lucha para tener una participación de peso en esa elección, ya que los electos, con sus decisiones afectan los intereses de la población trabajadora.

En la lucha por el FEES, el SINDEU debe fortalecer su participación, en la movilización, y tener presencia en las instancias decisorias.

El escenario externo

En este escenario es necesario esclarecer una combinación de factores: por un lado, priorizar cuales son las luchas por llevar adelante según nuestros intereses como sector sindical; así también, cuáles son los actores con los que contamos para hacer articulaciones y unión de fuerzas en esas luchas; por otro lado, cuáles son los actores opositores en esas luchas y con qué articulaciones cuentan.

La claridad en esta combinación de factores nos permite una planificación acertada de las luchas y disposiciones de fuerzas y momentos para abordarlas, consecuente con los logros a conseguir.

Claro está que este escenario externo está compuesto por distintas fuerzas como el gobierno, sus políticas neoliberales, su disposición de irrespeto al marco jurídico constitucional. Están también los otros poderes del Estado, con los que cierran filas según sus intereses.

Así mismo, figuran acá actores en contra de los intereses populares, como algunos partidos políticos, grupos de presión, grupos de interés, las empresas de desinformación y manipulación de la opinión pública, intereses foráneos, algunos grupos religiosos, entre otros.

El ámbito internacional

En este ámbito es de primer orden tener claridad sobre cuáles son los actores en defensa de los intereses de los sectores populares nacionales e internacionales, para coordinar fuerzas, acciones y medios a utilizar; y cuáles son los actores en contra de estos intereses, sus acciones y los medios de los que se valen.

Es necesario también tener claro cuáles son las instancias y espacios en las que se llevan a cabo las luchas; así como la organización, articulación, gestión, trabajo y movilización idóneos en este ámbito.

Muy importante acá, es el conocimiento del ámbito jurídico internacional, sus actores, andamiajes y manejos.

Claridad sobre los diferentes momentos

Para todas las personas integrantes del SINDEU que apoyaron a una u otra tendencia, es necesario tener claro que la contienda electoral ya quedo atrás y lo que sigue es la unión de fuerzas por los intereses del sector trabajador, y por la Universidad de Costa Rica; así como por la educación superior pública, por los intereses de los sectores populares del país y por la soberanía y el interés nacional.

Saludos, éxitos y nuestro apoyo a la Junta Directiva entrante.

AyA pierde demanda por incumplimiento de derechos fundamentales

El pasado 22 de junio el Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de San José condenó al AyA a pagar el monto dejado de pagar por: las horas de alimentación, seguridad social, régimen de invalidez y muerte de la CCSS, fondo de capitalización laboral y sistema de Pensiones Complementarias, Fondo de Ahorro de AyA, y a la organización Sindical SITRAA. Por el incumplimiento de los derechos fundamentales a trabajadores de esta institución.

Mario Rodríguez Bonilla Secretario General Sindicato de Trabajadores del AyA detalla que:

AyA es condenada al pago de horas extraordinarias a trabajadores por acciones violatorias al derecho laboral costarricense, ingeniero de Guanacaste les prohibía alimentarse, cambiarse y bañarse en su tiempo de jornada laboral a pesar de que los funcionarios laboraban con materia fecal, ahora por sus acciones miles de abonados deberán cancelar con sus recibos de agua y alcantarillado estos costos. Exigimos sea trasladado estos dineros a los ingenieros y jefaturas no a los ciudadanos. 

Mensaje de Didier Leitón Valverde, secretario general de SITRAP para la población trabajadora agrícola de todo el país

Didier Leitón Valverde, secretario general de SITRAP explica la situación que padecen trabajadores de plantaciones con el irrespeto a los derechos humanos y a los derechos laborales.

Además, expone el papel que cumplen las certificadoras internacionales de esas plantaciones, que emiten sus calificaciones sin considerar la violación de derechos y las condiciones de vida no dignas para estas personas y sus familias.

Le invitamos a escuchar la breve exposición siguiendo este enlace.

La aprobación de la jornada 4 x 3, vendría a afectar gravemente la salud y entorno familiar de los trabajadores agrícolas

Gerardo Villalobos expone su oposición a la jornada 4×3. Considera no poder cumplir una jornada de 12 horas, pues tiene una hija a quien debe recoger de la escuela todos los días, además de padecer de hipertensión. Por lo cual, le pide a los diputados que no aprueben la ley de la jornada 4×3.

Para escuchar a Gerardo ingrese en el siguiente enlace: https://fb.watch/k-x20aTMB-/?mibextid=v7YzmG

BUSSCO / FSM: “Contundente condena al gobierno de Costa Rica en la 111 Conferencia de la OIT”

Representación sindical del BUSSCO y confederaciones en OIT

Comunicado:

La Comisión de Aplicación de Normas hizo una fuerte condena al Gobierno de Costa Rica en sus conclusiones como resultado de la evaluación al cumplimiento del Convenio 122 de la OIT.

1- Lamentó que el Gobierno no tenga ni diseñada ni aplicada una política integral a fin de promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido.

2- Le insta a impulsar una política integral de empleo para promover la creación de oportunidades que vaya en correspondencia plena al Convenio 122 de la 01T, referente a políticas de empleo.

3- Le insta a promover esfuerzos para promover el diálogo social e incluir a los interlocutores sociales en iniciativas en curso y en las que puedan impulsarse en el futuro en materia de políticas y programas de empleo, orientadas a incorporar con énfasis a jóvenes, mujeres e igualdad de oportunidades.

4- Le pide que muestre impactos reales de la Estrategia Nacional de Empleo y Desarrollo Productivo (ENDEP) y del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020 que vayan en correspondencia con el Convenio 122.

5- Le solicita tomar medidas para garantizar que la Ley 9635 de las Finanzas Públicas se ajuste plenamente al Convenio 122 y que no vulnere los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

6- Indicar los mecanismos de consulta utilizados con trabajadores y empleadores sobre políticas y programas de empleo impulsadas por el gobierno, incluyendo la Ley 9635 de Finanzas Públicas. Además, le hace la excitativa del deber de garantizar la consulta tripartita sobre el desarrollo de políticas y programas de empleo mediante la creación de un Consejo Tripartito Nacional.

El gobierno deberá responder con información completa y exhaustiva sobre todo lo señalado a la Comisión de Expertos de la OIT antes del 1 de setiembre 2023.

El gobierno por intermedio del viceministro de Trabajo rechazó en todos sus extremos dichas conclusiones, señaló que «deslucen» a la comisión e incluso dijo que se «abre un paso muy peligroso hacia la inseguridad jurídica». Es evidente que garantizar el cumplimiento de la normativa laboral para el actual gobierno representa inseguridad jurídica.

Del lado de la UCCAEP que defendieron abiertamente al gobierno e incluso pusieron a defenderlo a una buena parte del empresariado latinoamericano, es también un duro revés, dado su apoyo a todas las leyes anti laborales de estos últimos años.

El resultado de la 111 Conferencia de la OIT sobre Costa Rica, evidencia que en el escenario internacional no pasa desapercibido el fuerte retroceso en materia y derechos laborales a nivel nacional y que se considera prioritario defender las conquistas alcanzadas como país e impedir que esta tendencia retardataria y conservadora desmantele totalmente el Estado Social Costarricense.

Organizaciones llaman al Estado costarricense a garantizar los derechos de las personas trabajadoras migrantes y refugiadas

Instamos al Estado costarricense a reconocer los obstáculos que enfrentan las personas trabajadoras migrantes y refugiadas para el acceso a sus derechos. Llamamos la atención para que se tomen medidas inmediatas e integrales para su garantía.

San José. – En el marco del mes de las personas trabajadoras, organizaciones de la sociedad civil participamos en un encuentro para discutir sobre los desafíos a los que se enfrentan las personas trabajadoras migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en Costa Rica y cómo ello afecta su integración y el acceso a sus derechos.

Una de las razones que identificamos a partir de este encuentro, y la cual consideramos imposibilita la efectiva creación y administración de políticas públicas que garanticen la integración de las personas trabajadoras migrantes a las comunidades de acogida, es el escaso registro que existe tanto del flujo de personas trabajadoras migrantes como del acceso a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como a condiciones laborables justas.

Denunciamos que la reducción de presupuesto y recursos estatales profundiza la complejidad en los procesos de regularización migratoria. Los requisitos, en algunos casos incumplibles, generan costos y demoras que conducen a un círculo vicioso de irregularidad migratoria, imposibilitando a las personas trabajadoras migrantes al acceso de condiciones laborales equitativas y empujándolas a la informalidad. Asimismo, evidenciamos que las recientes medidas en materia de migración implementadas por el gobierno costarricense profundizan las deudas históricas del Estado con esta población. El Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 limita su capacidad de trabajar y exige que la solicitud de asilo sea realizada dentro de los primeros 30 días del ingreso al país; esto contraviene abiertamente los estándares internacionales de derechos humanos, pues lesiona el derecho a buscar y recibir asilo, el debido proceso, el derecho de defensa y el acceso a las diversas instancias, además de lesionar el derecho a trabajar de las personas solicitantes y  refugiadas así como su libertad de tránsito.

La informalidad laboral provocada por la irregularidad migratoria suscita escenarios que agravan la susceptibilidad a sufrir abuso laboral, discriminación y trata; situaciones complejas de prevenir y denunciar en sectores como el privado. Un ejemplo concreto de ello es el de las trabajadoras domésticas.

Destacamos la necesidad de que el Estado costarricense cumpla con garantizar los derechos de las personas migrantes de conformidad con las obligaciones adquiridas mediante la ratificación de diversos instrumentos internacionales y su propia normativa interna. Consecuentemente, instamos al Estado a implementar instrumentos internacionales como los Convenios 111 y 189; y la ratificación del Convenio 190 (todos de la Organización Internacional del Trabajo- OIT). Mecanismos de protección ante la discriminación en el empleo, que garanticen el acceso a trabajo digno para las personas trabajadoras, así como la prevención de la violencia y el acoso en el contexto laboral.

La irregularidad laboral expone a las personas trabajadoras a situaciones abusivas como lo son recibir un salario 40% inferior, falta de medidas de seguridad en el ambiente laboral, malos tratos, entre otros. En vista de sus necesidades, muchas personas se han resignado a trabajar en condiciones sin garantías. Señalamos además que estas desprotecciones impactan en mayor medida a distintas poblaciones según condiciones particulares de vulnerabilidad como lo son el género, la identidad de género, la orientación sexual, el origen cultural o étnico, entre otros.

Aunado a lo antes mencionado, ponemos sobre la mesa la creciente brecha digital provocada por la implementación de herramientas tecnológicas y digitales para llevar a cabo trámites migratorios, solicitud de asilo y la inscripción a la Caja costarricense del seguro social (CCSS). Estas medidas se han implementado sin considerar la situación de las personas migrantes que carecen de medios para acceder a dichos dispositivos o que viven en zonas rurales con poco acceso a internet. Esto supone la violación de derechos, como: a) recibir información clara, planteada en términos accesibles para la comprensión de sus derechos; b) conocer los requisitos para ingresar o permanecer en el país; y c) ser informadas sobre las medidas que el Estado pudiese tomar sobre su persona.

En consideración de que actualmente se encuentra en desarrollo la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034, solicitamos a las autoridades a implementar medidas que faciliten la integración de las personas y a no obstaculizar su acceso al trabajo justo y digno; así como a  considerar el rol de la responsabilidad social empresarial (RSE) para la creación de medidas inclusivas de toda la población en movilidad en el país, desde una perspectiva interseccional que atienda particularidades de género, identidad, orientación sexual, entre otros.

En virtud de lo anterior, le solicitamos al Estado de Costa Rica que:

  1. Adecúe su marco normativo para derogar el Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 y garantice vías de regularización adecuadas y viables para los diferentes perfiles e interseccionalidades de las personas, reduciendo los costos migratorios, simplificando trámites y cumpliendo con los 90 días de respuesta indicados por la ley.
  2. Mantenga abiertos los canales de comunicación con las organizaciones de y pro personas migrantes, a través de mecanismos de comunicación expeditos con la comunidad en movilidad, con el objeto de que las personas puedan ejercer de manera adecuada su derecho a la información; y facilite mecanismos que acorten la brecha digital que ha significado la implementación de herramientas digitales.
  3. Que en el marco de la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034 se apliquen perspectivas inclusivas, de género y de derechos humanos, de manera que los desafíos a los que sobreviven las personas sean abarcados contemplando su interseccionalidad desde la intersectorialidad institucional, logrando una integración de diversos sectores institucionales con una visión conjunta para resolver problemas sociales.
  4. Avance en capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos y actores privados que tienen directa interacción con la comunidad en movilidad en la entrega de servicios, para garantizar la promoción y protección de los derechos de las personas en movilidad humana en el país.
  5. Que se revitalice el Consejo Nacional de Migración, según lo establece la Ley General de Migración y Extranjería, como espacio técnico-político que recomienda al Poder Ejecutivo las políticas migratorias.  Nos preocupa que en el último año de gobierno, este Consejo se ha convertido en un espacio informativo y no deliberativo.

Organizaciones firmantes:

  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
  • Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS).
  • Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA CASABIERTA).
  • Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
  • Asociación Scalabriniana al Servicio de Migrantes.
  • Asociación Enlaces Nicaragüenses en Costa Rica.

Sindicatos ANEP y SITRAP denuncian violación de derechos humanos en Plantaciones Bananeras del GRUPO ACON certificadas por Rainforest Alliance

Ante el llamado de personas trabajadoras de fincas bananeras en Siquirres Limón, Freeman 01 y 02 de la empresa Limofrut S.A propiedad del denominado GRUPO ACÓN, una delegación de SITRAP y ANEP nos hicimos presentes en los baches de la finca el día miércoles 07 de junio para escuchar a las personas trabajadoras, las personas entrevistadas denuncian las graves violaciones de derechos humanos prácticamente están en estado de esclavitud como sucede en algunas plantaciones bananeras.

Según los trabajadores en estas fincas hay grandes grupos de trabajadores que laboran para esta empresa GRUPO ACON atravez de una empresa contratista denominada Company Ceskey Sociedad Anónima, el cargo de presidente de esa sociedad es ocupado por el señor Cesar Rodolfo Colman Arce.

  • Indican que hay muchas personas nicaragüenses trabajando con documentos de personas costarricenses, que la forma de obtener los documentos de los nacionales, es cuando estos llegan a buscar trabajo, les toman los datos, y para cuando llaga un compañero nicaragüense a buscar trabajo, lo contratan con los papeles del costarricense, pero el trabajador nicaragüense, ni tan siquiera conoce al costarricense del cual tiene su nombre.
  • Que el pago se lo depositan a los nicaragüenses en una cuenta de un trabajador costarricense del mismo contratista que tiene cuenta en el Banco de Costa Rica, al cual le paga una comisión para que le saque el pago del cajero del banco.
  • Que cuando una persona está enferma por un riesgo de trabajo sufrido en la finca o por alguna otra enfermedad, en mismo contratista le presta dinero, del cual le cobra una gran comisión por interés, lo peor es que también le rebaja la cuota del seguro social.
  • Que el contratista les da una tarifa de una labor, por lo que los trabajadores se esfuerzan para alcanzar un salario regular, pero cuando les pagan, les indican que la tarifa es muy inferior.
  • Que señor contratista altera los montos de los rebajos por concepto del servicio que da la fonda, o sea les hace deducciones superiores a que realmente consumen.
  • Estas personas denuncian que muchos trabajadores que han laborado por varios años, les hacen las deducciones de las cuotas obrero patronales y no las trasladan a la Caja Costarricense del Seguro Social.
  • No les pagan aguinaldo, vacaciones, no les reconocen días feriados, horas extra, cesantía etc, etc.
  • Nos informan dos de los trabajadores que denunciaron las violaciones laborales y de las acciones a todas luces ilegales, que, como represalia por la conversación con nosotros, el contrista los despidió y le ordenó al fondero o persona que le vende la comida a las personas que viven el en baches, (casas de solteros) que no les dé más servicio de la comida.
  • Es importante mencionar que este grupo empresarial GRUPO ACON cuenta con más de 33 fincas bananeras y piñeras en el Caribe, Puerto Vejo de Sarapiquí y Zona Norte, según la información que dan los trabajadores, este contratista opera en más de 10 fincas de esta empresa, y al parecer la situación es muy similar.

Por lo anterior solicitamos lo siguiente:

  • Que la empresa GRUPO ACON interceda para que no se desaloje a los trabajadores del bache, y se les mantenga el trabajo de forma directa por la finca a todos los trabajadores de este contratista.
  • Se les reconozca todos los derechos laborales de los años laborados para la empresa a través del contratista.
  • Que la empresa elimine de forma inmediata la contratación por medio de los contratistas.
  • Que el Ministerio de Trabajo inicie una inspección profunda en las fincas donde opera este contrista, además que se tenga al sindicato SITRAP y ANEP como parte en el proceso.
  • A las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos condenar estas acciones ilegales, exigir a la empresa y al gobierno resolver estas injusticias que se está cometiendo contra las personas trabajadoras en estas fincas.

Atentamente

Didier Alexander Leitón Valverde.
Secretario General SITRAP.
Correo electrónico: secretariageneral@sitrap.net
SITRAP integrante de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros y Agroindustriales (COLSIBA)
SIN CONVENCIÓN COLECTIVA…NO HAY DEMOCRACIA CC. M T S S SITRAP: 50 años de lucha en la defensa de los derechos de la clase trabajadora de las plantaciones agrícolas en Costa Rica.
“Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan” Josep Pla.

La guillotina se volverá contra los verdugos de la clase obrera

“Supongo que te referirás a la Guillotina. No anda mal. Hoy sesenta y tres; no tardaremos en llegar a cien por día.” (Dickens)

Manuel Hernández

Joseph Ignace Guillotin (1738-1814) fue un famoso médico y diputado de la Asamblea Constituyente de Francia.

Al Dr. Guillotin se le atribuye la invención de la mortífera máquina, la guillotina, que garantizaba una muerte inmediata y efectiva, en un abrir y cerrar de ojos, aunque, en realidad, ya tenía antecedentes en otros países europeos.

Más de dieciseis mil cabezas rodaron, incluida la de Luis XVI y su esposa María Antonieta, a merced del despiadado artificio mecánico.

En Francia, la última ejecución con guillotina se realizó en 1977, y en otros países hasta finales del siglo XX.

No obstante, que desde fines del siglo pasado se dejó de utilizar la cuchilla de acero, en nuestro país todavía existe un procedimiento que en el argot parlamentario se denomina la “guillotina legislativa”.

La guillotina legislativa consiste en una técnica de lo más arbitraria, que enerva el debate parlamentario y vulnera el principio democrático.

Tiene diferentes formatos, una de los cuales consiste en votar las mociones de enmienda pendientes de un proyecto, de una, por autómatas diputados y diputadas, en un abrir y cerrar puertas del plenario, sin deliberación de ningún tipo.

Pues bien, a las mociones de fondo que estaban pendientes del proyecto de ley de la jornada 4X12 y la jornada anualizada (Expediente N°21182), desde el martes de esta semana, se les aplica este afilado dispositivo de degüello parlamentario, que caerá en la yugular de uno de los derechos más preciados de la clase trabajadora.

Son más de 700 mociones que quedaron sujetas al arbitrio de semejante herramienta de decapitación parlamentaria, cuyo objetivo sangriento es destruir una de las principales conquistas de la clase obrera, a contrapelo de los más elementales principios de justicia social y el sistema democrático.

Así, valiéndose de este espurio mecanismo político, se estaría aprobando, en definitiva, una ignominiosa ley, que, por un lado, significa un retroceso de más de 100 años, que no es poca cosa, probablemente la contra reforma social y laboral más deplorable de este período.

Por otro lado, una ley que violenta de manera evidente y manifiesta la Constitución Política y la legislación internacional.

Además, de ser una ley nociva que causará una grave afectación de las condiciones de vida y bienestar de las personas trabajadoras, principalmente mujeres.

Los descomunales vicios de constitucionalidad que contiene este insalubre proyecto, no solo por el fondo, sino también por el autoritario pseudo procedimiento que se instrumentó, amén de la violación de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, le auguran a esta ley, desde el punto de vista jurídico, una muerte efectiva y segura, una desafortunada suerte, que no será muy diferente a la del mismo Dr. Guillotin, quien, según una leyenda parisina, terminó siendo víctima de su propio fatídico invento.

Carlos Manuel Vega propone presentar coadyuvancias ante la Sala Constitucional

El 30 de mayo de 2023 la Sala Constitucional dio curso a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por ANEP. La acción tiene como objetivo declarar inconstitucionales varios artículos de la Ley Marco de Empleo Público N°10.159 (LMEP) por considerar que violan diversos derechos y principios constitucionales y de derechos humanos.

ANEP argumenta que los artículos impugnados lesionan los principios de división de poderes, igualdad, progresividad y no regresividad, seguridad jurídica, libertad sindical, derecho a la negociación colectiva, debido proceso, autonomías constitucionales, principio de retroactividad y derechos adquiridos. Señala que la LMEP otorga al MIDEPLAN funciones y decisiones que afectan el principio de división de poderes y las autonomías constitucionales. Además, se argumenta que la ley viola el principio de irretroactividad de la ley y afecta los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas.

Tambien criticó el «salario global» establecido por la ley, que representa una rebaja encubierta de salarios y una violación del principio de igualdad. Menciona la falta de compensación de la inflación anual y su impacto negativo en otros derechos económicos y sociales. Cuestiona la creación de una doble categoría de funcionarios en las instituciones públicas, con diferentes condiciones laborales y salariales. Además, argumenta que la ley concede al MIDEPLAN poderes para reducir las planillas de instituciones con independencia y autonomía constitucional, lo cual vulnera principios constitucionales y de seguridad jurídica.

ANEP, además, critica el nuevo proceso administrativo de despido establecido por la LMEP, que no cumple con los principios del debido proceso y las garantías reguladas en otras normas. Además, se menciona la limitación de las convenciones colectivas y la creación de una plataforma integrada de empleo público que manejará información sensible de los trabajadores sin definir límites claros.

Puede encontrar la resolución completa en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1157845

Ante esta situación Carlos Manuel Vega sugiere presentar coadyuvancias al proceso iniciado por ANEP para darle más fuerza.