La reintegración de la funcionaria Bersabeth Mena Acuña en la Municipalidad de Puntarenas, trajo consigo una bienvenida con aplausos y felicitaciones.
El despido de la funcionaria se dio de forma irregular, luego de denunciar a su jefatura por acoso laboral y sexual. Por lo que la Sala Segunda determina que debe ser reinstalada en igualdad de condiciones. Además, lejos de su victimario.
La trabajadora Mena agradeció el apoyo de la ANEP y otros funcionarios durante el proceso.
Seguimos experimentando y les presentamos una nueva sección de 5 MINUTOS… O MENOS, «Apague y vámonos», con Martín Chinchilla Castro como invitado y los dos conformamos… «Los Martín-nez».
En este primer «experimento», conversamos sobre la angustia que sienten los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, trabajando 12 horas diarias, de lunes a jueves, para aprobar un inhumano proyecto de Ley que modifica la jornada laboral a 12 horas diarias por 4 días seguidos (o 5 o 6 días), «el tiro por la culata».
Este lunes, la Junta Directiva de la CCSS, con el voto de 2 representantes del Gobierno de Chaves y 2 de sus acólitos del reaccionario sector empresarial, acordaron declarar exclusivos y excluyentes, una considerable cantidad de clases de puestos institucionales, profesionales, técnicos, administrativos y otros.
Esta declaratoria ya no sólo cubre a un grupo laboral, como se había pretendido originalmente, sino que ahora cobija un amplio colectivo de personas trabajadoras, de múltiples segmentos ocupacionales, cuya relación de empleo permanecerá regulada por la propia institución; eso sí, dentro del marco de la emergente Ley de Empleo Público.
Estamos totalmente seguros y convencidos que esta ampliación de los colectivos laborales que fueron declarados exclusivos y excluyentes, es el resultado directo e inmediato de las medidas de presión convocadas por los sindicatos que integran la Unidad Sindical, no obstante, la complicidad de alguna que otra organización que intentó infructuosamente dividir a las personas trabajadoras.
Sin embargo, ese mismo acuerdo ilegítimamente excluyó a más de 20.000 trabajadores y trabajadoras, que prestan sus servicios en los regímenes de salud, pensiones y prestaciones sociales, del carácter indiscutible de exclusivos y excluyentes, quebrando la unidad de gobierno, planificación, dirección y mando institucional, sometiendo la gobernanza de esos grupos ocupacionales a las directrices y mandatos del Gobierno de la República.
Segregar a las personas trabajadoras de la Caja, creando una especie de apartheid laboral, es manifiestamente inconstitucional, violentando lo resuelto, de manera reiterada por la Sala Constitucional: “Así el Poder Ejecutivo no puede actuar como director o en una relación de jerarquía frente a esta institución, no puede imponerle lineamientos, ni dar órdenes, ni controlar la oportunidad de sus actividades.” (Voto N°17098-2021).
La Sala Constitucional en el mismo voto advirtió: “(…) Sin embargo, en relación con determinados entes, tal como la CCSS, debido a su grado de autonomía, aun el mismo legislador no puede sujetarla a órdenes, directrices y regulaciones de un órgano del Poder Ejecutivo, pues ello va en contra del grado de autonomía y tutela conferida por la Constitución Política a esta institución.”
Esta jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional, despreciada por aquellos miembros de la Junta Directiva, obedientes de las amenazas del Presidente de la República y los desafueros de la Presidenta Ejecutiva, constituye un dique de contención que impide que las potestades regulatorias de la CCSS, particularmente en materia de recursos humanos, sean transferidas al Gobierno de la República.
En esta parte del acuerdo, la Junta Directiva olímpicamente se apartó de los rigurosos criterios técnicos de la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección Jurídica, la Dirección de Sistemas Institucionales y los informes gerenciales, que fueron convertidos y reciclados en productos de la canasta básica de la sala de sesiones de Junta Directiva: en papel higiénico, de una sola hoja.
En su lugar, a hurtadillas, valiéndose del golpe de Estado que sufrió la CCSS, entre ellos mismos nombraron una Comisión ad hoc, cuyos miembros no tienen ninguna formación profesional, ni pericia en los campos técnicos y especializados de la institución.
Esta impericia se refleja, de cuerpo entero, en los múltiples desatinos y gazapos que contiene tiene ese impresentable informe, hecho a imagen y semejanza de las instrucciones de Chaves, el cual no logra desvirtuar aquellos calificados informes institucionales.
Los directivos nombrados por el Gobierno de Rodrigo Chaves y que votaron este acuerdo, trasladándole a MIDEPLAN la rectoría de la relación de empleo de este alto porcentaje de trabajadores y trabajadoras, retractándose del juramento constitucional que rindieron, renunciaron servilmente a defender la autonomía de la CCSS.
La Unión Sindical CCSS, deplora este ignominioso extremo del acuerdo y advierte que recurrirá a las instancias judiciales y administrativas pertinentes a defender la autonomía de la Caja, la unidad e integridad de la familia de las personas trabajadoras de la Caja.
¡Condenamos que MIDEPLAN meta sus fauces y manos ambiciosas de poder en los destinos de la Caja!
Llamamos a los trabajadores a continuar firmes en la lucha, contra las políticas autoritarias, discriminatorias y privatizadoras del Gobierno y sus adeptos de Junta Directiva, participando activamente en la protesta que realizaremos este jueves 13 de julio y el sábado 15 de julio.
¡Fuera MIDEPLAN de la Caja!
¡Qué nadie se quede afuera!
12 julio de 2023
Trabajadores que NO fueron Declarados Exclusivos y Excluyentes
1-Trabajadores de Producción del Laboratorio de Parenterales
10-Trabajadores asistentes de Nutrición
2-Trabajadores de Producción de Laboratorio de Productos Farmacéuticos
11-Trabajadores Médicos Evaluadores 1 y 2
3-Trabajadores de Producción de Almacén General
12-Trabajadores profesionales 1-2-3-4
4-Trabajadores Administrativos de Sucursales
13-Trabajadores Directores Administrativos Financieros de Hospitales (Administradores)
5-Trabajadores de Recursos Humanos
14-Trabajadores de Tecnologías de la Información y la Comunicación
6-Trabajador de Registros y Estadísticas en Salud (Todos)
15-Trabajadores asistentes de la serie de la Administración (Todos)
7—Trabajadores de Servicios Generales tanto de Aseo como de Vigilancia
16-Trabajadores secretarias y Oficinistas (Todos)
8-Trabajadores Choferes
17-Trabajadores de Artes Gráficas
9-Trabajadores Técnicos 1 y 2 de mantenimiento
18-Trabajadores de Pensiones y de Prestaciones Médicas
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ha acudido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para solicitar con urgencia la intervención protectora del derecho a la seguridad social de las personas de edad en Costa Rica. En una petición conocida como «Other Letter» en el lenguaje diplomático-técnico, ANEP busca el respaldo internacional para abordar la problemática de las reformas recientes en el sistema de pensiones del país.
La reforma aprobada el 14 de diciembre de 2021 por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha generado una gran preocupación. Esta reforma modifica los artículos 5, 23 y 24, y deroga disposiciones transitorias finales XII, XIII, XIV y XV del Reglamento de Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. Dichos cambios han frustrado las expectativas de pensionarse de un considerable número de trabajadores, tanto del sector público como privado, quienes estaban cerca de cumplir todos los requisitos antes de que las modificaciones entrarán en vigor el 12 de enero de 2024.
ANEP presentó una argumentación jurídico-legal basada en la doctrina y en los tratados internacionales de Derechos Humanos que Costa Rica está obligada a respetar. Su petición al Consejo de Derechos Humanos de la ONU busca declarar que la vigencia y aplicación de las reformas mencionadas atentan contra los derechos de pensión, seguridad social, progresividad y seguridad jurídica de las personas pertenecientes al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS. ANEP sostiene que Costa Rica está experimentando un peligroso proceso de reversión de conquistas sociales, exclusión económica y sobre-explotación laboral. En este sentido, apelan a la Doctrina Universal de los Derechos Humanos y a los tratados internacionales suscritos por el país, como mecanismos estratégicos y de defensa obrero-social legítimos.
La solicitud de ANEP al Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene carácter urgente y busca la protección y el respeto a los derechos jubilatorios que las personas afectadas habían cumplido al 100% antes del 12 de enero de 2024. Hasta el momento, un primer grupo de 614 personas asociadas a ANEP se ha inscrito en el proceso de tutela obrera promovido en Costa Rica, específicamente para el sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS. Además, se ha abierto la inscripción para un segundo grupo de personas interesadas en unirse a ANEP.
Actualmente se espera que esta solicitud de intervención del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tenga un impacto significativo en la protección de los derechos jubilatorios de las personas de edad en Costa Rica y promueva un diálogo constructivo para abordar la situación en cuestión.
En el programa radial de Amelia Rueda, el lunes 3 de julio, la diputada Pilar Cisneros afirmó que el proyecto llamado 4/3 o de jornadas laborales de 12 horas, es importantísimo, porque de ese proyecto dependen miles y miles de empleos, particularmente en las zonas costeras. No explicó sobre qué bases se apoyaba para lanzar una afirmación tan fuerte, pero el caso es que, con la ligereza que le es característica, así lo dijo.
Esta idea merece ser reflexionada críticamente.
Primero, recordemos en qué consiste esta propuesta de ley. Básicamente lo que se hace es establecer jornadas ampliadas de 12 horas, suprimiendo el pago de horas extras. Se han contemplado dentro del proyecto, otras ideas que apuntan en el mismo sentido, como las de permitir un manejo flexible de las jornadas laborales a lo largo del año, por ejemplo en el caso del turismo, de forma que se alarguen esas jornadas durante la temporada alta y se reduzca durante la temporada baja.
Esto último significa que los vaivenes del negocio son colocados sobre los hombros de las personas trabajadoras, y a costa de su presupuesto familiar. El riesgo normal del negocio, que, según la ideología propia del capitalismo, debe ser asumido por la empresa, puesto que es eso lo que presuntamente justifica la ganancia, es trasladado a los trabajadores y las trabajadoras.
Pero hay algo más en todo esto, que constituye el común denominador de esta propuesta de ley, en sus diversas facetas: su objetivo fundamental es reducir costos mediante la reducción de salarios.
Por lo tanto, lo que se busca es que las empresas costarricenses sean más competitivas, no mediante una mejor gerencia, una mayor eficiencia en el uso de los recursos, con base en mejoras tecnológicas y, en fin, con base en la elevación de la productividad, sino mediante el recorte salarial. O sea: bajar costos, no mejorando el funcionamiento de las empresas, sino reduciendo el costo de la mano de obra o fuerza de trabajo que emplean.
Recordando las afirmaciones tan contundentes lanzadas por Cisneros, la pregunta entonces es: ¿es esa la forma correcta de propiciar la creación de empleos? En particular, ¿lograremos de esa forma generar los miles y miles de empleos de que habla la diputada?
En principio, la respuesta es “depende”.
En primer lugar, depende de si son empresas que producen para el mercado nacional, o si están orientadas al mercado externo, o sea, la exportación de productos, el turismo, etc.
Para las empresas que producen para el mercado nacional, la respuesta es: muy posiblemente el efecto será negativo, por la sencilla razón de que, al deprimirse los ingresos salariales, se deprime la demanda de los hogares trabajadores y, por lo tanto, se restringe su consumo, en cuyo caso es posible que caigan las ventas de las empresas que producen para el mercado nacional, lo cual frenará el empleo que estas generen.
Si son empresas que producen para el mercado externo, exportadoras o del turismo, debemos tener presente que el negocio de estas empresas depende de dos cosas: 1) que la demanda externa que esas empresas atienden sea dinámica y les permita vender mucho; 2) que puedan participar en los mercados internacionales de forma competitiva, o sea, con precios cómodos y buena calidad.
El proyecto de jornadas de 12 horas no afecta en nada el primero de estos puntos, o sea, a la demanda internacional no le hará ni cosquillas esa reforma.
Si puede afectar el segundo punto, el de la competitividad. En este caso, de lo que se trata, muy claramente, es de ganar competitividad, no mediante innovaciones tecnológicas, mejoras de la calidad, etc. sino exclusivamente bajando los salarios. O sea: reducir costos reduciendo la parte de los costos salariales y, por lo tanto, deteriorando las condiciones de vida de las familias trabajadoras.
El problema es que se les puede ir lo comido por lo servido, de forma que podrían terminar con un deterioro de la competitividad, no obstante la reducción de los salarios.
Hay dos factores que afectan directamente la competitividad empresarial:
Primero, las jornadas extendidas de 12 horas generan fatiga, y dañan la salud física y emocional de las personas.
Esas jornadas más largas, sin pago de extras y, por lo tanto, con reducción de los salarios, generan desmotivación y disgusto.
Claramente estos dos factores dañarán la competitividad de las empresas.
Todavía hay un tercer factor, de alcances más amplios y consecuencias a mediano y largo plazo: todo esto afecta negativamente lo que podemos llamar la reproducción de la mano de obra o reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, afecta aquellas condiciones, que en gran parte se satisfacen en el ámbito doméstico y hogareño, que garantizan la salud física y la estabilidad emocional de las personas, y de lo cual depende, decisivamente, su buena disposición para el trabajo, así como su actitud frente al sistema político, la democracia y la sociedad en general.
La mejor forma de ilustra ese punto es en relación con las graves consecuencias que esto traería para las mujeres trabajadoras jefas de hogar, pero, en general, para todas las mujeres trabajadoras a cuya jornada de trabajo fuera de casa, se suma la jornada de trabajo no remunerado dentro de casa. La consecuencia es, o exclusión de las mujeres de los mercados labores o deterioro de las condiciones de reproducción de la mano de obra en el ámbito hogareño.
En su conjunto, lo que se hace es sembrar vientos para cosechar tempestades en términos de un orden social más inestable, violento e inseguro, con agravadas amenazas para la democracia. Todo lo cual es territorio minado, en el cual difícilmente los negocios privados podrán florecer.
El asunto, pues, es mucho más complejo y de consecuencias mucho más amplias e insatisfactorias de lo que sugiere el discurso hueco, manipulador y demagógico de la diputada Cisneros.
El 28 de junio recién pasado, se llevó a cabo el proceso de elección de la Junta Directiva del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica, que estará en funciones a partir del 1 de julio, por el período 2023-2025. Este proceso electoral, fue organizado por el Tribunal Electoral del SINDEU.
A dicho proceso, concurrieron dos propuestas de trabajo y organización, presentadas por las respectivas tendencias: Nueva Ruta Sindical y Resistencia Sindical Unida. La segunda, a cargo de la Junta Directiva actual.
La actividad de emisión del voto transcurrió de forma ordenada, en un día cuyo clima contribuyó con el buen suceso. Luego del conteo de votos y llevado a cabo el procedimiento de formalización correspondiente, Resistencia Sindical Unida y el actual secretario general Harold Chavarría Vásquez, quedó reelecta, fue juramentada y estará al frente del SINDEU por el período antes mencionado.
El contexto nacional
Costa Rica no escapa a la embestida del neoliberalismo. Los logros en el bienestar social, la institucionalidad pública, los derechos laborales, conseguidos en las luchas llevadas a cabo por las organizaciones de los sectores trabajadores, como el derecho de huelga, de manifestación, derechos salariales, horarios laborales, para mencionar algunas conquistas, están bajo constante acecho.
Instituciones públicas como La Caja, las universidades públicas, el ICE, el A y A, el sector cultura, la educación pública en todos sus niveles, reclaman su defensa y la generosidad en la lucha.
El escenario es grande y complejo y ante tal demanda y en tal magnitud, debemos prepararnos.
El escenario interno
En el escenario interno, la Junta Directiva deberá proponerse, con arrojo y visión, el crecimiento de la membrecía del SINDEU, y la articulación de esfuerzos y caminos entre sus integrantes. Al crecimiento de la afiliación, debe dársele la atención necesaria a la afiliación del sector docente.
Ante las autoridades, debe plantearse propuestas concretas, con dignidad y firmeza. A toda la población universitaria, nos corresponde velar por la buena marcha de la Institución, así como fortalecer la visión de la universidad/país y la unión de fuerzas con los demás actores sociales.
La defensa de los derechos laborales debe ser firme en todos los aspectos, como las deudas a los salarios, por ejemplo. Por otro lado, en la mejora del acceso a recursos y facilidades económicas institucionales, hay que poner atención en aquello que viene sonando, sobre que la Junta se está convirtiendo en “una garrotera”.
En cuanto al Consejo Universitario, es necesario ser creativos y propositivos, y afinar el planteamiento de trabajo conjunto, para que todos aquellos aspectos que significan bienestar para la población trabajadora estén siempre en los primeros planos de la agenda y gestión de este órgano.
Con la Federación de Estudiantes, debe hacerse también un trabajo conjunto, con miras a clarificar y articular fuerzas y mecanismos de acción.
La Convención Colectiva: es imprescindible contar con mecanismos de un monitoreo constante y acción, sobre aquellos factores y actores que la fortalezcan o la debiliten.
En cuanto a la democratización del voto en la elección de actores a los cargos de autoridad, debe fortalecerse la lucha para tener una participación de peso en esa elección, ya que los electos, con sus decisiones afectan los intereses de la población trabajadora.
En la lucha por el FEES, el SINDEU debe fortalecer su participación, en la movilización, y tener presencia en las instancias decisorias.
El escenario externo
En este escenario es necesario esclarecer una combinación de factores: por un lado, priorizar cuales son las luchas por llevar adelante según nuestros intereses como sector sindical; así también, cuáles son los actores con los que contamos para hacer articulaciones y unión de fuerzas en esas luchas; por otro lado, cuáles son los actores opositores en esas luchas y con qué articulaciones cuentan.
La claridad en esta combinación de factores nos permite una planificación acertada de las luchas y disposiciones de fuerzas y momentos para abordarlas, consecuente con los logros a conseguir.
Claro está que este escenario externo está compuesto por distintas fuerzas como el gobierno, sus políticas neoliberales, su disposición de irrespeto al marco jurídico constitucional. Están también los otros poderes del Estado, con los que cierran filas según sus intereses.
Así mismo, figuran acá actores en contra de los intereses populares, como algunos partidos políticos, grupos de presión, grupos de interés, las empresas de desinformación y manipulación de la opinión pública, intereses foráneos, algunos grupos religiosos, entre otros.
El ámbito internacional
En este ámbito es de primer orden tener claridad sobre cuáles son los actores en defensa de los intereses de los sectores populares nacionales e internacionales, para coordinar fuerzas, acciones y medios a utilizar; y cuáles son los actores en contra de estos intereses, sus acciones y los medios de los que se valen.
Es necesario también tener claro cuáles son las instancias y espacios en las que se llevan a cabo las luchas; así como la organización, articulación, gestión, trabajo y movilización idóneos en este ámbito.
Muy importante acá, es el conocimiento del ámbito jurídico internacional, sus actores, andamiajes y manejos.
Claridad sobre los diferentes momentos
Para todas las personas integrantes del SINDEU que apoyaron a una u otra tendencia, es necesario tener claro que la contienda electoral ya quedo atrás y lo que sigue es la unión de fuerzas por los intereses del sector trabajador, y por la Universidad de Costa Rica; así como por la educación superior pública, por los intereses de los sectores populares del país y por la soberanía y el interés nacional.
Saludos, éxitos y nuestro apoyo a la Junta Directiva entrante.
El pasado 22 de junio el Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de San José condenó al AyA a pagar el monto dejado de pagar por: las horas de alimentación, seguridad social, régimen de invalidez y muerte de la CCSS, fondo de capitalización laboral y sistema de Pensiones Complementarias, Fondo de Ahorro de AyA, y a la organización Sindical SITRAA. Por el incumplimiento de los derechos fundamentales a trabajadores de esta institución.
Mario Rodríguez Bonilla Secretario General Sindicato de Trabajadores del AyA detalla que:
AyA es condenada al pago de horas extraordinarias a trabajadores por acciones violatorias al derecho laboral costarricense, ingeniero de Guanacaste les prohibía alimentarse, cambiarse y bañarse en su tiempo de jornada laboral a pesar de que los funcionarios laboraban con materia fecal, ahora por sus acciones miles de abonados deberán cancelar con sus recibos de agua y alcantarillado estos costos. Exigimos sea trasladado estos dineros a los ingenieros y jefaturas no a los ciudadanos.
Didier Leitón Valverde, secretario general de SITRAP explica la situación que padecen trabajadores de plantaciones con el irrespeto a los derechos humanos y a los derechos laborales.
Además, expone el papel que cumplen las certificadoras internacionales de esas plantaciones, que emiten sus calificaciones sin considerar la violación de derechos y las condiciones de vida no dignas para estas personas y sus familias.
Le invitamos a escuchar la breve exposición siguiendo este enlace.
Gerardo Villalobos expone su oposición a la jornada 4×3. Considera no poder cumplir una jornada de 12 horas, pues tiene una hija a quien debe recoger de la escuela todos los días, además de padecer de hipertensión. Por lo cual, le pide a los diputados que no aprueben la ley de la jornada 4×3.
ANEP y SITRAP visitaron dos fincas del Grupo ACON en Siquirres, donde trabajadores relataron una serie de hechos ejectuados por contratistas en complicidad con el departamento de Recursos Humanos. Les rebajan el seguro social, pero ni siquiera los reportan a la CCSS.
Le invitamos a ver el video con las denuncias:
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