La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ha acudido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para solicitar con urgencia la intervención protectora del derecho a la seguridad social de las personas de edad en Costa Rica. En una petición conocida como «Other Letter» en el lenguaje diplomático-técnico, ANEP busca el respaldo internacional para abordar la problemática de las reformas recientes en el sistema de pensiones del país.
La reforma aprobada el 14 de diciembre de 2021 por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha generado una gran preocupación. Esta reforma modifica los artículos 5, 23 y 24, y deroga disposiciones transitorias finales XII, XIII, XIV y XV del Reglamento de Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. Dichos cambios han frustrado las expectativas de pensionarse de un considerable número de trabajadores, tanto del sector público como privado, quienes estaban cerca de cumplir todos los requisitos antes de que las modificaciones entrarán en vigor el 12 de enero de 2024.
ANEP presentó una argumentación jurídico-legal basada en la doctrina y en los tratados internacionales de Derechos Humanos que Costa Rica está obligada a respetar. Su petición al Consejo de Derechos Humanos de la ONU busca declarar que la vigencia y aplicación de las reformas mencionadas atentan contra los derechos de pensión, seguridad social, progresividad y seguridad jurídica de las personas pertenecientes al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS. ANEP sostiene que Costa Rica está experimentando un peligroso proceso de reversión de conquistas sociales, exclusión económica y sobre-explotación laboral. En este sentido, apelan a la Doctrina Universal de los Derechos Humanos y a los tratados internacionales suscritos por el país, como mecanismos estratégicos y de defensa obrero-social legítimos.
La solicitud de ANEP al Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene carácter urgente y busca la protección y el respeto a los derechos jubilatorios que las personas afectadas habían cumplido al 100% antes del 12 de enero de 2024. Hasta el momento, un primer grupo de 614 personas asociadas a ANEP se ha inscrito en el proceso de tutela obrera promovido en Costa Rica, específicamente para el sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS. Además, se ha abierto la inscripción para un segundo grupo de personas interesadas en unirse a ANEP.
Actualmente se espera que esta solicitud de intervención del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tenga un impacto significativo en la protección de los derechos jubilatorios de las personas de edad en Costa Rica y promueva un diálogo constructivo para abordar la situación en cuestión.
En el programa radial de Amelia Rueda, el lunes 3 de julio, la diputada Pilar Cisneros afirmó que el proyecto llamado 4/3 o de jornadas laborales de 12 horas, es importantísimo, porque de ese proyecto dependen miles y miles de empleos, particularmente en las zonas costeras. No explicó sobre qué bases se apoyaba para lanzar una afirmación tan fuerte, pero el caso es que, con la ligereza que le es característica, así lo dijo.
Esta idea merece ser reflexionada críticamente.
Primero, recordemos en qué consiste esta propuesta de ley. Básicamente lo que se hace es establecer jornadas ampliadas de 12 horas, suprimiendo el pago de horas extras. Se han contemplado dentro del proyecto, otras ideas que apuntan en el mismo sentido, como las de permitir un manejo flexible de las jornadas laborales a lo largo del año, por ejemplo en el caso del turismo, de forma que se alarguen esas jornadas durante la temporada alta y se reduzca durante la temporada baja.
Esto último significa que los vaivenes del negocio son colocados sobre los hombros de las personas trabajadoras, y a costa de su presupuesto familiar. El riesgo normal del negocio, que, según la ideología propia del capitalismo, debe ser asumido por la empresa, puesto que es eso lo que presuntamente justifica la ganancia, es trasladado a los trabajadores y las trabajadoras.
Pero hay algo más en todo esto, que constituye el común denominador de esta propuesta de ley, en sus diversas facetas: su objetivo fundamental es reducir costos mediante la reducción de salarios.
Por lo tanto, lo que se busca es que las empresas costarricenses sean más competitivas, no mediante una mejor gerencia, una mayor eficiencia en el uso de los recursos, con base en mejoras tecnológicas y, en fin, con base en la elevación de la productividad, sino mediante el recorte salarial. O sea: bajar costos, no mejorando el funcionamiento de las empresas, sino reduciendo el costo de la mano de obra o fuerza de trabajo que emplean.
Recordando las afirmaciones tan contundentes lanzadas por Cisneros, la pregunta entonces es: ¿es esa la forma correcta de propiciar la creación de empleos? En particular, ¿lograremos de esa forma generar los miles y miles de empleos de que habla la diputada?
En principio, la respuesta es “depende”.
En primer lugar, depende de si son empresas que producen para el mercado nacional, o si están orientadas al mercado externo, o sea, la exportación de productos, el turismo, etc.
Para las empresas que producen para el mercado nacional, la respuesta es: muy posiblemente el efecto será negativo, por la sencilla razón de que, al deprimirse los ingresos salariales, se deprime la demanda de los hogares trabajadores y, por lo tanto, se restringe su consumo, en cuyo caso es posible que caigan las ventas de las empresas que producen para el mercado nacional, lo cual frenará el empleo que estas generen.
Si son empresas que producen para el mercado externo, exportadoras o del turismo, debemos tener presente que el negocio de estas empresas depende de dos cosas: 1) que la demanda externa que esas empresas atienden sea dinámica y les permita vender mucho; 2) que puedan participar en los mercados internacionales de forma competitiva, o sea, con precios cómodos y buena calidad.
El proyecto de jornadas de 12 horas no afecta en nada el primero de estos puntos, o sea, a la demanda internacional no le hará ni cosquillas esa reforma.
Si puede afectar el segundo punto, el de la competitividad. En este caso, de lo que se trata, muy claramente, es de ganar competitividad, no mediante innovaciones tecnológicas, mejoras de la calidad, etc. sino exclusivamente bajando los salarios. O sea: reducir costos reduciendo la parte de los costos salariales y, por lo tanto, deteriorando las condiciones de vida de las familias trabajadoras.
El problema es que se les puede ir lo comido por lo servido, de forma que podrían terminar con un deterioro de la competitividad, no obstante la reducción de los salarios.
Hay dos factores que afectan directamente la competitividad empresarial:
Primero, las jornadas extendidas de 12 horas generan fatiga, y dañan la salud física y emocional de las personas.
Esas jornadas más largas, sin pago de extras y, por lo tanto, con reducción de los salarios, generan desmotivación y disgusto.
Claramente estos dos factores dañarán la competitividad de las empresas.
Todavía hay un tercer factor, de alcances más amplios y consecuencias a mediano y largo plazo: todo esto afecta negativamente lo que podemos llamar la reproducción de la mano de obra o reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, afecta aquellas condiciones, que en gran parte se satisfacen en el ámbito doméstico y hogareño, que garantizan la salud física y la estabilidad emocional de las personas, y de lo cual depende, decisivamente, su buena disposición para el trabajo, así como su actitud frente al sistema político, la democracia y la sociedad en general.
La mejor forma de ilustra ese punto es en relación con las graves consecuencias que esto traería para las mujeres trabajadoras jefas de hogar, pero, en general, para todas las mujeres trabajadoras a cuya jornada de trabajo fuera de casa, se suma la jornada de trabajo no remunerado dentro de casa. La consecuencia es, o exclusión de las mujeres de los mercados labores o deterioro de las condiciones de reproducción de la mano de obra en el ámbito hogareño.
En su conjunto, lo que se hace es sembrar vientos para cosechar tempestades en términos de un orden social más inestable, violento e inseguro, con agravadas amenazas para la democracia. Todo lo cual es territorio minado, en el cual difícilmente los negocios privados podrán florecer.
El asunto, pues, es mucho más complejo y de consecuencias mucho más amplias e insatisfactorias de lo que sugiere el discurso hueco, manipulador y demagógico de la diputada Cisneros.
El 28 de junio recién pasado, se llevó a cabo el proceso de elección de la Junta Directiva del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica, que estará en funciones a partir del 1 de julio, por el período 2023-2025. Este proceso electoral, fue organizado por el Tribunal Electoral del SINDEU.
A dicho proceso, concurrieron dos propuestas de trabajo y organización, presentadas por las respectivas tendencias: Nueva Ruta Sindical y Resistencia Sindical Unida. La segunda, a cargo de la Junta Directiva actual.
La actividad de emisión del voto transcurrió de forma ordenada, en un día cuyo clima contribuyó con el buen suceso. Luego del conteo de votos y llevado a cabo el procedimiento de formalización correspondiente, Resistencia Sindical Unida y el actual secretario general Harold Chavarría Vásquez, quedó reelecta, fue juramentada y estará al frente del SINDEU por el período antes mencionado.
El contexto nacional
Costa Rica no escapa a la embestida del neoliberalismo. Los logros en el bienestar social, la institucionalidad pública, los derechos laborales, conseguidos en las luchas llevadas a cabo por las organizaciones de los sectores trabajadores, como el derecho de huelga, de manifestación, derechos salariales, horarios laborales, para mencionar algunas conquistas, están bajo constante acecho.
Instituciones públicas como La Caja, las universidades públicas, el ICE, el A y A, el sector cultura, la educación pública en todos sus niveles, reclaman su defensa y la generosidad en la lucha.
El escenario es grande y complejo y ante tal demanda y en tal magnitud, debemos prepararnos.
El escenario interno
En el escenario interno, la Junta Directiva deberá proponerse, con arrojo y visión, el crecimiento de la membrecía del SINDEU, y la articulación de esfuerzos y caminos entre sus integrantes. Al crecimiento de la afiliación, debe dársele la atención necesaria a la afiliación del sector docente.
Ante las autoridades, debe plantearse propuestas concretas, con dignidad y firmeza. A toda la población universitaria, nos corresponde velar por la buena marcha de la Institución, así como fortalecer la visión de la universidad/país y la unión de fuerzas con los demás actores sociales.
La defensa de los derechos laborales debe ser firme en todos los aspectos, como las deudas a los salarios, por ejemplo. Por otro lado, en la mejora del acceso a recursos y facilidades económicas institucionales, hay que poner atención en aquello que viene sonando, sobre que la Junta se está convirtiendo en “una garrotera”.
En cuanto al Consejo Universitario, es necesario ser creativos y propositivos, y afinar el planteamiento de trabajo conjunto, para que todos aquellos aspectos que significan bienestar para la población trabajadora estén siempre en los primeros planos de la agenda y gestión de este órgano.
Con la Federación de Estudiantes, debe hacerse también un trabajo conjunto, con miras a clarificar y articular fuerzas y mecanismos de acción.
La Convención Colectiva: es imprescindible contar con mecanismos de un monitoreo constante y acción, sobre aquellos factores y actores que la fortalezcan o la debiliten.
En cuanto a la democratización del voto en la elección de actores a los cargos de autoridad, debe fortalecerse la lucha para tener una participación de peso en esa elección, ya que los electos, con sus decisiones afectan los intereses de la población trabajadora.
En la lucha por el FEES, el SINDEU debe fortalecer su participación, en la movilización, y tener presencia en las instancias decisorias.
El escenario externo
En este escenario es necesario esclarecer una combinación de factores: por un lado, priorizar cuales son las luchas por llevar adelante según nuestros intereses como sector sindical; así también, cuáles son los actores con los que contamos para hacer articulaciones y unión de fuerzas en esas luchas; por otro lado, cuáles son los actores opositores en esas luchas y con qué articulaciones cuentan.
La claridad en esta combinación de factores nos permite una planificación acertada de las luchas y disposiciones de fuerzas y momentos para abordarlas, consecuente con los logros a conseguir.
Claro está que este escenario externo está compuesto por distintas fuerzas como el gobierno, sus políticas neoliberales, su disposición de irrespeto al marco jurídico constitucional. Están también los otros poderes del Estado, con los que cierran filas según sus intereses.
Así mismo, figuran acá actores en contra de los intereses populares, como algunos partidos políticos, grupos de presión, grupos de interés, las empresas de desinformación y manipulación de la opinión pública, intereses foráneos, algunos grupos religiosos, entre otros.
El ámbito internacional
En este ámbito es de primer orden tener claridad sobre cuáles son los actores en defensa de los intereses de los sectores populares nacionales e internacionales, para coordinar fuerzas, acciones y medios a utilizar; y cuáles son los actores en contra de estos intereses, sus acciones y los medios de los que se valen.
Es necesario también tener claro cuáles son las instancias y espacios en las que se llevan a cabo las luchas; así como la organización, articulación, gestión, trabajo y movilización idóneos en este ámbito.
Muy importante acá, es el conocimiento del ámbito jurídico internacional, sus actores, andamiajes y manejos.
Claridad sobre los diferentes momentos
Para todas las personas integrantes del SINDEU que apoyaron a una u otra tendencia, es necesario tener claro que la contienda electoral ya quedo atrás y lo que sigue es la unión de fuerzas por los intereses del sector trabajador, y por la Universidad de Costa Rica; así como por la educación superior pública, por los intereses de los sectores populares del país y por la soberanía y el interés nacional.
Saludos, éxitos y nuestro apoyo a la Junta Directiva entrante.
El pasado 22 de junio el Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de San José condenó al AyA a pagar el monto dejado de pagar por: las horas de alimentación, seguridad social, régimen de invalidez y muerte de la CCSS, fondo de capitalización laboral y sistema de Pensiones Complementarias, Fondo de Ahorro de AyA, y a la organización Sindical SITRAA. Por el incumplimiento de los derechos fundamentales a trabajadores de esta institución.
Mario Rodríguez Bonilla Secretario General Sindicato de Trabajadores del AyA detalla que:
AyA es condenada al pago de horas extraordinarias a trabajadores por acciones violatorias al derecho laboral costarricense, ingeniero de Guanacaste les prohibía alimentarse, cambiarse y bañarse en su tiempo de jornada laboral a pesar de que los funcionarios laboraban con materia fecal, ahora por sus acciones miles de abonados deberán cancelar con sus recibos de agua y alcantarillado estos costos. Exigimos sea trasladado estos dineros a los ingenieros y jefaturas no a los ciudadanos.
Didier Leitón Valverde, secretario general de SITRAP explica la situación que padecen trabajadores de plantaciones con el irrespeto a los derechos humanos y a los derechos laborales.
Además, expone el papel que cumplen las certificadoras internacionales de esas plantaciones, que emiten sus calificaciones sin considerar la violación de derechos y las condiciones de vida no dignas para estas personas y sus familias.
Le invitamos a escuchar la breve exposición siguiendo este enlace.
Gerardo Villalobos expone su oposición a la jornada 4×3. Considera no poder cumplir una jornada de 12 horas, pues tiene una hija a quien debe recoger de la escuela todos los días, además de padecer de hipertensión. Por lo cual, le pide a los diputados que no aprueben la ley de la jornada 4×3.
ANEP y SITRAP visitaron dos fincas del Grupo ACON en Siquirres, donde trabajadores relataron una serie de hechos ejectuados por contratistas en complicidad con el departamento de Recursos Humanos. Les rebajan el seguro social, pero ni siquiera los reportan a la CCSS.
Representación sindical del BUSSCO y confederaciones en OIT
Comunicado:
La Comisión de Aplicación de Normas hizo una fuerte condena al Gobierno de Costa Rica en sus conclusiones como resultado de la evaluación al cumplimiento del Convenio 122 de la OIT.
1- Lamentó que el Gobierno no tenga ni diseñada ni aplicada una política integral a fin de promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido.
2- Le insta a impulsar una política integral de empleo para promover la creación de oportunidades que vaya en correspondencia plena al Convenio 122 de la 01T, referente a políticas de empleo.
3- Le insta a promover esfuerzos para promover el diálogo social e incluir a los interlocutores sociales en iniciativas en curso y en las que puedan impulsarse en el futuro en materia de políticas y programas de empleo, orientadas a incorporar con énfasis a jóvenes, mujeres e igualdad de oportunidades.
4- Le pide que muestre impactos reales de la Estrategia Nacional de Empleo y Desarrollo Productivo (ENDEP) y del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020 que vayan en correspondencia con el Convenio 122.
5- Le solicita tomar medidas para garantizar que la Ley 9635 de las Finanzas Públicas se ajuste plenamente al Convenio 122 y que no vulnere los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
6- Indicar los mecanismos de consulta utilizados con trabajadores y empleadores sobre políticas y programas de empleo impulsadas por el gobierno, incluyendo la Ley 9635 de Finanzas Públicas. Además, le hace la excitativa del deber de garantizar la consulta tripartita sobre el desarrollo de políticas y programas de empleo mediante la creación de un Consejo Tripartito Nacional.
El gobierno deberá responder con información completa y exhaustiva sobre todo lo señalado a la Comisión de Expertos de la OIT antes del 1 de setiembre 2023.
El gobierno por intermedio del viceministro de Trabajo rechazó en todos sus extremos dichas conclusiones, señaló que «deslucen» a la comisión e incluso dijo que se «abre un paso muy peligroso hacia la inseguridad jurídica». Es evidente que garantizar el cumplimiento de la normativa laboral para el actual gobierno representa inseguridad jurídica.
Del lado de la UCCAEP que defendieron abiertamente al gobierno e incluso pusieron a defenderlo a una buena parte del empresariado latinoamericano, es también un duro revés, dado su apoyo a todas las leyes anti laborales de estos últimos años.
El resultado de la 111 Conferencia de la OIT sobre Costa Rica, evidencia que en el escenario internacional no pasa desapercibido el fuerte retroceso en materia y derechos laborales a nivel nacional y que se considera prioritario defender las conquistas alcanzadas como país e impedir que esta tendencia retardataria y conservadora desmantele totalmente el Estado Social Costarricense.
Instamos al Estado costarricense a reconocer los obstáculos que enfrentan las personas trabajadoras migrantes y refugiadas para el acceso a sus derechos. Llamamos la atención para que se tomen medidas inmediatas e integrales para su garantía.
San José. – En el marco del mes de las personas trabajadoras, organizaciones de la sociedad civil participamos en un encuentro para discutir sobre los desafíos a los que se enfrentan las personas trabajadoras migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en Costa Rica y cómo ello afecta su integración y el acceso a sus derechos.
Una de las razones que identificamos a partir de este encuentro, y la cual consideramos imposibilita la efectiva creación y administración de políticas públicas que garanticen la integración de las personas trabajadoras migrantes a las comunidades de acogida, es el escaso registro que existe tanto del flujo de personas trabajadoras migrantes como del acceso a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como a condiciones laborables justas.
Denunciamos que la reducción de presupuesto y recursos estatales profundiza la complejidad en los procesos de regularización migratoria. Los requisitos, en algunos casos incumplibles, generan costos y demoras que conducen a un círculo vicioso de irregularidad migratoria, imposibilitando a las personas trabajadoras migrantes al acceso de condiciones laborales equitativas y empujándolas a la informalidad. Asimismo, evidenciamos que las recientes medidas en materia de migración implementadas por el gobierno costarricense profundizan las deudas históricas del Estado con esta población. El Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 limita su capacidad de trabajar y exige que la solicitud de asilo sea realizada dentro de los primeros 30 días del ingreso al país; esto contraviene abiertamente los estándares internacionales de derechos humanos, pues lesiona el derecho a buscar y recibir asilo, el debido proceso, el derecho de defensa y el acceso a las diversas instancias, además de lesionar el derecho a trabajar de las personas solicitantes y refugiadas así como su libertad de tránsito.
La informalidad laboral provocada por la irregularidad migratoria suscita escenarios que agravan la susceptibilidad a sufrir abuso laboral, discriminación y trata; situaciones complejas de prevenir y denunciar en sectores como el privado. Un ejemplo concreto de ello es el de las trabajadoras domésticas.
Destacamos la necesidad de que el Estado costarricense cumpla con garantizar los derechos de las personas migrantes de conformidad con las obligaciones adquiridas mediante la ratificación de diversos instrumentos internacionales y su propia normativa interna. Consecuentemente, instamos al Estado a implementar instrumentos internacionales como los Convenios 111 y 189; y la ratificación del Convenio 190 (todos de la Organización Internacional del Trabajo- OIT). Mecanismos de protección ante la discriminación en el empleo, que garanticen el acceso a trabajo digno para las personas trabajadoras, así como la prevención de la violencia y el acoso en el contexto laboral.
Aunado a lo antes mencionado, ponemos sobre la mesa la creciente brecha digital provocada por la implementación de herramientas tecnológicas y digitales para llevar a cabo trámites migratorios, solicitud de asilo y la inscripción a la Caja costarricense del seguro social (CCSS). Estas medidas se han implementado sin considerar la situación de las personas migrantes que carecen de medios para acceder a dichos dispositivos o que viven en zonas rurales con poco acceso a internet. Esto supone la violación de derechos, como: a) recibir información clara, planteada en términos accesibles para la comprensión de sus derechos; b) conocer los requisitos para ingresar o permanecer en el país; y c) ser informadas sobre las medidas que el Estado pudiese tomar sobre su persona.
En consideración de que actualmente se encuentra en desarrollo la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034, solicitamos a las autoridades a implementar medidas que faciliten la integración de las personas y a no obstaculizar su acceso al trabajo justo y digno; así como a considerar el rol de la responsabilidad social empresarial (RSE) para la creación de medidas inclusivas de toda la población en movilidad en el país, desde una perspectiva interseccional que atienda particularidades de género, identidad, orientación sexual, entre otros.
En virtud de lo anterior, le solicitamos al Estado de Costa Rica que:
Adecúe su marco normativo para derogar el Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 y garantice vías de regularización adecuadas y viables para los diferentes perfiles e interseccionalidades de las personas, reduciendo los costos migratorios, simplificando trámites y cumpliendo con los 90 días de respuesta indicados por la ley.
Mantenga abiertos los canales de comunicación con las organizaciones de y pro personas migrantes, a través de mecanismos de comunicación expeditos con la comunidad en movilidad, con el objeto de que las personas puedan ejercer de manera adecuada su derecho a la información; y facilite mecanismos que acorten la brecha digital que ha significado la implementación de herramientas digitales.
Que en el marco de la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034 se apliquen perspectivas inclusivas, de género y de derechos humanos, de manera que los desafíos a los que sobreviven las personas sean abarcados contemplando su interseccionalidad desde la intersectorialidad institucional, logrando una integración de diversos sectores institucionales con una visión conjunta para resolver problemas sociales.
Avance en capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos y actores privados que tienen directa interacción con la comunidad en movilidad en la entrega de servicios, para garantizar la promoción y protección de los derechos de las personas en movilidad humana en el país.
Que se revitalice el Consejo Nacional de Migración, según lo establece la Ley General de Migración y Extranjería, como espacio técnico-político que recomienda al Poder Ejecutivo las políticas migratorias. Nos preocupa que en el último año de gobierno, este Consejo se ha convertido en un espacio informativo y no deliberativo.
Organizaciones firmantes:
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS).
Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA CASABIERTA).
Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Asociación Scalabriniana al Servicio de Migrantes.
Ante el llamado de personas trabajadoras de fincas bananeras en Siquirres Limón, Freeman 01 y 02 de la empresa Limofrut S.A propiedad del denominado GRUPO ACÓN, una delegación de SITRAP y ANEP nos hicimos presentes en los baches de la finca el día miércoles 07 de junio para escuchar a las personas trabajadoras, las personas entrevistadas denuncian las graves violaciones de derechos humanos prácticamente están en estado de esclavitud como sucede en algunas plantaciones bananeras.
Según los trabajadores en estas fincas hay grandes grupos de trabajadores que laboran para esta empresa GRUPO ACON atravez de una empresa contratista denominada Company Ceskey Sociedad Anónima, el cargo de presidente de esa sociedad es ocupado por el señor Cesar Rodolfo Colman Arce.
Indican que hay muchas personas nicaragüenses trabajando con documentos de personas costarricenses, que la forma de obtener los documentos de los nacionales, es cuando estos llegan a buscar trabajo, les toman los datos, y para cuando llaga un compañero nicaragüense a buscar trabajo, lo contratan con los papeles del costarricense, pero el trabajador nicaragüense, ni tan siquiera conoce al costarricense del cual tiene su nombre.
Que el pago se lo depositan a los nicaragüenses en una cuenta de un trabajador costarricense del mismo contratista que tiene cuenta en el Banco de Costa Rica, al cual le paga una comisión para que le saque el pago del cajero del banco.
Que cuando una persona está enferma por un riesgo de trabajo sufrido en la finca o por alguna otra enfermedad, en mismo contratista le presta dinero, del cual le cobra una gran comisión por interés, lo peor es que también le rebaja la cuota del seguro social.
Que el contratista les da una tarifa de una labor, por lo que los trabajadores se esfuerzan para alcanzar un salario regular, pero cuando les pagan, les indican que la tarifa es muy inferior.
Que señor contratista altera los montos de los rebajos por concepto del servicio que da la fonda, o sea les hace deducciones superiores a que realmente consumen.
Estas personas denuncian que muchos trabajadores que han laborado por varios años, les hacen las deducciones de las cuotas obrero patronales y no las trasladan a la Caja Costarricense del Seguro Social.
No les pagan aguinaldo, vacaciones, no les reconocen días feriados, horas extra, cesantía etc, etc.
Nos informan dos de los trabajadores que denunciaron las violaciones laborales y de las acciones a todas luces ilegales, que, como represalia por la conversación con nosotros, el contrista los despidió y le ordenó al fondero o persona que le vende la comida a las personas que viven el en baches, (casas de solteros) que no les dé más servicio de la comida.
Es importante mencionar que este grupo empresarial GRUPO ACON cuenta con más de 33 fincas bananeras y piñeras en el Caribe, Puerto Vejo de Sarapiquí y Zona Norte, según la información que dan los trabajadores, este contratista opera en más de 10 fincas de esta empresa, y al parecer la situación es muy similar.
Por lo anterior solicitamos lo siguiente:
Que la empresa GRUPO ACON interceda para que no se desaloje a los trabajadores del bache, y se les mantenga el trabajo de forma directa por la finca a todos los trabajadores de este contratista.
Se les reconozca todos los derechos laborales de los años laborados para la empresa a través del contratista.
Que la empresa elimine de forma inmediata la contratación por medio de los contratistas.
Que el Ministerio de Trabajo inicie una inspección profunda en las fincas donde opera este contrista, además que se tenga al sindicato SITRAP y ANEP como parte en el proceso.
A las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos condenar estas acciones ilegales, exigir a la empresa y al gobierno resolver estas injusticias que se está cometiendo contra las personas trabajadoras en estas fincas.
Atentamente
Didier Alexander Leitón Valverde. Secretario General SITRAP. Correo electrónico: secretariageneral@sitrap.net SITRAP integrante de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP) Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros y Agroindustriales (COLSIBA) SIN CONVENCIÓN COLECTIVA…NO HAY DEMOCRACIA CC. M T S S SITRAP: 50 años de lucha en la defensa de los derechos de la clase trabajadora de las plantaciones agrícolas en Costa Rica. “Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan” Josep Pla.
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