SINTRAJAP expresa que JAPDEVA violenta la medida cautelar y resolución de la Sala Constitucional, por lo que los despidos ejecutados son ilegales. SURCOS comparte la carta enviada por el secretario general de SINTRAJAP, Antonio Wells Medina a la presidenta ejecutiva de la institución y al Consejo de Administración.
Luego de saludarles respetuosamente, pasamos nuevamente a exponerles los siguientes puntos para su efectiva aplicación, de cual exponernos a continuación:
El incumplimiento de la medida cautelar vigente por parte de JAPDEVA, otorgada por el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito EXP: 18-000657-0679-LA Judicial de la Zona Atlántica, mediante el auto de las once horas y veintiún minutos del diez de agosto del año dos mil dieciocho. La cual se indica: «Se ordena a la parle emplazada a (sic) la suspensión inmediata de Despidos por este motivo y lo sucesivo mientras se tramita este proceso.»
Que mediante esta medida cautelar indicada en el punto anterior se ha garantizado el derecho de los trabajadores a tener trabajo lo cual buscamos sean efectivos y que de parte de JAPDEVA sean respetados.
JAPDEVA igualmente está incumpliendo lo resuelto por la Sala Constitucional mediante el Voto N° 2019-018505 de las once horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil diecinueve, con el proceso de reorganización y de implementación establecido en la Ley N°9764 (Ley de Transformación de Japdeva) y el fuero especial con que cuentan los trabajadores de Japdeva a través de la Convención Colectiva. Hacemos notar, además, que siendo que a la fecha no se ha resuelto el levantamiento de la medida cautelar, la presidencia ejecutiva y la Administración de Japdeva ha procedido con los despidos prohibidos por la Medida Cautelar vigente, actuando JAPDEVA contrario a lo dictado por un Juez de la Republica de Costa Rica.
Además, es necesario indicar que nunca JAPDEVA contó con una base técnica para saber la cantidad de personal con la que debe operar JAPDEVA versus los movimientos de carga.
Por todo lo anterior, solicitamos la reinstalación de los trabajadores cesados y se detengan los ceses en JAPDEVA, por cuanto son ilegales según lo que ha establecido el Juzgado de Trabajo y lo advertido por la Sala Constitucional.
Un importante grupo de personas extrabajadoras de JAPDEVA protestaron frente a la Asamblea Legislativa este martes 15 de noviembre. Su reclamo: “Son demasiados los atropellos que sufren los trabajadores en JAPDEVA y no hay un rumbo claro de los procesos de reestructuración de la institución”.
La movilización coincidió con una petición a la presidencia legislativa para suspender durante 20 minutos la sesión, a fin de que la Comisión Especial de Limón atendiera al grupo de limonenses presentes en el Congreso. La solicitud fue firmada por los diputados Jonathan Acuña Soto, jefe de la fracción del Frente Amplio y Oscar Izquierdo Sandí, subjefe de la bancada del Partido Liberación Nacional. Asimismo, la diputada Ada Acuña Castro, del Partido Social Democrático envió una nota a las autoridades superiores del Poder Ejecutivo con la solicitud de “una escucha enfática, que promueva acciones propositivas para el beneficio de la provincia de Limón”.
La legisladora puntualiza en su carta que es necesario “un espacio de reunión, con la participación de una comisión de empleados y ex trabajadores de la institución, de forma tal que se construya un diálogo franco sobre los planes estratégicos y propuestas que desarrollarán con la autoridad portuaria y su personal”.
Agrega la diputada Ada Acuña Castro: “El día de hoy representantes del sindicato de JAPDEVA se presentaron en las instalaciones del Congreso, para requerir el apoyo … para que sean escuchados sobre la propuesta de transformación del Gobierno, ya que han enviado documentación al respecto y no han sido atendidos y además alertaron públicamente supuestas irregularidades en el accionar de la Presidencia Ejecutiva de JAPDEVA”.
El lunes 07 de noviembre, se llevó a cabo un conversatorio sobre el tema «Hacia una Costa Rica en Paz Social. Aportando en el contexto internacional en pro de la eliminación de las guerras y de todo tipo de violencias», en la sala de conferencias -3, de la Asamblea Legislativa.
El 07 de noviembre es una fecha memorable, debido a que fue ese mismo día pero de 1889, que se dio el primer alzamiento popular presente en Costa Rica, donde se exigió que se respetarán los resultados electorales, puesto que habían dos partidos políticos, uno de ellos el Liberal Progresista (del Gobierno) y el Constitucional Democrático. En ese momento el presidente era Bernardo Soto, el cual apoyaba a Ascención Esquivel Ibarra, candidato del partido del gobierno, y por ende, quería favorecerlo, y desconocer el resultado de las elecciones, debido a que fue el señor Jose Joaquín Rodríguez quién ganó, lo anterior fue el detonante del alzamiento. Por eso, actualmente este día se conoce como «Día de la democracia costarricense», porque conmemora la lucha de los ciudadanos por respetar sus derechos.
Ahora bien, en el conversatorio también se mencionó la importancia de reconocer los derechos de las comunidades, el tener una identidad propia, lo cual es fundamental para construir la paz, al igual que los derechos laborales, los cuales se dan por sentado, porque se está enajenado, pero que es importante conocerlos.
«Realmente es en las brechas sociales, es en la desigualdad, es en ese odio, en esa ignorancia, es en esa incapacidad de reconocernos los unos a los otros que se gesta las guerras» (Rocío Alfaro), asimismo, menciona que hasta que entendamos que el otro soy yo, va a haber paz.
Se adjunta video del conversatorio para más detalles:
GINEBRA (10 de noviembre de 2022) – El Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, Tomoya Obokata, realizará una visita a Costa Rica del 16 al 25 de noviembre de 2022.
Durante la visita, el experto examinará casos de explotación laboral que pueden equivaler a trabajo forzoso o en condiciones de servidumbre en diversos sectores de la economía como la agricultura/agroindustria, el turismo, la industria manufacturera y el trabajo doméstico. Obokata también evaluará en qué medida prevalecen las peores formas de trabajo infantil en el país y qué medidas han tomado el Gobierno y las empresas para eliminar estas prácticas.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible exigen a los Estados de «adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a la esclavitud moderna y a la trata de seres humanos y garantizar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y para 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.»
«Al convertirse en un país «Pathfinder» en el marco de la Alianza 8.7, Costa Rica se comprometió a acelerar la acción en este sentido y deseo evaluar qué progresos se han realizado para poner fin a la esclavitud en el país, cuáles son los desafíos restantes y qué más se necesita para poner fin a las prácticas similares a la esclavitud, incluso en el sector privado», dijo Obokata.
El Relator Especial pasará un tiempo en San José y Los Chiles, y se reunirá con funcionarios del gobierno, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, representantes de la ONU y del sistema interamericano de derechos humanos, organizaciones internacionales y miembros de la comunidad diplomática.
Obokata compartirá sus observaciones preliminares en una conferencia de prensa híbrida el 25 de noviembre en la Casa de la ONU, Oficentro La Virgen No. 2, Zona Industrial, Pavas, San José, a las 10 A.M hora local. El acceso estará estrictamente limitado a los periodistas.
El Relator Especial presentará un informe completo al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2023.
FIN
El Sr. Tomoya Obokata fue nombrado Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud en marzo de 2020. El Sr. Obokata es un estudioso japonés del derecho internacional y los derechos humanos, especializado en la delincuencia organizada transnacional, la trata de personas y la esclavitud moderna. Actualmente es profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de York, y anteriormente enseñó en la Universidad de Keele, en la Universidad de Queen’s Belfast y en la Universidad de Dundee (todas ellas en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte).
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
En el proyecto de Ley 23331 se pretende autorizar la venta del conglomerado BCR, a lo cual el movimiento social y sindical se opone.
Esa lucha procura exigir el respeto a todos los derechos laborales.
En comunicado recibido por SURCOS, se señala que el conglomerado del BCR se enfoca en tres ejes importantes:
La pretendida venta del BCR implica el desmantelamiento del Estado Social de Derecho de nuestro país, a partir de la privatización o venta de activos del estado.
El valor social que representa la venta del BCR para cada uno de los ciudadanos costarricenses, que por estimaciones que se han realizado, este costo social ronda por los 400.000 millones de colones.
Dar la lucha por los derechos laborales de todos los ciudadanos costarricenses es urgente en este momento.
Por lo tanto, ¡El BCR no se vende con este proyecto y con ningún otro!
105 trabajadores fueron despedidos hace casi un año y a la fecha no han recibido el pago de sus liquidaciones.
Pese a existir un acuerdo con el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, la entonces ministra de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Marta Esquivel Rodríguez y la ANEP, la empresa ALUNASA incumplió nuevamente sus responsabilidades patronales con los trabajadores de la empresa de capital venezolano, que esperaban el día de ayer, 7 de noviembre, recibir el pago de sus liquidaciones.
La deuda de la empresa ALUNASA haciende a poco más de mil millones de colones (1,021,296,900), por el despido de 105 trabajadores realizado el 16 de noviembre del 2021, quienes a la fecha no han recibido ni un solo pago por concepto de liquidaciones.
José Luis Rosales Elizondo, presidente de la seccional ANEP-ALUNASA, detalló que con mucho pesar los trabajadores han comprobado cómo los representantes patronales han incumplido con el pago acordado con el Ministerio de Trabajo como garante.
“Son muchas las familias que contaban con este dinero, para arreglar pagos con bancos y evitar perder sus propiedades… En pocos días se cumplirá un año desde nuestros despidos, y aquí estamos aun esperando, el justo pago de nuestras liquidaciones…”, manifestó Rosales.
*Antecedentes*
Las reuniones entre la ANEP, su seccional en ALUNASA y los representantes del actual Gobierno, iniciaron el pasado 29 de julio, cuando la entonces ministra de Trabajo, Marta Esquivel Rodríguez, recibió a los trabajares y los representantes de nuestra organización.
Tan solo 13 días después, el 10 de agosto, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y la ministra de Trabajo, Marta Esquivel Rodríguez, anunciaron que, tras conversaciones con los representantes patronales, se había obtenido el compromiso de firmar conciliaciones de pago de liquidaciones laborales.
Pocos días después, cada uno de los trabajadores despedidos, fueron convocados por el MTSS de Puntarenas y por una semana entera, se estuvieron celebrando las audiencias de conciliación, con los 105 trabajadores, acordando el pago por un monto mayor a los mil millones de colones (1,021,296,900) pagaderos como fecha máxima, el lunes 7 de noviembre. Acuerdo que fue incumplido por ALUNASA.
“Desde que la seccional ANEP-ALUNASA fue atendida hasta la fecha, hemos podido sentir el respaldo del Gobierno de Rodrigo Chaves y su equipo de trabajo. Sabemos que don Rodrigo, con quién también la seccional ANEP-ALUNASA se reunió, acompáñanos por el secretario general de la ANEP, don Albino Vargas, entre otras figuras de la alta dirección de nuestra organización sindical, no va a permitir que lo que él mismo anunció en conferencia de prensa, quede ahora como una promesa incumplida, por las acostumbradas maniobras de los representantes patronales de ALUNASA”, sentenció Rosales.
Desde la ANEP, solicitamos a las autoridades pertinentes aplicar todo el peso de la ley, y las sanciones respectivas a la empresa ALUNASA por el incumplimiento del pago de las responsabilidades patronales, tal cual fue expuesto por Marta Esquivel Rodríguez, hoy presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
El día de hoy, la Seccional ANEP-ALUNASA ha estado en comunicaciones contantes con la presidenta de la CCSS, autoridades del MTSS y el propio Gobierno de la República para buscar soluciones alternas a la vía judicial.
Se reúnen para conversar sobre las políticas públicas, acciones del gobierno, que son a través de estas estrategias que le dan respuesta a las diversas demandas de la sociedad. Se puede entender como uso estratégico de recursos para liberar los problemas nacionales. Esta es la preocupación de un grupo de organizaciones sindicales que han visto que estas políticas públicas no resuelven los problemas de los ciudadanos, los trabajadores y las trabajadoras del sector del mercado laboral. Es por eso que estas organizaciones sindicales han tomado un acuerdo y una decisión de unirse para crear estrategias que puedan establecer un cambio en esas políticas públicas.
Gracias a esta iniciativa y esfuerzo que realiza los sindicatos se quieren dar una perspectiva diferente a estas políticas públicas, como dar en concesión en obra pública, dar un bono de sesenta mil colones a los trabajadores o bien permitir que las operadoras revolucionan y usen los recursos de los trabajadores para invertir fuera del país, mientras otros países invierten en sus fondos en nuestro país. Son algunas de las cosas que se han hecho, este grupo de trabajadores tienen una mentalidad diferente a lo que se está proponiendo.
El señor secretario general del sindicato nacional de enfermería, menciona que este proceso de unidad en acción sindical nace aproximadamente hace dos meses con el propósito de defender el estado social de derecho en nuestro país, para tener un equilibrio en el desarrollo económico y social. Estas instituciones públicas que han permitido a todos los costarricenses indistintamente de su condición social, de su condición de género, poder optar por las riquezas que tiene el país y cuando se habla de estas riquezas refiere a estas instituciones que brindan un servicio que son esencial para la dignidad humana, seguridad ciudadana, educación pública y acceso a la banca.
Donde se refiere a un estado social de derecho que les permita a todas y todos los costarricenses contar con servicios de salud y con un fondo de pensiones para el momento de su jubilación. Destacar que a través de las políticas de los últimos años hemos visto este debilitamiento estructural en estas instituciones y que este gobierno actual no escapa de esta realidad con una política muy agresiva. Por tanto este grupo nació con el propósito de defender el estado social de derecho. Para llevar esa equidad entre lo económico, lo social y lo ambiental. Por otro lado, con el propósito de defender y propiciar los derechos laborales y las libertades sindicales. Ese es el motivo por el cual este grupo anunció esta unidad en la acción sindical donde vendrán acciones muy concretas donde trate de articular con el sector.
Estas organizaciones sindicales quieren establecer estrategias de alianza con organizaciones sociales y fuerzas del país a través del diálogo y la concentración social con la finalidad de tener una verdadera incidencia positiva en la política pública que se ejecuta e impulsa desde la asamblea legislativa y el poder ejecutivo. Para promover y defender los derechos fundamentales en el trabajo considerando lo comunal, la protección del medio ambiente así como también cualquier modelo de desarrollo humano.
Muy pronto las acciones que realizará esta unidad sindical se va a hacer escuchar y los ciudadanos que desean participar, pueden unirse a alzar la voz, aquí pueden encontrar un buen momento, un buen lugar para poder cuestionar todas las políticas públicas que no solo afectan a los trabajadores públicos sino a cada ciudadano que está en su casa, pero aquí está la unidad sindical precisamente para ir contra esas políticas públicas que no son en beneficio de los y las trabajadoras del país.
Instamos a todos los funcionarios de Bomberos a que nos acompañen a la manifestación pasiva que realizaremos el viernes 4 de noviembre, a las 11:00 horas, saliendo de la Metropolitana Norte con destino a oficinas centrales del Instituto Nacional de Seguros.
Al personal que se encuentra en las estaciones los motivamos a manifestarse mediante el paro de cualquier otra labor que no sea la atención de emergencias. Nos haremos sentir sin afectar a la población que es nuestra razón de ser.
Unámonos para defender nuestra autonomía, nuestra institucionalidad y nuestros derechos como Bomberos y Bomberas.
No es un «agregado» de nuestra institución, no es un «agregado» del INS, somos una institución de primera respuesta a emergencias, y así lo indica la Ley 8228.
No permitamos que violenten nuestra Convención Colectiva, pasándole por encima y tomando decisiones no consensuadas con los trabajadores.
«Somos del INS para restricciones y limitaciones, pero no para los beneficios. Somos INS para levantar imagen y sacar pecho con nuestro escudo, pero no para tomarnos en cuenta para un aumento o pago de anualidades».
La Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT), convoca a movilización el día lunes 31 de octubre de 2022, a casa presidencial y lunes 7 de noviembre de 2022, a la Asamblea Legislativa, para exigir los derechos de comunicación de los trabajadores.
Esto en denuncia a los perjuicios a trabajadores por bloqueo de celular en centros penitenciarios.
El sindicato Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT), representante de los trabajadores y trabajadoras del sistema penitenciario nacional plantea una oposición referente a la reciente ley sobre el bloqueo de la señal en los centros penitenciarios. Dicho bloqueo ha conmocionado a la comunidad de trabajadores de las penitenciarias, pues, lo que ha causado es dejarlos incomunicados. Por ello, se considera que dicha medida no ha sido efectiva hasta el momento para disminuir las estafas que se dan a través de los teléfonos celulares desde los centros penales.
Las personas trabajadores y trabajadoras del sistema penitenciario nacional laboran en una jornada de 7 por 7 días, trabajan 7 días y descansan siete días, se podría decir que pasan la mitad de sus vidas en los centros penales. Ahora bien, el teléfono celular que cada uno de ellos porta, se encuentra debidamente registrado y cuentan con un permiso para ser usado dentro del centro en su tiempo de descanso, es la única forma que tienen para mantenerse en contacto con sus familias, para estudiar, para realizar trámites de diversa índole y acceder al conocimiento y a la información. El hecho de que el bloqueo de la señal celular este impidiéndoles a las personas utilizar los teléfonos celulares les genera serios perjuicios.
La UNT apoya a todas las acciones que se realicen para proteger a la ciudadanía costarricense de las estafas y otros delitos que se cometen desde las cárceles, pero demandamos del presidente de la república y de la asamblea legislativa que tomen acciones para garantizar el derecho a la comunicación integral de los trabajadores y las trabajadoras.
Millones de personas se encuentran atrapadas en trabajos forzosos, incluso en sistemas de esclavitud moderna. (Foto: Cortesía)
Por María Núñez Chacón
Los trabajadores migrantes tienen más de tres veces de probabilidad de realizar trabajos forzados, lo que les pone en una situación de gran vulnerabilidad.
La pandemia creó grandes perturbaciones en los mercados del trabajo; la baja en los ingresos de las personas provocó un mayor endeudamiento; se dio un marcado aumento de la servidumbre por deudas; y, finalmente, el deterioro en las condiciones laborales de muchos trabajadores propició, en los casos más extremos, el trabajo forzoso.
De hecho, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló recientemente en su informe “Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna, trabajo forzoso y matrimonio forzoso” que unos 50 millones de personas viven en situación de esclavitud moderna (al 2021), de estas, 28 millones realizan trabajos forzados y 22 millones están atrapadas en matrimonios forzados.
Y es que el número de personas en situación de esclavitud moderna ha aumentado considerablemente en los últimos cinco años, pues para el año 2021 había 10 millones más de personas en situación de esclavitud moderna en comparación con las estimaciones mundiales de 2016.
De acuerdo con Noortje Denkers, especialista de Migración Laboral y Movilidad Humana de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, la agencia de Naciones Unidas nota con mucha preocupación que el número de personas que está atrapada en la esclavitud moderna va en aumento, asimismo, alerta que siguen siendo las mujeres, niños y niñas quienes están más vulnerables ante esta situación.
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“Cuando lo vemos desde la óptica migratoria, el trabajo forzoso es mucho más frecuente, las personas migrantes tienen tres veces mayor riesgo de trabajo forzoso, las cifras muestran que, de cada 1.000 migrantes, 13,8 están en trabajo forzoso y para el caso de personas no migrantes, de cada 1.000, 4,1 están en esta situación”, explicó Denkers en entrevista con UNIVERSIDAD.
¿Esta realidad mundial, con qué incidencia se presenta en los países centroamericanos?
—Las crisis que estamos viviendo han generado coyunturas que facilitan la profundización del trabajo forzoso y Centroamérica no está exenta de ellas. Una crisis global, como la que ocasionó el COVID-19 y el cambio climático han tenido un fuerte impacto en temas de empleo y educación, aumento de la pobreza extrema, migración forzosa, inseguridad e incremento en las denuncias de violencia de género.
La combinación de estos factores incrementa el riesgo de la esclavitud moderna o el trabajo forzoso, y quienes están en condiciones de vulnerabilidad se ven más afectadas, por ejemplo, quienes están en pobreza, trabajadores de la economía informal, niños y niñas.
¿Qué implica el trabajo forzoso o la esclavitud moderna?
—Cuando pensamos en el trabajo forzoso pensamos en personas encadenadas, encerradas de un edificio, pero debemos entender que la realidad es distinta, hay a quienes les decomisan su pasaporte en el trabajo, lo que les impide la movilización o salir del país en el que trabajan. Eso es un indicador muy común del trabajo forzoso.
También, hay a quienes les retienen sistemáticamente el salario, o les dicen que tienen una deuda por haberles dado el trabajo y la personas sigue trabajando sin recibir su sueldo. También, aquellos que sufren algún tipo de coacción, confinamiento, violencia física o sexual y la privación de necesidades básicas.
Todas estas cosas suceden a nuestro alrededor, no hay que ir muy lejos.
¿En qué sectores es más frecuente encontrar condiciones de trabajo forzoso o esclavitud moderna?
—La mayoría está en servicios, en la industria manufacturera, en la construcción, agricultura y en el trabajo doméstico, esos son los cinco sectores que concentran más a las personas que están en trabajo forzoso. Y la mayoría de los casos de trabajo forzoso, 86%, se dan en el sector privado.
¿Cuáles son las acciones que deberían tomar los países para luchar contra la esclavitud moderna?
—La OIT recomienda en su informe que, para prevenir el trabajo forzoso, es esencial respetar las libertades y derechos de las personas trabajadoras, lo que incluye la libertad sindical y a la negociación colectiva, que les permiten ejercer una voz colectiva y defender sus intereses, así como negociar un trabajo seguro y decente.
Otra medida es ampliar la protección social para que las personas no se encuentren en situación de vulnerabilidad y que tengan acceso a seguridad básica de ingresos y puedan rechazar cuando les ofrezcan un trabajo abusivo, o abandonar aquellos empleos que tengan esa tendencia. Es necesario promover la contratación equitativa, incluyendo el reclutamiento de migrantes, que les prevenga de prácticas abusivas y fraudulentas.
Es fundamental que los servicios públicos sean capacitados y fortalecidos para detectar las infracciones laborales e indicadores de trabajo forzoso y que desarrollen procesos de reparación para las personas donde la prevención falló.
Trabajo periodístico de María Núñez Chacón del Semanario Universidad, compartido con SURCOS por Maikol Hernández.
