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Etiqueta: derechos laborales

Publican cuaderno Acerca del Proyecto de Empleo Público

Las organizaciones sindicales UNDECA, BUSSCO y FSM publicaron el cuaderno: Acerca del proyecto de Empleo Público. Derecho de la función pública del enemigo, que contiene una compilación de artículos del especialista en derecho laboral Manuel Hernández.

SURCOS comparte esta producción que aborda un análisis de los elementos que llevan a constituir una nueva superestructura política normativa.

La presentación de este documento expone:

«En el proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE, el Gobierno de la República se comprometió a tramitar un proyecto regulatorio de la gobernanza del empleo público.

En atención a este compromiso, el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa, en el primer semestre de 2019, el denominado Proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente N° 21.336.

Más recientemente, en el contexto de la crisis fiscal, este proyecto se ha convertido en moneda de canje para negociar un préstamo con el FMI por el monto de $1.750.000.

El proyecto se tramita a ritmo motorizado, que ha experimentado un desarrollo en clave regresiva, en una suerte de evolución genética degenerativa, que viene a consumar, a estas alturas del procedimiento parlamentario, una especie monstruosa de Frankenstein legislativo, absolutamente impresentable.

Totalmente impresentable porque, por una parte, violenta la arquitectura constitucional democrática de nuestro ordenamiento jurídico, y, por otra parte, vulnera los derechos fundamentales de las y los servidores que laboran en la Administración Pública.

Este proyecto, junto con la aprobada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635, a finales de 2018, y la contrarreforma del Código de Trabajo, contenida en la Ley N° 9808, de 21 de enero de 2020, que en términos generales prohibió la huelga en los servicios públicos, constituye la nueva superestructura política normativa, que el bloque de poder hegemónico requiere para metabolizar y consolidar el modelo económico neoliberal.

Este Cuaderno acerca del Proyecto de Empleo Público contiene una selección de artículos, que, desde una perspectiva jurídica–política, examina, al hilo de su desarrollo legislativo, el contenido y los alcances de dicho proyecto, que viene a consolidar el Derecho de la función pública del enemigo.

Se configura este Derecho o antiderecho político, porque conjuntamente con aquellas leyes, se crea un régimen de excepción, autoritario, antidemocrático, que expulsa del ordenamiento jurídico los derechos de ciudadanía social de los y las servidoras públicas, particularmente los derechos colectivos, cuyo régimen se radica en una construcción cultural de odio y violencia institucional contra este colectivo laboral.

El Derecho de la función pública del enemigo representa un desafío histórico que los sindicatos tendrán que asumir».

SURCOS comparte el documento para descargar en formato PDF:

Unión Nacional de Trabajadores interpone proceso sumario por discriminación contra Ministerio de Justicia y Paz

La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) informó que la directora de la Policía Penitenciaria solicitó el cese del nombramiento provisional de una compañera agente de policía, porque aparentemente tuvo un comportamiento incompatible con la función policial, pero según el sindicato, se trató de incapacidades por enfermedad, por lo cual interpusieron un proceso sumario por discriminación.

De acuerdo con la UNT, la agente cumplió todas las pruebas para demostrar su idoneidad (físicas, psicológicas, médicas y estudio de entorno comunitario), pero el “comportamiento incompatible” son incapacidades por enfermedad, incluyendo dos órdenes sanitarias por sospecha de COVID-19.

“De forma discriminatoria, según nuestro criterio, la directora de la Policía considera que sufrir una incapacidad temporal por enfermedad, es un «comportamiento incompatible» con la función policial… O sea, un policía no puede enfermarse”, comunicó la UNT.

La UNT fue notificada de que el Juez de Trabajo ordenó como medida cautelar, reinstalar a la agente de forma inmediata, mientras se determina si efectivamente el cese de interinato por incapacidad es un trato discriminatorio.

“Esperamos que finalmente se declare con lugar nuestra demanda y que la compañera, que cuenta con todos los atestados y ha aprobado las pruebas de idoneidad, se mantenga laborando como Policía Penitenciaria. Este caso es un precedente importante que pone límites a la discrecionalidad del Ministerio de Justicia y tutela los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras que en razón de su nombramiento provisional, muchas veces son víctimas de arbitrariedades e injusticias”, agregó el sindicato.

Nueva Seccional UNT Upala Agrícola

Desde el pasado domingo 31 de enero se constituye la Seccional de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) Upala Agrícola.

Los trabajadores de dicha plantación piñera han confiado en la UNT para organizarse y defender sus derechos.

El proyecto de empleo público

Óscar Madrigal

El proyecto de Empleo Público obedece a una concepción ideológica absolutamente neoliberal que se orienta no solo directamente contra los empleados públicos, sino contra el Estado de Bienestar. Es en consecuencia un proyecto ideológico impulsado especialmente por el Partido Liberación Nacional, el PUSC, el PAC, los ramashekos en sus dos variantes y algunos independientes. Según el presidente Alvarado, hay que vacunar a los diputados para que continúen su trabajo, sea de desmantelamiento de nuestro Estado de Bienestar.

Lo primero que se debe aclarar es que su fin no es fiscalista, no busca resolver el problema de las finanzas nacionales porque, como lo ha dicho hasta Rocío Aguilar, los empleados públicos no son el problema del déficit. Además, el ahorro que dicen las autoridades de Hacienda que producirá el proyecto, no se debe principalmente a establecer un salario único o global, sino al congelamiento de los salarios de los funcionarios públicos por 12 años. El salario único en la administración va a producir de arranque un aumento de los gastos en salarios, por la sencilla razón que un trabajador que empieza a trabajar va a devengar un salario muy superior a otro que empezaría con salario base más pluses. Será hasta dentro de 15 años que un salario base con pluses se igualaría al salario único. Pero en ese entonces, el gasto de las finanzas ya habrá tenido que haberse equilibrado. El ahorro que se producirá proviene de la congelación salarial impuesta por más de una década a los trabajadores, pero no por el cambio del sistema de pago. Congelar salarios, lógicamente, si producirá el ahorro planteado.

El proyecto crea trabajadores con salarios más altos que otros con funciones iguales. Más de 25.000 trabajadores con salario compuesto, recibirán un salario bastante menor que los trabajadores con salario único, haciendo las mismas funciones. Algunos tendrían un salario de ¢200.000 menos por mes. Este asunto no solo refleja la injusticia del proyecto sino lo que cualquiera entiende, que con el salario único en los primeros 10 o 15 años el gasto salarial del Estado será mayor.

Por otra parte, el proyecto propone eliminar las convenciones colectivas en la práctica, porque solo las limitarán a asuntos menores, dejando de lado la reivindicación principal de todo trabajador, la negociación salarial.

El proyecto propone eliminar el consejo salarial del sector público con participación sindical que se encarga de negociar los aumentos salariales por costo de vida, para dejarlo en manos de grupos indefinidos.

Además, se propone que se pueda hacer una reorganización de una institución, sea la posibilidad de disminución de personal o el cierre de departamentos o secciones con menos requisitos y sin los estímulos que actualmente se exigen para llevarla a cabo. Por esta vía se cierran partes importantes de instituciones.

También se propone introducir un sistema de dirección del personal de toda la administración pública, dirigida por el Servicio Civil, cuyo jerarca será nombrado por la Asamblea Legislativa. De esta manera regresamos al estado anterior a la actual Constitución que garantiza que los puestos públicos no son un botín político.

El proyecto de empleo público está enmarcado dentro de las políticas de reforma fiscal, pero va más allá. Es una regresión en derecho democráticos y facilita el desmantelamiento de instituciones del Estado. Por ello este proyecto no solo afecta a los empleados públicos sino a todos sectores sociales.

Y el ataque continúa.

La República Piñatera

SURCOS comparte la nota publicada en la Regional Latinoamericana de la UITA, del autor Carlos Amorín:

  • Cuando personas elegidas por el pueblo para dirigir y gestionar las instituciones del Estado renuncian a sus deberes y responsabilidades más elementales como proteger la vida humana, y lo hacen para resguardar y apadrinar los intereses económicos de una elite cipaya y de corporaciones transnacionales, habilitan el derecho a llamarles “homicidas sociales seriales”.

Esto ocurre seguramente en muchos países del mundo, pero en este momento nos ocupa lo que está sucediendo en las fincas piñeras de Dole en Costa Rica. Un territorio que parece haber sido exonerado por las autoridades políticas y de contralor locales de todo deber y responsabilidad empresarial, además de pagar sueldos de pobreza y someter a sus empleados y empleadas a condiciones laborales extremas y de total abuso de poder.

Por un puñado de dólares…

A este tétrico panorama se debe agregar la deforestación permanente en procura de nuevas fronteras agrícolas para sus cultivos de piña, la utilización masiva y sin control real de agrotóxicos de todo tipo, algunos de ellos incluso denunciados como prohibidos, la fumigación directa sobre los trabajadores y trabajadoras en los plantíos, la contaminación del medio ambiente, incluyendo las fuentes de agua de muchas comunidades locales, algunas de las cuales vienen luchando desde hace años contra estas prácticas, y que hasta deben ser abastecidas de agua mediante camiones cisterna ya que sus tomas naturales han sido envenenadas por Dole y otras empresas.

Y no es que no se conozcan estos extremos de crueldad empresarial y humana. Las denuncias abundan. Los sindicatos que logran resistir heroicamente a la feroz e implacable persecución de Dole, y los propios trabajadores afectados se han presentado en innúmeras ocasiones a los tribunales de Trabajo, a la prensa, y han intentado dialogar de manera permanente con la compañía transnacional, pero prácticamente de nada ha valido. Por una situación que se soluciona, decenas quedan pendientes, perdidas en el limbo perverso del que son víctimas los trabajadores de la piña en Dole.

Dos casos actuales y prototípicos. “Es todo lo que pido”

Mariano trabaja para Dole desde hace varios años. Tuvo que someterse a una cirugía bastante banal, pero su caso se complicó ya que fue víctima de una mala praxis nunca reconocida por el sistema de salud. Él se enteró de su situación cuando, un par de años después, comenzó a tener problemas para trabajar: dolores, imposibilidad de sostener varias de las posiciones físicas necesarias para cumplir con sus tareas, entre otras cosas.

Al recurrir al médico se le detectó la mala praxis, pero, dicen, se trata de algo que “no es operable”. Así que el médico recomendó a la empresa que lo quitara del trabajo de campo y se le diera una tarea que él pudiese cumplir. Apenas unos pocos meses después de haber recibido otra asignación, Mariano fue restituido a sus antiguas labores, las mismas desaconsejadas por el galeno.

No tuvo más remedio que acatar, porque de lo contrario perdería su trabajo, único sustento de su numerosa familia. Intentó plantearlo en Recursos Humanos de Dole, pero le respondieron que si lo que tenía no era operable ellos no pueden hacer nada tampoco, y que la recomendación del médico que presentó no es obligatoria para la empresa.

Así que allá regresó Mariano a los cultivos con su dolor a cuestas, sintiéndose humillado, casi un esclavo. Hasta que hace cuatro meses sufrió un accidente cerebro vascular que le paralizó parcialmente el rostro, como consecuencia, según los cirujanos que lo atendieron, del daño provocado por aquella mala praxis y por el esfuerzo físico que debe realizar cada día a pleno sol.

Los cirujanos le aseguraron que hablarían con la empresa para procurar su traslado, pero después de varios meses Mariano no ha recibido noticias.

Acosado por el dolor, se presentó ante el médico de la empresa, pero éste le respondió que nada puede hacer ya que no tiene potestad para solicitar intervenciones o exámenes en la salud pública, que en la finca sólo atiende consultas y urgencias, pero que no tiene autorización para enviarlo a la Caja de Seguridad Social, y que no puede recomendar ningún cambio de su posición laboral a Dole.

Como la película: “Atrapado sin salida”. Mariano expresa que “solo quiero que me den una tarea que pueda cumplir de pie para poder seguir sosteniendo a mi familia. Es todo lo que pido”.

Demasiado buen trabajador

Cándido Amador tiene una enfermedad cardíaca desde que fue fumigado con agrotóxicos mientras trabajaba en los cultivos de piña de Dole. Tuvo que ser internado en varias oportunidades, y su diagnóstico fue establecido por cardiólogos del hospital público de la zona. El episodio fue traumático, porque Cándido perdió el conocimiento en el piñal y tuvo que ser trasladado en un vehículo en emergencia.

Como a Mariano, los médicos recomendaron que no desempeñara ninguna tarea que lo expusiera nuevamente a los agrotóxicos, pero la empresa hace oídos sordos a ese mandato y lo mantiene laborando en los cultivos.

Cándido ha intentado dialogar con el jefe de Recursos Humanos de Dole, pero la respuesta que le han dado es que “soy un buen peón, y por eso me mantienen allí”. Inclusive aceptando ese destrato que pone en riesgo su salud y su vida, Cándido pidió que, por lo menos, no fumigaran los lotes donde él se encuentre trabajando, cosa que prometieron.

Pero de nada valen las promesas de Dole. En diciembre 2020 y en enero 2021, las máquinas fumigadoras se acercaron a escasos 30 metros de donde Cándido se encontraba trabajando, y en una de esas ocasiones, el fumigador entró dispersando agrotóxicos en el propio sector donde él estaba laborando. Cuando estuvo a unos 20 metros de Cándido, cortó los chorros de producto químico, pasó sobre él, y entonces reanudó la fumigación 20 metros más adelante.

Cada vez que fumigan en su cercanía Cándido siente dolor en el pecho, se le seca la garganta y se le cierran los bronquios. Casi siempre sufre irritaciones en la piel y en sus ojos, pero debe seguir trabajando para mantener esa alta productividad que lo convierte en “un buen peón” y así conservar su empleo.

Afirma con desesperación que ya no sabe qué hacer, a quién recurrir, ya que al Sindicato tampoco lo respetan. Los inspectores de Trabajo, cuando llega alguno, no se interesan en lo que ocurre en los plantíos y solo hablan con la empresa.

El sistema perverso de Dole

La burocracia local de Dole expide órdenes de atención médica con errores voluntarios y los trabajadores afectados son rechazados en los consultorios médicos por razones burocráticas. A nadie le importa si para llegar a los puestos de salud deben perder una jornada de trabajo que no les es reembolsada. Y eso lo hacen una y otra vez de manera permanente, hasta que los trabajadores se cansan, abandonan y retoman su trabajo enfermos o lesionados. De esta forma Dole se ahorra tener que pagarles jornadas por licencia médica.

Es difícil de imaginar esta realidad fuera de esa burbuja de terrorismo empresarial que ha montado Dole en Costa Rica, con la complicidad de las más altas autoridades locales y nacionales. En Costa Rica es un secreto a voces que la situación de los trabajadores agrícolas en las piñeras es deplorable, inhumana, y que sus vidas están, literalmente, en manos de pésimos empresarios y peores funcionarios, ambos humanamente deleznables.

Es una forma de apartheid, una negación tan cruel de derechos que linda con el trabajo esclavo. Esta República Piñatera de Costa Rica trae al recuerdo los ecos tristes, indignos, vergonzosos, de las Repúblicas Bananeras de antaño.

Cándido y Mariano continúan dejando cada día retazos de su salud y sus vidas entre las plantas de piña, cuyos frutos proporcionan placer en las mesas estadounidenses y europeas, adonde es exportada casi la totalidad de la producción de Dole en Costa Rica.

Cuando este artículo estaba siendo preparado para su publicación, se nos informa desde Costa Rica que Cándido Amador fue nuevamente víctima de fumigaciones en su entorno, por lo que de regreso a su casa debió trasladarse urgentemente al hospital donde quedó internado 48 horas. Los médicos que lo atendieron reiteraron que la empresa debe transferirlo a otra tarea donde no esté en contacto con químicos.

Notas:

1- La Real Academia Española define el término como “secuaz a sueldo”.

2- El nombre de quien han brindado este testimonio fue cambiado para evitar represalias de la empresa.

Amazon, sus espías, su explotación, su descaro

Salvajismo 3.0

En los ya famosos Black Friday, las empresas de la “nueva economía” digital multiplican sus ya pingües negocios. Coincidiendo con uno de ellos, Amnistía Internacional emitió un informe en que denuncia la persecución sindical en Amazon, una de las compañías símbolo de uno de los sectores más desregulados y de mayor crecimiento en el planeta.
Daniel Gatti

Unos pocos días antes habían circulado documentos internos de la firma dirigida por Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo según el listado de súper millonarios elaborado regularmente por la revista Forbes, que desnudaban las mismas prácticas.

El informe de AI está centrado en algunos países de Europa y Estados Unidos, pero no es muy difícil deducir que en otras regiones del mundo el panorama debe ser el mismo o peor.

“La forma de actuar en los países investigados muestra una cultura corporativa que puede ser extensible a otros”, dijo al diario barcelonés La Vanguardia Cecilia Denis, integrante de filial de Greenpeace España, y destacó que sindicatos de diferentes naciones de la UE presentaron denuncias contra Amazon por violaciones a la libertad sindical ante la Comisión Europea.

La empresa, dice el informe, “socava los intentos de su personal de sindicarse y negociar colectivamente, incluso a través de una vigilancia exhaustiva” del personal.

Quienes trabajan para ella “están corriendo grandes riesgos en materia de salud y seguridad desde el inicio de la pandemia de la Covid-19, pero su capacidad de denunciar y negociar colectivamente está sometida a presiones por parte del gigante del comercio electrónico minorista”, agrega el documento.

Y recuerda que “el derecho y las normas internacionales de derechos humanos establecen con claridad que todo trabajador o trabajadora tiene derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos, a tener unas condiciones laborales seguras y a que se respete su derecho a la privacidad”.

Riesgos y alarmas

En sus informes anuales de 2018 y 2019 Amazon consideró a los sindicatos como un factor de riesgo y alentaba a sus cuadros medios a advertir a las direcciones empresariales sobre “cualquier señal de alarma” que diera cuenta de actividades gremiales. Ergo, que delataran a los sindicalistas.

La pandemia de Covid 19 le ha originado a Amazon, como a las otras grandes transnacionales de la economía digital (Google, Apple, Facebook, Microsoft, agrupadas bajo el acrónimo de GAFAM), un crecimiento exponencial de sus ganancias.

Solo entre julio y septiembre sus ingresos acumulados aumentaron en 19 por ciento y sus ganancias en casi 14, mientras su volumen de negocios llegó a poco menos de 228.500 millones de dólares, 18,9 por ciento más que lo facturado en el mismo período de 2019, y su beneficio neto trepó en 31,5 por ciento, a alrededor de 29.000 millones de dólares (escudodigital.com, 30 de octubre de 2020).

La fortuna personal de Bezos ronda hoy los 200.000 millones de dólares, y ha crecido y crecido bajo la Covid 19.

Esos nuevos hombres de negro

Bezos es de esos grandes multimillonarios que proclama que a ellos no se les puede aumentar los impuestos porque “generan riqueza con sus inversiones”.

Dice por ejemplo que gracias a su imperio “ha dado trabajo a muchos miles de trabajadores” y aduce que durante la pandemia contrató a más de 175.000 personas.

Pero en qué condiciones: la precariedad como divisa, en todos los planos, desde el salarial a la protección social.

La publicación digital Motherboard reveló la semana pasada documentación del Centro de Operaciones de Seguridad Global de Amazon que prueba que la empresa contrató a la famosa agencia Pinkerton para espiar a líderes sindicales de sus almacenes en Europa: rastrear sus movimientos, cuándo, dónde y con quiénes se reúnen, conocer sus estrategias.

También espiaron a organizaciones ecologistas, a grupos de defensa de los derechos humanos, a abogados.

El informe de Motherboard menciona específicamente a Polonia como escenario de esas prácticas, pero la publicación digital española eldiario.es dice que son también habituales en España, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, República Checa, Eslovaquia.

A fines del siglo XIX agentes de Pinkerton actuaron como rompehuelgas, como guardias armados de empresas y en esas funciones reprimieron a trabajadores. Fueron responsables, por ejemplo, de la muerte de una docena de obreros siderúrgicos en 1892 en Estados Unidos.

Los detectives de Pinkerton ya no son aquellos hombres de negro que “trabajaban para la ley” en el Oeste estadounidense y que popularizaron los westerns. Ahora forman parte del grupo Securitas y muchos de ellos son híper formados analistas de datos.

El Centro de Seguridad Global de Amazon está basado en Seattle, sede central de la transnacional, y en él trabajan también ex analistas militares del ejército de Estados Unidos.

En España, dice Motherboard, la empresa tiene abierto un proceso de selección de “antiguos líderes militares” para convertirlos en directores de operaciones de inteligencia que comprenden la infiltración en páginas de Facebook, la investigación a líderes sindicales y el seguimiento a sus contactos, la creación de falsos perfiles en las redes sociales.

Otro bonito ejemplo de lo que algunos investigadores llaman “capitalismo de vigilancia” y del que los GAFAM serían la encarnación por excelencia.

 

Fuente: http://www.rel-uita.org/

CIDH condena a Brasil por la muerte de 60 trabajadoras

La CIDH en una sentencia notificada este lunes, 26 de octubre, declaró al Estado de Brasil responsable de la muerte de 60 trabajadoras y 6 que resultaron heridas, a consecuencia de la explosión de una fábrica de fuegos artificiales, en el Estado de Bahía (1998).

De las personas fallecidas, 59 eran mujeres, de las cuales 19 eran niñas, y además, un niño. Cuatro de las fallecidas estaban embarazadas.

Asimismo, declaró a Brasil responsable del sufrimiento y daño moral causado a los familiares de las personas trabajadoras fallecidas y heridas.

La sentencia declaró la violación del derecho a la vida (artículo 4 CADH), integridad personal (artículo 5), los derechos económicos, sociales y ambientales, en relación con la seguridad y condiciones de trabajo (26), derechos de la niña y niño (artículo 19), igualdad y no discriminación (24 y 1.1), protección judicial (artículo 25) y garantías judiciales (5).

Se trata, sin lugar a duda, de una sentencia histórica, que declara la responsabilidad internacional de ese Estado por las deplorables condiciones laborales en las que las trabajadoras laboraron.

 

Imagen ilustrativa tomada de: https://mageob.wixsite.com/

Represión sindical en empresa MASS – Limón

El pasado miércoles 21 de octubre en un predio ubicado en la comunidad de Búfalo de Limón, Maikol Hernández acompañó a un grupo de trabajadores / as que fueron despedidos injustamente por la empresa Maritime Service Solutions (MASS) después de que se unieran al Sindicato Costarricense de la Industria de Transporte y Afines (SCITA).

Sindicatos denuncian riesgo entre personal

Ministerio de Salud “acomoda” decreto para justificar reutilización de respiradores

CCSS no admite desabastecimiento de insumos

El Ministerio de Salud emitió, el pasado 12 de octubre, un decreto cuya finalidad es justificar legalmente la directriz que dio la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el 17 de setiembre para reutilizar los respiradores N95 o sus similares.

Así lo consignó el enfermero profesional y coordinador del Programa de Educación Continua, Jorge Ugalde, quien emplazó, la tarde de este viernes, a las autoridades de salud en una reunión que sostuvieron siete sindicatos del sector con la CCSS y autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

SINAE AFINES defendió la tesis de que el lineamiento emitido por el presidente de la institución Román Macaya carecía de legalidad, puesto el Manual de Bioseguridad para establecimientos de salud afines establece que todo el Equipo de Protección Personal descartable debe ser de un solo uso. Por lo anterior obligar a los funcionarios de salud reutilizar sus respiradores carece de legalidad.

Por otra parte SINAE AFINES cuestionó los argumentos técnicos que las autoridades la CCSS como el Ministerio de Salud  defienden en el sentido de que otros país aplican la reutilización de los insumos y que tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS), como  la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) y el Centro de Control de Enfermedades de Europa (ECDC), sugieren en casos extremos el reúso de los insumos de protección personal.

El profesional en Enfermería indicó que esos organismos a que se refieren la CCCSS y el MS también hablan de las condiciones de reprocesamiento que debería haber en los centros de salud para garantizar que los insumos no se conviertan en focos de infección para el personal de salud.

“Lo malo de todo esto es que la CCSS y Salud cambian lineamientos y hasta un manual de bioseguridad para justificar la reutilización de los equipos sin garantizar la seguridad de quienes están en la primera línea de la pandemia. No hay explicaciones y pareciera que imperan interés políticos o económicos”, subrayó el profesional en Enfermería.

PRENSA
SINAE AFINES
34–2020

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Posición de BUSSCO sobre diálogo nacional. Una negociación para empezar a cambiar el rumbo económico del país

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) concibe una «mesa de negociación» para debatir sobre medidas y acciones tendientes a cambiar el rumbo económico, después de 40 años de neoliberalismo.

Desde BUSSCO ratificamos nuestra disposición al diálogo y a la negociación, no creemos en un esfuerzo de diálogo para diseñar una nueva propuesta negociadora con el FMI, sino para encontrar propuestas equilibradas que posibiliten salidas en beneficio de las mayorías. BUSSCO es firme en señalar que el FMI no es la vía para la solución de nuestros problemas.

Una negociación real para enfrentar la crisis y superar el modelo neoliberal.

Se debe abrir un proceso de negociación que aborde temas urgentes como el Fraude Fiscal: evasión de IVA e ISR, elusión fiscal del comercio exterior, reestructuración de la deuda pública, exoneraciones y privilegios fiscales al gran capital corporativo. También, un sistema tributario progresivo, fortalecimiento del mercado interno, generación de empleos, salarios dignos, servicios públicos de calidad, universales y sostenibles, así como garantizar la libertad sindical.

Nuestra agenda para enfrentar la crisis incluye la eliminación del IVA a servicios básicos, el impulso a un salario mínimo para trabajadores desempleados, subempleados y en condición de pobreza, el fortalecimiento de la CCSS y la salud pública, ampliación del gasto público como mecanismo para reactivar la economía, nos oponemos a la privatización del INA y la FANAL al desfinanciamiento de las instituciones y a orientar los recursos exclusivamente al pago de deuda pública. Promovemos la creación de un impuesto permanente a las grandes riquezas para financiar la lucha contra el COVID-19 y la reconstrucción económica.

Las organizaciones pertenecientes a BUSSCO, rechazamos vehementemente la negociación con el FMI que promueve la venta de activos estatales, aumento de impuestos al consumo, reducción de en inversión social y pérdida de soberanía en el manejo de nuestras finanzas públicas y a los proyectos que precarizan y eliminan derechos laborales.

Deben existir condiciones mínimas para crear un proceso de negociación realista y viable, participativo y en igualdad de condiciones para todos los actores económicos, sociales y políticos y con una agenda amplia sobre los temas urgentes y no limitada a un único punto.

No concebimos un diálogo real, mientras en la Asamblea Legislativa avanzan proyectos como Empleo Público, eliminación de la jornada de 8 horas, eliminación de anualidades, sobre salario escolar y cualquier proyecto que violente condiciones y derechos laborales para generar una real confianza en la mesa.

Reiteramos nuestra voluntad y disposición al diálogo, a fin de encontrar soluciones a los principales problemas que enfrenta la sociedad costarricense, pero para ello, se requiere de la voluntad política, sin imposiciones de diseño, composición y metodología como lo ha planteado el gobierno y el Estado de la Nación.

15 de octubre, 2020.
BUSSCO
PODER SINDICAL Y SOCIAL CONTRA EL MODELO NEOLIBERAL