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Etiqueta: derechos políticos

La democracia que tenemos. La que podríamos tener

Alberto Salom Echeverría

Después de celebrada la primera ronda del proceso electoral 2022, una prima envió al chat de la familia un conmovedor artículo de una persona nicaragüense, admirada por lo que vio el 6 de febrero en las calles costarricenses, día en el que se celebró la primera ronda de las elecciones. Esta ciudadana nicaragüense estaba como encantada por las cualidades que, en su opinión, exhibe el sistema político costarricense; pero a la vez la embargaba una enorme tristeza al comparar nuestro sistema democrático con lo que para ella es el remedo de democracia existente en el hermano país.

No la culpo. Nicaragua encierra en las cárceles a los opositores del gobierno, de cualquier signo ideológico, inclusive a héroes y heroínas de la Revolución Sandinista de julio del 79 que se jugaron la vida contra la tiranía somocista. En Nicaragua se ha vuelto a reprimir con violencia, como se hacía en tiempos del Somocismo, a los jóvenes, estudiantes, a las mujeres, ancianos, o a cualquier persona que se convierta en opositora beligerante del régimen de Ortega. En Nicaragua el sistema electoral está férreamente controlado por el gobierno, por lo que no existe libertad para formar partidos políticos como no sean turecas del oficialismo. La pobreza y la desigualdad allí siguen siendo flagelos que hieren hasta los más fuertes espíritus y destruyen a los más débiles o postergados, desde el punto de vista social y económico. En Nicaragua, en pocas palabras, la democracia no existe. Por todo eso y más comprendo las expresiones de halago hacia nuestro sistema democrático de la amiga de mi prima y su decepción respecto de su país. Pero ¿qué tan democrático es nuestro sistema político y nuestra convivencia ciudadana?

Los ingredientes que debe tener un sistema democrático

«La democracia exige que los derechos políticos y de las minorías se resguarden». «Luchar contra la pobreza no es un asunto de caridad, sino de justicia». “Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada”. Nelson Mandela. Primer presidente negro de Sudáfrica.

Cuando escribo sobre conceptos como es el de la democracia, me gusta inspirarme y traer a colación, pensamientos, frases de egregios o insignes ciudadanos que se hayan destacado en la vida por su ejemplo y coherencia. Nelson Mandela es en mi opinión uno de los más grandes líderes democráticos en el mundo contemporáneo. Mandela tuvo que soportar durante veintisiete años la cárcel a manos del segregacionismo blanco de su país. Su voluntad fue inquebrantable, nunca se doblegó. Por ello, su prestigio y su reputación crecieron como la espuma, hasta que se convirtió en el líder más connotado de todos los que lucharon contra la cruel represión de aquel sistema de “apartheid” de oprobio que imperó en Sudáfrica hasta tiempos muy recientes.

Me inspiro en Mandela, porque como se extrae de las tres citas que les he presentado, su concepción de la democracia trascendió lo puramente formal, para apuntar a los derechos humanos de primera generación, o sea los civiles y políticos de las personas, pero junto a ellos, los de la segunda generación que son, los económicos, sociales y culturales, valga decir, el derecho al trabajo, a una remuneración digna, a la seguridad social, a la salud, a la educación, así como a un nivel de vida digno. Los de la tercera generación, son los derechos colectivos o de solidaridad. Todavía se ha destacado una cuarta generación de derechos que son el derecho a la paz, a la solución pacífica de los conflictos por medio de un tribunal internacional que intervenga contra los crímenes de lesa humanidad y, muy importante hoy en día, el derecho a un desarrollo sostenible y a preservar el medio ambiente natural y el patrimonio de la humanidad.

En suma, el sistema democrático, implica ciertamente un régimen en el que haya elecciones libres, informadas y competidas, de modo que todas las personas ciudadanas puedan concurrir sin restricción alguna a emitir su voto periódicamente. O sea, como se infiere claramente de la primera de las citas que les he presentado, un sistema en el que se resguarden los derechos políticos de todas las personas, pero con acento en los derechos políticos de las minorías. La razón es sencilla, los derechos de los grupos minoritarios pueden resultar ignorados por los grupos dominantes.

En Costa Rica, por ejemplo, esta discriminación fue contundente desde nuestra independencia hasta muy entrada e instaurada la vida republicana contra los desvalidos de los bienes de fortuna. Las minorías étnicas y las mujeres de manera connotada entre ellos han sido fuertemente dejadas en un papel cívico inferior al de los hombres; todos estos grupos de la sociedad se vieron siempre marginados de la participación del derecho a elegir, ser electos; las minorías también sufrieron en cuanto a que no disfrutaron por mucho tiempo del derecho de movilización en todo el territorio nacional e inclusive en lo concerniente a la libertad de expresión. Insisto, las minorías indígenas, los afrodescendientes, chinos y otras minorías étnicas, hasta tiempos muy recientes vivieron segregados de los derechos civiles y políticos que poseían en sí y para sí, solamente los acaudalados de los bienes de fortuna. Es decir, la democracia la habían construido únicamente para ellos mismos, como ocurría en la esclavitud. Todo lo que queda expresado, fue una realidad hasta la Constituyente de 1949, cuando se consagró en la Constitución de la República, para todos los ciudadanos, el derecho a poseer el voto democrático para elegir presidente o vicepresidentes de La República, a postularse para ser diputado, alcalde, regidor o aspirar a la libre movilidad de las personas en todo el territorio, y la plena libertad de expresión. Estas y otras conquistas y derechos civiles y políticos individuales se alcanzaron gracias a la lucha tesonera de las mujeres, de los afrodescendientes, de las poblaciones indígenas, de los chinos e italianos que habían sido traídos para incorporarse a la construcción del ferrocarril, en condiciones paupérrimas de semiesclavitud, desde fines del siglo XIX. Otro tanto ocurrió después con el resto de los derechos de segunda, tercera y cuarta generación. Nada de esto ha podido alcanzarse en ninguna parte del orbe, sin que medie la lucha de los pueblos por sus derechos.

La democracia es pues, un concepto que irradia luz a todos los aspectos fundamentales de la convivencia de los pueblos y naciones, para que se pueda forjar una cultura democrática trascendente y no solamente una forma de elegir a los representantes políticos y consagrar en la legislación el derecho a ser electos. La democracia real en consecuencia ha de ser integral, interactiva entre los diferentes aspectos de la vida en comunidad. Concierne a todos los hombres, mujeres, niños y ancianos, muy en especial a las personas con discapacidad, a quienes la sociedad debe ofrecer plenas oportunidades y garantías para su desarrollo individual y social. No puede haber democracia sin la consagración de estos derechos individuales de primera generación, pero tampoco la habrá si una nación no es capaz de erradicar la pobreza, la desigualdad social, y dotar a todas las personas que conviven en una comunidad política, de un ambiente sano, en el que se combatan, hasta hacerlas desaparecer, las prácticas depredadoras de los bosques, exterminadoras de los animales y contaminadoras de los océanos, mares y ríos. El reto como puede verse es grande y desafiante para toda la humanidad. Costa Rica, país pequeño como es, tiene sin embargo una gran importancia en todo lo dicho, pero más en este último tema del ambiente. La tiene por todo lo que hemos hecho y forjado, aunque falta mucho por hacer, Costa Rica ha suscitado y despertado admiración en numerosas naciones de la tierra. Su importancia tiene mucho de simbólico.

¿Cómo es la democracia costarricense y cómo quisiéramos que fuera?

Puedo entender a las personas nacionales y especialmente extranjeras que consideran que tenemos un régimen político maravilloso, como la amiga nicaragüense de mi prima; de verdad puedo entenderla; sobre todo cuando lo compara con el sistema político de su país, Nicaragua; cuyas falencias y dolores tienen hondas raíces históricas, las que son alimentadas hoy por déspotas como Daniel Ortega, Rosario Murillo y su cohorte de sometidos seguidores. Puedo entenderla, aunque pretendo aportar en el sentido de relativizar ese “maravilloso sistema político” que muchos nos atribuyen. Eso no quiere decir que no lo valore o, “contrario sensu”, lo menosprecie. De ninguna manera. Aprecio lo que hemos conquistado y lo defiendo con pasión y convicción.

¿Qué defiendo de nuestro sistema político? Defiendo y valoro el régimen de libertades democráticas alcanzado algunas veces hasta con sangre, sudor y lágrimas. La dolorosa guerra civil de la década de los cuarenta, en la que murieron hermanos de un bando y otro, sirvió para asentar profundamente un régimen de libertad electoral, que requería renovación y ajustes. No es un mito, como es harto conocido antes de la guerra, “los votos de los contendores del 48” se contaban en Casa Presidencial. En cambio, tras la guerra, se afianzó la libertad electoral y la independencia de un Tribunal Supremo de Elecciones que nació entonces con independencia del poder ejecutivo.

Esa conquista la defiendo “a muerte”. Perdón por la expresión, la empleo solo para que se me entienda mi convicción, hoy soy enemigo de las guerras, soy pacifista convencido. Eso lo aprendí de Mahatma Gandhi. Es invaluable, además, la abolición del ejército; un mérito histórico de José Figueres Ferrer, sin importar de quien fuera la idea primigenia. “El mazazo al Cuartel Bellavista” fue un símbolo bellísimo que reflejó una realidad, una voluntad inquebrantable de buscar la paz imperecedera como resultado de la guerra. Y fue también un símbolo de la democracia que se deseaba, entre otras cosas, porque aquí no se pagan sueldos para “generalotes”, se usan, o deberían usarse los recursos para construir escuelas, hospitales y carreteras. Aunque nos equivoquemos y algunas veces nos olvidemos de ello, o algunos usen el dinero público con abuso, premeditación y corrupción.

Hay plena identificación de la inmensa mayoría de la ciudadanía costarricense, de la juventud, con el régimen público de gratuidad de la educación primaria y secundaria. El analfabetismo sobrevive apenas en un 3.2% de la población. Aunque estamos avisados de su deterioro. ¡Cuidado con ello! La democracia costarricense igualmente no se podría entender sin una seguridad social como la que tenemos y que, los ganadores de la guerra civil profundizaron con la universalización del seguro social. Su desgaste igualmente ha provocado que algunas personas se equivoquen creyendo que la solución es la privatización de algunos de los servicios de la “Caja Costarricense del Seguro Social”. Sin esa formidable conquista anterior a la guerra del 48, pero que se profundizó tras ella, estoy convencido que la democracia se derrumbaría; conste no soy, ni quiero ponerme catastrofista. Otro tanto se puede decir respecto del ICE. La conquista de la creación del ICE después del 48 fue algo extraordinario para la democracia. La energía eléctrica y la telefonía llegaron hasta los lugares más recónditos. Democracia pura. Hoy el ICE requiere un remozamiento en el funcionamiento a cargo de la energía, puesto que ya el mercado de la telefonía celular se abrió. Sin embargo, ha sido una célebre conquista de la democracia costarricense. Hay voces privatizadoras, pero no creo que sea la mayoría de la población.

Costa Rica cuenta además con energías limpias, como la eólica, la solar, la proporcionada por la presión del agua, la geotérmica. Se habla ahora de la hidráulica o cinética y la potencial. Los bosques desde los decretos primero y luego las leyes de los años setenta, constituyen otra conquista esplendorosa de nuestra democracia. Por ahora me quedo aquí.

¿En qué necesitamos mejorar?

Persiste un nivel alto de contaminación, proveniente de emanaciones de gases de las fábricas que todavía usan combustibles fósiles. El principal factor contaminante lo constituye el parque automotor que produce alrededor del 56% de las fuentes contaminantes del aire. Las regiones más contaminadas están localizadas principalmente en el área metropolitana, o en las principales ciudades de la ruralidad del país. Lo grave es que aún este porcentaje se incrementa anualmente, debido a que los camiones o vehículos de combustión fósil crecen en un 7.4% cada año. En el 2020, nuestro país registró emisiones de CO2 del orden de 7,818 megatoneladas, por lo que llegó a ocupar el lugar n.69 en un ranking de países contaminantes de CO2, entre 84 naciones ordenadas de menor a mayor. La huella ecológica no es sostenible para Costa Rica, pues según datos del 2019 (de ODI/UCR), representa un 8% más de lo que el territorio es capaz de reponer. Como todo lo anterior, todavía tenemos deficiencias graves en la gestión y producción de residuos, además de este, algunos de los principales problemas son: la escasez y contaminación del agua, la sobreexplotación de los recursos del mar, así como el uso excesivo de agroquímicos.

Otros males que no podemos dejar de mencionar que afectan decisivamente la democracia son: el ominoso y abominable incremento de la desigualdad social. Nos hemos convertido en uno de los países con más rápido incremento de la desigualdad en el mundo. La pobreza y desocupación siguen representando un peso descomunal para la economía costarricense, la que acumula un déficit fiscal que venía siendo mayor del 7% del PIB; en el 2021, afortunadamente descendió a un 5.18%, el más bajo por cierto de los últimos tres años, según datos del Ministerio de Hacienda. Veremos si somos capaces como nación de disminuirlo, hasta que deje de representar un serio problema para nuestras finanzas.

Ciertamente, no hay democracia sin elecciones limpias, competidas y un TSE independiente del ejecutivo. Pero una democracia se robustece si el desarrollo no solamente hace crecer el Producto Interno Bruto anualmente, sino sobre todo si la distribución de la riqueza permite que cada vez porcentajes más altos de la población dejen la pobreza y pobreza extrema y adquieran niveles de vida confortables y sobre todo con justicia social. La corrupción, aunque ha mejorado, según el índice de percepción de esta (IPC), medido por Transparencia Internacional, Costa Rica se colocó en el año 2021, en el lugar 39 entre 180 naciones. La corrupción continúa afligiendo a la ciudadanía, sobre todo porque un porcentaje muy alto de los casos denunciados (90%) no llegan a juicio. La corrupción lacera y carcome las entrañas de la Patria, casualmente porque destruye la democracia.

Para concluir diré, que muchas personas sentimos que la división de poderes, principio esencial de una democracia, desde que los hubiese escrito el varón de Montesquieu, se ha debilitado. Al Poder Legislativo llega mucha gente mal preparada, alguna gente se postula a la presidencia tan solo para incrementar su opción para ir a la Asamblea Legislativa. El contrabando y otras acechanzas son verdaderas amenazas para los poderes del Estado nacionales y locales y provocan que la democracia trepide y la ciudadanía pierda fe en ella.

Nuestra democracia sigue teniendo solidez institucional, pero existe la percepción generalizada de que no hay una ruta clara para el desarrollo. Es indispensable apuntalar en la población la idea de lo imprescindible que resulta un desarrollo sostenible y sustentable con la Naturaleza, con el ambiente, con los ecosistemas, con la vida. Solo por una ruta como esta podremos vigorizar nuestras instituciones democráticas y superar el subdesarrollo. Espero que la patriota nicaragüense comprenda la integralidad del concepto de la democracia. ¿Es complejo construir este concepto? Más compleja es la realidad democrática que todo hombre y mujer honrada pretende forjar.

 

Publicado en www.larepublica.net/noticia/la-democracia-que-tenemos-la-que-podriamos-tenery

Compartido con SURCOS por el autor.

UCR condena acciones del gobierno nicaragüense contra derechos humanos

Zaida Siles R. /Sesión 6498, artículo 7

Fiel a sus principios y políticas institucionales, la Universidad de Costa Rica (UCR) condenó las acciones del Gobierno de Nicaragua que atentan contra la libertad de pensamiento, de expresión y de tránsito del pueblo nicaragüense, así como la afectación al ejercicio de derechos políticos, que ponen en peligro el régimen democrático y la promoción de la paz

La posición de esta casa de estudios superiores fue emitida por medio de un pronunciamiento del Consejo Universitario, este martes 15 de junio, en el que demandó al gobierno de Daniel Ortega la liberación, no solo de las cuatro personas candidatas a la presidencia, sino, también, de las otras que han sido detenidas arbitrariamente, en clara violación a sus derechos fundamentales.

Además, le pidió que realice elecciones presidenciales libres bajo observación internacional.

Al mismo tiempo, la UCR instó al Gobierno de la República a pronunciarse sobre los actos atroces que ocurren en el país vecino, tomando en cuenta que Costa Rica es respetuosa de los derechos y libertades de todas las personas.

El Consejo Universitario fue enfático al manifestar que la Universidad de Costa Rica promueve el respeto y la garantía en el cumplimiento de los derechos humanos, por lo cual no puede guardar silencio ante actos que violentan los derechos más intrínsecos de la persona, independientemente del país en el que se encuentre.

En las últimas semanas, en Nicaragua se han presentado constantes actos de violencia en contra de su ciudadanía, especialmente, de quienes no comparten el pensamiento de la actual administración. Estas personas han visto violentadas sus libertades fundamentales, así como el ejercicio de sus derechos políticos, ante la posibilidad de que presenten sus candidaturas presidenciales a las elecciones nacionales, por realizarse en noviembre de este año.

De acuerdo con el pronunciamiento, el correcto ejercicio y vigencia plena en un proceso democrático requieren de la participación de partidos políticos que cuenten con garantías de competencia electoral y que representen a diferentes segmentos de la sociedad.

El Consejo Universitario manifestó que se debe asegurar el respeto a la multiplicidad de criterios y de opiniones críticas que emanan de la expresión de la libertad de pensamiento sin que las personas sean castigadas con represiones ni persecuciones.

“Los derechos humanos son universales e intrínsecos a cada persona y deben ser respetados, protegidos y garantizados en todo momento”, destacó el Órgano Colegiado.

El pronunciamiento fue aprobado a partir de una propuesta presentada por el rector, Dr. Gustavo Gutiérrez; la directora del Consejo Universitario, M.Sc. Patricia Quesada y el Dr. Germán Vidaurre, miembro de dicho Órgano.

La libertad de pensamiento y expresión es consagrada como un derecho humano y fundamental en una sociedad democrática, destacó la UCR.

Las élites del poder de Costa Rica en toda su miseria moral

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

“Hoy (cualquier día de estos) en canal 7 el abogado que ha catalogado de “leyenda urbana” la autonomía universitaria consignada en la constitución de Costa Rica, el mismo que le abrió el portillo legal a Óscar Arias para su segunda presidencia, Rubén Hernández, manifestó poco más o menos, en relación con la ley de empleo público, que no debe desaprovecharse la ocasión para poner orden en lo que lleva ya 70 años por la libre.

¿Qué es lo que en el fondo lleva 70 años por la libre, según esta sensibilidad subyacente? Pues el Estado social de derecho, precario ciertamente, pero que ha permitido en alguna medida, a quienes participan en la construcción de la sociedad, que participen también en las decisiones, una de las cuales es la fijación de sus remuneraciones. Como la participación de los trabajadores ha sido limitada, aún en este limitado estado social, además se conservaba el recurso del derecho de huelga. Estas condiciones se han sustentado en una sensibilidad a la que suele llamársele DEMOCRACIA y que en este país se estableció institucionalmente después de la guerra civil del 48.” ÁNGEL OCAMPO ÁLVAREZ.

Los ideólogos del régimen imperante en la Costa Rica del bicentenario de la independencia del dominio colonial español, lo que buscan es el empobrecimiento generalizado de las grandes mayorías laborales, con el propósito de mandarnos de vuelta al país que éramos hace cien años, cuando cayó la dictadura de los Tinoco: uno de patronos hacendados cafetaleros, por lo general y el resto de la población una masa inerme de gentes sin derechos sociales ni políticos, a la que había que engatusar, cada cuatro años, para que fuera a votar por los candidatos de la casta en poder, sobre todo cuando empezó el sufragio universal de los varones adultos puesto que las mujeres debieron esperar muchos años más para ejecutar ese acto liberticida que, en principio no cambió mucho su opresión y discriminación en ésta y las otras naciones de nuestra área continental.

Para esas gentes entronizadas en el poder y dueñas de la mayor parte de la riqueza, de lo que se trata es de equiparar hacia abajo los salarios de todos los trabajadores, poniendo a los del sector público en las mismas condiciones en las que se encuentran la gran mayoría de quienes laboran en el sector privado (casi siempre al borde de la miseria y en medio de la mayor incertidumbre laboral), se trata de igualar hacia abajo y no de mejorar los salarios y condiciones de los trabajadores del sector privado (v.g.r Luis Diego Marín Schumacher quien propone una: Reducción del gasto público mediante la eliminación de todos los sueldos y pensiones exorbitantes (todo aquello no sean salarios de mera subsistencia, decimos nosotros). Equiparándolos con los salarios del sector privado.)

Lo anterior equivale, para efectos prácticos y reales, al empobrecimiento generalizado de la gran mayoría de la población costarricense, al disminuir su poder de compra llevando al mínimo la demanda agregada de bienes y servicios, lo que traerá la quiebra de innumerables empresas del sector productivo, por cierto no solamente las medianas y pequeñas, al achicarse todavía más el mercado interno ¿a quién le van a vender estos empresarios y emprendedores? Lo único cierto es que el país se hundirá en una recesión todavía más profunda, la que no empezó precisamente como resultado de la pandemia del Covid 19, sino que se originó como resultado de las políticas de austeridad impulsadas por todos los partidos o franquicias electorales del régimen, mediante el concurso de sus diputados en la Asamblea Legislativa, en una de las legislaturas más mediocres de toda la historia de Costa Rica.

Esos, y no otros disfrazados de preocupaciones de orden fiscal, son los verdaderos propósitos de quienes formularon la ley de empleo público, con la que se busca llevar a la incertidumbre a la totalidad de los trabajadores, con el beneplácito de los exportadores y los insaciables usureros del capital financiero, unas gentes que sólo sueñan con bajar los costos de la fuerza de trabajo.

Entramos así en la etapa de las dictaduras, y los regímenes totalitarios, pero con la bien disimulada astucia de aquellos gobernantes que se las arreglan para no acudir a los procedimientos más emblemáticos, visibles, infames, o incluso grotescos de los totalitarismos del siglo pasado, a diferencia de la brutalidad manifiesta del estalinismo, o de la del fascismo hitleriano o franquista, aquí todos viven felices en las más perfecta de las dictaduras (Aldous Huxley EL MUNDO FELIZ, 1932), la gran pregunta es ¿qué harán o sentirán muchas gentes cuándo se despierten convertidos en las víctimas de una nueva esclavitud?: sin derechos laborales y políticos para hacerse escuchar en una sociedad donde el fundamentalismo religioso secular del mercado es el que reina sobre cualquier otro principio o dimensión social. Los tenedores de bonos de la deuda interna seguirán asfixiando al fisco con las elevadas tasas de interés de las que hacen usufructo, sin remordimiento alguno, los especuladores del capital financiero expertos en burlar el pago de impuestos, además de sacar capitales a los paraísos fiscales continuarán en lo suyo y los que estafan al fisco con los sobreprecios de las concesiones de obra pública y otras estafas similares, por muchos millones de dólares también, están seguros de que para ellos siempre habrá impunidad, o a lo sumo recibirán alguna reprimenda leve.

Al final de cuentas, aquí los culpables de todos los males del país son los trabajadores del sector público, las inversiones en educación y en salud o la inversión pública para reactivar la economía, con base en un vigoroso mercado interno ¿será por eso que los poderes fácticos, con el aplauso de sus cortesanos, nos quieren devolver a la Costa Rica de los oligarcas y de una gran mayoría de peones irredentos?, ¿la de 1920 o 1921, cuando se cumplieron los primeros cien años de la separación del dominio colonial español?

Como expresión de amor el matrimonio no está sujeto a autorizaciones y permisos, a normas que lo regulen

(Palabras pronunciadas por Vladimir de la Cruz, en el matrimonio de su hija Yalena de la Cruz con Karina Vargas, el sábado 21 de noviembre del 2020, celebrado en Hacienda Sitio de Mata, en Pavones de Turrialba)

El matrimonio de Yalena y de Karina, que nos reúne hoy, es una relación sostenida en el tiempo, consolidada y fortalecida. A Karina la conocí hace poco, pero me impresionó su ser, su franqueza para expresar sus inquietudes, su capacidad, su sencillez, su sólida formación científica y profesional, su precisión para decir las cosas y sus pensamientos.

Profesionalmente la he llegado a valorar extraordinariamente, por el esfuerzo de superación constante que hace. Incluso, recientemente, se ha doble graduado, llegando a muy altos niveles de superación y de poder asumir responsabilidades igualmente altas. Eso es muy importante, no solo para ella, sino para Yalena también, como pareja que son, para Sofía como su hija, que es nuestra nieta.

En el caso de Yalena, ¿qué puedo decir, en un momento como éste? Es mi primera hija. Desde chiquita siempre tuvo carácter, siempre tuvo capacidad para tomar decisiones importantes, que las hacía valer.

Se le estimuló para que afirmara su carácter, su personalidad, su propia identidad. Aprendió a que se respetaran sus opiniones, sus manifestaciones, sus acciones. Aprendió desde pequeña a ser tratada como una persona. A los cinco años ya leía por sí misma, devoraba los libros infantiles que se le daban, lo que le permitió avanzar más rápidamente en el proceso escolar. Fue disciplinada ante el estudio y buena estudiante siempre.

Cuando fue dirigente estudiantil universitaria fue “peleona”, defendió derechos estudiantiles, derechos de las mujeres, y fue de las que, en la Universidad, también participó y desarrolló las primeras luchas contra el acoso y el abuso que sufrían las mujeres estudiantes, especialmente en la Facultad de Odontología.

En el Consejo Universitario tuvo allí sus distinciones también, afirmando y defendiendo siempre derechos, fijando posiciones, luchando por lo que ella creía que era lo justo, así como actuando en la defensa de los derechos de otras personas y de los estudiantes, especialmente, desde la Defensoría Estudiantil.

Además, empezó a escribir en el periódico La Nación, donde ha tenido sus discusiones y polémicas. Recuerdo la enorme alegría que tenía cuando el periodista Julio Rodríguez la integró a la Página de Opinión de este periódico, con el que se ha mantenido desde hace ya muchos años, como una de sus columnistas, abordando distintos temas, y algunas polémicas fuertes.

Cuando ha formado parte de Juntas Directivas de instituciones es como una bolsa de clavos en las nalgas, porque es muy recta, muy correcta, muy honrada, es de principios sólidos, lo que la lleva a enfrentarse a todo lo que le parece que es corrupción, a lo que no le gusta del mal manejo del campo administrativo, lo que es muy importante no solo para ella, sino para quienes la conocemos, porque sabemos que ella actúa pensando siempre que hace lo correcto, lo justo, que es la mejor forma de realizarse, como debe realizarse una persona con valores. En lo que ella cree es muy íntegra y consecuente. Es apasionada por sus acciones y decisiones.

Cuando se enamoró, en la forma como lo ha hecho, empezó también a defender sus decisiones, su libertad de amor y de amar, aun cuando la sociedad no permitía o admitía espacios para expresar esos sentimientos. Pero, ella los hacía valer y los hizo reconocer, que es lo más importante, como lo estamos haciendo hoy quienes nos hemos reunido, familiares y amigos, para celebrar con Karina y Yalena la decisión de amarse en la figura jurídica del matrimonio que hoy están concretando, que la sociedad y el Estado costarricense ya ha establecido como un Derecho Humano de los costarricenses.

Hoy estamos ante un proceso en el que realmente culmina esa parte de las luchas de Yalena, y también de Karina.

Yalena y Karina son buenas personas. Esto es lo más importante para la unión que se ha formalizado en el acto de sus firmas y en la declaración pública de sus afectos y votos de convivencia que han expresado ante todos nosotros.

La sociedad costarricense, desde 1888, estableció como el único matrimonio válido el realizado ante autoridad civil, cuando se creó el Registro Civil y cuando se reguló el matrimonio en el Código Civil, aprobado ese año, obligando, a la vez, que los matrimonios celebrados con oficios religiosos católicos, desde esa época, se debían inscribir en el Registro Civil para su plena legalidad y reconocimiento legal público. A los sacerdotes se les dio la condición de Auxiliares del Registro Civil, a efectos de la realización de los matrimonios que se hacen bajo las normas eclesiásticas, y bajo sus responsabilidades.

La Iglesia tenía la facultad de realizar los matrimonios en aquella época, donde también tenía el ejercicio monopólico de la religión católica. Apenas empezaban a introducirse otras manifestaciones religiosas cristianas con la construcción del ferrocarril a Limón.

En el campo educativo a principios del siglo XX se empezaba a enseñar en aulas escolares a niños y a niñas, bajo una gran polémica con la Iglesia Católica, que se oponía a esta enseñanza, por el peligro que entrañaba, según la Iglesia, de que los hombres se feminizan y las mujeres se masculinizan, por estar juntos, en la misma aula, en el proceso del aprendizaje.

El matrimonio, como hoy lo entendemos, no siempre existió, ni siempre estuvo sujeto a normas ni a aceptación religiosa. La institución del matrimonio en el pasado también estuvo asociada a raptos, esclavitud, promiscuidad, prostitución, regulado así por costumbres, usos y tradiciones, en ocasiones con papel predominante de las mujeres hasta que se impuso el machismo y el patriarcalismo en el ejercicio de estas tradiciones matrimoniales y familiares, resultado de las relaciones de producción que modificaron los papeles sociales de las personas, amparado por los cánones religiosos cristianos que nos fueron impuestos, por los españoles, desde la colonia.

Hubo prácticas colectivas de matrimonios, antes de la consideración individual de pareja que le damos hoy. En muchos casos la “familia” era una “cárcel” especialmente para las mujeres. Sobre ellas se decidía, en el caso de las hijas, incluso en su opción matrimonial, “negociándolas”, como mercancías. Los padres, se llegó a acostumbrar, decidían por sus hijas el matrimonio, escogiéndoles sus maridos.

El matrimonio es una institución muy vieja que no pasa de moda. Se siguen realizando, con gran entusiasmo, con gran celebración. Es un punto de encuentro y de fusión de familias. El matrimonio es también una expresión de amor. Como expresión de amor el matrimonio no está sujeto a autorizaciones y permisos, a normas que lo regulen. Se regula y se cumple por el respeto que se profesen los contrayentes, la pareja que decide vivir en unión, mientras así lo decidan y acuerden. El afecto, la ternura y la relación amorosa que se manifiesta en el acto matrimonial no descansa en los timbres, en los sellos que se estampan en el acta notarial, en la firma de los Abogados Notarios, o funcionarios autorizados a realizar matrimonios, ni en las normas que se cumplen para realizarlo. Descansa el matrimonio en el amor mutuo que se profesen los contrayentes, sin importar la opinión, ni la de la llamada opinión pública, ni de quienes a la distancia observan el acto de la unión que ha acordado, que llamamos matrimonio. El matrimonio, como acto de amor, es una legítima unión libre amparada por un formalismo estatal.

La filiación maternal fue fundamental en el desarrollo de las relaciones familiares y matrimoniales. Se tuvo “matria” antes que “patria”. Hasta hace poco tiempo, hasta los avances científicos del ADN, la paternidad era misteriosa mientras la maternidad era real. En 1949 se logró la igualdad de las mujeres en derechos políticos, el de votar, recientemente fortalecidos con la exigencia de la igualdad de oportunidad de ser electas mediante la alternabilidad vertical y horizontal que se ha establecido para aspirar a puestos de representación política.

En 1970 con el Código de Familia la mujer se igualó al hombre en sus relaciones matrimoniales y familiares. Siguió luego el avance en otros derechos.

El papel de la mujer en la sociedad costarricense ha evolucionado, cada vez más, hasta alcanzar la plena igualdad hoy en el ejercicio de derechos y libertades.

La última batalla ha sido el reconocimiento, no solo de las mujeres, sino de los hombres también, para que puedan realizarse y convivir en parejas matrimoniales del mismo sexo, así reconocidas jurídicamente en el país, y ante la sociedad, sin prejuicio, ni exclusión ni discriminación alguna. No ha sido una lucha sencilla. Ha sido dura. Para algunos ha sido muy dolorosa.

Finalmente se ha impuesto y consolidado, en la sociedad costarricense, el matrimonio civil, como expresión del contrato de dos personas, de diferente o del mismo sexo, que quieran unir sus vidas, para amarse, acompañarse, para construir en común su futuro, con respeto y aceptación a las otras formas, de carácter religioso, por las cuales otras personas quieran unirse.

Hoy la sociedad costarricense reconoce el derecho de las personas a casarse, de cualquier persona, a constituir matrimonios y familias, de conformidad a prácticas civiles, laicas, no religiosas, así como el de quienes quieran casarse de conformidad a rituales y a prácticas religiosas, especialmente católicas.

En las condiciones actuales puedo afirmar que hay más amor entre personas iguales y menos desigualdad social en este campo del amor. No se ha tratado de abolir el matrimonio como institución para garantizar esta igualdad, se ha tratado de fortalecer esa igualdad quitándole las trabas, a la institución de matrimonio que lo ataban, para que quienes quisieran casarse lo pudieran hacer al amparo del Estado, de sus instituciones legitimadoras, de conformidad a una nueva escala de valores públicos, sin importar su sexo, su género.

Así surgen estos nuevos matrimonios, como el que hoy se lleva a cabo entre Yalena y Karina, que contribuyen a salvar la idea tradicional del matrimonio, y a fortalecer los diversos conceptos de familia, que la misma sociedad produce, las familias de dos personas de diferente sexo, con hijos o sin ellos, con hijos adoptados, las familias de madres solteras, las familias de personas que no tienen vínculo matrimonial formal, las que sí lo tienen, las parejas de mismo sexo, con hijos o sin ellos, con hijos adoptados, las familias que dependen de las madres cabezas de hogar, que son las que tienen los principales ingresos económicos de sus hogares aun cuando tienen esposo o compañero, las familias cuyo eje descansa en la presencia de un abuelo o abuela o de algún otro familiar, o de solo la madre o de solo el padre, así como las diversas familias que pueden formar los miembros de la comunidad LGTBY, que generan en la práctica familias de dos mamás o de dos papás.

El matrimonio es también una manifestación de una conciencia aprobatoria. No se realizan actos que en conciencia se rechazan. Quienes aquí nos reunimos aceptamos, aprobamos y nos alegramos de la decisión que han tomado nuestras hijas, Yalena de la Cruz Figueroa y Karina Vargas Lepe, de asumir este compromiso, ante ellas mismas, ante sus amigos y familiares, y ante la sociedad, que las protege legalmente, así como a su bellísima hija, nuestra nieta, Sofía, que es parte esencial de esta nueva familia, y de nuestras familias reunidas en este acto de amor, que nos han hecho crecer como familias y como seres humanos.

Esta ceremonia ha sido convocada por Yalena y por Karina para hacernos partícipes y testigos de honor de la unión que han acordado, haciendo uso pleno de sus libertades, y participándonos de la decisión que han tomado en conciencia sus corazones.

No estamos aquí para imponer nuestra visión del mundo, ni nuestra voluntad, ni nuestra escala de valores. Estamos aquí, en nuestra condición de padres, hermanos, familiares y amigos, para afirmar nuestro respeto por la decisión de vida que han tomado, por la unión que han acordado en este momento, con la alegría que nos causa su decisión, su unión matrimonial.

En este acto celebrado han mostrado ser más libres, más realizadas en el amor que se profesan, más dueñas de sí mismas, más responsables de sus actos.

En este acto nosotros no pedimos nada. Son ustedes, Karina y Yalena, las que nos brindan su acto de amor, que con los años nos darán mucho.

Experimentamos como familias una renovación de la vida en el ámbito discreto e íntimo de nuestras familias, y en el ámbito público de la sociedad. En el porvenir de ustedes prolongamos también nuestra existencia. En el acto que acaban de realizar expresan la intensidad de sus vidas, su amor, su calidad de buenas personas. Hoy unidas son más fuertes y afortunadas.

Afirmamos y reconocemos, en este acto, con nuestra presencia, su libertad de amarse en la unión que han pactado, en esta nueva Costa Rica, en vísperas del Bicentenario de la Independencia, que ha abierto, en el campo de las relaciones matrimoniales, un nuevo horizonte para todos los costarricenses.

Al brindar por sus parabienes matrimoniales, ¡Les deseamos la mayor felicidad posible, junto a Sofía!

Observatorio Ciudadano Municipal por la Transparencia y Probidad en Cartago

Un grupo de ciudadanas y ciudadanos del Cantón Central de Cartago, reconociendo su responsabilidad constitucional dan a luz este Observatorio y proponen construir los procesos de participación ciudadana para lograr la transparencia de la gestión municipal, exigir la probidad de quienes ocupan los cargos de la Institución para fomentar la credibilidad tan deseada que establece el Art. 11 de nuestra Carta Magna.

Así, estas personas asumen la responsabilidad de desarrollar sus capacidades y destrezas que le permitan conocer el marco de los diversos temas municipales, conocer las funciones y responsabilidades de los diferentes miembros que componen el gobierno local, todo lo anterior en procura de una participación ciudadana crítica, analítica, activa y efectiva (Art 5 Código Municipal).

De esta forma, este esfuerzo busca que el accionar adentro de la Municipalidad deje de ser un secreto que fomente la corrupción y la impunidad.

Todo lo anterior cumpliendo el mandato constitucional del Art. 9 de nuestra Constitución Política, el cual establece la construcción de la República Participativa.

Enviado a SURCO por Damaris Vigot Aguilar.

Solidaridad sin privilegios en tiempos de pandemia

Carlos Campos Rojas

Son momentos de incuestionable unión y de esfuerzos conjuntos. De la mano, así tenemos que salir de este desafío que nos impuso el Covid 19.

Es inaceptable que la mafia política se aproveche de la situación, para enriquecerse más.

Hemos recuperado la solidaridad que habíamos perdido por los desvaríos de una sociedad de consumo, que consideraba moral y correcto, pisotear al “otro”, para lograr sus privilegios y su estatus.

La economía globalizada tenía su soporte en el consumo irracional, irresponsable e inescrupuloso. Se consideraba el consumismo como el centro del desarrollo y la forma de demostrar la integración a las nuevas tendencias posmodernistas de hacer política y establecer modelos de gobernanza, que profundizaban la dominación a la que habíamos estado sometidos.

Este gobierno sabía al asumir su mandato, que se enfrentaba en su trabajo a un terrible legado de las administraciones que, después del gobierno de Rodrigo Carazo, tuvieron como norte destruir nuestro estado de bienestar por uno presuntamente más moderno, más acorde a la privatización y a la negación del ejercicio de los derechos políticos de la persona ciudadana. Entregaron nuestra riqueza, como si fueran bienes de difunto a banqueros privados, alquiladores de edificios, prestatarios de servicios, etc., que aparecieron sin percatarnos, para hacerse del botín, como una gollería.

Pasamos a ser el país más desigual de América, porque la riqueza se concentró en muy pocas manos. Se imponía que era más importante el bienestar del individuo, aunque fuera pisoteando la espalda de los demás.

Así, entre las múltiples herencias aportadas por esa vieja mafia política que asumió el mando en la oscuridad, está la Concesión de la Ruta 27. Uno de los contratos más leoninos a los que nos ha condenado un gobierno.

Oscar Arias, lleno de malinchismo y sin ningún amor por nuestra patria –entre muchos de sus actos-, nos encadenó a enriquecer una empresa extranjera, a través de una concesión que demostró que el artilugio legal, servía para legitimar el saqueo de la riqueza que nos ha pertenecido.

La Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos Nº 7762, aprobada el 22 de mayo de 1998, fue el instrumento para que una legalidad viciada, finalizara un proceso de años de irresponsabilidad estatal. En el mejor de los casos tuvimos que pagar $3 millones por comisiones al BID, por créditos que no se usaron y así se puso al desnudo la cultura de corrupción y de impunidad que se consolidaba.

Hoy todos debemos ser solidarios, la ciudadanía saca para ayudar al prójimo, incluso de donde no tiene y estamos dispuestos a correr al llamado del gobierno. Los ticos, somos solidarios porque no han podido arrebatarnos todas nuestras raíces, eso nos tiene con esperanza de salir adelante en estos momentos difíciles.

Resulta que ese leonino convenio de la Ruta 27 y las posteriores Adendas, dejaron establecida la obligación del gobierno –o sea el pueblo costarricense- de pagarle a la empresa Concesionaria Autopistas del Sol (c.c. Globalvía Ruta 27), los ingresos que la empresa no obtuviera, si por los peajes no pasan, los vehículos suficientes para cubrir los costos y obtener las ganancias que –en el gobierno de Arias- se le prometieron a la empresa extranjera, calculados con el Índice de Precios al Consumidor Urbano de los Estados Unidos (CPI-U).

La Ruta 27 está desierta porque en estos momentos todos debemos estar en casa. Es la orden gubernamental para no ser castigados por el Covid 19 y ésa debe ser la responsabilidad ciudadana.

Debemos saber de manera transparente, si para cumplirle a la Concesionaria, hay que arrebatarle en esta emergencia a las personas desempleadas y en alta vulnerabilidad social, la plata para comprar alimentos, que, con mucho esfuerzo, hemos aportado con nuestros impuestos para ellos.

Aunque el contrato tiene una cláusula de Caso Fortuito, está más relacionada con los aspectos de construcción de la carretera y referidos desde luego a eximir a la empresa de cualquier responsabilidad.

Que sepa el gobierno que en estos momentos la probidad y la transparencia son la prioridad del país. Que cuenta con la ciudadanía como respaldo, ante los desafueros y la ignominia que una mafia política organizó, con una legalidad espuria.

La Concesionaria Autopistas del Sol ha estado en silencio, todavía no sabemos cuándo se dará por satisfecha y nos devolverá lo que nos pertenece. Para defenderla sobran los corsarios del derecho y la justicia.

Ya algunas empresas han manifestado que demostrarán en estos momentos, su solidaridad y responsabilidad social con el país.

La solidaridad debe ser de todos los que convivimos en esta patria, la ciudadanía ya ha puesto su parte.

Ahora le toca demostrarlo, sobre todo, a ese tipo de empresas que se enriquecen con lo que nos pertenece.