Vista panorámica de la Gran Marcha por la Educación Pública
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Firma de Pacto Nacional por la Educación Pública
Tras la llegada de la multitudinaria marcha de las universidades estatales a la explanada de la Plaza de la Democracia, en Cuesta de Moras, San José, los rectores de las cinco universidades públicas y otros sectores realizaron una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa.
Además de contar con el respaldo de la bancada liberacionista se firmó un Pacto Nacional por la Educación, en virtud de la crisis que afronta el sector, sobre todo por la negativa del Ministerio de Hacienda a reconocer el pago del 1% por inflación, el cual corresponde a unos ¢6 mil millones.
Dicho documento busca garantizar la pertinencia y calidad de los servicios de la educación pública, así como la paz social y libertad política como herramientas indispensables para la movilidad social.
Sesión de la Comisión de Enlace del FEES y más detalles en Vamos con la U Pública
Información compartida con SURCOS por Efraín Cavallini Acuña.
En el marco del “Pacto Nacional por la Educación Pública” se logró una gran marcha
Comunicado
Pacto Nacional por la Educación Pública
Martes 20 de junio 2023
• Miles de personas de diferentes zonas de Costa Rica marcharon demandando respuestas ante la emergencia nacional educativa que atraviesa el país.
• Se presentó públicamente la propuesta “Pacto Nacional por la Educación Pública” como hoja de ruta en ausencia de liderazgo del MEP.
• En el evento multisectorial participaron organizaciones estudiantiles, académicas, representaciones institucionales, sindicales, sociales, productivas y comunales.
La peor crisis educativa en los últimos 40 años debe abordarse con prontitud. Urgen soluciones ante los múltiples retos de la educación pública: desigualdad educativa, formación docente, innovación pedagógica, inversión en educación, brecha tecnológica, evaluación de los aprendizajes, infraestructura educativa, mejoramiento de la educación técnica, participación comunitaria y articulación entre los niveles del sistema educativo, entre otros.
Hoy, el Ministerio de Educación Pública carece de verdaderos liderazgos. Por eso, este martes 20 de junio miles de personas de todo el país unieron esfuerzos para hacer un llamado vehemente en contra de una nueva “generación perdida” -como ya sucedió en la década de 1980-, un ejercicio democrático y propositivo para la construcción de un Pacto Nacional por la Educación Pública que propicie salir de esta emergencia nacional.
Reunidos en la Plaza de la Democracia, este Pacto Nacional por la Educación Pública se planteó públicamente al Gobierno y la Asamblea Legislativa. Entre las urgencias y demandas prioritarias que requiere el sector educativo costarricense, se puntualizan:
• Declarar una emergencia nacional educativa.
• Otorgar el presupuesto constitucionalmente asignado a la educación pública: 8% del PIB.
• Liberar a la educación pública de la regla fiscal.
• Aplicar las políticas educativas y curriculares vigentes.
• Avanzar hacia una evaluación de los aprendizajes con metodologías robustas que se adapten a nuestras realidades educativas.
• Restablecer los convenios de cooperación pedagógica, técnica y científica con las universidades públicas.
• Avanzar en la universalización del currículum educativo en primaria.
• Recuperar progresivamente la deteriorada infraestructura educativa.
• Crear la red nacional de conectividad educativa.
• Mejorar y fortalecer los programas de equidad y las transferencias a las juntas educativas.
• Aprovechar el bono demográfico para disminuir el número de estudiantes por aula y aumentar la calidad educativa.
• Otorgar un salario digno para el personal del MEP y eliminar el interinazgo prolongado.
• Dictar las reformas legales necesarias para que se corrijan los errores legislativos que generan “salarios pagados de más” y que impiden sustituir las plazas docentes, pagar recargos de funciones y ampliaciones de jornada.
• Generar un acuerdo de negociación que fije metas hasta el 2026 para cumplir con el 1.5% del PIB para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
• Revisar la Ley 9931 con el fin de garantizar una educación técnica de calidad.
Costa Rica debe garantizar para sus habitantes una educación inclusiva, crítica, creativa e innovadora, que genere mayor movilidad social y reduzca las desigualdades estructurales en el mediano y largo plazo. Una educación que sea un “proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos”, -como establece la Constitución Política-, que nos permita sentar las bases de un país donde nadie se quede atrás.
En la Gran Marcha por la Educación Pública se realizó un llamado para que más organizaciones, familias y personas se sumen en la construcción de este Pacto Nacional por la Educación Pública que, sin duda, fortalecerá la democracia costarricense y el Estado Social de Derecho.
Imagen de la marcha: Semanario Universidad
Organizaciones llaman al Estado costarricense a garantizar los derechos de las personas trabajadoras migrantes y refugiadas
Instamos al Estado costarricense a reconocer los obstáculos que enfrentan las personas trabajadoras migrantes y refugiadas para el acceso a sus derechos. Llamamos la atención para que se tomen medidas inmediatas e integrales para su garantía.
San José. – En el marco del mes de las personas trabajadoras, organizaciones de la sociedad civil participamos en un encuentro para discutir sobre los desafíos a los que se enfrentan las personas trabajadoras migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en Costa Rica y cómo ello afecta su integración y el acceso a sus derechos.
Una de las razones que identificamos a partir de este encuentro, y la cual consideramos imposibilita la efectiva creación y administración de políticas públicas que garanticen la integración de las personas trabajadoras migrantes a las comunidades de acogida, es el escaso registro que existe tanto del flujo de personas trabajadoras migrantes como del acceso a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como a condiciones laborables justas.
Denunciamos que la reducción de presupuesto y recursos estatales profundiza la complejidad en los procesos de regularización migratoria. Los requisitos, en algunos casos incumplibles, generan costos y demoras que conducen a un círculo vicioso de irregularidad migratoria, imposibilitando a las personas trabajadoras migrantes al acceso de condiciones laborales equitativas y empujándolas a la informalidad. Asimismo, evidenciamos que las recientes medidas en materia de migración implementadas por el gobierno costarricense profundizan las deudas históricas del Estado con esta población. El Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 limita su capacidad de trabajar y exige que la solicitud de asilo sea realizada dentro de los primeros 30 días del ingreso al país; esto contraviene abiertamente los estándares internacionales de derechos humanos, pues lesiona el derecho a buscar y recibir asilo, el debido proceso, el derecho de defensa y el acceso a las diversas instancias, además de lesionar el derecho a trabajar de las personas solicitantes y refugiadas así como su libertad de tránsito.
La informalidad laboral provocada por la irregularidad migratoria suscita escenarios que agravan la susceptibilidad a sufrir abuso laboral, discriminación y trata; situaciones complejas de prevenir y denunciar en sectores como el privado. Un ejemplo concreto de ello es el de las trabajadoras domésticas.
Destacamos la necesidad de que el Estado costarricense cumpla con garantizar los derechos de las personas migrantes de conformidad con las obligaciones adquiridas mediante la ratificación de diversos instrumentos internacionales y su propia normativa interna. Consecuentemente, instamos al Estado a implementar instrumentos internacionales como los Convenios 111 y 189; y la ratificación del Convenio 190 (todos de la Organización Internacional del Trabajo- OIT). Mecanismos de protección ante la discriminación en el empleo, que garanticen el acceso a trabajo digno para las personas trabajadoras, así como la prevención de la violencia y el acoso en el contexto laboral.
La irregularidad laboral expone a las personas trabajadoras a situaciones abusivas como lo son recibir un salario 40% inferior, falta de medidas de seguridad en el ambiente laboral, malos tratos, entre otros. En vista de sus necesidades, muchas personas se han resignado a trabajar en condiciones sin garantías. Señalamos además que estas desprotecciones impactan en mayor medida a distintas poblaciones según condiciones particulares de vulnerabilidad como lo son el género, la identidad de género, la orientación sexual, el origen cultural o étnico, entre otros.
Aunado a lo antes mencionado, ponemos sobre la mesa la creciente brecha digital provocada por la implementación de herramientas tecnológicas y digitales para llevar a cabo trámites migratorios, solicitud de asilo y la inscripción a la Caja costarricense del seguro social (CCSS). Estas medidas se han implementado sin considerar la situación de las personas migrantes que carecen de medios para acceder a dichos dispositivos o que viven en zonas rurales con poco acceso a internet. Esto supone la violación de derechos, como: a) recibir información clara, planteada en términos accesibles para la comprensión de sus derechos; b) conocer los requisitos para ingresar o permanecer en el país; y c) ser informadas sobre las medidas que el Estado pudiese tomar sobre su persona.
En consideración de que actualmente se encuentra en desarrollo la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034, solicitamos a las autoridades a implementar medidas que faciliten la integración de las personas y a no obstaculizar su acceso al trabajo justo y digno; así como a considerar el rol de la responsabilidad social empresarial (RSE) para la creación de medidas inclusivas de toda la población en movilidad en el país, desde una perspectiva interseccional que atienda particularidades de género, identidad, orientación sexual, entre otros.
En virtud de lo anterior, le solicitamos al Estado de Costa Rica que:
- Adecúe su marco normativo para derogar el Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 y garantice vías de regularización adecuadas y viables para los diferentes perfiles e interseccionalidades de las personas, reduciendo los costos migratorios, simplificando trámites y cumpliendo con los 90 días de respuesta indicados por la ley.
- Mantenga abiertos los canales de comunicación con las organizaciones de y pro personas migrantes, a través de mecanismos de comunicación expeditos con la comunidad en movilidad, con el objeto de que las personas puedan ejercer de manera adecuada su derecho a la información; y facilite mecanismos que acorten la brecha digital que ha significado la implementación de herramientas digitales.
- Que en el marco de la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034 se apliquen perspectivas inclusivas, de género y de derechos humanos, de manera que los desafíos a los que sobreviven las personas sean abarcados contemplando su interseccionalidad desde la intersectorialidad institucional, logrando una integración de diversos sectores institucionales con una visión conjunta para resolver problemas sociales.
- Avance en capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos y actores privados que tienen directa interacción con la comunidad en movilidad en la entrega de servicios, para garantizar la promoción y protección de los derechos de las personas en movilidad humana en el país.
- Que se revitalice el Consejo Nacional de Migración, según lo establece la Ley General de Migración y Extranjería, como espacio técnico-político que recomienda al Poder Ejecutivo las políticas migratorias. Nos preocupa que en el último año de gobierno, este Consejo se ha convertido en un espacio informativo y no deliberativo.
Organizaciones firmantes:
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
- Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS).
- Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA CASABIERTA).
- Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
- Asociación Scalabriniana al Servicio de Migrantes.
- Asociación Enlaces Nicaragüenses en Costa Rica.
UNDECA apoya lucha del pueblo limonense
Comunicado de UNDECA
Todo el movimiento sindical y social debe estar con el pueblo y en la lucha social.
Somos y practicamos un sindicalismo clasista de lucha contra la clase política dominante y neoliberal y contra el capitalismo salvaje.
Trabajamos y luchamos por construir fuerza popular y social de acuerdo con los lineamientos de la Federación Sindical Mundial (FSM).
Hoy jueves 1 de junio acompañamos con orgullo al pueblo limonense, y estaremos en cada lugar y rincón donde se defiendan los derechos y libertades de los y las costarricenses.
Movilización por vivienda y derechos sociales en Limón y San José
El Bloque de Vivienda hizo “un llamado muy especial a todos los comités, dirigentes y familias que necesitan casa del Gran Área Metropolitana para que se movilicen el Ministerio de Hacienda este 1 de junio.
El objetivo propuesto es: “exigirle al ministro de Hacienda que le pague al BANHVI los 10.000 millones de colones que forman parte del Presupuesto Nacional. Se están perdiendo 1.300 viviendas del bono ordinario”.
Asimismo, “manifestar nuestro apoyo solidario a la lucha del noble pueblo limonense que va a la calle por la indemnización de los ex muelleros, por vivienda digna y el pago al BANHVI de los 10.000 millones, por la construcción del nuevo hospital de Limón y por la construcción de la Escuela de Limoncito”.
El Bloque de Vivienda transmitió la movilización. Puede verla mediante este enlace.
Absolutamente cierto
Herbert E. Contreras Vásquez, M Sc.
Nuestro PIB anual supera los $64.000.000.000,00 de USD, ver siguiente enlace.
https://datos.bancomundial.org/country/CR
Esto significa no menos de $1.000,00 mensuales per cápita o $5.000,00 mensuales por familia aportando a la producción de riqueza nacional.
Si dividimos los costos de producción en tres factores:
- Riesgo de inversión, capital financiero del emprendedurismo.
- Costo de propiedades, maquinaria, equipo, herramientas e insumos (agua, energía, materias primas y logística).
- Mano de obra o planillas: sueldos y salarios.
Aquí vemos sin espacio de discusión, la explotación y esclavitud descarada.
El pueblo percibe menos de la quinta parte de la riqueza nacional y tiende a disminuir esta proporción de participación por medio de leyes que han hecho retroceder un siglo atrás los derechos sociales y laborales conquistados.
Valga mencionar las leyes de prohibición de huelgas, prohibición de manifestaciones, empleo público, una ley de impuestos (eufemísticamente llamada de Justicia Tributaria) y la Ley 4 x 3 en discusión; que eliminaría el pago de horas extras a los trabajadores del sector más dinámico de nuestra economía en las zonas francas.
Hay que agregar que la planilla nacional antes de los años 80 absorbía, un 50% del PIB; hoy es menos de su cuarta parte.
La moraleja es que la «pobreza» de Costa Rica es un mantra que nos repiten sin cesar nuestros desgobernantes para sostener la explotación de los ciudadanos costarricenses a favor de los capitalistas de siempre.
La pregunta medular es: ¿Quo Vadis Costa Rica?
LA NOTA DE CARLOS – ¡Viva el 1° de Mayo!
Por Carlos Meneses Reyes
Hoy se celebra el día internacional de los y las trabajadores. No todo quien produce bienes y servicios es trabajador, puesto que lo es toda persona física que presta servicios bajo una remuneración.
Esa es dueña de su fuerza de trabajo y nada tiene que perder ante el capital explotador sino sus cadenas. Cuando a un trabajador (a) se le somete al cumplimiento inhumano de jornadas de trabajo, sea, por ejemplo, en el desempeño «desde su casa» por el medio digital, a eso se le llama esclavitud moderna.
El trabajo dignifica y hoy se reivindica la conquista de la lucha de los trabajadores y trabajadoras por 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio, 8 horas de descanso.
En Colombia transitamos por una etapa alternativa pos capitalismo salvaje privacionista, por lo que se hace necesario el ejercicio de la democracia directa en las calles para que el movimiento obrero y popular obtenga las reivindicaciones con transformaciones de fondo y profundas en lo económico y social. Esto, porque aun cuando se cuenta con un gobierno de inspiración popular, el poder continúa bajo la férula del narcoparamilitarismo oligárquico, expresado en la piara corrupta del parlamento (Senado y Cámara) colombiano.
¡Puro Abogado!… y Al Servicio de Los Trabajadores!
1° de Mayo de 2023.
UNDECA llama a marchar este 1º de Mayo por la defensa de la democracia, la libertad
UNDECA llama a marchar este 1º de Mayo por la defensa de la democracia, la libertad, contra el criminal modelo neoliberal que provoca hambre y miseria en el pueblo.
También por salarios dignos para toda la clase trabajadora.
OIT: “Las condiciones financieras recientes del Seguro de Salud han sido bastante holgadas, lo que ha llevado a la acumulación de reservas significativas”.
En un informe de la Organización Internacional del Trabajo entregado a SURCOS se puede leer en la página 22:
“En el balance final presupuestario, los ingresos totales han excedido a los gastos totales en todos los años del período bajo análisis; el superávit de operación asciende a 551 217 millones de colones en el 2022. Las condiciones financieras recientes del Seguro de Salud han sido bastante holgadas, lo que ha llevado a la acumulación de reservas significativas”.
Dicho criterio técnico se fundamenta en un estudio realizado por el organismo internacional que vela por las condiciones laborales en el mundo. Tal conclusión contrasta con la frase emitida en varias oportunidades por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en el sentido de que “la Caja está quebrada”.
En una de las conclusiones del documento de la OIT se indica:
“Según se documentó en esta nota técnica, el análisis de las proyecciones de gastos contenidas en los informes actuariales del Seguro de Salud conducidos en los últimos años por la CCSS evidencia una recurrente sobreestimación de los gastos totales del Seguro de Salud, en un rango del 20% al 36%, con tendencia a aumentar conforme transcurren los años en el horizonte de proyección. Tratándose de un problema recurrente, es altamente recomendable realizar una revisión de la metodología actuarial utilizada por la Dirección Actuarial de la CCSS”.
Asimismo, el informe advierte:
“Uno de los hallazgos más críticos es la fuerte discrepancia entre las proyecciones actuariales contenidas en la valuación 2019, que ya incluía ajustes por los efectos de la crisis del COVID-19, en comparación con los de la valuación 2021. En un período de tan solo 18 meses transcurridos entre ambos estudios, el gasto total proyectado aumentó en 38,6%; hay que destacar que los informes actuariales de la CCSS no ofrecen una explicación razonable de este significativo cambio. Una situación similar ocurre con las dos versiones del denominado Informe Técnico para la actualización del Portafolio Estratégico de Inversiones, 2023-2032, cuyas proyecciones actuariales tuvieron modificaciones sustanciales, de nivel crítico, en un plazo de tan solo 7 días, que condujeron a conclusiones y criterios para la toma de decisiones de la Junta Directiva, totalmente divergentes. En términos de los estándares internacionales de práctica actuarial, se trata de una situación preocupante, cuyo efecto podría ser reducir la confianza pública en el trabajo actuarial elaborado oficialmente por la CCSS”.
También señala:
“Las proyecciones financieras contenidas en la Valuación Actuarial del Seguro de Salud de la CCSS con corte a 2021, y presentadas en 2022, principal objeto de la presente nota técnica, no reflejan de manera razonable la evolución de las finanzas del Seguro de Salud observada durante la última década y se desvían abruptamente de la tendencia. Además, evidencian inconsistencias metodológicas que comprometen su validez técnica como insumo para la toma de decisiones estratégicas y el diálogo social en seguridad social”.
SURCOS comparte el documento que puede ser descargado de este enlace.