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Etiqueta: derechos territoriales

Organizaciones solicitan audiencia urgente en la Asamblea Legislativa y rechazan reforma a la Ley de Zona Marítimo Terrestre

Organizaciones costeras, de mujeres y en defensa de la Zona Marítimo Terrestre solicitaron formalmente una audiencia ante la Presidencia de la Asamblea Legislativa y las jefaturas de fracción, con el fin de expresar su rechazo al proyecto de ley “Reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre” (Expediente N.º 22.553).

La solicitud fue dirigida al presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, así como a distintas jefaturas de fracción, en un contexto de creciente preocupación por el avance acelerado de esta iniciativa en el Congreso.

La semana pasada más de ochenta organizaciones sociales, ambientales, académicas y comunitarias, junto con más de doscientas personas firmantes, advierten que la reforma podría generar impactos profundos en las comunidades costeras y en ecosistemas estratégicos del país. Entre las principales preocupaciones se señalan posibles procesos de privatización del litoral, el debilitamiento de la protección ambiental, particularmente en humedales y manglares, y el riesgo de desplazamiento de comunidades que históricamente han habitado y cuidado estos territorios, incluyendo poblaciones afrodescendientes, indígenas y personas dedicadas a la pesca artesanal.

Asimismo, se alerta que el proyecto introduce condiciones administrativas, técnicas y económicas que resultarían difíciles de cumplir para las comunidades locales, lo que podría favorecer la concentración de concesiones en manos de actores con mayor capacidad económica, mediante mecanismos como la subasta.

Las organizaciones también recuerdan que este expediente ya había sido cuestionado y detenido en el año 2021 por razones jurídicas, sociales y ambientales, y que su reactivación en 2025 ha ocurrido sin un proceso amplio de consulta y participación con las comunidades afectadas.

Adicionalmente, informes técnicos han señalado posibles roces de constitucionalidad en varios artículos del proyecto, lo que incrementa la preocupación sobre su viabilidad legal y sus efectos sobre el régimen de protección de la zona marítimo terrestre.

En este contexto, las organizaciones firmantes reiteran la necesidad de abrir un proceso de diálogo amplio, transparente y participativo, que incluya a comunidades costeras, organizaciones sociales y sectores académicos, antes de avanzar con una reforma de esta magnitud.

Como parte de este proceso de articulación, el pasado 18 de marzo se realizó un espacio virtual informativo, con la participación de la politóloga y asesora legislativa Jessica Ramírez, y la abogada especialista en derecho ambiental y derechos humanos Sofía Barquero. La actividad fue organizada por el Proyecto de Geografía y Diálogo de Saberes de la Universidad de Costa Rica, la Red de Mujeres Costeras y Rurales, el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR y el Programa Interdisciplinario Costero de la Universidad Nacional.

Las organizaciones hacen un llamado a las diputaciones a atender esta solicitud de audiencia y a valorar la necesidad de detener el avance del expediente 22.553, en resguardo del carácter público de las playas, la protección de los ecosistemas costeros y los derechos de las comunidades que históricamente han habitado estos territorios.

Derechos tribales de las comunidades afro-costarricenses: “Una alteración del orden político nacional”

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Bernardo Archer Moore
Cahuita Talamanca

Desde la fundación de la República (1821), el país ha sido gobernado por los grupos de mayor solvencia, en función de sus intereses económicos.

A las personas afrodescendientes, y en particular a la región Caribe, se les ha negado sistemáticamente la participación en las decisiones que afectan a sus comunidades.

Algunos derechos y principios clave del Convenio 169 de la OIT a favor de los afrodescendientes, incluyen:

La consulta previa, la participación en planes y programas, la propiedad y posesión de tierras, la protección de la cultura y las tradiciones. (Ratificado por Ley N° 7316 (aprobada el 4/2/1992 y vigente a partir de 2/4/1993).

Sobre este particular, la Corte Suprema (Sentencia 2025-029985) reconoció recientemente dichos derechos, lo que implica una transformación abrupta del proceso político nacional.

A tal suerte, que privilegios empresariales tradicionales se ven amenazados y personas históricamente excluidas pasan a integrar el ejercicio del poder.

Que todas las decisiones administrativas que afecten los derechos de los Pueblos Tribales afro costarricenses estén sujetas a consulta previa, libre, informada y vinculante no es trivial:

Es un derecho constitucional derivado del Convenio 169 de la OIT, protegido por el principio de no regresión y prevalente sobre intereses económicos y políticos de grandes grupos empresariales.

En la práctica, ello resta peso a las tradicionales influencias informales (“llamadas al jerarca, cenas en clubes exclusivos, etc.”).

Ese reconocimiento es un legado decisivo, pero solo uno de los cuatro pilares del avance de estas comunidades. Los otros tres son:

1.- El Decreto Ejecutivo N° 43532 (5/5/2022) que reconoció la existencia a los Pueblos Tribales afro-costarricenses.

2.- La constatación autónoma y creación del organismo de consulta «Pueblo Tribal Afrocostarricense» en Cahuita (26/11/2023), cuyos representantes fueron nombrados por tres años;

3.- Y el ejercicio del derecho de consulta previa por habitantes de Cahuita mediante Recursos de Amparo (Exp. No. 23-027898-007-CO en septiembre de 2023 y Exp. No. O13786-007-CO) seis meses después.

Ambos esfuerzos culminaron en la Sentencia 2025-028985 del 19/09/2025.

Aun cuando la segunda acción buscaba también delimitar territorios- cosa que fue denegada-, su reivindicación de la consulta previa apoyó significativamente el primer recurso de amparo.

Estos cuatro pilares forman el puente que convierte una historia de silencios en la posibilidad de que las comunidades afro costarricenses forjen su destino con autonomía y respeto.

Cada pilar posee igual importancia histórica; ninguno es superior, todas son necesarias y se sostienen mutuamente.

Corresponde a la generación presente cruzar ese puente con decisión y prontitud; de lo contrario, la siguiente generación lo atravesará caminando, apoyada, quizás sin percatarse, sobre los hombros de quienes hoy dejamos de avanzar.

Agradezco sinceramente a quienes acompañaron este largo y difícil recorrido: Su diálogo, solidaridad y esfuerzo han sido fundamentales. Que Dios bendiga a quienes contribuyeron en este esfuerzo.

¿Casualidad o estrategia?

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Por Bernardo Archer Moore
Cahuita

Durante las últimas tres décadas del siglo XX y la primera del XXI, el cierre de las líneas ferroviarias en el Caribe Centroamericano marcó el inicio de la etapa final de un agresivo proceso de despojo y gentrificación que afectó principalmente a la población afrodescendiente.

En Honduras se clausuró la línea entre San Pedro Sula y Puerto Cortés en 1994; en Costa Rica, la conexión de Puerto Limón a San José dejó de operar en 1995; y en Panamá se cerró el tramo Guabito–Puerto Almirante en 1996.

Esos años constituyen puntos clave: La pérdida de transporte y logística locales fue el detonante económico que precipitó el desempleo masivo y la desarticulación de economías de subsistencia de múltiples pueblos afrodescendientes caribeños.

Es un hecho innegable, que las comunidades mayormente perjudicadas fueron, en su mayoría, afrodescendientes que desde generaciones vivían de la agricultura local, el comercio pequeño y el trabajo en ferrocarriles y puertos.

Con el fin de los trenes desapareció no solo una vía de conexión sino también mercados, empleos y una red social económica que sostenía a familias enteras. El resultado inmediato fue el desarraigo poblacional.

Muchos habitantes abandonaron tierras ancestrales, emigraron en busca de trabajo o vendieron propiedades bajo presión económica; otros quedaron atrapados en situaciones de vulnerabilidad o en formas precarias de ocupación de la tierra, debido a políticas prohibitivas de titulación a principios del siglo.

Paralelamente, la inacción estatal y la complicidad de grandes empresas —bananeras y corporaciones nacionales e internacionales — facilitaron la llegada de inversores con mayor poder financiero.

En Costa Rica, las familias que resistieron vender enfrentaron usurpaciones toleradas por instituciones públicas y la imposición de figuras de protección ambiental (humedales, parques nacionales, refugios), que por un lado “conservaron” territorios, y por otro limitaron la posibilidad de uso tradicional de la tierra.

Esa estrategia —abandono administrativo combinado con marcos regulatorios— exacerbó la expulsión de residentes tradicionales y la transferencia de tierras al sector privado y al Estado.

Lo que siguió fue una regentrificación evidente: La aparición de centros comerciales, tiendas libres de impuestos en Guabito, y empresas controladas por nuevos inversores e inmigrantes que transformaron el tejido urbano y comercial.

Localidades como Guabito y Changuinola de Bocas del Toro, Sixaola, Manzanillo, Punta Uva, Cocles, Puerto Viejo, Estrada, Marina, Siquirres, Tortuguero y Barra del Colorado, hoy exhiben una creciente oferta comercial moderna, pero con una población afrodescendiente reducida y marginada, salvo excepciones muy marcadas.

En contraste, Cahuita ha logrado conservar buena parte de las propiedades familiares de los años setenta; es, hasta ahora, el último bastión que ha resistido parcialmente la política de desplazamiento y transacción total de tierras.

Defender ese legado —las tierras, la memoria y la continuidad comunitaria— es la tarea urgente para evitar que más pueblos se conviertan en ejemplos de desarraigo y regentrificación irreversible.

Una falsa narrativa de “conflicto interno” en comunidades afro costeras… ¿Para qué sirve?

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Bernardo Archer Moore
Cahuita 20/11/2025

No es casualidad que cada vez que alguna persona de pueblos afro-costeros alce su voz, aparece la acusación de que estamos “divididos” o “peleando entre nosotros”.

Esa narrativa tiene propósito:

Por un lado, protege a ciertos líderes locales incompetentes, que no toleran la diversidad de opiniones.

En lugar de promover debates y análisis, llaman “división” a cualquier pensamiento diferente.

Así, disfrazan su propia incompetencia bajo la bandera de una falsa unidad que solo sirve para silenciar a quienes piensan distinto.

Por otro lado, esta misma idea de “conflicto interno” favorece a los grandes intereses económicos detrás de los Planes Reguladores Costeros (PRC) y las concesiones municipales que muchos propietarios locales no pueden pagar.

Cuando la comunidad parece “inestable”, es más fácil justificar la gentrificación del Caribe costarricense y avanzar en la apropiación de tierras afro-costeras sin respetar nuestra voz ni nuestros derechos.

Pero eso no nació ayer:

Veamos su raíz histórica.

Durante siglos, los pueblos africanos fueron tratados como mercancía cruzando el Atlántico, no como personas individuales. Esa lógica sobrevivió incluso después de abolida la esclavitud.

En Costa Rica, durante gran parte del siglo XIX y principios del XX, a los negros se les consideró una “raza indeseada”, sin ciudadanía plena y sin libertad de movimiento.

De ahí nació el prejuicio de que “los negros piensan igual”, que solo existe una voz (Autonombrado u escogida por ellos); y que cualquier diferencia debe verse como “problema”.

Hoy, esa herencia colonial vuelve a usarse en nuestra contra:

Lo que en cualquier comunidad sería un debate normal, en la nuestra lo presentan como conflicto.

La verdad es otra:

La diversidad de opiniones es una señal de madurez, no de división.

La verdadera amenaza no es nuestra pluralidad, sino la estrategia de quienes quieren silenciarla para abrir paso a proyectos que desplazan a quienes siempre hemos vivido aquí.

Es momento de decirlo claramente:

Defender el derecho a pensar distinto es defender nuestro territorio, nuestra historia, nuestro presente y bienestar de futuras generaciones.

La situación actual del pueblo Ngäbe de Sixaola, a dos meses de que termine el 2025

5 de noviembre del 2025

Por Federico Abrego Abrego
Indígena Ngäbe de Sixaola
Miembro de ATIGUSI

Para nosotros, la población Ngäbe de Sixaola, nuestra situación actual es muy complicada y preocupante en varios aspectos. Primero, en cuanto al asunto del territorio, nosotros creíamos que a esta altura del año ya íbamos a tener una luz verde por parte del gobierno. Bueno, de hecho, el gobierno vino, nombró una Mesa Técnica, pero eso fue como para hacernos ver que estaban preocupados con lo del territorio, pero hasta ahorita nos damos de cuenta de que fue como un engaño. De hecho, nos sentimos engañados porque, realmente, sobre el territorio no sabemos nada.

Por otro lado, cómo es posible que como pueblo indígena nos obliguen a tener una Asociación de Desarrollo (ADI) para darnos el territorio. Eso es lo que nos dijeron estos días. Y yo, como miembro del pueblo Ngäbe, y como parte de la población indígena, no estoy de acuerdo, porque el gobierno siempre quiere estar metido ahí donde nosotros estamos. El convenio 169 de la OIT bien claro dice que, a nosotros como población indígena, no nos pueden venir a decir qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer.

Otro problema que vivimos ahorita es el acceso a la plataforma de SINIRUBE, por la que las familias pueden acceder a subsidios económicos del IMAS. Es un problema muy crítico para nosotros porque yo siento que el problema no es el sistema, si no la persona funcionaria que llena los formularios, esos son los que a veces complican todo. Cómo es posible que SINIRUBE reconozca como una sola familia a tres familias que viven en una misma casa, cuando cada persona gasta sus ingresos manteniendo a sus propias familias. Vivimos en una misma casa debido a nuestra situación económica. Entonces, SINIRUBE suma todos los salarios de la casa y no podemos aplicar a subsidios y becas, porque no salimos en el rango de pobreza. No tienen que sumar todos los salarios porque somos familias distintas viviendo bajo un mismo techo, por necesidad.

Otro asunto ha sido la cedulación. Bueno, yo pensé que para este momento del año toda la población Ngäbe de Sixaola ya iba a estar documentada con cédula, pero eso ha sido un atraso, igual que con la cédula de naturalización. Todo ha sido muy lento y no entiendo por qué, porque yo pienso que, si dijeron que en dos años iban a hacer todo el trámite, ya el Poder Ejecutivo debía hacer algo, pero no ha sido así.

Con respecto al Ebais, es un problema muy complicado porque realmente en Sixaola hay un importante número de familias indígenas y en general de latinos (no indígenas), que también son bastantes, y las citas son muy pocas. A veces uno madruga para nada, porque cuando llega ahí, si acaso solo hay dos cupos, y si hay personas adultas mayores, los pasan de primero y los demás se quedan sin cita. Sí es cierto que atienden en urgencias, pero no es lo mismo que cuando lo atiende a uno el médico de medicina general, porque ya ahí te chequean, te revisan e inclusive ya la atención es muy diferente. Entonces, en urgencias no. Uno llega y le hacen un papelito y ya va para afuera. Yo pienso que eso no debe ser así.

Por último, aquí el gobierno nos está poniendo la traba de que nosotros debemos tener una ADI para que nos puedan dar el territorio, pero entonces, si eso es cierto, por qué no han dado, por lo menos, aviso de que ya tienen las tierras para el territorio, para nosotros, a partir de eso, decidir si podemos optar por una asociación. Bueno, esa es de mi parte de las inquietudes que tengo hasta ahorita con la situación de nuestro pueblo Ngäbe de Sixaola para esta época del año.

Fotografía recuperada del documental de la UNED «El pueblo Ngäbe vivirá por siempre».

Una reflexión necesaria sobre la reunión del pueblo tribal celebrada este 31 de octubre

Bernardo Archer Moore

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

El conocimiento de la historia ancestral es tan esencial para el desarrollo de la identidad humana como la fe lo es para el espíritu. Sin embargo, cuando la historia y la religión se entrelazan con los asuntos políticos y socioeconómicos de sociedades multiculturales y pluriétnicas, como la de Cahuita, pueden transformarse en fuentes de división, en lugar de instrumentos de unidad y comprensión.

Por ello, cada cosa debe mantenerse en su lugar: que la fe inspire, la historia ilumine y la convivencia se construya.

Por su parte, la reunión convocada para el viernes 31 de octubre de 2025 por el Foro Tribal Afrocostarricense, a través de Laura y Hellen, anunciada apenas tres días antes por WhatsApp y con el supuesto fin de corregir errores en la conformación del Foro de 2022, terminó causando más daño que beneficio a la cohesión del pueblo.

La vieja estrategia de “dividir para vencer” parece haber resurgido, justo cuando la unidad de Cahuita —históricamente su mayor fortaleza— resulta más necesaria que nunca.

Cahuita ha sido la única comunidad tribal del Caribe costarricense que ha mantenido una posición firme en defensa de su territorio, oponiéndose al Plan Regulador Costero (PRC) impulsado por la Municipalidad de Talamanca.

No obstante, esta reunión se realizó sin el acuerdo previo de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC), en contravención del artículo 15 de la Ley N.º 3859 de Desarrollo Comunal (1967), que exige decisiones colegiadas sobre el uso de bienes comunales para fines de esa naturaleza.

Tampoco se informó a los asociados ni se explicó la trascendencia jurídica del Foro como órgano de consulta obligatoria respecto al PRC y otras decisiones estatales que afectan los derechos de la comunidad, hoy declarado como un pueblo tribal, conforme al Convenio 169 de la OIT, ratificado por la Ley N.º 7316 de 1992, que consagra el derecho a la consulta previa, libre e informada. Una comunicación transparente habría evitado conflictos.

La humildad y la cortesía no son signos de debilidad, sino virtudes que fortalecen el derecho afro tribal a la participación, reconocido en el Decreto Ejecutivo N.º 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP (2021), y la Sentencia No. 2025-029985 de la Corte Suprema de Justicia con fecha 19 de septiembre del 2025.

Lo más lamentable fue que, en vez de fomentar el diálogo, se impidió el ingreso a personas por su aparente ascendencia europea o mestiza, bajo la frase de que “la reunión era solo para negros”.

Tal exclusión contradice el artículo 33 de la Constitución Política, que prohíbe toda forma de discriminación, y rompe con la armonía histórica de Cahuita, un pueblo donde afrodescendientes, chinos, árabes, indígenas, judíos y mestizos trabajaron unidos para levantar la comunidad que hoy conocemos.

De aquella reunión, descrita por los presentes como de “cuatro gatos”, surgió el anuncio de una nueva convocatoria para el domingo 9 de noviembre de 2025 a las 2pm.

Ojalá que esta o la próxima vez se realice con orden, transparencia y conforme a la voluntad del pueblo, para devolver legitimidad al proceso y reconstruir los puentes del diálogo que nunca debieron romperse.

¿Las personas no deseadas en Costa Rica?

Por: Bernardo Archer Moore
Presidente de ACUDHECA

No es lo mismo leerlo que haberlo vivido

Si nadie se los ha dicho antes, permítanme ser claro: Aunque algunos prefieran silenciarlo por vergüenza o conveniencia, esta es una verdad que llevo grabada en el alma, como un sello tribal destinado a transmitirse a las generaciones futuras.

Hasta bien entrada la década de 1940, las personas negras del Caribe, como mis padres, mis hermanos y nuestros antepasados, a pesar de haber nacido en el país, eran legalmente consideradas personas indeseables en Costa Rica

Esta no fue una categoría simbólica: Tuvo consecuencias reales y devastadoras. Se tradujo en el despojo sistemático de tierras, en la negación de derechos básicos y en una exclusión deliberada por parte del Estado. Solo quienes han vivido esa experiencia pueden dimensionar el profundo dolor que conlleva.

En este contexto no caben los rodeos, la corrección política ni los discursos tibios. El mensaje debe ser claro y firme:

Exigimos la devolución de nuestras tierras

Sin importar quién las posea hoy, el Estado debe asumir su responsabilidad histórica:

Devolver lo que aún conserva en su poder (Administrados por INDER, SINAC, etc.) o expropiar a quienes se beneficiaron de aquella injusticia.

Que continúen siendo humedales y áreas de protección, pero propiedad de las familias originarias afrodescendientes en calidad de Reservas Privadas.

Por otro lado, la convivencia en nuestros territorios no es un derecho automático, sino un privilegio que debe merecerse a través del respeto mutuo a nuestras costumbres, cultura y modo de vida. Pero jamás la imposición de culturas foráneas.

Es cierto que muchos de nuestros mayores se vieron obligados a vender a precios ínfimos. Pero pocas veces se reconoce el papel activo que tuvo el propio Estado costarricense en ese proceso. No fue solo omisión; fue acción directa:

  • El abandono sistemático de la región, un cuasi apartheid de la región caribeña, que continúa hasta el día de hoy.

  • La negación persistente de inversión pública y promoción de inversión privada. Así como el frecuente redireccionamiento de las pocas existentes.

  • El respaldo tácito y expreso a invasiones de nuestras tierras por precaristas.

  • La obstaculización del derecho a titular nuestras propiedades.

  • Y, finalmente, la titulación masiva a favor del Estado, de políticos y de sus allegados.

En síntesis: Nuestras familias fueron empujadas a la marginalidad porque el Estado decidió que éramos inmigrantes no deseados.

Hoy, con dignidad, lo decimos en voz alta:

Por memoria, por justicia y por dignidad tribal.

Reflexiones tras el Primer Congreso Tribal Afrocostarricense

Por: Bernardo Archer Moore
Presidente de ACUDHECA

Durante los últimos días, se celebró en la Ciudad de Limón el Primer Congreso Tribal Afrocostarricense, con la participación de delegados nacionales e internacionales, así como representantes de diversas comunidades del Caribe costarricense escogidas para tal efecto.

En este contexto, como presidente de la Asociación para la Promoción de la Cultura y Defensa de los Derechos Humanos de los Habitantes de Cahuita (ACUDHECA), me permito compartir una reflexión crítica sobre el rumbo y los desafíos actuales del movimiento tribal.

Muchos de los adultos mayores afrocostarricenses aún recuerdan las décadas de 1960 y 1970, cuando Matina, Estrada y Batán—junto con Siquirres y Old Line—eran comunidades tribales vibrantes. Cuando la venta de cacao los viernes y las carreras de caballos los fines de semana eran una parte clave de su tejido social.

Hoy, sin embargo, encontrar familias negras en esas regiones es comparable a buscar una aguja en un pajar. La desaparición de estas comunidades está estrechamente ligada a la pérdida de derechos de propiedad tribal, ya que las tierras fueron confiscadas directa o indirectamente por el gobierno y luego puestas “legalmente” en manos a colonos no negros provenientes de otras partes de Costa Rica e incluso de la vecina Nicaragua. (1)

En muchos casos, solo para ser vendidos posteriormente a Compañías Bananeras. (Un evidente contubernio entre bandas de precaristas, inversionistas agrícolas y el Estado costarricense).

Por lo anterior, defender derechos que fueron despojados hace mucho tiempo a menudo se compara con un perro persiguiendo su propia cola. Tal es la tarea ineficaz delegada al llamado Foro Tribal Afrocostarricense, que ha priorizado la representación simbólica sobre los esfuerzos sustantivos de recuperación de tierras.

  • La participación en reuniones, simposios y congresos;

  • Acompañada del uso de vestimentas africanas e imágenes de realeza. Se ha vuelto común.

Sin embargo, detrás de esta estética de empoderamiento yace una continuación silenciosa del despojo, ya no administrada a través de funcionarios coloniales o su imagen de patronos y capataces, sino más bien encubierta en símbolos culturales africanos que crean la ilusión de respeto, asimilación e inclusión.

Cuando los medios nacionales tradicionales respaldan con entusiasmo un movimiento y su liderazgo—supuestamente trabajando en beneficio de los afrocostarricenses—esto debe ser considerado con escepticismo (como una señal de alerta). Porque tal respaldo a menudo sirve como una distracción de las injusticias estructurales en curso.

En resumen, se nos está asignando la tarea de restaurar, con discursos, el daño que ellos mismos nos han causado con leyes. (2)

Hoy, los afrocostarricenses estamos atrapados en un escenario complejo marcado por tres procesos simultáneos:

(a) El acelerado aumento de la multietnicidad y pluriculturalidad.

(b) El continuo despojo de tierras, y

(c) Una merecida demanda no resuelta de justicia retributiva.

Este contexto requiere un enfoque multidimensional.

Si bien el objetivo general puede denominarse como la “Lucha por la Retribución”, es imperativo que tales esfuerzos también trabajen de la mano para detener el despojo continuo de tierras, e incluyan tantas voces afectadas como sea posible. Incluyendo aquellas que velan por la protección del medio ambiente.

Para tener éxito, este movimiento debe ser masivo—arraigado en la identidad local de nuestro pueblo—y debe romper de una vez por todas con la imagen elitista y sectaria que ha proyectado hasta ahora. Ese enfoque no solo es ineficaz; es peligroso. Nos divide cuando más necesitamos unidad.

Hermanos y hermanas, seamos claros: Es hora de quitarnos los disfraces africanos y dejar de fingir que el simbolismo es sustancia. Muchos de los nuestros no pueden permitirse esas vestimentas—y no deberían tener que hacerlo. Lo que necesitamos es solidaridad, no espectáculo.

Estemos juntos, hombro con hombro, no como actores, sino como personas con un propósito. Solo entonces caminaremos con valentía hacia la luz de la justicia, y reclamaremos la reparación que la historia nos debe.

Notas al pie:

1. Véase la Ley 31 de 1935 y las políticas de titulación de tierras excluyentes subsecuentes contra personas afrodescendientes en Costa Rica.

2. Para más contexto histórico, considérese la trayectoria de leyes y políticas de tierras discriminatorias iniciadas en 1848, que excluyeron sistemáticamente a los afrodescendientes del pleno derecho de propiedad. Este patrón continuó durante el siglo XX, culminando en la interpretación controversial de la Procuraduría General de la República (PGR), según la cual la Ley 6043 de 1977 derogó leyes anteriores como la Ley 35 de 1915 (Cahuita) y la Ley 166 de 1935 (Old Harbour), anulando de hecho los derechos previamente reconocidos de propiedad costera a comunidades afro costarricenses.

Es importante señalar que para la realización de este Congreso no se celebró ni una sola Asamblea Popular en los pueblos tribales del país con el propósito de elegir democráticamente a sus delegados.

En su lugar, se llevaron a cabo reuniones locales controladas, en las que participaron personas previamente escogidas a dedo, quienes se encargaron de asignar entre ellos mismos a los delegados que asistirán al Congreso.

Indígenas del Caribe cuestionan el alcance del principio de igualdad ante la ley en Costa Rica

Por: Bernardo Archer Moore

En el corazón del Caribe costarricense, un grupo de indígenas del Territorio Kekoldi-Cockles, ubicado en el distrito de Cahuita, cantón de Talamanca, ha decidido iniciar un proceso de recuperación de tierras prometidas por el Estado. Siguiendo el precedente de las comunidades indígenas del sur —especialmente en el cantón de Buenos Aires, Puntarenas— estos pueblos optan por la acción directa ante la falta de respuestas concretas.

Pero el escenario aquí es distinto. Las tierras que reclaman no están en manos de personas blancas, como en otros territorios indígenas, sino de afrodescendientes costarricenses. Ambos grupos —indígenas y afrodescendientes— cuentan con el respaldo de los convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protegen sus derechos culturales, territoriales y sociales como pueblos históricamente marginados.

Este conflicto expone una tensión profunda y poco discutida: ¿qué ocurre cuando dos poblaciones igualmente protegidas por los mismos instrumentos legales se enfrentan por el mismo territorio? ¿Hasta qué punto puede el principio constitucional de igualdad ante la ley responder a realidades históricas, culturales y sociales que son distintas, pero igualmente legítimas?

Lo que está ocurriendo en Kekoldi-Cockles va más allá de una simple disputa por la tierra. Es un llamado urgente a repensar cómo aplicamos los principios de justicia e igualdad en contextos pluriculturales. No se trata solo de leyes, sino de memorias, identidades y deudas históricas no saldadas. En este cruce de caminos, la igualdad ante la ley se pone a prueba, y con ella, nuestra capacidad como sociedad para construir una justicia verdaderamente intercultural.

Derechos territoriales y territorios indígenas en Costa Rica, Panamá y Guatemala

Se le invita a formar parte del Viernes de Cátedra, para aprender sobre los derechos territoriales y territorios indígenas. El moderador de la actividad será Víctor Cano Roblero y se contará con los invitados Artinelio Hernández Campos, Denia Román Solano y Silvel Elías Gramajo. 

Participe este viernes 28 de octubre a las 5:00 p.m. por medio de Facebook Live: Cátedra Centroamericana.

 

Compartido con SURCOS por Nora Garita.