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Etiqueta: derechos territoriales

¿Las personas no deseadas en Costa Rica?

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por: Bernardo Archer Moore
Presidente de ACUDHECA

No es lo mismo leerlo que haberlo vivido

Si nadie se los ha dicho antes, permítanme ser claro: Aunque algunos prefieran silenciarlo por vergüenza o conveniencia, esta es una verdad que llevo grabada en el alma, como un sello tribal destinado a transmitirse a las generaciones futuras.

Hasta bien entrada la década de 1940, las personas negras del Caribe, como mis padres, mis hermanos y nuestros antepasados, a pesar de haber nacido en el país, eran legalmente consideradas personas indeseables en Costa Rica

Esta no fue una categoría simbólica: Tuvo consecuencias reales y devastadoras. Se tradujo en el despojo sistemático de tierras, en la negación de derechos básicos y en una exclusión deliberada por parte del Estado. Solo quienes han vivido esa experiencia pueden dimensionar el profundo dolor que conlleva.

En este contexto no caben los rodeos, la corrección política ni los discursos tibios. El mensaje debe ser claro y firme:

Exigimos la devolución de nuestras tierras

Sin importar quién las posea hoy, el Estado debe asumir su responsabilidad histórica:

Devolver lo que aún conserva en su poder (Administrados por INDER, SINAC, etc.) o expropiar a quienes se beneficiaron de aquella injusticia.

Que continúen siendo humedales y áreas de protección, pero propiedad de las familias originarias afrodescendientes en calidad de Reservas Privadas.

Por otro lado, la convivencia en nuestros territorios no es un derecho automático, sino un privilegio que debe merecerse a través del respeto mutuo a nuestras costumbres, cultura y modo de vida. Pero jamás la imposición de culturas foráneas.

Es cierto que muchos de nuestros mayores se vieron obligados a vender a precios ínfimos. Pero pocas veces se reconoce el papel activo que tuvo el propio Estado costarricense en ese proceso. No fue solo omisión; fue acción directa:

  • El abandono sistemático de la región, un cuasi apartheid de la región caribeña, que continúa hasta el día de hoy.

  • La negación persistente de inversión pública y promoción de inversión privada. Así como el frecuente redireccionamiento de las pocas existentes.

  • El respaldo tácito y expreso a invasiones de nuestras tierras por precaristas.

  • La obstaculización del derecho a titular nuestras propiedades.

  • Y, finalmente, la titulación masiva a favor del Estado, de políticos y de sus allegados.

En síntesis: Nuestras familias fueron empujadas a la marginalidad porque el Estado decidió que éramos inmigrantes no deseados.

Hoy, con dignidad, lo decimos en voz alta:

Por memoria, por justicia y por dignidad tribal.

Reflexiones tras el Primer Congreso Tribal Afrocostarricense

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Por: Bernardo Archer Moore
Presidente de ACUDHECA

Durante los últimos días, se celebró en la Ciudad de Limón el Primer Congreso Tribal Afrocostarricense, con la participación de delegados nacionales e internacionales, así como representantes de diversas comunidades del Caribe costarricense escogidas para tal efecto.

En este contexto, como presidente de la Asociación para la Promoción de la Cultura y Defensa de los Derechos Humanos de los Habitantes de Cahuita (ACUDHECA), me permito compartir una reflexión crítica sobre el rumbo y los desafíos actuales del movimiento tribal.

Muchos de los adultos mayores afrocostarricenses aún recuerdan las décadas de 1960 y 1970, cuando Matina, Estrada y Batán—junto con Siquirres y Old Line—eran comunidades tribales vibrantes. Cuando la venta de cacao los viernes y las carreras de caballos los fines de semana eran una parte clave de su tejido social.

Hoy, sin embargo, encontrar familias negras en esas regiones es comparable a buscar una aguja en un pajar. La desaparición de estas comunidades está estrechamente ligada a la pérdida de derechos de propiedad tribal, ya que las tierras fueron confiscadas directa o indirectamente por el gobierno y luego puestas “legalmente” en manos a colonos no negros provenientes de otras partes de Costa Rica e incluso de la vecina Nicaragua. (1)

En muchos casos, solo para ser vendidos posteriormente a Compañías Bananeras. (Un evidente contubernio entre bandas de precaristas, inversionistas agrícolas y el Estado costarricense).

Por lo anterior, defender derechos que fueron despojados hace mucho tiempo a menudo se compara con un perro persiguiendo su propia cola. Tal es la tarea ineficaz delegada al llamado Foro Tribal Afrocostarricense, que ha priorizado la representación simbólica sobre los esfuerzos sustantivos de recuperación de tierras.

  • La participación en reuniones, simposios y congresos;

  • Acompañada del uso de vestimentas africanas e imágenes de realeza. Se ha vuelto común.

Sin embargo, detrás de esta estética de empoderamiento yace una continuación silenciosa del despojo, ya no administrada a través de funcionarios coloniales o su imagen de patronos y capataces, sino más bien encubierta en símbolos culturales africanos que crean la ilusión de respeto, asimilación e inclusión.

Cuando los medios nacionales tradicionales respaldan con entusiasmo un movimiento y su liderazgo—supuestamente trabajando en beneficio de los afrocostarricenses—esto debe ser considerado con escepticismo (como una señal de alerta). Porque tal respaldo a menudo sirve como una distracción de las injusticias estructurales en curso.

En resumen, se nos está asignando la tarea de restaurar, con discursos, el daño que ellos mismos nos han causado con leyes. (2)

Hoy, los afrocostarricenses estamos atrapados en un escenario complejo marcado por tres procesos simultáneos:

(a) El acelerado aumento de la multietnicidad y pluriculturalidad.

(b) El continuo despojo de tierras, y

(c) Una merecida demanda no resuelta de justicia retributiva.

Este contexto requiere un enfoque multidimensional.

Si bien el objetivo general puede denominarse como la “Lucha por la Retribución”, es imperativo que tales esfuerzos también trabajen de la mano para detener el despojo continuo de tierras, e incluyan tantas voces afectadas como sea posible. Incluyendo aquellas que velan por la protección del medio ambiente.

Para tener éxito, este movimiento debe ser masivo—arraigado en la identidad local de nuestro pueblo—y debe romper de una vez por todas con la imagen elitista y sectaria que ha proyectado hasta ahora. Ese enfoque no solo es ineficaz; es peligroso. Nos divide cuando más necesitamos unidad.

Hermanos y hermanas, seamos claros: Es hora de quitarnos los disfraces africanos y dejar de fingir que el simbolismo es sustancia. Muchos de los nuestros no pueden permitirse esas vestimentas—y no deberían tener que hacerlo. Lo que necesitamos es solidaridad, no espectáculo.

Estemos juntos, hombro con hombro, no como actores, sino como personas con un propósito. Solo entonces caminaremos con valentía hacia la luz de la justicia, y reclamaremos la reparación que la historia nos debe.

Notas al pie:

1. Véase la Ley 31 de 1935 y las políticas de titulación de tierras excluyentes subsecuentes contra personas afrodescendientes en Costa Rica.

2. Para más contexto histórico, considérese la trayectoria de leyes y políticas de tierras discriminatorias iniciadas en 1848, que excluyeron sistemáticamente a los afrodescendientes del pleno derecho de propiedad. Este patrón continuó durante el siglo XX, culminando en la interpretación controversial de la Procuraduría General de la República (PGR), según la cual la Ley 6043 de 1977 derogó leyes anteriores como la Ley 35 de 1915 (Cahuita) y la Ley 166 de 1935 (Old Harbour), anulando de hecho los derechos previamente reconocidos de propiedad costera a comunidades afro costarricenses.

Es importante señalar que para la realización de este Congreso no se celebró ni una sola Asamblea Popular en los pueblos tribales del país con el propósito de elegir democráticamente a sus delegados.

En su lugar, se llevaron a cabo reuniones locales controladas, en las que participaron personas previamente escogidas a dedo, quienes se encargaron de asignar entre ellos mismos a los delegados que asistirán al Congreso.

Indígenas del Caribe cuestionan el alcance del principio de igualdad ante la ley en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Por: Bernardo Archer Moore

En el corazón del Caribe costarricense, un grupo de indígenas del Territorio Kekoldi-Cockles, ubicado en el distrito de Cahuita, cantón de Talamanca, ha decidido iniciar un proceso de recuperación de tierras prometidas por el Estado. Siguiendo el precedente de las comunidades indígenas del sur —especialmente en el cantón de Buenos Aires, Puntarenas— estos pueblos optan por la acción directa ante la falta de respuestas concretas.

Pero el escenario aquí es distinto. Las tierras que reclaman no están en manos de personas blancas, como en otros territorios indígenas, sino de afrodescendientes costarricenses. Ambos grupos —indígenas y afrodescendientes— cuentan con el respaldo de los convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protegen sus derechos culturales, territoriales y sociales como pueblos históricamente marginados.

Este conflicto expone una tensión profunda y poco discutida: ¿qué ocurre cuando dos poblaciones igualmente protegidas por los mismos instrumentos legales se enfrentan por el mismo territorio? ¿Hasta qué punto puede el principio constitucional de igualdad ante la ley responder a realidades históricas, culturales y sociales que son distintas, pero igualmente legítimas?

Lo que está ocurriendo en Kekoldi-Cockles va más allá de una simple disputa por la tierra. Es un llamado urgente a repensar cómo aplicamos los principios de justicia e igualdad en contextos pluriculturales. No se trata solo de leyes, sino de memorias, identidades y deudas históricas no saldadas. En este cruce de caminos, la igualdad ante la ley se pone a prueba, y con ella, nuestra capacidad como sociedad para construir una justicia verdaderamente intercultural.

Derechos territoriales y territorios indígenas en Costa Rica, Panamá y Guatemala

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

Se le invita a formar parte del Viernes de Cátedra, para aprender sobre los derechos territoriales y territorios indígenas. El moderador de la actividad será Víctor Cano Roblero y se contará con los invitados Artinelio Hernández Campos, Denia Román Solano y Silvel Elías Gramajo. 

Participe este viernes 28 de octubre a las 5:00 p.m. por medio de Facebook Live: Cátedra Centroamericana.

https://surcosdigital.com/suscribirse/

 

Compartido con SURCOS por Nora Garita.

Justicia para Jerhy Rivera

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Por Mauricio Álvarez Mora. Coordinador del Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogo de Saberes», docente Escuela de Geografía, Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socio ambientales UCR, IDELA-UNA.

Hoy 24 de febrero se cumplen dos años del asesinato de Jerhy Rivera, defensor de los derechos humanos, ambientales y territoriales del pueblo Brörán.

Jehry nació el 1 de noviembre de 1974 en Térraba. Desde joven, fue un valiente y vehemente dirigente indígena, luchó contra el despojo de tierras y la discriminación hacia los pueblos indígenas, por la recuperación del territorio y otros bienes comunes naturales y culturales. Lo conocimos luchando por la protección del Río Grande de Térraba ante la amenaza de la construcción de la represa hidroeléctrica Diquís, decía “el río no se entrega a cambio de una carretera o una construcción”.

El activista fue acribillado a balazos por la espalda dentro del territorio Bröran de Térraba, a la edad de 46 años, como resultado de un linchamiento por parte de usurpadores que han invadido el territorio Brörán. Este devastador acontecimiento involucra de manera directa al Estado, que siendo testigo del hecho, no intervino.

Hoy hace dos años, en horas de la mañana varias familias del pueblo originario Brörán iniciaron una nueva recuperación de su territorio, una de esas familias fueron los Rivera.  Antes de las recuperaciones, los indígenas Brörán solo tenían la propiedad efectiva del 10% de su territorio, mientras el 90% estaba en manos de no indígenas, fincas de ganado de hasta 1000ha están en manos de una sola persona no indígena, así muchas familias fueron expulsadas, viéndose forzadas a migrar fuera de sus tierras, asignadas legalmente.

La respuesta a la recuperación de dichas tierras hace dos años, fue una turba de personas no indígenas que en principio quería, como se dice que expresaban, “tajadear” a machetazos al líder Pablo Sibar Sibar, quien además es investigador indígena de la Universidad Estatal a Distancia. Por milagro no hubo más víctimas, como cuenta la misma familia de Jehry, quienes sobrevivieron a un ataque la noche antes del asesinato, perpetrado por un grupo armado de más de 100 personas no indígenas que ejercieron violencia, “a vista y paciencia” de la Fuerza Pública.

Por décadas, la inacción, la omisión y la impunidad, han marcado la relación del Estado con los territorios indígenas, lo que ha implicado que instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordenen al Gobierno, tal y como sucedió en 2015 y nuevamente en 2016, tomar medidas especiales para proteger a los pueblos indígenas de la violencia y las amenazas que sufren por parte de los usurpadores no indígenas, ocupantes ilegales en los territorios de Térraba y Salitre.

Dos asesinatos, 16 líderes y lideresas amenazadas de muerte y más 86 actos de violencia dirigidos a pueblos indígenas, registrados solamente durante 2020, evidencian que el gobierno no sólo ha incumplido las medidas cautelares, sino también que es responsable de no intervenir para la detención de la violencia que sufren los pueblos indígenas, que además se ha incrementado y se ha extendido a la mayoría de territorios del Sur y hasta Bajo Chirripó en Matina, donde a finales de años pasado hubo un violento ataque contra el dirigente indígena cabécar Leonel García, catalogable como intento de homicidio.

En 2021, el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas (OCAC-IIS) registró 143 acciones como concentraciones, denuncias, marchas, bloqueos y otras relacionadas con la defensa de los territorios y los derechos de las personas indígenas, principalmente en las comunidades originarias al sur del país en donde son comunes las recuperaciones de tierras organizadas por las comunidades Salitre, Cabagra, Brörán de Térraba, Cabécar de China Kichá y el pueblo Brunca de Rey Curré.

En 2020 el Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas, rechazó la solicitud de la prisión preventiva y ordenó la libertad de los sospechosos por el asesinato de Jehry; quienes pasan libres y frecuentemente, frente a la casa de la familia Rivera y el jardín donde descansan los restos del activista. El ente judicial solamente impuso medida cautelar a uno de los implicados.

En octubre de 2021, tras una audiencia preliminar, ese mismo juzgado elevó a juicio la causa contra un sujeto de apellidos Varela Rojas, acusado de homicidio calificado, amenazas agravadas y portación ilegal de arma permitida.

La información del Ministerio Público apunta que al inicio de la investigación figuraron como imputados dos de los hermanos de apellido Varela, pero que “durante el proceso de recolección y análisis de pruebas por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, únicamente se logró vincular a un acusado” con el delito. En síntesis, en dos años no hay asomo de justicia pronta y cumplida.

Sigamos luchando por la justicia y el fin de la impunidad, sumando acciones para que la verdadera democracia llegue a estos territorios.

*edición de estilo Rebeca Arguedas Ramirez, académica UNED

Testimonios de la madre y el padre, familiares y otro líderes indígenas:

Enrique Rivera Rivera
Digna Rivera Navas
Asdrúbal Rivera Villanueva
Pablo Sibar Sibar
Jason Ríos Ríos
Paulino Nájera Rivera

Alerta temprana por incendios en los territorios originarios recuperados

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • El incendio provocado en Yuwi Senaglö amenaza con extenderse a otras recuperaciones
  • Esta forma de agresión es muy utilizada por finqueros en verano

Martes 18 de enero del 2022. Al ser las 12 medio día un recuperador Cabécar de Yuwi Senaglö divisó el inicio del fuego muy cerca de la casa donde se mantiene atrincherado Miguel Vargas, persona no indígena que ocupa ilegalmente parte del Territorio Cabécar de China Kichá, al sur de Costa Rica.

Las llamas se aproximaron al lugar donde habitan las y los recuperadores dentro del terreno recuperado y en horas de la tarde, debido al cambio en la dirección del viento, las llamas se extienden a gran velocidad hacia Kono Jú, otro terreno recuperado en el que hay cultivos por cosechar y viviendas de las familias recuperadoras.
El incendio provocado es una forma de agresión física y psicológica utilizada por los finqueros que ocupan ilegalmente parte de los Territorios de los Pueblos Originarios de la zona sur.

Según el «Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los Pueblos Originarios en la zona sur de Costa Rica; enero-diciembre 2020», en ese año fueron provocados 17 incendios en esta zona, poniendo en peligro la vida e integridad física de las y los recuperadores, quemando casas y cultivos y dañando la flora y fauna.

Como es de conocimiento público y ha sido denunciado judicialmente, Miguel Vargas se ha visto involucrado, incitando y participando en varias agresiones contra el Pueblo Cabécar de China Kichá, como en el ataque por una turba del 7 de marzo de 2020.

Reiteramos al Estado de Costa Rica su obligación de garantizar la vida e integridad personal y territorial del Pueblo Cabécar de China Kichá; por lo que debe tomar las medidas preventivas, policiales y judiciales necesarias.

Requerimos la presencia inmediata del Cuerpo de Bomberos para controlar el incendio y evitar daños mayores y que todas las instancias necesarias investiguen su origen y den con los responsables.

También exigimos al Poder Judicial acabar con la impunidad en la que naufragan las múltiples denuncias contra Miguel Vargas y otros finqueros y sus peones que ocupan ilegalmente el Territorio, por todas las agresiones contra el Pueblo Cabecar de China Kichá.

¡Alto a la impunidad!

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

Recuperadoras/es Cabécares de Yuwi Senaglo.

Recuperadoras/es Cabécares de Kono Jú.

Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Comunicado público de la Organización de Mujeres Mano de Tigre (DBÖN ORCUO)

Escrito en . Publicado en Derechos.

A 11 meses del homicidio de Jerhy Rivera, defensor de los derechos territoriales del pueblo Brorän, externa su preocupación por la falta de justicia.

Este 24 de enero de 2021, se cumplen 11 meses del homicidio de Jerhy Rivera, al ser atacado por un grupo de personas usurpadoras de las tierras indígenas del territorio de Térraba, destacamos que en esta fecha el pueblo Brorän sufrió una escalada de violencia desde el día anterior, donde se presentaron una serie de incidentes que atentaban contra la integridad física y territorial de los pobladores Brörán que defienden sus derechos y territorio.

Estos actos infringieron de una manera en extremo violenta contra la dignidad de un pueblo que se resiste a desaparecer, reivindicando su patrimonio territorial, anteponiendo sus cuerpos para lograr ejercer el pleno derecho a la tierra que por ley corresponde a sus descendientes.

Por acciones de omisión de un Estado lerdo e incapaz de resolver temas prioritarios y sensibles para garantizar la supervivencia de los Brorän. Urgimos al Estado a través del Ministerio Público, Fiscalía General y sus otros órganos de justicia, a responder con prontitud las diligencias necesarias para llevar pronto a los tribunales a los presuntos agresores a rendir cuentas, y ejercer justicia por la vida de Jerhy y el daño causado a nuestro pueblo, una justicia que no es caprichosa, sino es la misma justicia de la que el sistema judicial costarricense se vanagloria de aplicar.

Una vez más exhortamos a la comunidad nacional e internacional a levantar la voz por los derechos humanos que corresponde a la población indígena Térraba, derechos fundamentales de una democracia que se basa en un estado de derecho, y por lo que, de la manera más enérgica, exigimos la aplicación y cumplimiento de convenios internacionales sobre derechos originarios por parte del Gobierno costarricense, en aras de cumplir las obligaciones que como administrador de la nación posee.

 

Imagen tomada de la UCR.

Pronunciamiento de la UNED ante las constantes agresiones y amenazas contra la vida de personas indígenas defensoras de sus territorios y derechos de sus pueblos

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

SURCOS comparte el siguiente pronunciamiento de la Universidad Estatal a Distancia:

La Universidad Estatal a Distancia fiel a sus Fines, Principios y Lineamientos de Política Institucional, concebidos en el marco de los derechos humanos y la vocación democrática del Estado costarricense, expresa por este medio, una vez más y con vehemencia, la profunda preocupación por la situación de violencia que sufren de manera sostenida, desde hace una década, líderes y lideresas indígenas, defensores de los derechos y territorios indígenas costarricenses, algunos de los cuales forman parte como funcionarios o como estudiantes de nuestra institución.

Más de 1000 estudiantes indígenas son parte de nuestra comunidad estudiantil, la mayoría de ellos matriculados en los Centros Universitarios de Talamanca y Buenos Aires, aunque contamos con estudiantes indígenas en por los menos 26 de nuestros Centros Universitarios. También tenemos participantes indígenas en programas de extensión y proyectos de investigación que responden al esfuerzo institucional de reconocimiento de los derechos educativos y al compromiso de acompañamiento y de trabajo que asumió la UNED con estos pueblos desde su Segundo Congreso Universitario.

La UNED ha procurado el reconocimiento de los derechos indígenas mediante acciones afirmativas en nuestros servicios estudiantiles y mediante contrataciones de personas indígenas en programas y proyectos que se ejecutan en sus territorios, permitiéndonos como institución, tener una vinculación directa con las realidades que cotidianamente vivencian sus familias y comunidades, lo que nos compromete también, a favorecer espacios de diálogo intercultural, de denuncia ante injusticias, inseguridades y violaciones de sus derechos y a ofrecer los aportes que puedan formularse desde nuestras competencias institucionales, para el mejoramiento de las condiciones de vida de sus pueblos.

Por las razones anteriores, este Consejo Universitario desea insistir ante las autoridades nacionales, en la necesidad de atender de manera inmediata y eficaz el conflicto territorial y la violencia derivada que sufren actualmente varios territorios y personas indígenas, debido a los irresueltos problemas de usurpación de tierras que suman más de 40 años de espera y que debido a la decisión de recuperar sus tierras por parte de algunas familias, éstas son víctimas de una reacción violenta desmedida y sin control por parte de personas no indígenas con posesiones de tierras dentro de los territorios indígenas.

Ese es el caso de Mariana Delgado Morales, bribri de Salitre y Pablo Sibar Sibar brörán de Térraba, ambos coinvestigadores comunitarios del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de nuestra universidad, amenazados de muerte en repetidas ocasiones, debido a su participación en los procesos de recuperación, quienes junto con decenas de personas y familias cabécares, bribris y brörán han sido agredidas y amenazadas constantemente dentro de sus propios territorios. En el caso de doña Mariana, también un hijo suyo, Minor Ortiz Delgado, ha sido víctima de dos atentados con arma de fuego por lo que mantiene dos balas alojadas en sus piernas, que hoy lo limitan para moverse y le impiden trabajar como podría haberlo hecho en el campo y cuyos responsables se mantienen en libertad y sin sanción alguna.

En una investigación realizada por nuestro Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE)1 fueron documentados más de 150 eventos de violencia -quemas de cultivos y de viviendas, balaceras, amenazas, agresiones directas – entre el 2012 y el 2017 solo en Salitre, de los cuales al menos 61 fueron presentados formalmente como denuncias ante el Poder Judicial, todas archivadas o desestimadas, generando una impunidad que ha sido denunciada repetidamente por los líderes comunitarios y que continúa sumando incidentes hasta el momento.

Esta problemática se ha extendido a otros territorios en los cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón en la zona sur– Térraba desde el 2013, Cabagra desde el 2016, China Kichá desde el 2019 y Guatuso en la zona norte – Maleku 2020-.

El conflicto también se ha agudizado incluyendo nuevas formas de agresión hasta el asesinato, como ocurrió con Sergio Rojas Ortiz (2019) y Yerhry Rivera Rivera (2020), defensores de derechos indígenas y recuperadores de Salitre y Térraba, respectivamente, cuyos crímenes se encuentran impunes.

El caso de Sergio Rojas Ortiz es un claro ejemplo de la criminalización de las luchas indígenas, pues estuvo encarcelado sin que se lograra nunca establecer una causa judicial en su contra; lo cual además muestra la estigmatización de los liderazgos indígenas al ser responsabilizado individualmente por decisiones y procesos colectivos de recuperación, y evidencia la impunidad existente en este conflicto territorial, puesto que este crimen se encuentra en estos momentos, a punto de ser archivado por parte de las autoridades judiciales, alegando falta de pruebas.

A lo largo de estos diez años, nuestra institución ha denunciado estos hechos una y otra vez, aportando investigaciones, datos útiles para el análisis de las causas estructurales de este conflicto, para la comprensión de la pérdida de confianza de los pueblos indígenas en la institucionalidad pública y en las autoridades de los diferentes poderes de la República.

Numerosas son las denuncias realizadas por los Consejos de Mayores de los propios territorios indígenas acerca de estas situaciones y abundantes son los pronunciamientos– tanto de la UNED como de otras universidades y ONGs – acerca del marco de derechos indígenas que continúa siendo violentado sistemáticamente desde que se promulgó la Ley Indígena (1977), de los repetidos incumplimientos de las Medidas Cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (MC 321-12 CIDH) al Estado costarricense desde el 2015, o de los señalamientos realizados en diferentes informes y notas a las autoridades respectivas por parte de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica desde el 2014 hasta la fecha, así como de los llamados de atención que constan en los informes de los Defensores de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas (2011 y 2020).

Estos llamados de atención sobre la sistemática violencia de la que están siendo víctimas los recuperadores indígenas y sus familias, así como de la inoperancia de nuestro sistema de justicia -cuando se trata de derechos indígenas-, se han ido conjuntando como un clamor que suma cada vez más organizaciones sociales e instituciones nacionales e internacionales comprometidas con el respeto de los Derechos Humanos.

Es lamentable que nuestro país, considerado baluarte por sus instituciones civilistas y trayectoria democrática, que ha decidido declarar constitucionalmente su composición multiétnica y pluricultural, muestre en la práctica, inaceptables vacíos e inconsistencias a la hora de aplicar los derechos indígenas en la resolución de causas judiciales, y en la toma de decisiones políticas y administrativas, lo cual lleva a incumplimientos injustificados de nuestros compromisos internacionales y a una reducida capacidad para resolver como corresponde –a la luz de los derechos de estos pueblos- esta situación que se prolonga injusta y peligrosamente, no solo para las poblaciones indígenas sino para nuestra sociedad en su conjunto.

Ante la persistencia de esta grave situación, la Universidad Estatal a Distancia hace un nuevo y enfático llamado a las autoridades de los diferentes Poderes de la República y a la ciudadanía en general para que:

  • Se adopten las medidas políticas, técnicas, administrativas y presupuestarias, necesarias para garantizar el real ejercicio por parte de los pueblos indígenas de sus derechos reconocidos a nivel internacional mediante el Convenio N 169 de Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, del cual Costa Rica es firmante desde 1993; las Declaraciones de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU (2007) y de la OEA (2016) y demás instrumentos jurídicos, de los cuales Costa Rica es firmante, así como de la Ley Indígena (1977), la Ley de Acceso a la Justicia( 2019), y toda normativa nacional específica relacionada con los derechos indígenas.
  • Se dé cumplimiento a cabalidad de las Medidas Cautelares (MC 321-12 CIDH), se ejecuten los acuerdos comunitarios y los protocolos de implementación establecidos con tal propósito, entre las instituciones y los peticionarios.
  • Se realicen con urgencia y agilidad los procedimientos judiciales y administrativos de saneamiento territorial y desalojos correspondientes, para la devolución de las tierras a sus legítimos propietarios indígenas.
  • En las resoluciones del Poder Judicial se aplique como corresponde el derecho específico indígena, de manera que estos pueblos y territorios no continúen siendo violentados en sus derechos debido a la aplicación en su contra, del derecho general no indígena.
  • Se tomen las decisiones y medidas necesarias para prevenir y atender oportuna y eficazmente las situaciones de violencia que se ejercen actualmente contra líderes, lideresas y familias indígenas recuperadoras de los diferentes territorios, otorgándoles la protección y el seguimiento necesarios para garantizar su vida e integridad física.
  • Desde los tres poderes de la República se dé seguimiento y respuesta a los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jhery Rivera y se encuentre a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes.
  • Se garantice la seguridad y resguardo de la vida e integridad física de nuestro funcionario Pablo Sibar Sibar y nuestra funcionaria Mariana Delgado Morales y de todas las personas indígenas que corren peligro por defender sus derechos territoriales.

ACUERDO FIRME

ADI de Rey Curré habilita caminos, instala agua potable y construye servicios sanitarios en tierras recuperadas

Escrito en . Publicado en Derechos.

Con el fin de proveerle mejores condiciones a su pueblo que se encuentra en pie de lucha por sus derechos territoriales, la Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) de Rey Curré ha instalado un sistema de tuberías que les permitirá disfrutar de agua potable las 24 horas del día.

Del mismo modo ha construido varios servicios sanitarios con agua y drenajes, lo que permitirá tener un ambiente higiénico y mayor comodidad.

Esta inversión a la salud les permitirá reducir riesgos de contraer y propagar eventuales cuadros virales a causa de ambientes anti higiénicos.

Y para tener un excelente acceso a esta zona en donde están sus bases operacionales, la ADI ha habilitado los caminos con maquinaria y materiales, atendiendo a través de acciones su compromiso con la búsqueda permanente del pleno ejercicio a sus derechos ancestrales.

 

Enviado por Uriel Rojas.

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El problema de la violencia estructural y los derechos territoriales indígenas: una deuda histórica del Estado costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Pronunciamiento del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED

 

En América Latina perviven actualmente cerca de 650 pueblos indígenas, 60 de los cuales se localizan en Centroamérica, y 8 en Costa Rica. En Centroamérica representan aproximadamente un 17% de la población y un 2,5% para el caso de nuestro país.

El artículo 1º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que un pueblo se considera indígena “por el hecho de descender de las poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista, de la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera sea su situación jurídica, que conservan todas sus propias instituciones sociales, culturales, económicas y políticas o parte de ellas”. Además indica que “la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental” para determinar la pertenencia a estos pueblos.

La riqueza y diversidad cultural de los pueblos indígenas se expresa en la multiplicidad de idiomas, prácticas culturales y productivas, formas de gobierno propio y en diversas cosmovisiones y espiritualidades, todo lo cual mantiene vigencia a pesar de la violencia permanente que sufren, y la negación que se ejerce sobre sus culturas y cosmovisiones.

El territorio tiene para estos pueblos una importancia singular: es el lugar donde estos crean y recrean su cultura, espiritualidad, vida y en general, su identidad indígena; es el espacio vital donde se desarrolla la comunidad y se interactúa con el resto de seres vivos y con el universo. Sin embargo, desde la Colonia los pueblos indígenas han sufrido el despojo de sus tierras, algo que sigue viviéndose en la realidad costarricense actual.

Es importante recalcar que el Estado costarricense ha asumido, múltiples compromisos internacionales relacionados con pueblos indígenas, entre los que cabe destacar los siguientes:

1) Los convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “Sobre los derechos de los pueblos indígenas y Tribales en países independientes”, ratificado por Costa Rica en 1959 y 1992, respectivamente, ambos con rango constitucional;

2) La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (ONU), firmada en el 2007;

3) La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Estados Americanos (OEA), firmada en el 2016;

4) La “Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia”, que Costa Rica fue el primer país de América en aprobar en 2013.

5) A nivel nacional, el país dio reconocimiento a los derechos territoriales indígenas desde 1939, mediante la Ley Nº 39 de Terrenos Baldíos, en la que se declara la inalienabilidad de las tierras ocupadas por estos pueblos.

6) A partir de 1956 varios decretos ejecutivos establecen las llamadas Reservas Indígenas, que son tierras de propiedad colectiva reconocidas por el Estado como territorios indígenas. A la fecha suman 24, en diferentes cantones del país.

7) En 1977, mediante la Ley 6172, conocida como Ley Indígena, el Estado costarricense estableció el carácter inalienable, intransferible e imprescriptible de sus territorios y se comprometió a restituirles las tierras que, estando dentro de ellos, se encontraran en manos de población no indígena, así como a protegerlos de nuevas invasiones. A cargo del cumplimiento de ese objetivo quedaron el Instituto de Tierras y Colonización, hoy Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y a la Comisión Nacional Indígena (CONAI).

8) En el 2015, mediante reforma del artículo 1º de su Constitución Política, el Estado Costarricense declara que somos una “República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural”.

No hay, sin embargo, correspondencia entre estos avances en el nivel jurídico-normativo y de las prácticas sociales y estatales reales, lo cual se evidencia claramente en relación con la situación de tenencia de la tierra. El problema es extremadamente grave: de los territorios indígenas, entre un 50% y hasta en un 90% -en algunos casos como Térraba, China Kichá y Altos de San Antonio- están en posesión de personas no indígenas, o bien regidos por una institucionalidad de gobierno local bajo control gubernamental, como es el caso de las Asociaciones de Desarrollo Comunal. Se desconocen así las instancias de gobierno propias de las comunidades indígenas, lo que también violenta los compromisos adquiridos.

Reconocemos algunos esfuerzos, positivos pero dispersos, principalmente en el nivel educativo, o la reciente directriz 042-MP Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas, los cuales sin embargo resultan muy limitados, dada la efectiva ausencia de políticas públicas interculturales y de acción afirmativa para estas poblaciones y la persistente negativa por parte de la Asamblea Legislativa durante los últimos 24 años, a votar el proyecto “Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas”, Expediente Legislativo No. 14.352, aun cuando este cuenta con un amplio proceso de consulta tutelado por la propia Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones y el correspondiente aval de la Oficina de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa ( 2009).

Esta brecha en la implementación de los derechos de estos pueblos ha sido denunciada por las propias organizaciones y comunidades indígenas, por la Defensoría de los Habitantes y por el Relator de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas. Son denunciadas reiteradas a lo largo de varios gobiernos, sin que se registren avances significativos.

Ante estas históricas deudas del Estado costarricense en relación con sus derechos territoriales, los pueblos bribri y bröran del Cantón de Buenos Aires han decidido recuperar su territorio.

Indígenas bröran decidieron tomar posesión de la finca llamada POTOMAC, rebautizada CRUN SHURIN, teniendo como respaldo la Ley Indígena y una resolución de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia de 1990, no ejecutada hasta el momento, la cual establece que esta finca es parte del territorio indígena de Térraba. Desde hace varias semanas, un grupo de unas 16 familias de ese pueblo se mantienen en el lugar. Se trata de aproximadamente 1000 hectáreas actualmente subutilizadas, en posesión ilegal por parte de no indígenas que viven fuera de la región, que serán reocupadas con fines de subsistencia y vida comunitaria bröran.

Estas acciones en Térraba se unen a las realizadas en Salitre y en Cabagra en los últimos ocho años, lapso durante el cual el Estado costarricense no ha hecho avance alguno en la regularización de la tenencia de los territorios indígenas de la región. Es decir, no se ha procedido, como corresponde, a una clara demarcación de los límites del territorio, la constatación de la legalidad de la posesión de las tierras, o su devolución a los pueblos indígenas. Se incumplen así los múltiples compromisos que asumió el gobierno recién concluido, sobre todo teniendo presente la violencia suscitada en Salitre y Cabagra por parte de personas no-indígenas. Se han dado agresiones y amenazas diversas, quemas de casas, destrucción de cultivos, persecuciones, uso de armas, sin que hasta el momento haya nadie detenido ni sancionado. Ello pone en evidencia el grado de impunidad así como la ineficacia de la acción del Estado y el desinterés de las altas autoridades políticas.

La inseguridad y la amenaza contra la integridad de las personas indígenas son evidentes, durante y después de las recuperaciones. Se hace urgente la atención efectiva del Estado costarricense en sus diferentes instancias, tanto administrativas, legislativas como judiciales y de todas sus instituciones, sean ministeriales o autónomas, para resolver, como corresponde y con la urgencia del caso, las necesidades y demandas conforme a los derechos colectivos de estos pueblos.

El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), unidad de investigación científica adscrita a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) hace un llamado respetuoso pero vehemente al nuevo Gobierno de la República, al Poder Judicial y a las señoras y señores diputados, así como a las autoridades de las diferentes instancias políticas y técnicas involucradas en el saneamiento y seguridad de los territorios, para que se actúe conforme al marco de derechos indígenas, especialmente la Ley Indígena, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y de la OEA y la atención a las Medidas Cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno de Costa Rica desde el 30 de Abril del 2015, de manera que se proceda a lo siguiente:

– Garantizar la seguridad, protección e integridad física y patrimonial de las familias bröran y bribris, que han recuperado territorios indígenas en diferentes lugares del cantón de Buenos Aires.

– Emprender e incrementar, con toda celeridad, las acciones institucionales pertinentes y eficaces para la atención de la situación de conflicto, tanto en sus aspectos de atención inmediata y urgente, como en sus aspectos estructurales, que permitan aplicar medidas efectivas para la regularización en la tenencia y la seguridad de los territorios indígenas, incluyendo el reconocimiento de los derechos autonómicos de estos pueblos sobre estos territorios.

– Implementar la Medida Cautelar Nº 321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en relación con los pueblos y territorios indígenas de Buenos Aires.

– Armonizar la legislación nacional conforme a los derechos reconocidos internacionalmente y con los que el país se ha comprometido, y establecer los correspondientes mecanismos de aplicación efectiva.

– Aplicar las Reglas de Brasilia para garantizar el acceso a la justicia a los pueblos indígenas costarricenses.

– Retomar el diálogo directo y eficaz entre el gobierno y los pueblos y territorios indígenas para el desarrollo de políticas públicas interculturales.

– Ejecutar los múltiples acuerdos establecidos entre las diferentes instancias del Estado y los pueblos y territorios indígenas.

– Realizar los desalojos administrativos ya aprobados, pendientes de ejecución desde el 2014.

 

Atentamente

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Director

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE)

Vicerrectoría de Investigación

UNED

Costa Rica, América Central

(506) 8362-6681

 

Imagen tomada de https://surcosdigital.com/uned-conmemoro-el-dia-de-los-pueblos-indigenas-costarricenses/

Enviado por Luis Paulino Vargas Solís.

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